La reforma de la Ley del Suelo de l’esborrany del reial decret llei, ara posposat fins al setembre, podria suposar un desastre ambiental i social.
El Govern d’Espanya ha anunciat aquest matí que posposa fins a setembre el reial decret llei sobre habitatge. En les seves últimes versions, el text pretenia incloure una modificació de la Ley del Suelo per a blindar les iniciatives d’urbanització i construcció que es provin irregulars en seu judicial.
Segons el parer d’Ecologistes en Acció, Greenpeace i els Sindicats de Llogateres i Llogaters, aquestes mesures busquen reduir la protecció mediambiental del territori afectat per plans urbanístics, a més de protegir futurs infractors urbanístics i a amnistiar aquells infractors presents, qüestió que no guarda cap relació amb la promoció d’un parc d’habitatge públic.
Les tres organitzacions coincideixen a denunciar que s’aprofiti la greu crisi d’habitatge per a presentar un reial decret llei que camufla reivindicacions del lobby immobiliari amb mesures proposades per les llogateres com posar fi al frau del lloguer de temporada i d’habitacions. “Aquesta desprotecció permetrà més urbanitzacions enclavades en zones naturals, la qual cosa resulta, com s’està veient ara, extremadament perillós i perjudicial en els grans incendis forestals”, afirmen les organitzacions ecologistes, que també exigeixen “estendre i reforçar més enllà del 2026 les ajudes que facilitin a la ciutadania participar d’una transició energètica justa, entre ells, avançar cap a una tarifa social energètica, garantir l’accés a subministraments bàsics i impulsar la rehabilitació dels habitatges”.
En conseqüència, reclamen al govern i als grups parlamentaris que retirin els aspectes més lesius de la reforma de la Ley del Suelo del text del reial decret llei. Sota el redactat actual, la reforma va en la mateixa línia que el Projecte de Llei d’Impuls i Desenvolupament Equilibrat a la Regió (LIDER) que el Consell de Govern d’Ayuso acaba d’aprovar en la Comunitat de Madrid.
Dues prioritats llogateres per al decret: Incloure tàcites i limitar pujades
Respecte al conjunt del decret d’habitatge, la Confederació de Sindicats de Llogateres assenyala dues prioritats més per a la negociació del reial decret llei en les pròximes setmanes:
Mantenir tots els supòsits per a acollir-se a les pròrrogues de l’anterior reial decret aprovat al març i incloure les situacions de tàcita reconducció que afecten desenes de milers de famílies.
Limitació de pujades de la renda interanual dels lloguers al 0%.
Las alegaciones finales denuncian que el expediente continúa incompleto y no evalúa adecuadamente la nube tóxica, el efecto dominó, el suministro eléctrico ni los vertidos al medio marino.
La respuesta social confirma la preocupación por la planta, y el 10 de julio la coordinadora, formada por agrupaciones vecinales, sociales, ecologistas y sindicales, registraron cerca a 3.600 alegaciones ciudadanas.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado catorce bloques de alegaciones finales a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de Armonia Green Castellón SL para instalar una planta de producción y almacenamiento de amoníaco al Serrallo, en el polígono industrial adyacente al Puerto de Castelló, que contará con una producción prevista superior a medio millón de toneladas anuales a la fase final del proyecto.
La Federación reclama que la Generalitat deniegue la autorización y emita una declaración de impacto ambiental desfavorable por las deficiencias esenciales detectadas en seguridad, participación pública, energía y protección del medio marino.
Estas alegaciones culminan una serie de acciones que empezaron en 2025 cuando, Ecologistes en Acció, presentó observaciones críticas al documento inicial del Proyecto de Interés Autonómico. A principios de junio de 2026 denunció ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la ausencia de documentos de seguridad; y después pidió la suspensión de la información pública y presentó una queja ante el Síndic de Greuges.
Sin embargo, la primera deficiencia continúa sin resolverse: el Informe de Seguridad y el Plan de Autoprotección o de Emergencia Interior no fueron sometidos a información pública, a pesar de que la promotora reconoce que la instalación estaría afectada por el nivel superior de la normativa de accidentes graves (Directiva Seveso III). Sin estos documentos, la ciudadanía no ha podido conocer íntegramente los posibles accidentes, las medidas preventivas y correctoras ni la respuesta prevista ante una emergencia.
Las alegaciones también advierten que el proyecto no incorpora un estudio específico de dispersión de la posible nube tóxica derivado de una fuga masiva o de un accidente a los dos grandes depósitos, con una capacidad conjunta próxima a 56.000 toneladas de amoníaco. La documentación asocia al peor escenario considerado una distancia del 1% de letalidad de 3.563 metros.
Además, el informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la propia Generalitat Valenciana, firmado en julio de 2025, fue desfavorable y concluyó que las zonas de intervención y alerta y las medidas previstas no permitían asegurar la protección de la población. En uno de los escenarios analizados, la zona de alerta superaba los 5,5 kilómetros. Las medidas correctoras de una adenda de marzo de 2026 tampoco se han incorporado al proyecto básico ni a la memoria técnica.
Tampoco se ha estudiado adecuadamente el efecto dominó en un polígono que concentra establecimientos sometidos en la normativa Seveso, como BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. El amonoducto proyectado atravesaría el Serrallo hasta el Puerto, cerca de depósitos e instalaciones con sustancias peligrosas. Por eso, Ecologistes en Acció reclama una evaluación conjunta de los riesgos y la actualización de los planes de emergencia exterior y del PLATEMCAS.
Por otro lado, el proyecto plantea potencias contradictorias y llega hasta los 850,3 MW. Según la memoria, el consumo anual se situaría entre 5,6 y 6,6 TWh, una magnitud próxima a una cuarta parte del consumo eléctrico valenciano. Sin embargo, no asegura la capacidad de conexión eléctrica suficiente ni que la electricidad sea efectivamente renovable. A banda, la línea exterior de 400 kV queda fuera del proyecto evaluado, una exclusión que la Federación ecologista considera un fraccionamiento de proyectos contrario a la legislación ambiental. La producción de amoníaco se exportaría íntegramente por vía marítima a puertos europeos, sin contribuir directamente a la descarbonización de la industria local.
En el ámbito marino, el proyecto prevé abocar unos 3,85 hm³ anuales de salmuera y otras aguas residuales. El estudio no evalúa adecuadamente los efectos acumulativos con otros vertidos del Serrallo, la dirección real de las corrientes marinas, la pluma térmica —con un efluente hasta 3 °C más caliente—, la biocenosis marina ni el riesgo de inundación de parte de la parcela. Las carencias afectan especialmente la ZEPA Delta del Ebro–Iles Columbretes y las praderías de Posidonia oceanica próximas. Las alegaciones cuestionan también los límites de vertido, la ausencia de una dilución preventiva suficiente, el uso indeterminado de antiincrustantes y las deficiencias de los estudios acústico, de olores y de patrimonio cultural.
Por todo esto, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no se opone a la descarbonización, sino en la escalera, el emplazamiento y la falta de garantías de este proyecto. Por eso reclama que la Generalitat deniegue la Autorización Ambiental Integrada y descarto el emplazamiento propuesto.
Ecoloxistas en Acción e o Movimento UIVO (Portugal) convocan unha concentración internacional de protesta contra o proxecto mineiro San Juan, promovido pola empresa sueca Eurobattery Minerals, o vindeiro xoves 23 de xullo, ás 9:30 horas, ao pé da igrexa de San Martiño da Gudiña.
A mobilización reunirá representantes de organizacións ecoloxistas e cidadanía de Galiza e Portugal para denunciar a tramitación dun proxecto que, ademais de afectar un territorio de elevado valor ambiental, pretende desenvolverse sen cumprir as obrigas legais en materia de avaliación ambiental transfronteiriza e de consulta ao Estado portugués.
A mina proxectada sitúase a apenas dous quilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima ao Parque Natural de Montesinho e ás cabeceiras do río Rabaçal, un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de auga potable de numerosas poboacións do concello de Vinhais. A pesar deste evidente carácter transfronteirizo, nin a autorización inicial nin a recente prórroga da concesión outorgada pola Xunta foron sometidas ao procedemento de avaliación de impactos transfronteirizos previsto na normativa europea e no Convenio de Espoo.
A concentración prodúcese nun momento de especial relevancia xurídica para este proxecto. O Xulgado de Instrución nº 1 de Santiago abriu dilixencias para investigar a presunta comisión dun delito de prevaricación na concesión da prórroga de trinta anos da explotación mineira, tras a denuncia presentada por Ecoloxistas en Acción contra o director xeral de Planificación Enerxética e Minas da Xunta e o administrador de Eurobattery Minerals. Segundo a organización ecoloxista, a autorización foi concedida malia existir resolucións xudiciais firmes que obrigaban a someter calquera prórroga a unha nova avaliación de impacto ambiental.
Ecoloxistas en Acción considera especialmente preocupante que a empresa estea promovendo o inicio dos traballos mentres persisten graves dúbidas sobre a legalidade da autorización mineira e sobre o cumprimento da normativa ambiental aplicable. A organización lembra que a protección dos ecosistemas e dos recursos hídricos compartidos entre Galiza e Portugal non pode quedar subordinada aos intereses dunha empresa privada.
A mobilización é impulsada igualmente polo Movimento UIVO, do outro lado da raia, que fará entrega simbólica dunha carta dirixida á alcaldía da Gudiña para expresar a preocupación existente en Portugal polas posibles consecuencias ambientais do proxecto e reclamar o respecto dos compromisos internacionais entre ambos os Estados.
Ecoloxistas en Acción anima á cidadanía, ás entidades sociais e ás persoas comprometidas coa defensa do territorio a participar nesta concentración como mostra de apoio á protección do patrimonio natural compartido e en defensa dunha administración pública sometida ao cumprimento da legalidade.
Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 para el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es el documento aprobado mediante el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, en aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por el Gobierno del Estado para orientar las políticas públicas estatales en el periodo 2020-2030, en el contexto de la definición de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 (adoptada también en 2020) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022.
Se trata de un documento extenso (115 páginas en su versión publicada en la web del MITECO), organizado en 6 grandes apartados:
Introducción
Diagnóstico del Patrimonio natural y la biodiversidad en España
Líneas de actuación prioritarias
Estimación presupuestaria
Seguimiento de la ejecución y evaluación del Plan Estratégico
Revisión del Plan Estratégico
En relación a la naturaleza jurídica del Marco Mundial de Biodiversidad, Ecologistas en Acción ha publicado un análisis de las barreras e impulsores para la aplicación de este documento en el Estado Español. En resumidas cuentas, esa estrategia mundial es un documento legal que obliga a todas las partes del CDB a cumplir con sus determinaciones, si bien su debilidad consiste en no incorporar herramientas para obligar a los Estados a cumplir ni a sancionar en caso de no actuar conforme lo acordado. Ecologistas en Acción viene desarrollando desde hace años un seguimiento exhaustivo de las políticas españolas, europeas e internacionales de biodiversidad.
En 2011, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.
En coherencia con este trabajo, resulta adecuado efectuar un análisis riguroso de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad 2022-2030 en España, cuando estamos a mitad del período de ejecución.
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un documento correcto técnicamente, que analiza la información disponible sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en el Estado Español e intenta concretar las estrategias europea e internacional de biodiversidad.
Pone en orden y programa una serie amplia de actuaciones que, de cumplirse al final del período en 2030, pondrán a España en una situación mejor que en antes de su aprobación en cuanto a información científica disponible, herramientas de gestión y estudios y directrices para mejorar el trabajo del personal técnico de las administraciones.
Sin embargo, no es el documento que se necesitaba en la situación de crisis profunda de biodiversidad en que está sumido el planeta.
Falla en la coherencia del análisis (no va a cuestiones de fondo, de modelo), en la ambición (faltan recursos económicos y herramientas legales para hacer obligatorias medidas necesarias en todas las comunidades autónomas), en transparencia y sistema de seguimiento y revisión.
En otras palabras, es un buen documento para organizar el trabajo de una Dirección General del MITECO, pero no es un plan de ambición estatal que pueda conducir a las transformaciones que España necesita hacer si no quiere sufrir de una forma cada vez más profunda, las consecuencias catastróficas de una crisis ecológica que se está acelerando cada día que pasa.
El 7º Informe Nacional del Estado español, que será presentado en la COP 17 de Biodiversidad en octubre de 2026, refleja importantes avances en la implementación del PEEPNB, pero sobrevalora el impacto de las acciones logradas y no aborda con contundencia los retrasos y falta de incidencia de muchas medidas recogidas en el informe.
Además, existen desajustes entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial, lo que dificulta que el 7º Informe Nacional sea una prueba concluyente para evaluar el progreso del Estado español para lograr detener la pérdida de biodiversidad en 2030 en cumplimiento del Marco Mundial.
Se requiere un análisis exhaustivo del 7º Informe para vincular de forma directa Metas Nacionales, Indicadores del CDB y Metas del Marco Mundial de Biodiversidad. De este modo, se pondrían en valor los verdaderos logros conseguidos y los retos que se presentan a mitad de periodo de ejecución del Marco Mundial para que el Estado español cumpla con éxito sus compromisos internacionales.
La responsabilidad de esta situación es claramente política. Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias no sólo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar.
En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tenía el deber moral de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza. Como saben muy bien los pueblos indígenas, somos parte de la madre Tierra y hacerle daño es hacérnoslo a nosotros mismos.
El PEEPNB ha sido una oportunidad perdida, quizás la última para algunas especies y ecosistemas con quienes compartimos la aventura de la vida y está al borde de la extinción. Y cada especie extinta es un paso más hacia la crisis civilizatoria que puede acabar con nosotros.
Legezko betebeharra bete gabe, Asturias, Kantabria, Galizia eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuek ez diete herritarrei abisatu kutsadurak osasunerako duen arriskuaz.
Bero-bolada handia ari da eragiten Kantauri itsasoko ertza osoan, Galiziatik Euskal Autonomia Erkidegora, Asturiastik eta Kantabriatik igarota, eta, horrekin batera, A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Torrelavega, Bilbo eta Pasaiako (Donostialdea) hiri-eremuetako motordun trafiko handiak eta industria- eta portu-jarduerak ozono-mailak igo egin dituzte aipatutako autonomia-erkidegoen barruan; izan ere, airearen kalitatea txarra izan da, eta duela gutxi arte ez zen ohikoa izan.
Atzo, astelehena, arratsaldean, biztanleei informazioa emateko atalasea (araudiak ezarritakoa) ordubetean neurtutako 180 mikrogramo ozono gainditu ziren metro kubiko aire bakoitzeko. Gainditze horiek Galiziako Magdalena (3) eta Mourence estazioetan gertatu ziren, hurrenez hurren A Coruña eta Lugoko barnealdean; Asturiasko itsasertzeko Niembro estazioetan eta Olloniego (2) eta Sama (2) barnealdeetan; Kantabriako Corrales de Buelna eta Zapatón parkean (3), Torrelavega eskualdean; eta Gipuzkoako Andoain estazioan, Donostiako hegoaldean.
Kutsadura handiena Asturiasko Olloniego estazioan erregistratu zen, Oviedotik hurbil, non 230 ozono-mikrogramo lortu baitziren aireko metro kubiko bakoitzeko, 14:00ak eta 15:00ak bitartean, legezko alerta-mugatik oso hurbil (aireko metro kubiko bakoitzeko 240 mikrogramo ozono). Kantauri isurialdean, oro har, osasuna babesteko helburu-balioa gainditzen da. Araudiak ezartzen du airearen metro kubiko bakoitzeko 120 mikrogramo ozono behar direla muga hori gainditzeko, zortzi ordu jarraian, batez beste.
Ozonoa sortzeko joera txikia duten klima-baldintzengatik (eguzki-erradiazio baxua eta eurite handiak), ezohiko kutsadura-gertakari bat da Espainiako iparraldean, penintsulako erdialdeko, hegoaldeko eta ekialdeko eskualde mediterraneoetan (Andaluzia, Katalunia edo Madril) ohikoagoa, eta joan den astean eta atzo informazio-atalasea gainditu zuten, Bartzelonan, Madrilen edo Sevillan. Hala, klima-aldaketa ozono-gertakariak eragiten ari da, lehen ezezagunak ziren arren, eta bero-bolada oso kaltegarriak larriagotzen ari dira.
Ozonorako ezarritako informazio-atalasea gainditzea aurreikusten denez, aire zabalean lan-jarduerak eta gorputz- eta kirol-jarduerak egiten ari diren pertsonei eta kutsadura atmosferikoarekiko sentikorrenak diren biztanleei (haurrak, adinekoak, haurdun dauden emakumeak edo bihotz- eta arnas-gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak) jakinarazi behar diete egunaren erdiko orduetan eta arratsaldeetan babestu behar direla, eta ahalegin fisiko oro eta aire zabaleko ariketak saihestu behar dituztela. Kutsaduraren bilakaeraren aurreikuspenari, eraginpeko eremuei eta gertakariaren iraupenari buruzko informazioa ere eman behar dute.
Hala ere, Asturiasko, Kantabriako, Galiziako eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuek ez diete horren berri eman biztanleei behar besteko aurrerapenaz, eragindako pertsonei harrera egingo dietela bermatzeko bideak erabiliz, hala nola komunikabide publikoak eta pribatuak. Eskuragarri dagoen informazioa gobernuen webguneetako ohiko abisuetara mugatzen da. Horiek inguruabar horren berri ematen dute a posteriori, eta hurrengo egunetan errepikatzea aurreikusten dute, tenperatura altuek eta eguzki-erradiazio altuak irauten duten bitartean.
Ez da lehen aldia Asturiasko Printzerriak, Kantabriako Gobernuak, Galiziako Xuntak eta Eusko Jaurlaritzak ozonoak kutsatutako herritarrei informazioa emateko legezko betebeharra urratzen dutela. Gainera, administrazio horiek ez dituzte prebentzioz mugatu motordun trafikoa, ez eta aipatutako hiriguneetako industria-jarduera nagusiak ere, horiek baitira, egungo bero-boladaren erantzule nagusiak.
Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan taldearen iritziz, agintariek atmosferaren kutsadurari aurre egiteko duten interes eskasa errepikatzen da, urtero ehunka bizitza kostatzen baitira Kantauri isurialdean eta kalte larriak egiten baitzaizkie basoei eta laboreei, gobernuen erabateko pasibotasunaren aurrean. Jarrera arduragabea da, eta, horren aurrean, ozonoak eragindako kutsadurari aurre egiteko, epe laburreko ekintza-planak egitea eta aplikatzea eskatzen du erakunde ekologistak, trafikoari eta industriari buruzko berehalako neurriak hartuta.
Ozono troposferikoa, ozono “txarra” ere deritzona, estratosferaren kontrakoa izateagatik, bigarren mailako kutsatzailea da, autoek eta zenbait industriek, eguzki-erradiazioa dagoenean, isurtzen duten nitrogeno dioxidoaren eta hidrokarburoen arteko erreakzioak sortua. Arnastuz gero, begiak eta goiko arnasbideak narritatzen ditu, biriken funtzioa murrizten du, arnas gaixotasun akutuak (asma, BGBK) izateko arriskua areagotzen du eta patologia kardiobaskularrak larriagotzen ditu.
Europako Ingurumen Agentziaren kalkuluen arabera, Espainiako estatuan 6.000 eta 7.000 heriotza goiztiar artean gertatzen dira urtero ozono-mailekiko esposizioaren ondorioz, hala nola egun horietan Asturiasen, Kantabrian, Galizian eta Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako ozono-mailekiko esposizioaren ondorioz. Ozonoa, pertsonentzat ez ezik, landarediarentzat ere toxikoa da eta basoak kaltetzen ditu eta laboreen produktibitatea murrizten du.
Ecologistas en Acción publica un informe donde evalúa las políticas autonómicas y su adecuación al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030.
Ninguna administración autonómica alcanza la valoración necesaria para entrar en las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”.
La Junta de Andalucía está incumpliendo el Marco Mundial de Biodiversidad y su propia Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, no frenando la reducción de poblaciones y hábitats de especies protegidas, ni la extinción de algunas de ellas. Andalucía no va a cumplir con la meta de detener la pérdida de biodiversidad para 2030 y, de hecho, no se ha detenido, sino muy al contrario, ha aumentado esa pérdida de biodiversidad.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), aprobado por 196 países, entre ellos el Estado español y la Unión Europea, en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Ecologistas en Acción presentó el pasado mes de abril su evaluación del nivel de cumplimiento a nivel estatal de este acuerdo, pero ya que las comunidades autónomas (CCAA) ostentan amplias competencias en materia de gestión de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Por ello, Ecologistas en Acción presenta un informe que analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad por parte de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas españolas. Para evaluar el nivel de aplicación autonómica de este acuerdo se han analizado diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias autonómicas: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Andalucía se encuentra en el grupo de cola, en la categoría “Graves carencias”. Aunque nuestra comunidad autónoma aprobó en 2011, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, con una vigencia de 10 años, no ha conseguido cumplir con las metas del Marco Mundial de Biodiversidad ni con su propia Estrategia. La nueva Estrategia 2020-2035 no está aprobada, y ya estamos en 2026.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente realizó un informe de evaluación de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad en el decenio 2011-2020, informe falto de rigor, no aportando datos de la evolución de la biodiversidad -especies y hábitats- en esa década. Se carece de datos desde entonces.
La Consejería omite en la evaluación de los Planes de Recuperación de especies amenazadas la extinción del lobo, que ha tenido lugar durante la ejecución de esta Estrategia, ni se analiza por qué se ha negado la Junta a declararlo especie en peligro de extinción cuando todavía había lobos, y a aprobar y ejecutar un plan de recuperación. La extinción del lobo es un desastre para nuestra biodiversidad. El hombre ha coexistido con los lobos durante milenios; es un depredador que aporta beneficios indudables, como el saneamiento y control de las poblaciones de ungulados silvestres, como ciervos y jabalíes. Llevamos una década sin lobos en Andalucía, y la Junta no sólo no tiene intención alguna de apoyar medidas para favorecer su expansión hacia el sur, sino que en la reciente Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha votado que se sigan cazando lobos en España, son haber ninguno en nuestra tierra. ¡Un disparate que debería explicar!
La Junta tampoco aporta datos sobre los programas de erradicación de especies invasoras, que siguen expandiéndose por Andalucía sin que se adopten las medidas preventivas oportunas. La Consejería de Sostenibilidad reconoce que no tiene medios para lograr reducir las tasas de introducción en al menos un 50% para 2030, justificándolo en la falta de financiación, que asegura en el informe de evaluación “no son inagotables”.
Tanto el Marco Mundial como la estrategia Andaluza de Biodiversidad plantean como objetivo la mejora de la conectividad ecológica, pero la Junta no ha iniciado una sola acción, muy al contrario, con las infraestructuras y las macrourbanizaciones se sigue fragmentando el territorio.
La Junta no ha promovido ningún programa de gestión, restauración y mejora de ecosistemas. Un ejemplo es la laguna de La Janda, la que fuera la mayor laguna de España, que está usurpada por un reducido grupo de empresas a pesar de estar deslindada como Dominio Público Hidráulico. La Junta apoya a los ocupas y se opone a la recuperación de los terrenos y de unos ecosistemas de altísimo valor.
La Junta incumple de forma sistemática la Directiva Hábitat, que obliga a la conservación y restauración de poblaciones de especies protegidas y de hábitats de interés comunitario. La Junta sigue aprobando suelos urbanizables en la Red Natura 2000, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y sigue apoyando la ejecución de proyectos en esta red de espacios naturales sin la evaluación ambiental adecuada. El resultado es que la mayoría de los hábitats y especies se encuentran en un estado desfavorable.
La situación de las especies amenazadas en Andalucía sigue empeorando, un ejemplo son las aves esteparias, que han sufrido una drástica reducción de las poblaciones, entre otras causas, por la destrucción de su hábitat por los cambios de cultivo y la proliferación sin planificación de plantas fotovoltaicas.
Y lo más lamentable, y que tiene las consecuencias más negativas sobre la biodiversidad, es la falta de integración de la protección o conservación de la biodiversidad en los planes industriales, mineros, de infraestructuras o urbanismo, con el objetivo de minimizar los impactos de estas actividades sobre la biodiversidad y los hábitats.
Se han dado casos de aprobación de planes urbanísticos con evaluación ambiental favorable que han sido anulado por los tribunales por afectar a espacios protegidos con hábitats de interés comunitario (HICs) y especies catalogadas, como es el caso del Plan Parcial de Valdevaqueros (Tarifa-Cádiz).
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
El Informe de Ecologistas en Acción concluye que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Ekologistak Martxan-ek ohartarazi du euskal politikak ez direla egokitzen biodibertsitateari buruzko nazioarteko konpromisoetara.
Eusko Jaurlaritzak ez du helburu espezifikorik 2022an onartutako nazioarteko jomugak aplikatzeko.
Euskadik % 23,33ko balorazioa baino ez du lortu Ecologistas en Acción taldeak Kunming-Montrealgo Biodibertsitatearen Munduko Esparruaren aplikazio autonomikoari buruz egindako txostenean, eta “Gabezia larriak” kategoriarik baxuenean dago. Azterlanak biodibertsitatearen kontserbazioarekin lotutako hamar funtsezko eremu aztertzen ditu, eta ondorioztatzen du 2030etik lau urte baino gutxiagora Euskadik ez duela behar bezala egokitutako plangintzarik biodibertsitatearen galera geldiarazteko eta hori alderantzikatzeko nazioarteko konpromisoak betetzeko.
Estrategia eguneratu gabea eta konpromiso berrietara egokitu gabea
Euskadik 2016an onartutako Biodibertsitate Estrategia bat badu ere, Eusko Jaurlaritzak berak aitortzen du ez duela barne hartzen 2022an onartutako Kunming-Montrealgo Biodibertsitatearen Mundu Esparrua. Nazioarteko akordio hau hartu eta hiru urte eta erdira, ez dago jasota estrategia eguneratu denik, ez eta 2030erako jomuga globalak esplizituki sartu direnik ere.
Gainera, aztertutako dokumentazio ofizialak ez du informaziorik ematen Euskadiko biodibertsitatea hobetzen, egonkortzen edo narriatzen ari den jakiteko, ez eta garatutako ekintzek biodibertsitatearen galera geldiarazten benetan laguntzen duten jakiteko ere.
Helburu eta neurri zehatzik ez izatea
Azterketak agerian uzten du ez dagoela konpromiso espezifikorik ekosistema degradatuak lehengoratzeko, babestutako azalera % 30eko nazioarteko helbururaino handitzeko edo espezie exotiko inbaditzaileen sarrera-tasak % 50 murrizteko 2030a baino lehen.
Nekazaritza-jatorriko kutsadurari dagokionez, biodibertsitaterako mehatxu nagusietako bat, Eusko Jaurlaritzak ez zuen neurri zehatzei buruzko informaziorik eman, eta eskumen-kontuak alegatzera mugatu zen.
Ekologistak Martxan elkartearen ustez, erantzun horiek agerian uzten dute naturaren kontserbazioa ez dela integratu funtsezko politika sektorialetan, nekazaritzan esaterako, nahiz eta Munduko Esparruak berak biodibertsitatearen galeraren kausei zeharka heltzea eskatzen duen.
Espezie mehatxatuen kontserbazioan atzerapenak
Biodibertsitatearen Euskal Estrategiak berak aitortzen du 383 espezie daudela Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan sartuta, eta 19 kudeaketa-plan soilik onartu direla katalogatutako espezieentzat.
Horrez gain, kontserbazio-tresna berriak izapidetzean atzerapen handiak egon dira, hala nola kiropteroentzako edo otsoarentzako planak izapidetzean, eta dagoeneko onartuta dauden planen eraginkortasunaren ebaluazioari buruzko informazio publikorik ez dago.
Azpiegitura berdea eta parte-hartze soziala, gainditu gabeko ikasgaiak
Lege-aurreikuspenetik lau urtera, Euskadik oraindik ez du Azpiegitura Berdearen Estrategiarik onartuta. Era berean, Naturzaintza ordeztu behar zuen organoa oraindik ez da eratu, eta organo hori ez da bildu 2022ko martxotik.
Praktikan, Euskadik gaur egun ez du parte-hartze sozialerako gune operatiborik biodibertsitatearen arloan, erakunde ekologisten presentzia duena.
Ekintzarako deia
Ekologistak Martxan elkarteak ezinbestekotzat jotzen du Eusko Jaurlaritzak lehenbailehen egokitzea bere biodibertsitate-politika Kunming-Montrealgo Biodibertsitatearen Mundu Esparrura, 2030erako helburu zehatzak ezartzea, lehengoratze ekologikoa indartzea, espezie mehatxatuak kontserbatzeko tresnen onarpena bizkortzea eta gaur egun geldirik dauden parte-hartze sozialeko mekanismoak berraktibatzea.
Naturaren narriadurak erakundeen erantzunak baino askoz azkarrago egiten du aurrera. Euskadik ezin du 2030era iritsi biodibertsitatearen galera geldiarazteko nazioarteko konpromisoak erabat txertatu gabe.
Unos días de convivencia en el medio natural descubriendo a personas nuevas, compartiendo la experiencia de quienes han elegido vivir una vida diferente, puede mostrarnos otros horizontes. La primera juventud es un momento esencial en el descubrimiento del mundo y por eso queremos mostrar que una vida sencilla y activista puede ser una apuesta diferente, divertida y viable.
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Amb motiu del dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica, Ecologistes en Acció denuncia l’incompliment durant 12 anys de la creació de la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut.
L’absència d’aquesta comissió evidencia el conflicte d’interessos que es genera en convertir, de facto, al Col·legi de Telecomunicacions (COIT) en l’entitat assessora de referència, a través del seu Comitè Assessor de Radiofreqüències i Salut (CCARS).
L’organització ecologista recolza la presentació internacional del Llibre verd sobre l’adaptació del lloc de treball, una guia que recopila bones pràctiques, criteris i mesures per adequar els entorns laborals a les necessitats de les persones afectades per sensibilitat química múltiple (SQM) i electrohipersensibilitat (EHS).
En l’acte, que tindrà lloc online, participaran ponents dels països europeus on la EHS ha estat reconeguda com a discapacitat funcional de tipus ambiental.
El 24 de juny es compleixen 20 anys des de la primera celebració en l’Estat espanyol del Dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica. Per celebrar-ho, Ecologistes en Acció insta al Ministeri de Sanitat a atendre les propostes que els van presentar el passat 15 de juny, amb motiu de la reunió de seguiment del Pla Estratègic de Salut i Medi ambient (PESMA).
A més, l’organització ecologista denuncia l’incompliment durant més de 12 anys en la no creació de la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut contemplada en les lleis de telecomunicació de 2014 i 2022, com va requerir complir l’anterior Defensor del Poble.
Des de 2016, el Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació (COIT), a través del seu autodenominat Comitè Científic Assessor de Radiofreqüències i Salut (CCARS) i els seus representants, ha exercit de facto les funcions assessores que hauria d’haver realitzat aquesta comissió davant diferents administracions, inclosa l’Oficina del Defensor del Poble, i ens públics, com la radiotelevisió. “Aquesta realitat no respon ni s’ajusta a cap mandat legal i incorre en un clar conflicte d’interessos”, matisa Julio Carmona, portaveu d’Ecologistes en Acció.
Carmona també assenyala que els informes del CCARS, no revisats per parells ni publicats en revistes científiques, incorren en nombroses irregularitats: “No recullen ni el debat ni el nivell d’evidències acumulades en l’àmbit científic, com manifesten societats científiques de ràdio-protecció i de salut ambiental en l’Estat espanyol en les seves recomanacions i posicionaments quan apel·len al principi de precaució”.
A més, el CCARS ha estat presentat públicament de la mà de representants ministerials fins a 2020. Encara avui, en el Pla Estratègic de Salut i Medi ambient, consta com a coordinador de l’apartat de camps electromagnètics, un dels seus fundadors i ex-assessor científic d’aquest comitè del Col·legi de Telecomunicacions.
Per tot això, Ecologistes en Acció torna a reclamar la creació de la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut. Per garantir la participació ciutadana de les parts implicades, la incompatibilitat de participació de persones/organitzacions recolzades o lligades als sectors de telecomunicacions i energètics en el seu grup assessor, així com la Inclusió de les veus crítiques als límits d’exposició actual (informes institucionals, crides científiques) basats en l’àmplia bibliografia actual.
Així mateix, l’organització ecologista sol·licita incloure les radiofreqüències com a indicador en la valoració de la qualitat de l’aire. Tant en el seu monitoratge continu (sense mitjanes) i informació en temps real, com en l’ús de dosímetres individuals – tal com sol·liciten societats científiques com la Societat Catalana de Salut Ambiental – i sobre la base de models com els ja desenvolupats en l’àmbit públic pel Centre de Tecnologia Biomèdica (CTB) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM).
Finalment, fa una crida perquè se segueixin les recomanacions proteccionistes en aquest àmbit: les del Consell d’Europa i el Servei d’Investigació del Parlament europeu; la Crida Internacional de Científics sobre Camps Electromagnètics (signada per 268 científics i científiques independents de tot el món amb més de 2.000 articles sobre aquest tema, revisats per parells) i el seus assessors (Comissió Internacional sobre els Efectes Biològics dels Camps Electromagnètics (ICBE-EMF); les recomanacions de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica de 2022; el posicionament de la Societat Catalana de Salut Ambiental de 2024; així com a les recomanacions de les societats científiques de l’àmbit de la medicina i la psicologia per protegir a les persones menors de la introducció de l’ús de pantalles, plataformes i xarxes socials.
El Llibre verd, no solament una guia tècnica
Ecologistes en Acció convida a participar en l’esdeveniment online de caràcter internacional organitzat per la CONFESQ (Coalició Nacional de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica, Sensibilitat Química Múltiple i Electro-hipersensibilitat) i EQSDS (Electroquímic-sensibles pel Dret a la Salut.
En aquest acte es presentarà el seu Llibre Verd, un text sobre l’adaptació del lloc de treball per a persones amb SQM i/o EHS, que no solament és una guia tècnica sinó que també es concep com una eina de sensibilització i transformació social, que convida a la responsabilitat compartida.
En la presentació participaran persones clau en el reconeixement de la EHS de Suècia i Holanda, països on aquesta malaltia es reconeix legalment com una discapacitat funcional de tipus ambiental. Y¡
Ecologistas en Acción Salamanca advierte que las estaciones de medición continúan registrando niveles de contaminación superiores a las recomendaciones sanitarias de la OMS mientras Castilla y León carece de un plan válido frente al ozono.
La contaminación atmosférica continúa siendo un problema de salud pública en Salamanca y en el conjunto de Castilla y León, según concluye el informe sobre la calidad del aire correspondiente a 2025 elaborado por Ecologistas en Acción a partir de los datos de las redes oficiales de medición.
Aunque las administraciones suelen destacar el cumplimiento de los límites legales actualmente vigentes, el informe pone de manifiesto que la realidad es muy distinta cuando se utilizan como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), elaboradas a partir de la evidencia científica más reciente sobre los efectos de la contaminación en la salud.
En el caso de las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), todas las estaciones de Castilla y León registraron durante 2025 superaciones de las medias anuales y/o diarias recomendadas por la OMS. Sin embargo, ninguna superó los límites legales actualmente vigentes.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que estos límites legales son hoy insuficientes para proteger adecuadamente la salud de la población. De hecho, la Unión Europea aprobó en 2024 una nueva Directiva de calidad del aire que obliga a endurecer sustancialmente estos valores antes de 2030 para aproximarlos a las recomendaciones sanitarias internacionales.
“Cumplir una normativa que la propia Unión Europea considera obsoleta no significa que el aire sea saludable. La evidencia científica demuestra que existen efectos sobre la salud a concentraciones inferiores a los límites legales actuales”, señalan desde Ecologistas en Acción Salamanca.
La contaminación sigue teniendo consecuencias para la salud
La contaminación atmosférica continúa siendo la principal causa ambiental de muerte prematura en Europa. Según las estimaciones recogidas en el informe, la contaminación del aire estuvo relacionada con alrededor de 51 fallecimientos prematuros en la provincia de Salamanca durante 2023.
Los efectos de la contaminación atmosférica incluyen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, agravamiento del asma, determinados tipos de cáncer, diabetes, alteraciones neurológicas y afecciones especialmente relevantes en población infantil y personas mayores.
Persisten los problemas relacionados con el ozono
El informe también confirma que el ozono troposférico sigue siendo uno de los principales problemas de calidad del aire en Castilla y León. Durante 2025, todas las estaciones que miden este contaminante registraron más de 25 días de superación de los niveles recomendados por la OMS y todas ellas superaron ampliamente la guía estacional fijada por este organismo internacional para el periodo comprendido entre abril y septiembre.
El ozono es un contaminante secundario cuya formación se ve favorecida por las altas temperaturas y la radiación solar, por lo que su presencia está estrechamente relacionada con los efectos del cambio climático.
La situación resulta especialmente preocupante después de que el Tribunal Supremo confirmara recientemente la anulación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono de Castilla y León por carecer del detalle territorial necesario. La Junta deberá ahora elaborar un nuevo plan capaz de responder a un problema que afecta desde hace años a diferentes zonas de la Comunidad, incluida Salamanca.
Los entornos escolares muestran una realidad preocupante
Aquella campaña reveló que el 100 % de los centros educativos analizados superaban los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para este contaminante. Además, puso de manifiesto que la exposición real de la población infantil puede ser muy superior a la reflejada por las estaciones oficiales de medición.
Para Ecologistas en Acción, esta situación reabre el debate sobre la representatividad de las estaciones de control de calidad del aire. La organización recuerda que durante los últimos años ha solicitado que las mediciones se realicen en ubicaciones más representativas de la exposición de la ciudadanía, especialmente en zonas con tráfico intenso, centros educativos y otros espacios sensibles.
“No se trata únicamente de cumplir una obligación administrativa. Las estaciones deben servir para conocer qué aire respiran realmente las personas y para diseñar políticas eficaces de protección de la salud”, destacan desde la organización.
Ecologistas en Acción considera imprescindible aprovechar la entrada en vigor de la nueva Directiva europea para reforzar la vigilancia de la calidad del aire, mejorar la información a la ciudadanía y adoptar medidas que reduzcan la contaminación en origen.
Entre las actuaciones prioritarias destacan la reducción del tráfico motorizado, el fortalecimiento del transporte público, la mejora de la movilidad peatonal y ciclista, la protección de los entornos escolares y la elaboración de planes eficaces frente a los episodios de contaminación.
Las estaciones de Galilea y Pradejón fueron las únicas que registraron niveles relevantes de ozono, superando durante más de 25 días el valor recomendado por la OMS.
Ecologistas en Acción cuestiona la ubicación de la única estación de medición de la ciudad y reclama una red de control más representativa.
Las estaciones de Galilea y Pradejón fueron las únicas que registraron niveles relevantes de ozono, superando durante más de 25 días el valor recomendado por la OMS. Aunque ninguna estación riojana incumplió los objetivos legales vigentes ni los nuevos objetivos europeos previstos para 2030, la contaminación por ozono siguió afectando a la vegetación. La estación de Galilea, utilizada para evaluar este impacto, superó el objetivo a largo plazo establecido para proteger cultivos, montes y espacios natura.
La calidad del aire en Logroño mejoró durante 2025 respecto a los años previos a la pandemia, pero los niveles de contaminación atmosférica continuaron superando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente en lo que respecta al dióxido de nitrógeno (NO2) y a las partículas finas PM2,5, los contaminantes más vinculados al tráfico motorizado y con mayores efectos sobre la salud.
Las partículas en suspensión también siguieron afectando a la población logroñesa. La estación de La Cigüeña registró el peor dato regional de partículas finas PM2,5, superando incluso el nuevo valor límite anual aprobado por la Unión Europea para 2030. Aunque las concentraciones descendieron respecto a años anteriores gracias a una menor incidencia de episodios de polvo africano, continuaron situándose por encima de las recomendaciones sanitarias internacionales.
Según el informe anual sobre calidad del aire elaborado por Ecologistas en Acción, la estación de medición de La Cigüeña registró una concentración media anual de NO2 de 14 μg/m³, por encima de los 10 μg/m³ recomendados por la OMS. Además, la guía diaria de este contaminante se superó durante 25 días a lo largo del año.
La organización ecologista considera especialmente preocupante que estos registros procedan de una estación situada en un tramo peatonal de la calle Cigüeña, alejada de las vías con mayor intensidad de tráfico de la ciudad. De hecho, una campaña independiente realizada por Ecologistas en Acción en noviembre de 2025 en las inmediaciones de varios centros escolares con elevada circulación de vehículos reveló niveles de NO2 superiores a los registrados por la estación oficial en la práctica totalidad de los puntos analizados.
Estos resultados refuerzan las dudas sobre la representatividad de la única estación de control de la calidad del aire de Logroño. Según un reciente análisis de Ecologistas en Acción sobre las estaciones urbanas orientadas al tráfico en ciudades españolas, la ubicación de La Cigüeña incumpliría los criterios establecidos por la nueva normativa europea al encontrarse demasiado alejada de los puntos críticos de contaminación asociados al tráfico rodado.
La organización también lamenta la ausencia de datos recientes sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados, cuya vigilancia es obligatoria. Los últimos estudios disponibles detectaron concentraciones significativas de algunos contaminantes en zonas industriales y áreas afectadas por el tráfico.
Como consecuencia de esta situación, Ecologistas en Acción concluye que toda la población riojana respiró durante 2025 un aire perjudicial para la salud. Además, unas 164.000 personas, aproximadamente la mitad de la población regional, la que vive en la ciudad de Logroño, estuvieron expuestas a niveles de contaminación superiores a los nuevos límites legales aprobados por la Unión Europea para 2030.
La organización recuerda asimismo que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica provocó hasta 100 muertes en La Rioja durante 2023, asociadas principalmente a la exposición a partículas finas PM2,5, dióxido de nitrógeno y ozono. Por ello, reclama reforzar la red de vigilancia de la calidad del aire, mejorar la ubicación de las estaciones de medición y adoptar medidas eficaces para reducir las emisiones procedentes del tráfico en la capital riojana y un plan autonómico de reducción de las principales fuentes industriales de la región.
El informe anual sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 950.000 aragoneses estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
El área urbana de Zaragoza incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones ni protocoles eficaces frente a episodios de alta contaminación, como es obligado.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 25 situadas en Aragón.
Entre sus principales conclusiones, con carácter general, destacan:
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono troposférico, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto. Y pese a que bajaron los episodios de calima, la ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
Y en cuanto a Aragón:
Durante 2025, la calidad del aire en Aragón empeoró por lo que respecta a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo el ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019 y recuperando en algunos casos las concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 70 % de la población aragonesa, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para adaptarse a la nueva legislación.
Considerando la normativa todavía vigente, la estación de Alcañiz (Teruel), debido a las emisiones de la cantera de SYCA, S.L., superó por primera vez desde 2007 el valor límite diario establecido para las partículas PM10 en más de los 35 días permitidos o excepcionados. No obstante, el Gobierno de Aragón derogó injustificadamente en 2025 el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Alcañiz.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó en tal caso el año pasado a la totalidad de la población y el territorio aragoneses.
Las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la totalidad de la población aragonesa: las partículas presentaron la peor situación en el Bajo Aragón y el Valle del Ebro; y la aglomeración de Zaragoza incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. Por su parte, el ozono afectó a las áreas suburbanas y rurales del Valle del Ebro, Pirineos y la Cordillera Ibérica, a sotavento de la capital regional.
En la estación El Picarral de Zaragoza se produjeron más de un centenar de superaciones del límite legal semihorario de sulfuro de hidrógeno (H2S) y 20 superaciones del límite diario de este contaminante, poniendo de manifiesto un importante problema de contaminación odorífera atribuido a la fábrica agroalimentaria de Tereos Iberia, S.A.U, que históricamente viene provocando numerosas protestas vecinales en el barrio del Picarral.
La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, casi 600 en Aragón. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan los 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
Ecologistas en Acción ha realizado en febrero de 2026 una campaña de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de la ciudad de Zaragoza, con el resultado de que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire en cada ciudad. Lo que además cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro y eficiencia energéticos, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas de ganadería industrial o intensiva.
Vencido hace tres años y medio el plazo para que los gobiernos municipales de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones eficientes, a fin de mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad no han cumplido siquiera formalmente esta obligación . Entre ellos, por lo que se refiere a la idoneidad, el Ayuntamiento de Zaragoza, que tampoco ha actualizado su protocolo de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire, del que carece, además, el Gobierno de Aragón.
El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 600.000 extremeños estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los límites legales actuales y los nuevos aprobados para 2030 por la Unión Europea.
La única estación de medición de la ciudad de Cáceres lleva sin funcionar desde octubre de 2024 y el resto de estaciones operaron muy irregularmente a lo largo del año pasado, habiendo estado caída la página Web autonómica de calidad del aire.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 10 situadas en Extremadura. Entre sus principales conclusiones, destacan:
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
Todas las estaciones de medición de Extremadura registraron muy bajos porcentajes de captura de datos, y la única estación de la ciudad de Cáceres estuvo fuera de servicio todo el año. Resulta elemental por ello que la Junta de Extremadura recupere una red de medición que actualmente no cumple los estándares mínimos de calidad y de difusión.
Durante 2025, la calidad del aire en Extremadura mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2017 y recuperando sus concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 58 % de la población extremeña, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
Considerando la normativa todavía vigente, la población que respiró aire contaminado por encima de los obsoletos límites legales actuales fue de 600.000 personas en la Extremadura Rural. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 40.000 kilómetros cuadrados, el 95 % del territorio extremeño.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó a toda la población y el territorio extremeños, con la incertidumbre de la ciudad de Cáceres.
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población extremeña. Las partículas presentaron la peor situación en el sur de la provincia de Badajoz. Aunque el área urbana de Plasencia cumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno, superó el recomendado por la OMS.
El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático, superando el nuevo objetivo legal para 2030 en la Extremadura Rural. Ecologistas en Acción pide a la Junta de Extremadura la urgente elaboración del obligado plan de mejora de la calidad del aire, al no haber logrado revertir el actual desde 2018 el problema de la contaminación por ozono y vencer este agosto.
La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 360 en Extremadura. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. La Junta de Extremadura tampoco ha adaptado su protocolo de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, del que carecen los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres o Mérida.
El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que casi 900.000 vascos estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación, que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
El área urbana de Bilbao incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de los municipios obligados siguen sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces ni protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 57 situadas en el País Vasco. Entre sus principales conclusiones, destacan:
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
Durante 2025, la calidad del aire en el País Vasco mejoró ligeramente en relación al dióxido de nitrógeno (NO2), pero empeoró respecto a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y al ozono troposférico, aunque sin llegar en general a las concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 39 % de la población vasca, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
Considerando la obsoleta normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales.
Y si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y a la mayoría del territorio vasco.
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población vasca. Las partículas presentaron la peor situación en el Bajo Nervión, Donostialdea y Goiherri. La aglomeración de Bilbao incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. El ozono afectó a las áreas rurales y suburbanas del Litoral, los Valles Cantábricos, las Cuencas Interiores y el Valle del Ebro.
La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 900 en el País Vasco. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
Ekologistak Martxan ha realizado en 2024 y 2025 cuatro campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las localidades de Barakaldo, Basauri, Bilbao, Donostia/San Sebastián, Erandio, Errenteria, Etxebarri, Galdakao, Oiartzun y Vitoria-Gasteiz, con el resultado de que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales. Lo que además cuestiona su correcta ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. El Gobierno Vasco y los ayuntamientos de Bilbao y Donostia/San Sebastián tampoco se han dotado de protocolos de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire.
El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 2,9 millones de valencianos y valencianas estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
El área metropolitana de València incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces ni protocolos frente a episodios.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 80 situadas en el País Valenciano. Entre sus principales conclusiones, destacan:
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
Durante 2025, la calidad del aire en el País Valenciano mejoró con relación al dióxido de nitrógeno (NO2), pero empeoró respecto a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019, aunque sin llegar a las concentraciones previas a la pandemia de la COVID-19.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 55 % de la población valenciana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales. Si bien los niveles de ozono excedieron dichos objetivos legales en las estaciones Vilamarxant, Villar del Arzobispo y Zarra de la provincia de Valencia y Florida – Babel en la ciudad de Alicante.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y el territorio valencianos.
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población valenciana. Las partículas presentaron la peor situación en las aglomeraciones de Elche y València. El área urbana de València incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. Y la refinería de Castellón elevó el dióxido de azufre (SO2) y el sulfuro de hidrógeno (H2S) en su entorno.
El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático, superando el nuevo objetivo legal para 2030 en la estación Vilamarxant. La Generalitat sigue incumpliendo su obligación de aprobar planes de lucha contra la contaminación por ozono en todas las zonas de la comunidad, incumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia obtenida en 2023 por Ecologistes en Acció.
La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 2.800 en el País Valenciano. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
Ecologistes en Acció ha realizado en 2025 una campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las ciudades de València y Torrent, con el resultado de que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Lo que cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. El Ayuntamiento de València tampoco ha actualizado su protocolo de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire, y las demás ciudades carecen de estos protocolos.
L’informe sobre la qualitat de l’aire 2025 d’Ecologistes en Acció conclou que 4,8 milions de catalans van estar exposats durant 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per a 2030 per la Unió Europea.
Les àrees urbanes de Barcelona i Vallès – Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen. Però la majoria de les ciutats segueixen sense implantar zones de baixes emissions eficaces ni protocols enfront d’episodis.
L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en 780 estacions oficials de mesurament instal·lades a tot l’estat espanyol, entre elles 108 situades a Catalunya. Entre les seves principals conclusions, destaquen:
L’any 2025 va ser humit i el tercer més càlid a Espanya des d’almenys 1961. L’extrema calor estival va contribuir a l’augment de les concentracions d’ozó, especialment durant les onades de calor de juny, juliol i agost, però van baixar els episodis de calitja. L’onada d’incendis forestals d’agost va contribuir a agreujar la contaminació per partícules.
La crema de petroli va assolir l’any passat el seu nivell més elevat des del 2011, impulsada per l’augment de consum de combustibles d’aviació i d’automoció. Si bé l’ús de gas es va mantenir un 17% per sota del de 2019 i les fonts renovables van cobrir el 57% de la demanda elèctrica, tot limitant les emissions de les centrals tèrmiques.
Durant 2025, la qualitat de l’aire a Catalunya va millorar lleugerament en relació amb les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i al diòxid de nitrogen (NO2), però va empitjorar substancialment respecte a l’ozó, contaminant del qual es van assolir els nivells més alts des del 2017, tot recuperant les seves concentracions mitjanes prèvies a la crisi de la COVID-19.
L’informe pren com a referència els nous valors límit de la Directiva 2024/2881 -que hauran d’aconseguir-se abans de 2030-, d’acord amb els quals l’aire contaminat va afectar el 59% de la població catalana al 2025, la qual cosa expressa la magnitud del repte que han d’assumir les administracions en els pròxims tres anys per a alinear-se amb la nova legislació.
Si considerem la normativa encara vigent, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels obsolets límits legals actuals es va limitar a 187.000 persones a la Plana de Vic i el Prepirineu, i es va desbordar també l’objectiu legal per a la protecció de la vegetació, amb 8.000 quilòmetres quadrats afectats a Terres de Ponent , el 25% del territori. A més, els nivells de partícules PM10 van excedir els vigents límits legals diaris en dues estacions dels ports de Barcelona (Dàrsena Sud) i de Tarragona (Dic de Llevant).
Si es tenen en compte els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), molt més estrictes que els límits legals vigents i nous, i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació de la Unió Europea, l’aire contaminat va afectar de nou l’any passat la totalitat de la població i territori catalans.
Les partícules (PM10 i PM2,5) i el diòxid de nitrogen (NO2) en l’aire van continuar afectant la totalitat de la població catalana. Les partícules van presentar la pitjor situació en l’àrea metropolitana de Barcelona i la Plana de Vic. L’aglomeració de Barcelona va incomplir el nou límit legal anual per a 2030 del diòxid de nitrogen. I a Manlleu es va aconseguir la tercera pitjor situació a Espanya durant l’any passat del cancerigen benzo(α)pirè.
L’ozó continua sent el contaminant que presenta una extensió més gran i el més estretament lligat al canvi climàtic, tot superant el nou objectiu legal per a 2030 a la Plana de Vic i el Prepirineu. La Generalitat va aprovar el 2024 el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, en execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia obtinguda per Ecologistes en Acció, que ha tingut de moment escàs efecte en la reducció de l’ozó.
La contaminació de l’aire és la primera causa ambiental de mort. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, en 2023 van morir prematurament fins a 24.000 persones en l’Estat espanyol per malalties agreujades per la mala qualitat de l’aire, gairebé 6.000 a Catalunya. Els costos sanitaris, laborals i productius de la contaminació aconsegueixen 32.000 milions d’euros a l’any, el 2,4% del PIB espanyol.
Ecologistes en Acció ha realitzat entre 2023 i 2025 tres campanyes de mesurament de NO2 als accessos a alguns dels centres escolars amb més trànsit motoritzat d’una trentena de ciutats de Catalunya, amb el resultat que la població infantil està exposada a nivells molt elevats de contaminació, per sobre dels registrats en les estacions oficials de control de la qualitat de l’aire. El que qüestiona la seva ubicació, per la qual cosa l’organització ambiental ha demanat la seva revisió per a les estacions urbanes de trànsit.
L’única manera de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats és disminuir el trànsit motoritzat, tot potenciant la mobilitat activa per als vianants i ciclista i el transport públic elèctric. També és necessari promoure l’estalvi energètic, ordenar l’actual desplegament caòtic de les energies renovables, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, reduir l’ús de l’avió, acordar Àrees de Control d’Emissions ambicioses per a la mar Mediterrània i l’Atlàntic Nord-est, i una moratòria per a les noves macrogranges.
Vençut fa tres anys i mig el termini perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants estableixin zones de baixes emissions per a millorar la qualitat de l’aire i mitigar el canvi climàtic, la meitat no han complert si més no formalment aquesta obligació.
L’Ajuntament de Barcelona tampoc ha actualitzat el seu protocol enfront dels episodis de mala qualitat de l’aire, i el de la Generalitat no conté mesures per a rebaixar l’ozó.
L’informe sobre la qualitat de l’aire d’Ecologistes en Acció conclou que 2,9 milions de valencians i valencianes van estar exposats durant 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per a 2030 per la Unió Europea.
L’àrea metropolitana de València va incomplir el nou límit legal anual del diòxid de nitrogen. Però la majoria de les ciutats segueixen sense implantar zones de baixes emissions eficaces ni protocols enfront d’episodis.
L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegades en 780 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 80 situades en el País Valencià. Entre les seues principals conclusions, destaquen:
L’any 2025 va ser humit i el tercer més càlid a Espanya des d’almenys 1961. L’extremada calor estival va contribuir a l’augment de les concentracions d’ozó, especialment durant les onades de calor de juny-juliol i agost, però van baixar els episodis de calitja. L’ona d’incendis forestals d’agost va contribuir a agreujar la contaminació per partícules.
La crema de petroli va aconseguir l’any passat el seu nivell més elevat des de 2011, impulsada pel major consum de combustibles d’aviació i d’automoció. Si bé l’ús de gas es va mantindre un 17% per davall del de 2019 i les fonts renovables van cobrir el 57% de la demanda elèctrica, limitant les emissions de les centrals tèrmiques.
Durant 2025, la qualitat de l’aire en el País Valencià va millorar en relació amb el diòxid de nitrogen (NO2), però va empitjorar respecte a les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i sobretot en relació a l’ozó, aconseguint els nivells més alts d’aquest contaminant des de 2019, encara que sense arribar a les concentracions prèvies a la pandèmia de la COVID-19.
L’informe presa com a referència els nous valors límit de la Directiva 2024/2881, que hauran d’aconseguir-se abans de 2030, d’acord amb els quals l’aire contaminat va afectar en 2025 al 55% de la població valenciana, la qual cosa expressa la magnitud del repte a assumir per les administracions en els pròxims tres anys per a alinear-se amb la nova legislació.
Considerant la normativa encara vigent, no va haver-hi població que respirara aire contaminat ni superfície exposada a nivells de contaminació que danyen la vegetació, per damunt dels obsolets límits legals actuals. Si bé els nivells d’ozó van excedir aquests objectius legals en les estacions Vilamarxant, Villar de l’Arzobispo i Zarra de la província de València i Florida – Babel a la ciutat d’Alacant.
Si es tenen en compte els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), molt més estrictes que els límits legals vigents i nous, i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació de la Unió Europea, l’aire contaminat va afectar de nou l’any passat a la totalitat de la població i el territori valencians.
Les partícules (PM10 i PM2,5) i el diòxid de nitrogen (NO2) en l’aire van continuar afectant la pràctica totalitat de la població valenciana. Les partícules van presentar la pitjor situació en les aglomeracions d’Elx i València. L’àrea urbana de València va incomplir el nou límit legal anual per a 2030 del diòxid de nitrogen. I la refineria de Castelló va elevar el diòxid de sofre (SO2) i el sulfur d’hidrogen (H2S) en el seu entorn.
L’ozó continua sent el contaminant que presenta una major extensió i el més estretament lligat al canvi climàtic, superant el nou objectiu legal per a 2030 en l’estació Vilamarxant. La Generalitat continua incomplint la seua obligació d’aprovar plans de lluita contra la contaminació per ozó en totes les zones de la comunitat, incomplint la sentència del Tribunal Superior de Justícia obtinguda en 2023 per Ecologistes en Acció.
La contaminació de l’aire és la primera causa ambiental de mort. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, en 2023 van morir prematurament fins a 24.000 persones en l’Estat espanyol per malalties agreujades per la mala qualitat de l’aire, 2.800 en el País Valencià. Els costos sanitaris, laborals i productius de la contaminació aconsegueixen 32.000 milions d’euros a l’any, el 2,4% del PIB espanyol.
Ecologistes en Acció ha realitzat en 2025 una campanyes de mesurament de NO2 en els accessos a alguns dels centres escolars amb més trànsit motoritzat de les ciutats de València i Torrent, amb el resultat que la població infantil està exposada a nivells molt elevats de contaminació, per damunt dels registrats en les estacions oficials de control de la qualitat de l’aire. El que qüestiona la seua ubicació, per la qual cosa l’organització ambiental ha demanat la seua revisió per a les estacions urbanes de trànsit.
L’única manera de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats és disminuir el trànsit motoritzat, potenciant la mobilitat activa per als vianants i ciclista i el transport públic elèctric. També és necessari promoure l’estalvi energètic, ordenar l’actual desplegament caòtic de les energies renovables, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, reduir l’ús de l’avió, acordar Àrees de Control d’Emissions ambicioses per a la Mar Mediterrània i l’Atlàntic Nord-est, i una moratòria per a les noves macrogranges.
Vençut fa tres anys i mig el termini perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants establisquen zones de baixes emissions, per a millorar la qualitat de l’aire i mitigar el canvi climàtic, la meitat d’elles no han complit si més no formalment aquesta obligació. L’Ajuntament de València tampoc ha actualitzat el seu protocol d’actuació enfront dels episodis de mala qualitat de l’aire, i les altres ciutats manquen d’aquests protocols.
O informe sobre a calidade do aire de Ecoloxistas en Acción conclúe que 860.000 galegos e galegas estiveron expostos durante 2025 a unha contaminación que excede os novos límites aprobados para 2030 pola Unión Europea.
As áreas urbanas da Coruña e Vigo incumpriron o novo límite legal anual do dióxido de nitróxeno que estará vixente en 2030.
Se se teñen en conta os valores recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS), moito máis estritos que os límites legais vixentes e novos, o aire contaminado afectou de novo o ano pasado á totalidade da poboación galega.
O informe elaborado por Ecoloxistas en Acción analiza os datos recollidos en 59 estacións oficiais de medición da calidade do aire instaladas en Galicia. Entre as súas principais conclusións, salientan:
Durante 2025 a calidade do aire en Galicia mellorou con respecto a 2024 e os anos anteriores á COVID-19, cunha redución dos niveis de partículas en suspensión (PM10 e PM2,5) e dióxido de nitróxeno (NO2) e unha lixeira repunta do ozono, con porcentaxes de entre o 18 % e o 45 % de caída respecto das medias do período 2012-2019.
O informe toma como referencia os novos valores límite da Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acordo cos cales o aire contaminado afectou en 2025 o 32 % da poboación galega, o que expresa a magnitude do reto a asumir polas administracións no próximos tres anos para aliñarse coa nova lexislación.
Considerando a normativa aínda vixente, non houbo poboación que respirase aire contaminado nin superficie exposta a niveis de contaminación que danan a vexetación, por encima dos obsoletos límites legais actuais. Aínda que os niveis de partículas PM10 e NO2 excederon os devanditos límites nas tres estacións da autoridade portuaria de Vigo.
Se se teñen en conta os valores recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS), moito máis estritos que os límites legais vixentes e novos, e o obxectivo a longo prazo para protexer a vexetación da Unión Europea, o aire contaminado afectou de novo o ano pasado a totalidade da poboación galega. En cambio, polos baixos niveis de ozono o territorio galego estivo libre de contaminación prexudicial para a vexetación.
As partículas (PM10 e PM2,5) e o dióxido de nitróxeno (NO2) no aire seguiron afectando a práctica totalidade da poboación galega. As partículas presentaron a peor situación na cidade de Ourense. As áreas urbanas da Coruña e Vigo incumpriron o novo límite legal anual para 2030 do NO2. Debido ás características climáticas de Galicia (inestabilidade, altas precipitacións e baixa radiación), a formación de ozono é moderada.
A contaminación do aire é a primeira causa ambiental de morte. Segundo a Axencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 faleceron prematuramente até 24.000 persoas no Estado español por enfermidades agravadas pola mala calidade do aire, 500 delas en Galicia.
Ecoloxistas en Acción realizou en 2023 e 2024 dúas campañas de medición de NO2 nos accesos a algúns dos centros escolares con máis tráfico motorizado das cidades da Coruña e Vigo, co resultado de que a poboación infantil está a miúdo exposta a niveis moi elevados de contaminación, por riba dos rexistrados nas estacións oficiais de control da calidade do aire. O que ademais cuestiona a súa correcta localización, polo que a organización ambiental pediu a súa revisión para as estacións de tráfico.
Vencido fai tres anos e medio o prazo para que todas as cidades de máis de 50.000 habitantes establezan zonas de baixas emisións, tanto para mellorar a calidade do aire como para reducir as emisións de dióxido de carbono (CO2) e así mitigar a crise climática, en Galicia tan só A Coruña e Pontevedra cumpriron formalmente esta obriga. Ademais, os concellos da Coruña e Vigo carecen de protocolos de actuación fronte a episodios de contaminación atmosférica como os que periodicamente as afectan.
El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 370.000 navarros estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
El área urbana de Pamplona incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces ni protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 13 situadas en la Comunidad Foral de Navarra. Entre sus principales conclusiones, destacan:
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
Durante 2025, la calidad del aire en Navarra mejoró ligeramente en relación a las partículas finas (PM2,5) y al dióxido de nitrógeno (NO2), pero empeoró respecto a las partículas respirables (PM10) y al ozono troposférico, aunque sin llegar en general a las concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 54 % de la población navarra, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y al tercio meridional del territorio (La Ribera).
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población navarra. Las partículas PM10 presentaron la peor situación en la estación de Zubiri, desbordando los nuevos límites diario y anual para 2030 por las emisiones de la planta de fabricación de óxido magnésico de Magnesitas de Navarra, S.A. La aglomeración de Pamplona incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. Y el ozono afectó a las áreas suburbanas y rurales de La Ribera navarra.
La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 240 en Navarra. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
Ecologistas en Acción realizó en 2024 una campaña de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de la ciudad de Tudela, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en la estación oficial de control de la calidad del aire. Lo que además cuestiona la correcta ubicación de esta estación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de Tudela y Pamplona carecen de protocolos frente a los episodios de mala calidad del aire.
