• Activistas de Ecologistas en Acción han desplegado pancartas en el entorno del río Guadiamar con los mensajes ‘¡Recuperación integral del río Guadiamar!’ y ‘¡Stop vertidos mineros!’. 
• La acción forma parte de las más de 50 iniciativas impulsadas por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza bajo el lema #LaNaturalezaSeLevanta para reclamar la restauración de ecosistemas y la recuperación de territorios degradados.
• La organización exige un Plan Nacional de Restauración ambicioso que incluya la recuperación integral del río Guadiamar y su reconexión con la marisma, una actuación clave para restaurar Doñana.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente Ecologistas en Acción denuncia que, casi tres décadas después del desastre minero de Aznalcóllar, el río Guadiamar sigue soportando vertidos procedentes de la actividad minera y continúa amputado de la marisma de Doñana. La organización reclama el fin inmediato de estos vertidos y advierte de que la Junta de Andalucía parece más preocupada por impulsar la reapertura de la mina de Aznalcóllar que por culminar la recuperación ecológica de una cuenca clave para el futuro de Doñana.

Para Ecologistas en Acción la restauración del Guadiamar no puede limitarse a actuaciones parciales. La organización ecologista considera  imprescindible recuperar su función como principal arteria hídrica de Doñana mediante la reconexión efectiva del río con la marisma, permitiendo que vuelva a aportar los caudales y la dinámica ecológica que históricamente sustentaron este humedal. Sin embargo, esta propuesta lleva años bloqueada por la falta de ambición de las administraciones y por su temor a afrontar las expropiaciones necesarias de los terrenos para hacerla realidad. Mientras tanto, estos mismos terrenos continúan transformándose para usos agrarios intensivos incompatibles con la recuperación ecológica de Doñana, como las recientes plantaciones de olivos superintensivos en la finca Hato Blanco Viejo por fondos de inversión.

La organización recuerda que la recuperación integral del Guadiamar ha recibido un importante respaldo político tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa que insta a impulsar la restauración del río y su reconexión con la marisma como una actuación estratégica para la protección de Doñana. Un apoyo institucional que debe traducirse en compromisos concretos y actuaciones efectivas sobre el terreno.

Ecologistas en Acción rechaza asimismo cualquier autorización de nuevos vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, un ecosistema ya sometido a una fuerte presión ambiental y sobre cuyo deterioro vienen alertando desde hace años diversos estudios científicos. La organización considera igualmente necesaria la recuperación de otros espacios clave para la funcionalidad hidrológica de Doñana, como el Brazo de la Torre, cuya restauración contribuiría a mejorar la conectividad ecológica y la resiliencia de todo el sistema.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Junta de Andalucía, que sitúen la restauración integral del río Guadiamar entre las prioridades del futuro Plan Nacional de Restauración y que adopten medidas urgentes para poner fin a los vertidos mineros que siguen amenazando una de las principales arterias hídricas de Doñana. Recuperar el Guadiamar es recuperar Doñana.

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La organización reclama frenar la expansión de regadíos, reforzar la protección de ríos y humedales y mejorar la gestión sostenible del agua en La Rioja.

Ecologistas en Acción La Rioja ha presentado sus aportaciones al proceso de elaboración del cuarto ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro (2028-2033), un documento estratégico que marcará la gestión del agua durante los próximos años en un contexto de creciente escasez hídrica y crisis climática.

La organización ecologista considera que la nueva planificación debe priorizar la conservación de los ecosistemas acuáticos y la adaptación a la reducción de recursos disponibles, frente a planteamientos basados en el incremento continuo de las demandas de agua.

Entre las alegaciones presentadas destaca la oposición a la propuesta del Gobierno de La Rioja de incorporar cerca de 28.500 hectáreas de nuevos regadíos. Ecologistas en Acción considera esta previsión desproporcionada e incompatible con la situación actual de sequías recurrentes y disminución de aportaciones hídricas. Asimismo, rechaza la construcción de nuevos embalses en las cuencas de los ríos Tirón y Alhama, por su elevado impacto ambiental y su escasa justificación técnica.

La organización también solicita una mayor protección de los ríos riojanos, especialmente del río Tirón, donde denuncia el incumplimiento de los caudales ecológicos mínimos y la existencia de extracciones que afectan gravemente a especies amenazadas como el visón europeo. En este sentido, reclama que no se reduzcan los caudales ecológicos previstos y que se refuercen las medidas de vigilancia y conservación.

Entre las propuestas planteadas figura igualmente la mejora de la conectividad fluvial mediante la eliminación de presas y azudes obsoletos. Ecologistas en Acción considera prioritaria la futura demolición de la presa de La Retorna, en el río Najerilla, así como la retirada de diversos obstáculos que fragmentan hábitats de especies protegidas como el desmán ibérico.

Las alegaciones incluyen además medidas para mejorar la calidad de las aguas y garantizar el abastecimiento futuro. Entre ellas se encuentran el control de fugas en las redes urbanas, la reutilización de aguas depuradas en municipios de mayor tamaño, la mejora del funcionamiento de las estaciones depuradoras y el refuerzo de la vigilancia sobre contaminantes emergentes como PFAS, productos farmacéuticos y otros compuestos persistentes.

La organización muestra también su preocupación por el estado ecológico de varios espacios acuáticos singulares de La Rioja. En particular, reclama actuaciones para frenar los procesos de eutrofización detectados en la laguna de Urbión, proteger la laguna de Hervías frente a nuevas extracciones de aguas subterráneas y declarar el río Portilla como Reserva Natural Fluvial por su excelente estado de conservación.

Por último, Ecologistas en Acción solicita una mayor inversión en el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, la implantación de planes de emergencia frente a la sequía en municipios vulnerables y la ampliación de las actuaciones basadas en soluciones naturales para la prevención de inundaciones.

La organización considera que el futuro Plan Hidrológico debe abandonar planteamientos propios de épocas de abundancia hídrica y adaptarse a la nueva realidad climática, garantizando la conservación de los ecosistemas acuáticos y una gestión responsable y sostenible del agua para las próximas generaciones.

Aportaciones de Ecologistas en Acción de La Rioja al proceso de elaboración del próximo plan hidrológico de 4º ciclo.

 

 

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• A Gardería Fluvial de Augas de Galicia confirma a presenza de neumáticos de gran diámetro no río Brandelos e no rego de Pucheiras, no concello de Touro e de O Pino.
• Un informe oficial vincula os verquidos coa empresa Exploracións Galegas S.L. e Ecoloxistas en Acción e a veciñanza da zona esixe a apertura urxente dun expediente sancionador.

Ecoloxistas en Acción amosa a súa gran preocupación polo estado dos ríos nos concellos de Touro e O Pino, xa que estes días Augas de Galicia abriu dilixencias previas tras unha denuncia que alerta do abandono de rodas de gran diámetro en varios puntos fluviais da comarca.

Os axentes da Gardería Fluvial realizaron inspeccións sobre o terreo e emitiron un informe oficial. Nel constátase que os neumáticos xigantes están depositados en zonas de varios ríos do entorno da mina de Touro. O documento da administración sinala directamente á empresa Exploracións Galegas S.L., ao indicar que as rodas proceden probablemente desta mercantil por estar situadas nos seus terreos ou en parcelas lindeiras coa súa actividade.

Risco para a natureza e esixencia de multas

Ecoloxistas en Acción advirte que o abandono destes residuos supón un grave impacto ambiental, xa que causa atrancos nas canles de auga, degrada o ecosistema dos ríos e incumpre as leis de augas e residuos. Por mor disto, rexistrouse unha petición formal ante a Augas de Galicia para pedir que se pase de inmediato das investigacións previas á apertura dun expediente sancionador.

As multas por este tipo de danos ás canles públicas poderían cualificarse como graves, alcanzando contías económicas moi elevadas para a empresa responsable de non atender á petición. A administración xa requiriu á empresa a retirada urxente de todas as rodas identificadas e a limpeza integral das súas parcelas lindeiras con ríos. Os colectivos sociais anuncian que vixiarán de preto o cumprimento desta orde para garantir que o contorno natural sexa restaurado canto antes.

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• Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el SEPRONA y la Delegación de Medio ambiente del ayuntamiento de Jerez ante un llamativo vertido de “aguas negras, alertados por las denuncias de varios ciudadanos alertados por los malos olores existentes en el entorno de la rotonda de acceso a Luz Shopping, junto a la gasolinera de la GALP y Bodegas Estévez.

Como hace años denunciamos un vertido de aguas negras procedente del centro comercial, nos personamos en el lugar, accediendo a los descampados colindantes a la Hijuela de Rompeserones que arranca desde la misma rotonda. Dejando para otra ocasión la denuncia del deplorable aspecto de este paraje que se ha convertido en una escombrera y en un basurero, y que queda a la vista de cuantos acceden a este centro comercial, bastó caminar unas decenas de metros para comprobar lo que las denuncias ciudadanas nos habían hecho llegar.

En efecto, los malos olores procedían de un gran reguero de “aguas negras” que fluye a la izquierda de la mencionada hijuela (ver plano) y que, después de recorrer más de 900 m cortando varias veces la cañada y formando charcas, vierte sus aguas al arroyo de la Loba desde donde, como es sabido, llegan a la laguna de Torrox.

Hasta donde nos fue posible, seguimos por la orilla de este reguero, aguas arriba, viendo que provenía de una gran zanja que separa la gasolinera GALP y la valla de las Bodegas de José Estévez, junto a su planta de vinificación. La vegetación nos impidió ya continuar para ver el foco emisor que, por lo que puede apreciarse, puede tal vez provenir de la red de alcantarillado urbano de este sector de la ciudad y de la zona del Hospital.

El lamentable espectáculo que ofrece este vertido de “aguas negras”, las charcas que se extienden en las zonas más llanas, las colonias de mosquitos que ya se aprecian, deja claramente de manifiesto que estamos ante un foco insalubre que es necesario atajar de manera inmediata. La cercanía de un centro comercial tan visitado y tan frecuentado a diario por miles de usuarios, hace aún más preocupante el asunto. A los malos olores hay que sumar el hecho de la contaminación del suelo, de la canalización de estas aguas al arroyo de la Loba en dirección a la laguna de Torrox y, especialmente, en que las charcas de agua se conviertan en un foco de mosquitos que debiera ser estudiado y eliminado por sus posibles efectos negativos para la salud pública.

Por todas estas razones, desde Ecologistas en Acción y de cara a solventar los problemas denunciados, hemos solicitado que personal de la Delegación de Medio Ambiente, así como agentes del SEPRONA, se personen en el lugar para investigar la posible procedencia de los vertidos, al objeto de que dejen de arrojarse a estos cauces públicos. De la misma manera solicitamos información de las actuaciones de inspección y de las medidas que se adopten para cortar estos vertidos y evitar que puedan suponer un serio problema de salud pública.

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• La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Granada, junto al grupo Ecologistas en Acción Guadalfeo Costa Granada y con la colaboración de Amigos Sin Límite Motril, ha desarrollado durante las últimas semanas las primeras etapas de la “II Subida Fuentes del Guadalfeo”, una iniciativa senderista y reivindicativa destinada a visibilizar la importancia ecológica, social y paisajística del río Guadalfeo y denunciar las amenazas que afectan a su conservación.

La actividad se enmarca dentro de la campaña por la renaturalización, recuperación y mejora ambiental del río Guadalfeo, uno de los principales cursos fluviales de la provincia de Granada, actualmente sometido a importantes procesos de degradación ambiental.

La primera etapa, celebrada el pasado 26 de abril, recorrió el tramo bajo del río desde la desembocadura hasta Vélez de Benaudalla. Durante la jornada, las personas participantes pudieron comprobar el grave deterioro que presenta el cauce en varios tramos, a lo largo de aproximadamente 16 kilómetros. A pesar de ello, la actividad contó con una amplia participación y un ambiente de convivencia y compromiso ambiental.

La segunda etapa tuvo lugar el 3 de mayo entre Órgiva y el Puerto de Jubiley, recorriendo el curso medio del Guadalfeo a través de la Alpujarra granadina. La ruta, de unos 10 kilómetros, permitió disfrutar de un entorno de gran valor natural y paisajístico, además de contar con una excelente acogida por parte de vecinas y vecinos de la zona.

La última y tercera etapa está prevista para el sábado día 16 de Mayo, con un recorrido de 10 Kilómetros desde Bérchules hasta la Alquería de Morayma en Cadiar.

Desde Ecologistas en Acción destacar que estas marchas tienen como objetivo “reivindicar un río vivo, libre de agresiones y gestionado desde criterios ecológicos y sociales”. La organización denuncia especialmente proyectos e impactos que consideran incompatibles con la conservación del Guadalfeo, entre ellos:

• Proyectos de central de bombeo.
• El sendero fluvial Órgiva-Cádiar.
• Las conducciones de Rules.
• Los vertidos de aguas residuales.
• Las fumigaciones con glifosato en el entorno del río.

La federación ecologista considera imprescindible avanzar hacia políticas de restauración fluvial, mejora de la calidad del agua y recuperación de los ecosistemas asociados al Guadalfeo, garantizando además el uso público sostenible y el respeto a la biodiversidad.

Ecologistas en Acción de Granada valora muy positivamente la elevada participación ciudadana en ambas convocatorias y agradece la implicación de colectivos sociales, personas voluntarias y habitantes de las localidades recorridas.

La organización continuará desarrollando nuevas actividades de sensibilización y defensa ambiental para seguir promoviendo la protección integral del río Guadalfeo y sus valores naturales, culturales y sociales.

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  Foto ©Claudia Wiens por Greenpeace

• Los nuevos vertidos proyectados multiplicarían por diez la contaminación, afectando gravemente a la biodiversidad y a agricultores y pescadores.
• Informes científicos demuestran que los vertidos de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar han contaminado el estuario del río con efectos ecotóxicos para su fauna como los albures, pescado consumido habitualmente en pueblos ribereños.
• Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, organizaciones convocantes, denuncian que la Junta de Andalucía ignora los efectos de los dos vertidos y reclaman una moratoria y un comité de expertos/as independientes.

Miles de personas se han dado cita hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en una masiva manifestación contra los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre las Cruces (Gerena), que traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura, y para el Parque Nacional de Doñana.

A pesar de la lluvia y bajo el lema “No a los vertidos mineros al Guadalquivir”, esta movilización, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, es un paso más dentro de la campaña de denuncia sobre la desprotección a la que se enfrenta el río Guadalquivir. La marcha ha sido apoyada también por varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir como Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.

Las entidades convocantes advierten que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura.

La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería que tendrá el punto de vertido frente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en La Algaba. Ambos vertidos llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos metales pesados representan una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de la variedad de productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y el Golfo de Cádiz, dado que muchas especies se reproducen en el estuario.

Por otro lado, las organizaciones convocantes advierten que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esto comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, los cuales tienen una importancia capital para la economía y el desarrollo local.

A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía aducen que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.

Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten, lo cual, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que estos metales salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación; y por otro, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Por todo ello, las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, también demandan que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos, puesto que la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin tener en cuenta el efecto sumatorio que tiene con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre las Cruces.

Además, denuncian la actitud de sordera institucional que está teniendo la Junta en esta cuestión, ante las reiteradas voces de alarma que las diferentes organizaciones y entidades han demostrado en relación a estos proyectos de vertido. Una actitud que se ve reforzada con la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía que oculta informes técnicos en los procesos judiciales que ya hay abiertos en el TSJA, sobre la deficiente evaluación de los efectos del vertido y posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir.

Comunicado aprobado por la Plataforma Ciudadana Salvemos el Guadalquivir,

remitido a los medios de comunicación a través de Greenpeace

 

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• Oculta un informe técnico sobre posibles incumplimientos ambientales y distribución de metales contaminantes, realizado por encargo de la Dirección General de Recurso Hídricos.
• El TSJA ordena a la Junta entregar la documentación ocultada en un plazo de 10 días.

El pasado 29 de abril de 2026, la Sección 3ª de Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigida por la anterior Consejera de Salud, Catalina García, para que en el plazo de 10 días le remita la documentación requerida.

Este requerimiento se realiza a instancias de Ecologistas en Acción en el procedimiento 621/2024 iniciado en octubre de 2024 contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en julio de 2024 por esa Consejería. Esa AAU incluye la autorización de vertido a la empresa Minera Los Frailes (MLF) de Grupo México, para volcar más de 85 mil millones de litros de aguas tóxicas, desde el recinto minero de Aznalcóllar al Estuario del Guadalquivir, en zona de Red Natura 2000, junto al estadio de la Cartuja.

Es la tercera vez que la Junta de Andalucía remite el expediente incompleto al TSJA, dilatando con mala fe durante año y medio la posibilidad de que Ecologistas en Acción pueda formular su demanda.

En esta ocasión la Consejería demandada ha ocultado un importante informe técnico realizado en 2023 por una consultora externa, SITRA, especializada en gestión de aguas industriales, contratada por la Dirección General de Recurso Hídricos de la Secretaría General del Agua para realizar una simulación y evaluación de los efectos del vertido sobre los objetivos ambientales de la masa de agua afectada, considerando diferentes escenarios de caudal de agua en el estuario.

La Junta se Andalucía sólo ha facilitado un resumen del informe elaborado por SITRA, donde se refleja que si el caudal de agua desembalsado en la presa de Alcalá del Río es inferior a 35 m3/s, el vertido de Minera Los Frailes (MLF) no permite alcanzar los objetivos de calidad en la masa de agua receptora. También se indica que debido a la diferencia existente entre los valores de concentraciones en el río y en el vertido, se ha determinado como parámetro más crítico el Cadmio, siendo 400 veces mayor esta concentración respecto al valor de base en el río.

Igualmente el TSJA reclama datos más precisos sobre la distribución del contenido en Cadmio, Plomo, Mercurio, Níquel, Arsénico, Cobre, Cromo, Zinc contenidos en el vertido.

A pesar de todo lo anterior, la Consejería aprobó finalmente en julio de 2024 un incremento del volumen de vertido durante sus 17 años de explotación, desde 2.600.00 m3/año hasta 4.000.000 m3/año, es decir, 23.800.000 m3 más de lo inicialmente proyectado, sin que dicho incremento del 53% fuera nunca sometido a información o participación pública, vulnerando por tanto la legislación ambiental vigente.

Tampoco ha tenido en cuenta la Consejería demandada el verdadero comportamiento de los metales y metaloides presentes en el futuro vertido, que se adhieren a las abundantes partículas en suspensión que contienen las aguas del Estuario del Guadalquivir, y provocan que esos contaminantes se precipiten y se depositen en los sedimentos del río, como ya han examinado varias publicaciones científicas de investigadores de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada.

Sin ese análisis detallado, toda la evaluación ambiental del vertido autorizado a la filial de Grupo México carece de fundamento científico, y es por ello que resulta imprescindible la realización de una profunda revisión científica realizada por un Comité de Expertos independientes, como la que en su día sirvió para descartar la ejecución del proyecto de dragado de profundización del Estuario del Guadalquivir, tras Sentencia judiciales del Tribunal Supremo de 2015 y 2019, ante los daños ambientales irreversibles que aquel proyecto iba a provocar, que no habían sido adecuadamente analizadas en la declaración de impacto ambiental realizada previamente por el Ministerio competente.

Esta es una de las principales reivindicaciones de la manifestación convocada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Salvemos el Guadalquivir y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda para el próximo sábado 9 de mayo, con salida desde Bajo de Guía, junto a la desembocadura del Guadalquivir frente a las costas de Doñana.

Porque la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Catalina García, y la Secretaría General del Agua, dirigida por Ramiro Angulo, no han tenido en cuenta en sus autorizaciones, el conocimiento científico existente de la hidrodinámica y comportamiento físico-químico del futuro vertido de Minera Los Frailes en el Estuario del Guadalquivir, apostando por los intereses económicos de la multinacional minera Grupo México, frente al interés público general que obliga a garantizar la calidad de las aguas del Guadalquivir, y de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y de ocio sostenible que conviven actualmente, desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda.

2026-04-29 Diligencia Suspensión Piden Completar Expediente

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• Activistas de ámbalas dúas organizacións despregan unha gran pancarta á hora na que os participantes na asemblea xeral da sociedade entraban no edificio LACS, preto da sede da empresa.
• As organizacións pediron ás persoas accionistas de Altri que sexan responsábeis e acorden abandonar unha iniciativa industrial que só serviu pare xerar un enorme conflito social en Galicia.
• Dende Portugal tamén esixiron á Xunta que desestime as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada do proxecto como paso previo ao anunciado arquivo do expediente.

Co gallo da celebración da Asemblea Xeral Anual da sociedade ALTRI, SGPS,SA, varias persoas activistas de Ecoloxistas en Acción e Greenpeace desprazáronse dende Galicia até a entrada do evento, no Edifício LACS da rúa Azevedo Coutinho do Porto, para esixir á empresa que desista de buscar fórmulas para construír a macrocelulosa na Ulloa e anuncie oficialmente que retira o proxecto. As organizacións despregaron diante da porta de entrada do evento unha gran pancarta que se se lía: “Por unha terra viva. Altri Non”.

Con esta acción simbólica, as organizacións ecoloxistas queren facer saber directamente ás persoas accionistas de Altri que o proxecto Gama non só é extraordinariamente lesivo para o medio ambiente, a sociedade e a economía galegas, senón que xerou un conflito social sen precedentes en Galicia, mobilizando a ducias de milleiros de persoas baixo o berro “Altri Non”.

“Non sabemos que é o que pensaran as persoas accionistas de Altri ao ver a milleiros de persoas berrando contra a súa empresa no país veciño. Nin sequera sabemos se a dirección da empresa as informou do conflito xerado. Que “Altri Non” sexa a frase máis repetida do último ano en Galicia debería facelos reflexionar sobre a súa responsabilidade social corporativa e prestixio, que cando menos no noso país está polo chan. Non se pode acosar a todo un pobo deste xeito. Coidamos que chegou a hora de que desistan oficialmente de continuar”, afirmou Cristóbal López, voceiro de Ecoloxistas en Acción Galiza.

No pasado febreiro, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que a Xunta de Galicia ía iniciar o proceso para arquivar o proxecto industrial de Altri en Palas de Rei, algo corroborado polo propio presidente, Alfonso Rueda. No entanto, ningunha das persoas e organizacións personadas no proceso e recoñecidas como parte interesada recibiron aínda ningunha comunicación ao respecto, algo obrigatorio segundo a Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Ao tempo, as organizacións da Coordinadora galega Altri Non, entre as que está Ecoloxistas en Acción e Greenpeace, iniciaron unha campaña para se proceda a resolver en sentido desestimatorio, como paso previo ao seu arquivo, as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada relativas ao proxecto Gama, así como á revogación da declaración do mesmo como proxecto industrial estratéxico.

“O arquivo do expediente anunciado pola Xunta de Galicia non é dabondo porque alguén pode caer na tentación de gardar o proxecto nun caixón até atopar un contexto político-partidario máis favorábel. O que esiximos e a súa denegación por parte do goberno galego, mais tamén cómpre responsabilizar á empresa por presentarnos un proxecto extraordinariamente lesivo que mesmo provocou a desprotección ambiental ilegal do lugar onde querían construír, como sentenciou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Repetimos que é un proxecto que Galicia nin quere nin necesita e que a empresa ten que desbotar dunha vez. Xa abonda.”, concluiu Manoel Santos, voceiro de Greenpeace en Galicia.

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El agua mineral concedida al grupo Pascual Bezoya por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, en la localidad de Quintanilla de Flórez (Quintana y Congosto), procede del acuífero de la Maragatería que, según informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), está potencialmente contaminado por los incendios forestales que asolaron la provincia de León el pasado verano.

La Junta de Castilla y León otorga el aprovechamiento de medio millón de m³/año de agua, con la categoría de agua mineral natural, al grupo Pascual Bezoya procedente del acuífero subterráneo de la Maragatería sin tener en cuenta los informe de CHD que alertan sobre la repercusión en los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población ni la comprobación de la contaminación del acuífero.

Como ya informamos, tras los incendios forestales del pasado mes de agosto, Ecologistas en Acción de la provincia de León remitió sendos escritos a la Dirección General de Minas, responsable de la concesión y gestión de las Aguas Minerales y a la Confederación Hidrográfica del Duero como Organismo competente en materia de aguas, requiriendo la evaluación y control del estado, actual y futuro, de los acuíferos en las zonas afectadas por los incendios.

Atendiendo a esta solicitud, el organismo de cuenca remitió un documento señalando que, “en lo referente a las áreas afectadas por los incendios en la provincia de León, se han identificado las siguientes masas de agua subterránea potencialmente afectadas: La Tercia-Mampodre-Riaño (400001), La Babia-Luna (400002), Terciario Detrítico del Esla-Cea(400007) y La Maragatería (400012).”

Concluía el informe advirtiendo que “el potencial impacto de los incendios en las aguas subterráneas no se produce de forma inmediata, dado que para que los contaminantes asociados a cenizas y materia orgánica alcancen los acuíferos es preciso que se produzca la recarga, lo cual depende de la ocurrencia de precipitaciones significativas y de su infiltración a través del suelo y la zona no saturada”.

La Dirección General de Minas resolvió este requerimiento de Ecologistas en Acción argumentado que “no existe precepto legal que obligue a iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas de las Declaraciones de Agua Mineral otorgadas, ni de la suspensión cautelar de las mismas”, amparándose en la vigente Ley de Minas, una obsoleta norma preconstitucional del año 1973 que en ningún caso tiene en consideración el impacto sobre el medio ambiente de las explotaciones mineras.

Resulta inadmisible que se conceda la autorización de aprovechamiento de las aguas justificándolo con un informe vinculante de la Dirección General de Salud Pública anterior a la contaminación del acuífero, sin haber hecho la mínima comprobación posterior, cuando es evidente y conocido que las condiciones del agua han empeorado ostensiblemente y ni siquiera se puede prever cuándo se revertirán al estado anterior avalado por la DG de Salud Pública.

Además, el informe de CHD sobre la viabilidad del proyecto considera que la primera fase de 500.000 m³/año es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales, desde el inicio y durante todo el periodo de la concesión, de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población.

La Dirección general de Minas resuelve estas advertencias, otorgando el aprovechamiento condicionado a que el promotor, parte interesada en el proyecto, sea el responsable de estos controles, en vez de confirmar que estos condicionantes se cumplen.

En definitiva, se otorga el aprovechamiento sin comprobar ni garantizar el comportamiento de las presiones en los pozos artesianos que dan suministro a las poblaciones de la zona ni el estado de contaminación actual y futuro de estas aguas.

La adjudicación del aprovechamiento de agua mineral, además de privatizar el acuífero conlleva el establecimiento de un perímetro de protección de los terrenos, para impedir la contaminación de las aguas adjudicadas, en este caso la superficie aprobada es de más de 2.000 hectáreas, comprometiendo los terrenos del pueblo de Quintanilla de Flórez y colindantes.

Se le otorga al promotor el derecho sobre esos terrenos, públicos y privados, con el fin de impedir cualquier actividad que puedan afectar a las aguas, lo que supone una hipoteca real sobre unas parcelas que no se podrán utilizar, sin permiso del promotor, en las actividades agropecuarias propias de los usos de estos terrenos rústicos, además de movimientos de tierras, excavaciones, apertura de nuevos sondeos, etc., por lo que supone de facto una importante minusvalía de su valor actual, sin contraprestación alguna.

Ecologistas en Acción de león ha presentado Recurso de Alzada a la autorización del aprovechamiento, solicitando su suspensión.

Cabe destacar que la industria del agua embotellada se encuadra en un modelo especulativo que basa su rentabilidad en la explotación de un bien público y derecho humano como es el agua, cada vez más escaso, que la administración concede generosamente para un lucrativo negocio privado.

 

Recurso de alzada al sondeo Jamuz Bezoya

Asunto: RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas relativa a la autorización de aprovechamiento del agua mineral natural, recurso de la sección B), procedente del sondeo  con la denominación «Jamuz» n.º 81.151, situado en el término municipal de Quintana y Congosto (León). Expte.: SM 2023/374.

 

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