- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 escudándose en la normativa, pero deja sin analizar cuestiones importantes sobre la seguridad de la central, como sucedía en cualquier renovación.
- Ecologistas en Acción recuerda que la última palabra la tiene el Gobierno, no el regulador, y que esta forma de tramitación sienta un mal precedente en seguridad nuclear.
La organización ecologista denuncia que el informe del organismo oficial competente en materia nuclear sobre la prórroga de la central de Almaraz tiene importantes deficiencias en torno a la seguridad. El propio CSN reconoce en su acta que el informe se limita a la concesión de la autorización y que no evalúa su labor de inspección y control durante el funcionamiento de la central.
“Esta disociación es tan grave que permite que el incumplimiento de acciones que el propio CSN había ordenado tras la renovación de 2020 no resulte, por sí sola, incompatible con una valoración favorable”, explica Cristina Rois, portavoz de Movimiento Ibérico Antinuclear, del que Ecologistas en Acción es parte. Es decir: la central puede seguir sin corregir lo exigido y aún así obtener luz verde.
A esto se suma que, presionado por el calendario e intereses de las eléctricas, el CSN no ha revisado el cumplimiento íntegro de los compromisos de 2020, sino solo una selección, tal y como ha denunciado el Movimiento Ibérico Antinuclear, El propio análisis de los datos, señalados también por el voto particular de uno de los consejeros, muestra fallos de independencia entre las áreas de seguridad y licenciamiento de la central, análisis incompletos de válvulas críticas y el aplazamiento, una vez más, del Análisis Probabilístico de Seguridad de Incendios.
Para Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, “estos fallos son recurrentes desde hace años, lo que muestra la falta de cultura de seguridad así como la dependencia jerárquica de los intereses económicos de explotación sobre las necesidades de seguridad”.
Resulta especialmente grave que la Revisión Periódica de Seguridad utilizada como base de datos es de junio de 2018: los últimos ocho años de funcionamiento de Almaraz no han sido evaluados de forma integral para una autorización que se extiende hasta 2030. Y todo ello mientras la normativa vigente (Ley 15/1980) excluye del análisis del CSN cuestiones tan determinantes para la seguridad como la plantilla y las inversiones de la central, pese a que el propio reglamento nuclear obliga a reportarlas.
Según la organización ecologista, un informe que cumple la letra de la ley pero no despeja las dudas sobre la seguridad real de la instalación no puede presentarse como una garantía. “Cumplir la normativa no es sinónimo de seguridad”, afirma Andaluz..
Asimismo, la continuidad de Almaraz bloquea el calendario de cierre nuclear pactado, arrastrando en 2030 a Ascó 1 y Cofrentes. También retrasa los desmantelamientos, frena la transición energética y perjudica a las renovables: la nuclear entra en la red con prioridad sobre la energía limpia, lo que ya ha desperdiciado 29,5 millones de MWh renovables en el último año, y su continuidad puede reducir hasta un 25 % el despliegue de nueva generación renovable prevista, con un sobrecoste para consumidores/as estimado en 3.831 millones de euros entre 2026 y 2033.
El Gobierno debe decir ‘no’ a la ampliación
La organización ecologista destaca que,de las tres líneas rojas que el Gobierno se impuso —seguridad de suministro, no repercutir el coste en la factura, y garantías de seguridad radiológica—, ninguna queda satisfecha con esta prórroga a Almaraz: las centrales han parado 118 días desde 2024 por falta de rentabilidad, el sistema eléctrico quedará más expuesto al gas, y ahora el propio informe del CSN admite incertidumbres de seguridad sin resolver.
Javier Andaluz ha concluído: “Exigimos al Gobierno que no ceda a la presión del negocio nuclear y que recuerde que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es preceptivo, pero no vinculante: la decisión es política. El cierre de Garoña bajo un gobierno del Partido Popular demuestra que es posible. El Gobierno debe decir ‘no’ a la prórroga de Almaraz y cumplir con su planificación y promesas políticas”.
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