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✇Ecologistas en Acción

El Foro Social lanza una plataforma digital para construir un programa común para la transición ecosocial

Por: Antiglobalización
  • Tras el trabajo intenso de los últimos meses y multitud de encuentros territoriales desde que se celebró en febrero el Foro Social, y que contó con la participación de 700 personas, esta iniciativa, de la que forma parte Ecologistas en Acción, lanza la plataforma digital Decidim para recoger hitos clave, articular los progresos de los 12 pactos e informar en la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más allá del Crecimiento. 
  • El próximo 6 de junio, Día Global del Decrecimiento, el Foro Social celebrará una Asamblea en formato híbrido desde el Ateneo La Maliciosa (Madrid).

La plataforma del Foro Social en Decidim ya está activa y se utilizará para trabajar en un Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento, que supone un programa común para una transición ecosocial justa en el Estado español, articulable a todos los niveles territoriales.

El Acuerdo Ecosocial, que será refrendado a inicios de 2027, se compone de dos pactos ecosociales transversales) y diez pactos ecosociales temáticos, que contienen tres elementos centrales: la visión (horizonte de futuro deseable que orienta el pacto); los conflictos centrales (tensiones estructurales que impiden realizar la visión del pacto); y las propuestas (medidas para abordar cada conflicto).

Las contribuciones base sobre la visión y conflictos son el resultado del proceso previo de trabajo de cada uno de los círculos de los pactos ecosociales y serán revisados en una primera fase, mientras que las propuestas se trabajarán a lo largo de los próximos meses en diversos encuentros territoriales y con las aportaciones de todas las entidades y personas vinculadas al proceso.

En la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento están participando de manera coordinada personas de todos los territorios del Estado español. El documento final será refrendado a comienzos de 2027 en una nueva conferencia. En el encuentro se presentará una agenda de acción común para transitar del modelo económico actual a uno que ponga la vida y el bienestar presente y futuro de las personas en el centro. Todo ello desde una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

Sobre el Foro Social Más Allá del Crecimiento

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas a la Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que ha sido la base para la puesta en marcha del Foro Social.

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Paremos lo que nos mata:  ¡No más empresas para la guerra!

Por: Antiglobalización

Rebelión o Extinción, Plataforma contra el rearme y la militarización, Ecologistas en Acción y Asamblea contra la Militarización se concentran en la sede de Indra.

A nivel internacional se está produciendo un auge del militarismo no para la “defensa”, sino destinado al control de recursos y territorios estratégicos. Palestina, Líbano, Irán, Venezuela, Cuba o Ucrania son solo algunos de los escenarios en los que se está  expresando este auge imperialista. Aunque a la cabeza de este proceso se sitúa EEUU, ni la Unión Europea ni el Estado español son una excepción a esta tendencia.

En Europa, la principal amenaza para los derechos democráticos, las libertades y los logros sociales no proviene del otro lado del Atlántico ni del oriente del continente, sino de dentro. Europa está creando sus propios monstruos. Las políticas antisociales, antiinmigración y las políticas de rearme están siendo impulsadas por organizaciones de extrema derecha como RN en Francia, AfD en Alemania, Fidesz en Hungría, VOX en España y Hermanos de Italia.

El plan “ReArm Europe-Readiness 2030”, para el rearme europeo, se presentó el 19 de marzo de 2025. Se estructura en torno a dos conceptos: un nuevo enfoque de la defensa europea dentro de los parámetros de la OTAN y la aprobación de una serie de medidas económicas y financieras. Los mecanismos de financiación consisten en préstamos que los gobiernos solicitan a la UE para poner dinero en manos del capital privado, lo que además de impulsar la industria militar, supone una oportunidad de negocio para las empresas armamentísticas.

En este contexto, el Estado español ha irrumpido por primera vez en la lista de las 15 potencias con mayor gasto militar del planeta, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Con una inversión de 40 211 millones de euros, el Estado español registra un crecimiento del 50 % respecto al año anterior, posicionándose como el país que más ha elevado sus partidas militares dentro de la élite armamentística mundial y el segundo de toda Europa, por detrás de Bélgica.

Este salto histórico se explica por el ambicioso plan de rearme aprobado por el Gobierno en 2025, que destinó 10.471 millones adicionales para cumplir con la exigencia de la OTAN de dedicar el 2 % del PIB a defensa y a los que ha sumado numerosas partidas militares extraordinarias aprobadas en Consejo de Ministros. No obstante, el análisis del Centre Delàs de Estudis per la Pau eleva la cifra real del gasto militar español ese año hasta los 39.476 millones de euros, lo que supone un 2,42 % del PIB.

España dispone de un ecosistema de cinco grandes compañías contratistas del Ministerio de Defensa (Indra, Airbus Defence and Space, Navantia, General Dynamics-Santa Bárbara e ITP Aero) que están acompañadas de una pléyade de empresas menores y/o subsidiarias. Estas son las que se están beneficiando en gran parte de este gasto militar. Entre ellas, destaca Indra.

Indra está participada por el Estado al 28 % a través de la SEPI. En 2026, ha superado los 20.000 millones en pedidos, un hito histórico para la principal compañía de defensa española. De este modo, el beneficio de Indra en el primer trimestre de este año creció un 28% respecto al mismo periodo del 2025, alcanzando los 76 millones de euros.

Este impresionante incremento del gasto militar implica, además de un sufrimiento humano directo en las guerras, una merma de recursos enconómicos para inversiones sociales y ambientales, que se desvían para la industria de la muerte.

Además, la industria militar es un actor central en el incremento del caos climático, contribuyendo con un 4-8% de las emisiones de CO2 mundiales. Un porcentaje que crece conforme se incrementan plas guerras. No podemos olvidar que nos encontramos ante una emergencia climática: si no reducimos las emisiones globales de forma significativa antes de 2030, nos condenamos al colapso climático. Nuestros gobiernos ocultan su responsabilidad frente al planeta y sus habitantes y nos llevan por una vía hacia el colapso ecosocial.

De este modo, el Gobierno español, con su contribución exuberante al gasto militar, y empresas como Indra son cómplices de las guerras, genocidios y crisis ecológica que expanden por todo el globo.

Una civilización más militarizada es una muy mala noticia para el planeta. La mejor manera de evitar escenarios de guerra, genocidio y ecocidio como los de Gaza, Ucrania, Siria, el Congo, etc., es hacer un llamamiento a la movilización y a la solidaridad. La única paz duradera será la que se logre mediante acuerdos que traigan justicia.

Apostamos por la desmilitarización y la reconversión industrial necesaria para el Decrecimiento y para una transición ecosocial justa. En esa transición, luchamos para que quienes trabajan en la industria militar puedan vivir dignamente dedicándose a sectores que cuiden la vida, no que la destruyan. Sectores donde tengan el poder de planificar lo que producen y para quién, en vez de emplear su esfuerzo en beneficiar a grandes corporaciones que buscan su lucro a costa de la vida de otras personas.

La paz pasa, inexorablemente, por la desmilitarización. Es decir, la reducción del gasto militar y la reconversión de empresas como Indra hacia la producción de bienes que cuiden la vida.

Continuaremos nuestra lucha contra el rearme y la militarización, contra el imperialismo al que sirve, y contra la crisis climática que este crea y agrava. El 14 de junio nos vemos en la manifestación anti-imperialista para tomar las calles y luchar contra este sistema capitalista fósil que nos mata.

Los movimientos sociales en Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos también se suben a esta ola anti-militarista y por la justicia climática mediante acciones directas masivas, bloqueos, manifestaciones y más. Pondremos fin a este sistema fósil capitalista que está acabando con la vida misma.

Estamos creando esperanza desde la acción colectiva internacional: Palestina resiste, Bolivia se revela y Europa se levantará.

Manifiesto

Tanto los combustibles fósiles como las armas militares son armas de destrucción masiva, basadas en una economía de destrucción de la vida y sostenidas por políticas de deshumanización y dominación.

Los Gobiernos de todo el mundo y las empresas multinacionales están declarando activamente la guerra a la vida y a los pueblos, tanto mediante ataques militares como provocando el caos climático a través de los combustibles fósiles. Estas dos formas de ataque están tan entrelazadas que es imposible contar la historia actual de una sin la otra.

Tras la intensificación del genocidio en Gaza, se ha puesto en marcha un nuevo tipo de intervención en los países del Sur Global, un retorno al pasado liderado por políticas de extrema derecha que deshumanizan todo al servicio del lucro destructivo.

La lucha por la dignidad, la independencia y la construcción del poder popular son las armas del futuro, y nos mantendremos al lado de los pueblos que las están construyendo.

El rearme de la UE no es para la defensa, sino para el ataque. El bloque imperialista de la UE necesita más armas para ejercer su dominio sobre otros territorios, como lo hace en África y Abya Yala (América Latina).

El plan «ReArm Europe-Readiness 2030», el denominado plan de rearme europeo, se presentó el 19 de marzo de 2025. Básicamente, contiene dos conceptos: un nuevo enfoque de la defensa europea dentro de los parámetros de la OTAN y la aprobación de una serie de medidas económicas y financieras. Los mecanismos de financiación diseñados para impulsar el rearme serán similares a los ya puestos en marcha el 21 de julio de 2020 (Next Generation). Se trata de préstamos que los gobiernos solicitan a la UE para poner dinero en manos del capital privado, lo que, además de impulsar la industria militar, supondrá una oportunidad de negocio para las empresas encargadas de llevarlo a cabo.

Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar el plan de rearme es que la UE carece de un sistema de defensa frente a Rusia o China. Esto no es cierto. Una cosa es que el sistema político-militar se encuentre en crisis (sobre todo la OTAN), debido al giro de Trump hacia un acuerdo con Putin, y otra muy distinta es afirmar que Europa es un espacio desarmado. Según un informe de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, la fuerza militar global de los 27 Estados miembros de la UE, en comparación con la de Rusia, favorece a los primeros. Es obvio que Rusia cuenta con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, pero en cuanto a armas convencionales, las fuerzas estarían mucho más equilibradas: el número de soldados, tanques, aviones de combate, lanzacohetes, etc. El gasto militar actual de los 27 países miembros, excluyendo al Reino Unido, ronda los 326 000 millones de euros al año; es decir, algo menos de la mitad del gasto de EE. UU., pero superior al de China y Rusia respectivamente (en cualquier caso, las cifras deben contextualizarse en términos tanto del tamaño del PIB de cada país como de otras partidas extraordinarias).

El rearme de la UE nos lleva a la austeridad, ya que el gasto público se invierte en armas en lugar de en vivienda, educación y asistencia sanitaria para todos.

El gasto en defensa de la UE se disparó un 75% en solo cuatro años, pasando de 218 000 millones de euros en 2021 a 381 000 millones en 2025, mientras que, al mismo tiempo, los gobiernos recortaban las prestaciones sociales, congelaban las pensiones, suprimían puestos docentes y cancelaban los presupuestos de ayuda exterior. Europa está viviendo el mayor aumento del gasto militar desde la Guerra Fría y la factura se está pagando a costa del desmantelamiento del contrato social que protege a la gente común.

Las nuevas normas fiscales de la UE eximen al gasto en defensa de los límites presupuestarios. La sanidad, la educación, la vivienda y la acción climática no gozan de tal exención. Rheinmetall (el mayor fabricante de armas de Alemania) ha visto cómo sus acciones subían más de un 1000% desde 2022. Mientras tanto, Alemania recortó los programas contra la pobreza infantil en un 80%. El Reino Unido está aumentando el gasto militar en miles de millones mientras retira las prestaciones a 3 millones de personas con discapacidad. Francia protege su presupuesto de defensa de cualquier recorte mientras elimina 4.000 puestos de trabajo en la enseñanza.

Este patrón se repite en toda Europa.

Las empresas armamentísticas están registrando beneficios récord. BAE Systems, Thales y Leonardo están obteniendo ganancias históricas, mientras que las reuniones de presión con políticos de la UE aumentaron un 150 % en un año. Activistas, investigadores y sindicatos están dando la voz de alarma, ya que el rearme se basa en evaluaciones de amenaza exageradas, bloquea las soluciones diplomáticas y transfiere la riqueza pública a los fabricantes de armas. Pero estas voces apenas llegan a un discurso político ahora dominado por el discurso de la «preparación para la guerra».

Nuestro Gobierno es cómplice de los genocidios que se están cometiendo en Palestina, Sudán, el Congo y Yemen. Mientras los ataques en Líbano se recrudecen, aquellos papeles que hablaban del embargo de armas cogen polvo en un escritorio de ministro.

El objetivo del Consejo de la UE con el plan de rearme no es preservar estos derechos y el Estado del bienestar, sino defender los intereses geoestratégicos de los 27 Estados miembros, en particular los de Alemania, Francia y el Reino Unido. Un ejemplo muy claro de ello son los conflictos que tienen lugar en el continente africano, que no tienen nada que ver con la defensa de la democracia o los derechos humanos. Por el contrario, están provocados por el control y la extracción de minerales como el cobalto, el cobre, el oro, los diamantes, el litio, el níquel y las tierras raras. Países como Estados Unidos, China, Rusia y la UE apoyan y fomentan las guerras en la República del Congo, Ruanda, Uganda, Malí, Níger, Burkina Faso, etc. Detrás de tantos conflictos armados se esconden disputas por estos minerales y tierras raras,  necesarios para la fabricación de iPhones, paneles solares, baterías eléctricas, etc.

El Consejo de la UE y el Reino Unido no han condenado (o lo han hecho sin convicción) el genocidio en Gaza. Han limitado y racionado la ayuda a Ucrania. Las políticas sociales brillan por su ausencia tanto en materia de migración como de igualdad. El Estado de Israel puede llevar a cabo un genocidio contra el pueblo palestino porque muchas de las armas, bombas y sistemas de defensa proceden tanto de EE. UU. como de países de la UE. El propio Gobierno español ha hecho oídos sordos a los llamamientos para que se imponga un embargo de armas y suministros al Gobierno de Netanyahu.

Una civilización más militarizada es una muy mala noticia para el planeta. La mejor manera de evitar escenarios de guerra y genocidio como los de Gaza, Ucrania, Siria, el Congo, etc., es hacer un llamamiento a la movilización unida y a la solidaridad, como se ha hecho en respuesta al genocidio en Gaza en numerosas ciudades de Europa y Estados Unidos. La única paz duradera será la que se logre mediante acuerdos que traigan justicia. Sin embargo, los gobiernos y las corporaciones avanzan en la dirección opuesta.

Nosotres apostamos por la desmilitarización y la reconversión industrial necesaria para el decrecimiento y para una transición ecosocial justa. Trabajamos para que las trabajadoras de esta industria puedan ser reubicadas y tengan buenas condiciones laborales en sectores éticos donde elles tengan el poder de planificar lo que producen y para quién, en vez de grandes corporaciones que buscan su beneficio por encima del sudor de sus trabajadoras, y la sangre de les que caen víctimas a sus armas.

En lo que respecta a Europa, la principal amenaza para los derechos democráticos, las libertades y los logros sociales no proviene del otro lado del Atlántico ni del frente oriental, sino de dentro. Europa está creando sus propios monstruos. Las políticas antisociales y antiinmigración y, a partir de ahora, las políticas de rearme están alimentando a organizaciones de extrema derecha como el RN en Francia, la AfD en Alemania, Fidesz en Hungría, VOX en España y Hermanos de Italia.

Nos encontramos ante una emergencia climática: si no reducimos las emisiones globales de forma significativa antes de 2030, nos condenamos al colapso climático. Pero hay esperanza. Palestina resiste. Bolivia se revela. Y Europa se levantará. Continuaremos nuestra lucha contra el rearme y la militarización, contra el imperialismo al que sirve, y contra la crisis climática que este crea y agrava. El 14 de junio a las XX nos vemos en XX para juntas tomar las calles y luchar contra este sistema capitalista fósil que nos mata.

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Suspendidos por imperativo legal cuatro permisos de investigación minera en Tierra Estella y Comarca de Sangüesa

Por: Bilbo

La suspensión es automática porque el Departamento de Industria del Gobierno de Navarra no ha resuelto la petición de Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan.

El pasado 13 de abril de 2026 Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan registró un recurso de alzada ante el Departamento de Industria y Transición Ecológica del Gobierno de Navarra contra el otorgamiento de los permisos de investigación minera Eslava 3603, Etayo 3604 y Solana 3605, en la comarca de Tierra Estella y contra el permiso de investigación Cáseda 3606, en la zona de Sangüesa, colindante con Aragón, todos ellos anunciados en el BOE del 13 de marzo de 2026.

Los permisos fueron otorgados a la empresa IBERIAN COOPER, fundada en Salamanca con un ridículo capital social de 3.000 €, tan sólo un día antes de registrar las solicitudes en junio de 2024. Esta empresa pantalla, formada por antiguos socios de GEOALCALI, tiene como principal objetivo obtener los permisos con fines especulativos, y para ello también está tramitando ocho permisos de investigación en Aragón, dentro de un denominado Proyecto General que ha fraccionado en 12 permisos para evitar una tramitación conjunta que correspondería al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. Es la misma técnica ilegal de fraccionamiento fraudulento que ya usó GEOALCALI para Mina MUGA, cuya autorización minera en Navarra está actualmente anulada a instancia de Ecologistas en Acción por Sentencia de septiembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Este proyecto general de permisos de investigación minera pretende buscar, fundamentalmente, yacimientos de Cobre, cuya futura explotación provocará una contaminación permanente de aguas subterráneas y superficiales, cientos de hectáreas ocupadas por montañas de escombreras contaminadas y balsas repletas de lodos tóxicos, dejando una herencia envenenada. Estos proyectos siguen la lógica de un modelo basado en macroproyectos destructores, que arrojan al mundo rural a ser zona de sacrificio de un mal llamado desarrollo.

Es por ello, que existiendo causa de nulidad de pleno derecho de los 4 permisos de investigación minera, Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan solicita la suspensión de los mismos, sin que hasta la fecha el Departamento de Industria haya resuelto esa petición, por lo que la suspensión es automática, en aplicación directa de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los permisos afectan a 31 términos municipales de la comarca de Tierra Estella y a 7 de la zona de Sangüesa, además de varias facerías. Suponen una extensión total de alrededor de 22.000 hectáreas en Tierra Estella y 3.200 hectáreas en la zona de Sangüesa.

Desde Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan instan a los Ayuntamientos y entidades locales afectadas a qué no tramiten ninguna licencia municipal para los sondeos de los permisos de investigación suspendidos y exijan al Gobierno de Navarra que revise los permisos otorgados.

En definitiva, Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan considera que la suspensión obtenida resulta el paso previo imprescindible para que el Departamento de Industria reconsidere las autorizaciones otorgadas, ya que se han detectado diversas irregularidades como las citadas anteriormente y malas prácticas, entre ellas: información claramente insuficiente o ausencia de mecanismos de participación para las poblaciones afectadas. Un ejemplo de ello es que no se ha notificado a las propietarias ni hecho público los puntos de sondeo (polígono, parcela, municipio, etc.) que les afectan directamente.

Lo contrario supondría la complicidad y colaboración necesaria del actual Gobierno de Navarra con las prácticas fraudulentas de la empresa IBERIAN COOPER. Los ecologistas esperan que no se repita el mismo error de mala gobernanza y aparente corrupción de Mina Muga.

Desde la organización ecologista querrían que esta suspensión sirviera para apoyar a los Ayuntamientos y personas propietarias que se están viendo presionadas por la empresa para firmar autorizaciones de sondeos en terrenos privados y comunales.

“No podemos permitir que en el actual contexto de crisis que vivimos, los especuladores se forren expoliando el territorio y los recursos públicos y animamos a ejercer una oposición informada, crítica y activa a estos proyectos, por la defensa del bien común, del mundo rural y de la tierra”, destaca el colectivo ecologista.

 

Detalle de los municipios afectados por los permisos de investigación suspendidos:

  1. Proyecto Cáseda 3606: Se extiende por los términos municipales de Cáseda, Eslava, Gallipienzo, Javier, Lerga, Sangüesa y Ujué.
  2. Proyecto Solana 3605: Ocupa superficie de Aberin, Arellano, Arróniz, Ayegui, Dicastillo, Estella, Igúzquiza, Luquin, Morentin, Oteiza, Villamayor de Monjardín.
  3. Proyecto Etayo 3604: Arróniz, Barbarin, Etayo, Igúzquiza, Los Arcos, Luquin, Mues, Olejua, Piedramillera, Sorlada, Villamayor de Monjardín.
  4. Proyecto Eslava 3603: Afecta a Aguilar de Codés, Aras, Armañanzas, Azuelo, Bargota, Desojo, Espronceda, Los Arcos, Mendaza, Mirafuentes, Mues, Sansol, Sorlada, Torralba del Río y Torres del Río.

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Bertan behera geratzen dira, legeak hala aginduta, Lizarraldean eta Zangozan meatze-ikerketarako lau baimen

Por: Euskal Herria

Etenaldia automatikoa da, Nafarroako Gobernuko Industria Departamentuak ez duelako ebatzi Ekologistak Martxan taldearen eskaera.

2026ko apirilaren 13an, Ecologistas en Acción –  Ekologistak Martxan taldeak gorako errekurtso bat erregistratu zuen Nafarroako Gobernuko Industria eta Trantsizio Ekologikoko Sailean, Lizarraldeko Eslava 3603, Etayo 3604 eta Solana 3605 meatze-ikerketarako baimenak ematearen aurka eta Zangozan, Aragoirekin mugakide den Kaseda 3606 ikerketa-baimenaren aurka. Baimen horiek guztiak 2026ko martxoaren 13ko BOEn iragarri ziren.

Baimenak IBERIAN COOPER enpresari eman zitzaizkion. Enpresa Salamancan sortu zen, 3.000 euroko kapital sozial barregarriarekin, 2024ko ekainean eskaerak erregistratu baino egun bat lehenago. GEOALCALIko bazkide ohiek osatutako pantaila-enpresa horren helburu nagusia espekulazio-helburuetarako baimenak lortzea da, eta, horretarako, zortzi ikerketa-baimen ere izapidetzen ari da Aragoin, Proiektu Orokorra izenekoaren barruan. Proiektu horrek 12 baimenetan zatitu du, Espainiako Gobernuko Trantsizio Ekologikoko Ministerioari legokiokeen izapide bateratua saihesteko. GEOALCALIk Mina MUGArako erabili zuen iruzurrezko zatikatzearen legez kanpoko teknika bera da. Nafarroan meatze-baimena baliogabetuta dago gaur egun, Ecologitas en Acción – Ekologistak Martxan taldeak eskatuta, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren 2024ko iraileko epaiaren bidez.

Meatze-ikerketarako baimenen proiektu orokor honek, batez ere, kobre-hobiak bilatu nahi ditu. Etorkizunean ustiatuko diren hobien ondorioz, lur azpiko eta azaleko urak betiko kutsatuko dira, ehunka hektarea hartuko dituzte zabortegi kutsatuetako mendiek eta lohi toxikoz betetako putzuek, eta herentzia pozoitua geratuko da.  Proiektu horiek makroproiektu suntsitzaileetan oinarritutako eredu baten logikari jarraitzen diote, landa-mundua gaizki deitutako garapen baten sakrifizio-eremu izatera bultzatzen dutenak.

Hori dela eta, meatze-ikerketako 4 baimenak erabat deusezak izateko kausa dagoenez, Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan elkarteak horiek eteteko eskatu du, baina orain arte Industria Sailak ez du eskaera hori ebatzi, eta, beraz, etetea automatikoa da, Administrazio Prozeduraren Legea zuzenean aplikatuz.

Baimenek Lizarraldeko eskualdeko 31 udalerriri eta Zangoza inguruko 7ri eragiten diete, baita hainbat fazeriari ere. Guztira 22.000 hektarea inguru dira Lizarraldean eta 3.200 hektarea Zangozan.

Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan taldeak udal lizentziarik ez tramitatzeko eskatu die ukitutako udalei eta toki entitateei, etendako ikerketa baimenen zundaketak egiteko, eta Nafarroako Gobernuari exijitu dio emandako baimenak berrikus ditzala.

Azken batean, Ecologistas en Acción – Ekologistak Martxan taldeak uste du lortutako etena ezinbesteko urratsa dela Industria Sailak emandako baimenak berriz azter ditzan; izan ere, hainbat irregulartasun antzeman dira, hala nola lehen aipatutakoak eta jardunbide txarrak, besteak beste: informazio nahikoa ez izatea edo eraginpeko biztanleek parte hartzeko mekanismorik ez izatea. Horren adibide da jabeei ez zaiela zuzenean eragiten dieten zundaketa-puntuen berri eman (poligonoa, lursaila, udalerria, etab.), ezta horiek publiko egin ere.

Bestela, egungo Nafarroako Gobernuak IBERIAN COOPER enpresaren iruzurrezko jardunbideekin behar duen konplizitatea eta lankidetza izango luke. Mina Mugako gobernantza txarraren eta itxurazko ustelkeriaren akats bera ez errepikatzea espero dute ekologistek.

Erakunde ekologistak nahiko luke etenaldi hori baliagarria izatea enpresak lur pribatuetan eta komunaletan zundaketak egiteko baimenak sinatzeko presioa jasaten ari diren udalei eta jabeei laguntzeko.

“Ezin dugu onartu gaur egun bizi dugun krisi-testuinguruan espekulatzaileek lurraldea eta baliabide publikoak espoliatzea, eta proiektu horien aurkako oposizio informatua, kritikoa eta aktiboa egitera animatzen ditugu, guztion, landa-munduaren eta lurraren ongia defendatzeko”, nabarmendu du talde ekologistak.

Etendako ikerketa-baimenek eragindako udalerrien xehetasuna:

  1. Cáseda 3606 proiektua: Cáseda, Eslava, Gallipienzo, Javier, Lerga, Sangüesa wta Uxueko udalerrietan hedatzen da.
  2. Solana 3605 proiektua: Aberin, Arellano, Arróniz, Ayegui, Dicastillo, Estella, Igúzquiza, Luquin, Morentin, Oteiza eta Villamayor Monjardineko azalerak hartzen ditu.
  3. Etayo 3604 proiektua: Arróniz, Barbarin, Etayo, Igúzquiza, Los Arcos, Luquin, Mues, Olejua, Piedramillera, Sorlada, Villamayor de Monjardín.
  4. Eslava 3603 proiektua: Afecta a Aguilar de Codés, Aras, Armañanzas, Azuelo, Bargota, Desojo, Espronceda, Los Arcos, Mendaza, Mirafuentes, Mues, Sansol, Sorlada, Torralba del Río eta Torres del Río udalerriei eragiten die.

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Nos manifiestamos por los servicios públicos: la ciudadanía marca la agenda antes de las elecciones

Por: Cádiz
  • La plataforma Salvemos lo Público ha convocado una manifestación en defensa de la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones, los servicios sociales, el medioambiente, la industria y los medios de comunicación públicos.
  • La concentración ha partido desde la Plaza de Asdrúbal y ha recorrido el centro de la ciudad hasta la Plaza de San Juan de Dios, donde se ha leído un manifiesto en defensa de los servicios públicos como pilar fundamental de una sociedad justa e igualitaria.

La plataforma, que aglutina a colectivos ciudadanos, profesionales y organizaciones de la provincia y de toda Andalucía, presenta en esta convocatoria un documento de propuestas concretas en ocho ámbitos —sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, pensiones, medioambiente y transporte, industria y empleo, y medios de comunicación públicos— elaborado con la participación de personas expertas, trabajadoras y trabajadores de los sectores afectados y asociaciones ciudadanas.

En un momento en que los partidos hacen campaña, la ciudadanía quiere que los servicios públicos estén en el centro del debate. No pedimos imposibles: pedimos que se cumpla la ley y que los recursos públicos sirvan al bien común.

Salvemos lo Público ha extendido la plataforma al conjunto de Andalucía, ante la constatación de que los problemas que vive la provincia de Cádiz —listas de espera, deterioro de centros educativos, falta de vivienda asequible, pensiones insuficientes, desindustrialización— son compartidos por el resto del territorio andaluz.

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Esixen a Altri no Porto que retire o seu proxecto de macrocelulosa na Ulloa

Por: Galiza
  • Activistas de ámbalas dúas organizacións despregan unha gran pancarta á hora na que os participantes na asemblea xeral da sociedade entraban no edificio LACS, preto da sede da empresa.
  • As organizacións pediron ás persoas accionistas de Altri que sexan responsábeis e acorden abandonar unha iniciativa industrial que só serviu pare xerar un enorme conflito social en Galicia.
  • Dende Portugal tamén esixiron á Xunta que desestime as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada do proxecto como paso previo ao anunciado arquivo do expediente.

Galería multimedia: Por unha terra viva, ALTRI non

Co gallo da celebración da Asemblea Xeral Anual da sociedade ALTRI, SGPS,SA, varias persoas activistas de Ecoloxistas en Acción e Greenpeace desprazáronse dende Galicia até a entrada do evento, no Edifício LACS da rúa Azevedo Coutinho do Porto, para esixir á empresa que desista de buscar fórmulas para construír a macrocelulosa na Ulloa e anuncie oficialmente que retira o proxecto. As organizacións despregaron diante da porta de entrada do evento unha gran pancarta que se se lía: “Por unha terra viva. Altri Non”.

Con esta acción simbólica, as organizacións ecoloxistas queren facer saber directamente ás persoas accionistas de Altri que o proxecto Gama non só é extraordinariamente lesivo para o medio ambiente, a sociedade e a economía galegas, senón que xerou un conflito social sen precedentes en Galicia, mobilizando a ducias de milleiros de persoas baixo o berro “Altri Non”.

“Non sabemos que é o que pensaran as persoas accionistas de Altri ao ver a milleiros de persoas berrando contra a súa empresa no país veciño. Nin sequera sabemos se a dirección da empresa as informou do conflito xerado. Que “Altri Non” sexa a frase máis repetida do último ano en Galicia debería facelos reflexionar sobre a súa responsabilidade social corporativa e prestixio, que cando menos no noso país está polo chan. Non se pode acosar a todo un pobo deste xeito. Coidamos que chegou a hora de que desistan oficialmente de continuar”, afirmou Cristóbal López, voceiro de Ecoloxistas en Acción Galiza.

No pasado febreiro, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que a Xunta de Galicia ía iniciar o proceso para arquivar o proxecto industrial de Altri en Palas de Rei, algo corroborado polo propio presidente, Alfonso Rueda. No entanto, ningunha das persoas e organizacións personadas no proceso e recoñecidas como parte interesada recibiron aínda ningunha comunicación ao respecto, algo obrigatorio segundo a Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Ao tempo, as organizacións da Coordinadora galega Altri Non, entre as que está Ecoloxistas en Acción e Greenpeace, iniciaron unha campaña para se proceda a resolver en sentido desestimatorio, como paso previo ao seu arquivo, as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada relativas ao proxecto Gama, así como á revogación da declaración do mesmo como proxecto industrial estratéxico.

“O arquivo do expediente anunciado pola Xunta de Galicia non é dabondo porque alguén pode caer na tentación de gardar o proxecto nun caixón até atopar un contexto político-partidario máis favorábel. O que esiximos e a súa denegación por parte do goberno galego, mais tamén cómpre responsabilizar á empresa por presentarnos un proxecto extraordinariamente lesivo que mesmo provocou a desprotección ambiental ilegal do lugar onde querían construír, como sentenciou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Repetimos que é un proxecto que Galicia nin quere nin necesita e que a empresa ten que desbotar dunha vez. Xa abonda.”, concluiu Manoel Santos, voceiro de Greenpeace en Galicia.

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Conferencia de Santa Marta: Más de 340 organizaciones alertan de que los tribunales de arbitraje internacionales amenazan la transición ecológica y la democracia

Por: Clima
  • En el marco de la cita de Santa Marta (Colombia), una amplia coalición internacional llama a los gobiernos a abandonar el sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS) y construir una alianza global para superarlo.
  • Trabajar por un futuro libre de combustibles fósiles es incompatible con la existencia de este mecanismo que limita la acción climática y las políticas ambientales de los Estados. 

Hoy comienza la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar hasta el 29 de abril en Santa Marta (Colombia), con el objetivo de construir impulso político y apoyo para crear e implementar vías concretas hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a escala global.  En este marco, más de 340 organizaciones advierten de que este futuro libre de combustibles fósiles es incompatible con la existencia de sistemas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).

Para ello, las organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han firmado una declaración conjunta en la que señalan que los ISDS, incluidos en cientos de tratados de comercio e inversión, representan una amenaza directa para una transición ecológica justa y para la soberanía democrática de los países.

Las organizaciones firmantes celebran que este riesgo haya sido incluido entre los temas centrales de la Conferencia de Santa Marta -una iniciativa impulsado por el Gobierno de Colombia y presidida también por Países Bajos- pero subrayan la urgencia de adoptar medidas concretas.

El ISDS permite a empresas transnacionales demandar a los Estados en tribunales arbitrales privados cuando consideran que una política pública afecta a sus expectativas de beneficio. Este sistema otorga privilegios extraordinarios a grandes inversores, sin equivalentes para pequeñas empresas, ciudadanía o comunidades afectadas.

Un ejemplo reciente de este mecanismo es la resolución final, esta semana, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje internacional que ha resuelto en favor de Telefónica el procedimiento que enfrentaba al grupo de telecomunicaciones con el Estado de Colombia. A consecuencia de ello, el Gobierno de Colombia deberá pagar más de 500 millones a Telefónica por una disputa legal sobre las redes móviles desde 1994. Todo ello, en un momento en el que su presidente, Gustavo Petro, ha propuesto formalmente la salida de Colombia del Ciadi, calificando a estos tribunales como organismos que “lesionan la soberanía nacional”.

Freno a la acción climática

Según la declaración, los impactos del ISDS son amplios y profundos: desde la salud pública y los servicios esenciales hasta la regulación ambiental y la seguridad nacional. Las organizaciones denuncian que se trata de un mecanismo “profundamente antidemocrático” que socava derechos, soberanía y autodeterminación.

En el ámbito climático, las consecuencias son especialmente graves. Desde 1998, empresas de combustibles fósiles y del sector minero han obtenido más de 87.000 millones de dólares en compensaciones mediante este sistema. En los últimos años, además, han aumentado las demandas contra políticas específicas de transición energética, incluyendo medidas de descarbonización, restricciones a nuevas licencias de extracción, impuestos a beneficios extraordinarios o prohibiciones al fracking y la explotación offshore.

Las organizaciones alertan también del llamado “efecto de congelación regulatoria”: el temor a enfrentarse a demandas multimillonarias lleva a muchos gobiernos a retrasar o abandonar políticas climáticas necesarias. Este fenómeno, ya reconocido por diversos países, pone en riesgo la capacidad global para responder a la crisis climática.

Las comunidades más afectadas por el cambio climático —y por proyectos extractivos— son, a su vez, las más perjudicadas por este sistema, que limita la capacidad de los Estados para proteger sus territorios y derechos frente a intereses corporativos.

La declaración recoge las crecientes preocupaciones expresadas por organismos internacionales. Informes recientes han señalado la incompatibilidad del ISDS con los compromisos climáticos y de derechos humanos, subrayando que los tratados de inversión deben interpretarse en coherencia con el derecho internacional ambiental y las obligaciones climáticas de los Estados.

Ante este escenario, las más de 340 organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para construir una coalición internacional comprometida con salir del ISDS.

Entre las medidas propuestas se incluyen:

  • Cancelar o renegociar tratados de inversión para eliminar el ISDS, abordando las cláusulas de supervivencia.
  • Coordinarse entre países para facilitar una salida colectiva del sistema.
  • Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos que incluyan ISDS.
  • Incorporar su eliminación en futuros marcos internacionales, como un Tratado sobre Combustibles Fósiles.
  • Impulsar un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Las organizaciones concluyen que abandonar este sistema no es solo una cuestión técnica, sino una condición imprescindible para garantizar una transición energética justa, proteger el interés público y reforzar la democracia frente al poder corporativo.

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