En un momento donde la crisis ecológica y emergencia climática golpean con especial dureza a nuestras urbes, Ecologistas en Acción recupera y actualiza una de sus obras fundamentales: el Manual del árbol en la ciudad. Aunque hayan pasado veinticinco años desde que se publicara su primera edición, el diagnóstico sigue siendo el mismo, cuando no más urgente. La dinámica económica de nuestra sociedad sigue siendo capitalista, lo que significa que los seres humanos, los seres vivos y los ecosistemas son medios con los que producir y consumir sin freno. Este libro nos invita a detenernos, a bajar el ritmo y a cortocircuitar esa lógica destructiva que antepone el beneficio económico a la vida.
El Nuevo manual del árbol en la ciudad se presenta como una caja de herramientas políticas y ecologistas para recuperar el control de nuestras calles, defender la biodiversidad y garantizar un futuro habitable. Para ello, sus primeros capítulos deben entenderse en clave de educación ambiental. Persiguen la alfabetización ambiental de la ciudadanía, por lo que transmiten conocimientos a través de un enfoque divulgativo, riguroso y accesible. Se explican datos esenciales sobre el arbolado, la biodiversidad que alberga y se analizan los graves problemas que los amenazan en nuestras ciudades. A lo largo de estas páginas, la Comisión de Naturaleza de Ecologistas en Acción anima a la ciudadanía a replantearse por completo el diseño de los entornos urbanos donde residimos. Descubriremos que la vegetación no es un simple elemento ornamental o un complemento estético; sino que es el eje vertebrador indispensable para construir espacios sostenibles y habitables. Frente a la hegemonía del cemento, el hormigón y el coche privado, esta obra contrapone un modelo alternativo basado en la vegetación estratificada, la biodiversidad, la planificación urbana sostenible y el transporte público.
Sobre estos cimientos teóricos, se construyen una serie de capítulos dedicados a activar la respuesta ciudadana. Ofrecemos una guía práctica, con ejemplos y modelos, sobre los cauces legales disponibles para denunciar las agresiones medioambientales que sufren nuestros barrios. Además, reivindicamos con fuerza el valor de la movilización colectiva, subrayando su poder de transformación social. Mediante un recorrido por las campañas ciudadanas y vecinales más emblemáticas de los últimos años, el Nuevo manual demuestra de forma empírica que la implicación activa es la única herramienta capaz de frenar el rumbo actual hacia la degradación social y ecológica.
La ciudad de Madrid y su área metropolitana están muy atrás en el uso de la bicicleta como medio de transporte en relación a otras ciudades y países de nuestro entorno.
El principal motivo de esta situación es la falta de carriles bici segregados y seguros.
Ecologistas en Acción de Madrid analiza esta situación en un informe en el que propone medidas para mejorar la sostenibilidad de nuestro transporte.
Madrid y su entorno metropolitano acumulan un fuerte retraso en movilidad ciclista en relación a las ciudades y regiones de su entorno. Pese a los discursos oficiales, la capital y la Comunidad de Madrid han avanzado muy poco en movilidad sostenible y en particular en el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte.
Como se puede comprobar en este informe elaborado por Ecologistas en Acción de Madrid, en Madrid sólo se producen un 1,3% de viajes en bicicleta en el interior de la M-30 frente al resto de medios de transporte, incluidos los desplazamientos a pie. Mientras, otras ciudades europeas multiplican por 30 esta proporción, como Ámsterdam con un 39%. Grandes capitales como París o Berlín tienen un 11 y un 18% de desplazamientos en bicicleta.
Conviene recordar que esta situación no ha sido siempre así. A principios de los años 70 del siglo pasado Ámsterdam era una ciudad congestionada atestada de coches. Pero el aumento de los accidentes de tráfico, y en especial el trágico número de atropellos y muertes de niños, provocó el nacimiento del movimiento “Stop de Kindermoord” (Alto al asesinato de niños). A esto se sumó la crisis del petróleo de 1973, lo que obligó al gobierno a replantearse el diseño urbano y a priorizar la seguridad de los ciclistas. La construcción de carriles bici segregados y bien diseñados fue clave para la explosión en el uso de la bicicleta que es tan característica de esta ciudad.
Y es precisamente la fuerte escasez de carriles bici segregados lo que está lastrando a Madrid en el uso de la bicicleta. Hay muchos más usuarios potenciales de este medio de transporte que reales. De hecho, sólo el 8% de la población declara sentirse cómoda o segura pedaleando entre coches. La comparación de la red de carriles bici realmente existentes con los previstos en los planes de movilidad ciclista municipales es apabullante y explica el fortísimo retraso que sufre Madrid y su entorno en relación al uso cotidiano de la bicicleta (ver figuras 2 y 3 del informe)
Ecologistas en Acción insiste en que aumentar el uso de la bicicleta sería la forma más rápida y económica de incrementar la calidad de vida en nuestra ciudad y la sostenibilidad de nuestra movilidad. Así, un mayor uso de la bicicleta supondría: una reducción de la contaminación del aire y del ruido; una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global; rebajar la dependencia de los combustibles fósiles y protegernos frente a las crisis de suministro que se están produciendo por la convulsa situación internacional (Estrecho de Ormuz, Ucrania, etc.); una mejora en la salud de las personas que usen la bici de forma cotidiana.
Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid un impulso decidido a la movilidad ciclista y a la puesta en funcionamiento de carriles bici segregados y seguros, al tiempo que se reduce el uso del automóvil, hoy por hoy el gran devorador de nuestra salud, del bienestar urbano y del espacio común en la ciudad.
Los ecosistemas marinos del Estado español afrontan una situación de creciente degradación como consecuencia de la sobreexplotación de recursos, la destrucción de hábitats, la contaminación y los efectos del cambio climático, entre otros factores. Ante este escenario, el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza supone una oportunidad sin precedentes para impulsar la recuperación ecológica del medio marino y restablecer las funciones ecológicas que sostienen la biodiversidad y el bienestar de las comunidades costeras. Este informe analiza experiencias de restauración marina desarrolladas en el Estado español con el objetivo de identificar aprendizajes, prioridades y herramientas útiles para la elaboración e implementación del futuro Plan Nacional de Restauración.
La revisión de 57 proyectos de restauración muestra un aumento significativo de las iniciativas durante la última década y una creciente diversidad de hábitats, especies y metodologías de intervención. Sin embargo también evidencia que la restauración marina se encuentra todavía en una fase incipiente: la mayoría de los proyectos han demostrado la viabilidad de las técnicas empleadas, pero siguen siendo pocos los casos que acreditan una recuperación ecológica efectiva de los ecosistemas. Asimismo, el análisis identifica importantes carencias en aspectos como el seguimiento a largo plazo, la estabilidad y diversidad financiera o la persistencia de enfoques basados mayoritariamente en la restauración activa. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que la implicación de actores locales, especialmente del sector pesquero, constituye un factor clave para el éxito de las actuaciones de restauración.
Los resultados de este informe evidencian que la restauración marina no será efectiva si no se actúa sobre las causas de la degradación de los ecosistemas. La aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza representa una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero requerirá de la capacidad para consolidar modelos de restauración sostenidos en el tiempo, con financiación estable, seguimiento continuado y actuaciones integradas que aborden simultáneamente la restauración activa y la reducción de las presiones humanas, todo ello acompañado de indicadores estandarizados que permitan evaluar la eficacia real de las intervenciones. Solo así será posible recuperar la biodiversidad, reforzar la capacidad de los ecosistemas para afrontar la crisis climática y frenar el deterioro de unos mares cada vez más amenazados.
Los mares están perdiendo vida. Décadas de sobreexplotación de recursos, contaminación y basuras marinas, destrucción de hábitats y cambio climático han provocado una degradación creciente de los ecosistemas marinos. A ello se suman otras presiones como el tráfico marítimo, el ruido submarino, las capturas incidentales de especies protegidas, los vertidos de infraestructuras costeras sobrecargadas por la masificación turística, los fondeos sobre hábitats sensibles, la artificialización del litoral o los impactos derivados de nuevas actividades en el medio marino. El resultado es un deterioro generalizado de los ecosistemas, la pérdida progresiva de biodiversidad y de la capacidad de los océanos para sostener funciones ecológicas esenciales.
Esto no constituye únicamente un problema ambiental. El océano y sus ecosistemas proporcionan alimentos, regulan el clima, almacenan carbono y sostienen actividades económicas y culturales fundamentales para numerosas comunidades costeras. En el Estado español millones de personas dependen directa o indirectamente de la buena salud del mar, especialmente la pesca costera, estrechamente vinculada al estado de conservación de los ecosistemas litorales.
Sin embargo, el deterioro de nuestros mares no es inevitable. Durante los últimos años se han multiplicado las iniciativas que demuestran que es posible compatibilizar la actividad humana con la recuperación de los ecosistemas marinos. Experiencias impulsadas desde el ámbito científico, el sector pesquero, las administraciones públicas y las organizaciones sociales han mostrado que la reducción de presiones y la mejora de la gestión pueden favorecer una recuperación significativa de especies y hábitats. En el Estado español existen ejemplos que apuntan en esa dirección: iniciativas de cogestión pesquera, procesos impulsados por el propio sector pesquero para mejorar la sostenibilidad y viabilidad de su actividad, reservas marinas que han demostrado su eficacia para recuperar poblaciones de especies y hábitats o avances en la ampliación de la superficie marina protegida.
En este sentido, el Estado español ha asumido el compromiso de proteger al menos el 30 % de sus aguas marinas para 2030, incluyendo un 10 % de las mismas bajo figuras de protección estricta. Esto significa que esas zonas designadas deberán permanecer intactas, libres de actividades y presiones humanas que puedan afectar a la biodiversidad con el fin de favorecer su recuperación y/o conservación. No obstante, persisten importantes desafíos. Buena parte de la protección existente carece todavía de una gestión eficaz, de recursos suficientes para su seguimiento y de vigilancia o medidas capaces de garantizar la recuperación de los ecosistemas más degradados. Del mismo modo, el estado actual de la protección estricta en el Estado español continúa muy lejos de los objetivos numéricos asumidos por el Gobierno.
Los avances en conservación han sido fundamentales para frenar parte de la pérdida de biodiversidad marina, pero la magnitud de la degradación acumulada obliga a plantear un reto adicional. Allí donde los ecosistemas han perdido especies, funcionalidad ecológica o capacidad de recuperación, proteger ya no es suficiente: resulta necesario impulsar su recuperación. Es en este contexto donde cobra especial relevancia la restauración ecológica, definida como el proceso de ayudar a la recuperación de ecosistemas degradados, dañados o destruidos (SER, 2019). Lejos de pretender reconstruir una imagen estática del pasado, la restauración busca recuperar las funciones ecológicas, la biodiversidad y la capacidad de adaptación de los ecosistemas para que puedan responder a los cambios ambientales presentes y futuros.
Esta recuperación puede abordarse mediante actuaciones de restauración activa que implican intervenciones directas sobre hábitats o especies, o mediante estrategias de restauración pasiva basadas en la eliminación de las presiones que impiden la regeneración natural de los ecosistemas. En el medio marino, donde los costes de intervención son más elevados y numerosos hábitats muestran una notable capacidad de recuperación una vez cesan las perturbaciones, esta última aproximación, la restauración pasiva, adquiere una relevancia especial. En muchos casos, reducir o eliminar los factores de degradación constituye una de las herramientas más eficaces para favorecer la recuperación de los ecosistemas a gran escala y, al mismo tiempo, la alternativa que suele requerir una menor inversión económica.
La restauración marina se enfrenta además a desafíos específicos. Persisten importantes lagunas de conocimiento sobre el estado de conservación de numerosos hábitats y especies, así como carencias significativas en la cartografía de amplias zonas del medio marino. Estas limitaciones dificultan la identificación de prioridades, el diseño de actuaciones y la evaluación de su eficacia, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar la investigación, el seguimiento y la generación de conocimiento aplicado a la restauración.
En este contexto, el Reglamento (UE) 2024/1991 sobre la Restauración de la Naturaleza (en adelante, el Reglamento), en vigor desde agosto de 2024, supone un punto de inflexión para las políticas ambientales europeas. Por primera vez, la Unión Europea (UE) establece objetivos jurídicamente vinculantes para restaurar ecosistemas degradados, incluidos los marinos (ver Cuadro 1) y obliga a los Estados miembros a elaborar Planes Nacionales de Restauración que definan las medidas necesarias para alcanzarlos.
El Reglamento no surge de manera aislada. Se apoya en décadas de desarrollo de políticas de conservación de la naturaleza, desde las Directivas Hábitats y Aves, la Directiva Marco del Agua y hasta la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, las Estrategias Marinas, los Planes de Ordenación Espacial Marina (POEM), la creación de espacios marinos protegidos o los compromisos adquiridos en el marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030. Sin embargo, incorpora una novedad fundamental: junto a la protección de los ecosistemas mejor conservados, introduce la obligación de recuperar aquellos que ya han sido degradados. La restauración ecológica pasa así a ocupar un lugar central en las políticas públicas, complementando las medidas de conservación mediante la incorporación de objetivos de restauración cuantificados, calendarios de actuación y el principio de no deterioro, evitando que los ecosistemas restaurados o los que ya se encuentran en buen estado vuelvan a degradarse.
Para el Estado español, uno de los países con mayor superficie marina de la UE y una extraordinaria diversidad de ecosistemas costeros y marinos, este nuevo escenario representa una oportunidad histórica, pero también un importante desafío. La aplicación efectiva del Reglamento exigirá mejorar el conocimiento disponible, identificar prioridades de actuación, fortalecer la participación social y desarrollar herramientas técnicas y de gobernanza capaces de trasladar los objetivos normativos a actuaciones concretas sobre el territorio.
Principales objetivos y obligaciones del Reglamento (UE) 2024/1991 sobre la Restauración de la Naturaleza para los ecosistemas marinos
Restauración de los ecosistemas marinos en el Reglamento (UE) 2024/1991 sobre la Restauración de la Naturaleza
Persigue que la gran mayoría de los hábitats marinos degradados recuperen una buena condición ecológica, que los hábitats desaparecidos vuelvan a ocupar una superficie suficiente para garantizar su viabilidad y que las especies marinas protegidas dispongan de hábitats adecuados para su conservación y recuperación.
Antecedentes. ¿Cuáles son los hábitats a restaurar? Los Estados miembros establecerán las medidas de restauración necesarias para mejorar, hasta que se encuentren en buena condición, las zonas de los tipos de hábitats enumerados en el anexo II que no se encuentren en buena condición. El Anexo II del Reglamento de Restauración de la Naturaleza clasifica los hábitats marinos en los siguientes 7 grupos:
Grupo 1: Lechos de vegetación marina
Grupo 2: Bosques de macroalgas
Grupo 3: Bancos de mariscos
Grupo 4: Mantos de rodolitos
Grupo 5: Campos de esponjas, corales y coralígenos
Grupo 6: Respiraderos y rezumaderos
Grupo 7: Sedimentos arenosos (que no superen los mil metros de profundidad)
Grupos 1 a 6: para 2030: restaurar al menos el 30 % de su superficie en mal estado; para 2040: restaurar al menos el 60 %; para 2050: restaurar al menos el 90 %.
Grupo 7: para 2040: restaurar al menos dos tercios del porcentaje que se fije para 2050. Para 2050: restaurar el porcentaje que se determine después (suficiente para garantizar el buen estado ambiental).
Recuperar la distribución histórica de los hábitats [art. 5 (2),(3),(4)]
Recuperar aquellos hábitats (de los grupos 1 a 6) que han desaparecido de zonas donde históricamente estaban presentes, hasta alcanzar su “área favorable de referencia”. Para 2030: crear al menos el 30 % de la superficie adicional necesaria; para 2040: crear al menos el 60 %; para 2050: crear el 100 % (o entre el 90 % y el 100 % si se justifica).
Restaurar los hábitats de especies protegidas [art. 5 (5)(8)]
Los Estados miembros deberán mejorar la calidad, cantidad y conectividad de los hábitats utilizados por especies protegidas, incluyendo especies recogidas en el Anexo III de este Reglamento, especies de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats y aves marinas de la Directiva de Aves.
Mejorar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos [art. 5 (6),(7)]
El Reglamento reconoce que existen importantes lagunas de información sobre el estado de los ecosistemas marinos y fija objetivos específicos para reducirlas: para 2030 conocer el estado de al menos el 50 % de la superficie (grupos 1 a 6); para 2040: conocer el 100 % (grupos 1 a 6) y al menos el 50 % (grupo 7); para 2050: conocer el 100 % (grupo 7).
No deterioro [art. 5 (9),(10),(11),(12),(13),(14)]
Los Estados miembros deberán evitar el deterioro significativo de las zonas restauradas, de los hábitats en buen estado y de las áreas necesarias para alcanzar los objetivos de restauración. El Reglamento prevé excepciones limitadas en casos de fuerza mayor, efectos inevitables del cambio climático o proyectos de interés público superior debidamente justificados.
Coordinación de las medidas de restauración en los ecosistemas marinos [art.18]
Las medidas de restauración marina que afecten a la gestión pesquera deberán coordinarse a través de los mecanismos de la Política Pesquera Común (PPC). Para ello, los Estados miembros deberán colaborar con otros países afectados y con los consejos consultivos regionales, elaborando recomendaciones conjuntas que permitan integrar los objetivos de restauración en la gestión pesquera.
Revisión y adaptación de los planes [art. 19]
Los Planes Nacionales de Restauración deberán revisarse periódicamente para incorporar nuevos conocimientos científicos, evaluar los avances alcanzados y adaptar las medidas a los cambios ambientales y climáticos. Además, si el seguimiento muestra que las actuaciones previstas son insuficientes para cumplir los objetivos del Reglamento, los Estados miembros estarán obligados a reforzar sus planes con medidas adicionales.
Con este informe, Ecologistas en Acción pretende contribuir a ese proceso. Esta publicación nace con el objetivo de reunir y sistematizar el conocimiento disponible sobre restauración marina en el Estado español, analizar las experiencias desarrolladas hasta la fecha e identificar las principales oportunidades y desafíos para su desarrollo futuro. A partir de este análisis, se proponen criterios para priorizar ecosistemas marinos a restaurar, incorporando tanto la dimensión ecológica como la social, y la participación de los actores vinculados al medio marino. Todo ello con una vocación claramente práctica: aportar conocimiento útil para la aplicación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza y contribuir a la elaboración e implementación del futuro Plan Nacional de Restauración en el ámbito marino.
La restauración ecológica representa una oportunidad para avanzar hacia mares biodiversos, resilientes y capaces de sostener el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Aprovechar esta oportunidad requerirá combinar conocimiento científico, participación social, voluntad política y una actuación decidida sobre las causas que han provocado la degradación del medio marino. Este informe pretende contribuir humildemente a ese esfuerzo colectivo.
Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 para el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es el documento aprobado mediante el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, en aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por el Gobierno del Estado para orientar las políticas públicas estatales en el periodo 2020-2030, en el contexto de la definición de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 (adoptada también en 2020) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022.
Se trata de un documento extenso (115 páginas en su versión publicada en la web del MITECO), organizado en 6 grandes apartados:
Introducción
Diagnóstico del Patrimonio natural y la biodiversidad en España
Líneas de actuación prioritarias
Estimación presupuestaria
Seguimiento de la ejecución y evaluación del Plan Estratégico
Revisión del Plan Estratégico
En relación a la naturaleza jurídica del Marco Mundial de Biodiversidad, Ecologistas en Acción ha publicado un análisis de las barreras e impulsores para la aplicación de este documento en el Estado Español. En resumidas cuentas, esa estrategia mundial es un documento legal que obliga a todas las partes del CDB a cumplir con sus determinaciones, si bien su debilidad consiste en no incorporar herramientas para obligar a los Estados a cumplir ni a sancionar en caso de no actuar conforme lo acordado. Ecologistas en Acción viene desarrollando desde hace años un seguimiento exhaustivo de las políticas españolas, europeas e internacionales de biodiversidad.
En 2011, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.
En coherencia con este trabajo, resulta adecuado efectuar un análisis riguroso de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad 2022-2030 en España, cuando estamos a mitad del período de ejecución.
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un documento correcto técnicamente, que analiza la información disponible sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en el Estado Español e intenta concretar las estrategias europea e internacional de biodiversidad.
Pone en orden y programa una serie amplia de actuaciones que, de cumplirse al final del período en 2030, pondrán a España en una situación mejor que en antes de su aprobación en cuanto a información científica disponible, herramientas de gestión y estudios y directrices para mejorar el trabajo del personal técnico de las administraciones.
Sin embargo, no es el documento que se necesitaba en la situación de crisis profunda de biodiversidad en que está sumido el planeta.
Falla en la coherencia del análisis (no va a cuestiones de fondo, de modelo), en la ambición (faltan recursos económicos y herramientas legales para hacer obligatorias medidas necesarias en todas las comunidades autónomas), en transparencia y sistema de seguimiento y revisión.
En otras palabras, es un buen documento para organizar el trabajo de una Dirección General del MITECO, pero no es un plan de ambición estatal que pueda conducir a las transformaciones que España necesita hacer si no quiere sufrir de una forma cada vez más profunda, las consecuencias catastróficas de una crisis ecológica que se está acelerando cada día que pasa.
El 7º Informe Nacional del Estado español, que será presentado en la COP 17 de Biodiversidad en octubre de 2026, refleja importantes avances en la implementación del PEEPNB, pero sobrevalora el impacto de las acciones logradas y no aborda con contundencia los retrasos y falta de incidencia de muchas medidas recogidas en el informe.
Además, existen desajustes entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial, lo que dificulta que el 7º Informe Nacional sea una prueba concluyente para evaluar el progreso del Estado español para lograr detener la pérdida de biodiversidad en 2030 en cumplimiento del Marco Mundial.
Se requiere un análisis exhaustivo del 7º Informe para vincular de forma directa Metas Nacionales, Indicadores del CDB y Metas del Marco Mundial de Biodiversidad. De este modo, se pondrían en valor los verdaderos logros conseguidos y los retos que se presentan a mitad de periodo de ejecución del Marco Mundial para que el Estado español cumpla con éxito sus compromisos internacionales.
La responsabilidad de esta situación es claramente política. Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias no sólo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar.
En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tenía el deber moral de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza. Como saben muy bien los pueblos indígenas, somos parte de la madre Tierra y hacerle daño es hacérnoslo a nosotros mismos.
El PEEPNB ha sido una oportunidad perdida, quizás la última para algunas especies y ecosistemas con quienes compartimos la aventura de la vida y está al borde de la extinción. Y cada especie extinta es un paso más hacia la crisis civilizatoria que puede acabar con nosotros.
Un año más, después de la inspección de los más de 8.000 kilómetros de nuestras costas, Ecologistas en Acción presenta el informe Banderas Negras 2026.
Desde 2005, se realiza este informe Banderas Negras por el cual se señalan un total de 48 desastres o amenazas ambientales. Dos por provincia y/o ciudad autónoma, con dos motivos distintos: una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión ambiental de nuestras costas.
Además de este formato informe, también se pueden visualizar las localizaciones de las banderas mediante un mapeo virtual.
El informe Banderas Negras 2026, como años anteriores, recoge las afecciones ambientales más graves en el litoral español, pero no todas, por desgracia podrían ser muchas más las banderas que otorgamos año a año. De las 48 banderas negras concedidas este año encontramos:
Urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre: 8 banderas.
Vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración: 14 banderas.
Afecciones a la biodiversidad: 9 banderas.
Acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa: 2 banderas.
Obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas: 3 banderas.
Contaminación química: 7 banderas.
Daños al patrimonio histórico y cultural en DMPT: 1 bandera.
Degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación: 4 banderas.
Como recoge el informe de este año, y anteriores, buena parte de las costas han sido y siguen siendo objeto de un proceso continuado de degradación. La regresión de playas, la destrucción de humedales y sistemas dunares, la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la vulnerabilidad frente a temporales e inundaciones son algunas de las consecuencias más visibles de un modelo que pone el litoral al servicio de intereses económicos. No obstante, en Ecologistas en Acción, defendemos (y trabajamos para) que otros futuros sean posibles. Por eso, en esta edición hemos escogido la restauración de la naturaleza como eje central de este informe.
La restauración ecológica consiste en ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Puede llevarse a cabo de forma activa, mediante intervenciones destinadas a restablecer funciones naturales o de forma pasiva, permitiendo que los ecosistemas se recuperen por sí mismos una vez eliminadas las presiones. El Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, incluye objetivos vinculantes de restauración de hábitats y especies costeras, estableciendo metas para recuperar progresivamente los ecosistemas terrestres, costeros y marinos degradados y mejorar su estado de conservación en las próximas décadas. Ahora, España debe remitir a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes del 1 de septiembre de 2026, un instrumento que marcará qué, cómo, dónde y con qué recursos se va a restaurar la naturaleza en las próximas décadas.
Desde Ecologistas en Acción consideramos que este proceso representa una oportunidad histórica para corregir errores del pasado y comenzar a devolver espacio a la naturaleza en nuestras costas. Por eso, aunque las Banderas Negras que presentamos en esta edición muestran una vez más numerosos ejemplos de problemas que continúan afectando al litoral, también queremos poner el foco en las soluciones. En este sentido, proponemos actuaciones de restauración para devolver la vida a nuestras costas, que esperamos puedan ser incluidas en el Plan Nacional de Restauración.
Existen experiencias que demuestran que, cuando existe voluntad política y se permite a la naturaleza recuperar su espacio, esta responde positivamente. Un ejemplo emblemático es el de La Pletera, en la Costa Brava (Girona), donde recientemente se ha llevado a cabo un proceso de des-urbanización para recuperar el sistema de lagunas litorales y dunas, restaurando ecosistemas y funciones ecológicas que parecían perdidos y poniendo a disposición y para el disfrute de la población local un espacio natural de gran valor. Casos como este demuestran que restaurar es posible y que la recuperación de los ecosistemas costeros contribuye a frenar la pérdida de biodiversidad, aumentar la adaptación frente a los impactos del cambio climático y mejorar la calidad ambiental de nuestros territorios.
Porque, frente a la destrucción del litoral que denunciamos cada año en este informe, la restauración de la naturaleza debe convertirse en parte de la respuesta.
Por último, queremos agradecer a todas las personas que han colaborado de manera desinteresada en la elaboración de este informe. Personas activistas y voluntarias de los grupos locales de Ecologistas en Acción que, gracias a su trabajo, han hecho posible que el informe de Banderas Negras salga a la luz un año más.
El presente informe analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal por parte de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. El Marco Mundial de Biodiversidad, aprobado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Dado que las comunidades autónomas ostentan amplias competencias en materia de conservación de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Para evaluar el nivel de aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad se analizaron diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias regionales: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Principales conclusiones
Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad autónoma ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”. La mejor puntuación corresponde a Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”. El resto de administraciones presentan “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Déficits estructurales detectados
1. Ausencia de planificación estratégica actualizada
Solo cinco comunidades autónomas disponen actualmente de una estrategia de biodiversidad vigente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi y Comunitat Valenciana. Sin embargo, todas ellas fueron aprobadas antes de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad y ninguna incorpora de forma efectiva la misión de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Doce comunidades autónomas carecen completamente de una estrategia vigente.
2. Falta de compromisos concretos de restauración ecológica
Ninguna comunidad autónoma ha aprobado planes específicos alineados con la Meta 2 del Marco Mundial de Biodiversidad para restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados antes de 2030. Aunque todas participan en la elaboración del futuro Plan Nacional de Restauración o han incorporado referencias a la restauración en otros instrumentos, no existen objetivos autonómicos cuantificados, territorializados y evaluables.
3. Gestión ineficaz de los espacios protegidos
España ya supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, pero el reto principal reside en la calidad de la gestión. No todas las áreas protegidas tienen un plan de gestión aprobado y la mayoría carecen de mecanismos eficaces de seguimiento. Ninguna comunidad autónoma está realizando un esfuerzo estructural suficiente para mejorar la gestión efectiva de su red de espacios protegidos.
4. Escasa ambición frente a las especies exóticas invasoras
Ninguna comunidad autónoma ha incorporado el objetivo de reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento de especies exóticas invasoras para 2030. Las actuaciones existentes se centran principalmente en el control o erradicación de especies ya establecidas, mientras que las medidas preventivas siguen siendo claramente insuficientes.
5. Respuesta insuficiente a la contaminación agraria
La contaminación por nutrientes y plaguicidas continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad. Aunque existen avances derivados de la aplicación de la Directiva de Nitratos para la prevención de la contaminación de nutrientes, persisten importantes incumplimientos en varias comunidades autónomas. Cataluña es la única que dispone de un plan específico autonómico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, si bien su implementación presenta importantes limitaciones. No se constata ninguna línea de trabajo gubernamental para reducir la contaminación agraria en un 50% en 2030, tal y como establece el Marco Mundial de Biodiversidad.
6. Retraso en la infraestructura verde
La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de 2021 establecía que las comunidades autónomas debían aprobar sus propias estrategias en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, únicamente Galicia y Castilla-La Mancha cuentan actualmente con estrategias autonómicas aprobadas, mientras que otras regiones permanecen en fases preliminares o ni siquiera han iniciado el proceso. Esta ausencia de directrices regionales desplaza la responsabilidad a las administraciones municipales para lograr la renaturalización de las zonas urbanas.
7. Falta de integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales
La biodiversidad continúa ocupando una posición secundaria en políticas clave como agricultura, urbanismo, infraestructuras, turismo o energía. Aunque existen mecanismos de evaluación ambiental, la integración efectiva de la biodiversidad en la toma de decisiones sigue siendo muy limitada y apenas existen estructuras de coordinación interdepartamental con capacidad real de influencia.
8. Carencias en la recuperación de especies amenazadas
La mayoría de las comunidades autónomas dispone de algunos planes de recuperación o conservación de especies amenazadas, pero la cobertura sigue siendo insuficiente. La Comunidad de Madrid destaca negativamente por carecer de planes de recuperación y de conservación específicos, mientras que incluso las regiones más avanzadas presentan importantes déficits de actualización y aplicación efectiva.
Valoración general
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad.
En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados por última vez en 2021. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace dos décadas viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.
Las últimas estimaciones globales de la AEMA y la OMS sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica siguen siendo muy preocupantes. Elevan en el año 2023 hasta 330.000 las muertes atribuibles a la mala calidad del aire en los países europeos. En España, las víctimas de la contaminación fueron ese año según la AEMA hasta 24.000, 13.300 por partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5), 4.100 atribuibles al dióxido de nitrógeno (NO2) y 6.600 por exposición a ozono troposférico.
El coste económico medio de la mortalidad prematura, de la pérdida de días de trabajo y de la reducción de la productividad de las masas de agua, los cultivos y los bosques, ocasionados por la contaminación del aire, se ha estimado en 32.000 millones de euros anuales en el periodo 2021-2027, equivalentes al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto español.
Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho humano. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias.
Como ha demostrado la dramática pandemia que vivimos entre 2020 y 2021, el origen de este problema en las áreas urbanas se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el tráfico motorizado, a las que se suman en mucha menor proporción las causadas por las calefacciones, así como las ocasionadas por el tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades que disponen de puerto y/o aeropuerto próximos. Siendo en última instancia la utilización masiva de combustibles fósiles en el transporte y la industria la causa de la mala calidad del aire, y de otros graves problemas ambientales como el cambio climático global.
En el marco del Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción “Hacia una Contaminación Cero” de la Comisión Europea persigue reducir para 2030 el número de muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire en un mínimo de un 55 por ciento, en relación con las de 2005, centrándose en las partículas PM2,5. Con este objetivo, la Unión Europea ha adoptado la nueva Directiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, pendiente de trasposición por los Estados miembros.
En este contexto, el presente informe pretende dibujar una imagen amplia y fiel de la situación de la calidad del aire en nuestro país durante el año 2025, en relación con la protección de la salud y de la vegetación, a partir de la nueva legislación europea y de las directrices sanitarias de la OMS. La población estudiada es de 49,1 millones de personas, y representa toda la empadronada a 1 de enero de 2025 en el Estado español.
Para la elaboración de este informe se han recopilado los datos oficiales de 780 estaciones de medición repartidas por todo el Estado, titularidad de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de los Ayuntamientos que disponen de red de medición propia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de algunas autoridades portuarias del Estado y de los principales aeropuertos gestionados por AENA.
Ecologistas en Acción agradece el esfuerzo de los gestores de las redes de vigilancia de la calidad del aire de todas estas administraciones y entidades, a la hora de facilitar la información solicitada, y espera que el presente informe contribuya un año más a alentar el necesario debate sobre el actual modelo energético y la calidad del aire que respiramos.
Principales resultados del informe
El presente estudio analiza la calidad del aire que respiró en 2025 la población española (49,1 millones de personas), en relación con la protección de la salud humana y con la protección de la vegetación y los ecosistemas. Asimismo, se evalúa de manera específica la calidad del aire en los principales aeropuertos, que se añaden así a los puertos del Estado incorporados al informe en 2017, con una incidencia potencial muy relevante en los núcleos urbanos en los que se localizan.
Los resultados provienen de los datos facilitados por las Administraciones estatal, autonómicas, locales, aeroportuarias y portuarias a partir de sus redes de medición de la contaminación, cubriendo en 2025 un total de 780 estaciones fijas repartidas entre las 132 zonas principales en que se divide el territorio español a los efectos de evaluar la calidad del aire, considerando en el presente informe la Ciudad Autónoma de Melilla como una única zona, a diferencia del criterio oficial.
Desde el punto de vista meteorológico, el año 2025 ha sido poco favorable para la acumulación de partículas y dióxido de nitrógeno en invierno, pero propicio para la formación de ozono en el verano más cálido desde al menos 1961, con un periodo primaveral templado e inestable, de gran actividad vegetal, y unos meses estivales favorables por sus elevadas temperaturas e intensas y prolongadas olas de calor, registrando diversos episodios de partículas y ozono. La ola de incendios forestales del mes de agosto contribuyó a agravar esta contaminación del aire.
Los contaminantes más problemáticos en el Estado español durante 2025 han sido las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3). Para el cálculo del porcentaje de población española que ha respirado aire contaminado y de la superficie expuesta a niveles que dañan la vegetación se han tenido en cuenta estos cuatro contaminantes, si bien se ha recopilado y evaluado asimismo la información disponible sobre otros contaminantes regulados legalmente como dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), benceno (C6H6), benzo(α)pireno (BaP) y metales pesados (arsénico, cadmio, níquel y plomo).
El año pasado, la calidad del aire en España mejoró con relación a las partículas respirables (PM10), a las partículas finas (PM2,5) y sobre todo al NO2, pero empeoró sustancialmente respecto al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde el año 2015 y recuperando las concentraciones previas a la crisis de la COVID-19, con alzas y bajas según los territorios. Estos contaminantes volvieron a afectar durante 2025 a todo el territorio español, excediendo los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en gran medida, también los nuevos límites legales aprobados para 2030 por la Unión Europea.
La población que respiró aire contaminado en el Estado español según los nuevos valores límite y objetivo aprobados para 2030 por la Unión Europea (Directiva 2024/2881, pendiente de trasposición por el Gobierno) alcanzó 32,6 millones de personas, es decir un 66,3 % de toda la población y casi dos millones más de personas afectadas que en 2024. En otras palabras, dos de cada tres españoles respiraron en 2025 un aire que incumple los nuevos estándares legales, expresando la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación europea.
Considerando los obsoletos valores límite y objetivo establecidos por la legislación todavía vigente (Directiva 2008/50/CE y Real Decreto 102/2011), la población que vive en zonas donde el año pasado se incumplieron dichos límites fue de 9,1 millones de personas, lo que representa un 18,6 % de toda la población. En otras palabras, casi uno de cada cinco españoles respiró en 2025 un aire que todavía incumple los estándares legales actuales, década y media después de su entrada completa en vigor. Esta situación supone un aumento de casi un millón de personas afectadas respecto a 2024, por la mayor repercusión del ozono, aunque muy por debajo del incumplimiento legal previo a la pandemia, por la caída del NO2.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales (y más acordes con una adecuada protección de la salud), como en años anteriores toda la población española respiró en 2025 un aire con niveles de contaminación superiores a los recomendados, con la única incógnita de la ciudad de Cáceres, sin medidor de contaminación desde octubre de 2024. La actualización en 2021 de los estándares de calidad del aire de la OMS, ahora mucho más exigentes para contaminantes como el NO2, las partículas PM10 y PM2,5 y el ozono, explica el aumento de las personas afectadas respecto a 2019.
La superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación y los ecosistemas, según los niveles críticos y el valor objetivo establecidos para los contaminantes regulados por la legislación vigente (Directiva 2008/50/CE y Real Decreto 102/2011) y mantenidos por la nueva, alcanzó 84.000 kilómetros cuadrados, es decir un 16,6 % del territorio español, la tercera parte de superficie que en 2019 y la segunda cifra más baja desde la aprobación y entrada en vigor de las normas indicadas. En otras palabras, la sexta parte del territorio español soportó en 2025 una contaminación atmosférica que incumple los estándares legales vigentes para proteger los cultivos agrícolas, los montes y los ecosistemas naturales.
Si se tiene en cuenta el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación establecido por la normativa actual y nueva para el ozono troposférico, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación se incrementó hasta los 429.000 kilómetros cuadrados, un 85,0 % del territorio español, recuperando la magnitud de los años previos a la pandemia. En otras palabras, la mayor parte del territorio español siguió soportando en 2025 una contaminación atmosférica que daña los cultivos agrícolas, los montes y los ecosistemas naturales.
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961, de manera que los cuatro últimos años han sido los más tórridos desde que se dispone de registros. La inestabilidad atmosférica y el calor invernales inhibieron los episodios de contaminación por NO2 y partículas, rebajando las intrusiones de polvo procedente del norte de África, con una caída de los episodios de calima en Canarias, en un año en que se produjeron respectivamente 804 y 160 superaciones de los umbrales de alerta establecidos por la normativa española para las partículas PM10 y PM2,5. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las tres intensas y prolongadas olas de calor de junio-julio y agosto, a lo largo de las que se produjeron 308 superaciones del umbral de información y 4 superaciones del umbral de alerta.
El cambio climático se confirma así como el factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono durante el año pasado, como efecto derivado del incremento de la radiación solar y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros “inconvenientes” ambientales como la menor disponibilidad de agua, la desertificación de amplios territorios tropicales y subtropicales o la mayor frecuencia de catástrofes naturales ligadas al clima, entre las que en España hay que destacar los virulentos incendios forestales de 2025, cuyas emisiones han contribuido a elevar los niveles de partículas y ozono.
No obstante, el factor esencial para explicar la ligera caída general de la contaminación atmosférica durante 2025, más allá de la coyuntura meteorológica, es la evolución reciente del modelo energético. Así, aunque la combustión de petróleo superó el año pasado las magnitudes previas a la pandemia de la COVID-19, los consumos de gas natural y de electricidad se mantuvieron respectivamente un 17 % y un 4 % por debajo de los de 2019, por efecto del aumento de las temperaturas. Además, las fuentes renovables incrementaron su aportación hasta el 57 % de la generación eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas de gas y fueloil, tras la clausura de las de carbón, las más contaminantes.
La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde vive la mayor parte de la población, es el tráfico motorizado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las centrales termoeléctricas de carbón y petróleo todavía operativas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. En el resto de las áreas suburbanas y rurales el problema fundamental obedece a las transformaciones químicas de los contaminantes primarios emitidos por el tráfico urbano, las industrias y la ganadería intensiva para formar otros derivados como las partículas PM2,5 secundarias y el ozono, de manera que hoy en día no hay apenas territorios libres de contaminación atmosférica.
Un problema específico al que se presta atención en este informe es la repercusión del tráfico aéreo y marítimo en los principales aeropuertos y puertos del Estado. Con la información aportada por AENA y las autoridades portuarias, se puede concluir que estas instalaciones podrían haber tenido una repercusión relevante en la calidad del aire de las ciudades en las que se ubican, por el fuerte crecimiento de la navegación aérea y marítima de cruceros en 2025. En los puertos de Almería, Barcelona, Escombreras (Murcia), Ibiza, Tarragona y Vigo se superó el valor límite diario legal de PM10, por el movimiento y el almacenamiento al aire libre de graneles sólidos. Y el aeropuerto de Madrid Barajas provocó en el Corredor del Henares madrileño múltiples superaciones de los estándares legales de ozono.
Las partículas respirables PM10 redujeron su presencia en Canarias y en la Península debido a la menor frecuencia de los episodios de intrusión de polvo africano, dentro de la tendencia general creciente estrechamente relacionada con el cambio climático. No obstante, 15 estaciones de medición en Alcañiz (Teruel), Gijón, Oviedo, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Puertollano y Lorca (Murcia) y en los puertos anteriormente citados superaron el obsoleto valor límite diario todavía vigente, en un año en que se produjeron 804 superaciones del umbral de alerta establecido por la normativa española para este contaminante.
La medición y evaluación de las partículas finas PM2,5 resulta aún insuficiente en la mayor parte de las redes de control autonómicas. Todavía son escasos los puntos de muestreo de este contaminante, con Comunidades Autónomas (CC.AA.) en las que tan solo unas pocas estaciones disponen de equipos de medición, y con porcentajes de captura de datos muy bajos, mientras siete zonas incluso carecen de analizadores.
Aunque durante 2025 los niveles de partículas PM2,5 no excedieron el obsoleto valor límite anual vigente, se produjeron 160 superaciones del umbral de alerta establecido por la normativa española para este contaminante.
Los niveles de NO2 se redujeron en 2025 un 30 % respecto a la concentración promedio de este contaminante entre 2012 y 2019, pese al incremento post-COVID de la movilidad motorizada, probablemente por la renovación y menor dieselización del parque circulante de vehículos. Por tercer año seguido desde su entrada en vigor en 2010, ninguna ciudad española incumplió el año pasado el obsoleto límite legal anual de NO2. No obstante, las áreas urbanas de A Coruña, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ceuta, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sevilla, Talavera de la Reina, València, Vigo y Zaragoza rebasaron el nuevo valor límite anual aprobado para 2030 por la Unión Europea.
Ecologistas en Acción ha realizado entre 2020 y 2026 diversas campañas de medición de NO2 con captadores pasivos analizados en laboratorios acreditados en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de medio centenar de ciudades españolas, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales orientadas al tráfico en cada ciudad. Lo que además cuestiona la ubicación de las estaciones de control de la calidad del aire, apreciación ratificada por el informe de la organización ambiental “Análisis de la ubicación de las estaciones urbanas de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en ciudades españolas”, para 25 estaciones y ciudades.
El contaminante que siguió presentando una mayor extensión y afección a la población fue un año más el ozono troposférico. La ciudad de Madrid alcanzó los niveles más elevados de este contaminante desde que se dispone de registros, con todas sus estaciones de medición por encima del actual valor objetivo para la protección de la salud, al igual que otras catorce zonas en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Región de Murcia. Coincidiendo con las olas de calor de junio-julio y agosto, se produjeron 308 superaciones del umbral de información, así como 4 superaciones del umbral de alerta en la Comarca de Puertollano y el Camp de Tarragona.
La contaminación del aire es un asunto muy grave, que según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) causó en 2023 hasta 24.000 muertes atribuibles en el Estado español, trece veces más que los accidentes de tráfico en ese año. Si bien su frecuencia se limita a unos pocos días o semanas al año, los episodios de contaminación son responsables de 10.000 de esas muertes prematuras, así como de 62.000 ingresos hospitalarios anuales, según el Instituto de Salud Carlos III. Con altibajos según el año considerado, los incumplimientos de los nuevos límites legales aprobados para 2030 por la Unión Europea y de las recomendaciones de la OMS son generalizados y se vienen repitiendo desde hace años. El empeoramiento de la situación respecto al ozono en 2025 es en este sentido una pésima noticia.
Los contaminantes atmosféricos también afectan de manera severa a la salud vegetal y a los ecosistemas, reduciendo la productividad de las plantas, aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades y plagas o incrementando de manera excesiva los nutrientes presentes en el agua y el suelo, provocando su eutrofización. La AEMA destaca a Italia y España como los dos países europeos con mayores daños de la contaminación por ozono sobre la agricultura, afectando en nuestro país según esta fuente a dos terceras partes de la superficie cultivada.
El coste económico medio de la mortalidad prematura, de la pérdida de días de trabajo y de la reducción de la productividad de las masas de agua, los cultivos y los bosques, ocasionado por la contaminación del aire, se ha estimado en 32.000 millones de euros anuales en el periodo 2021-2027, equivalentes al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto español. Aunque los cambios necesarios en los modos de producción y en el transporte implican importantes inversiones, la Comisión Europea estima que los beneficios superan en más de cuatro veces a los costes.
La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Buena parte de la información contenida en el presente informe ha debido solicitarse directamente a los Organismos responsables por no estar disponible en sus páginas web, resultando por lo tanto inaccesible y a menudo ininteligible para el público. El índice nacional de calidad del aire aprobado por el Gobierno califica como regulares o buenos niveles de contaminación que pueden ser dañinos para la salud, por lo que debería adaptarse a las actuaes directrices de la OMS. Y el visor estatal de calidad del aire lleva sin facilitar información desde el 8 de febrero de 2026, por un problema con la base de datos nacional que el Gobierno no termina de solucionar.
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por la falta de voluntad política para acometer medidas estructurales sobre el transporte o la industria. En el caso de las numerosas zonas donde se incumplen los objetivos legales de ozono, repartidas por una docena de CC.AA., estos planes a veces ni siquiera existen, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tampoco ha aprobado hasta la fecha el Plan Nacional de Ozono, que lleva demorando una década.
Hasta la fecha, son pocas las ciudades y regiones (Asturias, Barcelona, Cataluña, Galicia, León, Madrid, Murcia, Sevilla, València, Valladolid, Vitoria, Zaragoza) que cuentan con Planes de Acción a Corto Plazo frente a los episodios de contaminación bajo situaciones meteorológicas adversas. El establecimiento por el Gobierno de umbrales de alerta para las partículas y la aprobación por MITECO y CC.AA. de un Protocolo marco para los protocolos autonómicos y locales son dos buenas iniciativas, pero la mayor parte de estas administraciones todavía no han adaptado sus protocolos de actuación, pese a haber vencido hace tres años y medio el plazo legal para ello, y el Gobierno central está tramitando una elevación sustancial de los actuales umbrales de información y alerta para las partículas, que de aprobarse comportaría una injustificada regresión ambiental y sanitaria.
La vigente legislación europea y española se mantiene muy alejada de los valores de concentración máxima recomendados por la OMS para ciertos contaminantes, basados en las evidencias científicas de la relación entre contaminación atmosférica y salud. La aprobación por la Unión Europea de la nueva Directiva 2024/2881, que actualiza los límites legales para acercarlos a las guías de la OMS, es un paso adelante que beneficiará la salud pública, pero para que este avance se consolide es necesario que el Gobierno español la transponga ya, con urgencia.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son: la reducción del tráfico motorizado en las ciudades, con un urbanismo de proximidad y potenciando el transporte público eléctrico y los medios activos peatonal y ciclista; la reconversión ecológica del transporte interurbano desde la carretera a un ferrocarril convencional mejorado y socialmente accesible; el ahorro y la eficiencia energética; una generación eléctrica renovable ordenada, en sustitución de las centrales termoeléctricas de combustibles fósiles; la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles para prevenir la contaminación; la implantación de Áreas de Control de Emisiones de Nitrógeno (NECA) en el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste; la reducción del tráfico aéreo, evitando nuevas ampliaciones de aeropuertos; la reducción y el compostaje de los residuos biodegradables; una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas industriales; y una fiscalidad a los combustibles fósiles que corrija el favorable tratamiento otorgado a los vehículos diésel, al transporte marítimo y a la aviación.
Vencido hace tres años y medio el plazo otorgado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire urbano y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitad de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente esta obligación, pese a los abundantes fondos públicos que los ayuntamientos están recibiendo para su implantación. La escasa sensibilidad ambiental de las autoridades locales y de algunas instancias judiciales está lastrando la aplicación de esta herramienta, esencial para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades.
Buena prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las administraciones frente a la contaminación del aire son la condena al Reino de España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia de 22 de diciembre de 2022, por el incumplimiento reiterado y sistemático desde el año 2010 del límite legal anual de dióxido de nitrógeno en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, así como las sentencias del Tribunal Supremo (2020 y 2026) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y Comunitat Valenciana (2023) declarando la obligación de dichas CC.AA. de aprobar planes de calidad del aire para reducir los niveles de ozono.
La crisis sanitaria de la COVID-19 demostró que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. La dramática situación creada por la pandemia ha corroborado algo en lo que vienen insistiendo desde hace años la comunidad científica y las organizaciones ambientales: que la rebaja de las emisiones es efectiva para combatir la contaminación y supone una importante mejora de la salud pública. Por ello, Ecologistas en Acción desarrolla en España la campaña europea Clean Cities, para pedir a las administraciones una reducción drástica del uso del coche en las ciudades, que permita redistribuir el espacio urbano para fomentar la movilidad activa peatonal y ciclista, al tiempo que se potencia el transporte colectivo, con una financiación pública razonable.
En resumen: el incremento en 2025 de los niveles de ozono respecto a los registrados durante 2024 y años anteriores a la crisis de la COVID-19 obliga a considerar el cambio climático como un serio obstáculo para la rebaja de la contaminación atmosférica, más allá del aumento del consumo de combustibles fósiles que pueda acompañar el actual ciclo de acumulación económica. Asimismo, nos recuerda que estamos todavía lejos de una situación sanitariamente aceptable, con arreglo a las directrices de la OMS y también a los nuevos límites legales a alcanzar antes de 2030. La evolución futura del problema dependerá de las lecciones aprendidas de la pandemia y de la actual crisis energética.
El presente informe analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal por parte de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. El Marco Mundial de Biodiversidad, aprobado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Dado que las comunidades autónomas ostentan amplias competencias en materia de conservación de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Para evaluar el nivel de aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad se analizaron diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias regionales: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Principales conclusiones
Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad autónoma ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”. La mejor puntuación corresponde a Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”. El resto de administraciones presentan “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Déficits estructurales detectados
1. Ausencia de planificación estratégica actualizada
Solo cinco comunidades autónomas disponen actualmente de una estrategia de biodiversidad vigente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi y Comunitat Valenciana. Sin embargo, todas ellas fueron aprobadas antes de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad y ninguna incorpora de forma efectiva la misión de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Doce comunidades autónomas carecen completamente de una estrategia vigente.
2. Falta de compromisos concretos de restauración ecológica
Ninguna comunidad autónoma ha aprobado planes específicos alineados con la Meta 2 del Marco Mundial de Biodiversidad para restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados antes de 2030. Aunque todas participan en la elaboración del futuro Plan Nacional de Restauración o han incorporado referencias a la restauración en otros instrumentos, no existen objetivos autonómicos cuantificados, territorializados y evaluables.
3. Gestión ineficaz de los espacios protegidos
España ya supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, pero el reto principal reside en la calidad de la gestión. No todas las áreas protegidas tienen un plan de gestión aprobado y la mayoría carecen de mecanismos eficaces de seguimiento. Ninguna comunidad autónoma está realizando un esfuerzo estructural suficiente para mejorar la gestión efectiva de su red de espacios protegidos.
4. Escasa ambición frente a las especies exóticas invasoras
Ninguna comunidad autónoma ha incorporado el objetivo de reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento de especies exóticas invasoras para 2030. Las actuaciones existentes se centran principalmente en el control o erradicación de especies ya establecidas, mientras que las medidas preventivas siguen siendo claramente insuficientes.
5. Respuesta insuficiente a la contaminación agraria
La contaminación por nutrientes y plaguicidas continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad. Aunque existen avances derivados de la aplicación de la Directiva de Nitratos para la prevención de la contaminación de nutrientes, persisten importantes incumplimientos en varias comunidades autónomas. Cataluña es la única que dispone de un plan específico autonómico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, si bien su implementación presenta importantes limitaciones. No se constata ninguna línea de trabajo gubernamental para reducir la contaminación agraria en un 50% en 2030, tal y como establece el Marco Mundial de Biodiversidad.
6. Retraso en la infraestructura verde
La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de 2021 establecía que las comunidades autónomas debían aprobar sus propias estrategias en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, únicamente Galicia y Castilla-La Mancha cuentan actualmente con estrategias autonómicas aprobadas, mientras que otras regiones permanecen en fases preliminares o ni siquiera han iniciado el proceso. Esta ausencia de directrices regionales desplaza la responsabilidad a las administraciones municipales para lograr la renaturalización de las zonas urbanas.
7. Falta de integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales
La biodiversidad continúa ocupando una posición secundaria en políticas clave como agricultura, urbanismo, infraestructuras, turismo o energía. Aunque existen mecanismos de evaluación ambiental, la integración efectiva de la biodiversidad en la toma de decisiones sigue siendo muy limitada y apenas existen estructuras de coordinación interdepartamental con capacidad real de influencia.
8. Carencias en la recuperación de especies amenazadas
La mayoría de las comunidades autónomas dispone de algunos planes de recuperación o conservación de especies amenazadas, pero la cobertura sigue siendo insuficiente. La Comunidad de Madrid destaca negativamente por carecer de planes de recuperación y de conservación específicos, mientras que incluso las regiones más avanzadas presentan importantes déficits de actualización y aplicación efectiva.
Valoración general
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad.
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La agricultura y la ganadería industrial dejan sin agua potable a más de 260.000 personas
Los fertilizantes empleados en la agricultura intensiva, especialmente de regadío, y los desechos de la ganadería industrial dejan a más de 260.000 personas de 332 municipios españoles sin agua potable, porque la contaminan con nitratos tóxicos por encima del límite legal permitido (50 miligramos de nitratos por cada litro de agua de grifo).
La contaminación del agua de grifo con nitratos afecta especialmente a los municipios más pequeños, con menos recursos para tratar el agua, y a las mujeres, que se encargan mayoritariamente de las labores domésticas, como ir a por el agua a puntos de reparto.
La contaminación del agua potable con nitratos es un problema estructural de larga duración
Para 47 municipios de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares, se trata de una contaminación estructural que les ha dejado sin agua potable cada año desde el 2021 al 2024, según los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
Tabla de contaminación por nitratos en agua potable
La mitad de los pueblos de España beben agua que expone a su población a riesgo de cáncer colorrectal
La población de más de la mitad de los municipios españoles (3.193 de 6.230, lo que corresponde a un 1,25%) bebe a diario agua con más de 6mg/l de nitratos, lo que les pone en riesgo de padecer cáncer colorrectal y de próstata, según estudios científicos recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca.
España debe proteger la salud de su población y sus ecosistemas
España no debe permitir que sus ecosistemas mueran ni exponer a la mitad de sus pueblos a riesgo de padecer cáncer colorrectal solo por beneficiar el negocio de la agricultura y la ganadería intensivas.
La clave está en reducir la contaminación por nitratos en origen, para lo que debe promover un cambio drástico y urgente en el actual y cruel modelo ganadero de macrogranjas y en el agrícola, tan dependiente de fertilizantes. El Miterd debe potenciar estas políticas de reducción de la contaminación que permitan un agua de calidad: tan solo un medio ambiente libre de nitratos permite un agua de consumo humano sin este tipo de contaminación.
Además, el Ministerio de Sanidad debe reducir el límite permitido de nitratos en agua potable a, al menos, 6mg/l y, cuando trasponga la recién aprobada Directiva RENURE (Directiva (UE) 2026/288), no aumentar la cantidad de abono permitido para fertilizar por encima del límite actual de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año y mejorar la información de su base SINAC para incluir qué medidas se han tomado tras cada uno de los casos de incumplimiento del límite legal de nitratos.
El Gobierno debe aplicar el principio de ‘quien contamine paga’ que se acaba de implementar en la Directiva de aguas residuales para cosméticos y farmacéuticas, para que las empresas causantes de los cortes de agua paguen los costes que se originan a los ayuntamientos.
Todas las políticas que tomen las diferentes administraciones deben incorporar la perspectiva de género, garantizando la participación de las mujeres y aliviando su sobrecarga en los casos de corte de agua.
Solo así será posible el desarrollo de las comunidades rurales.
