Satisfacción de que a pesar todas las medidas para posibilitar la captura del lobo no haya muerto ningún ejemplar.

Según lo regulado en la vigente orden de caza (Orden AGM/36/2025, de 16 de junio, por la que se fijan las limitaciones y periodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2025-2026), el periodo hábil para la caza del lobo en batidas autorizadas en La Rioja finaliza este próximo 7 de febrero. La temporada se abrió el ya lejano 1 de octubre del 2025. El resultado final ha sido que no se ha matado ningún lobo a lo largo de esta larga temporada. Mostramos nuestra satisfacción de que a pesar de arbitrarse todas las medidas para posibilitar su captura no haya muerto ningún ejemplar.

Ello por una parte es debido a las iniciativas desarrolladas por las asociaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la inclusión del lobo como especie cazable en La Rioja, así como la aprobación de la modificación del Plan Técnico de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda que incluía al lobo en sus aprovechamientos. En ambos casos se solicitaron medidas cautelares para la paralización de las autorizaciones de caza, que han retrasado la expedición de los permisos. En el primer caso el TSJR ya se pronunció, no admitiendo las medidas cautelares mientras que en el segundo caso todavía está pendiente de resolver. Esto sin duda ha acortado la temporada hábil de caza del lobo y con ello la posibilidad de matarlos.

Además de ello, y por otra parte, probablemente no se hayan cazado lobos porque no haya tantos como asegura siempre en sus declaraciones la Consejera de Medio Ambiente Noemí Manzanos. Cuando presentó los resultados del censo realizado en 2024 aseguró que había 71 ejemplares y que se había incrementado la población un 50 % en 4 años, aportando la cifra de más de 10 lobos por manada. Nada más lejos de la realidad, y los hechos lo demuestran. Si hubiera tantos lobos como asegura la gestora de la fauna silvestre, alguno hubiera muerto en las batidas autorizadas y sin embargo ello no ha ocurrido. Lo cierto es que según información aportada por el propio Gobierno de La Rioja a petición de esta asociación, la población sería de unos 50 ejemplares, en 6 manadas y algunos ejemplares sueltos, aunque pensamos que ésta es una cifra máxima y son los lobos que podrían visitar La Rioja en determinados momentos, aunque solo uno de cada tres permanecería de forma estable en esta Comunidad.

A pesar de todo ello nos tememos que la persecución del lobo no ha terminado todavía. La orden de caza posibilita a hacer excepciones a lo regulado en la misma por motivos de daños, y la Consejera no querrá que la temporada finalice en blanco. De momento ya ha vuelto a incluir al lobo como especie cazable en la próxima orden de caza 2026-207 y la ha declarado como cinegética en el reglamento de caza recientemente aprobado. Todo ello sin que exista un plan de gestión global del lobo en La Rioja (el único existente y todavía vigente se hizo cuando la especie estaba protegida y no permitía su caza) y pendientes de que se resuelvan los recursos judiciales presentados.

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• La asociación ha remitido solicitudes de información a los 30 ayuntamientos de la comarca para evaluar costes, cumplimiento legal e impacto ambiental.

La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), federada en Ecologistas en Acción, ha puesto en marcha una campaña comarcal para exigir transparencia, responsabilidad y cumplimiento de la Ley 7/2022 en la gestión de los residuos municipales en el Aljarafe.[Fotos]

En el marco de esta iniciativa, la organización ecologista ha remitido solicitudes formales de información a los 30 ayuntamientos de la comarca, con el objetivo de conocer en detalle cómo se están gestionando los residuos, cuánto cuestan realmente estos servicios y en qué medida se están cumpliendo las obligaciones legales vigentes.

Esta actuación se produce tras conocer iniciativas similares impulsadas por Ecologistas en Acción Sevilla ante la Diputación Provincial, y responde a la necesidad de contar con datos públicos, comparables y actualizados sobre una cuestión clave para la sostenibilidad territorial.

Transparencia y cumplimiento de la Ley 7/2022
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de biorresiduos, establecer sistemas eficaces de separación y crear tasas específicas que reflejen el coste real del servicio.

Asimismo, la normativa reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre la producción, recogida, tratamiento y financiación de los residuos, así como sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y reciclaje.

Desde ADTA señalan que, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, sigue existiendo una importante falta de transparencia en muchos municipios.

Información solicitada a los ayuntamientos
Las peticiones enviadas reclaman datos correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, entre los que se incluyen:

• Cantidad de residuos generados, por meses, fracciones, procedencia y destino.
• Costes económicos asociados a su gestión.
• Coste del servicio de recogida por fracción.
• Recaudación de la tasa de residuos.
• Sistemas de recogida separada de la fracción orgánica.
• Ordenanzas municipales de residuos actualizadas.
• Convenios con Ecoembes y otros sistemas colectivos de responsabilidad ampliada.

La asociación considera que esta información es imprescindible para evaluar la eficiencia, la equidad y el impacto ambiental de los sistemas municipales.

Una problemática comarcal con consecuencias ambientales y sociales
ADTA–Ecologistas en Acción subraya que la gestión de los residuos es una responsabilidad compartida entre administraciones, pero que su mala planificación tiene consecuencias directas sobre el territorio y la salud pública.

La acumulación de residuos mal gestionados provoca contaminación de suelos, aguas y aire, degradación del paisaje, pérdida de biodiversidad, problemas sanitarios y un elevado coste económico para la ciudadanía.

Además, advierten del aumento de vertidos incontrolados y del abandono de residuos en espacios naturales y urbanos, una realidad cada vez más normalizada.

Seguimiento público y rendición de cuentas
La organización ecologista anuncia que realizará un seguimiento público de las respuestas recibidas por parte de los ayuntamientos del Aljarafe y que difundirá periódicamente los resultados de la campaña.

El objetivo es facilitar a la ciudadanía información clara y comprensible que permita comparar modelos de gestión, detectar incumplimientos y promover políticas públicas más responsables.

“Sin datos transparentes no hay buena gestión ni transición hacia una economía circular real”, señalan desde ADTA.

“¿Qué nos cuesta realmente gestionar los residuos en el Aljarafe?”
Con esta campaña, ADTA–Ecologistas en Acción quiere abrir un debate público sobre el modelo actual de gestión de residuos en la comarca y sobre quién asume sus costes económicos, sociales y ambientales.

La asociación defiende un cambio de modelo basado en la prevención, la reducción en origen, el compostaje, el reciclaje de calidad y la implicación ciudadana como pilares de un sistema más justo y sostenible.

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• La organización reclama un protocolo técnico tras los temporales y medidas de adaptación climática en la gestión del arbolado urbano.
• La petición se apoya en la ordenanza municipal de jardines y arbolado, que establece la protección y correcta conservación del patrimonio vegetal urbano.
• Denunciamos la falta de convocatorias de los órganos de participación ciudadana y piden abrir espacios estables de colaboración ciudadana en políticas locales de adaptación climática.

Ecologistas en Acción Roquetas de Mar ha presentado una solicitud formal al Ayuntamiento para que implante un protocolo de evaluación técnica previa antes del apeo (tala o derribo) de árboles dañados por temporales si aún no existe, y reactive los órganos de participación ambiental municipales, sin convocatorias desde 2023.

La organización resalta que la evidencia científica sobre el cambio climático indica que los fenómenos meteorológicos extremos tenderán a repetirse con mayor frecuencia e intensidad, por lo que resulta necesario adoptar medidas preventivas urgentes de adaptación y resiliencia en la gestión del arbolado urbano.

Tras la reciente cadena de borrascas, se han producido caídas e inestabilidad de árboles en la vía pública y que han recibido quejas vecinales por la  destrucción in situ y retirada inmediata de ejemplares sin realizar, en muchos casos, una valoración de su posible recuperación. Recuerdan que, aunque la seguridad debe ser prioritaria, existen metodologías técnicas (ya usadas en varias ciudades) para distinguir árboles irrecuperables de otros que pueden estabilizarse.

Advertimos además de la mayor vulnerabilidad frente al viento de algunas especies alóctonas muy utilizadas en alineaciones urbanas, como Tipuana, Jacaranda, Casuarina o Ficus, proponemos revisar progresivamente los criterios de plantación para adaptarlos a un escenario de fenómenos extremos más frecuentes.

Medidas propuestas

1. Evaluar técnicamente los árboles dañados antes de talarlos, cuando no exista riesgo inmediato.
2. Priorizar la recuperación de ejemplares viables frente al apeo (tala o derribo) sistemático.
3. Revisar especies vulnerables al viento y favorecer especies mediterráneas más resilientes (como: lentisco, taray, algarrobo, olivo).
4. Mejorar el suelo y el drenaje urbano para aumentar la estabilidad del arbolado.
5. Ampliar y conectar alcorques y evitar el estrangulamiento de raíces.
6. Reducir el uso de asfalto, cemento y hormigón, eliminándolo donde sea posible y progresivamente sustituirlo por pavimentos permeables para absorber lluvia y evitar encharcamientos.
7. Reactivar el Consejo de Medio Ambiente  (ya van 6 convocatorias de retraso) y los grupos de trabajo participativos que desde 2023 que fueron aprobados, no se han convocado.

Ecologistas en Acción Roquetas de Mar subraya que nuestra propuesta tiene carácter constructivo y busca una gestión del arbolado más preventiva, transparente y adaptada al cambio climático.

Solicitud

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Todos conocemos e incluso lo empleamos en nuestras conversaciones el antiguo proverbio que dice: “La Tierra no es la herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”. Sin embargo nos dedicamos con ahínco en malbaratar y agotar ese preciado préstamo.

Nuestra forma de consumir, comerciar y producir han hecho que en los últimos 100 años la temperatura media en Cantabria haya subido 2,8º C. Las nevadas en Alto Campó se han reducido a un tercio y la temperatura del mar en nuestra costa viene aumentando de medida por década 0,3º C en los últimos 50 años.

Este espantoso cambio climático también y nuestra forma de vida que se caracteriza por un irresponsable desarrollo basado en esquilmar la naturaleza sin dar tiempo a su renovación está también colaborando de forma decisiva en uno de los grandes problemas que tenemos todos y todas las cántabras: Los incendios forestales.

En lo que llevamos de siglo, según datos oficiales, son 725 incendios forestales y 10.503 hectáreas por año; en torno a 250.000 hectáreas han ardido, muchas de ellas una y otra vez, año tras año. Y según los datos oficiales más del 90 % de los incendios forestales son intencionados, más del 90 % se producen en el desempeño de prácticas ganaderas y más del 90 % de los incendios se producen en montes públicos. Paradójicamente comprobamos que mientras en el resto de España los incendios forestales aparecen cuando más calor hace y cuando humedad es muy baja, en Cantabria ocurre lo contrario. Todos en verano pero nosotros en invierno.

Ahora conviene recordar que la superficie del campo de futbol del Racing no llega a la hectárea. Esta comparación nos permite dimensionar mejor esta ninguneada tragedia anual que supone una constante degradación de todo nuestro patrimonio natural, de todos los ecosistemas forestales especialmente en la zona interior oriental y occidental.

Tal vez muchos de nosotros estamos deseosos de participar en manifestaciones a favor de nuestros bosques, de nuestro medio rural asolado por el fuego anual que por estas fechas arrasa nuestra geografía. Pero desgraciadamente solo vemos agricultores y ganaderos en tractoradas y apoyados por algunos alcaldes y consejeros del Gobierno Autonómico defendiendo sus productos en contra de la Política Agraria Común de la Unión Europea.

Nuestra casa, nuestro hogar es destruido periódicamente, de manera contumaz por la mano que mece la llama mientras el Gobierno Autonómico mira para otro lado, mientras en la sociedad normaliza los cientos de fuegos que nos asolan cada año.

¡Ojala! Que la Administración Autonómica solo mirase para otro lado, pues en verdad su modus operandi es el de ser el cómplice necesario en el deterioro y destrucción progresivos de nuestros bosques que son patrimonio de todas y todos los cántabros; este atropello se lleva a cabo cuando confunde y gestiona los bosques como huertos de madera, cuando repuebla con especies introducidas cuando no exóticas, cuando la labor informativa y formativa de la población es inexistente, cuando establece que hay fuegos buenos y fuegos malos para autorizar a troche y moche las “quemas prescritas” causa de buena parte de los incendios forestales, cuando la inversión en el Sector Forestal se reduciendo año a año y en el año 2022 solo representaba la mitad de lo que se invertía en el año 2005, o cuando los trabajos de restauración de la cubierta vegetal o la protección de espacios naturales de especial interés, etc. son prácticamente desconocidos en los presupuestos de Cantabria.

¿Cuándo llegará el día en que nuestros bosques sean valorados como aportación de vida? Los bosques, el patrimonio natural, debieran ser criterios prioritarios en la financiación municipal. El mundo rural debe encontrar su potencial en la economía verde: sumidero de CO₂, energías renovables, despensa de H₂O, ocio, belleza, etc. Este enorme beneficio que aporta el mundo rural con sus bosques debe tener un importante retorno. Todos nuestros vecinos deben sentir el bosque, el patrimonio natural, como su fuente de ingresos principal, como algo suyo y no de una lejana Administración que solo piensa y gestiona la forma de extraer madera o pastos. Un bosque no es un huerto de madera; es cultura y es la vida de todos.

 

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Patim cada volta més ones de calor, sequeres, incendis, vents, inclús huracans, plogudes torrencials, inundacions, elevació del mar, tempestes, devastació de platges, etc. etc. Són fenòmens propis del clima mediterrani però que ara estan augmentant perillosament.

I per a entendre el que està passant sols hem de saber un poc de Física, concretament que l’energia és directament proporcional a la temperatura: Ec = K·T… Això vol dir que com més pugen les temperatures en qualsevol sistema més puja l’energia de les seues partícules i aplicat a l’atmosfera on vivim, que ja està 1’5ºC per damunt les mitjanes de fa cent anys, implica que tots els fenòmens climàtics augmenten en freqüència i intensitat.

El que ocorre en cada lloc resulta més complicat d’entendre perquè influïxen molts factors. Al nord, per exemple, tenim la corrent atmosfèrica al voltant del vòrtex polar que guia les borrasques atlàntiques d’oest a est i que està alterant-se acceleradament, de manera que este hivern ens ha dut un tren de borrasques amb molta pluja a la Península. I la Corrent Meridional de l’Atlàntic Nord (AMOC), que transporta les aigües calentes de l’equador fins al cercle polar, està debilitant-se i amenaça el clima relativament suau de tota Europa. Però bàsicament tot depén de les temperatures i de la seua distribució per la Terra.

Les causes del calfament climàtic són antròpiques i conegudes des de fa cent anys o més, fonamentalment l’augment dels gasos d’efecte hivernacle, CO2 sobretot, per la crema massiva dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas), i la destrucció dels ecosistemes, que disminuïx la vegetació capaç d’absorbir el CO2.

I el pitjor és que hi ha fenòmens de retroalimentació que acceleren el calfament del clima i poden dur-nos a una situació irreversible on no hi haja ja solució. Perquè la fusió de gels i neus enfosquix la terra i augmenta l’absorció d’energia solar, la fusió de la tundra allibera metà que és 30 vegades més calefactor que el CO2 i l’acidificació dels oceans pot parar d’absorbir el CO2 i començar a alliberar-lo accelerant encara més la pujada de les temperatures.

Òbviament les solucions són reduir la crema dels combustibles fòssils i protegir/restaurar els ecosistemes, fa 50 anys que estan demanant-ho els científics i després de 30 COP internacionals encara no s’ha fet a penes res. L’IPCC (Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, ONU), que agrupa a milers de climatòlegs de tot el món, ha calculat que si no volem que les temperatures globals pugen més de 2ºC durant esta dècada hem de reduir la crema de combustibles fòssils a la meitat, sobretot el transport motoritzat que és el principal emissor, viatjant menys, consumint productes de proximitat, fomentant la bici i el tren, etc.

També hem d’estalviar energia, generalitzar l’autoconsum fotovoltaic, aplicar les 4R, protegir la Natura, potenciar l’agricultura ecològica, menjar menys carn, plantar arbres pertot arreu, etc. etc. I per descomptat hem de pacificar les relacions internacionals per a evitar les guerres i invertir els bilions que gasten en armaments en resoldre tots els problemes que ens acuiten, perquè si els diners que malbaraten en armes els dedicaren a investigar les malalties i ajudar els pobles, ja hauríem acabat amb la fam, l’analfabetisme, el càncer, les pandèmies, la contaminació, …

Negar els problemes climàtics i ajornar les solucions sols aconseguix que vagen agreujant-se i augmentant exponencialment les víctimes i les pèrdues econòmiques. I pot provocar la irreversibilitat i el desastre total, de fet científics del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) prediuen que si les temperatures globals augmenten fins a 3ºC, i anem cap açò en poques dècades si no canviem, ací tindrem dies de 60ºC i sols serà habitable la Cornisa Cantàbrica.

Així doncs, necessitem urgentment trencar la inèrcia i canviar. Els pobles han de despertar i actuar, i només queden uns pocs anys per a fer-ho, després ja no serà possible solucionar res. És ara o mai, tu elegixes…

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• Plataformas y Asociaciones vecinales agrupadas en la “Mesa Ciudadana del Árbol”, avisan de los destrozos al arbolado urbano que se están produciendo por las numerosas obras que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid.
• Denuncian que, además de perjudicar seriamente la movilidad vecinal, las obras están suponiendo una pérdida de patrimonio arbóreo y natural de la ciudad.

Las numerosas obras que se están realizando en estos momentos en la ciudad de Madrid están suponiendo un auténtico desastre para el arbolado urbano, no solo hablamos de las talas programadas, sino de árboles y arboledas que están sufriendo los daños colaterales que toda gran obra conlleva.

Así en el Paseo de Extremadura, las tareas de soterramiento de la A5, están acabando con cientos de árboles adultos de diferentes especies, que “molestan” a la maquinaria, en el diseño de trazados provisionales para el tráfico o modificaciones en los servicios.

La losa de Ventas, está impactando en la arboleda de álamos, almeces y cipreses del Parque Lineal de Sancho Dávila, lindando con la Quinta de la Fuente del Berro. Esta zona está siendo literalmente devastada por la construcción de las pasarelas y su utilización como zona de estacionamiento de la maquinaria y de los vehículos de los. En el otro lado de la M30, en la calle de Antonio Pirala, directamente han hecho desaparecer el talud que estaba poblado de álamos que ayudaban a amortiguar el ruido de la M30. El total de árboles afectados y suprimidos está superando con creces la cantidad prevista. Para construir un cantón de limpieza enfrente de la mezquita de la M30 han arrasado los únicos 11 árboles de la zona (cipreses, olivos y olmos) y más de 100 arbustos. De hecho, las AAVV de San Pascual, a través de campañas específicas, están reivindicando desde el año pasado la plantación de árboles en el barrio, y esta es la respuesta.

De igual manera, las obras del circuito de Fórmula 1 se están llevando por delante humedales, vías pecuarias, árboles y bosquetes, dada la premura de las mismas para poder estar disponible en la fecha comprometida. Dos grupos de cipreses de la Plaza de Santa Ana, que habían sobrevivido a las talas y pseudo trasplantes se están secando debido a las zanjas de obra civil que se han ejecutado en sus proximidades, aunque la excusa del ayuntamiento sea que sufren una “infección de hongos”.

El vecindario cercano al bosque metropolitano de Barajas, está viendo cómo por las operaciones de poda se están perdiendo numerosos árboles jóvenes y la negativa de la JM a dar permiso para el riego por parte de las AAVV, pone en riesgo la supervivencia de más de 1600 ejemplares. Justificándose en el nuevo diseño, las obras de remodelación del parque Manolito Gafotas han significado la tala de arbolado sano plantado a través de los años por la iniciativa popular. La Plaza de Tirso de Molina, Montecarmelo, y así podríamos continuar con muchos más casos sobre los que el ayuntamiento no ofrece ninguna información ni justificación entendible por la ciudadanía.

Ecologistas en Acción de Madrid denuncia que esta obra pública, desmesurada e injustificada en muchos casos, se debe a estar en año preelectoral y persigue  réditos entre el electorado, y demandan el derecho de la ciudad de Madrid a conocer y juzgar el modo en el que esta corporación trata el patrimonio arbóreo, que deja de ser considerado un ser vivo, cada vez más necesario, para convertirse en mobiliario urbano con el que se puede especular económica y socialmente.

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• Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha denunciado un vertido de alpechín ocurrido el pasado miércoles 28 de enero desde una de las balsas de residuos que tiene la almazara de la cooperativa Montes Norte, situada en la carretera N-401, punto kilométrico 168, en el término municipal de Malagón (Ciudad Real), y que figura en Google Maps con el nombre de Olivia.

Desde este punto se produjo una importante escorrentía de alpechín en dirección norte, afectando a varias parcelas de cultivos de olivar, viñedo y cereal, así como al camino del paraje de los Frailes. El vertido avanzó unos 400 metros, llegando a anegar totalmente al menos una parcela de viñedo emparrado e infiltrándose en las inmediaciones de la circunvalación de la N-401.

Tras el aviso al 112 realizado por varios vecinos de las parcelas afectadas, se personó una patrulla del SEPRONA que llevó a cabo una inspección de los hechos y aconsejó la interposición de la correspondiente denuncia administrativa.

Ecologistas en Acción recuerda que no se trata de un hecho aislado. Hace aproximadamente dos años, coincidiendo también con un episodio de fuertes lluvias, se produjo otro vertido similar desde estas mismas instalaciones. Esto pone de manifiesto la existencia de graves deficiencias de diseño y mantenimiento en las balsas, que no han sido corregidas y que podrían provocar nuevos vertidos o incluso una rotura de las mismas, con consecuencias mucho más graves para los cultivos, los acuíferos y las masas de agua cercanas, así como para la salud de las personas.

El alpechín y el alpeorujo son residuos de la industria olivarera altamente tóxicos, de carácter ácido y con una elevada carga orgánica y de compuestos fenólicos, lo que hace que su degradación sea extremadamente lenta. La legislación vigente obliga a un control estricto de este tipo de residuos, que en ningún caso pueden liberarse al medio ambiente sin un tratamiento previo, ya que su carga contaminante es entre 100 y 200 veces superior a la de las aguas residuales urbanas.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana, la exposición a estos residuos puede provocar irritaciones de piel y mucosas, cefaleas y problemas respiratorios derivados de los vapores y los procesos de fermentación. Desde el punto de vista ambiental, su vertido supone un riesgo microbiológico si contaminan aguas destinadas a consumo humano; sobre el suelo, inhiben el crecimiento vegetal, reducen la actividad microbiana beneficiosa y pueden llegar a provocar su esterilización a largo plazo; y sobre el agua, generan una altísima demanda química y biológica de oxígeno, lo que puede causar la asfixia de organismos acuáticos, el oscurecimiento del agua que impide la fotosíntesis y la contaminación de acuíferos por infiltración.

Las balsas que almacenan residuos peligrosos están reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Ecologistas en Acción ha solicitado la intervención de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, como órgano competente en materia de vigilancia y prevención de la contaminación y de accidentes graves, para que inspeccione las instalaciones, adopte medidas efectivas que eviten la repetición de estos vertidos, y obligue a los responsables a reparar y compensar los daños causados conforme a la legislación de responsabilidad ambiental.

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APNAL-Ecologistas en Acción celebró el Día Mundial de los Humedales con acciones didáctico/educativas en el Prat de Cabanes-Torreblanca y una retirada de basuras y residuos en la marjal de Peñíscola.

El 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, fecha que conmemora la firma del Convenio Internacional sobre Zonas Húmedas en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971 (https://www.ramsar.org/). Uno de los principales logros de este Convenio fue la creación de una Lista de Humedales de Importancia Internacional que en la actualidad está compuesta por 2.525 humedales pertenecientes a 172 países y con más de 257 millones de hectáreas de humedales protegidos. En el territorio español se han declarado, desde 1982, setenta y seis zonas húmedas bajo el paraguas del Convenio Ramsar, con un más de 300.0000 hectáreas. De ellos, sólo 7 se encuentran reconocidos en el territorio de la Comunitat Valenciana, y sólo dos humedales de la lista está considerados como sitio Ramsar en la provincia de Castellón, el Prat de Cabanes-Torreblanca, con 848 Ha de hábitats palustres y turberas, a marjal de Almenara, con 1.474 ha.

Recordamos que, además de éstos lugares con denominación Ramsar, existen, en la Península Ibérica, centenares de otros humedales bajo otras figuras legales de protección, como Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 (Zonas Especiales de Conservación-ZEC y Zonas de Especial Protección para las Aves-ZEPA), Inventario Español de Zonas Húmedas, Zonas de Dominio Público, parajes naturales municipales o reservas de fauna, etc., que son también importantísimos para la vida. Muchos de éstos espacios están catalogados y otros no lo están, pero todos TODOS protegidos por la numerosas legislaciones vigentes, como la Ley 7/2016, de 30 de septiembre, de reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.

En la comarca del Baix Maestrat (al noreste de la provincia de Castellón), sobreviven numerosas marjales, prats, lagunas, lagunas, balsas, desembocaduras de ríos, saladares, charcas, clots, tolls, etc., que siguen estando expuestas a impactos de infraestructuras, agricultura, urbanismo, turismo, cambio climático, mala gestión,….Mencionemos a la marjal de Peñíscola; a las desembocaduras de los ríos Senia y Servol en Vinaròs, Sec y Alcalá en Benicarló; San Miguel en Alcossebre…; a las desembocaduras de los barrancos de Aiguaoliva en Vinaròs, Moles en Peñíscola,…; a las lagunas endorreicas interiores de Sant Mateu, La Jana y Salzadella; a las balsas de riego como la del Iryda en Sant Jordi, Lores en Traiguera, Albert en Sta. Magdalena de Polpis,…espacios naturales con hábitats palustres únicos que actúan como reservorios de agua dulce y sumideros de gases de efecto invernadero; lugares que regulan el clima y atenúan las inundaciones y avenidas torrenciales; hábitats que actúan como depuradoras naturales de aguas y que albergan una biodiversidad endémica.

Recordemos que, desde el siglo XVIII, más del 90% de los humedales del mundo ya han desaparecido y su velocidad de pérdida tres veces superior a la de los bosques. Los sobreviven se encuentran mal gestionados, amenazados y descuidados. Sus problemas son recurrentes y diversos, con graves y serios impactos urbanísticos y turísticos; con malas praxis agrícolas; con continuos vertidos de contaminantes y aguas residuales; con serios impactos por incendios, caza, introducción de especies exóticas, presión humana, etc. Si además le unimos los tremendos impactos del cambio climático, pues nos queda un futuro poco esperanzador para los humedales si no se toman serias medidas de protección, vigilancia y restauración de estos frágiles ecosistemas.

APNAL-Ecologistas en Acción conmemoró el Día de los Humedales, durante el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, con varias acciones en favor de las zonas húmedas para intentar que la ciudadanía empatizara con estos valiosos hábitats y se concienciara hacia sus impactos cotidianos:
-El sábado 7 de febrero se realiza un recorrido didáctico por el interior del parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, espacio protegido y zona húmeda de gran importancia para la supervivencia de numerosas especies, como la rapaz aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) con una numerosa colonia de cría o los peces fartet y samaruc, o el reptil galápago europeo (Emys orbicularis), todos considerados en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana; o especies endémicas, como la quisquilla Palaemonetes zariquieyi; o las zonas importantes colonias de cría de chorlitejo patinegro, canastera y ardeidas; o la presencia de nutrias,… Todos los/as participantes pudieron disfrutar del humedal, su paisaje, su biodiverisdad y comprender más sobre su fragilidad y amenazas.

-El domingo 8 de febrero realizamos una recogida de residuos en la marjal o Prat de Peñíscola, humedal protegido de 40 ha situado en el turístico municipio de Peñíscola y que sufre graves impactos urbanísticos y de infraestructuras; de vertidos y contaminación; de una mala gestión y pésimas políticas de conservación del medio. Los catorce voluntarios que participaron en esta actividad, retiraron, en dos horas de trabajo, 120 kg de basuras y residuos (latas, plásticos, botellas de vidrio, condones, enseres, poliuretano, etc.) lanzados por la gente desde el tramo de pasarela de madera comprendido entre la avda. Pigmalión y el colegio Jaime Sanz. Allí pudimos apreciar cómo la dejadez humana contamina el marjal (botellones y fiestas en los observatorios de aves; gente que pasea por la zona y arroja sus residuos; escolares que sin escrúpulos se desprenden de todo tipo envoltorios de comida; excrementos de animales domésticos lanzados en bolsas de plástico;…) y cómo la falta de conciencia de nuestro políticos, permiten estos actos al no vigilan, ni limpiar, ni educar por la salvación de estos valiosos espacios naturales.

 

APNAL-Ecologistas en Acción sigue actuando, año tras año, en nuestros humedales y denunciando su estado de conservación. Necesitamos unas zonas húmedas en buen estado y con una adecuada restauración de sus hábitats que permita salvar a su valiosa biodiversidad y cumplir con su importante funcionalidad y beneficios.

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Prop de 40 persones van acudir, el passat dissabte 7 de febrer, a la celebració d’una marxa lúdica reivindicativa per a celebrar el Dia Internacional de les Zones Humides al Parc Natural de les Salines de Santa Pola.

L’activitat, organitzada per huit organitzacions ecologistes del sud del País Valencià (Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Talaiola-Ecologistes en Acció de Santa Pola, Margalló-Ecologistes en Acció d’Elx, Grup Ecologista Maigmó-Ecologistes en Acció de Sant Vicent del Raspeig, El Campanà-Ecologistes en Acció de Crevillent, La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistes en Acció i Amig@s de Sierra Escalona), ha partit des de platja Llisa per a arribar seguint la costa fins a la desembocadura del riu Vinalopó.

Els participants van poder gaudir de l’observació d’algunes de les espècies ornitològiques típiques d’aquest sector del litoral com, per exemple: picaplatges, gavines capblanques i capnegres i xatrac becllarg; a més de la biodiversitat botànica que es veu greument limitada per la proliferació, en algunes zones, d’espècies botàniques invasores com l’atzavara i el carpobrotus, també conegut com a ungla de lleó. Durant el recorregut algunes persones han arreplegat els residus que es trobaven al seu pas.

En un pla reivindicatiu els participants han acudit amb les seues pancartes als voltants de la carretera N-332, en concret a un dels punts de parada de vehicles afectats per la retirada de papereres en tot el parc natural decidida per la Conselleria de Medi Ambient el mes d’abril passat. Una mesura que va provocar la indignació dels grups ecologistes que porten anys denunciant l’impacte dels residus generats pels usuaris d’esta via i la més absoluta inacció de les administracions en la seua retirada, de manera que acaben fragmentant-se i degradant els aiguamolls adjacents a esta via.

Els ecologistes recorden que el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de les Salines de Santa Pola estableix que s’ha d’implementar un pla de minimització d’impactes i d’integració paisatgística i que malgrat que han transcorregut més de 15 anys des de l’aprovació definitiva d’esta legislació, ni el Ministeri de Transports ni la Generalitat Valenciana han pres cap mesura correctora.

Les organitzacions denuncien que després de 35 anys des que es va aprovar la declaració del Parc Natural de les Salines de Santa Pola, l’estat de degradació i abandó que pateix s’aguditza dia a dia.

Un aiguamoll de gran valor ambiental que acull ecosistemes i espècies singulars , però que és travessat de nord a sud per la carretera N-332 amb una gran intensitat de trànsit, suportant una enorme pressió antròpica i on ni tan sols existeix senyalització viària que indique que s’està travessant un parc natural. A més, tampoc hi ha cap mena d’instal·lacions per a la recollida de residus, que són llançats des dels vehicles, així com les restes d’accidents que es podreixen en els fons de tolls i saladars.

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• Ecologistas en Acción organiza una movilización en Berlín contra el modelo agroindustrial de la feria Fruit Logística.
• Activistas, jornaleras y organizaciones sociales llevan a juicio popular los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial.

Ecologistas en Acción, junto a organizaciones de la sociedad civil alemana, organizó dos jornadas de protesta en Berlín contra la feria Fruit Logística, celebrada del 4 al 6 de febrero en Berlín, uno de los principales encuentros internacionales del lobby hortofrutícola.

Una veintena de activistas se manifestaron frente al recinto ferial para denunciar los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial en los países productores.

Celebramo un tribunal popular contra la agroindustria, en el que distintas personas, entre ecologistas, jornaleras, sindicalistas y activistas, presentaron testimonios sobre los abusos del sistema agroindustrial.

Las acciones se enmarcan en la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, con la que Ecologistas en Acción cuestiona el relato de sostenibilidad que proyecta Fruit Logistica desde hace décadas. En los pabellones de la feria se exhibe una imagen de agricultura sostenible que no se corresponde con la realidad que se vive en los territorios productores.

Ecologistas en Acción denuncia que el modelo de agricultura intensiva tiene un impacto devastador tanto ambiental como social: degrada ecosistemas, sobreexplota recursos hídricos y se sostiene sobre la vulneración sistemática de Derechos Humanos y laborales.

Estas denuncias fueron recogidas en el Tribunal Popular celebrado el viernes, donde diversos testimonios documentaron los efectos de la agroindustria sobre la naturaleza y las personas. En su intervención, Sara Facchinelli, de Ecologistas en Acción Almería, denunció «En los humedales y en el mar los contaminantes procedentes de la agroindustria perjudican la vida de las miles de especies que habitan nuestro entorno» Jennifer Cárdenas Tovar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, denunció las condiciones laborales y de vida inhumanas, precarias y sin derechos en las que viven miles de personas trabajadoras del sector agroindustrial, que son mayoritariamente personas migrantes, en las provincias de Almería y Huelva. Afirmó: «además de sufrir condiciones de explotación laboral, se ven obligadas a vivir en asentamientos chabolistas, sin agua, sin luz, sin acceso a servicios básicos».

Para Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, existe una presión desde el sector, y muchas veces desde algunas administraciones, para callar las voces que denuncian los impactos del modelo agroindustrial. «Además, se lanzan bulos y falsas noticias para eludir responsabilidades y facilitar que se acepten falsas soluciones que más benefician a las empresas». Incluso se intenta eludir el cumplimiento de la normativa, o promover su modificación a la baja. «Está claro que todo esto no es casual, responde a una estrategia para proteger el interés económico empresarial, a toda costa».

El caso de Murcia, Almería y Huelva

En Fruit Logística estuvieron representados numerosos productores españoles, incluidos grandes grupos de Murcia, Almería y Huelva, provincias clave para la exportación hortofrutícola.

En Murcia, décadas de agricultura intensiva han provocado la grave degradación del Mar Menor, con episodios recurrentes de eutrofización, mortandad de fauna y múltiples procedimientos judiciales por prácticas agrícolas ilegales.

En Almería, las más de 32.000 hectáreas de invernaderos generan anualmente unas 150.000 toneladas de residuos plásticos, de las cuales alrededor de 30.000 toneladas acaban vertidas ilegalmente en el medio rural. A ello se suma un déficit hídrico anual de 170 hm³ y un grave deterioro de la calidad del agua, afectando a la flora y fauna y al deterioro de nuestros humedales costeros tan importantes para las aves migratorias y para otras especies en peligro de extinción, como ejemplo el deterioro de Las Albuferas de Adra. En Huelva, la agricultura intensiva de frutos rojos está secando los acuíferos de Doñana y poniendo en riesgo este espacio protegido, por lo que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el deterioro de los hábitats.

Ecologistas en Acción y una decena de organizaciones alemanas concluyeron las jornadas con un veredicto colectivo contra el modelo agroindustrial que representa Fruit Logistica. Elena Alter, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, señaló: «Las jornadas han permitido visibilizar los impactos reales de este modelo y reforzar una amplia alianza social en defensa de los derechos de la naturaleza y de las personas».

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• La Junta de Andalucía ha aprobado una Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad por la que se amplía el periodo de caza mayor en aquellas fincas que no han podido realizar monterías, ganchos o batidas debido al mal tiempo. Esta ampliación responde sólo al plegamiento de los responsables de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA) al sector cinegético, y repercutirá negativamente en la biodiversidad y en actividades como el senderismo y el turismo rural.

Los periodos hábiles y de veda para la caza mayor los ha fijado la Resolución de 28 de mayo de 2025 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad. En lo que respecta a la caza mayor, y concretamente a las especies ciervo, gamo, muflón y jabalí, establece con carácter general un período hábil de caza que comprende todos los días de la semana desde el 11 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026.

Como ha llovido mucho y no se han podido celebrar muchas monterías, ganchos y batidas, a propuesta del sector cinegético, la CSyMA ha ampliado el periodo de caza mayor en esas fincas hasta finales de este mes de febrero.

Ecologistas en Acción se opuso en el Comité de Caza de Andalucía, formado mayoritariamente por representantes de la Junta y de los cazadores, a esta ampliación de plazo para la caza mayor. Juan Clavero, representante de Ecologista en Acción en el citado Comité, advirtió que  no es admisible que todas las medidas que aprueba la CSyMA vayan a favor de la caza, cuando ni siquiera es la actividad más practicada en el campo, que es el senderismo, ni la de mayor relevancia económica en los pueblos de zonas forestales, que es el turismo rural.

Esta Resolución se justifica, además, para “controlar las enfermedades infectocontagiosas de alto impacto”. Pero se omite que el principal método para luchar contra las enfermedades infectocontagiosas son los predadores naturales. La CSyMA, en vez de protegerlos, los persigue, y las consecuencias son el desequilibrio poblacional de algunas especies, como el ciervo, el jabalí y el gamo.

La Resolución asegura que esta medida se basa en el artículo 20 de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres, pero es falso. Este artículo determina que “ante situaciones excepcionales de daño o riesgo para los recursos naturales como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier otra intervención humana, las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales…”. O sea, este artículo va en la dirección contraria a como lo quieren utilizar, es para limitar o prohibir la caza, no para ampliarla. Cuando las organizaciones ecologistas hemos solicitado prohibir la caza de aves acuáticas en periodos de sequía, para lo que sí es de aplicación este artículo, la CSyMA ni respondió.

Esta Resolución no se apoya en ningún informe científico sobre sus repercusiones, ni menciona los efectos que tendrá esta ampliación del periodo de caza mayor con perros en la biodiversidad, cuando ya muchas especies están comenzando la época de reproducción, ni sobre otras actividades como el senderismo, pues en las monterías se cierran ilegalmente los caminos públicos y vías pecuarias, y suponen un riesgo para los miles de senderistas que los recorren.

Otro factor que no ha tenido en cuenta la CSyMA es que las ciervas están preñadas, y que en este mes los fetos doblarán su tamaño, dificultando la huida ante las rehalas de perros y generándoles estrés.

Con esta medida, y otras que está promoviendo la CSyMA como las emergencias cinegéticas, en el campo andaluz se va a poder estar cazando todo el año, perjudicando a la biodiversidad y a otros sectores sociales y económicos. Sorprende esta entrega total de los responsables de la Junta de Andalucía al sector cinegético cuando la caza es una actividad decreciente y minoritaria en Andalucía. Las licencias de caza en Andalucía han experimentado un descenso significativo en las últimas dos décadas,  reduciéndose a la mitad. A pesar del apoyo de la Junta de Andalucía -con promoción de la caza hasta en las escuelas, generosas subvenciones a ferias, campañas promocionales, bonificaciones, exageración de las repercusiones económicas…-, la realidad es que en Andalucía hay sólo 87.000 cazadores federados, el 1% de la población, pero que tienen acotada más del 80% de su superficie.

Una prueba más de esta entrega total de los responsables de la CSyMA al sector cinegético es que en el Borrador de la Resolución que se llevó al Comité de Caza se incluía una ampliación de plazo hasta el 22 de febrero. A los representantes de los cazadores les pareció poco, y propusieron que se ampliara hasta el 28, y así ha aparecido en la Ordena aprobada y publicada en el BOJA.

Ecologistas en Acción lamenta que la Consejería denominada de “Sostenibilidad y Medio Ambiente” se pliegue a los intereses del sector cinegético, convirtiéndose en una mera “Gestoría de caza”, olvidando sus competencias, entre las que se encuentra la preservación de la biodiversidad.

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La petición se fundamenta en la persistencia y agravamiento de su deterioro ecológico tras las inundaciones de octubre de 2024 y en la necesidad de ordenar las numerosas actuaciones iniciadas desde diversas administraciones, que abarcan un amplio abanico como la tramitación de los instrumentos de ordenación y gestión del espacio natural, proyectos de restauración u obras de emergencia.

La última Misión Ramsar en este humedal se realizó en 2006 (la número 58), hace dos décadas, cuyo fundamento fue la modificación del reglamento jurídico del humedal, para, entre otras cuestiones, transformar a suelo urbanizable una parte para realojar a las familias expropiadas y desalojadas de sus viviendas por las obras de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia

Las entidades ambientales implicadas en la conservación y gestión del humedal de l’Albufera de València han solicitado formalmente a la Secretaría de la Convención Ramsar la realización de una Misión Ramsar de Asesoramiento para este espacio natural protegido, reconocido como Humedal de Importancia Internacional desde 1989.
L’Albufera, que además forma parte de la Red Natura 2000 y cuenta con la figura de protección autonómica de Parc Natural, atraviesa un momento especialmente delicado. Las organizaciones firmantes advierten de la persistencia y agravamiento de problemas ecológicos y de gobernanza que vienen siendo señalados desde hace años por la comunidad científica y por el tejido ambiental y ciudadano vinculado al humedal, y que se han visto agravados tras las fuertes inundaciones del 29 de octubre de 2024, que afectaron de forma significativa al sistema lagunar y a su cuenca.
Al mismo tiempo, destacan que se están activando múltiples iniciativas, inversiones y procesos administrativos para la recuperación del humedal, desde distintos niveles de la administración, sin que exista todavía un marco de planificación actualizado y coordinado. Entre otras cuestiones, recuerdan que aún no se han elaborado las Normas de Gestión de la Red Natura2000, mientras que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales data de 1995 y el Plan Rector de Usos y Gestión de 2004, ambos actualmente en proceso de revisión, y que la administración local, con el apoyo de la autonómica, está promoviendo además la candidatura de l’Albufera como Reserva de la Biosfera de la UNESCO todo ello si la figura de Director-Conservador del Parque.
Objetivos de la misión solicitada

Las entidades consideran que la intervención de la Convención Ramsar, puede aportar una mirada experta e independiente que ayude a ordenar prioridades y orientar las decisiones futuras. Entre los objetivos planteados para la Misión se encuentran valorar de forma integral el estado ecológico actual del humedal tras los recientes eventos extremos, analizar el modelo de gobernanza y gestión, identificando mejoras a partir de experiencias en otros humedales Ramsar, o establecer un marco de prioridades y una secuencia lógica de actuaciones basada en criterios científicos y técnicos y asesorar para la mejora de la coordinación interadministrativa y la participación social en la gestión del espacio.
La solicitud está firmada por Ecologistes en Acció de València, Acció Ecologista AGRÓ, Fundación Nueva Cultura del Agua, Per l’Horta y Xúquer Viu, ya que, a su juicio, la experiencia acumulada por la Convención Ramsar en humedales de todo el mundo puede resultar decisiva para revertir la situación actual de l’Albufera y garantizar su conservación a largo plazo como humedal de importancia internacional.

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Fa poc ens hem assabentat de la proposta d’un nou projecte industrial al Grau de Castelló. Es tracta d’Armonia Green, una planta de producció d’amoníac destinada principalment a l’exportació, que es pretén ubicar al polígon del Serrallo. La seua localització respon a criteris purament econòmics: l’aprofitament de l’electricitat generada per les centrals de cicle combinat ja existents i la proximitat immediata al port per facilitar el transport marítim de grans quantitats d’amoníac.

Des de l’empresa promotora, formada al 50 % per l’elèctrica Ignis i el fons d’inversió nord-americà prosionista KKR (sí, el mateix dels festivals de música), així com des de les institucions i bona part dels mitjans de comunicació, el projecte s’està presentant com una aposta per la sostenibilitat i la transició energètica. No és casual que es vincule reiteradament a conceptes com l’hidrogen verd o l’amoníac verd, ni tampoc que el mateix nom del projecte pretenga transmetre una imatge d’harmonia ambiental que en cap cas es correspon amb la realitat.

Els col·lectius sotasignants mostrem el nostre ferm rebuig a aquest projecte, que considerem un nou cas de rentat de cara verd al servei d’interessos empresarials i especulatius. A continuació exposem els principals motius pels quals Armonia Green no només no contribueix a una transició energètica justa, sinó que aprofundeix en un model de gestió del territori que fa dècades que patim.

En primer lloc, la generació de l’amoníac dependrà directament de l’electricitat generada a les dues centrals de gas de cicle combinat ubicades al Serrallo, i per tant no es tractaria d’amoníac verd, sinó gris. Per confirmar açò, només cal vore els plànols del projecte, que compten amb cables que uneixen les centrals de cicle combinat amb la planta de producció d’amoníac. A més, la planta consumiria més aigua que tot Castelló i un terç de l’energia de tot el territori valencià.

En segon lloc, l’amoníac produït a la planta d’Armonia Green no tindrà com a objectiu la descarbonització del teixit industrial de les nostres comarques ni la cobertura de necessitats energètiques locals. Ben al contrari, el projecte preveu explícitament la construcció de canonades que transportaran l’amoníac fins al port del Grau de Castelló, on grans vaixells de fins a 40.000 tones de capacitat el carregaran per exportar-lo als ports de Bèlgica i dels Països Baixos, on posteriorment serà reconvertit en hidrogen.

Això significa que el nostre territori assumirà els impactes ambientals, els riscos industrials i l’ocupació d’espais estratègics, mentre que els beneficis energètics i econòmics es concentraran fora. Castelló torna així a ser tractada com un espai de pas i d’extracció de valor, subordinat a les necessitats del mercat europeu, perpetuant un model profundament injust en què els riscos es queden ací i els guanys se’n van fora.

En eixa mateixa línia, estem parlant d’un projecte que, amb una inversió per damunt dels mil milions d’euros, tan sols generarà un nombre molt reduït de llocs de treball.

En tercer lloc, el projecte s’ha volgut presentar com una iniciativa que compta amb el suport del conjunt de la societat castellonenca, quan la realitat és ben diferent. Fins ara, l’única aprovació constatada és la de determinades autoritats locals (ajuntament, autoritat portuària) i autonòmiques, sense que haja existit cap procés real d’informació, debat o participació ciutadana que permeta parlar de consens social.

No s’ha dut a terme cap procediment d’exposició pública que haja garantit l’accés de la ciutadania a una informació completa i rigorosa sobre el projecte, els seus riscos i les seues conseqüències. Com passa sovint amb projectes d’aquesta magnitud, una part fonamental de la seua viabilitat es basa en la manca de transparència i en el desconeixement generalitzat, substituïts per relats simplificadors i eslògans verds que dificulten un debat democràtic honest.

A més de tot açò, cal tindre en compte que l’amoníac és una substància altament inflamable i, tot i que el projecte no detalla la capacitat exacta dels tancs d’emmagatzematge, segons els plànols hi ha dos grans tancs d’uns 40 metres de diàmetre. A més, cal tindre en compte també els riscos que comporta el seu transport a través de canonades que passen a la vora de les centrals de cicle combinat, de les instal·lacions de combustible o de la planta d’UBE. La combinació de tots eixos factors podria tenir un efecte dòmino de conseqüències terribles. De fet, el projecte s’ha d’acollir a la Directiva Seveso III i el Reial Decret 840/2015 aplicables a indústries que comporten la possibilitat d’accidents greus.

Per últim, però no menys important, com hem dit a l’inici, una de les dues promotores del projecte és el fons d’inversió prosionista KKR, i per tant el mateix redundaria en l’augment de beneficis d’aquest grup, que està implicat en el brutal règim d’apartheid israelià i les seues polítiques genocides cap al poble palestí.

Per tots aquests motius, els col·lectius signants d’aquest manifest DIEM NO a Armonia Green. No volem que el nostre territori seguisca sent destrossat per projectes com aquest que sols serveixen per seguir augmentant els beneficis de qui mai s’ha preocupat per res més que fer-los créixer no importa a quin preu.

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Con motivo de la celebración el pasado 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales, Ecologistas en Acción de Parla ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org solicitando la inclusión de diferentes humedales amenazados distribuidos por los municipios de Parla, Fuenlabrada, Pinto y Griñón en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.

Estos humedales endorreicos, estacionales y someros son de gran valor ecológico, paisajístico y sociocultural, por lo que su protección y conservación resultan imprescindibles. Estos tipos de hábitat, a pesar de estar reconocidos por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea como de interés prioritario en su conservación por ser un tipo de hábitat escaso y de gran biodiversidad en la Unión Europea (3170 Estanques temporales mediterráneos), han ido desapareciendo en silencio debido al desinterés y desidia por parte de las administraciones locales y regionales, engullidas por proyectos urbanísticos, polígonos industriales, infraestructuras de transporte, vertidos de basuras y escombros, así como por agricultores que las han integrado a sus campos de cultivo de forma ilegal.

Según considera el grupo ecologista, para nada ha servido la protección que les otorga la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio, la cual otorga a los humedales el carácter de dominio público hidráulico. Todas estas actividades destructivas han negado su valía y la posibilidad de su futura recuperación, algo que aún hoy continúa. Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Parla proyecta construir el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid, el futuro PAU-5, arrasando con hábitats acuáticos protegidos por la Directiva de Hábitats europea y la Ley de Aguas nacional.

Estos humedales del sur de Madrid resultan fundamentales para la conservación de diferentes especies de aves acuáticas, entre las que destacan, el ánade azulón, el pato cuchara, el porrón moñudo, la focha común, la gallineta común, el zampullín chico, la garza real, la garcilla bueyera, la cigüeña blanca, diferentes especies de limícolas, como la cigüeñuela común o el chorlitejo chico y gaviotas, el aguilucho lagunero occidental, así como anfibios amenazados como el sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero ibérico y gallipato.

Las láminas de agua de estos humedales rompen la monotonía del paisaje de las estepas agrícolas dónde se ubican, siendo un oasis en medio de la sequedad y rutina del paisaje. Estos reservorios de agua son fundamentales para la conservación no sólo de la comunidad de aves acuáticas, sino también de las cada día más amenazadas aves esteparias que viven en las estepas circundantes. Aves cómo el amenazado sisón común, el alcaraván, los aguiluchos pálido y cenizo, el milano real, el milano negro, el ratonero común, el halcón peregrino, el cernícalo común, la cogujada común, la terrera común, la calandria común, el escribano triguero, la collalba rubia y la golondrina común, entre otras aves, que dependen de la conservación de estas lagunas y balsas de agua.

Recalcan que este tipo de hábitats acuáticos son para muchas especies de plantas acuáticas los únicos lugares donde desarrollar su ciclo vital. Plantas cómo Eleocharis palustris, Carex divisa, Typha latifolia, Phragmites australis, Scirpoides holoschoenus, Juncus inflexus, Juncus bufonius, Bolboschoenus maritimus, Lythrum thymifolia, Lythrum hyssopifolia, Lythrum acutangulum, Sonchus crassifolius, Veronica anagallis-aquatica, Schenkia spicata, Ranunculus peltatus, Ranunculus repens, Mentha cervina, Heliotropium supinum, Verbena supina, Hordeum marinum, Tamarix mascatensis, entre otras. Gran parte de este tipo de plantas constituyen elementos botánicos raros y amenazados debido a la exclusividad y características de estos humedales. Además, estos humedales estacionales modulan las condiciones climáticas y el ciclo hidrológico y permiten conservar valores paisajísticos y socioculturales asociados.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción de Parla exigen la protección, conservación y restauración de todos los humedales de los municipios afectados que son patrimonio de nuestro entorno natural, así como herencia cultural y social de la zona. Los humedales del sur de Madrid son los grandes olvidados como demuestran los proyectos de la comunidad de Madrid cuyo ámbito de actuación son humedales conocidos, dejando de lado otros de la zona sur de gran valor ecológico. El grupo considera que los recursos hídricos, además de ser parte de nuestro entorno a defender ante los futuros proyectos como el PAU-5, deben considerarse también como esenciales ante el escenario futuro que pronostican los estudios sobre el impacto del cambio climático.

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• Los agentes del medio natural llevan al menos 3 meses sin recoger fauna protegida herida o muerta.
• Se está impidiendo la investigación de delitos contra la fauna y la recuperación de fauna en peligro.
• Es una obligación de la administración regional y pondrán estos hechos en conocimiento de la fiscalía.

Ecologistas en Acción de Extremadura quiere denunciar públicamente los hechos que se vienen dando en Extremadura desde al menos 3 meses. Y es que, a inicios de otoño, debido a un brote de gripe aviar en Europa y ante la llegada de las aves migratorias, se decidió y ordenó por parte de la Junta de Extremadura la suspensión de la recogida de fauna silvestre protegida, herida o muerta; hasta que los y las agentes del medio natural, así como el personal de los centros de recuperación de los “Hornos” en Cáceres y de “Amus” en Villafranca de los Barros, tuvieran los protocolos y epis adecuados para evitar la transmisión a humanos. Cuestión de formación y epis que parece resuelta de manera total en los centros de recuperación y de manera total o parcial entre los agentes del medio natural.

Así, lo que parecía una situación transitoria, se ha alargado hasta estos días, sin que se haya dado una orden de reversión para volver a recoger la fauna, pasando a convertirse en un problema de conservación y de obstrucción de posibles delitos ambientales. Ya que la cadena de custodia, que controlan los agentes del medio natural en el caso de animales disparados, electrocutados, envenenados o atrapados en trampas ha quedado así rota e inexistente, obstruyendo la investigación de delitos y la aplicación de la justicia penal.

Hay que tener en cuenta que los brotes de gripe aviar procedente de Europa fueron a principios de otoño y que además las especies muertas tienen una carga vírica ínfima. Otras comunidades, han reanudado la recogida de fauna mientras Extremadura no ha procedido a resolver esta situación.

Estamos ya en febrero, y a las puertas de la primavera sin que esta situación haya sido resuelta por la administración regional. Impidiéndose no sólo la recuperación de aves protegidas heridas en peligro sino también de mamíferos, u otros animales. Así, son muchas las aves y mamíferos que se han quedado sin recoger en todo este tiempo. Se da la circunstancia de que muchos de estos animales presentan indicios evidentes de atropellos, disparos, electrocuciones, venenos… sin nada que ver con la gripe aviar. Suponiendo en muchos casos delitos ambientales que han dejado de ser investigados por esta falta de recogida de fauna y cadena de custodia.

Por eso, Ecologistas en Acción pide la reanudación inmediata de la recogida de fauna por parte de los Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura. Además, contactará y denunciará ante la fiscalía de medio ambiente estos hechos, para que investigue y delimite si ha habido negligencia y dejación de funciones por parte de la administración, así como que se depuren las posibles responsabilidades.

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Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Móstoles (Concejalía de Medio Ambiente) por un vertido incontrolado e ilegal de escombros y residuos de obra que se viene produciendo de manera reiterada en una nave de propiedad privada.

Según ha constatado la organización ecologista, en la nave de la empresa Iluminaciones Lledó, situada en la calle Cid Campeador, 14 de la localidad, se están depositando residuos de construcción fuera de cualquier instalación autorizada para la gestión de este tipo de desechos y sin que conste permiso alguno, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística vigente.

Ecologistas en Acción alerta de que estos vertidos incontrolados generan un impacto negativo en el entorno, además de posibles riesgos para la salubridad, la seguridad y el medio ambiente, agravados por el hecho de producirse en una propiedad privada sin control administrativo ni medidas de protección.

Ante esta situación, la organización ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que los servicios municipales competentes realicen una inspección inmediata, adopten las medidas necesarias para el cese de los vertidos, ordenen la retirada y correcta gestión de los residuos existentes y, en su caso, inicien el correspondiente expediente sancionador.

Desde Ecologistas en Acción se insiste en la necesidad de una actuación rápida y contundente por parte de las administraciones para evitar este tipo de prácticas ilegales que se repiten en el sur de la Comunidad de Madrid, deteriorando el entorno urbano y natural de los municipios, que ven como sus caminos se contaminan con todo tipo de residuos; enseres, textil, neumáticos, etc. siendo especialmente profusos los de construcción, entre los que es frecuente encontrar restos de amianto.

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Ecologistas en Acción taldeak gobernuari eskatu dio Ozonoaren Plan Nazionala birformulatzeko eta arau-maila emateko, osasun- eta ingurumen-arazo larri horri aurre egiteko. 

Ozono troposferikoa da airearen kalitateari buruzko araudiak erregulatzen duen kutsatzaile bakarra, eta bere legezko helburuak indarrean sartu eta hamabost urtera, oraindik ere ez ditu betetzen Espainian, lurralde-modu zabalean, erdialdeko eta hegoaldeko hamar bat autonomia-erkidegotan. Autonomia-erkidego horietako gobernuek Ozonoaren Plan Nazionala eskatzen dute, autonomikoa baino eskala zabalago batean politikak koordinatzeko.

2025ean, maila altuenak izan ditu 2015. urteaz geroztik, udako bi bero-bolada handi eta luzeen ondorioz, erregistroak daudenetik beroena. Hala, Andaluzia, Balear Uharteak, Gaztela-Mantxa, Katalunia, Valentziako Erkidegoa, Extremadura, Madril eta Murtziako hogeita hamar gunek, 18 milioi biztanlerekin, 2023-2025 hirurtekoan gainditu zuten 2030erako onartutako legezko helburu berria.

Europako Ingurumen Agentziaren (AEMA) arabera, ozonoa da gaur egun osasunean eragin handiena duen bigarren kutsatzailea, partikula finen atzetik (PM_2,5) eta nitrogeno dioxidoaren aurretik (NO₂). AEMAk 6.500 heriotza goiztiar zenbatu ditu Espainian 2023an, eta Carlos III .a Osasun Institutuak, berriz, ozonoagatiko urteko premiazko ospitaleratzeak 23.000 direla kalkulatu du.

Ozonoaren Plan Nazionala Espainiako Gobernuak 2020ko irailean Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak (MITERD) hartutako konpromisoa da, 2015ean hasitako lanei berriro ekinez. Bost urtez “Ozonoaren Plan Nazionalerako Oinarri Zientifikoak” izeneko dokumentua prestatzeko ikerketa zientifikoak egin ondoren, MITERDek urtarrilean zehar jendaurrean jarri du Planaren zirriborroa.

Ecologistas en Acción taldeak hogei bat alegazio aurkeztu ditu astelehenean, Espainiako ozono-maila handiak murrizteko etsigarria eta ez oso erabilgarria dela iritzita. Hasteko, Ozonoaren Plan Nazionalaren proposamena adierazpenezkoa baino ez da, eta ez du indar juridikorik; beraz, ingurumen-antolamenduak gobernuari eskatzen dio argi eta garbi ezar dezala Planaren arau-izaera, eta Errege Dekretu bidez onar dezala.

Halaber, Ozonoaren Plan Nazional baterako Oinarri Zientifikoak txostenak proposatutako ozonoaren aitzindari diren kutsatzaileen isuriak 2030ean 2019arekin alderatuta murriztea ere proposatu du Planaren helburu kuantitatibo gisa: nitrogeno oxidoen (NOx) isurketen % 60 ibilgailuen eta itsasoko zirkulazioan, eta lotutako fintze eta petrokimikaren industriaren eta industria mineral ez-metalikoaren isurketen % 75.

Sektore kritiko horietan eta beste jarduera giltzarri batzuetan (disolbatzaile organikoak industriako eta etxeko aplikazioetan erabiltzea, adibidez) helburu horiek lortzeko proposatutako neurriak lausoegiak eta orokorregiak dira, behar besteko xehetasunik gabe, neurri bakoitzarekin lortu nahi den emisio-murrizketarik gabe, eta neurri bakoitzari lotutako aurrekonturik gabe. Horregatik, garrantzitsua da funtsezko sektoreetan ezarri beharreko neurrien edukia zehaztea.

Ibilgailuen trafikoari dagokionez, Ekologistak Martxan taldeak Klima Aldaketaren Legeak horretara behartutako 150 hirietan Emisio Gutxiko Eremu zabal eta eraginkorrak atzerapenik gabe ezartzera behartzea eskatzen du, garraio publiko elektrikoa eta banaketa-furgoneten elektrifikazioa sustatuz, hiri handietarako sarbidean autobus errei esklusiboak sustatuz eta oinezkoen eta bizikleten mugikortasun aktiboa sustatuz.

Ingurumen-antolamenduaren ustez, funtsezkoa da Espainiako Gobernuak Mediterraneo itsasoa NOx-en (NECA) emisioak kontrolatzeko eremu urgentea izendatzea, itsasertzean ozono gutxiago egon dadin, eta autobide, portu eta aireportu gisako garraio-azpiegitura handien eraikuntza berria eta handitzea saihestea, hiri-eremuetan bidaiariak garraiatzeko eta, oro har, salgaiak garraiatzeko ohiko trenbidea sustatuz.

Era berean, Ecologistas en Acción taldeak eskatzen du gobernuak babes dezala metanoa Gotemborgeko Protokoloan sartzea. Protokolo horrek ozonoaren aitzindarien isuriak arautzen ditu nazioartean, iparraldeko hemisferio osoan hondoko ozono-maila handiak murrizten laguntzeko, Espainian makrogranja berrien moratoria ezarriz eta biohondakinak zabortegira bidaltzea saihestuz, horiek baitira Espainiako metanoaren iturri nagusiak.

Gainera, gobernu zentralak Hondakinen Legean berreskuratu behar du ozono bidezko kutsadura handiko garaian (apirila-iraila) landare-hondakinak erretzeko debeku orokorra, eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legea aldatu behar du, biomasaren errekuntza-instalazio handi guztiek ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta egin dezaten, ozonoaren gaineko eraginak modelizatuz eta kontrol-sistemak txertatuz.

Ingurumen-erakundeak iradokitzen du Ozonoaren Plan Nazionalean neurri hau sartzea: “Disolbatzaile organikoen erabileran ozono-aitzindarien emisioak murriztea”. Disolbatzaileei buruzko Errege Dekretuan arautzen da disolbatzaileen edukia ordeztea pinturen, tinten, itsasgarrien eta zigilatzaileen fabrikazioan eta erabilera industrialean eta etxekoan, alternatiba garbiagoekin, hala nola aerosolezko produktuekin edo ur-oinarriarekin.

Azkenik, Ozonoaren Plan Nazionala onartzen duen Errege Dekretuak xedapen gehigarrietan jaso behar du airearen kalitatea hobetzeko plan autonomikoak eta jarduera-protokoloak gehienez urtebeteko epean egokitu behar zaizkiola plan horri, baldin eta lehendik dauden eta prestatzen ari diren gertakarien kasuan, eta 2030 baino lehen lortu beharreko helburu-balioak eta informazio-atalaseak betetzen ez diren eremu guztietan.

Neurri horiekin guztiekin batera, udan, herritarrak informatzeko kanpainak egiteko arrisku handiena dago. Ozono bidezko airearen kalitate txarraren gertaerak zabaltzen dira komunikabideetan eta biztanleria sentikorreko zentroetan (eskola, osasun, asistentzia eta kirol zentroetan) mezu espezifikoak bidaliz, eta osasun-alertako eta babes zibileko sistemen barruan larrialditzat jotzen dira.

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• Demostra que a Xunta tiña coñecemento da existencia da galería pola que se verteron as augas contaminadas e que a falla foi consecuencia das obras.
• Cuestiona o criterio da licitación da dirección de obra, considerando o longo historial de proxectos salpicados de ilegalidades.

Logo de que o pasado luns Ecoloxistas en Acción presentara nos xulgados de Carballo unha denuncia penal pola falla crítica dunha das balsas mineiras de Monte Neme, situadas entre Malpica e Carballo, a organización ecoloxista ven de ampliar a súa denuncia para incluir entre os presuntos responsábeis o director de obra e coordinador de seguridade, o enxeñeiro de minas José Manuel Corbal Debén.

Corbal foi o adxudicatario da licitación realizada pola Consellaría de Economía e Industria para os lotes 1 e 2 da obra de restauración da mina de Monte Neme, consistentes na dirección das actuacións, que precisamente se iniciaron poucas semanas antes da falla que se produciu na madrugada do pasado sábado.

As chaves do desastre, que provocou que un enorme volumen de augas tóxicas se verteran monte abaixo cara a Praia dos Riás, dentro da ZEPA Costa da Morte, espazo protexido da Rede Natura 2000, foron os movementos de terra realizados nas balsas maiores, deslocando a auga almacenada para a balsa menor, que finalmente rebentou.

Esta balsa contaba cunha galería transversal que xa fora inventariada pola Xunta en 1998 e que, de feito, logo do anterior desastre producido en 2014 cando rebentou a maior das balsas, fora proposta polo Concello de Carballo como galería de drenaxe. Ecoloxistas en Acción denuncia as falsedades da Xunta nos momentos iniciais, cando se informou que a galería era descoñecida e que os movementos de terra non gardaban relación co acontecido.

Un historial de polémicas mineiras

Esta non é a primeira vez que o director agora denunciado está envolto en polémica. En 2009 foi un dos promotores da reapertura das Minas de San Finx, en Lousame, asinando un proxecto do ano anterior que excluía as presas de residuos mineiros e non prevía ningún tipo de tratamento para as augas contaminadas procedentes do interior da mina. A contaminación resultante levou á imposición dunha sanción de 180.000 euros por verteduras ilegais e aínda están abertas dilixencias penais en Noia por presuntos delitos ambientais.

Corbal tamén foi o promotor e director facultativo da Mina de Varilongo, en Santa Comba e Coristanco, e do proxecto “Corcel”, da sueca Eurobattery Minerals, que realizou sondeos ilegais. Como en San Finx, a mina viuse envolta noutro caso de verteduras ilegais e logo dun procedemento sancionador, a Xunta acabou por declarar a caducidade das concesións.

Xa na Gudiña, en Ourense, Corbal é promotor xunto coa mesma empresa sueca doutro proxecto de volframio, sobre o que no mes de decembro un xulgado de Santiago abriu dilixencias penais por presuntos delitos de prevaricación. Este caso tamén abriu un conflito diplomático con Portugal, pois a pesar de que a mina está a tan só 2 km da fronteira, non se realizou o trámite de avaliación transfronteiriza.

Tamén foi asinou o polémico proxecto do vertedoiro de Toysal en Casalonga (Teo), situado sobre unha antiga canteira, e que foi paralizado en 2024 polo Tribunal Superior de Xustiza, logo de recoñecer que a actividades carecía de autorizacións válidas.

 

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Ecologistas en Acción exige al gobierno reformular el Plan Nacional de Ozono y dotarle de rango normativo para afrontar este grave problema sanitario y ambiental.

El ozono troposférico es el único contaminante regulado por la normativa de calidad del aire que, quince años después de la entrada en vigor de sus objetivos legales, sigue incumpliéndolos en España de forma territorial amplia, en una decena de comunidades autónomas del centro y el sur cuyos gobiernos vienen reclamando un Plan Nacional de Ozono que coordine políticas a una escala más amplia que la autonómica.

Durante 2025, sus niveles han sido los más altos desde el año 2015, como consecuencia de las dos intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde que se dispone de registros. Así, treinta zonas de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia, con 18 millones de habitantes, excedieron en el trienio 2023-2025 el nuevo objetivo legal aprobado para 2030.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), el ozono es actualmente el segundo contaminante con un mayor impacto en salud, sólo por detrás de las partículas finas (PM_2,5) y por delante del dióxido de nitrógeno (NO₂). La AEMA cuantifica en 6.500 las muertes prematuras atribuibles al ozono en España durante 2023, y el Instituto de Salud Carlos III estima en 23.000 los ingresos hospitalarios anuales urgentes por ozono.

El Plan Nacional de Ozono es un compromiso del Gobierno de España adquirido en septiembre de 2020 por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), retomando los trabajos iniciados en 2015. Tras cinco años de estudios científicos preparatorios, cristalizados en el documento “Bases científicas para un Plan Nacional de Ozono”, el MITERD ha expuesto a información pública durante enero el borrador del Plan.

Ecologistas en Acción ha presentado el pasado lunes una veintena de alegaciones a este documento, que considera decepcionante y poco útil para reducir los elevados niveles de ozono en España. De entrada, la propuesta de Plan Nacional de Ozono es meramente declarativa y sin fuerza jurídica, por lo que la organización ambiental demanda al gobierno que establezca con claridad el carácter normativo del Plan y lo apruebe mediante Real Decreto.

También sugiere añadir como objetivos cuantitativos del Plan las reducciones en 2030 respecto a 2019 de las emisiones de contaminantes precursores del ozono propuestas por el informe Bases Científicas para un Plan Nacional de Ozono: el 60 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) del tráfico rodado y marítimo y el 75 % de las emisiones de la industria del refino y petroquímica asociada y de la industria mineral no metálica.

Las medidas propuestas para alcanzar dichos objetivos en estos sectores críticos y en otras actividades claves como el uso de los disolventes orgánicos en sus aplicaciones industriales y domésticas son demasiado vagas y generales, sin el detalle suficiente, la reducción de emisiones perseguida con cada medida ni el presupuesto asociado a cada una de ellas. Es esencial por ello concretar el contenido de las medidas a implementar en los sectores clave.

Respecto al tráfico rodado, Ecologistas en Acción reclama que el gobierno obligue a la implantación sin más demora de Zonas de Bajas Emisiones amplias y eficaces en las 150 ciudades obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático, promoviendo el transporte público eléctrico y la electrificación de las furgonetas de reparto, así como carriles bus exclusivos en el acceso a las grandes ciudades, y fomentando la movilidad activa peatonal y ciclista.

La organización ambiental considera esencial que el Gobierno de España promueva decididamente la designación urgente del Mar Mediterráneo como zona de control de las emisiones de los NOx (NECA), para reducir la elevada presencia de ozono en el litoral, así como evitar la nueva construcción y la ampliación de grandes infraestructuras de transporte como autopistas, puertos y aeropuertos, fomentando el ferrocarril convencional para el transporte de viajeros en áreas urbanas y para el transporte de mercancías en general.

Asimismo, Ecologistas en Acción exige que el gobierno apoye la inclusión del metano en el Protocolo de Gotemburgo que regula a nivel internacional las emisiones de los precursores del ozono, para contribuir a la reducción de los elevados nivel de ozono de fondo en todo el hemisferio norte, estableciendo en España una moratoria de las nuevas macrogranjas y evitando el envío a vertedero de los biorresiduos, fuentes principales del metano en España.

El gobierno central debe además recuperar en la Ley de Residuos la prohibición general de la quema de residuos vegetales durante la época de alta contaminación por ozono (abril-septiembre), y modificar la Ley de Evaluación Ambiental para que todas las grandes instalaciones de combustión de biomasa se sometan a evaluación de impacto ambiental ordinaria, modelizando sus efectos sobre el ozono e incorporando sistemas de control.

La organización ambiental sugiere incluir en el Plan Nacional de Ozono la medida “Reducción de las emisiones de precursores de ozono en el uso de disolventes orgánicos”, regulando en el Real Decreto sobre disolventes la sustitución del contenido de los mismos en la fabricación y uso industrial y doméstico de pinturas, tintas, adhesivos y sellantes por alternativas más limpias como productos en aerosol o con base de agua.

Finalmente, el Real Decreto de aprobación del Plan Nacional de Ozono debe incorporar en sus disposiciones adicionales la adaptación al mismo en el plazo máximo de un año de los planes autonómicos de mejora de la calidad del aire y los protocolos de actuación en caso de episodios preexistentes y en elaboración, en todas las zonas donde se incumplan los valores objetivo y umbrales de información vigentes y a alcanzar antes de 2030.

Todas estas medidas deben acompañarse durante el verano como mayor periodo de riesgo de campañas informativas a la población, difundiendo los episodios de mala calidad del aire por ozono a través de mensajes específicos en los medios de comunicación y los centros de población sensible (escolares, sanitarios, asistenciales y deportivos), considerándolos como una emergencia más dentro de sus sistemas de alerta sanitaria y de protección civil.

La entrada El Plan Nacional de Ozono no detalla, programa ni presupuesta medidas creíbles para reducir el contaminante del aire más extendido en España aparece primero en Ecologistas en Acción.