• Les organitzacions de la campanya Stop UE-Mercosur, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció de Catalunya, denuncien l’anunci avui de la Comissió Europea sobre l’entrada en vigor provisional de l’acord comercial amb Mercosur.
• Qualifiquen aquest pas de la UE com “un greu atropellament democràtic” i “un intent d’imposar per la porta del darrere un tractat profundament rebutjat per amplis sectors socials”.
• Es preveu que l’acord UE-Mercosur tingui forts impactes socials i ambientals, alhora que consolida un model agroexportador intensiu, depenent de cadenes llargues altament emissores, incompatible amb els compromisos climàtics europeus.

En una carta oberta adreçada a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, António Costa, 170 organitzacions socials, ecologistes, sindicals i agràries exigeixen que s’aturi l’aplicació provisional de l’acord abans la Unió Europea emeti el dictamen sobre les qüestions jurídiques plantejades.

“Un menyspreu a la democràcia”

Les organitzacions assenyalen que l’acord UE-Mercosur arrossega des del seu origen una forta contestació social pels seus impactes previsibles, a banda i banda de l’Atlàntic, sobre l’agricultura familiar pagesa, els drets laborals, la seguretat alimentària, el deteriorament dels serveis públics i l’acceleració de la desforestació a Amèrica Llatina.

“Aplicar-ho provisionalment sense esperar el Parlament Europeu i sense conèixer l’opinió del Tribunal és un menyspreu frontal als procediments democràtics europeus”, afirmen des de la campanya. A parer seu, la Comissió pretén blindar els capítols comercials mentre esquiva el debat polític de fons i minimitza l’oposició social creixent en diversos Estats membres.

Les organitzacions recorden a més que la tramitació de l’acord ja ha estat marcada per decisions polèmiques que van excloure de la ratificació els parlaments nacionals i per una aprovació al Consell de la UE sense unanimitat, cosa inèdita en tractats d’aquesta magnitud.

“Estem davant d’un precedent extremadament perillós: convertir la política comercial en un àmbit immune al control democràtic real”, adverteixen.

Impactes socials i climàtics ignorats

Les 170 organitzacions signants, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció de Catalunya, subratllen que l’acord consolida un model agroexportador intensiu, dependent de cadenes llargues i altament emissores, incompatible amb els compromisos climàtics europeus. També alerten d’una pressió competitiva més gran sobre sectors agraris i ramaders europeus ja colpejats per crisis de preus i per la concentració corporativa.

A l’Amèrica Llatina, afegeixen, el tractat incentivaria l’expansió de monocultius i ramaderia industrial vinculats a la desforestació i als conflictes socioambientals:
“Mentre la ciutadania exigeix transició ecològica justa, sobirania alimentària i protecció de l’ocupació, la Comissió insisteix en un tractat ancorat en la lògica del lliure comerç sense límits”.

Les organitzacions de la campanya Stop UE-Mercosur exigeixen que es reverteixi l’aplicació provisional de l’acord, que es respecti el vot del Parlament Europeu i que s’esperi el pronunciament del Tribunal de Justícia de la UE.

Així mateix, plantegen que s’obri un debat públic real sobre els impactes socials, laborals i climàtics de l’acord i la política comercial de la UE.

Les 170 organitzacions signants anuncien que intensificaran la mobilització social i la pressió política els propers mesos per impedir l’entrada en vigor d’un acord que consideren “social, ambientalment i democràticament inacceptable”.

 

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Cada año se producen en Asturias entre 1.000 y 2.000  incendios forestales, que queman entre 100 y 200 millones de metros cuadrados de monte.

Otra vez Asturias está ardiendo. Numerosos fuegos simultáneos repartidos por el territorio están destruyendo espacios de alto valor ambiental. Es un acontecimiento que se repite año tras año, a finales del invierno y principios del otoño, cuando se dan las condiciones adecuadas al llegar el viento sur. Una vez más se sospecha que sean incendios intencionados, no se han producido tormentas eléctricas o accidentes que  hagan pensar lo contrario. Cada año se producen en Asturias entre 1.000 y 2.000  incendios forestales, que queman entre 100 y 200 millones de metros cuadrados de monte (10.000 o 20.000 ha).

El pasado verano padecimos numerosos incendios que calcinaron casi 6000 ha de la montaña asturiana. Esto lleva aparejado la pérdida de valiosos ecosistemas, con toda su flora y fauna asociada, agravado por el hecho de que en terrenos tan escarpados  la degradación y pérdida de suelo puede hacer irreversible el daño. Los fuegos recurrentes no permiten la recuperación del hábitat, creando un terreno estéril donde antes hubiera vida. Hoy están ardiendo espacios que no se han podido recuperar de los anteriores incendios. Cangas de Onís, Amieva, Llanes, Piloña, Ponga, Lena, Laviana, Mieres, Pajares, San Martín del Rey Aurelio, Somiedo, Cangas de Narcea y Valdés son los concejos afectados.

Para evitar los incendios debemos buscar las causas, evitar que se  inicie el fuego. En Asturias el 80% de los incendios son provocados intencionadamente. En un contexto de cambio climático, la práctica de quemar monte para generar pasto resulta muy peligrosa, tanto para la salud de las personas como para  los ecosistemas, por lo que el Gobierno del Principado debería trabajar para desincentivarla.

En primer lugar, impidiendo la obtención de beneficio tras la quema. El Principado de Asturias en 2017 eliminó la prohibición del pastoreo en las zonas quemadas, los denominados acotamientos, por lo que desde entonces se puede aprovechar el terreno ganado con el fuego. Los acotamientos son una herramienta de gestión imprescindible para recuperar y regenerar las áreas afectadas por los incendios, así como para desmotivar el uso del fuego.

También es importante realizar labores de educación ambiental para que se comprenda la necesidad de modificar la cultura del fuego, ya que las condiciones ambientales y sociales han cambiado. Que se tome conciencia de que el monte produce bienes públicos que pertenecen a la colectividad, a toda la sociedad.

Reforzar el trabajo de las BRIPAS y de los Agentes del Medio Natural permitiría investigar e identificar a los responsables de los incendios. No suele encontrarse a los culpables y cuando se hace apenas hay condenas por estos delitos, es raro que el culpable pague por el mal causado. Hay que terminar con esta impunidad.

Los incendios son un problema social y ambiental al que hay que dar solución. Desde Ecoloxistes n’Aición d’Asturies defendemos un modelo de ganadería extensiva que permita una vida digna en el medio rural, pero al mismo tiempo contribuya a la conservación de la biodiversidad.

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• Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.
• Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales”.
• Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

“Un desprecio a la democracia”

Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico,sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.

Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud.

“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.

Impactos sociales y climáticos ignorados

Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.

En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales:
“Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites”.

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.

Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

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• El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la nulidad de la sentencia y ordena la repetición del juicio, incluyendo el enjuiciamiento de los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal.
• Estos graves delitos no se enjuiciaron por decisión del Tribunal, que solo condenó a dos de los acusados por denuncia falsa, el menor de los delitos por los que fueron denunciados por Juan Clavero y Ecologistas en Acción.
• Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por esta sentencia, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz, como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero Salvador en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida.

El Tribunal impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta sentencia que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

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GETE-Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre ha tramès al Servei Territorial de Tarragona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica al·legacions a l’anunci d’informació pública de la nova línia de Molt Alta Tensió que pretén transportar electricitat des de l’Aragó fins a les comarques de Tarragona.

El projecte, que es va exposar a informació pública al BOE número 14, de data 16 de gener de 2026, demana l’autorització administrativa de construcció i avaluació d’impacte ambiental ordinària i declaració d’utilitat pública de l’eix a 220 kV Els Aubals – La Selva – Francolí, que inclou diferents actuacions amb afectació a nombroses poblacions de les nostres comarques.

GETE- Ecologistes en Acció hem formulat al·legacions que fan referència a l’impacte sobre la salut i la seguretat de les persones, però també amb una finalitat clara: la de que com a país hem d’intentar ser el màxim d’autosuficients per cobrir les nostres necessitat energètiques, que han de passar necessàriament per formules de decreixement que no exhaureixin els recursos que tenim per les properes generacions.

El projecte presentat no compleix amb la seguretat electromagnètica necessària, ni garanteix  la seguretat orogràfica, ni la distància d’exclusió dels habitatges. Existeixen evidències de danys biològics i neurològics i també sobre la biodiversitat i el medi vegetal, i que l’exposició prolongada a les ones emeses per la línia d’alta tensió redueix la melatonina nocturna i altera els ritmes circadians. Així, exigim que en els trams de doble circuit i zones rústiques l’alçada mínima sigui de 80 metres, per garantir que en superfície no se superin els 0,3-0,4 µT, llindar de risc per a leucèmia infantil i danys neurològics. Des de l’organització ecologista considerem que el projecte aplica a mínims el marc normatiu que diu que s’ha de mantenir una exposició “tant baixa com sigui raonablement possible”.

Per tot plegat el GETE-Ecologistes en Acció demanem que se’ns doni resposta com a part afectada i que se’ns tingui com a part interessada.

Les mateixes al·legacions les hem presentat davant del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica de l’Estat.

Finalment demanem que es desestimi el projecte en curs per les afectacions crítiques que es mostren en aquestes al·legacions.

 

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La entrada Formulen al·legacions a la MAT que arribaria a Tarragona des de l’Aragó aparece primero en Ecologistas en Acción.

• La organización denuncia el “silencio absoluto” del gobierno municipal de San Sebastián de Los Reyes ante las alegaciones vecinales y la falta de transparencia en la reactivación de un proyecto urbanístico paralizado durante más de una década.
• La urbanización daría al traste con una zona natural de extraordinario valor para el municipio y para el conjunto de espacios naturales del territorio.

Ante el anuncio realizado por el primer teniente de alcalde, Diego Domingo García, sobre el inminente inicio de las obras de urbanización del Cerro del Baile, Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, AlcoSanse, en coordinación con otros movimientos sociales y vecinales del municipio, ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de fondos para emprender las acciones legales necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de esta reactivación urbanística, la cual daría al traste con una zona natural de extraordinario valor para el municipio y para el conjunto de espacios naturales del territorio, que se han ido reduciendo drásticamente en los últimos años.

Para Ecologistas en Acción, la decisión de retomar este proyecto genera más sombras que luces. La organización considera que se trata de una operación urbanística carente de transparencia, que llega en un momento de máxima tensión social por la crisis de acceso a la vivienda y afirman que no viene a paliar ni a solucionar en absoluto la problemática de vivienda en el municipio, y mucho menos a contribuir a la bajada de su precio. En este sentido, el colectivo advierte que se está reproduciendo un modelo especulativo que recuerda al boom inmobiliario previo a la crisis de 2008, el cual desembocó en una de las peores crisis socioeconómicas de la historia reciente de España.

La organización ecologista recrimina al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que haya respondido con “desprecio y silencio administrativo” a las sucesivas alegaciones, peticiones de información y escritos presentados, tanto por la ciudadanía a título individual, como por colectivos sociales. Este mutismo, unido a la decisión de desempolvar un proyecto que llevaba estancado más de diez años, ha despertado todas las alarmas y ante la falta de respuesta institucional, Ecologistas en Acción ha considerado la necesidad de buscar amparo mediante el inicio de un proceso judicial que busca paralizar esta actuación urbanística y exigir al consistorio la entrega de toda la documentación relativa a la modificación puntual del planeamiento, los informes de impacto ambiental y la viabilidad económica del proyecto aspectos que, entienden, ocultan deficiencias graves en la tramitación.

Cómo colaborar

Para hacer frente a los costes derivados de la asesoría legal, la presentación de recursos y las posibles medidas cautelares, Ecologistas en Acción ha habilitado una cuenta corriente para recibir donaciones. La organización hace un llamamiento a la participación ciudadana, por pequeña que sea la aportación, para defender uno de los últimos espacios naturales que albergan una rica biodiversidad, procuran aire limpio al municipio y lugares donde pasear y recrearse para sus vecindarios.

Titular: Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
Nº de cuenta: ES13 1491 0001 2630 0014 1920
Concepto: “Proceso judicial Cerro del Baile”

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La proposta, enviada a la Generalitat, planteja traslladar l’activitat cinegètica a dies laborables davant l’enfonsament de llicències i l’augment d’accidents de trànsit en dies no laborables.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha formalitzat una proposta davant la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori per a transformar el calendari cinegètic de la Comunitat Valenciana a partir de la temporada 2026-2027.

L’organització sol·licita que la caça, especialment les batudes de senglar, es restringisca exclusivament a dies laborables, alliberant els caps de setmana i festius per a l’ús recreatiu, social i científic de la població.

L’entitat fonamenta la seua petició en la creixent incompatibilitat entre les armes de foc i l’auge d’activitats com el senderisme, el ciclisme, l’escalada o la fotografia de naturalesa.

De fet, Ecologistes denuncia que la intensificació de les batudes —justificades per l’administració per la sobrepoblació de senglars, els danys a l’agricultura i pel risc d’expansió de la Pesta Porcina Africana (PPA) detectat a Catalunya—, ha blindat la muntanya, el camp i els espais públics per a un sol ús quasi tots els dies de l’any: la caça.

El tancament sistemàtic de camins públics vulnera l’article 45 de la Constitució Espanyola i la Llei Forestal Valenciana, assenyalen des de la federació, recordant que el dret de la ciutadania a gaudir d’un medi ambient adequat no pot estar supeditat a una activitat privada i residual.

Ecologistes en Acció destaca un canvi sociològic irreversible: el sector cinegètic ha perdut un 71% de les seues llicències des dels anys 90, passant de més de 113.000 a tot just 33.054 en 2024, és a dir, el 0,6% del total de la població valenciana.

A més, les dades del Servei de Caça revelen un col·lectiu profundament envellit: el 31% dels caçadors supera els 67 anys, i el gruix del col·lectiu se situa entre els 60 i 75 anys. Aquesta alta taxa de jubilació i prejubilació permet, segons l’organització, que l’activitat es trasllade a dies laborables sense afectar els objectius de control poblacional, ja que els practicants disposen de plena llibertat horària.

Horaris, vigilància i protecció

La redistribució plantejada per Ecologistes en Acció busca optimitzar la gestió de la seguretat ciutadana i conservació de la biodiversitat. En les zones comunes, traslladar els dies de caça (actualment dijous, dissabtes i diumenges) només a dimarts, dimecres i dijous. Mentre que, en els vedats de caça, l’exercici exclusiu de l’activitat siga de dimarts a dijous.

D’altra banda, es proposa prohibir la caça, com a mínim, en espais naturals protegits, zones de domini públic marítim terrestre, zones urbanes i platges. Això es deu al fet que són zones essencials de preservació de la biodiversitat i corredors ecològics, en el cas els espais naturals protegits i zones DPMT, o zones d’alta concentració de persones en la resta.

Aquesta mesura facilitaria la tasca dels Agents Mediambientals i del SEPRONA de la Guàrdia Civil, els efectius de la qual són més limitats durant el cap de setmana. En concentrar la caça en dies laborables, es garanteix una supervisió efectiva de les batudes, un control real del furtivisme i una major seguretat jurídica i física per als propis caçadors.

Des d’Ecologistes en Acció del País Valencià conclouen que és imperatiu fonamentar l’ordenació del territori en criteris d’equitat social i seguretat, garantint que la muntanya valenciana siga, d’una vegada per sempre, un espai de convivència real i no un escenari de conflicte permanent.

 

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La propuesta, enviada a la Generalitat, plantea trasladar la actividad cinegética a días laborables ante el desplome de licencias y el aumento de accidentes de tráfico en días no laborables.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha formalizado una propuesta ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para transformar el calendario cinegético de la Comunitat Valenciana a partir de la temporada 2026-2027.

La organización solicita que la caza, especialmente las batidas de jabalí, se restrinja exclusivamente a días laborables, liberando los fines de semana y festivos para el uso recreativo, social y científico de la población.

La entidad fundamenta su petición en la creciente incompatibilidad entre las armas de fuego y el auge de actividades como el senderismo, el ciclismo, la escalada o la fotografía de naturaleza.

De hecho, Ecologistes denuncia que la intensificación de las batidas —justificadas por la administración por la sobrepoblación de jabalíes, los daños a la agricultura y por el riesgo de expansión de la Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Cataluña—, ha blindado el monte, el campo y los espacios públicos para un solo uso casi todos los días del año: la caza.

El cierre sistemático de caminos públicos vulnera el artículo 45 de la Constitución Española y la Ley Forestal Valenciana, señalan desde la federación, recordando que el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente adecuado no puede estar supeditado a una actividad privada y residual.

Ecologistes en Acció destaca un cambio sociológico irreversible: el sector cinegético ha perdido un 71 % de sus licencias desde los años 90, pasando de más de 113.000 a apenas 33.054 en 2024, es decir, el 0,6% del total de la población valenciana.

Además, los datos del Servicio de Caza revelan un colectivo profundamente envejecido: el 31 % de los cazadores supera los 67 años, y el grueso del colectivo se sitúa entre los 60 y 75 años. Esta alta tasa de jubilación y prejubilación permite, según la organización, que la actividad se traslade a días laborables sin afectar a los objetivos de control poblacional, ya que los practicantes disponen de plena libertad horaria.

Horarios, vigilancia y protección

La redistribución planteada por Ecologistes en Acció busca optimizar la gestión de la seguridad ciudadana y conservación de la biodiversidad. En las zonas comunes, trasladar los días de caza (actualmente jueves, sábados y domingos) sólo a martes, miércoles y jueves. Mientras que, en los cotos de caza, el ejercicio exclusivo de la actividad sea de martes a jueves.

Por otra parte, se propone prohibir la caza, como mínimo, en espacios naturales protegidos, zonas de dominio público marítimo terrestre, zonas urbanas y playas. Ello se debe a que son zonas esenciales de preservación de la biodiversidad y corredores ecológicos, en el caso los espacios naturales protegidos y zonas DPMT, o zonas de alta concentración de personas en el resto.

Esta medida facilitaría la labor de los Agentes Medioambientales y del SEPRONA de la Guardia Civil, cuyos efectivos son más limitados durante el fin de semana. Al concentrar la caza en días laborables, se garantiza una supervisión efectiva de las batidas, un control real del furtivismo y una mayor seguridad jurídica y física para los propios cazadores.

Desde Ecoogistes en Acció del País Valencià concluyen que es imperativo fundamentar la ordenación del territorio en criterios de equidad social y seguridad, garantizando que el monte valenciano sea, de una vez por todas, un espacio de convivencia real y no un escenario de conflicto permanente.

 

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• Más de 200 organizaciones de todo el Estado español, entre ellas Ecologistas en Acción, llaman al boicot al gigante farmacéutico por su complicidad con la ocupación, apartheid y genocidio en Palestina.
• Defienden que hacer boicot a Teva desde las administraciones, el personal sanitario y la ciudadanía es sencillo: hay alternativa a todos los medicamentos comercializados por Teva.
• Teva paga impuestos al Estado de Israel, dividendos a los fondos sionistas que componen su accionariado y donaciones a las fuerzas de ocupación israelíes. Además, ha apoyado con efectivos y material al ejército israelí durante el genocidio en Gaza.

Un amplio conjunto de organizaciones, colectivos y movimientos sociales de todo el Estado, entre ellos numerosas asociaciones de profesionales sanitarios solidarios con Palestina, presentan la campaña estatal ¿Teva? NO, Gracias, una iniciativa de boicot contra la farmacéutica israelí como medida de solidaridad activa con el pueblo palestino.

Bajo el lema “Que tus medicamentos no sean sus balas”, se han convocado concentraciones frente a consejerías de salud, hospitales y organismos sanitarios de distintos territorios. Reclaman la suspensión de los contratos vigentes de las Administraciones públicas con el gigante farmacéutico e interpelan al personal sanitario y a la ciudadanía para que opten por otros medicamentos.

Representantes de la campaña se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad en Madrid para exigir a la ministra Mónica García Gómez “acción política para cumplir con las obligaciones legales que emanan del derecho internacional” y establecer canales de diálogo. Como primer paso urgente, demandan la incorporación inmediata de este asunto a la agenda del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la de la Comisión Interministerial de Precios de los medicamentos.

Las organizaciones convocantes, tal y como identifica el movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), señalan a Teva como un objetivo prioritario para realizar boicot económico a Israel. En su manifiesto, denuncian que el gigante farmacéutico —líder en el mercado de genéricos en España con una facturación de más de 500 millones de euros al Sistema Nacional de Salud en 2023 y mayor empresa de la bolsa de Israel— financia la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina, mediante el pago de impuestos al Estado de Israel, dividendos a los fondos sionistas que componen su accionariado y donaciones a las fuerzas de ocupación israelíes.

Además, acusan a Teva de beneficiarse de la ocupación ilegal, del sistema de apartheid y de su posición de privilegio en el mercado cautivo de los territorios ocupados. También le reprochan un abierto apoyo al ejército israelí durante el genocidio en Gaza, mediante la donación de material, la participación de al menos un 10 % de su plantilla en el ejército o el establecimiento de sus sedes como puntos de recogida de suministros para los soldados.

“Hacer boicot a empresas que sustentan un régimen que perpetra crímenes contra la humanidad es una obligación moral, ética y legal ineludible”, señalan, recordando que la cifra oficial de personas asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 supera las 72.000, aunque según la relatora de la ONU Francesca Albanese, esta podría ser hasta diez veces mayor.

Llamamiento a la acción de la sociedad civil, personal sanitario y farmacéutico e instituciones

“Hacer boicot a Teva es sencillo”, arguye Mar Gimena, médica de familia y portavoz estatal de la campaña, ya que “hay alternativa a todos los medicamentos comercializados por Teva en el Estado español”. Por eso, las organizaciones convocantes apelan a la población general a rechazar los medicamentos “manchados de sangre” del gigante farmacéutico.

No es la primera iniciativa de la sociedad civil encaminada a romper la complicidad de las Administraciones con Teva. A mediados de noviembre, el Gobierno asturiano anunció, tras la presión social, que no renovaría los contratos con la farmacéutica, mientras que Navarra no prorrogará el contrato de tres fármacos suministrados por Teva y estudia el cese del resto de contratos.

“El boicot es necesario y funciona” enfatiza el doctor Pablo Simón, médico de la localidad de Chauchina en Granada. Por dichas declaraciones, una entidad sionista denunció a este facultativo como parte de “un ejercicio de intimidación”. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Granada archivó la querella tras la presión de cientos de personas y organizaciones.

Adhesiones y participación

En tan solo diez días, más de 240 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos se han adherido a la iniciativa. La campaña se estrena con una página web en la que se enumeran las razones para hacer boicot a Teva, con informes detallados que pretenden sacar a la luz los lazos de la farmacéutica con el sionismo y el genocidio. También se puede encontrar información dirigida a diferentes colectivos, así como materiales para su difusión.

Con esta acción, las organizaciones firmantes buscan romper la cadena de complicidad con Israel desde la calle, la consulta, la farmacia y las instituciones, utilizando la herramienta del boicot, que consideran legítima e histórica.

 

 

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• Ecologistas en Acción respalda a la vecindad ante la denuncia de riesgo tóxico y exige medidas urgentes de protección de la barriada Guadalquivir en Coria del Río.
• Denuncia “envenenamiento” inminente en una Guardería y falsas declaraciones de la Consejería de Salud ante la oleada de muertes. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su apoyo público a la Asociación de Vecinos y Vecinas de la barriada Guadalquivir ante la grave situación sanitaria que, según denuncian, atraviesa el barrio. La organización ecologista alerta de una posible exposición continuada a contaminantes peligrosos y critica lo que considera una gestión institucional “insuficiente, opaca y carente de medidas preventivas adecuadas”.

La vecindad viene señalando desde hace meses un incremento alarmante de fallecimientos y problemas de salud en la zona, incluyendo el reciente fallecimiento de una mujer joven por infarto. En este contexto, denuncian que las autoridades sanitarias no han ofrecido información transparente ni han activado protocolos de protección a la población pese a la existencia de picos reconocidos de sustancias como ácido sulfhídrico y benceno.

Cuestionamiento de las mediciones oficiales
Según trasladan los portavoces vecinales, las declaraciones públicas de la Consejería de Salud sobre la movilidad del camión de mediciones ambientales no se corresponderían con la realidad observada por la propia ciudadanía. Aseguran que el dispositivo permanece estacionado en el mismo punto durante largos periodos, lo que, a su juicio, impediría una evaluación rigurosa y representativa de la calidad del aire en distintos enclaves del barrio.

Ecologistas en Acción subraya que, si la propia Administración reconoce la existencia de picos de contaminantes peligrosos, resulta incomprensible que no se hayan adoptado medidas cautelares como evaluaciones exhaustivas, controles independientes, restricciones temporales o planes de protección para la población más vulnerable.

Especial preocupación por la guardería
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se centra en la ubicación de una guardería próxima a viviendas donde se habrían detectado niveles elevados de contaminantes en interiores. La asociación vecinal advierte de un posible riesgo para la salud infantil y reclama mediciones urgentes dentro del propio centro educativo.

Ecologistas en Acción exige la realización inmediata de catas y análisis independientes de calidad del aire en el interior de la guardería y en las viviendas colindantes, así como la adopción de medidas preventivas mientras se esclarece la situación. La organización recuerda que la protección de la infancia debe regirse por el principio de precaución ante cualquier indicio de riesgo ambiental.

Bloqueo informativo y responsabilidades
La vecindad denuncia además la falta de entrega de informes forenses y la ausencia de comparecencias clave en el procedimiento judicial abierto. En particular, señalan que no se habría llamado a declarar a la empresa pública responsable de la red de saneamiento del municipio, Aljarafesa, cuya infraestructura podría estar relacionada con el origen de los gases detectados.

Asimismo, se cuestiona la gestión clínica de los casos atendidos, denunciándose altas médicas pese a la persistencia de síntomas compatibles con exposición a contaminantes ambientales.

Advertencia legal y exigencia de responsabilidades
Ante lo que consideran una inacción administrativa prolongada, la representación vecinal ha formalizado una advertencia jurídica invocando posibles responsabilidades por omisión en el ejercicio de funciones públicas. Reclaman que se depuren responsabilidades, se garantice el acceso a toda la documentación y se practiquen pruebas periciales independientes.

Ecologistas en Acción respalda estas demandas y exige a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes que actúen con transparencia, diligencia y rigor científico. “No se puede normalizar la exposición a contaminantes reconocidos ni minimizar el impacto en la salud colectiva. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está respirando y a vivir en un entorno seguro”, señala la organización.

Tanto la asociación vecinal como Ecologistas en Acción insisten en la necesidad de aplicar el principio de precaución, activar protocolos de emergencia si procede y garantizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer el origen de la contaminación y proteger de forma inmediata a la población de la Barriada Guadalquivir.

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El CMI Julián Sánchez El Charro acogió este lunes la jornada “Seguimiento de la población de aves esteparias en Salamanca con ciencia ciudadana”, un encuentro formativo que reunió a 30 personas interesadas en la conservación de la biodiversidad y que marca el inicio de un nuevo voluntariado ambiental en la provincia organizado por Ecologistas en Acción Salamanca.

La sesión, impartida por Jesús Colás, representante de ACENVA, abordó tanto los aspectos ecológicos de las principales especies de aves esteparias presentes en el territorio salmantino como el marco legal que regula su protección y gestión. Durante la charla se explicaron las figuras de protección existentes, la normativa aplicable y la importancia de contar con datos rigurosos para respaldar medidas de conservación eficaces.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la puesta en marcha de un grupo de voluntariado con el objetivo de elaborar un censo participativo de aves esteparias en Salamanca. Varias de las personas asistentes se inscribieron para formar parte de esta iniciativa, que combinará formación específica y trabajo de campo.

El proyecto apuesta por la ciencia ciudadana como herramienta clave para implicar a la población en la protección del patrimonio natural. La elaboración de un censo permitirá conocer mejor el estado de las poblaciones, detectar posibles amenazas y contribuir a la toma de decisiones fundamentadas en datos actualizados. Asimismo, el objetivo de este voluntariado es conocer la nefasta gestión que la Junta de Castilla y León está haciendo en la conservación de estas especies de avifauna tan emblemáticas de gran parte de nuestro territorio y hacer presión ciudadana para que cumplan sus obligaciones.

Con este primer encuentro se sientan las bases de un trabajo colectivo que aspira a consolidarse en el tiempo y a fortalecer la red local de personas comprometidas con la protección de las aves esteparias y su hábitat.

 

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A dous meses da Primeira Conferencia Internacional para a Transición Máis Aló dos Combustíbeis Fósiles (Colombia), Galiza sen Gas demanda á Xunta e ao Parlamento galego que apoien a creación dun instrumento legal vinculante para o abandono rápido e xusto do petróleo, o gas fósil e o carbón.

A plataforma Galiza sen Gas, xunto con máis de 100 organizacións de todo o Estado español, asinou a declaración “Por unha transición xusta dos combustíbeis fósiles”. O uso de enerxía fósil é a maior causa da emerxencia climática. En Galicia orixinou o 72% das emisións de gases causantes de cambio climático durante 2023, ano máis recente con datos oficiais.

Perante o fracaso dos cumios climáticos da ONU á hora de impulsaren o fin dos combustíbeis fósiles, a declaración avoga por un proceso complementario de cooperación internacional que promova a creación dun instrumento legal vinculante para o abandono rápido e xusto do petróleo, o gas fósil e o carbón.

A promoción dun Tratado sobre Combustíbeis Fósiles será un dos puntos a tratar na Primeira Conferencia Internacional para a Transición Máis Alá dos Combustíbeis Fósiles, que terá lugar no porto carbonífero colombiano de Santa Marta, do 24 ao 29 de abril, co-organizada por Colombia e os Países Baixos. A declaración anima ao Goberno español, que estará representado na conferencia, a exercer un papel chave no impulso deste novo tratado internacional que se destinaría a promover a eliminación planificada da enerxía fósil.

Galiza sen Gas demanda á Xunta e ao Parlamento galego que apoien tamén un Tratado internacional sobre os Combustíbeis Fósiles. O peche a comezos desta década das centrais térmicas de carbón de Meirama e As Pontes foi un avance decisivo para a desfosilización do sistema enerxético galego, posibilitado polo desenvolvemento renovábel pasado. Porén, Galicia aínda usa moito petróleo e gas fósil, tanto para o consumo interno como para a exportación, previo paso pola refinaría da Coruña e a regasificadora de Mugardos. En termos de enerxía primaria, petróleo e gas fósil supoñen, respectivamente, o 49,1% e o 23% do total dos recursos enerxéticos empregados no noso país, segundo o último Balance enerxético do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) da Xunta, correspondente a 2023.

A dependencia galega de petróleo e de gas fósil, ademais de contribuír á crise climática, á contaminación atmosférica e á destrución doutros territorios, xera inseguridade enerxética nun escenario xeopolítico cada vez máis hostil. Por iso, necesitamos unha sólida e participada planificación enerxético-climática para o abandono do gas fósil antes de 2035 e do petróleo antes de 2040 que, lastimosamente, non se quixo comezar a emprender na recentemente aprobada Lei do Clima de Galicia, que resultará por tanto moi pouco ineficaz. Os combustíbeis fósiles son un enorme atranco para afrontarmos a emerxencia climática e protexermos a nosa saúde, o noso benestar e o noso futuro.

 

* Galiza Sen Gas está integrada por Amigas da Terra, Amnistía Internacional Galicia, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Ecoar Global. Federación galega de Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, Observatorio Galego da Acción Climática (OGACLI) e Verdegaia.

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Ecologistas en Acción de La Rioja ha presentado ante la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja su propuesta de actuaciones a incluir en La Rioja para la elaboración del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza.

El Reglamento de la UE de restauración de la naturaleza (Reglamento UE 2024/1991 de 24 de junio), entró en vigor el 18 de agosto de 2024.
El objetivo más inmediato del reglamento es mejorar hasta alcanzar la “buena condición” del 30% de una serie de hábitats antes del 2030 y completar las lagunas de información que se tengan de estos hábitats en un 90% antes del mismo año.

También incluye la necesidad de mejorar la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas en toda la Unión, en las zonas no cubiertas por los tipos de hábitats que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats), para los que deben establecerse medidas de restauración.

El Reglamento incorpora también la obligación de restaurar ecosistemas urbanos dotando a los centros urbanos de un 45% de zonas verdes y asegurando que la proporción de cubierta arbórea urbana supere el 10 %. Las siguientes localidades riojanas se van a ver comprometidas a ello: Alfaro, Arnedo Calahorra, Haro, Lardero Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua.

También se tiene que asegurar la restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes, mediante la eliminación de barreras en los ríos con el objetivo de la existencia de 25.000 km de flujo libre antes de 2030 en la Unión Europea.

Por último se incluye el compromiso de plantar al menos 3 000 millones de árboles adicionales en la Unión Europea de aquí a 2030.

Para tal fin se tiene que elaborar por cada uno de los estados un Plan Nacional de Restauración. La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene que contribuir a dicho Plan estableciendo los objetivos de restauración necesarios.

Ecologistas en Acción de La Rioja ha presentado una serie de propuestas sobre las necesidades que a nuestro entender deberían formar parte de la aportación de La Rioja.

A) ECOSISTEMAS AGRARIOS

Los ecosistemas agrarios son los que están perdiendo biodiversidad más rápidamente. Ello está vinculado principalmente a la intensificación agrícola, al monocultivo, al uso de herbicidas y pesticidas, y a las prácticas agrícolas que eliminan los barbechos herbáceos impidiendo el asentamiento de la fauna. El declive de las aves agrarias es crítico, con una caída poblacional superior al 25% en las últimas décadas, situándolas como el grupo de las aves terrestres más amenazado. Es urgente tomar medidas de restauración de este medio, principalmente en el ámbito de aplicación del plan de gestión de las aves esteparias en La Rioja. Un instrumento útil para este cambio de paradigma pueden ser las medidas incorporadas en la PAC, fomentando prácticas más sostenibles como la condicionalidad reforzada y los eco-regímenes.

Otra herramienta útil es el plan de gestión de las aves esteparias de La Rioja (Decreto 55/2014, de 19 de diciembre) que contempla una serie de líneas de acción principalmente aquellas relacionadas con la gestión del hábitat como la promoción de medidas agroambientales para el manejo de barbechos y la creación de hábitats favorables.

Establece tres zonas de interés, ninguna de ellas está considerada Zepa y por tanto no forman parte de la Red Natura 2000.

• a) Área I (Superficie 1.308 ha) Municipio: Murillo de Río Leza
• b) Área II (Superficie 2.917 ha) Municipioa: Arnedo, El Villar de Arnedo, Pradejón y Tudelilla
• c) Área III (Superficie 2.893 ha). Municipio: Alfaro

B )ECOSISTEMAS FORESTALES:

1.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN NO BUENA CONDICIÓN DENTRO DE LA RED NATURA 2000

Se seleccionan aquellos hábitats ya sean prioritarios o no, que no están en buena condición, y que se encuentran en el interior, exclusivamente, de la Red Natura 2000, siendo necesario la toma de medidas de restauración.

El hecho de encontrarse en el interior de un espacio protegido como es la RN2000, confiere un valor más para la restauración de estos hábitats.

1.1- Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

En la actualidad en La Rioja este hábitat se reduce a pequeñas parcelas en los fondos de valle de los ríos Oja e Iregua y afluentes. Todavía son abundantes en Pazuengos, Valgañón, Zorraquín, Lumbreras, Villoslada y Ortigosa.

• Código HIC: 6510
• Tipo: No Prioritario
• %HIC en no buena condición RN2000: 100%
• %HIC en no buena condición La Rioja: 92%
• Espacios RN2000 no buena condición: Sª de la Demanda, Urbión Cebollera y Cameros

1.2.- Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

En La Rioja los pastos de Festuca curvifolia (indigesta) se encuentran en todas las zonas de cumbre de La Demanda, Cebollera y Urbión por encima de los 2000 m.

Se reconocen dos tipos de cervunal, que se separan claramente tanto por su composición florística como por su situación biogeográfica. Un primer tipo es frecuente en todo el oromediterráneo de nuestras sierras en contacto con los pastizales de Festuca indigesta. El segundo tiene su óptimo en el supramediterráneo, en las sierras de La Demanda, Urbión y Cebollera, donde tapiza los claros de los bosques caducifolios; en ocasiones se adentra en el oromediterráneo, ascendiendo hasta los 1900 m.

• Código HIC: 6160
• Tipo: No Prioritario
• %HIC en no buena condición RN2000: 100%
• %HIC en no buena condición La Rioja: 100%
• Espacios RN2000 no buena condición: Sª de la Demanda, Urbión Cebollera y Cameros

1.3.- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

En La Rioja Se localizan en todas las zonas silíceas de la sierra, siempre en topografías favorables. Está presente en Sierra de La Demanda, Urbión, Cebollera, Moncalvillo, Sierra la Hez. Las manchas más extensas se dan en torno a la localidad de San Andrés; sin embargo, es en las zonas de Hoyos de Iregua y laguna de Urbión donde se encuentra mejor definido el hábitat, ligado a medios higroturbosos silicícolas, de forma dispersa, aunque en ningún caso se han visto áreas con suficiente entidad para ser cartografiadas. Se desarrolla bien en los bordes de las turberas ácidas de estos enclaves.

• Código HIC: 4020*
• Tipo: Prioritario
• %HIC en no buena condición RN2000: 100%
• %HIC en no buena condición La Rioja: 100%
• Espacios RN2000 no buena condición: Sª de la Demanda, Urbión Cebollera y Cameros

1.4.- Bosques mediterráneos de Taxus baccata

En La Rioja aparecen en Peñalmonte de Arnedillo dentro de una repoblación de pinar. También se puede observar dentro de hayedos y bosques mixtos en el valle del Cárdenas, en el Portillo de Nestaza (San Millán de la Cogolla) y otra en el barranco del Urilla.

• Código HIC: 9580*
• Tipo: Prioritario
• %HIC en no buena condición RN2000: 100%
• %HIC en no buena condición La Rioja: 100%
• Espacios RN2000 no buena condición: Peñas de Arnedillo, Peña Isasa y Turruncún; Sª de la Demanda, Urbión Cebollera y Cameros

1.5.- Bosques aluviales de Alnus Glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Están presentes en La Rioja preferentemente en zonas de montaña de los ríos Oja, Najerilla e Iregua. Destacable la aliseda del río Yalde y determinados enclaves del rio Ebro en la Rioja Alta.

• Código HIC: 91E0*
• Tipo: Prioritario
• %HIC en no buena condición RN2000: 100%
• %HIC en no buena condición La Rioja: 19%
• Espacios RN2000 no buena condición: Sª de la Demanda, Urbión Cebollera y Cameros

2.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO PRIORITARIOS EN NO BUENA CONDICIÓN SITUADOS FUERA Y DENTRO DE LA RED NATURA 2000

Se seleccionan aquellos hábitats prioritarios, que no están en buena condición, y que se encuentran o bien dentro o bien fuera de la Red Natura 2000, siendo necesario la toma de medidas de restauración.

2.1.- Estepas salinas mediterráneas (Limonetalia)

En La Rioja aparecen fundamentalmente de forma dispersa en pequeñas manchas de municipios de la Rioja Baja en localidades como Alfaro (carrizal de Cofín), Calahorra, Aldeanueva de Ebro y otros. Se encuentran fuera de los espacios Red Natura 2000.

• Código HIC: 1510*
• Tipo: Prioritario

2.2.- Zonas Subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)

En La Rioja se localiza preferentemente fuera de los espacios Red Natura 2000, siendo bastante frecuente en cerros y lomas del valle del Ebro en Rioja Baja. También presente de forma significativa en el espacio RN 2000, Sierra de Alcarama y Valle del Alhama. En el interior de la RN2000 su estado es de no buena condición.

• Código HIC: 6220*
• Tipo: Prioritario

2.3.- Vegetación gipsícola ibérica

En la RN2000 aparece ampliamente representada en el espacio de Sierra de Alcarama y Valle del Ahama, también surgen algunas manchas en el espacio Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa próximas a la localidad de Arnedillo.

• Código HIC: 1520*
• Tipo: Prioritario

C) PLANTACIÓN DE ARBOLADO

El Reglamento contempla la necesidad de que en el interior de los países de la UE se planten al menos 3.000 millones de árboles antes del año 2030 con pleno respeto a los principios ecológicos.
En La Rioja, para contribuir a ello, deberían plantarse al menos 3,5 millones de árboles antes del 2030, garantizando también la diversidad de las especies y de su estructura por edades, y dando prioridad a las especies arbóreas autóctonas.

D) CONECTIVIDAD DE RÍOS Y FUNCIONES DE LLANURAS DE INUNDACIÓN

Se establece también la obligación en el Reglamento de la eliminación de barreras en los ríos con el objetivo de la existencia de 25.000 km de flujo libre antes de 2030 en la UE.

En este apartado para La Rioja se debería asegurar el libre flujo de los ríos actuando sobre los azudes que cortan su continuidad y que en la actualidad se encuentran sin uso.
En el Inventario de Azudes e la Confederación Hidrográfica del Ebro existen una serie de ríos problemáticos que presentan elevadas concentraciones de azudes. Entre ellos destacan los siguientes:

• Rio Ebro en la Rioja Alta
• Río Iregua en su tramo medio y bajo
• Río Najerilla y río Yalde

Por otra parte sería necesario actuar sobre los mazones, motas y defensas realizadas en el río Ebro, recuperando su llanura de inundación mediante el retranqueo de éstos y naturalizando toda la superficie ganada el río, continuando la magnífica labor realizada dentro del proyecto Life Ebro Resilience en el río Ebro a su paso por el término municipal de Alfaro, ampliándola a los términos municipales de Rincón de Soto Aldeanueva de Ebro y Calahorra.

 

Informe de necesidades de restauración en La Rioja.

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• Los trabajos en el castillo se desarrollan en la cresta incluida en la ZEC-ZEPA Sierra Grande de Hornachos (Red Natura 2000) que alberga varios nidos de aves rupícolas.
• La época reproductora de estas aves se extiende de febrero a julio y las obras pueden programarse fuera de este periodo sensible

Ecologistas en Acción Extremadura ha constatado, este lunes y parece ser que se alargará más tiempo,  la realización de vuelos reiterados con helicóptero para el transporte de materiales destinados a obras de rehabilitación en el castillo de Hornachos.

El castillo se sitúa en la cresta rocosa de la Sierra Grande, dentro o en el límite inmediato del espacio protegido ZEC-ZEPA Sierra Grande de Hornachos, integrado en la Red Natura 2000. Se trata de un enclave de alto valor ecológico caracterizado por roquedos y cortados que constituyen hábitat potencial de aves rupícolas protegidas.

La organización no cuestiona la conservación del patrimonio histórico, pero recuerda que cualquier actuación en un espacio Red Natura 2000 debe realizarse con especial cautela y planificación, garantizando la compatibilidad con los objetivos de conservación.

En esta sierra nidifican especies como el águila perdicera, el águila real, el halcón peregrino, el alimoche, el búho real o la cigüeña negra. La época de cría de estas especies se desarrolla con carácter general entre febrero y julio, siendo especialmente sensible el periodo comprendido entre marzo y junio, cuando se produce la incubación y el desarrollo de los pollos.

El sobrevuelo repetido de helicópteros en una cresta rocosa genera un impacto acústico considerable que puede provocar perturbaciones en plena fase reproductora, con riesgo de estrés, abandono temporal de nidos o fracaso reproductor.

Ecologistas en Acción solicita a la Dirección General de Sostenibilidad que informe públicamente:

1. Si estos vuelos cuentan con autorización ambiental específica.
2. Si se ha valorado su afección en periodo de cría.
3. Si se han establecido limitaciones temporales para evitar impactos sobre la avifauna.

Asimismo, la organización recuerda que las obras de rehabilitación pueden programarse fuera del periodo reproductor, minimizando riesgos innecesarios para la biodiversidad. La planificación temporal es una herramienta básica de prevención ambiental en espacios protegidos.

La protección del patrimonio histórico y la conservación del patrimonio natural deben avanzar conjuntamente, especialmente en enclaves de alto valor ecológico como la Sierra Grande de Hornachos.

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La rebaja de la sanción de más de 600.000 euros a solo 10.000 euros por unas obras ejecutadas sin autorización en el dominio público hidráulico lanza un mensaje preocupante sobre la protección efectiva de los ríos y el cumplimiento de la normativa ambiental.

Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF, Fundación Nueva Cultura del Agua FNCA, SEO/BirdLife, ANSAR, Fundación Conservación Quebrantahuesos y Ecologistas en Acción advierten además que la restauración real del cauce sigue pendiente.

Las citadas organizaciones consideran claramente insuficiente la multa impuesta al Gobierno de Aragón por las obras realizadas en el cauce del río Osia (Huesca), después de que el Tribunal Supremo haya reducido la sanción económica a 10.000 euros, manteniendo únicamente la obligación de restauración ambiental. A juicio de estas organizaciones, la cuantía no refleja ni la extensión de la intervención ni el valor ambiental del tramo afectado.

Las actuaciones ejecutadas en 2020 modificaron más de 700 metros del cauce del río Osia, superando el umbral que la normativa autonómica establece para exigir una evaluación de impacto ambiental obligatoria. Sin embargo, no consta que dicha evaluación se realizara, pese a tratarse de un tramo incluido en espacios protegidos y con presencia de hábitats de interés comunitario y especies sensibles.

No se trata de un hecho aislado. Existen precedentes de actuaciones similares en el mismo río vinculadas a la carretera A-2605, para las que en el pasado sí se exigieron trámites ambientales. Este contexto refuerza la preocupación por la reiteración de intervenciones en el cauce y por la ausencia de una visión acumulativa de sus impactos.

Una sanción insuficiente

La reducción de la multa se ha basado en la falta de una cuantificación precisa del daño ambiental, no en la inexistencia de afecciones. Para las organizaciones denunciantes, este hecho pone de manifiesto las carencias en la gestión administrativa del caso y lanza el preocupante mensaje de que intervenir de forma irregular en un río protegido puede salir barato.

El coste de la sanción resulta desproporcionadamente bajo si se compara con la envergadura de las obras ejecutadas, con la destrucción geomorfológica que supusieron y con el valor ecológico del espacio afectado. A ello se une el posible aumento de la peligrosidad en momentos de crecida, pudiéndose activar procesos que afecten de manera negativa a la propia carretera que se pretendía defender, tal como los grupos ecologistas y comunidad científica alertaron en su momento.

Incertidumbre sobre la restauración del río

Aunque la sentencia mantiene la obligación de ejecutar un proyecto técnico de restauración hidromorfológica, a día de hoy, no se conocen los detalles de dicha restauración, ni su alcance real, ni los criterios ambientales que se aplicarán. Tampoco se ha aclarado si el proyecto será sometido a evaluación ambiental, a pesar de intervenir en un cauce protegido.

Restauración con garantías

La restauración no puede limitarse a una solución meramente técnica o paisajística, sino que debe garantizar la recuperación funcional del río, su dinámica natural y la conservación de la biodiversidad asociada.

Finalmente, los grupos ecologistas y comunidad científica reclaman que las administraciones públicas sean ejemplares en el cumplimiento de la legislación ambiental. Si quienes deben velar por la protección de los ríos pueden actuar sin autorización y asumir después sanciones mínimas, se debilita la credibilidad del sistema de protección ambiental y se pone en riesgo el patrimonio natural común.

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• La Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental para la legalización de una urbanización declarada ilegal, blindando así el complejo Marina Isla de Valdecañas para evitar la demolición ordenada por el Tribunal Supremo.
• Ecologistas en Acción exige a la Junta el cese inmediato de cualquier acción encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias y el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la Isla de Valdecañas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite el recurso que Ecologistas en Acción ha interpuesto contra el Decreto 180/2025, de 16 de diciembre, por el que la Junta de Extremadura ajusta los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La organización ecologista denuncia que, bajo la excusa técnica de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse, el decreto excluye deliberadamente la isla de Valdecañas de la ZEPA para intentar legalizar el complejo turístico conocido como Marina de Valdecañas, cuya demolición total ha sido ratificada en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Una lucha de casi dos décadas contra la ilegalidad

Ecologistas en Acción recuerda que han transcurrido 19 años desde el inicio del procedimiento judicial contra el Proyecto de Interés Regional ‘Marina de Valdecañas’, 15 años desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulara el PIR y once años y medio desde que se iniciara la ejecución de las sentencias. A pesar de ello, el complejo –que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas– continúa plenamente operativo.

El Tribunal Supremo ha sido tajante al establecer que “el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha inadmitido o rechazado todos los recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo, y las comunidades de propietarios del complejo. Pese a ello, la demolición, jurídicamente “inevitable e insoslayable”, sigue sin ejecutarse.

“Ni una piedra se ha movido”

Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha denunciado la pasividad de las administraciones implicadas: “Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse. Ni la Junta de Extremadura, ni los ayuntamientos implicados, ni por supuesto la promotora, han movido un dedo, no ya para demoler, sino siquiera para iniciar la restauración ambiental del entorno. Todo lo contrario, han desplegado una intensa actividad obstruccionista, jurisdiccional y de todo tipo, para impedir el cumplimiento de los fallos judiciales. Este nuevo decreto no es más que el último y más burdo intento de sortear la acción de la justicia”.

Un decreto ‘ad hoc’ para burlar la sentencia

La organización ecologista sostiene que el Decreto 180/2025 carece de justificación técnica objetiva y ha sido diseñado “a medida” para excluir de la protección ambiental la superficie terrestre donde se asienta el complejo. Al sacar la isla de Valdecañas de la ZEPA, la Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental que pesa sobre la legalización de unas construcciones declaradas ilegales, facilitando así una hipotética regularización que blindaría el complejo y evitaría la demolición.

Jaime Doreste, abogado ambientalista y Profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la UAM, que defiende a Ecologistas en Acción tanto en este nuevo recurso como en los que se siguen para la demolición del Complejo de la Marina de Valdecañas, ha calificado el decreto como “un fraude de ley en toda regla”.

Doreste ha declarado: “Lo que pretende la Junta de Extremadura es utilizar una redelimitación de la ZEPA de carácter pretendidamente técnico para vaciar de contenido sentencias firmes que llevan años exigiendo la demolición. No se trata de ajustar los límites a una cota de embalse, porque la isla de Valdecañas es un terreno emergido permanentemente, no una superficie inundable. Este decreto busca desproteger el espacio para, a continuación, argumentar que ya no existen valores ambientales que impidan la legalización. Es un ataque directo al Estado de Derecho y a la eficacia de la justicia. Hemos recurrido ante los tribunales para que paralicen de inmediato esta maniobra y exijan el cumplimiento íntegro de las sentencias, que incluye la demolición de todo el complejo y la restauración de la legalidad urbanística y ambiental”.

Con esta acción legal, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Extremadura el cese inmediato de cualquier acción encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias y el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla de Valdecañas.

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Las intensas lluvias de las pasadas semanas han devuelto todo su esplendor al que fue el mayor humedal interior de la Península Ibérica, La Janda, ubicada en el triángulo comprendido entre Benalup-Casas Viejas, Tahivilla, Vejer de la Frontera y la pedanía tarifeña de Tahivilla, ocupaba una superficie total superior a las 7.000 hectáreas y estaba integrada por las lagunas de Rehuelga, Espartinas, Tapatanilla y Jandilla, destacando en la parte central la de la Janda que llegaba a alcanzar una longitud de 12 km en dirección oeste este, una anchura de 4 km y una superficie total de más de 4.000 hectáreas. Aquel humedal fue desecado en la década de los 60 del siglo pasado con fines agrícolas.

Dadas que las tierras son de titularidad pública, como así lo acredita una sentencia del Tribunal Supremo de 1.967, siguiendo el paso de las actuales directrices europeas que priorizan la recuperación y restauración de ecosistemas, numerosas organizaciones, desde hace décadas vienen solicitando que se recupere y se restaure este emblemático humedal que da nombre a toda la comarca.

Para trasladar de nuevo esta propuesta a la Junta de Andalucía, se ha celebrado una reunión, a instancias de la Fundación Savia, con José Enrique Borrallo, Director General de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía en la que también han participado la Asociación de Amigos de la laguna de La Janda y Ecologistas en Acción.

En la reunión se han analizado los antecedentes y se ha valorado que la situación actual de estancamiento resulta bastante incomprensible y no es la más adecuada para la puesta en valor de un espacio de titularidad pública tan emblemático. Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia ha instado a que Junta de Andalucía y Estado Central, las administraciones que tienen las competencias sobre el espacio, se sienten, dialoguen y colaboren para recuperar el enclave como así es de justicia, lo reivindica la sociedad civil y las administraciones locales, revierta el actual estado antinatural para que, más pronto que tarde, podamos volver a contar en Andalucía con la laguna de La Janda llena de vida.

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• Ecologistas en Acción taldeak egindako ikerketa baten arabera, lehen sektoreari emandako dirulaguntzak biodibertsitatearen krisiari laguntzen ari dira.
• Pizgarri horiek ezabatzea edo birformulatzea gobernuaren konpromisoa zen, eta 2025ean ekin behar zitzaion.

Ecologistas en Acción  taldeak, Mugarik Gabeko Ekonomilariekin lankidetzan, txosten bat argitaratu du, Espainiako Estatuan lehen sektorearen barruan biodibertsitatearentzat kaltegarriak diren pizgarriak identifikatzeko, Biodibertsitaterik Gabe Ez Dago Bizitzarik kanpainaren barruan. Ikerketak urtebete iraun du, eta gure herrialdean arlo horretan egin den lehena da. Hala, kontu nazionalen eta autonomikoen datu ofizialak aztertu ditu. Nekazaritza-, arrantza- eta basogintza-sektoreek baliatzen dituzten zerga-politikak aztertzen ditu, bai eta ekosistemetan eta espezieen desagerpenean duten eragina ere.

Txostenak ondorioztatzen du administrazio publikoek 8.000 milioi euro eman zizkietela 2024an biodibertsitatearen galerarekin zuzenean lotutako jarduera eta enpresei. Guztizko zifra are handiagoa da, zenbaki horiek ez baitituzte barne hartzen ingurumenean eragin handia duten beste sektore batzuk, hala nola garraioa eta energia. Natura kontserbatzeko eta lehengoratzeko urteko aurrekontu publikoa, Estatuko Aurrekontu Orokorrak eta Europako funtsak batuta, 2.000 milioi eurokoa da, lau aldiz txikiagoa. Datuek erakusten dute inkoherentzia fiskala dagoela. Aniztasun Biologikoaren Hitzarmena betetzeko finantza-arrakala nazionala 3.500 milioi eurokoa da. Dirulaguntza horiek erreformatzeak, bideratzeak edo ezabatzeak defizit hori konponduko luke.

Gobernuek ez dute bete pizgarri horiek birpentsatzeko helburua, 2025ean dirulaguntza kaltegarrien % 50 eraldatzeko, 2030erako natura-ondarearen eta biodibertsitatearen Estatuko Plan Estrategikoak ezartzen duen bezala. Gai horri heltzea Kunming-Montreal Munduko Markoaren 18. JOMUGAN jasotako betebeharra da. Espainiako Estatuak, nazioarteko konpromisoak ez betetzeaz gain, bere natura-ondarea ere kaltetzen du – lurzorua, ura, basoak, itsasoak eta espezieak –, narriadura bizkortzen duten jarduerak finantzatzen baititu.

Txostenaren arabera, dirulaguntza problematikoenen % 84 zuzeneko laguntzak dira, gehienak nekazaritza- eta basogintza-sektorerako (NPB) eta arrantza-sektorerako (FEMPA) Europako funtsetatik datozenak. Hala ere, Next Generation funtsak ere aipatu dira, ureztatzeak areagotzearekin eta baso-biomasa erretzearen ondoriozko bioenergiarekin lotuta. Analisiak zerga-salbuespenak ere barne hartzen ditu, pestizida eta ongarriei edo arrantza profesionalerako erregaiari mesede egiten diotenak helburuan jarriz.

Ecologistas en Acción taldeak adierazi du dirulaguntza publikoak beharrezkoak direla lehen sektorea babesteko. Hala ere, egungo sistemak enpresa eta lobby handiei egiten die mesede, errenta-maila baxuenak dituzten ekoizleen egoera hobetu beharrean, horiek baitira komunitateetan aberastasun handiena uzten dutenak. Laguntza publikoen sistema naturaren kontserbazioarekin eta lehengoratzearekin lerrokatzea aukera bat da biodibertsitatea eta landa- eta kosta-ekonomia kalteberenak babestuko dituzten zerga-politiketan aurrera egiteko.

 

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