• Ecologistas en Acción organiza una movilización en Berlín contra el modelo agroindustrial de la feria Fruit Logística.
• Activistas, jornaleras y organizaciones sociales llevan a juicio popular los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial.

Ecologistas en Acción, junto a organizaciones de la sociedad civil alemana, organizó dos jornadas de protesta en Berlín contra la feria Fruit Logística, celebrada del 4 al 6 de febrero en Berlín, uno de los principales encuentros internacionales del lobby hortofrutícola.

Una veintena de activistas se manifestaron frente al recinto ferial para denunciar los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial en los países productores.

Celebramo un tribunal popular contra la agroindustria, en el que distintas personas, entre ecologistas, jornaleras, sindicalistas y activistas, presentaron testimonios sobre los abusos del sistema agroindustrial.

Las acciones se enmarcan en la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, con la que Ecologistas en Acción cuestiona el relato de sostenibilidad que proyecta Fruit Logistica desde hace décadas. En los pabellones de la feria se exhibe una imagen de agricultura sostenible que no se corresponde con la realidad que se vive en los territorios productores.

Ecologistas en Acción denuncia que el modelo de agricultura intensiva tiene un impacto devastador tanto ambiental como social: degrada ecosistemas, sobreexplota recursos hídricos y se sostiene sobre la vulneración sistemática de Derechos Humanos y laborales.

Estas denuncias fueron recogidas en el Tribunal Popular celebrado el viernes, donde diversos testimonios documentaron los efectos de la agroindustria sobre la naturaleza y las personas. En su intervención, Sara Facchinelli, de Ecologistas en Acción Almería, denunció «En los humedales y en el mar los contaminantes procedentes de la agroindustria perjudican la vida de las miles de especies que habitan nuestro entorno» Jennifer Cárdenas Tovar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, denunció las condiciones laborales y de vida inhumanas, precarias y sin derechos en las que viven miles de personas trabajadoras del sector agroindustrial, que son mayoritariamente personas migrantes, en las provincias de Almería y Huelva. Afirmó: «además de sufrir condiciones de explotación laboral, se ven obligadas a vivir en asentamientos chabolistas, sin agua, sin luz, sin acceso a servicios básicos».

Para Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, existe una presión desde el sector, y muchas veces desde algunas administraciones, para callar las voces que denuncian los impactos del modelo agroindustrial. «Además, se lanzan bulos y falsas noticias para eludir responsabilidades y facilitar que se acepten falsas soluciones que más benefician a las empresas». Incluso se intenta eludir el cumplimiento de la normativa, o promover su modificación a la baja. «Está claro que todo esto no es casual, responde a una estrategia para proteger el interés económico empresarial, a toda costa».

El caso de Murcia, Almería y Huelva

En Fruit Logística estuvieron representados numerosos productores españoles, incluidos grandes grupos de Murcia, Almería y Huelva, provincias clave para la exportación hortofrutícola.

En Murcia, décadas de agricultura intensiva han provocado la grave degradación del Mar Menor, con episodios recurrentes de eutrofización, mortandad de fauna y múltiples procedimientos judiciales por prácticas agrícolas ilegales.

En Almería, las más de 32.000 hectáreas de invernaderos generan anualmente unas 150.000 toneladas de residuos plásticos, de las cuales alrededor de 30.000 toneladas acaban vertidas ilegalmente en el medio rural. A ello se suma un déficit hídrico anual de 170 hm³ y un grave deterioro de la calidad del agua, afectando a la flora y fauna y al deterioro de nuestros humedales costeros tan importantes para las aves migratorias y para otras especies en peligro de extinción, como ejemplo el deterioro de Las Albuferas de Adra. En Huelva, la agricultura intensiva de frutos rojos está secando los acuíferos de Doñana y poniendo en riesgo este espacio protegido, por lo que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el deterioro de los hábitats.

Ecologistas en Acción y una decena de organizaciones alemanas concluyeron las jornadas con un veredicto colectivo contra el modelo agroindustrial que representa Fruit Logistica. Elena Alter, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, señaló: «Las jornadas han permitido visibilizar los impactos reales de este modelo y reforzar una amplia alianza social en defensa de los derechos de la naturaleza y de las personas».

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• La Junta de Andalucía ha aprobado una Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad por la que se amplía el periodo de caza mayor en aquellas fincas que no han podido realizar monterías, ganchos o batidas debido al mal tiempo. Esta ampliación responde sólo al plegamiento de los responsables de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA) al sector cinegético, y repercutirá negativamente en la biodiversidad y en actividades como el senderismo y el turismo rural.

Los periodos hábiles y de veda para la caza mayor los ha fijado la Resolución de 28 de mayo de 2025 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad. En lo que respecta a la caza mayor, y concretamente a las especies ciervo, gamo, muflón y jabalí, establece con carácter general un período hábil de caza que comprende todos los días de la semana desde el 11 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026.

Como ha llovido mucho y no se han podido celebrar muchas monterías, ganchos y batidas, a propuesta del sector cinegético, la CSyMA ha ampliado el periodo de caza mayor en esas fincas hasta finales de este mes de febrero.

Ecologistas en Acción se opuso en el Comité de Caza de Andalucía, formado mayoritariamente por representantes de la Junta y de los cazadores, a esta ampliación de plazo para la caza mayor. Juan Clavero, representante de Ecologista en Acción en el citado Comité, advirtió que  no es admisible que todas las medidas que aprueba la CSyMA vayan a favor de la caza, cuando ni siquiera es la actividad más practicada en el campo, que es el senderismo, ni la de mayor relevancia económica en los pueblos de zonas forestales, que es el turismo rural.

Esta Resolución se justifica, además, para “controlar las enfermedades infectocontagiosas de alto impacto”. Pero se omite que el principal método para luchar contra las enfermedades infectocontagiosas son los predadores naturales. La CSyMA, en vez de protegerlos, los persigue, y las consecuencias son el desequilibrio poblacional de algunas especies, como el ciervo, el jabalí y el gamo.

La Resolución asegura que esta medida se basa en el artículo 20 de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres, pero es falso. Este artículo determina que “ante situaciones excepcionales de daño o riesgo para los recursos naturales como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier otra intervención humana, las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales…”. O sea, este artículo va en la dirección contraria a como lo quieren utilizar, es para limitar o prohibir la caza, no para ampliarla. Cuando las organizaciones ecologistas hemos solicitado prohibir la caza de aves acuáticas en periodos de sequía, para lo que sí es de aplicación este artículo, la CSyMA ni respondió.

Esta Resolución no se apoya en ningún informe científico sobre sus repercusiones, ni menciona los efectos que tendrá esta ampliación del periodo de caza mayor con perros en la biodiversidad, cuando ya muchas especies están comenzando la época de reproducción, ni sobre otras actividades como el senderismo, pues en las monterías se cierran ilegalmente los caminos públicos y vías pecuarias, y suponen un riesgo para los miles de senderistas que los recorren.

Otro factor que no ha tenido en cuenta la CSyMA es que las ciervas están preñadas, y que en este mes los fetos doblarán su tamaño, dificultando la huida ante las rehalas de perros y generándoles estrés.

Con esta medida, y otras que está promoviendo la CSyMA como las emergencias cinegéticas, en el campo andaluz se va a poder estar cazando todo el año, perjudicando a la biodiversidad y a otros sectores sociales y económicos. Sorprende esta entrega total de los responsables de la Junta de Andalucía al sector cinegético cuando la caza es una actividad decreciente y minoritaria en Andalucía. Las licencias de caza en Andalucía han experimentado un descenso significativo en las últimas dos décadas,  reduciéndose a la mitad. A pesar del apoyo de la Junta de Andalucía -con promoción de la caza hasta en las escuelas, generosas subvenciones a ferias, campañas promocionales, bonificaciones, exageración de las repercusiones económicas…-, la realidad es que en Andalucía hay sólo 87.000 cazadores federados, el 1% de la población, pero que tienen acotada más del 80% de su superficie.

Una prueba más de esta entrega total de los responsables de la CSyMA al sector cinegético es que en el Borrador de la Resolución que se llevó al Comité de Caza se incluía una ampliación de plazo hasta el 22 de febrero. A los representantes de los cazadores les pareció poco, y propusieron que se ampliara hasta el 28, y así ha aparecido en la Ordena aprobada y publicada en el BOJA.

Ecologistas en Acción lamenta que la Consejería denominada de “Sostenibilidad y Medio Ambiente” se pliegue a los intereses del sector cinegético, convirtiéndose en una mera “Gestoría de caza”, olvidando sus competencias, entre las que se encuentra la preservación de la biodiversidad.

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La petición se fundamenta en la persistencia y agravamiento de su deterioro ecológico tras las inundaciones de octubre de 2024 y en la necesidad de ordenar las numerosas actuaciones iniciadas desde diversas administraciones, que abarcan un amplio abanico como la tramitación de los instrumentos de ordenación y gestión del espacio natural, proyectos de restauración u obras de emergencia.

La última Misión Ramsar en este humedal se realizó en 2006 (la número 58), hace dos décadas, cuyo fundamento fue la modificación del reglamento jurídico del humedal, para, entre otras cuestiones, transformar a suelo urbanizable una parte para realojar a las familias expropiadas y desalojadas de sus viviendas por las obras de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia

Las entidades ambientales implicadas en la conservación y gestión del humedal de l’Albufera de València han solicitado formalmente a la Secretaría de la Convención Ramsar la realización de una Misión Ramsar de Asesoramiento para este espacio natural protegido, reconocido como Humedal de Importancia Internacional desde 1989.
L’Albufera, que además forma parte de la Red Natura 2000 y cuenta con la figura de protección autonómica de Parc Natural, atraviesa un momento especialmente delicado. Las organizaciones firmantes advierten de la persistencia y agravamiento de problemas ecológicos y de gobernanza que vienen siendo señalados desde hace años por la comunidad científica y por el tejido ambiental y ciudadano vinculado al humedal, y que se han visto agravados tras las fuertes inundaciones del 29 de octubre de 2024, que afectaron de forma significativa al sistema lagunar y a su cuenca.
Al mismo tiempo, destacan que se están activando múltiples iniciativas, inversiones y procesos administrativos para la recuperación del humedal, desde distintos niveles de la administración, sin que exista todavía un marco de planificación actualizado y coordinado. Entre otras cuestiones, recuerdan que aún no se han elaborado las Normas de Gestión de la Red Natura2000, mientras que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales data de 1995 y el Plan Rector de Usos y Gestión de 2004, ambos actualmente en proceso de revisión, y que la administración local, con el apoyo de la autonómica, está promoviendo además la candidatura de l’Albufera como Reserva de la Biosfera de la UNESCO todo ello si la figura de Director-Conservador del Parque.
Objetivos de la misión solicitada

Las entidades consideran que la intervención de la Convención Ramsar, puede aportar una mirada experta e independiente que ayude a ordenar prioridades y orientar las decisiones futuras. Entre los objetivos planteados para la Misión se encuentran valorar de forma integral el estado ecológico actual del humedal tras los recientes eventos extremos, analizar el modelo de gobernanza y gestión, identificando mejoras a partir de experiencias en otros humedales Ramsar, o establecer un marco de prioridades y una secuencia lógica de actuaciones basada en criterios científicos y técnicos y asesorar para la mejora de la coordinación interadministrativa y la participación social en la gestión del espacio.
La solicitud está firmada por Ecologistes en Acció de València, Acció Ecologista AGRÓ, Fundación Nueva Cultura del Agua, Per l’Horta y Xúquer Viu, ya que, a su juicio, la experiencia acumulada por la Convención Ramsar en humedales de todo el mundo puede resultar decisiva para revertir la situación actual de l’Albufera y garantizar su conservación a largo plazo como humedal de importancia internacional.

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Fa poc ens hem assabentat de la proposta d’un nou projecte industrial al Grau de Castelló. Es tracta d’Armonia Green, una planta de producció d’amoníac destinada principalment a l’exportació, que es pretén ubicar al polígon del Serrallo. La seua localització respon a criteris purament econòmics: l’aprofitament de l’electricitat generada per les centrals de cicle combinat ja existents i la proximitat immediata al port per facilitar el transport marítim de grans quantitats d’amoníac.

Des de l’empresa promotora, formada al 50 % per l’elèctrica Ignis i el fons d’inversió nord-americà prosionista KKR (sí, el mateix dels festivals de música), així com des de les institucions i bona part dels mitjans de comunicació, el projecte s’està presentant com una aposta per la sostenibilitat i la transició energètica. No és casual que es vincule reiteradament a conceptes com l’hidrogen verd o l’amoníac verd, ni tampoc que el mateix nom del projecte pretenga transmetre una imatge d’harmonia ambiental que en cap cas es correspon amb la realitat.

Els col·lectius sotasignants mostrem el nostre ferm rebuig a aquest projecte, que considerem un nou cas de rentat de cara verd al servei d’interessos empresarials i especulatius. A continuació exposem els principals motius pels quals Armonia Green no només no contribueix a una transició energètica justa, sinó que aprofundeix en un model de gestió del territori que fa dècades que patim.

En primer lloc, la generació de l’amoníac dependrà directament de l’electricitat generada a les dues centrals de gas de cicle combinat ubicades al Serrallo, i per tant no es tractaria d’amoníac verd, sinó gris. Per confirmar açò, només cal vore els plànols del projecte, que compten amb cables que uneixen les centrals de cicle combinat amb la planta de producció d’amoníac. A més, la planta consumiria més aigua que tot Castelló i un terç de l’energia de tot el territori valencià.

En segon lloc, l’amoníac produït a la planta d’Armonia Green no tindrà com a objectiu la descarbonització del teixit industrial de les nostres comarques ni la cobertura de necessitats energètiques locals. Ben al contrari, el projecte preveu explícitament la construcció de canonades que transportaran l’amoníac fins al port del Grau de Castelló, on grans vaixells de fins a 40.000 tones de capacitat el carregaran per exportar-lo als ports de Bèlgica i dels Països Baixos, on posteriorment serà reconvertit en hidrogen.

Això significa que el nostre territori assumirà els impactes ambientals, els riscos industrials i l’ocupació d’espais estratègics, mentre que els beneficis energètics i econòmics es concentraran fora. Castelló torna així a ser tractada com un espai de pas i d’extracció de valor, subordinat a les necessitats del mercat europeu, perpetuant un model profundament injust en què els riscos es queden ací i els guanys se’n van fora.

En eixa mateixa línia, estem parlant d’un projecte que, amb una inversió per damunt dels mil milions d’euros, tan sols generarà un nombre molt reduït de llocs de treball.

En tercer lloc, el projecte s’ha volgut presentar com una iniciativa que compta amb el suport del conjunt de la societat castellonenca, quan la realitat és ben diferent. Fins ara, l’única aprovació constatada és la de determinades autoritats locals (ajuntament, autoritat portuària) i autonòmiques, sense que haja existit cap procés real d’informació, debat o participació ciutadana que permeta parlar de consens social.

No s’ha dut a terme cap procediment d’exposició pública que haja garantit l’accés de la ciutadania a una informació completa i rigorosa sobre el projecte, els seus riscos i les seues conseqüències. Com passa sovint amb projectes d’aquesta magnitud, una part fonamental de la seua viabilitat es basa en la manca de transparència i en el desconeixement generalitzat, substituïts per relats simplificadors i eslògans verds que dificulten un debat democràtic honest.

A més de tot açò, cal tindre en compte que l’amoníac és una substància altament inflamable i, tot i que el projecte no detalla la capacitat exacta dels tancs d’emmagatzematge, segons els plànols hi ha dos grans tancs d’uns 40 metres de diàmetre. A més, cal tindre en compte també els riscos que comporta el seu transport a través de canonades que passen a la vora de les centrals de cicle combinat, de les instal·lacions de combustible o de la planta d’UBE. La combinació de tots eixos factors podria tenir un efecte dòmino de conseqüències terribles. De fet, el projecte s’ha d’acollir a la Directiva Seveso III i el Reial Decret 840/2015 aplicables a indústries que comporten la possibilitat d’accidents greus.

Per últim, però no menys important, com hem dit a l’inici, una de les dues promotores del projecte és el fons d’inversió prosionista KKR, i per tant el mateix redundaria en l’augment de beneficis d’aquest grup, que està implicat en el brutal règim d’apartheid israelià i les seues polítiques genocides cap al poble palestí.

Per tots aquests motius, els col·lectius signants d’aquest manifest DIEM NO a Armonia Green. No volem que el nostre territori seguisca sent destrossat per projectes com aquest que sols serveixen per seguir augmentant els beneficis de qui mai s’ha preocupat per res més que fer-los créixer no importa a quin preu.

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Con motivo de la celebración el pasado 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales, Ecologistas en Acción de Parla ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org solicitando la inclusión de diferentes humedales amenazados distribuidos por los municipios de Parla, Fuenlabrada, Pinto y Griñón en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.

Estos humedales endorreicos, estacionales y someros son de gran valor ecológico, paisajístico y sociocultural, por lo que su protección y conservación resultan imprescindibles. Estos tipos de hábitat, a pesar de estar reconocidos por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea como de interés prioritario en su conservación por ser un tipo de hábitat escaso y de gran biodiversidad en la Unión Europea (3170 Estanques temporales mediterráneos), han ido desapareciendo en silencio debido al desinterés y desidia por parte de las administraciones locales y regionales, engullidas por proyectos urbanísticos, polígonos industriales, infraestructuras de transporte, vertidos de basuras y escombros, así como por agricultores que las han integrado a sus campos de cultivo de forma ilegal.

Según considera el grupo ecologista, para nada ha servido la protección que les otorga la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio, la cual otorga a los humedales el carácter de dominio público hidráulico. Todas estas actividades destructivas han negado su valía y la posibilidad de su futura recuperación, algo que aún hoy continúa. Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Parla proyecta construir el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid, el futuro PAU-5, arrasando con hábitats acuáticos protegidos por la Directiva de Hábitats europea y la Ley de Aguas nacional.

Estos humedales del sur de Madrid resultan fundamentales para la conservación de diferentes especies de aves acuáticas, entre las que destacan, el ánade azulón, el pato cuchara, el porrón moñudo, la focha común, la gallineta común, el zampullín chico, la garza real, la garcilla bueyera, la cigüeña blanca, diferentes especies de limícolas, como la cigüeñuela común o el chorlitejo chico y gaviotas, el aguilucho lagunero occidental, así como anfibios amenazados como el sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero ibérico y gallipato.

Las láminas de agua de estos humedales rompen la monotonía del paisaje de las estepas agrícolas dónde se ubican, siendo un oasis en medio de la sequedad y rutina del paisaje. Estos reservorios de agua son fundamentales para la conservación no sólo de la comunidad de aves acuáticas, sino también de las cada día más amenazadas aves esteparias que viven en las estepas circundantes. Aves cómo el amenazado sisón común, el alcaraván, los aguiluchos pálido y cenizo, el milano real, el milano negro, el ratonero común, el halcón peregrino, el cernícalo común, la cogujada común, la terrera común, la calandria común, el escribano triguero, la collalba rubia y la golondrina común, entre otras aves, que dependen de la conservación de estas lagunas y balsas de agua.

Recalcan que este tipo de hábitats acuáticos son para muchas especies de plantas acuáticas los únicos lugares donde desarrollar su ciclo vital. Plantas cómo Eleocharis palustris, Carex divisa, Typha latifolia, Phragmites australis, Scirpoides holoschoenus, Juncus inflexus, Juncus bufonius, Bolboschoenus maritimus, Lythrum thymifolia, Lythrum hyssopifolia, Lythrum acutangulum, Sonchus crassifolius, Veronica anagallis-aquatica, Schenkia spicata, Ranunculus peltatus, Ranunculus repens, Mentha cervina, Heliotropium supinum, Verbena supina, Hordeum marinum, Tamarix mascatensis, entre otras. Gran parte de este tipo de plantas constituyen elementos botánicos raros y amenazados debido a la exclusividad y características de estos humedales. Además, estos humedales estacionales modulan las condiciones climáticas y el ciclo hidrológico y permiten conservar valores paisajísticos y socioculturales asociados.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción de Parla exigen la protección, conservación y restauración de todos los humedales de los municipios afectados que son patrimonio de nuestro entorno natural, así como herencia cultural y social de la zona. Los humedales del sur de Madrid son los grandes olvidados como demuestran los proyectos de la comunidad de Madrid cuyo ámbito de actuación son humedales conocidos, dejando de lado otros de la zona sur de gran valor ecológico. El grupo considera que los recursos hídricos, además de ser parte de nuestro entorno a defender ante los futuros proyectos como el PAU-5, deben considerarse también como esenciales ante el escenario futuro que pronostican los estudios sobre el impacto del cambio climático.

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• Los agentes del medio natural llevan al menos 3 meses sin recoger fauna protegida herida o muerta.
• Se está impidiendo la investigación de delitos contra la fauna y la recuperación de fauna en peligro.
• Es una obligación de la administración regional y pondrán estos hechos en conocimiento de la fiscalía.

Ecologistas en Acción de Extremadura quiere denunciar públicamente los hechos que se vienen dando en Extremadura desde al menos 3 meses. Y es que, a inicios de otoño, debido a un brote de gripe aviar en Europa y ante la llegada de las aves migratorias, se decidió y ordenó por parte de la Junta de Extremadura la suspensión de la recogida de fauna silvestre protegida, herida o muerta; hasta que los y las agentes del medio natural, así como el personal de los centros de recuperación de los “Hornos” en Cáceres y de “Amus” en Villafranca de los Barros, tuvieran los protocolos y epis adecuados para evitar la transmisión a humanos. Cuestión de formación y epis que parece resuelta de manera total en los centros de recuperación y de manera total o parcial entre los agentes del medio natural.

Así, lo que parecía una situación transitoria, se ha alargado hasta estos días, sin que se haya dado una orden de reversión para volver a recoger la fauna, pasando a convertirse en un problema de conservación y de obstrucción de posibles delitos ambientales. Ya que la cadena de custodia, que controlan los agentes del medio natural en el caso de animales disparados, electrocutados, envenenados o atrapados en trampas ha quedado así rota e inexistente, obstruyendo la investigación de delitos y la aplicación de la justicia penal.

Hay que tener en cuenta que los brotes de gripe aviar procedente de Europa fueron a principios de otoño y que además las especies muertas tienen una carga vírica ínfima. Otras comunidades, han reanudado la recogida de fauna mientras Extremadura no ha procedido a resolver esta situación.

Estamos ya en febrero, y a las puertas de la primavera sin que esta situación haya sido resuelta por la administración regional. Impidiéndose no sólo la recuperación de aves protegidas heridas en peligro sino también de mamíferos, u otros animales. Así, son muchas las aves y mamíferos que se han quedado sin recoger en todo este tiempo. Se da la circunstancia de que muchos de estos animales presentan indicios evidentes de atropellos, disparos, electrocuciones, venenos… sin nada que ver con la gripe aviar. Suponiendo en muchos casos delitos ambientales que han dejado de ser investigados por esta falta de recogida de fauna y cadena de custodia.

Por eso, Ecologistas en Acción pide la reanudación inmediata de la recogida de fauna por parte de los Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura. Además, contactará y denunciará ante la fiscalía de medio ambiente estos hechos, para que investigue y delimite si ha habido negligencia y dejación de funciones por parte de la administración, así como que se depuren las posibles responsabilidades.

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Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Móstoles (Concejalía de Medio Ambiente) por un vertido incontrolado e ilegal de escombros y residuos de obra que se viene produciendo de manera reiterada en una nave de propiedad privada.

Según ha constatado la organización ecologista, en la nave de la empresa Iluminaciones Lledó, situada en la calle Cid Campeador, 14 de la localidad, se están depositando residuos de construcción fuera de cualquier instalación autorizada para la gestión de este tipo de desechos y sin que conste permiso alguno, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística vigente.

Ecologistas en Acción alerta de que estos vertidos incontrolados generan un impacto negativo en el entorno, además de posibles riesgos para la salubridad, la seguridad y el medio ambiente, agravados por el hecho de producirse en una propiedad privada sin control administrativo ni medidas de protección.

Ante esta situación, la organización ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que los servicios municipales competentes realicen una inspección inmediata, adopten las medidas necesarias para el cese de los vertidos, ordenen la retirada y correcta gestión de los residuos existentes y, en su caso, inicien el correspondiente expediente sancionador.

Desde Ecologistas en Acción se insiste en la necesidad de una actuación rápida y contundente por parte de las administraciones para evitar este tipo de prácticas ilegales que se repiten en el sur de la Comunidad de Madrid, deteriorando el entorno urbano y natural de los municipios, que ven como sus caminos se contaminan con todo tipo de residuos; enseres, textil, neumáticos, etc. siendo especialmente profusos los de construcción, entre los que es frecuente encontrar restos de amianto.

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Ecologistas en Acción taldeak gobernuari eskatu dio Ozonoaren Plan Nazionala birformulatzeko eta arau-maila emateko, osasun- eta ingurumen-arazo larri horri aurre egiteko. 

Ozono troposferikoa da airearen kalitateari buruzko araudiak erregulatzen duen kutsatzaile bakarra, eta bere legezko helburuak indarrean sartu eta hamabost urtera, oraindik ere ez ditu betetzen Espainian, lurralde-modu zabalean, erdialdeko eta hegoaldeko hamar bat autonomia-erkidegotan. Autonomia-erkidego horietako gobernuek Ozonoaren Plan Nazionala eskatzen dute, autonomikoa baino eskala zabalago batean politikak koordinatzeko.

2025ean, maila altuenak izan ditu 2015. urteaz geroztik, udako bi bero-bolada handi eta luzeen ondorioz, erregistroak daudenetik beroena. Hala, Andaluzia, Balear Uharteak, Gaztela-Mantxa, Katalunia, Valentziako Erkidegoa, Extremadura, Madril eta Murtziako hogeita hamar gunek, 18 milioi biztanlerekin, 2023-2025 hirurtekoan gainditu zuten 2030erako onartutako legezko helburu berria.

Europako Ingurumen Agentziaren (AEMA) arabera, ozonoa da gaur egun osasunean eragin handiena duen bigarren kutsatzailea, partikula finen atzetik (PM_2,5) eta nitrogeno dioxidoaren aurretik (NO₂). AEMAk 6.500 heriotza goiztiar zenbatu ditu Espainian 2023an, eta Carlos III .a Osasun Institutuak, berriz, ozonoagatiko urteko premiazko ospitaleratzeak 23.000 direla kalkulatu du.

Ozonoaren Plan Nazionala Espainiako Gobernuak 2020ko irailean Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak (MITERD) hartutako konpromisoa da, 2015ean hasitako lanei berriro ekinez. Bost urtez “Ozonoaren Plan Nazionalerako Oinarri Zientifikoak” izeneko dokumentua prestatzeko ikerketa zientifikoak egin ondoren, MITERDek urtarrilean zehar jendaurrean jarri du Planaren zirriborroa.

Ecologistas en Acción taldeak hogei bat alegazio aurkeztu ditu astelehenean, Espainiako ozono-maila handiak murrizteko etsigarria eta ez oso erabilgarria dela iritzita. Hasteko, Ozonoaren Plan Nazionalaren proposamena adierazpenezkoa baino ez da, eta ez du indar juridikorik; beraz, ingurumen-antolamenduak gobernuari eskatzen dio argi eta garbi ezar dezala Planaren arau-izaera, eta Errege Dekretu bidez onar dezala.

Halaber, Ozonoaren Plan Nazional baterako Oinarri Zientifikoak txostenak proposatutako ozonoaren aitzindari diren kutsatzaileen isuriak 2030ean 2019arekin alderatuta murriztea ere proposatu du Planaren helburu kuantitatibo gisa: nitrogeno oxidoen (NOx) isurketen % 60 ibilgailuen eta itsasoko zirkulazioan, eta lotutako fintze eta petrokimikaren industriaren eta industria mineral ez-metalikoaren isurketen % 75.

Sektore kritiko horietan eta beste jarduera giltzarri batzuetan (disolbatzaile organikoak industriako eta etxeko aplikazioetan erabiltzea, adibidez) helburu horiek lortzeko proposatutako neurriak lausoegiak eta orokorregiak dira, behar besteko xehetasunik gabe, neurri bakoitzarekin lortu nahi den emisio-murrizketarik gabe, eta neurri bakoitzari lotutako aurrekonturik gabe. Horregatik, garrantzitsua da funtsezko sektoreetan ezarri beharreko neurrien edukia zehaztea.

Ibilgailuen trafikoari dagokionez, Ekologistak Martxan taldeak Klima Aldaketaren Legeak horretara behartutako 150 hirietan Emisio Gutxiko Eremu zabal eta eraginkorrak atzerapenik gabe ezartzera behartzea eskatzen du, garraio publiko elektrikoa eta banaketa-furgoneten elektrifikazioa sustatuz, hiri handietarako sarbidean autobus errei esklusiboak sustatuz eta oinezkoen eta bizikleten mugikortasun aktiboa sustatuz.

Ingurumen-antolamenduaren ustez, funtsezkoa da Espainiako Gobernuak Mediterraneo itsasoa NOx-en (NECA) emisioak kontrolatzeko eremu urgentea izendatzea, itsasertzean ozono gutxiago egon dadin, eta autobide, portu eta aireportu gisako garraio-azpiegitura handien eraikuntza berria eta handitzea saihestea, hiri-eremuetan bidaiariak garraiatzeko eta, oro har, salgaiak garraiatzeko ohiko trenbidea sustatuz.

Era berean, Ecologistas en Acción taldeak eskatzen du gobernuak babes dezala metanoa Gotemborgeko Protokoloan sartzea. Protokolo horrek ozonoaren aitzindarien isuriak arautzen ditu nazioartean, iparraldeko hemisferio osoan hondoko ozono-maila handiak murrizten laguntzeko, Espainian makrogranja berrien moratoria ezarriz eta biohondakinak zabortegira bidaltzea saihestuz, horiek baitira Espainiako metanoaren iturri nagusiak.

Gainera, gobernu zentralak Hondakinen Legean berreskuratu behar du ozono bidezko kutsadura handiko garaian (apirila-iraila) landare-hondakinak erretzeko debeku orokorra, eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legea aldatu behar du, biomasaren errekuntza-instalazio handi guztiek ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta egin dezaten, ozonoaren gaineko eraginak modelizatuz eta kontrol-sistemak txertatuz.

Ingurumen-erakundeak iradokitzen du Ozonoaren Plan Nazionalean neurri hau sartzea: “Disolbatzaile organikoen erabileran ozono-aitzindarien emisioak murriztea”. Disolbatzaileei buruzko Errege Dekretuan arautzen da disolbatzaileen edukia ordeztea pinturen, tinten, itsasgarrien eta zigilatzaileen fabrikazioan eta erabilera industrialean eta etxekoan, alternatiba garbiagoekin, hala nola aerosolezko produktuekin edo ur-oinarriarekin.

Azkenik, Ozonoaren Plan Nazionala onartzen duen Errege Dekretuak xedapen gehigarrietan jaso behar du airearen kalitatea hobetzeko plan autonomikoak eta jarduera-protokoloak gehienez urtebeteko epean egokitu behar zaizkiola plan horri, baldin eta lehendik dauden eta prestatzen ari diren gertakarien kasuan, eta 2030 baino lehen lortu beharreko helburu-balioak eta informazio-atalaseak betetzen ez diren eremu guztietan.

Neurri horiekin guztiekin batera, udan, herritarrak informatzeko kanpainak egiteko arrisku handiena dago. Ozono bidezko airearen kalitate txarraren gertaerak zabaltzen dira komunikabideetan eta biztanleria sentikorreko zentroetan (eskola, osasun, asistentzia eta kirol zentroetan) mezu espezifikoak bidaliz, eta osasun-alertako eta babes zibileko sistemen barruan larrialditzat jotzen dira.

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• Demostra que a Xunta tiña coñecemento da existencia da galería pola que se verteron as augas contaminadas e que a falla foi consecuencia das obras.
• Cuestiona o criterio da licitación da dirección de obra, considerando o longo historial de proxectos salpicados de ilegalidades.

Logo de que o pasado luns Ecoloxistas en Acción presentara nos xulgados de Carballo unha denuncia penal pola falla crítica dunha das balsas mineiras de Monte Neme, situadas entre Malpica e Carballo, a organización ecoloxista ven de ampliar a súa denuncia para incluir entre os presuntos responsábeis o director de obra e coordinador de seguridade, o enxeñeiro de minas José Manuel Corbal Debén.

Corbal foi o adxudicatario da licitación realizada pola Consellaría de Economía e Industria para os lotes 1 e 2 da obra de restauración da mina de Monte Neme, consistentes na dirección das actuacións, que precisamente se iniciaron poucas semanas antes da falla que se produciu na madrugada do pasado sábado.

As chaves do desastre, que provocou que un enorme volumen de augas tóxicas se verteran monte abaixo cara a Praia dos Riás, dentro da ZEPA Costa da Morte, espazo protexido da Rede Natura 2000, foron os movementos de terra realizados nas balsas maiores, deslocando a auga almacenada para a balsa menor, que finalmente rebentou.

Esta balsa contaba cunha galería transversal que xa fora inventariada pola Xunta en 1998 e que, de feito, logo do anterior desastre producido en 2014 cando rebentou a maior das balsas, fora proposta polo Concello de Carballo como galería de drenaxe. Ecoloxistas en Acción denuncia as falsedades da Xunta nos momentos iniciais, cando se informou que a galería era descoñecida e que os movementos de terra non gardaban relación co acontecido.

Un historial de polémicas mineiras

Esta non é a primeira vez que o director agora denunciado está envolto en polémica. En 2009 foi un dos promotores da reapertura das Minas de San Finx, en Lousame, asinando un proxecto do ano anterior que excluía as presas de residuos mineiros e non prevía ningún tipo de tratamento para as augas contaminadas procedentes do interior da mina. A contaminación resultante levou á imposición dunha sanción de 180.000 euros por verteduras ilegais e aínda están abertas dilixencias penais en Noia por presuntos delitos ambientais.

Corbal tamén foi o promotor e director facultativo da Mina de Varilongo, en Santa Comba e Coristanco, e do proxecto “Corcel”, da sueca Eurobattery Minerals, que realizou sondeos ilegais. Como en San Finx, a mina viuse envolta noutro caso de verteduras ilegais e logo dun procedemento sancionador, a Xunta acabou por declarar a caducidade das concesións.

Xa na Gudiña, en Ourense, Corbal é promotor xunto coa mesma empresa sueca doutro proxecto de volframio, sobre o que no mes de decembro un xulgado de Santiago abriu dilixencias penais por presuntos delitos de prevaricación. Este caso tamén abriu un conflito diplomático con Portugal, pois a pesar de que a mina está a tan só 2 km da fronteira, non se realizou o trámite de avaliación transfronteiriza.

Tamén foi asinou o polémico proxecto do vertedoiro de Toysal en Casalonga (Teo), situado sobre unha antiga canteira, e que foi paralizado en 2024 polo Tribunal Superior de Xustiza, logo de recoñecer que a actividades carecía de autorizacións válidas.

 

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Ecologistas en Acción exige al gobierno reformular el Plan Nacional de Ozono y dotarle de rango normativo para afrontar este grave problema sanitario y ambiental.

El ozono troposférico es el único contaminante regulado por la normativa de calidad del aire que, quince años después de la entrada en vigor de sus objetivos legales, sigue incumpliéndolos en España de forma territorial amplia, en una decena de comunidades autónomas del centro y el sur cuyos gobiernos vienen reclamando un Plan Nacional de Ozono que coordine políticas a una escala más amplia que la autonómica.

Durante 2025, sus niveles han sido los más altos desde el año 2015, como consecuencia de las dos intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde que se dispone de registros. Así, treinta zonas de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia, con 18 millones de habitantes, excedieron en el trienio 2023-2025 el nuevo objetivo legal aprobado para 2030.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), el ozono es actualmente el segundo contaminante con un mayor impacto en salud, sólo por detrás de las partículas finas (PM_2,5) y por delante del dióxido de nitrógeno (NO₂). La AEMA cuantifica en 6.500 las muertes prematuras atribuibles al ozono en España durante 2023, y el Instituto de Salud Carlos III estima en 23.000 los ingresos hospitalarios anuales urgentes por ozono.

El Plan Nacional de Ozono es un compromiso del Gobierno de España adquirido en septiembre de 2020 por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), retomando los trabajos iniciados en 2015. Tras cinco años de estudios científicos preparatorios, cristalizados en el documento “Bases científicas para un Plan Nacional de Ozono”, el MITERD ha expuesto a información pública durante enero el borrador del Plan.

Ecologistas en Acción ha presentado el pasado lunes una veintena de alegaciones a este documento, que considera decepcionante y poco útil para reducir los elevados niveles de ozono en España. De entrada, la propuesta de Plan Nacional de Ozono es meramente declarativa y sin fuerza jurídica, por lo que la organización ambiental demanda al gobierno que establezca con claridad el carácter normativo del Plan y lo apruebe mediante Real Decreto.

También sugiere añadir como objetivos cuantitativos del Plan las reducciones en 2030 respecto a 2019 de las emisiones de contaminantes precursores del ozono propuestas por el informe Bases Científicas para un Plan Nacional de Ozono: el 60 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) del tráfico rodado y marítimo y el 75 % de las emisiones de la industria del refino y petroquímica asociada y de la industria mineral no metálica.

Las medidas propuestas para alcanzar dichos objetivos en estos sectores críticos y en otras actividades claves como el uso de los disolventes orgánicos en sus aplicaciones industriales y domésticas son demasiado vagas y generales, sin el detalle suficiente, la reducción de emisiones perseguida con cada medida ni el presupuesto asociado a cada una de ellas. Es esencial por ello concretar el contenido de las medidas a implementar en los sectores clave.

Respecto al tráfico rodado, Ecologistas en Acción reclama que el gobierno obligue a la implantación sin más demora de Zonas de Bajas Emisiones amplias y eficaces en las 150 ciudades obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático, promoviendo el transporte público eléctrico y la electrificación de las furgonetas de reparto, así como carriles bus exclusivos en el acceso a las grandes ciudades, y fomentando la movilidad activa peatonal y ciclista.

La organización ambiental considera esencial que el Gobierno de España promueva decididamente la designación urgente del Mar Mediterráneo como zona de control de las emisiones de los NOx (NECA), para reducir la elevada presencia de ozono en el litoral, así como evitar la nueva construcción y la ampliación de grandes infraestructuras de transporte como autopistas, puertos y aeropuertos, fomentando el ferrocarril convencional para el transporte de viajeros en áreas urbanas y para el transporte de mercancías en general.

Asimismo, Ecologistas en Acción exige que el gobierno apoye la inclusión del metano en el Protocolo de Gotemburgo que regula a nivel internacional las emisiones de los precursores del ozono, para contribuir a la reducción de los elevados nivel de ozono de fondo en todo el hemisferio norte, estableciendo en España una moratoria de las nuevas macrogranjas y evitando el envío a vertedero de los biorresiduos, fuentes principales del metano en España.

El gobierno central debe además recuperar en la Ley de Residuos la prohibición general de la quema de residuos vegetales durante la época de alta contaminación por ozono (abril-septiembre), y modificar la Ley de Evaluación Ambiental para que todas las grandes instalaciones de combustión de biomasa se sometan a evaluación de impacto ambiental ordinaria, modelizando sus efectos sobre el ozono e incorporando sistemas de control.

La organización ambiental sugiere incluir en el Plan Nacional de Ozono la medida “Reducción de las emisiones de precursores de ozono en el uso de disolventes orgánicos”, regulando en el Real Decreto sobre disolventes la sustitución del contenido de los mismos en la fabricación y uso industrial y doméstico de pinturas, tintas, adhesivos y sellantes por alternativas más limpias como productos en aerosol o con base de agua.

Finalmente, el Real Decreto de aprobación del Plan Nacional de Ozono debe incorporar en sus disposiciones adicionales la adaptación al mismo en el plazo máximo de un año de los planes autonómicos de mejora de la calidad del aire y los protocolos de actuación en caso de episodios preexistentes y en elaboración, en todas las zonas donde se incumplan los valores objetivo y umbrales de información vigentes y a alcanzar antes de 2030.

Todas estas medidas deben acompañarse durante el verano como mayor periodo de riesgo de campañas informativas a la población, difundiendo los episodios de mala calidad del aire por ozono a través de mensajes específicos en los medios de comunicación y los centros de población sensible (escolares, sanitarios, asistenciales y deportivos), considerándolos como una emergencia más dentro de sus sistemas de alerta sanitaria y de protección civil.

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• Se trata de una revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de 2006 y acaba de pasar por un primer proceso de exposición pública.
• El POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) nace con la intención de ser el marco de referencia territorial para todos los planes de ordenación del territorio que se vayan a desarrollar en Andalucía; es el plan de planes con horizonte en el 2050.

Compartimos las principales propuestas de la Revisión del POTA, como son, la vinculación del plan a la legislación y planificación sectoriales, la inclusión de la Infraestructura Verde en el Modelo Territorial, la modificación del Sistema de Ciudades para adaptarlo a las circunstancias actuales del territorio andaluz y la inclusión de criterios territoriales básicos para la implantación ordenada de las energías renovables.

Confiamos y deseamos que este sólido documento no se quede en otra declaración de intenciones y pueda vehicular políticas sostenibles vinculantes. Para ello, es imprescindible que las determinaciones de este Plan, Normas (N), Directrices (D) y Recomendaciones (R), orienten todas las políticas territoriales tanto a nivel autonómico como municipal.

Entre las más de 140 alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, destacamos:

En relación a la implantación de la Infraestructura Verde, pedimos que se incluyan todos los espacios de Red Natura 2000 como suelos No Urbanizables de Especial Protección. También solicitamos que para conseguir la Conectividad Ecológica se incluyan todas las Vías Pecuarias y todos los cauces de los ríos y sus riberas. Reclamamos incluir en la Infraestructura Verde la laguna de La Janda, la que fuera la mayor laguna de la Península Ibérica.

En relación al Litoral de Andalucía solicitamos que se recupere, actualice y se incorpore el Plan del Corredor del Litoral de Andalucía, que fue olvidado desde los gobiernos de Susana Díaz. Igualmente proponemos que en el litoral no se recalifiquen nuevos suelos, que se preserven los que quedan sin urbanizar y no se colmate urbanísticamente.

Coincidimos en la propuesta del Plan sobre la “Ciudad Compacta”, pero, dada la demografía andaluza, proponemos para las ciudades la tendencia al crecimiento 0 o decrecimiento, fomentando la rehabilitación y revitalización. Proponemos, igualmente, que no se instalen nuevas urbanizaciones en suelos rústicos separados de las ciudades existentes.

En relación al Sistema Hidrológico de Andalucía entendemos que es un elemento estructurante del territorio andaluz. Alegamos que el desarrollo territorial depende del estado de sus masas de agua, y que el buen estado del agua no depende solo de su química (contaminación) sino también del estado hidromorfológico de los ríos encajonados, cementados, fragmentados, etc. Desvelamos que la “demanda sostenible” es un eufemismo y no sirve para la gestión del agua; debe hacerse en función del recurso hídrico y no de la demanda.

En relación a las distintas instalaciones de infraestructuras energéticas, proponemos que, aunque con retraso, es hora ya de pasar a delimitar y ordenar el despliegue de las energías renovables en nuestro territorio, y hacerlo de manera vinculante: Hay que incorporar las APER, Áreas Preferentes de Energías Renovables, de la Ley 2/2007, al POTA.

Respecto al Sistema de Articulación del Territorio, y en relación al transporte y movilidad, nuestras alegaciones van todas encaminadas a considerar prioritarios los transportes públicos, colectivos y no contaminantes; es decir el transporte peatonal, ciclista y ferroviario; y considerar complementarios los modos  carretero, fluvial, aéreo y marítimo.

Dado el bajísimo nivel de cumplimiento de los obligatorios planes locales frente al cambio climático, proponemos su activación, con medidas efectivas de mitigación, adaptación y participación, para lo cual proponemos que se diseñen planes comarcales para municipios con características y desafíos similares.

Ecologistas en Acción confía en que este Plan de Ordenación del Territorio llegue a una buena formulación y no se quede en un plan más desoído e ignorado por las distintas administraciones.

En Andalucía necesitamos ordenar nuestro territorio con una visión sostenible, equitativa y de futuro., que nos permita a los andaluces una mejor calidad ambiental y de vida.

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• El encuentro se celebrará los días 13 y 14 de febrero en la Universidad Autónoma de Madrid y contará con la participación de más de 400 personas.
• Durante las jornadas se darán cita los círculos de los once pactos ecosociales encargados de construir democráticamente un programa y una agenda de acción común.
• Participarán personalidades del mundo de la política, la ciencia y los movimientos sociales como Ada Colau, activista social y excaldesa de Barcelona; Yayo Herrero, antropóloga y activista ecofeminista; Alberto Garzón, exministro de Consumo; y Fernando Valladares, científico y divulgador del CSIC, entre otras.

Los más de cien colectivos y organizaciones impulsoras del Foro Social, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, presentan el programa de actividades para las jornadas del 13 y 14 de febrero que se celebrarán en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. El eje fundamental del encuentro girará alrededor de las sesiones específicas de los once pactos ecosociales que servirán para construir el Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento.

De esta manera el Foro Social trasciende lo que fue la Conferencia Más Allá del Crecimiento celebrada en septiembre en el Congreso de los Diputados como un espacio de decisión colectiva para una transición ecosocial justa con perspectiva interseccional y solidaria. Los nueve pactos temáticos abordarán áreas centrales como la vivienda, la soberanía energética, la alimentación, el agua y la biodiversidad, las relaciones globales, la reconversión industrial, la educación, la cultura, la movilidad y las alternativas a la digitalización desde una visión más allá del crecimiento favorable al decrecimiento para el bienestar. Se comenzará a trabajar también en dos pactos transversales: un pacto por la transición justa y un pacto por la democracia.

El Grupo Motor del Foro Social Más Allá del Crecimiento ha declarado: “Con el Foro Social plantamos cara al modelo actual de crecimiento perpetuo que está agotando los recursos, creando más desigualdad y poniendo en peligro la vida en todo el planeta. El crecimiento verde que defiende una buena parte de las élites dominantes encuentra eco en la sociedad en las clases medias acostumbradas a un nivel de consumo del que es difícil apearse, donde la promesa de un imposible crecimiento sostenible es una barrera para el cambio a modos de vida realmente sostenibles y solidarios”.

“Estamos ante un disyuntiva ética y política entre la justicia ecosocial y el fascismo, y la sociedad civil organizada en torno a este Foro Social elige justicia ecosocial. La resistencia de las élites económicas y las capas más privilegiadas de la población a aceptar el fin del crecimiento capitalista está favoreciendo el avance del autoritarismo, por eso el propio proceso del Foro se plantea desde la construcción democrática, y trata de ser un antídoto colectivo a esta tendencia”, aseguran.

Alberto Garzón y Ada Colau inauguran el Foro Social

En el conversatorio ‘Un movimiento social y político más allá del crecimiento’ que abrirá las jornadas el 13 de febrero participan el economista y exministro de Consumo, Alberto Garzón; la exalcaldesa de Barcelona y activista, Ada Colau; el periodista y diputado de Compromís por las Cortes Valencianas, Juan Bordera; la filósofa y activista Carmen Madorrán;  el científico y divulgador del CSIC, Fernando Valladares; y Luz Helena Ramírez, defensora de derechos humanos y fundadora de la asociación Migración y Economía Social y Solidaria (MIGRESS). Tras este conversatorio tendrán lugar una serie de talleres simultáneos en los que compartir experiencias y prácticas transformadoras, que suponen un espacio de formación y reflexión para la acción.

Durante la segunda jornada se reunirán los once pactos ecosociales en varios procesos de diálogo y de propuestas que se pondrán en común en la sesión plenaria al final del día. Este proceso establecerá la agenda y las líneas de acción común de cara al segundo Foro Social que tendrá lugar durante el otoño de este año.

Para finalizar, la activista y antropóloga ecofemimista Yayo Herrero presentará y moderará el diálogo ‘La construcción de poder colectivo para la transición ecosocial justa’, que contará con la participación de representantes de colectivos como la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, Jornaleras de Huelva en Lucha, Ulloa Viva, Jauzi Ekosoziala, Pacto Ecosocial del Sur y el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Como cierre del Foro Social, las artistas FaneKa, Cris Imaz y Birch dinamizarán un espacio cultural ecosocial en la propia Universidad Autónoma de Madrid.

 

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• A organización ecoloxista convida a sumarse ao reto de desinstalar as redes sociais dos smartphones durante os 28 días do mes de febreiro, unha proposta impulsada polo Movemento Off.
• Esta campaña busca concienciar dos problemas xerados por unha hiperconexión cotiá ao móbil, que rouba o tempo e a atención ás persoas. Á súa vez, denuncia o impacto ambiental desta tecnoloxía e as consecuencias negativas da hiperexposición e do control social que implica.
• O pistoletazo de saída da campaña terá lugar o próximo 7 de febreiro coa acción global ‘Camiña, non fagas scroll’ que se realizará simultaneamente en distintas localidades como Caravaca, Guadalaxara, Castelló, Madrid, Málaga, Segovia, Sevilla, Valencia, Vigo, Londres, Marsella ou París.
• Sobre o debate xerado polo anuncio de Pedro Sánchez acerca da prohibición do acceso a redes sociais a menores de 16 anos, Ecoloxistas en Acción defende que é unha medida necesaria e acertada para protexer á infancia e adolescencia. 

Xunto a máis de 50 entidades, a organización ecoloxista e o seu programa Escola Saudable colaboran na campaña global Off February, unha invitación a desinstalarse as redes sociais dos teléfonos móbiles durante o mes de febreiro. Tamén o fan máis de 10 sociedades científicas do ámbito da saúde, incluídas na Plataforma control Z, numerosas organizacións críticas á hiperdixitalización ?especialmente de menores pola súa afectación nos ámbitos de saúde, aprendizaxe e desenvolvemento? así como organizacións e plataformas que apostan por usos biocompatíbeis da tecnoloxía..

“Non se trata de fuxir do mundo, senón de reconectar con el; sempre podes seguir utilizando as túas redes desde a túa navegador e facer así un uso máis intencional e sobrio da tecnoloxía, mentres se teña unha idade madurativa para iso como se recomenda desde a pediatría. Tamén se pode aproveitar para borrar calquera app que che roube máis tempo do valor que che achega”, defende Xulio Carmona, voceiro de Ecoloxistas en Acción.

Ao longo do mes de febreiro realizaranse diferentes actividades para concienciar da importancia da desconexión dixital para a saúde das persoas e o medio ambiente. A primeira delas será a acción global “Camiña, non fagas scroll” o vindeiro sábado 7 de febreiro. Miles de persoas de diferentes localidades participarán en camiñadas que roldan os 5,04 quilómetros, a distancia que unha acode usuaria media percorre co polgar ao facer scroll no seu móbil ao longo dos 28 días do mes de febreiro, é dicir, uns 180 metros diarios.

“Esta acción transforma un xesto solitario, pasivo e automático nun acto consciente, colectivo e ancorado no físico. O que antes era desprazarse por unha pantalla convértese en mover o corpo no mundo real”, engade Carmona.

Ao sumarse á campaña, Ecoloxistas en Acción incide en que a hiperconexión aos móbiles “róubanos o tempo e a atención e desconéctanos ás persoas dunha vida relacional real e en comunidade”. Ao mesmo tempo, a organización ecoloxista pon o acento na pegada ambiental desta hiperconexión, “que é inasumíbel para o planeta”, na hiperexposición a dispositivos e redes sen fíos, así como nas estratexias de algoritmización e control social.

Prohibir as redes sociais a menores de 16 anos, unha medida acertada e necesaria

Ecoloxistas en Acción celebra o recente anuncio de Pedro Sánchez en Dubai sobre a prohibición do acceso ás redes sociais a menores de 16 anos e a obrigación das plataformas dixitais de pór medidas de control de idade efectivas. E engade que liberar e protexer a infancia e adolescencia dunhas redes sociais “adictivas, algorítmicas e de control social” nunha etapa de desenvolvemento de maior vulnerabilidade, conta na actualidade co respaldo da comunidade científica.

Trátase dun debate que non é novo, tal e como quedou exposto no informe do Comité de Persoas Expertas de 2024, onde Ecoloxistas en Acción participou a través do seu portavoz, Javier Zarzuela. Tamén se reivindicou abertamente na mobilización de xuño de 2025 polo dereito á desconexión dixital e a saúde dos menores, impulsada polo Movemento Off; e recóllese nas distintas actuacións que vén realizando a Plataforma Control Z, formada por 10 sociedades científicas e organizacións como Adolescencia Libre de Móbiles, Movemento Off e Ecoloxistas en Acción

Carmona concluíu: “Xunto con organizacións pediátricas, médicas, educativas e familias, Ecoloxistas en Acción levamos anos denunciando, a través do programa Escola Saudable, o impacto das redes sociais na infancia e adolescencia. Son persoas cuxo cerebro está aínda en proceso madurativo, máis vulnerables aos efectos adversos dos smartphones no neurodesenvolvemento e na súa saúde física e mental, amplamente recollidos na bibliografía médica. Por iso, celebramos este anuncio de Pedro Sánchez e esiximos que non quede en meras palabras, senón en accións reais que contribúan a protexer a infancia e mocidade”.

 

Enlace á campaña global OFF Festival.

Actividades do OFF February en Vigo.

 

Vídeos de Ecoloxistas en Acción apoiando o Off February

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• L’organització ecologista convida a sumar-se al repte de desinstal·lar les xarxes socials dels telèfons intel·ligents durant els 28 dies del mes de febrer, una proposta impulsada pel Moviment Off.
• Aquesta campanya busca conscienciar dels problemes generats per una hiperconexión quotidiana al mòbil, que roba el temps i l’atenció a les persones. Al seu torn, denúncia l’impacte ambiental d’aquesta tecnologia i les conseqüències negatives de la hiperexposició i del control social que implica.
• El tret de sortida de la campanya tindrà lloc el pròxim 7 de febrer amb l’acció global “Camina, no facis scroll” que es realitzarà simultàniament en diferents localitats com Caravaca, Guadalajara, Castelló, Madrid, Màlaga, Segòvia, Sevilla, València, Vigo, Londres, Marsella o París.
• Sobre el debat generat per l’anunci de Pedro Sánchez sobre la prohibició de l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys, Ecologistes en Acció defensa que és una mesura necessària i encertada per a protegir la infància i adolescència. 

Al costat de més de 50 entitats, l’organització ecologista i el seu programa Escola Saludable col·laboren en la campanya global Off February, una invitació a desinstal·lar-se les xarxes socials dels telèfons mòbils durant el mes de febrer. També ho fan més de 10 societats científiques de l’àmbit de la salut, incloses en la Plataforma control Z, nombroses organitzacions crítiques a la hiperdigitalització —especialment de menors per la seva afectació en els àmbits de salut, aprenentatge i desenvolupament— així com organitzacions i plataformes que aposten per usos biocompatibles de la tecnologia.

“No es tracta de fugir del món, sinó de reconnectar amb ell; sempre pots continuar utilitzant les teves xarxes des del teu navegador i fer així un ús més intencional i sobri de la tecnologia, mentre es tingui una edat madurativa per a això com es recomana des de la pediatria. També es pot aprofitar per a esborrar qualsevol app que et robi més temps del valor que t’aporta”, defensa Julio Carmona, portaveu d’Ecologistes en Acció.

Al llarg del mes de febrer es realitzaran diferents activitats per a conscienciar de la importància de la desconnexió digital per a la salut de les persones i el medi ambient. La primera d’elles serà l’acció global “Camina, no facis scroll” dissabte que ve 7 de febrer. Milers de persones de diferents localitats participaran en caminades que ronden els 5,04 quilòmetres, la distància que una persona usuària mitjana recorre amb el polze en fer scroll en el seu mòbil al llarg dels 28 dies del mes de febrer, és a dir, uns 180 metres diaris.

“Aquesta acció transforma un gest solitari, passiu i automàtic en un acte conscient, col·lectiu i ancorat en el físic. El que abans era desplaçar-se per una pantalla es converteix a moure el cos en el món real”, afegeix Carmona.

En sumar-se a la campanya, Ecologistes en Acció incideix en què la hiperconexió als mòbils “ens roba el temps i l’atenció i ens desconnecta a les persones d’una vida relacional real i en comunitat”. Al mateix temps, l’organització ecologista posa l’accent en la petjada ambiental d’aquesta hiperconexió, “que és inassumible per al planeta”, així com en la hiperexposició a dispositius i xarxes sense fils així com en les estratègies dels algorismes i del control social.

Prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys, una mesura encertada i necessària

Ecologistes en Acció celebra el recent anunci de Pedro Sánchez en Dubai sobre la prohibició de l’accés a les xarxes socials a menors de 16 anys i l’obligació de les plataformes digitals de posar mesures de control d’edat efectives. I afegeix que alliberar i protegir infància i adolescència d’unes xarxes socials —addictives, algorítmiques i de control social— en una etapa de desenvolupament de major vulnerabilitat, compte en l’actualitat amb el suport de la comunitat científica.

No és un debat nou, tal com va quedar exposat en l’informe del Comitè Persones Expertes de 2024, on Ecologistes en Acció va participar a través del seu portaveu, Javier Zarzuela. La prohibició es va reivindicar obertament en la mobilització de juny de 2025 pel dret a la desconnexió digital i la salut dels menors, impulsada pel Moviment Off ; i es recull en les diferents actuacions que realitza la Plataforma Control Z, formada per 10 societats científiques i organitzacions com a Adolescència Lliure de Mòbils, Moviment Off i Ecologistes en Acció.

Carmona ha conclòs: “Juntament amb organitzacions pediàtriques, mèdiques, educatives i famílies, Ecologistes en Acció portem anys denunciant, a través del programa Escola Saludable, l’impacte de les xarxes socials en la infància i adolescència. Són persones el cervell de les quals està encara en procés maduratiu, més vulnerables als efectes adversos dels telèfons intel·ligents en el neurodesenvolupament i en la seva salut física i mental, àmpliament recollits en la bibliografia mèdica. Per això, celebrem aquest anunci de Pedro Sánchez i exigim que no es quedi en meres paraules, sinó en accions reals que contribueixin a protegir infància i joventut”.

Carmona ha conclòs: “Juntament amb organitzacions pediàtriques, mèdiques, educatives i famílies, Ecologistes en Acció portem anys denunciant, a través del programa Escola Saludable, l’impacte de les xarxes socials en la infància i adolescència. Són persones el cervell de les quals està encara en procés maduratiu, més vulnerables als efectes adversos dels telèfons intel·ligents en el neurodesenvolupament i en la seva salut física i mental, àmpliament recollits en la bibliografia mèdica. Per això, celebrem aquest anunci de Pedro Sánchez i exigim que no es quedi en meres paraules, sinó en accions reals que contribueixin a protegir infància i joventut”.

 

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El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha decidido retirar del orden del día la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para la ampliación de su capacidad en 125.000 metros cúbicos, adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados.

Dicha ampliación ha sido solicitada ante la próxima colmatación de dicho vertedero por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, al no estar amparado el aumento de capacidad proyectado por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.

A petición del vocal de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente, respaldada por otros miembros del Consejo, se ha retirado el asunto del orden del día a fin de recabar un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los efectos del informe urbanístico negativo emitido en junio de 2024 por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, en relación a la ampliación del vertedero.

Dicho informe concluía que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Según la legislación estatal de prevención de la contaminación, el informe urbanístico es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, eludido hasta ahora por la Consejería.

Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2002 de una ley “ad hoc” declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además el riesgo de contaminación del río Pisuerga por la fuga de sustancias tóxicas desde el vertedero, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

En este contexto, Ecologistas en Acción recuerda la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de una década, tras la sentencia judicial que anuló en marzo de 2024 el intento de la Junta de revisarlo “por la puerta de atrás” para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España, promoviendo el vertido y la incineración de estos desechos.

El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la presa de cierre y un incendio. Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en un tercio procedentes de fuera de Castilla y León.

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El Tribunal Supremo ha comunicado que ha inadmitido el recurso de casación presentado por la empresa Laherrán contra dos sentencias.

En primer lugar, la empresa Laherrán recurrió la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santander, que desestimó su recurso presentado ante la resolución, de 8 de diciembre de 2023, del Ayuntamiento de Piélagos acordando la “extensión de los efectos de clausura de la actividad de cantera a la molienda y clasificación de áridos” al carecer también de licencias.

En segundo lugar, la misma empresa Laherrán recurrió dicha sentencia contraria a sus intereses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que confirmó la resolución municipal y la sentencia del Tribunal nº 1.

La segunda sentencia emitida por la Sala en contra de las pretensiones de la empresa Laherrán de continuar trabajando en la planta de tratamiento de áridos, llevó a la empresa a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, de tal manera que de esa manera conseguía poner una piedra más a su intento desesperado de evitar el cierre de la actividad.

El Tribunal Supremo no sólo ha ratificado las dos sentencias de los tribunales de Cantabria, sino que ha condenado a la empresa a pagar las costas procesales a nuestra asociación, al ayuntamiento de Piélagos y a un vecino del pueblo.

Esta actividad obstruccionista de la empresa Laherrán, utilizando constantemente las posibilidades legales de recurso ante todas las resoluciones municipales desde febrero del año 2016, se une a las dos ocasiones que ha roto el precinto que el ayuntamiento de Piélagos ha llevado a cabo para ejecutar el cierre de las actividades ilegales, como consecuencia de otras sentencias firmes que habían respaldado los resoluciones municipales de clausura de la actividad por carecer de las autorizaciones municipales y ambientales.

Lamentamos que el ayuntamiento, durante estos 10 años, haya facilitado el funcionamiento de la cantera y la planta de tratamiento de áridos ilegales, con un comportamiento timorato e irresponsable que incluso ha sido señalado en alguna de las sentencias.

El alcalde actual ha emitido ya tres resoluciones ejecutivas de cierre de las actividades en la cantera, como consecuencia de las sentencias judiciales, pero no ha ejecutado ninguna, de tal manera que la empresa sigue funcionando hasta el día de hoy.

En diciembre de 2024, el Tribunal de lo Contencioso nº 1 dictó una sentencia muy clara señalando la irresponsabilidad municipal cuando afirmaba que “el ayuntamiento, en este dilatadísimo expediente respecto de cuya duración ya se ha pronunciado la Sala, vuelva a incurrir en prácticas perniciosas que, además de implicar la falta de ejecución de sus actos firmes, motivan nuevas posibilidades de recursos por parte del destinatario de los mismos.”

El juzgado señalaba las “prácticas perniciosas” del ayuntamiento en este caso. Es esclarecedor el calificativo que el juzgado asignaba al comportamiento del ayuntamiento: “Ciertamente la tramitación del expediente es caótica, confusa, carente de sistemática y generadora de los conflictos que amparan los constantes recursos.”

Pero dicha sentencia no solo criticaba la inacción municipal, sino que señalaba la actitud de la propia empresa que se negaba a obedecer la orden municipal de cierre de las actividades desde el año 2016: “…Respecto de la oposición del destinatario de la orden, es habitual que la administración tenga que lidiar con la falta de colaboración, oposición jurídica y material del interesado.”

Pues bien, esta empresa viene funcionando ilegalmente desde hace más de 75 años, gracias a que las sucesivas corporaciones municipales miraron para otra parte, sin controlar la actividad como es su deber y como hacen con todas las demás actividades empresariales.

Esta situación ilegal fue comunicada por varios vecinos a nuestra asociación en el año 2015, que denunciamos los hechos y, por fin, en febrero del 2016, el ayuntamiento ordenó la clausura de las actividades, aunque, incomprensiblemente, facilitó que siguiera funcionando mientras no resolviera el primer recurso presentado por la empresa.

Han pasado 10 años del acuerdo de clausura y cierre y todavía estamos esperando que el ayuntamiento ejecute la sentencias firmes que han ordenado el cierre de las actividades y la apertura de un expediente sancionador contra la empresa.

Denunciamos públicamente al ayuntamiento como máximo responsable de que las actividades de extracción en la cantera y la molienda sigan beneficiando a una empresa ilegal y perjudican a todo el vecindario cercano con explosiones y vibraciones, polvo, ruido y molestias del paso de camiones por las calles del barrio.

Ecologistas en Acción Cantabria

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• La organización ecologista invita a sumarse al reto de desinstalar las redes sociales de los smartphones durante los 28 días del mes de febrero, una propuesta impulsada por el Movimiento Off.
• Esta campaña busca concienciar de los problemas generados por una hiperconexión cotidiana al móvil, que roba el tiempo y la atención a las personas. A su vez, denuncia el impacto ambiental de esta tecnología y las consecuencias negativas de la hiperexposición y del control social que implica. 
• El pistoletazo de salida de la campaña tendrá lugar el próximo 7 de febrero con la acción global “Camina, no hagas scroll” que se realizará simultáneamente en distintas localidades como Caravaca, Guadalajara, Castellón, Madrid, Málaga, Segovia, Sevilla, Valencia, Vigo, Londres, Marsella o París.
• Sobre el debate generado por el anuncio de Pedro Sánchez acerca de la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, Ecologistas en Acción defiende que es una medida necesaria y acertada para proteger a la infancia y adolescencia. 

Junto a más de 50 entidades, la organización ecologista y su programa Escuela Saludable colaboran en la campaña global Off February, una invitación a desinstalarse las redes sociales de los teléfonos móviles durante el mes de febrero. También lo hacen más de 10 sociedades científicas del ámbito de la salud, incluidas en la Plataforma control Z, numerosas organizaciones críticas a la hiperdigitalización —especialmente de menores por su afectación en los ámbitos de salud, aprendizaje y desarrollo— así como organizaciones y plataformas que apuestan por usos biocompatibles de la tecnología.

“No se trata de huir del mundo, sino de reconectar con él; siempre puedes seguir utilizando tus redes desde tu navegador y hacer así un uso más intencional y sobrio de la tecnología, mientras se tenga una edad madurativa para ello como se recomienda desde la pediatría. También se puede aprovechar para borrar cualquier app que te robe más tiempo del valor que te aporta”, defiende Julio Carmona, portavoz de Ecologistas en Acción.

A lo largo del mes de febrero se realizarán diferentes actividades para concienciar de la importancia de la desconexión digital para la salud de las personas y el medioambiente. La primera de ellas será la acción global “Camina, no hagas scroll” el próximo sábado 7 de febrero. Miles de personas de diferentes localidades participarán en caminatas que rondan los 5,04 kilómetros, la distancia que una persona usuaria media recorre con el pulgar al hacer scroll en su móvil a lo largo de los 28 días del mes de febrero, es decir, unos 180 metros diarios.

“Esta acción transforma un gesto solitario, pasivo y automático en un acto consciente, colectivo y anclado en lo físico. Lo que antes era desplazarse por una pantalla se convierte en mover el cuerpo en el mundo real”, añade Carmona.

Al sumarse a la campaña, Ecologistas en Acción incide en que la hiperconexión a los móviles “nos roba el tiempo y la atención y nos desconecta a las personas de una vida relacional real y en comunidad”. Al mismo tiempo, la organización ecologista pone el acento en la huella ambiental de esta hiperconexión, “que es inasumible para el planeta”, en la hiperexposición a dispositivos y redes inalámbricas, así como en las estrategias de algoritmización y control social.

Prohibir las redes sociales a menores de 16 años, una medida acertada y necesaria

Ecologistas en Acción celebra el reciente anuncio de Pedro Sánchez en Dubái sobre la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años y la obligación de las plataformas digitales de poner medidas de control de edad efectivas. Y añade que liberar y proteger a infancia y adolescencia de unas redes sociales —adictivas, algorítmicas y de control social— en una etapa de desarrollo de mayor vulnerabilidad, cuenta en la actualidad con el respaldo de la comunidad científica.

Se trata de un debate que no es nuevo, tal y como quedó expuesto en el informe del Comité de Personas Expertas de 2024, donde Ecologistas en Acción participó a través de su portavoz, Javier Zarzuela. También se reivindicó abiertamente en la movilización de junio de 2025 impulsada por el Movimiento Off por el derecho a la desconexión digital y la salud de los menores; y se recoge en las distintas actuaciones que viene realizando la Plataforma Control Z, formada por 10 sociedades científicas y organizaciones como Adolescencia Libre de Móviles, Movimiento Off y Ecologistas en Acción.

Carmona ha concluido: “Junto con organizaciones pediátricas, médicas, educativas y familias, Ecologistas en Acción llevamos años denunciando, a través del programa Escuela Saludable, el impacto de las redes sociales en la infancia y adolescencia. Son personas cuyo cerebro está todavía en proceso madurativo, más vulnerables a los efectos adversos de los smartphones en el neurodesarrollo y en su salud física y mental, ampliamente recogidos en la bibliografía médica. Por ello, celebramos este anuncio de Pedro Sánchez  y exigimos que no se quede en meras palabras, sino en acciones reales que contribuyan a proteger a infancia y juventud”.

Enlace a las actividades programadas en el OFF Festival.

Vídeos de activistas de apoyando el Off February

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• Denunciamos la falta de transparencia de las autoridades mineras de la Junta de Andalucía respecto a estos riesgos.

Ecologistas en Acción alerta del grave riesgo ambiental que suponen las balsas de residuos mineros y los pasivos históricos de la minería metálica en Andalucía ante episodios de lluvias intensas como el que se está produciendo estos días. La situación resulta especialmente preocupante en la Faja Pirítica Ibérica, donde se concentra un elevado número de instalaciones de residuos mineros en las provincias de Huelva y Sevilla, muchas de ellas asociadas a explotaciones activas o cerradas desde hace décadas.

Miembros de la asociación han podido constatar en las últimas horas el riesgo de la situación en las gigantescas balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, operada por Atalaya Riotinto Minera, y de los lixiviados de las escombreras de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera los Frailes desde 2015, cuya matriz Grupo México tiene un desastroso historial de roturas de balsas mineras en su país, como la que provocó un vertido altamente contaminante en el río Sonora en agosto de 2014, pocos meses antes de hacerse con los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar.

Minera Los Frailes está incumpliendo desde el año 2019 sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la Corta de Aznalcollar, que establecía la creación de una Comisión de Seguimiento del nivel de esas aguas tóxicas, con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esa Comisión de Seguimiento nunca se ha creado, ante la pasividad de todas esas administraciones públicas.

Durante las intensas lluvias de marzo de 2025 ya se produjo un episodio de contaminación en el contraembalse del Agrio, por escorrentías contaminantes procedentes de la escombrera noroeste de la mina de Aznalcóllar, que acabaron contaminando, una vez más, la cuenca del Guadiamar.

Entonces solicitamos por escrito al Secretario General de Industria y Minas, Don José Javier Alonso Membrives, información sobre los trabajos de la Comisión de Personas Expertas para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía, que la Junta de Andalucía anunció su constitución el 13 de octubre de 2023. Y en ese escrito manifestamos nuestra preocupación por la situación de las balsas mineras repartidas por toda la provincia de Huelva, especialmente en la zona de Riotinto, Tharsis y la Zarza. Hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de información.

Con fecha de 7 de noviembre de 2025 solicitamos a la autoridad minera en Huelva información sobre los informes periódicos de vigilancia y control de las macrobalsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, que ocupan más de 500 hectáreas. Esos informes tienen que ser elaborados por mandato de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 24 de julio de 2023 que autorizó el recrecimiento de los muros hasta en 42 metros, para albergar 161 millones de toneladas de lodos tóxicos, añadidos a los más de 180 millones de m3 que ya contienen.

Y también solicitamos información sobre las garantías financieras supuestamente depositadas por la empresa Atalaya Riotinto Minera para responder sobre posibles daños generados por esas macrobalsas tóxicas.

Tampoco hemos recibido ninguna respuesta por la autoridad minera, ni sobre los informes de control ni sobre las garantías financieras, lo que evidencia una preocupante y persistente falta de transparencia en una materia directamente relacionada con la seguridad ambiental y la protección de la salud pública.

Las precipitaciones intensas y persistentes someten a una fuerte presión a infraestructuras que almacenan millones de toneladas de estériles, lodos y aguas contaminadas con metales pesados y otros compuestos peligrosos. Se trata de instalaciones cuya estabilidad depende de un control hidráulico permanente y de unas condiciones muy precisas de humedad y drenaje, que se ven alteradas durante temporales prolongados, incrementando el riesgo de filtraciones, reboses, movilización de contaminantes y fallos estructurales.

El historial de vertidos, drenajes ácidos y episodios de contaminación asociados a la minería metálica en Andalucía demuestra que estos riesgos no son teóricos ni excepcionales. Las afecciones recurrentes a ríos como el Tinto y Odiel en Huelva, y el Agrio, Guadiamar y Guadalquivir en Sevilla, ponen de manifiesto las consecuencias de una gestión deficiente de los residuos mineros, con impactos graves y persistentes sobre las aguas, los suelos, la biodiversidad y los usos tradicionales del territorio.

Resulta especialmente grave que, mientras el presidente Moreno Bonilla reconoce explícitamente la peligrosidad de estas instalaciones en situaciones de lluvias intensas, recurriendo incluso a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la Junta de Andalucía mantenga una política de impulso de nuevos proyectos mineros y de reapertura de explotaciones sin haber resuelto previamente la gestión segura de los pasivos existentes. La insistencia en un discurso de supuesta “minería sostenible” o “minería verde” no puede ocultar que cada nuevo proyecto incrementa el volumen de residuos y amplía una carga ambiental que recaerá sobre el territorio mucho más allá de la vida útil de las explotaciones.

Ecologistas en Acción considera imprescindible que se haga pública información actualizada y verificable sobre el estado real de las balsas y depósitos de residuos mineros, que se refuercen los mecanismos de control y seguimiento ante episodios meteorológicos extremos y que se garantice un control público riguroso, independiente y transparente de estas instalaciones. Mientras no se aborde de forma efectiva la gestión de los pasivos mineros históricos, seguir autorizando y poniendo en funcionamiento nuevos proyectos supone asumir riesgos ambientales inaceptables.

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La ganadería industrial no es solo una forma de producir carne: es un modelo de negocio concentrado en pocas multinacionales que prioriza el beneficio económico frente a la salud de las personas y del planeta.

Este sistema consume enormes cantidades de agua, contamina suelos y ríos, empeora la crisis ecológica y genera problemas de salud asociados al consumo excesivo de carne industrial.

¡Pero hay alternativas! Comer más legumbres y proteínas vegetales es una forma sencilla y accesible de cuidarnos, proteger el medio ambiente y reducir el poder de la ganadería industrial.

Cambiar lo que comemos también es una forma de activismo.

#MenosCarneMásSalud

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