Abajo tienes un vídeo que te leerá esta poesía, con imágenes y subtítulos en español e inglés.
Ayer, un viejo encorvado me vino a ver.
Hablamos de la economía y de la ecología.
Y de la importancia del mismo ser.
«Comer es más importante», dijo, ese día.
Y me contó esta historia, ver para creer:
−«Hace muchos años, trabajaba día a día.
Cuidaba las tierras de un rico mercader.
“Mi tesoro es mi dinero”, riéndose decía.
“Tu tesoro es tu tierra que ves padecer”.
Le dije mil veces y no me entendía.
El pobre mercader no quería entender,
que la tierra hay que mimarla cada día.
Más y más insecticidas llegó a poseer.
Fungicidas, herbicidas… todos los quería.
Fumigaba y araba sin miedo a perder.
“No quiero plagas”, riéndose decía.
Las plagas llegaron y la tierra se erosionó.
De vergel a desierto y él no se lo esperó.
Yermo, sin nada de vida, como le dije yo.
Tristeza y pobreza, a todos nos asoló.
El rico señor ahora es un pobre, como yo.
Vivimos sin dinero, pero no es un horror.
Plantamos nuestro huerto usando compost.
Al final aprendió que se puede hacer mejor».
Probablemente, si estás leyendo esto, serás un apasionado de los coches o de la movilidad eléctrica. Si además eres, como yo, un “común mortal”, es decir, una persona que se gana la vida trabajando, te parecerá que el precio de los coches eléctricos es sumamente elevado.
Pero ¿por qué son tan caros? La respuesta es evidente: no interesa a los fabricantes convencionales ni a las petroleras, ergo, no hay voluntad de venderlos. Pero aunque se acaba el tiempo de los coches fósiles, debemos también cambiar el enfoque: Siempre partimos de la base de “comprar”, pero ¿y si partimos del reciclaje?
Esto nos lleva al concepto de “conversión” de un coche convencional en uno eléctrico, que además sirve para reciclar y reutilizar, términos de “moda” (aunque realmente lo que deberíamos hacer es decrecer).
¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con “voluntad política” porque ahora mismo en España, esto es casi inviable, porque resulta que una conversión, por ejemplo, de un Citroën Saxo (poniendo tú el coche) sale por unos 12.000€, igual que uno nuevo con motor de explosión. A eso hay que sumar la homologación a la que te obliga la Ley, que puede costar sobre unos 3.000€ y un par de meses. El precio es excesivo, incluso sin homologación, debido a que en España no hay muchos que lo hagan, mientras que en otros países sale por unos 6.000, homologación incluida.
La homologación está pensada en España para el gran fabricante. Por eso es tan cara. Si un fabricante quiere vender un modelo nuevo de coche, debe homologarlo, es decir, homologar un modelo concreto le permitirá vender infinitos coches de ese modelo con una sola homologación. Evidentemente, esto no está pensado para los particulares que se ven abocados a comprar un coche nuevo.
Hablaba de “voluntad política” porque simplemente cambiando la legislación se podría facilitar que los talleres hicieran las conversiones. Se exigiría un “carnet de instalador autorizado” (ahora debe ser un ingeniero industrial colegiado) que obligue a unos mínimos estándares de seguridad y luego todo ello refrendado por una ITV (50€) que certifique que todo está correcto.
Conversión “casera” de un clásico VW “escarabajo”
Por unos 6.000€ podrías re-estrenar tu coche, en lugar de gastarte 15.000€ en uno nuevo diésel o en uno eléctrico de segunda mano (como el Nissan Leaf). Con la crisis actual, ese precio no estaría nada mal. Incluso serviría para dotar de nueva vida a coches clásicos. Esto se hace así de simple en Alemania o EE.UU., es decir, que no es nada “descabellado” y además ofrece las siguientes ventajas:
Reducimos la contaminación: el humo del diésel es cancerígeno al mismo nivel que el amianto según la OMS.
Reutilizamos los recursos al aprovechar un coche ya existente (todo menos el motor).
Aumentamos la eficiencia: un motor eléctrico es mucho más eficiente, además de recuperar la energía en las frenadas.
Dinamizamos la economía y creamos empleo con alta cualificación en los talleres ya existentes, animando a más gente a renovar su viejo coche.
Daría el impulso definitivo a las energías renovables para la creciente demanda de recargar el coche “gratis” (con tus propios paneles solares).
Reduciríamos drásticamente la contaminación acústica en las ciudades, haciéndolas más habitables y reduciendo enfermedades relacionadas con el estrés.
Por último, también podemos decantarnos por comprar uno eléctrico de segunda mano. En ese caso hay que tener en cuenta que las baterías no son nuevas, mientras que si electrificas tu coche las baterías las eliges tú. En conclusión, actualmente en España no sale rentable convertir vehículos en eléctricos por las trabas burocráticas, cosa que no ocurre en Alemania o EE.UU. Esto debe acabar, ya que todo son ventajas, pero sobretodo, porque es el futuro. Sinceramente, no me veo en casa utilizando una aspiradora con petróleo…
Jorge García, Twitter: @jorgejabali
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia
Rafael Toro Ruiz (@RToruiz), estudiante de periodismo
La generación de residuos tecnológicos destruye ecosistemas y recursos naturales.
Consumismo y obsolescencia programada: Dos términos que van de la mano. Dos tendencias perjudiciales para los ecosistemas mundiales. La sociedad se está convirtiendo en cómplice de un sistema engañoso que incita al consumo severo de todo tipo de productos, con la intención de ver aumentados los beneficios económicos de las grandes empresas multinacionales, empresas que, de la mano de la globalización, son hoy las encargadas de dictar las reglas del juego.
Un chaval que decide cambiar habitualmente su teléfono móvil, una empresa que decide renovar los ordenadores de sus oficinas, un instituto que decide adquirir nuevas impresoras de mayor calidad o una familia que decide comprar electrodomésticos nuevos para su hogar. Estas situaciones son ejemplos de cómo se producen cada año millones de toneladas de residuos tecnológicos y basura peligrosa. Y nuestro sistema es cómplice de ello.
La “obsolescencia programada” se refiere a adelantar por parte de las empresas el fin de la vida útil de un producto para que el consumidor se vea obligado a comprar otro. La sociedad aún no es plenamente consciente de que el consumismo de tecnología, unido al acortamiento de la vida útil de los productos, conducen a una contaminación cada vez mayor del medio ambiente, incluyendo la destrucción de ecosistemas en los países del tercer mundo, tanto por la extracción masiva de los diferentes recursos naturales necesarios para la fabricación, como por su desecho final.
Nuestro sistema actual, con las grandes empresas y los medios de comunicación como actores destacados, pretende hacer pagar al consumidor muchas veces en su vida por un mismo producto con modificaciones ínfimas o innecesarias. Pero, realmente, ¿este hecho es nuevo? Rotundamente no. Antecedentes de todo tipo explican el nacimiento y la consolidación de esta tendencia tan perjudicial. La obsolescencia programada es fruto de la revolución comercial, la acumulación del capital y los avances tecnológicos, así como, de la aparición del capitalismo financiero y del liberalismo económico. El “American way of life” nacido en EE.UU., poco a poco, se adentró en la sociedad. La felicidad y el bienestar basado en el consumismo eran ya reglas básicas en los años 60.
La obsolescencia programada es una práctica demasiado habitual en la industria actual y sabemos que las autoridades la toleran: “Son los consumidores los que deberían exigir que se pongan multas a las empresas para evitar esta forma de fabricar productos”, expresa con preocupación el colectivo malagueño Aulaga. Todo esto conlleva un beneficio económico para la industria, aunque tiene un impacto muy negativo sobre los recursos disponibles y los ecosistemas mundiales. “Esto no tiene en cuenta la realidad de nuestro planeta finito en el que ni los recursos ni la energía son infinitos”, afirma Fran Pérez, de Ecologistas en Acción. La obsolescencia programada bebe hoy del sistema capitalista, que usa como pozo sin fondo los recursos de los países empobrecidos. Una vez que el primer mundo disfruta de dichos recursos, estos vuelven al tercer mundo en forma de basura contaminante: “Esto perpetua una gran rueda de miseria, problemas de salud, económicos y ambientales”, expresa Fran Pérez.
Según la ONU, generamos unos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, la mayor parte de ellos producidos en Occidente, que van a parar a países en vías de desarrollo, donde se apilan sin control. Esta basura electrónica se reparte entre dos grandes vertederos: Ghana (África) y Guiyu (China). La primera y más impactante consecuencia de esto es la destrucción de los ecosistemas. La basura sustituye a la fauna y a la vegetación. La riqueza ambiental se ve sumergida en millones de residuos apilados sin control, provocando desde la contaminación de aguas subterráneas con metales pesados y otros tóxicos, hasta la contaminación del aire en caso de que estos residuos se quemen, pasando por la extracción severa de recursos y la destrucción de ecosistemas.
Es necesario sumar a lo anterior la generación de residuos no biodegradables. Si bien, muchos de los componentes que se usan para fabricar los diferentes productos electrónicos no son tóxicos cuando el aparato es útil, esto cambia radicalmente cuando el aparato se desecha. Esto pasa principalmente con plásticos, vidrios, baterías o pantallas LCD, elementos perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente, por contener productos químicos tóxicos cuando se liberan al medio.
Pero, sin duda, la consecuencia número uno de la obsolescencia es el abuso extremo de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la baja tasa de reciclado, el sistema de producción se convierte en una “extracción continua y desenfrenada”, definido así por Fran Pérez. La mayoría de productos tecnológicos necesitan para su fabricación la extracción de metales y minerales como cadmio, cromo, mercurio o coltán, entre otros, recursos considerados no renovables.
Cuando se habla de obsolescencia programada, lo que más chirría en la actualidad es la dudosa voluntad de la UE para solventar el problema, así como el desconocimiento generalizado de la sociedad, que toma en muy pocas ocasiones la iniciativa para exigir a sus dirigentes cambios a este respecto. El caldo de cultivo de todo esto es que los gobiernos occidentales, más allá de tomar medidas o no para parar la obsolescencia programada y de velar por el interés general de la ciudadanía, en demasiadas ocasiones “se decantan más por favorecer los intereses de las empresas multinacionales”, afirma Aulaga.
En octubre de 2014 un país europeo mostró sus primeros deseos de luchar contra este fenómeno. El parlamento francés aprobó, dentro de la Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para todos aquellos fabricantes que programaran de manera consciente el fin de la vida útil de sus productos. Esta normativa se convertiría en la primera legislación europea que reconocería, de manera abierta y sin tapujos, la existencia de la obsolescencia programada. Pero el intento fue en vano. Las medidas asomaron pero, rápidamente, volvieron a esconderse y nadie ha sido condenado aún. Dos años después de la aprobación de esta medida francesa, el resto del continente sigue prácticamente igual, España incluida.
Como afirman diferentes asociaciones ecologistas, en nuestro país hubo un momento en el que la sociedad parecía ser consciente del problema. Todos querían imitar la nueva normativa surgida en Francia pero, pese a que todo indicaba que España sería otro de los países en controlar de manera férrea a las empresas “tramposas”, llegamos a 2016 sin una normativa en este sentido. Hay voces, pequeños colectivos que lo intentan, aunque una vez más queda en evidencia la falta de firmeza de nuestro gobierno en este aspecto. “Para parar la destrucción de ecosistemas debemos comenzar deteniendo la rueda consumista de la obsolescencia programada. «El mejor residuo es el que no se genera» debería ser el eslogan de una humanidad coherente con sus actos y empática con el medio que la rodea”, afirma Fran Pérez.
Teniendo en cuenta el plan llevado a cabo por Francia, en los últimos meses se ha dejado ver alguna intención para fomentar la lucha contra la obsolescencia programada.Recortes Cero–Los Verdes fue una de las pocas candidaturas ecologistas que se presentó a las elecciones generales en España en 2016. En su programa reservó un espacio donde aboga por conseguir una “España ecológica y socialmente justa”. Esta candidatura incorpora la propuesta de legislar para “prohibir por ley la obsolescencia programada”. Pretenden así poner en marcha un nuevo modelo de mercado centrado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
Todavía son pasos insuficientes y voces demasiado débiles. La obsolescencia programada genera innecesariamente cientos de miles de residuos que podrían evitarse. España es uno de los países con mayor protagonismo, pues sus 800.000 toneladas anuales de residuos electrónicos no pasan desapercibidas. Las soluciones no llegan y el reloj corre en contra de la sociedad y del medio ambiente.
