La normativa laboral es clara desde 1985 y lo es aún más desde su reforma de 2022: quien organiza o produce un concierto es el empleador de los músicos y debe darlos de alta y cotizar por ellos. En la práctica, ese coste se desliza hacia el eslabón más débil de la cadena: bandas emergentes y oficinas pequeñas que se pagan sus propias altas, recurren a cooperativas o directamente cancelan conciertos. Mientras el directo encadena récords de facturación y los macrofestivales absorben millones en ayudas públicas, la legalidad del bolo pequeño la paga quien menos tiene.Temas principal: Música
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