Estados Unidos y Arabia Saudí han suscrito este jueves en Washington D.C. un acuerdo nuclear considerado histórico, que sienta las bases para el despliegue de reactores nucleares comerciales en el reino y podría permitir a Riad enriquecer uranio en el futuro. El pacto, anunciado por el Departamento de Energía estadounidense (DOE), representa un giro estratégico en la relación bilateral y en el equilibrio energético de Oriente Próximo.

Un 123 agreement con salvaguardas bilaterales

Según el comunicado oficial del DOE, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salmán, firmaron un «acuerdo de cooperación nuclear pacífica» —conocido como acuerdo 123— junto con un «acuerdo bilateral de salvaguardas». El DOE subrayó que el pacto proporcionará un «gran acceso» a las empresas estadounidenses al programa nuclear saudí.

Los detalles completos del acuerdo no se han hecho públicos, pero el momento del anuncio, coincidiendo con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha suscitado controversia. La referencia a un acuerdo de salvaguardas adicional sugiere que Washington busca garantías de no proliferación en un contexto regional especialmente tenso.

Diversificación energética y competencia geopolítica

Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo del mundo, persigue con este acuerdo diversificar su matriz energética y liberar más petróleo para la exportación. Para Estados Unidos, el pacto constituye una herramienta clave para contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en la región, al tiempo que establece condiciones que limiten el riesgo de proliferación nuclear.

La posibilidad de que el reino pueda enriquecer uranio —un paso que muchos países consideran sensible— añade una dimensión compleja al acuerdo. Arabia Saudí ha insistido en su derecho a desarrollar un ciclo completo de combustible nuclear, una postura que hasta ahora había generado resistencia en Washington.

El acuerdo supone un hito en la política de no proliferación de la administración Biden, que se enfrenta al desafío de equilibrar la cooperación civil con la seguridad regional. La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos, especialmente en lo relativo a las salvaguardas que acompañarán el desarrollo nuclear saudí.

Las turbinas eólicas en el estado estadounidense de Wyoming han causado la muerte de más de 23.000 aves y murciélagos durante el último año, según un estudio divulgado por Cowboy State Daily y reportado por el analista David Blackmon. La cifra, correspondiente al periodo que finaliza en julio de 2026, pone en cuestión el discurso habitual que presenta a las energías renovables como una fuente limpia e inocua para el medioambiente.

El dato, procedente de un informe del propio sector eólico en Wyoming —recogido por la publicación local y difundido el 20 de julio—, supone uno de los balances más elevados documentados hasta la fecha en una sola región. Wyoming alberga algunos de los parques eólicos más grandes de Estados Unidos, con miles de aerogeneradores instalados en rutas migratorias de aves y hábitats de murciélagos. La mortandad registrada incluye especies protegidas y rapaces, aunque el estudio no desglosa las especies afectadas.

Costes ambientales de las renovables

Las cifras de Wyoming se suman a una creciente literatura científica que documenta el impacto real de la energía eólica sobre la fauna. Según estimaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., las turbinas eólicas matan entre 140.000 y 328.000 aves al año en todo el país, una cifra que, aunque inferior a la causada por edificios o gatos domésticos, ha suscitado un debate ambiental creciente.

23.000 ejemplares en un solo estado en doce meses representa un impacto desproporcionado para una tecnología que la Administración Biden y numerosos gobiernos europeos promocionan como herramienta clave contra el cambio climático. La noticia llega en un momento en que varios países, entre ellos España, discuten la ampliación masiva de parques eólicos terrestres y marinos para cumplir los objetivos de descarbonización de la UE para 2030.

El caso de Wyoming ilustra que la expansión de las renovables conlleva costes ecológicos no siempre evaluados con rigor. Mientras organizaciones ecologistas como BirdLife International reclaman estudios de impacto más exhaustivos y la instalación de sistemas de parada automática (como radares o cámaras térmicas), la industria eólica defiende que la mortandad es asumible frente a los daños del cambio climático. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica a medida que los parques eólicos se multiplican por todo el mundo.