Acabo de regresar de El Salvador tras una estancia de varios meses dedicados a un proyecto de cooperación, pudiendo constatar que lo que escribí hace dos años en este mismo medio (El Salvador, desigualdad y represión), sigue vigente.
Y sigue vigente desde la colonización española, pues las estructuras de poder y riqueza no han cambiado, no sólo en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica. Desde su independencia, triunfó lo que podríamos denominar “cesarismo”, en el sentido de que todos los procesos políticos, quedaron en manos de líderes carismáticos (libertadores, dictadores, caudillos, próceres), la mayoría de los cuales se dedicaron a salvaguardar el orden y mantener el equilibrio colonial, puesto que elevar a todas las personas a la condición de ciudadanos destruía la jerarquía social heredada.
Lentamente se consolidó un proyecto conservador en el que la blanca oligarquía criolla (azucarera, bananera, cafetalera, ganadera, minera, comercial, caucho…) toma las riendas del proyecto emancipador, marginando a nativos (mal llamados indios), a afrodescendientes arrancados de África y, en menor medida, a mestizos. Proyecto conservador que, como he podido ver en El Salvador, llega intacto hasta nuestros días.
El actual presidente Bukele, elegido democráticamente (al igual que Donald Trump), continúa con esa tradición del caudillismo conservador sabedor de encuestas, como la del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que reflejan un escueto apoyo del 28% a la democracia (un 48% en el resto de Latinoamérica), un 58% de la población a la que le da lo mismo vivir en dictadura que en democracia (un 28% en el resto de Latinoamérica) y un 11% de satisfacción con la democracia, frente al 24% del resto de la región.
Según la Fundación para el Debido Proceso, fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Penal Internacional y presidente de la Comisión de la Verdad, en un documento titulado Justicia Amordazada, señala que la separación de poderes en El Salvador no existe, detentando el presidente Bukele el control de los tres órganos (ejecutivo, legislativo y judicial).
Desde que empezó su mandato en 2019, el objetivo de Bukele fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hasta que, en 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta presidencial, destituyó a los magistrados constitucionalistas, designando directamente a sus sustitutos. Les siguieron el fiscal general, el procurador de Derechos Humanos… Derivando todo ello en falta de rendición de cuentas y de mecanismos de control en el uso de fondos públicos,
Sobre la seguridad, que tanto se habla, Bukele empezó a negociar y pactar con las pandillas en 2014, siendo candidato a alcalde. Continuó con esa táctica siendo presidente, hasta que, en mayo de 2022, tras una matanza de 87 personas en tres días, rompió el pacto con los pandilleros, e instauró un régimen de excepción (suspensión garantías constitucionales, detenciones masivas, ejército en las calles, eliminó el derecho a conocer las razones de una detención, suprimió la presentación ante un juez en 72 horas…), situación que, a fecha de hoy, sigue vigente, tras haber prorrogado el estado de excepción, mes a mes, durante cuatro años.
Hasta mayo de 2026, un total de 91.650 personas han sido detenidas, convirtiendo El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ninguno de los reclusos detenidos, ha sido juzgado aún, pudiendo permanecer hasta cinco años en prisión preventiva. Según Amnistía Internacional y Grupo Internacional para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), existen sólidos motivos para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo el prolongado estado de excepción. Estos crímenes reflejan un patrón generalizado de abuso estatal, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y fallecimientos en las cárceles (512 muertes, según detalla la organización Socorro Jurídico Humanitario).
Se sabe que miles de detenidos en redadas masivas (aproximadamente un 10%) no tienen ningún vínculo con las pandillas. Además de criminalizar a los pobres, el estado de excepción también ha demostrado ser eficaz para perseguir activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y comunidades que se interponen a megaproyectos privados respaldados por el Gobierno. Las cárceles salvadoreñas albergan a docenas de presos políticos, y muchos ciudadanos se han visto obligados a exiliarse por haber criticado, investigado o pedido explicaciones al Gobierno, destacando el dato de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que, sólo de enero a mayo de 2025, documentó la salida de 43 periodistas.
Aprovechando que la mayoría parlamentaria de Bukele permite cambiar la Constitución, se plantean cambios arbitrarios, claramente enfocados a seguir aumentando su poder, como es el caso de la reforma que va a otorgar seis diputados a los salvadoreños residentes en el exterior, lo cual, en principio, es plausible pero la trampa está en que se mantiene el número total de diputados (60), por lo que los seis diputados de la diáspora van a salir de disminuir en cinco los asignados a San Salvador y uno a La Libertad, que precisamente son los departamentos donde los partidos opositores han logrado representación, con lo cual, el objetivo político es neutralizar las posibilidades de ingreso de diputados opositores.
No mejora tampoco el panorama si centramos la mirada en la vida diaria de la mayoría de la población salvadoreña. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) muestra que El Salvador ocupa el último lugar entre los países de Centroamérica en cuanto a esperanza de vida, debido a deteriorados factores como la calidad del sistema sanitario, la atención primaria en salud, la atención materna e infantil, el acceso a servicios médicos y las condiciones socioeconómicas en general, sobre todo el empleo, los bajos ingresos de la población, la inseguridad alimentaria por el costo de la vida, falta de agua potable y altos niveles de pobreza. Las pandillas ya no matan, pero mucha gente muere antes de tiempo.
Sólo hay que mirar la educación para ver los efectos prácticos de ese abandono social. En El Salvador, el grado promedio de escolaridad llega hasta el séptimo grado (13 años), ocupando el lugar 78 de 81 países en matemáticas, lectura y ciencias. Entre el 50% y 60% de los niños salvadoreños no comprende lo que lee. La matrícula infantil ha caído de 1,85 millones a 1,1 millones y no sólo por el preocupante descenso de la natalidad (según la CEPAL, de 3,86 en el año 2000 a 1,86 en 2023, y prevé 1,68 para 2050).
Es el régimen de excepción lo que ha provocado, a corto plazo, deserción escolar masiva y migración forzada; pero, a largo plazo, puede generar una segunda oleada de posibles pandilleros por la cantidad de menores que afrontan la vida con bajo nivel educativo y con sus progenitores ausentes (encarcelados, migrados o por trabajo). Claro que, llegado ese momento, Bukele ya no estará (o sí).
El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica (87% sobre PIB). Y de esa deuda, a los siete años de Bukele le corresponde casi la mitad, el 42%. A pesar de ello, los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población, sin que haya indicios de que esa situación revierta en un plazo razonable.
Resumiendo, El Salvador ha experimentado una transformación radical, por una mayor seguridad, tranquilidad y libertad para transitar, pero se están normalizando prácticas que, en tiempos no muy lejanos, hubieran suscitado fuertes reacciones populares. Normalización que ha acostumbrado a la ciudadanía a situaciones claramente arbitrarias o injustas, como el régimen de excepción, los déficits en la educación y la salud, así como el opaco y caciquil funcionamiento institucional.
En El Salvador, hoy por hoy, el reto es saber si solo con la seguridad será suficiente para compensar una realidad social muy sombría, una desigualdad en aumento y multitud de vidas deprimidas y situaciones deprimentes. Como dije al principio, El Salvador suma y sigue.
Marc Cabanilles. Ateneo libertario Al Margen de València.
La entrada El Salvador, suma y sigue se publicó primero en lamarea.com.
