La Feria Internacional del Aire y del Espacio de Chile (FIDAE) ha logrado un importante respaldo internacional tras el lanzamiento oficial de su edición de 2028, celebrado el pasado miércoles 22 de julio en el marco de la Farnborough International Airshow, en el Reino Unido. Según informó la organización, más de 50 empresas británicas del sector aeroespacial y de defensa han mostrado su interés en participar en el evento, que se celebrará en Chile.
Un trampolín hacia nuevos mercados
El anuncio fue realizado por una delegación de la Fuerza Aérea de Chile durante la feria británica, considerada una de las más importantes del mundo en su ámbito. El interés de las compañías del Reino Unido refuerza la proyección de FIDAE como plataforma de negocios y cooperación internacional, capaz de atraer a actores clave de la industria fuera de la región latinoamericana.
La cifra de candidatas británicas supera las expectativas iniciales y subraya la relevancia que está adquiriendo la feria chilena en el circuito global de ferias aeronáuticas y de defensa. Aunque aún no se han dado a conocer los nombres de las empresas ni los detalles de su posible participación, el volumen de interesados sugiere un crecimiento significativo respecto a ediciones anteriores.
FIDAE 2028, en el horizonte
FIDAE se celebra cada dos años en Santiago de Chile y reúne a expositores de todo el mundo en los sectores aeroespacial, defensa y seguridad. La edición de 2028, cuyo lanzamiento se ha adelantado desde el Reino Unido, aspira a consolidar a la feria como un punto de encuentro estratégico para la industria, especialmente en el ámbito hispanoamericano. El interés británico abre la puerta a posibles acuerdos de cooperación y a una mayor presencia de empresas europeas en el mercado chileno y regional.
La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha reabierto una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos británicos que lucharon en la Franja de Gaza, según ha adelantado el portal de investigación Declassified UK. El caso, que había sido cerrado inicialmente por las autoridades británicas, se reabre este 23 de julio de 2026 tras una revisión de la decisión previa.
La investigación se centra en la actuación de varios ciudadanos británicos que participaron en los combates en Gaza, en un contexto de creciente presión internacional sobre el conflicto entre Israel y Hamás. La Met Police no ha precisado el número de implicados ni la naturaleza exacta de los presuntos delitos, pero la reapertura supone un cambio de postura respecto al cierre anterior del caso.
Según Declassified UK, la decisión de reabrir la investigación se produce después de que se revirtiera el cierre inicial, lo que apunta a que nuevas evidencias o presiones externas han motivado el movimiento. El caso afecta a combatientes británicos que se habrían integrado en las filas israelíes durante la ofensiva en Gaza, un escenario que ha generado intensos debates jurídicos y diplomáticos en el Reino Unido sobre la jurisdicción aplicable a sus nacionales en zonas de conflicto.
La reapertura del caso se produce en un momento en que el conflicto en Gaza sigue siendo objeto de atención internacional, y en el que varios países han abierto investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario. La Met Police no ha hecho declaraciones adicionales sobre el calendario de la investigación ni sobre si se han identificado sospechosos concretos.
La empresa británica BAE Systems ha presentado este miércoles el Brontanax, un dron de combate aéreo colaborativo (CCA, por sus siglas en inglés) diseñado en el Reino Unido. El acto de presentación ha contado con la participación del recién nombrado secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting.
El Brontanax tiene un tamaño similar al BAE Hawk, un avión de entrenamiento a reacción en servicio en varias fuerzas aéreas, incluyendo la británica. Se trata de un avance significativo en capacidades de combate aéreo no tripulado, diseñado para operar junto a cazas tripulados en misiones de reconocimiento, ataque y guerra electrónica. El dron colaborativo forma parte de la estrategia del Ministerio de Defensa británico para integrar sistemas no tripulados en la fuerza aérea del futuro.
Un paso en la autonomía aérea
Aunque no se han revelado especificaciones técnicas detalladas ni plazos de entrada en servicio, el proyecto refuerza la posición de la industria británica en el emergente mercado de los CCA. BAE Systems ha señalado que el Brontanax está diseñado para adaptarse a diferentes configuraciones de misión, lo que le permite asumir tareas tanto ofensivas como de apoyo. La presentación coincide con el incremento de la inversión en defensa en Europa tras el conflicto en Ucrania.
Según fuentes del Ministerio de Defensa británico, el Brontanax podría realizar misiones de reconocimiento de largo alcance, ataque de precisión y guerra electrónica. La plataforma podría alcanzar velocidades subsónicas y tiene una carga útil estimada de hasta 1.500 kilogramos en su configuración básica, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente estas cifras.
El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha declarado que Israel comete crímenes de guerra y ha calificado su comportamiento de “Estado canalla”, según revela una investigación de la organización Declassified UK. La afirmación, realizada el 22 de julio de 2026, sitúa a Streeting en una posición contradictoria con su responsabilidad de supervisar el tratado militar bilateral que Londres mantiene con Tel Aviv.
La postura del alto cargo británico abre la puerta a tensiones diplomáticas y a una posible revisión de la cooperación en materia de defensa entre ambos países. El tratado militar, que hasta ahora se había mantenido al margen de las críticas sobre la conducta de Israel, podría verse afectado por las declaraciones de un ministro que reconoce explícitamente la existencia de crímenes de guerra por parte del Ejército israelí.
La organización Declassified UK, que destapó las palabras de Streeting, subraya la contradicción entre el discurso del secretario y su papel como garante del acuerdo bilateral. “Wes Streeting dijo que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra. ¿Y ahora qué?”, se pregunta el informe, que incide en la incompatibilidad entre la condena verbal y la continuidad del apoyo militar.
Wes Streeting calificó el comportamiento de Israel como “rogue state behaviour” (comportamiento de Estado canalla) y confirmó que el país comete crímenes de guerra.
Las implicaciones para la geopolítica de Oriente Próximo son significativas. El Reino Unido, socio tradicional de Israel, se encuentra ahora con un ministro de Defensa que cuestiona la legitimidad de su aliado. La Unión Europea y España, que han mantenido posturas críticas con la operación militar israelí, observan con atención si Londres revisará su postura.
De momento, no se ha anunciado ninguna modificación oficial del tratado, pero la presión interna y externa podría forzar a Downing Street a pronunciarse sobre la compatibilidad de la alianza con las denuncias de crímenes de guerra. La comunidad diplomática espera que el Gobierno británico clarifique si las palabras de Streeting reflejan un cambio de política o una mera opinión personal.
El nuevo primer ministro británico ha logrado un temprano éxito en materia de defensa con la incorporación de Canadá al programa Global Combat Air Programme (GCAP) como observador. El anuncio se realizó este martes 21 de julio de 2026 desde Londres, y supone la primera expansión del consorcio más allá de sus miembros fundadores: Reino Unido, Italia y Japón.
Una alianza que se amplía
La participación canadiense marca un hito en la cooperación industrial y militar para el desarrollo de un caza de sexta generación. Aunque inicialmente con estatus de observador, la decisión abre la puerta a una posible integración plena en el futuro, según fuentes próximas al programa. El GCAP busca combinar capacidades de sigilo, inteligencia artificial y guerra en red para sustituir a los actuales Eurofighter Typhoon y Mitsubishi F-2 en la próxima década.
New British prime minister gains early defense win — Defense News
Con la adhesión de Ottawa, el GCAP suma ya cuatro países —tres socios fundadores más el observador—, en un contexto donde las alianzas industriales en defensa se convierten en un vector clave de las relaciones transatlánticas. Canadá, tradicionalmente vinculado al ecosistema de defensa estadounidense y miembro de la OTAN, busca diversificar sus capacidades aéreas ante el envejecimiento de su flota de CF-18.
El paso dado por el nuevo Gobierno británico refuerza su perfil internacional en un momento de reconfiguración de la industria armamentística europea y asiática, en competencia directa con proyectos como el franco-alemán FCAS o el estadounidense NGAD.
El político laborista Andy Burnham ha sido elegido este 20 de julio de 2026 nuevo primer ministro del Reino Unido, tras recibir el respaldo de su partido. Burnham, popular entre los votantes británicos, se convierte en el líder del Gobierno en un momento clave para las relaciones exteriores del país, especialmente con la Unión Europea y España.
Un giro en la política británica
La elección de Burnham supone un cambio de rumbo respecto a los anteriores gobiernos conservadores. El nuevo mandatario ha prometido «los mayores cambios de los últimos 40 años», según declaró tras su designación. Su victoria podría redefinir el enfoque británico hacia Bruselas y Madrid, sobre todo en el contencioso de Gibraltar, un asunto que ha tensionado las relaciones bilaterales con España desde el Brexit.
Burnham, exalcalde de Mánchester y figura destacada del laborismo, ha basado su campaña en una agenda de reforma social y económica, así como en un acercamiento a los socios europeos. Su llegada al número 10 de Downing Street genera expectativas tanto en Londres como en las capitales europeas.
Implicaciones para Gibraltar
El contencioso de Gibraltar, que enfrenta a Reino Unido y España desde hace décadas, podría experimentar avances bajo el nuevo Ejecutivo laborista. Fuentes diplomáticas señalan que Burnham podría mostrar una mayor disposición al diálogo que sus predecesores, aunque sin detallar posiciones concretas. La negociación sobre la soberanía y el estatus del Peñón sigue siendo uno de los puntos más delicados en la agenda bilateral.
La comunidad internacional observa con atención los primeros pasos del nuevo primer ministro, que deberá afrontar también desafíos internos como la crisis del coste de la vida y la recuperación económica pospandémica.
En un lugar de La Mancha, pero esta vez en el siglo XXI, los Quijotes que sueñan con un mundo justo y respetuoso con la vida en general han cambiado la lucha contra los molinos por la lucha contra los centros de datos, unas infraestucturas que, con el auge de la inteligencia artificial (IA), están colonizando poco a poco España con la promesa de nuevos empleos. Talavera de la Reina es uno de los centros neurálgicos, pero también Aragón, Madrid y Extremadura.
Los centros de datos consumen gigantescas cantidades de agua y energía eléctrica. Acaparan suelo y dejan contaminación. ¿Es posible que la extracción de estos recursos desestabilice los territorios en los que se instalan? Según muchos expertos, sí, pero tampoco hay cifras exactas. Esa es la principal cualidad de este floreciente negocio: la opacidad, los pactos secretos con las administraciones, el cabildeo, la política de hechos consumados. La Marea dedica el dossier principal de su nueva revista en papel a estos nuevos «paisajes del poder», como los denomina el investigador Manuel García.
La falta de transparencia que los caracteriza impide, en muchas ocasiones, que la ciudadanía conozca el impacto real al que se enfrenta cuando estos nuevos gigantes recalan en sus territorios, donde antes había vida, donde antes había historia o, siendo más directos, donde antes había una línea de transporte público o cosechas o una depuradora de agua. En este número, realizamos una panorámica general de la situación de la mano de especialistas de primer nivel, analizamos el lobby de esta industria en Europa, con Spain DC como epicentro en España, y nos detenemos en los movimientos que ya están diciendo «no» a los gigantes de los nuevos tiempos.
Mucho más en La Marea 112
Además del dossier dedicado a los centros de datos, la revista del trimestre julio / septiembre viene cargada de reportajes y entrevistas ideales para desencriptar la actualidad. Por ejemplo, ¿qué demonios está pasando en el Reino Unido? Nuestro compañero Guillem Pujol responde a esta pregunta en un momento especialmente delicado de la política británica. Roto el bipartidismo laboristas-tories, los neofascistas están llamando fuerte a la puerta del nº 10 de Downing Street.
Patricia Simón, por su parte, viaja hasta el Sáhara Occidental para mostrar la lucha de las mujeres por superar su tradición patriarcal. A pesar de las críticas que reciben, las feministas saharauis lo tienen claro: «Para nosotras no es incompatible luchar por la independencia de nuestra patria y por el respeto a nuestros derechos como mujeres».
En Argentina, Andrés Actis pone el foco en un extractivismo fósil que ha cobrado enorme fuerza bajo la presidencia de Javier Milei: el de las arenas de sílice que se utilizan en el fracking, la fractura de la roca para acceder al petróleo. Esta práctica está destruyendo los humedales del río Paraná.
En el ámbito doméstico, entrevistamos a la dibujante Yeyei Gómez, al fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, y a la directora general de la Aemet, Alicia López Rejas.
Con el ojo siempre puesto en la ecología, el clima y el medioambiente, analizamos el difícil despegue del veganismo en España, viajamos a Berlín para conocer sus huertos urbanos populares, enumeramos algunos consejos para hacer deporte durante el verano tórrido que nos espera y recomendamos productos e iniciativas sostenibles en un bazar veraniego seleccionado por Carro de Combate.
Pero no acaba ahí la cosa: esta Marea cuenta con los artículos de opinión de Jorge Dioni López, Thilo Schäfer y el tradicional incordio de la filósofa Ana Carrasco-Conde.
Nuestro cuadernillo cultural, El Periscopio, llega con novedades: por voluntad propia, este número es el último que coordinan Laura Casielles y José Ovejero. Durante varios años (muchos de ellos en colaboración con Bob Pop) han tratado de rebasar los límites impuestos por la cultura mainstream. En su despedida se han fijado en el arte de los bertsolaris, en la sororidad de las integrantes del Lyceum Club de Madrid en el centenario de su creación y en la resistencia de la cultura argentina frente a la motosierra libertariana. Además, cierran su labor al frente del Periscopio con un broche de oro: un cuento de Isaac Rosa.
Como veis, La Marea continúa con su compromiso por el periodismo «de interés público», como subrayó el jurado del Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial, cuando distinguió nuestros reportajes sobre la gestación subrogada en España. También seguimos empeñadas en reivindicar el trabajo humano frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Por eso, en La Marea nunca habrá ilustraciones generadas por una IA. Al contrario, nos complace enormemente colaborar con artistas como Daniel Gómez Vega y como Adara Sánchez, artífices de las magníficas portadas de la revista 112 y de El Periscopio.
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Se pone fin a la huelga de hambre de una presa y dos presos de Palestine Action que llevaban más tiempo sumidas en ella, tras más de 70 días (más tiempo de lo que estuvo Bobby Sands en huelga de hambre antes de morir). Si bien no se han estimado todas sus demandas, han logrado una victoria parcial, logrando que el gobierno inglés no conceda un nuevo contrato a Elbit Systems UK.
Tras más de dos meses de ayuno extremo, una presa y dos presos de Palestine Action que mantenían la huelga de hambre más prolongada han anunciado el fin de la protesta. La decisión llega después de que el gobierno británico haya confirmado que no concederá un contrato público de 2.000 millones de libras a Elbit Systems UK, filial de la mayor empresa armamentística israelí, una de las principales demandas planteadas por los huelguistas.
La protesta, que había generado una creciente alarma por el estado de salud de los presos, se desarrollaba en un contexto de máxima tensión. Heba Muraisi, de 31 años, alcanzó los 73 días sin ingerir alimentos, una cifra que evocaba inevitablemente la memoria de las huelgas de hambre de presos republicanos irlandeses en 1981, donde varios murieron tras periodos incluso más cortos de ayuno. Otros presos, como Kamran Ahmed, de 28 años, y Lewie Chiaramello, de 22 —diabético tipo 1 y en ayuno intermitente—, también habían llevado su cuerpo al límite como forma de protesta política.
Según el colectivo Presos en huelga de hambre, la negativa del Ministerio de Defensa a otorgar el contrato a Elbit Systems UK supone un giro significativo en la política del gobierno británico, que desde 2012 había adjudicado a la empresa más de una decena de contratos públicos. El acuerdo frustrado habría permitido a la compañía entrenar a unos 60.000 soldados británicos al año, reforzando los vínculos entre el Estado británico y la industria militar israelí.
Además de la cuestión contractual, durante las últimas semanas se produjeron reuniones entre responsables nacionales de atención sanitaria en prisiones y representantes de los huelguistas, promovidas por el Ministerio de Justicia. En esos encuentros se abordaron tanto las condiciones de reclusión como los protocolos médicos, en un momento en el que la vida de los presos estaba seriamente amenazada.
Junto a Muraisi, Ahmed y Chiaramello, otros cuatro presos —Teuta Hoxha, Jon Cink, Qesser Zuhrah y Amu Gib—, que habían pausado previamente su participación en la huelga, han decidido darla por finalizada de manera definitiva. Todos ellos han iniciado ahora el delicado proceso de realimentación bajo pautas médicas, una fase que también entraña riesgos graves si no se gestiona adecuadamente.
El colectivo Presos por Palestina sostiene que la huelga ha logrado varias victorias políticas. Entre ellas, destacan el aumento de la movilización directa contra el complejo militar-industrial israelí —con centenares de personas incorporándose a acciones en apenas unas semanas— y avances concretos en las condiciones de los presos. En el caso de Heba Muraisi, se ha aceptado su traslado a la prisión de Bronzefield, en Surrey, lo que permitirá acercarla a su entorno familiar tras haber sido enviada anteriormente a un centro situado a cientos de kilómetros.
Otras demandas también han comenzado a desbloquearse, como el acceso a comunicaciones y materiales censurados durante meses. Según denunciaron, durante la huelga algunos presos empezaron a recibir de golpe grandes cantidades de correo retenido, incluidos libros sobre Gaza y feminismo que habían sido bloqueados sin explicación.
Desde el entorno de los presos califican la huelga de hambre como un hito de resistencia política. A su juicio, ha dejado al descubierto la existencia de presos políticos en el Reino Unido y el papel del Estado británico en el sostenimiento de la industria armamentística israelí. En palabras de Amu Gib: «Nunca le hemos confiado nuestras vidas al gobierno, y no empezaremos ahora. Seremos nosotros quienes decidamos cómo entregamos nuestras vidas a la justicia y la liberación».
La huelga de hambre termina, pero el conflicto político que la originó —la complicidad del Estado británico con la maquinaria de guerra israelí— sigue abierto.
En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.
La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.
La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.
Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.
Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.
A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.
Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras
Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.
También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.
Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.
En peligro el derecho a la protesta
En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza.
Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.
“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión.
El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.
Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.
El pasado 3 de julio de 2025, el Gobierno laborista británico, con el apoyo de liberales y conservadores, aprobó una ley por la cual declaró a Palestine Action una organización terrorista con 385 votos a favor y tan solo 26 en contra.
Palestine Action, fundado en 2020, es un colectivo que llevaba cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentísica israelí)1, pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de «terrorista», fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.
Desde la ilegalización del colectivo, más de 2.500 personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda «Apoyo a Acción Palestina». El día más destacado fue el 6 de septiembre, cuando 890 personas (de un total de 1.400 manifestantes) fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido. La concentración fue convocada por la organización Defend Our Juries, bajo el lema “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.
Las detenidas lo fueron con base en la sección 12 de la Ley de Terrorismo inglesa, y afrontan posibles procesos con condenas que llegarían hasta los catorce años de prisión. Esta brutal respuesta afecta a las protestas contra el genocidio en Palestina pero también al propio derecho a la protesta. No solo por los registros, propuestas de sanción, multas, detenciones e incluso encarcelamiento, sino por el llamado “efecto paralizante” (chilling efect) y la represalias que pueden acarrear también en empresas y centros de trabajo la participación en manifestaciones de cualquier tipo.
Huelga de hambre por la libertad
Actualmente, hay 33 presas encarcelados en Gran Bretaña por supuestas acciones en solidaridad con Palestina relacionadas con este colectivo. Muchas de ellas pertenecen a los 24 de Filton [Filton 24], detenidas por una acción contra un centro de investigación de Elbit Systems en agosto y a los Brize Norton 5 (quienes realizaron la acción de pintar dos aviones en la base aérea mencionada previamente)2.
Filton 24
Se encuentran en prisión preventiva, sin juicio, sin fianza y algunos pueden esperar hasta dos años para ser juzgadas. Además, denuncian que han sido objeto de un trato degradante y arbitrario, que incluye la retención de su correo, libros y propiedades, órdenes de no asociación, exclusión de programas de empleo y educación, un régimen arbitrario de aislamiento y la retirada de sus keffiyehs.
En el momento en el que escribimos estas líneas, 8 de las 33 presas se encuentran en huelga de hambre, la mayoría desde el 2 de noviembre. Sus demandas pasan por el fin de toda censura, la libertad inmediata bajo fianza, el derecho a un juicio justo sin interferencias extranjeras y políticas, la desclasificación de Palestine Action como organización terrorista y el cierre de Elbit Systems.
Las huelguistas comenzaron la acción el mismo día en que el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, allanando el camino para el establecimiento de un Estado colonialista y sionista. Comenzaron Amu Gib y Qesser Zuhrah, Heba Muraisi se unió un día después y les siguieron Jon Cink, T Hoxha y Kamran Ahmed. Eel último en unirse a la huelga de hambre es Muhammad Umer Khalid, hace pocos días. Lewie Chiaramello también se unió el 23 de noviembre, realizando una huelga de hambre parcial, cada tercer día, ya que es diabético. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las Islas Británicas desde las huelgas de hambre de 1981 de los presos políticos irlandeses lideradas por Bobby Sands durante el conflicto, y que provocaron la muerte de 10 jóvenes3.
Solidaridad internacional
En solidaridad, presos de todo el mundo se han unido a los huelguistas de hambre durante periodos más cortos. Dimitris Chatzivasileiadis se unió desde Grecia, Massimo Passamani y Luca Dolce desde Italia4 y Jakhi McCray en Estados Unidos. Los presos Casey Goonan y Malik Muhammad, en Estados Unidos, también se unieron a una huelga de hambre, aparte, en solidaridad con Teuta Hoxha y los 24 de Filton, cuyo juicio comenzó en noviembre y durará 8 semanas.
Mientras tanto, Israel ha encarcelado a casi 9.100 palestinos como presos políticos, muchos de los cuales también se encuentran en huelga de hambre. Siguen saliendo a la luz detalles sobre los abusos que sufren, incluidos abusos sexuales, psicológicos y físicos, así como inanición forzada. Muchos cadáveres son devueltos a Gaza con signos de tortura, mutilación y ejecución.
Las consecuencias de la huelga
El cuerpo tiene un límite en lo que puede aguantar. A medida que el hambre se instala, comienzan a agotar sus reservas, primero la grasa, luego los músculos y, finalmente, los órganos vitales comienzan a fallar. Tres de los ocho huelguistas de hambre, Qesser, Teuta y Kamran, ya han sido hospitalizados debido al deterioro de su salud. Amu Gib ha perdido 10 kg. Más de cien profesionales médicos han firmado una declaración en la que exigen que se tomen medidas para evitar que las y los huelguistas sufran más daños. Pasado un mes, existe una grave preocupación de que los huelguistas sufran daños irreversibles.
Hace unos días, el médico de urgencias y profesor del University College de Londres, Dr. James Smith, afirmó que el estado de los detenidos se ha deteriorado drásticamente y declaró a periodistas que “los huelguistas de hambre se están muriendo”. Smith dijo que los relatos desde el interior del sistema penitenciario apuntan a “un seguimiento y tratamiento deficientes. […] En mi opinión, como médico del NHS, la complejidad de las necesidades de atención de los huelguistas de hambre ahora debe gestionarse con la participación regular de especialistas, o incluso con un seguimiento continuo en el hospital”, dijo.
Por otro lado, más de 200 miembros de la Asociación Médica Británica expresaron su preocupación unos días antes y 900 profesionales de la salud han escrito al viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, al secretario de Salud, Wes Streeting, a altos funcionarios del NHS y a las autoridades penitenciarias exigiendo medidas urgentes.
Shahmina Alam, hermana de Kamran Ahmed (28 años), declaró que “Ahmed está cursando el día 39 de su huelga de hambre. Ha tenido dos internaciones desde que inició su huelga de hambre, y fue dado de alta apenas la semana pasada. Si bien lograron estabilizar sus cetonas, los niveles de estas han vuelto a subir considerablemente. Pero lo más preocupante es que su corazón se está debilitando y su pulso se está desacelerando, además de que, en este momento, Ahmed está perdiendo medio kilo por día”.
Pese a todo esto, hasta ahora el Gobierno británico y los medios de comunicación (salvo honrosas excepciones) han ignorado por completo las huelgas de hambre, evitando que se introduzca en la agenda pública. El objetivo de las activistas ahora es romper ese muro de silencio, algo que han intentado por ejemplo bandas como Kneecap, The Pogues y otros 200 artistas irlandeses y británicos, que han publicado una carta al Gobierno solicitando que se acceda a las demandas de las huelguistas.
Como siempre, la solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.
Este artículo ha sido escrito partiendo de piezas extraídas deBriega, Democracy Now, Naiz, Todo por Hacer, Prisoners for Palestine, Resumen Latinoamericano, Spanish Utopia, Izquierda Diario, Insurgente, Filton Actionists y TeleSur.
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1 Elbit Systems suministra al Ejército israelí el 85 % de su equipamiento terrestre y el 85 % de sus drones. Activistas propalestinas denuncian que sus drones se han utilizado en Gaza para reproducir sonidos de niños llorando y gritando, con el fin de atraer a la gente y luego dispararles.
2 Desde Brize Norton parten regularmente aviones con destino a la base aérea de Akrotiri, en Chipre, desde donde se dirigen las operaciones británicas en Oriente Medio, incluidos vuelos de espionaje sobre Gaza.
3Bobby Sands murió el 5 de mayo 1981, después de 66 días en huelga de hambre. El informe original establecía que la causa de la muerte había sido «inanición auto impuesta«, aunque fue enmendado posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simplemente como «inanición«. Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo. Entre sus escritos, encontramos una de sus frases más célebres y que ha sido difundida en infinidad de murales por las calles de Belfast oeste principalmente: «Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos«. Se estima que más de 100.000 personas asistieron al funeral de Sands, el mayor funeral republicano desde el del alcalde de Cork del Sinn Féin, Terence MacSwiney, que murió en la cárcel de Brixton el 25 de octubre de 1920 después de otra huelga de hambre de 74 días. Después de Sands, otros nueve presos republicanos murieron en la huelga de hambre –Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine–. La huelga finalizó el 3 de octubre de 1981.
4 Desde Italia, el anarquista Luca Dolce hizo una declaración que rompe con la línea dominante de que las huelgas de hambre son simplemente protestas sobre las condiciones de los presos: “La lucha contra la prisión y el sistema militar tecnoindustrial es esencial para una lucha de mayor alcance, de resistencia revolucionaria e internacionalista… Estoy a su lado con serenidad y resolución”. Dolce también saluda al prisionero palestino Anan Yaeesh en la prisión de Melfi, en el sur de Italia, otro objetivo de las tácticas de aislamiento y traslado destinadas a borrar a los presos políticos. Según Dolce, no está claro si Yaeesh continúa en huelga.
