El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como “violación de la integridad nacional” la entrada en Ceuta de unas 50.000 personas de manera irregular desde Marruecos. En una comparecencia institucional en la ciudad autónoma, el jefe del Ejecutivo ha atribuido los hechos a las mafias que trafican con seres humanos, que, según Sánchez, han aprovechado un «vacío legal» para promover las entradas a nado en Ceuta. Se refería a la reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a las ‘devoluciones en caliente’ en las llegadas a nado mientras no hubiera frontera física que lo impidiera. «Pondremos todos los recursos», ha dicho el dirigente, que destacó la «colaboración» de Rabat, anunció el despliegue de boyas como barrera física de contención.
Hasta el momento, la nueva crisis migratoria ha dejado más de 60 personas muertas, según los datos de la Guardia Civil. Y, en lo que va de año, se han recuperado más de 50 cadáveres de migrantes ahogados en aguas de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso; y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno de la situación.
Desde la comunidad internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que las imágenes son inaceptables: “No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas”, ha advertido. “Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen”, ha afirmado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.
Finlandia, por su parte, ha apoyado excluir a España del espacio Schengen, una medida que estudiaba Italia: “Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, ha escrito la ministra de Interior finlandesa, Mari Rantanen. Y el presidente del PPE y del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha vinculado directamente la situación con la regulación masiva.
La industria del control migratorio
«La situación que se está viviendo en los últimos días en Ceuta nos retrotrae a imágenes recientes como las de mayo de 2021 en la propia ciudad autónoma o las de los veranos de 2018 y 2014 en las costas andaluzas. Todas estas situaciones tienen como punto en común la instrumentalización por parte de Marruecos de la situación de las personas que desean migrar hacia Europa ante la desigualdad y la falta de oportunidades en sus países de origen», ha denunciado en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos (APHD-A), que exige un giro radical en las políticas migratorias de España y la Unión Europea.
«Una vez más se ha demostrado que las políticas de externalización son únicamente un parche y que confieren a los Estados limítrofes, como Marruecos, una tremenda capacidad de presión mediática y política. Las vías legales y seguras son la única solución a estas situaciones en la que otros Estados o grupos organizados se aprovechan de la angustia de las personas migrantes», ha añadido. La organización también ha pedido la atención sobre la ausencia de mecanismos de acogida adecuados en Ceuta, a pesar de que esta situación se repite cíclicamente: «El Gobierno estatal debe poner a disposición de la ciudad los instrumentos necesarios para proteger a estas personas. Enviar al Ejército y no a personal de atención humanitaria es una muestra de la dinámica bélica con la que se afronta esta cuestión«.
Como recoge una investigación de la Fundación porCausa, existe una industria del control migratorio, financiada con dinero público, que mueve miles de millones de euros al año en manos de empresas privadas. Muchas de ellas han estado entre las voces que claman y actúan en contra de la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Quiénes son? Como explicaba en un artículo el coordinador del equipo de periodismo de investigación de la citada fundación, .José Bautista, Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
«Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio», escribe el periodista.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
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