Las protestas en Bolivia cumplen 36 días consecutivos con bloqueos que asfixian a la ciudad de La Paz y el oeste del país. Mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional debate los pasos a seguir, los habitantes denuncian el desabastecimiento de alimentos y combustible, y reclaman una salida dialogada a la crisis.

La Paz, epicentro del descontento

La capital boliviana es el principal foco de las movilizaciones, donde los cortes de carreteras impiden el ingreso de productos básicos. Vecinos consultados por medios locales coinciden en que la situación se ha vuelto insostenible. «Con violencia no llegamos a ninguna parte», expresó un residente del barrio de Sopocachi, reflejando el cansancio de una ciudadanía que exige soluciones políticas urgentes.

El debate legislativo se centra en posibles mecanismos de negociación entre el Gobierno y los sectores movilizados, aunque hasta ahora no se ha anunciado ningún acuerdo concreto. La oposición acusa al Ejecutivo de demorar las conversaciones, mientras que desde el oficialismo se insiste en el respeto al orden constitucional.

Una crisis sin precedentes recientes

Los 36 días de protestas convierten a esta en una de las crisis sociopolíticas más prolongadas de la última década en el país andino. Organizaciones sociales, sindicatos y gremios de transportistas mantienen cortes en puntos estratégicos, lo que ha disparado los precios en los mercados y generado largas filas en las estaciones de servicio.

Analistas locales consultados advierten que, de no alcanzarse una salida negociada en los próximos días, el país podría enfrentar un escenario de desabastecimiento generalizado que afectaría especialmente a las regiones más vulnerables. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, aunque sin intervención directa por el momento.

Las fuerzas armadas de Bolivia han desmontado el bloqueo en la carretera que conecta La Paz, sede del Ejecutivo, con El Alto, la principal ciudad del país, una vía considerada estratégica para el abastecimiento de alimentos y productos básicos en la capital. La intervención militar, ocurrida el 6 de junio de 2026, pone fin a más de un mes de cortes que agravaron la escasez y tensaron la situación política.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, llamó al diálogo con las federaciones campesinas y otros sectores sociales, incluidos numerosos grupos indígenas, cuyas protestas mantienen paralizadas varias regiones del país. El bloqueo, que se prolongó desde principios de mayo, había generado desabastecimiento de combustible y un incremento de precios en los mercados paceños, según confirmaron fuentes del Gobierno boliviano.

El desbloqueo se realizó sin incidentes graves, aunque la tensión sigue latente en las zonas donde los cortes persisten, como la carretera a Cochabamba y el oriente del país.

Un país fragmentado por las protestas

Bolivia atraviesa su peor crisis social desde la vuelta de Luis Arce al poder, con más de 30 puntos de bloqueo activos en todo el territorio. Los sectores afines al expresidente Evo Morales exigen la liberación de dirigentes detenidos y la renuncia del actual gabinete. La intervención militar en la vía más sensible del altiplano representa un giro respecto a la estrategia previa, basada en la negociación política.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró a los medios que la operación tenía como objetivo «garantizar el derecho a la libre circulación y el abastecimiento de la población». Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió investigar posibles excesos durante el desalojo, aunque el Ejército negó haber empleado fuerza desproporcionada.

La Iglesia Católica en Bolivia celebró este jueves la Solemnidad de Corpus Christi con un llamado unificado al cese de la violencia y a la búsqueda de la paz en el país. Desde distintos puntos del territorio, obispos y fieles elevaron un mensaje de unidad en medio de un clima de inestabilidad social.

Basta ya de violencia, es el momento de la paz y la reconciliación entre los bolivianos, dijeron los representantes eclesiásticos durante las celebraciones.

La festividad religiosa, una de las más importantes del calendario católico, sirvió de escenario para que la Iglesia reiterara su papel como mediadora en el conflicto. En varias homilías, los sacerdotes instaron a las autoridades y a la ciudadanía a deponer las actitudes confrontativas y a priorizar el diálogo.

El país atraviesa meses de tensiones políticas y sociales que han derivado en episodios de violencia en distintas regiones. La Conferencia Episcopal Boliviana ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por el deterioro del clima social y ha ofrecido su intermediación para alcanzar acuerdos que garanticen la gobernabilidad.

Un mensaje de unidad en la festividad religiosa

Las misas y procesiones de Corpus Christi, que congregaron a miles de fieles, se convirtieron en un espacio de oración por la paz. Los obispos recordaron que la violencia no es el camino y que solo a través del respeto mutuo y la justicia se puede construir una sociedad más estable.

El llamado de la Iglesia llega en un momento clave para Bolivia, donde las demandas de diferentes sectores sociales han generado un escenario de confrontación. Aunque no se proporcionaron datos concretos sobre los incidentes, la jerarquía eclesiástica advirtió del riesgo de una escalada si no se retoma el diálogo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha nombrado este jueves a Ernesto Justiniano Urenda como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Marcelo Salinas, quien presentó su dimisión la víspera. El relevo se produce en un momento crítico para el país andino, sumido desde hace semanas en duras protestas ciudadanas, bloqueos de carreteras y un creciente malestar social.

Justiniano, que regresa así a la primera línea del poder, asume una de las carteras civiles más sensibles para el control territorial del Estado. Según fuentes oficiales del Gobierno boliviano, el nuevo ministro tendrá la misión de gestionar la crisis de orden público que sacude al país, donde campesinos, obreros y seguidores del expresidente Evo Morales han salido a las calles para exigir la dimisión del actual jefe del Ejecutivo.

Entre las claves del estallido social destaca la distribución de combustible adulterado, según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB). Un informe de la entidad señala que al menos el 60% de los vehículos que circulan en el país se han visto afectados por este problema, lo que ha agravado las tensiones y las movilizaciones.

El nombramiento de Justiniano, de perfil técnico y con experiencia previa en cargos de responsabilidad, busca apuntalar la respuesta del Ejecutivo ante las protestas, que han paralizado importantes vías de comunicación y generado pérdidas económicas. Por el momento, el presidente Paz Pereira no ha anunciado nuevas medidas para desactivar la crisis, mientras la oposición y los sectores sociales mantienen la presión.

El presidente boliviano Rodrigo Paz ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para regular la aplicación del estado de excepción en todo el país. La iniciativa, que según fuentes oficiales podría recibir el aval parlamentario el próximo 5 de junio, permitiría a las fuerzas de seguridad, incluyendo policías y militares, utilizar fuerza letal para desbloquear más de un centenar de puntos de las carreteras bolivianas.

La medida ha sido calificada por el analista político boliviano Carlos Mesa como «un terrible error político». El experto, citado por medios locales, advierte que la declaración del estado de excepción podría generar inestabilidad interna y tensar las relaciones con la oposición, así como con la comunidad internacional.

Un recurso controvertido

El estado de excepción es una figura constitucional que permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertos derechos fundamentales para restablecer el orden público. Sin embargo, su uso en contextos de conflicto social suele ser objeto de controversia. En Bolivia, los bloqueos de carreteras son una herramienta de protesta recurrente, y la respuesta del Gobierno de Paz con esta medida extraordinaria podría, según la lectura del analista, agravar las divisiones políticas en lugar de resolverlas.

Desde la oposición, algunos sectores ya han denunciado que el proyecto carece de garantías y que la autorización para el uso de fuerza letal supone un riesgo para los derechos humanos. El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa como un instrumento necesario para garantizar la libre circulación y la seguridad jurídica.

La votación en la Asamblea Legislativa está prevista para este viernes, y se espera que el oficialismo cuente con los votos suficientes para su aprobación. El presidente Paz ha insistido en que la medida es temporal y proporcional a la gravedad de los bloqueos, que afectan el abastecimiento y la actividad económica en varias regiones del país.

Bolivia atraviesa su segundo mes de protestas lideradas por sectores obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de su asunción. La crisis política ha provocado una contracción económica superior a la proyectada inicialmente, según advierten analistas consultados.

Los bloqueos, que comenzaron hace dos meses, han generado pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares (unos 1.840 millones de euros), según fuentes locales. El diálogo entre el Gobierno y los manifestantes se encuentra estancado, mientras la actividad productiva sufre un duro golpe.

Los bloqueos en Bolivia causarían que la contracción económica sea ‘aún mayor a lo proyectado’, señala un experto citado por medios locales.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses, enfrenta una de las crisis más graves de su mandato. Las protestas, que comenzaron en demanda de mejoras laborales y políticas, han escalado hasta convertirse en un clamor popular por su renuncia. La falta de acuerdo entre las partes amenaza con prolongar la inestabilidad.

El impacto económico se profundiza

La contracción económica, que inicialmente se estimaba moderada, se ha agravado por los cortes de rutas y la paralización de sectores clave como el comercio y la minería. Las pérdidas acumuladas superan los 2.000 millones de dólares, según cálculos de cámaras empresariales. El Gobierno, por su parte, no ha presentado un plan de contingencia para mitigar los efectos.

La crisis boliviana se suma a un panorama de inestabilidad regional en Iberoamérica, donde varios países enfrentan tensiones sociales y políticas. Analistas advierten que, de no resolverse el conflicto, la recesión podría profundizarse en los próximos meses.

Al menos 11 personas han muerto este martes 2 de junio en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano, según fuentes sanitarias libanesas. Entre las víctimas se encuentran dos niños, lo que eleva la cifra de menores fallecidos en los últimos días en la región. Los ataques se producen coincidiendo con una nueva ronda de conversaciones de paz entre representantes de Israel y del Gobierno libanés que se celebra en Washington.

La ofensiva israelí no da tregua a la zona fronteriza, pese a las gestiones diplomáticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado la víspera a su aliado israelí que evitara atacar la capital libanesa, Beirut, para no agravar la escalada. Sin embargo, los bombardeos han continuado en el sur del país, una de las áreas más castigadas por el conflicto entre Israel y la milicia chií Hezbolá.

Víctimas civiles en un conflicto enquistado

Los servicios de emergencia libaneses confirmaron que los fallecidos en la jornada del martes suman once, con varios heridos de diversa consideración. La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por el recrudecimiento de la violencia, que ya ha causado más de 200 muertos en Líbano desde que se reanudaron los combates a gran escala a principios de año. La población civil vuelve a ser la principal perjudicada en un conflicto que amenaza con desestabilizar aún más la región.

Conversaciones en Washington sin avances visibles

Mientras los bombardeos se suceden, las delegaciones de ambos países continúan negociando en la capital estadounidense mediadas por enviados de la Casa Blanca. No han trascendido avances concretos, y la brecha entre las posturas parece amplia: Israel exige garantías de seguridad en su frontera norte, mientras Líbano reclama el cese de las incursiones y el respeto a su soberanía. La ofensiva del martes supone un duro golpe a las esperanzas de un alto el fuego inminente.

La Unión Europea, a través de su Alto Representante para Asuntos Exteriores, ha instado a ambas partes a la moderación y ha expresado su disposición a apoyar cualquier acuerdo que conduzca a la paz. Por el momento, la violencia no da señales de remitir.

El profesor de gobierno de la Universidad de Georgetown en Qatar, Mehran Kamrava, ha advertido de que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría derrumbarse, lo que reavivaría las hostilidades en el Golfo Pérsico. En declaraciones realizadas el 2 de junio de 2026, Kamrava afirmó que «las hostilidades en el Golfo Pérsico pueden reanudarse en cualquier momento».

Tensiones persistentes en la región

El analista señaló que las negociaciones entre Washington y Teherán siguen siendo frágiles, y que un colapso del acuerdo es una «probabilidad definida» si no se abordan los puntos clave de fricción. Entre ellos, el programa nuclear iraní, la presencia militar estadounidense en la región y los intereses de aliados regionales como Israel y Arabia Saudí.

Kamrava destacó que la seguridad energética mundial depende en gran medida de la estabilidad del Golfo Pérsico, por donde transita una parte significativa del crudo global. Una reanudación de las hostilidades podría disparar los precios del petróleo y desencadenar una crisis diplomática de mayor alcance.

Implicaciones para la multipolaridad

El posible fracaso del acuerdo también reflejaría las dificultades de Estados Unidos para consolidar su liderazgo en una región donde potencias como China y Rusia han aumentado su influencia. Moscú, por ejemplo, ha mediado en ocasiones entre Irán y las potencias occidentales, y ha mostrado disposición a profundizar la cooperación energética y militar con Teherán.

Kamrava subrayó que «cualquier escalada podría tener consecuencias impredecibles, no solo para Oriente Próximo, sino para el equilibrio de poder global». Por ahora, la comunidad internacional observa con cautela los movimientos de ambas partes.

El papa León XIV presidió este domingo, 31 de mayo de 2026, su primer Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. En su intervención, el nuevo pontífice —sucesor de Francisco y antes cardenal Donato Fernández Artime— vinculó la fiesta trinitaria con la conclusión del mes mariano y elevó una «corale invocazione di pace» por los «pueblos martirizados por la guerra».

Un mensaje de paz y continuidad doctrinal

Durante el rezo mariano, León XIV imploró «el don de la paz» y pidió que la «Divina Sapienza» ilumine las conciencias de las autoridades para lograr una paz justa y duradera. El papa había realizado una oración similar la víspera en los Jardines Vaticanos.

«En la Trinidad estamos en casa y la vida de Dios es maravillosa y cautivadora» — afirmó el papa durante la catequesis.

El Ángelus marca el arranque público del nuevo pontificado, en un momento de transición vaticana en el que el papa busca combinar su perfil diplomático con la defensa de la doctrina tradicional. León XIV sustituyó a Francisco tras la renuncia de este el pasado marzo, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano no italiano de la historia.

Un pontífice entre la tradición y lo global

Nacido en Argentina, León XIV fue prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada antes de su elección. Su estilo, según analistas vaticanos citados por la agencia de noticias Asianews, busca tender puentes entre las corrientes conservadoras y las aperturistas dentro de la Iglesia católica. Con este Ángelus, el nuevo papa ha querido subrayar que su papado mantendrá la prioridad por la paz y el diálogo interreligioso que caracterizó a su predecesor.

El Papa Francisco ha instado este sábado a aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia como vía para superar la violencia y los conflictos armados que azotan el mundo. Durante una intervención en el Vaticano, el pontífice subrayó su compromiso «con el estudio y la aplicación» de esta doctrina en el contexto internacional actual, marcado por guerras y tensiones geopolíticas.

El llamamiento del Papa se produce en un momento en que el conflicto en Ucrania cumple más de tres años y la guerra en Gaza no cesa, mientras crecen las crisis humanitarias en diversas regiones de África y Asia. Francisco, que ha hecho de la paz un eje de su pontificado, planteó una serie de preguntas clave dirigidas a líderes políticos, religiosos y a la sociedad civil para reflexionar sobre las causas de la guerra y las condiciones para una paz duradera.

Las preguntas del Papa sobre la guerra

Sin detallar el contenido exacto de las preguntas, la Santa Sede informó de que el pontífice instó a buscar soluciones basadas en la justicia social, el respeto a la dignidad humana y el bien común, pilares de la doctrina social católica. «No podemos acostumbrarnos a la guerra», ha dicho en anteriores ocasiones Francisco, quien denuncia con frecuencia la «tercera guerra mundial en pedazos» que, a su juicio, vive la humanidad.

El mensaje del Papa coincide con los preparativos de su posible viaje a la Asamblea General de la ONU en septiembre, donde podría exponer su visión sobre el orden internacional. Mientras tanto, desde el Vaticano se sigue de cerca la evolución de las negociaciones de paz en Ucrania y los esfuerzos de mediación en Oriente Próximo.

La doctrina social católica, desarrollada desde la encíclica Rerum Novarum (1891), aboga por la paz, la solidaridad y la subsidiariedad, y rechaza la guerra como instrumento de solución de conflictos, salvo en casos de legítima defensa. En su encíclica Fratelli Tutti (2020), Francisco ya había pedido «una nueva arquitectura financiera internacional» y «una reforma de la ONU» para prevenir los conflictos.

El Papa Francisco ha presidido este sábado, 30 de mayo de 2026, un rezo del Rosario ante la Virgen de Lourdes, en el que ha elevado una petición de paz mundial. El pontífice invitó a los fieles a buscar la paz con un corazón sincero, subrayando que el Rosario permite reconocer a Jesús como una Palabra de Paz para quienes vuelven a Él arrepentidos.

«El Rosario nos permite reconocer al Señor Jesús como la Palabra de Dios, una Palabra de Paz para todos aquellos que vuelven a Él con un corazón arrepentido», declaró el Papa durante el acto, según recoge el Vaticano en un comunicado. La oración se enmarca en las intenciones habituales del pontífice por la concordia entre las naciones, en un contexto de conflictos abiertos en Ucrania y Oriente Próximo.

Un gesto de devisión mariana en la diplomacia vaticana

El rezo del Rosario ante la imagen de Lourdes, una de las devociones marianas más extendidas en el mundo católico, se ha convertido en una señal recurrente del magisterio de Francisco para invocar la paz. El acto de este sábado no especificó un lugar concreto, aunque la mención a la Virgen de Lourdes remite al santuario francés, donde el Papa ha mostrado especial devoción en distintas ocasiones.

La invitación a volver a Jesús con corazón arrepentido, según analistas vaticanos, refuerza la línea del pontífice de apelar a la conversión personal como base para la reconciliación colectiva. «Francisco insiste en que la paz no es solo un acuerdo político, sino una actitud del corazón», señalan fuentes eclesiásticas. El llamamiento llega en una semana marcada por la escalada de tensiones en varios puntos del globo, aunque sin referencias explícitas a conflictos concretos en su mensaje.

Marruecos se ha adherido al Consejo de la Paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, un movimiento que, según analistas, evidencia la excepcional proximidad entre Rabat y Washington. La adhesión, anunciada en un comunicado conjunto, refuerza la alianza estratégica bilateral y sitúa a Marruecos como un socio privilegiado de Estados Unidos en el norte de África.

La relación entre ambos países se sustenta en décadas de cooperación y se ha intensificado durante la administración Trump. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020 marcó un punto de inflexión, y la nueva membresía en el Consejo de la Paz consolida ese vínculo. La decisión se produce en un contexto en el que Marruecos busca ampliar su influencia regional y su capacidad de presión frente a España, su vecino europeo.

Un Consejo para la paz global

El Consejo de la Paz es una iniciativa de Trump que pretende mediar en conflictos internacionales y promover acuerdos de paz. La inclusión de Marruecos como miembro refuerza el papel de Rabat como actor diplomático clave, al tiempo que subraya la alineación de posiciones entre ambos países en temas de seguridad y geopolítica. Según fuentes diplomáticas marroquíes, la adhesión «refleja la confianza mutua y la visión compartida para la estabilidad regional».

Para España, el fortalecimiento del eje Rabat-Washington tiene implicaciones directas. Marruecos incrementa su lobby en la capital estadounidense y su capacidad de influir en decisiones que afectan a los intereses españoles, especialmente en el norte de África y el Mediterráneo. La relación privilegiada entre Marruecos y Estados Unidos condiciona el equilibrio de poder en la región y sitúa a España ante un escenario diplomático más complejo.

L’adhésion du Maroc au Conseil de la paix lancé par Donald Trump n’est qu’un signe, parmi d’autres, de l’exceptionnelle proximité qui unit Rabat et Washington.

Bolivia amanece este sábado con calles desiertas y comercios cerrados en varias regiones del país, en el tercer día de bloqueos y manifestaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La crisis política ha provocado largas filas de vehículos ante las gasolineras ante la escasez de combustible, según informaron medios locales, y numerosos establecimientos han suspendido sus actividades ante la incertidumbre.

Las movilizaciones, que comenzaron el jueves, acumulan más de 60 bloqueos en carreteras nacionales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Los cortes afectan principalmente las rutas que conectan La Paz con Cochabamba y Santa Cruz, las principales vías de abastecimiento del país.

El pulso entre el Gobierno y la oposición

Mientras el Gobierno de Paz denuncia una alteración del orden público y ha anunciado que no negociará bajo presión, el expresidente Evo Morales y varias organizaciones campesinas han defendido las protestas como una respuesta legítima a la política económica del Ejecutivo. Morales, en un mensaje difundido en redes sociales, calificó las movilizaciones de «resistencia pacífica contra un gobierno que ha traicionado al pueblo».

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto han anunciado que mantendrán los bloqueos de forma indefinida hasta que el Gobierno atienda sus demandas de revisión de los precios de los combustibles y la suspensión de la reforma del sistema de pensiones.

Impacto en la economía y la población

La escasez de combustible ha sido el síntoma más visible de la crisis. Según reportes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los bloqueos han impedido el paso de cisternas de gasolina y diésel hacia los principales centros urbanos, lo que ha generado colas de hasta cuatro horas en las gasolineras de La Paz y El Alto. La Cámara de Industria y Comercio de Bolivia ha estimado que las pérdidas económicas superan ya los 50 millones de dólares (unos 46 millones de euros) por días de paro.

La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado al diálogo entre las partes, mientras que el Ministerio de Exteriores español recomendaba este viernes a los ciudadanos españoles en Bolivia extremar las precauciones y evitar desplazamientos por carretera. La crisis boliviana añade un foco de inestabilidad a la región andina, que España sigue con especial atención por sus vínculos históricos y económicos con el país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se encuentra en la recta final de su mandato, que concluirá en los próximos meses. Su gobierno, el primero de izquierda en la historia de Colombia, marca un punto de inflexión política en un país estratégico para las relaciones de España con Iberoamérica. Cuatro años después de asumir el poder, el balance de su gestión deja luces y sombras que siguen generando opiniones encontradas.

Petro llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de impulsar reformas sociales profundas y alcanzar la denominada “Paz Total”, una estrategia de negociación con los grupos armados que operan en el país. Ambas apuestas han definido buena parte de su gobierno. Sus defensores destacan avances en materia social, como la reducción de la pobreza y la ampliación de programas de asistencia. Sin embargo, sus críticos señalan el deterioro de la seguridad en varias regiones, las dificultades para implementar reformas estructurales y los resultados limitados de la estrategia de paz.

La política social y la paz, ejes del gobierno

En el ámbito social, el Ejecutivo colombiano logró avances significativos. La pobreza multidimensional descendió del 16 % al 12,1 % entre 2022 y 2024, según datos oficiales. Programas como la renta ciudadana y la matrícula cero en universidades públicas ampliaron la cobertura de protección social. No obstante, la informalidad laboral sigue afectando a más del 55 % de la población activa, y la implementación de la reforma laboral y de pensiones sigue estancada en el Congreso.

En materia de seguridad, la apuesta por la “Paz Total” ha tenido resultados desiguales. El gobierno logró un alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y avanzó en la desmovilización de algunos grupos armados. Sin embargo, la violencia no cesó en regiones como el Catatumbo o el Chocó, donde el control territorial sigue en manos de disidencias de las FARC y bandas criminales. En 2025 se registraron más de 100 masacres, según la Defensoría del Pueblo, una cifra que refleja la persistencia del conflicto.

Reacciones divididas y el legado final

El balance del gobierno de Petro suscita reacciones encontradas. Mientras sectores progresistas valoran el giro social y la apuesta por la negociación, la oposición y parte del empresariado critican la inseguridad jurídica y el deterioro del clima de inversión. El presidente colombiano concluye su mandato con una popularidad en torno al 35 %, según encuestas recientes.

El legado de Petro será evaluado en función de la capacidad de su sucesor para consolidar o revertir las políticas implementadas. En cualquier caso, su gobierno marca un hito en la historia de Colombia: el primer intento de construir un proyecto político desde la izquierda en un país históricamente gobernado por coaliciones de centro-derecha y derecha. La transición de poder, prevista para agosto de 2026, se perfila como un momento clave para el futuro político del país andino.

Bolivia atraviesa la mayor oleada de protestas en décadas, que está a punto de cumplir un mes. El presidente Rodrigo Paz se ha volcado al diálogo para intentar desactivar una crisis institucional que ha provocado más de 60 bloqueos en todas las carreteras del país y desabastecimiento de productos básicos, según fuentes oficiales del Ejecutivo boliviano.

El origen de la crisis

Las protestas se enmarcan en una crisis heredada del anterior Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). El Ejecutivo de Paz ha impulsado medidas altamente impopulares que han sido rechazadas por sectores históricamente combativos del país. La tensión se ha extendido por todo el territorio y ha llevado al presidente a buscar un entendimiento con los manifestantes.

El mandatario ha conseguido el respaldo de los poderes Judicial y Legislativo para intentar poner fin a los bloqueos. En ese contexto, el Gobierno ha asegurado que hay posibilidad de una solución política al conflicto, según reportes oficiales citados por medios locales.

Diálogo abierto

Paz ha enfatizado su apuesta por el diálogo como vía para alcanzar un camino consensuado. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos en uno de los países andinos más relevantes para el equilibrio geopolítico regional.

La duración de las protestas y el impacto en el suministro de alimentos y combustibles han encendido las alarmas, mientras el Gobierno intenta contener la crisis sin recurrir a la represión. Las próximas horas serán clave para determinar si la vía del diálogo logra desactivar la movilización social más grave de los últimos años en Bolivia.