Los estudiantes argelinos en Francia se enfrentan a serias dificultades para obtener sus títulos de residencia y la attestation de prolongation d’instruction (API), un documento esencial para justificar su estancia mientras se tramita el permiso. La situación, relatada por varios afectados, evidencia un atasco burocrático que les impide viajar por Europa y realizar trámites cotidianos, según ha podido saber este diario.
Un laberinto administrativo
La API es un comprobante que emiten las prefecturas francesas mientras se resuelve la solicitud del título de residencia. Sin él, los estudiantes no pueden acreditar su situación legal. Miles de jóvenes argelinos estarían atrapados en esta circunstancia, sin poder salir del país ni renovar documentos básicos. La falta de respuesta por parte de la administración francesa genera incertidumbre y angustia entre los afectados, que denuncian plazos de espera interminables.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos meses. Según fuentes consultadas, algunas prefecturas no expiden la API alegando saturación, lo que deja a los estudiantes en un limbo legal. El colectivo de estudiantes argelinos en Francia ha solicitado una reunión con el consulado de Argelia para buscar soluciones, aunque por ahora no hay avances concretos.
Implicaciones diplomáticas para España
La situación afecta también a España, que mantiene estrechas relaciones diplomáticas y económicas con Argelia, su principal socio en el Magreb. La crisis migratoria entre Francia y Argelia podría repercutir en el flujo de estudiantes argelinos hacia España, que ha sido un destino alternativo en los últimos años. Además, las tensiones entre París y Argel complican la cooperación en materia de control migratorio, un asunto prioritario para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han declinado hacer comentarios, pero fuentes diplomáticas señalan que España sigue con atención la evolución del conflicto. La política migratoria europea se enfrenta a un nuevo desafío mientras los estudiantes argelinos continúan su calvario.
La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea extender el acceso a una aplicación de reconocimiento facial a más de un millar de cuerpos policiales locales y estatales, según ha trascendido este 5 de junio de 2026. La herramienta permitiría a los agentes verificar en tiempo real el estatus migratorio de una persona mediante la comparación biométrica de su rostro con bases de datos gubernamentales.
El plan, aún en fase de desarrollo, forma parte de la estrategia de la administración Trump para endurecer los controles migratorios y ampliar la capacidad de vigilancia estatal. La aplicación ya es utilizada por agentes de ICE sobre el terreno, pero su expansión a otras fuerzas del orden podría multiplicar exponencialmente las identificaciones biométricas diarias en todo el país.
La medida ha reavivado el debate sobre la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de las libertades civiles han advertido de que el uso masivo del reconocimiento facial sin supervisión judicial consistente puede dar lugar a identificaciones erróneas y a un perfilado racial sistemático, especialmente en comunidades latinas y de origen inmigrante.
Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) citadas por la prensa local han señalado que la herramienta se limitará a contrastar las imágenes capturadas con los registros migratorios oficiales. Sin embargo, críticos dentro del Congreso y organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han solicitado que el plan se someta a audiencias públicas antes de su implementación.
El precedente de programas similares, como el sistema de verificación de identidad E-Verify o las bases de datos de huellas dactilares del FBI, muestra que la tecnología tiende a expandirse más allá de su propósito inicial. La administración Trump, por su parte, defiende que la medida es necesaria para garantizar la seguridad nacional y disuadir la inmigración irregular.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha presentado ante el Congreso una serie de peticiones en defensa de los migrantes y refugiados, instando a reautorizar el Programa de Visas para Trabajadores Religiosos y a mantener los servicios de acogida para menores no acompañados. En un comunicado difundido este 4 de junio, los obispos advirtieron de que las políticas de deportación masiva socavarían el debido proceso y separarían a las familias.
Los prelados subrayaron la importancia del programa de visados religiosos para garantizar la labor pastoral de la Iglesia en comunidades de inmigrantes. Asimismo, pidieron protección para los servicios de refugiados y rechazaron expresamente cualquier ampliación de las medidas de control y detención migratoria. La petición llega en un contexto de debate legislativo sobre el presupuesto migratorio, donde algunas voces en el Congreso han propuesto endurecer las restricciones.
La Conferencia Episcopal recordó que «la acogida al extranjero es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia» y que cualquier política que atente contra la dignidad de los migrantes «resulta incompatible con los valores cristianos». Aunque el texto no menciona cifras concretas, los obispos han hecho un llamamiento a los legisladores para que prioricen «la misericordia por encima del rigor» en la tramitación de las próximas leyes migratorias.
La posición episcopal marca un claro distanciamiento respecto a las promesas electorales del presidente Donald Trump, quien ha defendido un endurecimiento de las políticas migratorias. Los obispos, por el contrario, insisten en que el debido proceso y la unidad familiar deben prevalecer sobre cualquier medida de control, incluso en el contexto de un debate presupuestario que podría determinar el futuro de miles de solicitantes de asilo.
España registró en 2025 el mayor nivel de crímenes e incidentes de odio desde que existen estadísticas oficiales, con un total de 2.715 casos, un 23,6% más que el año anterior, según el informe anual del Ministerio del Interior. El mismo documento sitúa a los marroquíes como la nacionalidad extranjera más afectada por este tipo de delitos, seguida de la comunidad latinoamericana.
Los datos, publicados el pasado 4 de junio, reflejan una tendencia al alza que preocupa a las autoridades y abre un nuevo frente en el debate sobre la inmigración y la convivencia en España. El informe del Ministerio del Interior detalla que los delitos de odio incluyen agresiones físicas, amenazas, insultos y discriminación por motivos de origen racial, étnico o nacional.
La comunidad marroquí, una de las más numerosas en España con más de 700.000 residentes, aparece como el colectivo extranjero con mayor exposición a estos incidentes. Le siguen los ciudadanos de países latinoamericanos, aunque el informe no desglosa cifras por nacionalidades concretas. El Gobierno español no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las causas concretas del incremento.
El dato coincide con un contexto de tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, que algunos analistas vinculan a la presión del lobby marroquí en Madrid. El informe de Interior no establece relación directa entre la subida de crímenes de odio y la situación política bilateral, pero sí constata que el repunte se produce en un año marcado por el debate sobre la regularización de inmigrantes y las políticas de acogida.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han reclamado al Gobierno reforzar las campañas de sensibilización y los mecanismos de denuncia. El Ministerio del Interior, por su parte, ha recordado que las fuerzas de seguridad cuentan con unidades especializadas en la persecución de los delitos de odio y que se han intensificado las investigaciones.
El exdirector de operaciones migratorias de la administración Trump, Greg Bovino, ha sido la figura central de una conferencia de extrema derecha celebrada en Portugal, donde se ha promovido la remigración, un plan que busca expulsar a todas las minorías de los países de acogida, según fuentes del evento. El encuentro, que congregó a líderes ultraderechistas de Estados Unidos y Europa, ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Remigración: el nuevo frente de la ultraderecha transatlántica
El término remigración se ha convertido en el eje de una estrategia compartida por sectores radicales a ambos lados del Atlántico. La idea va más allá de las políticas migratorias restrictivas y propugna la deportación masiva de inmigrantes y minorías, incluyendo a descendientes de segunda y tercera generación. La conferencia en Portugal, de la que no han trascendido las fechas exactas ni el número de asistentes, habría servido para impulsar la coordinación de tácticas y financiación entre grupos europeos y estadounidenses.
Greg Bovino, quien dirigió las invasiones urbanas —operaciones federales de control migratorio en ciudades santuario durante el mandato de Donald Trump—, pronunció un discurso en el que, según fuentes del evento, instó a los asistentes a «no renunciar a la lucha por la pureza étnica de nuestras naciones». La presencia de Bovino, que posteriormente ha trabajado como asesor para gobiernos de extrema derecha en Europa, simboliza la connivencia entre el trumpismo radical y los movimientos identitarios del Viejo Continente.
Reacciones y amenazas a la soberanía
El encuentro ha sido condenado por el Partido Socialista portugués, que gobierna el país, y por organizaciones no gubernamentales como la Comisión para la Igualdad y Contra la Discriminación Racial, que han exigido al Gobierno que investigue si se vulneró la legislación contra el discurso de odio. La Constitución portuguesa prohíbe expresamente la incitación a la violencia racial.
Analistas consultados por este periódico advierten de que la alianza entre extremistas estadounidenses y europeos supone un desafío directo a los valores democráticos y a la soberanía nacional. «Lo que hasta ahora eran grupúsculos marginales se están articulando en una red transatlántica con capacidad de influir en políticas migratorias y de seguridad», señala un informe del Centro de Estudios sobre el Radicalismo del Sur de Europa.
La conferencia en Portugal se produce en un contexto de auge de la ultraderecha en varios países europeos, donde partidos como Vox en España, la Agrupación Nacional en Francia o Alternativa para Alemania han incorporado el término remigración a su discurso, aunque con matices. Mientras tanto, en Estados Unidos, la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca en 2026 ha reavivado el interés por figuras como Bovino, que podrían ocupar de nuevo cargos clave en materia migratoria.
El presidente chileno, José Antonio Kast, ha anunciado un plan para la expulsión de migrantes irregulares de Chile, en un intento por conciliar el control migratorio con el respeto a los derechos humanos. El mandatario realizó el anuncio este lunes durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso, una cita que el calendario político chileno fija para el 1 de junio de cada año.
Un eje central de la agenda de Kast
Kast defendió su política de seguridad y control fronterizo, que ha sido una de las prioridades de su Administración desde que asumió el poder.
Queremos un país ordenado, con reglas claras, pero sin perder de vista la dimensión humana del fenómeno migratorio
declaró el presidente ante los legisladores, según la agencia Sputnik Mundo.
El plan, cuyos detalles operativos no han sido revelados, busca equilibrar la expulsión de quienes ingresan de forma ilegal con la protección de los derechos de las personas migrantes, en un contexto en que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda política chilena.
Chile ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido de la migración, principalmente desde Venezuela, Colombia y Haití, lo que ha generado tensiones sociales y ha llevado al Gobierno a endurecer los controles fronterizos. Kast, que llegó al poder con un discurso de mano dura en seguridad, ha mantenido un discurso firme contra la inmigración irregular, pero este anuncio sugiere un intento de modular esa postura con un enfoque de derechos.
Contexto político y reacciones
La oposición ha recibido el anuncio con escepticismo. «El Gobierno habla de humanidad, pero sus políticas han sido todo menos humanas», afirmó un portavoz de la coalición de izquierdas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en la implementación del plan y garantías para los solicitantes de asilo.
La cuenta pública de Kast se produce en un momento en que su popularidad ha caído ligeramente, según encuestas recientes, y en que la crisis migratoria en la frontera norte sigue siendo un foco de tensión. El presidente espera que este nuevo plan permita recuperar la iniciativa política y mostrar una imagen de firmeza templada por la sensibilidad social.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha publicado un subsidio de oración para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, en el que sitúa la inmigración, la justicia y la dignidad de los migrantes en el centro de la celebración. El texto, dado a conocer el 1 de junio de 2026, busca vincular la efeméride patria con la doctrina social de la Iglesia, en un gesto que adquiere especial relevancia en el contexto político estadounidense, donde el fenómeno migratorio es objeto de encendido debate.
Una mirada desde la fe a la realidad migrante
El subsidio, destinado a las parroquias y comunidades católicas de todo el país, incluye oraciones, reflexiones y propuestas pastorales que subrayan la necesidad de acoger a los recién llegados como parte esencial de la identidad nacional. Según la USCCB, la iniciativa pretende recordar que la hospitalidad hacia el extranjero es un principio fundamental del Evangelio y un pilar de la tradición católica.
La publicación del documento coincide con un momento de particular tensión en la frontera sur de Estados Unidos, donde las políticas migratorias han generado fuertes controversias tanto en el ámbito político como en el social. La USCCB, que en el pasado ha criticado las medidas restrictivas de varias administraciones, refuerza así su posición defensora de los derechos de los migrantes.
La conmemoración de los 250 años de nuestra nación nos invita a reflexionar sobre el significado de ser una tierra de inmigrantes y a renovar nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de todos los que llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor.
El subsidio incluye también materiales educativos sobre la historia de la inmigración en Estados Unidos y sugerencias para actividades parroquiales que promuevan el diálogo intercultural. La Conferencia Episcopal estadounidense anima a las diócesis a utilizar estos recursos durante las celebraciones del 4 de julio y a lo largo del año jubilar.
Con esta iniciativa, la USCCB se suma a otras voces religiosas que piden una reforma migratoria integral, en un país donde la población católica representa aproximadamente el 20% del total y donde los hispanos constituyen una parte creciente de los fieles.
Marruecos se ha consolidado como el quinto país del mundo con mayor número de solicitudes de visado Schengen en 2025, con un total de 620.000 peticiones de estancia corta, según los datos publicados el 28 de mayo por la Comisión Europea. El reino magrebí supera así a otras naciones con poblaciones considerablemente mayores, aunque todavía se sitúa lejos de los primeros puestos.
Los datos, recogidos por la Comisión Europea, reflejan una alta demanda de movilidad desde Marruecos hacia los Estados Schengen, lo que sitúa al país norteafricano como un actor relevante en los flujos migratorios y de viajes hacia Europa. El volumen de solicitudes coloca a Marruecos por detrás de China (con 1,8 millones), Turquía (1,25 millones), India y Rusia, que completan el top 5 mundial.
Un indicador de presión migratoria
El número de visados solicitados desde Marruecos se mantiene estable respecto a ejercicios anteriores, lo que indica que el país sigue siendo un punto de origen clave para viajeros y migrantes potenciales hacia la Unión Europea. La Comisión Europea no ha detallado la tasa de rechazo, aunque en años precedentes Marruecos ha registrado uno de los porcentajes más elevados de denegación entre los principales solicitantes.
Este dato llega en un momento en que la UE refuerza los controles fronterizos y endurece las condiciones para la concesión de visados a ciudadanos de países con alta presión migratoria. La permanencia de Marruecos en el top 5 subraya la dependencia de la movilidad hacia Europa y la necesidad de acuerdos bilaterales para gestionar los flujos.
Un ciudadano argelino residente en Francia, chef de profesión, ha conseguido que la justicia francesa anule la Obligación de Salir del Territorio Francés (OQTF) que le había sido impuesta, al demostrar su arraigo profesional y familiar en el país. El fallo, conocido el pasado viernes, sienta un precedente sobre la aplicación de criterios de integración frente a la política migratoria restrictiva del Gobierno de Emmanuel Macron.
El demandante, que entró legalmente en Francia, había solicitado la renovación de su título de residencia, pero la prefectura competente se la denegó y le notificó una OQTF. El chef recurrió la decisión ante el tribunal administrativo, que ha dado la razón al recurrente al considerar que el demandante cuenta con un empleo estable y vínculos familiares sólidos en territorio francés, elementos que, según la sentencia, priman sobre la decisión de expulsión.
La resolución judicial subraya que el demandante está perfectamente integrado profesionalmente: trabaja como cocinero en un restaurante de la región parisina y cotiza a la seguridad social francesa. Además, mantiene lazos familiares directos en Francia, lo que, a juicio del tribunal, hace desproporcionada la medida de expulsión.
Tensión bilateral franco-argelina
El caso se produce en un contexto de tensión migratoria entre Francia y Argelia. París ha endurecido las condiciones para la concesión de visados y residencias a ciudadanos argelinos, mientras que Argel ha criticado lo que considera un trato discriminatorio hacia su diáspora. Según fuentes diplomáticas citadas por la prensa francesa, el número de OQTF dictadas contra argelinos ha aumentado en el último año, aunque la tasa de ejecución sigue siendo baja debido a los recursos judiciales.
El fallo no afecta directamente a la política migratoria española, pero sí ilustra cómo los tribunales franceses están interpretando los criterios de arraigo en un clima de endurecimiento. España, como otro gran destino migratorio de origen argelino, observa estos casos con atención, ya que comparte con Francia el reto de equilibrar el control fronterizo y la integración de los migrantes ya establecidos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha emitido un comunicado en el que afirma que la seguridad nacional y la dignidad humana «no están en conflicto», en respuesta a la campaña migratoria del presidente Donald Trump. La declaración, fechada el 30 de mayo de 2026, busca marcar distancia con la retórica de la Casa Blanca, que ha comparado a los inmigrantes indocumentados con «alienígenas».
Los prelados subrayan que la defensa de las fronteras y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes pueden conciliarse. «Dignidad humana y seguridad nacional no están en conflicto», reza el texto difundido por la USCCB. La Iglesia católica en Estados Unidos sostiene que cualquier política migratoria debe tratar a las personas con respeto y recuerda las enseñanzas del papa Francisco sobre la acogida al extranjero.
Dignidad humana y seguridad nacional no están en conflicto.
La administración Trump ha intensificado las redadas, las deportaciones y las restricciones al asilo, en una campaña que busca reducir drásticamente la inmigración ilegal. La USCCB, en cambio, aboga por una reforma migratoria integral que ofrezca vías legales para la residencia y el trabajo.
El contexto de la disputa
Las declaraciones de los obispos se producen después de que el Gobierno lanzara una campaña publicitaria que equipara a los inmigrantes indocumentados con «aliens» y advierte sobre amenazas a la seguridad. La USCCB considera que ese lenguaje deshumaniza a las personas y alimenta la discriminación. «La seguridad fronteriza y la protección de los derechos humanos no son opuestos», insisten los obispos, que piden un debate «alejado de la desinformación y los estereotipos».
La Iglesia católica es una de las voces más críticas con la política migratoria de Trump, y ya se había manifestado en contra del muro fronterizo y de la separación de familias. La nueva campaña presidencial, sin embargo, eleva la tensión en un año electoral en el que la inmigración es uno de los ejes centrales de la campaña republicana.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el pasado 30 de mayo un paquete de medidas destinadas a restringir la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en espacios considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. La normativa establece que los agentes federales no podrán llevar a cabo detenciones o redadas en estos lugares sin una orden judicial expresa.
La decisión, según informó la oficina de la gobernadora, responde al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado los operativos contra inmigrantes indocumentados en todo el país. Hochul ya había mostrado su oposición a las medidas federales en varias ocasiones, calificándolas de «crueles» e «injustas».
Un choque entre el estado y la Casa Blanca
Nueva York se suma así a otros estados gobernados por el Partido Demócrata que han tratado de blindar a los inmigrantes frente a las redadas federales. La medida de Hochul dificulta la labor del ICE en un estado donde residen más de 700.000 inmigrantes indocumentados, según datos del Instituto de Política Migratoria.
El Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ha criticado la iniciativa y ha advertido de que podría recurrir a los tribunales para impedir su aplicación. «La seguridad nacional no puede verse obstaculizada por decisiones políticas locales», declaró un portavoz del ICE en un comunicado.
Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han aplaudido la medida. «Proteger a las familias que buscan refugio en espacios como escuelas o iglesias es un acto de humanidad y sentido común», señaló en un comunicado la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).
El conflicto entre el estado de Nueva York y la Casa Blanca sobre inmigración se remonta a 2017, cuando el entonces gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva similar que posteriormente fue anulada por un tribunal federal. La nueva legislación busca dotar de mayor seguridad jurídica a la protección frente a las redadas.
El sitio web aliens.gov, creado por la administración de Donald Trump, se ha convertido en una herramienta de propaganda que compara a los inmigrantes con extraterrestres y alardea de haber arrestado a más de 700 ciudadanos estadounidenses, según un informe publicado este viernes.
La web, dependiente de la Casa Blanca, utiliza un lenguaje que la organización de derechos humanos ACLU ha calificado de «deshumanizante». El término alien, empleado históricamente en la legislación estadounidense para referirse a extranjeros, adquiere en este contexto una connotación peyorativa al equiparar a las personas con seres de otro planeta.
Una estrategia de comunicación controvertida
El portal forma parte de la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha intensificado las redadas y detenciones. Según datos del propio sitio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 700 ciudadanos estadounidenses, un hecho que el Gobierno presenta como un éxito en la lucha contra la inmigración irregular.
El sitio utiliza un lenguaje que compara a los inmigrantes con ‘aliens’ (extraterrestres), un término peyorativo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.
Expertos en derechos civiles advierten de que esta retórica normaliza la vigilancia masiva y socava las garantías constitucionales. «El Gobierno está utilizando un sitio web oficial para deshumanizar a un grupo de personas y justificar violaciones sistemáticas de sus derechos», declaró un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El sitio ha estado activo durante toda la administración Trump, pero su contenido ha cobrado notoriedad recientemente tras ser analizado por la prensa especializada, que revela detalles hasta ahora desconocidos sobre su funcionamiento y objetivos propagandísticos.
Los vigías, de Taina Tervonen, rompe el silencio que rodea a quienes desaparecen en las rutas migratorias y desplaza el foco hacia quienes intentan seguir su rastro: los “vigías”. Cinco voces anónimas que, desde la distancia, acompañan, alertan y reconstruyen historias que el mar amenaza con borrar.
En su nuevo libro, editado por Errata Naturae, la autora franco-finlandesa parte de una imagen íntima: durante años, las trayectorias inciertas de embarcaciones que salían de las costas africanas atravesaban su salón, mientras al otro lado de la ventana seguía el ritmo cotidiano de París. Ese contraste (tan cercano como ignorado) articula todo el libro: la coexistencia entre la comodidad europea y una tragedia persistente que a duras penas logra abrirse paso en la agenda mediática.
En un contexto dominado por el término “crisis migratoria”, la obra cuestiona esa etiqueta por su capacidad de deshumanizar. Más que una crisis abstracta, lo que emerge aquí es una suma de historias atravesadas por la necesidad, la precariedad y, a menudo, la urgencia de sobrevivir. Tervonen lo formula con crudeza: “Se obliga a la gente a emprender la travesía, se los obliga también a morir”. La repetición de estas muertes, sugiere el libro, ha terminado por normalizar lo inaceptable. Todo ello a pesar de que migrar sigue siendo un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Más que un reportaje o una novela, el texto funciona como un ejercicio de memoria. A través de naufragios, desapariciones y familias que buscan respuestas, esta obra pone rostro a cifras que suelen quedarse cortas. También amplía la mirada, destacando que la pérdida no afecta solo a quienes desaparecen, sino también a los países de origen, vaciados progresivamente de futuro y de relevo generacional.
En paralelo, se dibuja la inacción –o la distancia– de muchos gobiernos europeos. Frente a estructuras oficiales insuficientes emergen redes informales de solidaridad. Ahí aparecen los “vigías”: Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay, ciudadanos que, armados con un teléfono móvil, siguen embarcaciones en tiempo real, alertan a autoridades, rastrean desaparecidos y acompañan a las familias. “Con un smartphone y las redes sociales, logran lo que las instituciones no consiguen”, apunta la autora.
El libro está construido a partir de horas de conversaciones con estos “centinelas de las fronteras” y adopta un tono cercano, casi coral. Lo relevante no es solo lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta: pantallas, llamadas y mensajes que conectan continentes mientras la vida pende de un hilo en el Atlántico o el Mediterráneo.
Sin caer en el sensacionalismo ni refugiarse en la frialdad del dato, Los vigías encuentra su mayor acierto en ese equilibrio entre testimonio y reflexión. El resultado es un relato que devuelve densidad humana a una realidad a menudo reducida a estadísticas. Porque, como recuerda una de sus voces, “todos necesitamos al prójimo”. Y en esa constatación sencilla se condensa la tesis del libro: detrás de cada cifra hay una vida; detrás de cada silencio, una responsabilidad compartida.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
En Estados Unidos, periodistas extranjeros sin ciudadanía están optando por la autocensura como medida de protección ante un entorno político cada vez más hostil hacia la prensa y la inmigración. Así lo señala desde Poynter Angela Fu, al destacar cómo Reporteros con residencia legal —como titulares de la tarjeta verde (green card) o visados de trabajo— han empezado a eliminar huellas digitales, evitar coberturas sensibles y cancelar viajes por miedo a ser detenidos, deportados o perder sus permisos migratorios.
Uno de los casos más recientes es el del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido el 14 de junio por la policía del condado de Dekalb (Georgia) mientras cubría una protesta contra Trump. Según el Committee to Protect Journalists (CPJ), Guevara —con más de dos décadas de residencia legal en EE. UU.— fue posteriormente entregado a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha encendido las alarmas en la comunidad periodística. Aunque la Casa Blanca alegó que su detención fue por «obstrucción a la autoridad» y que se encontraba «ilegalmente en el país», su estatus migratorio estaba regularizado, según datos del CPJ.
Casos como el de Guevara han generado un efecto dominó entre otros informadores no ciudadanos, quienes han empezado a eliminar cuentas en redes sociales, borrar mensajes en sus dispositivos antes de cruzar fronteras o incluso publicar bajo seudónimos para evitar represalias.
Luz Mely Reyes, reconocida periodista venezolana y fundadora de Efecto Cocuyo, emigró a EE. UU. en busca de libertad de expresión. No obstante, ha confesado que hoy se autocensura más en suelo estadounidense que en su país de origen:
En Venezuela nunca me autocensuré. Aquí tengo que evitar ciertos temas porque siento que es peligroso para mi estatus migratorio.
De igual forma, la reportera mexicana Stephanie Ochoa Orozco, corresponsal en la Casa Blanca para Entravision, reveló que ha cancelado viajes dentro del país —incluido uno a Puerto Rico— y evita cualquier confrontación con la policía durante coberturas, por precaución. Tras descubrir que una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había visualizado sus publicaciones en redes sociales, decidió extremar la vigilancia de su presencia digital.
El caso de Rümeysa Öztürk, estudiante turca de doctorado detenida por agentes del DHS tras coescribir un artículo de opinión sobre la guerra entre Israel y Hamás en su periódico universitario, sirvió como señal de alarma para otros periodistas internacionales. Un reportero europeo, que pidió anonimato, relató haber eliminado su nombre de varias publicaciones y reemplazado su firma por genéricos como “redacción” o alias ficticios, en historias que tocaban temas como inmigración o Palestina.
La situación también ha afectado a periodistas que trabajan para medios financiados por el gobierno estadounidense, como Voice of America o Radio Free Europe, muchos de los cuales se encuentran bajo amenaza de deportación tras despidos masivos. Varias de estas personas provienen de países donde ejercer el periodismo puede costar la libertad o la vida.
La periodista y fundadora de Conecta Arizona, Maritza Félix, explicó que su redacción ha debido implementar entrenamientos de seguridad similares a los utilizados en zonas de conflicto, incluyendo instrucciones como portar documentos migratorios o llevar el número de un abogado escrito en el brazo con rotulador permanente. Félix, naturalizada en noviembre pasado tras 18 años en EE. UU., aún toma precauciones antes de viajar, dejando contraseñas y documentos claves a su familia “por si acaso”.
“Vinieron aquí buscando libertad de prensa”, reflexiona Félix, “pero ahora temen que lo que los obligó a huir de sus países pueda volver a ocurrirles aquí”.
Desde el Colectivo de Migrantes Tinkuy queremos manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio ante el creciente número de casos de violencia policial dirigida contra personas migrantes en el Estado español. En los últimos días, hemos sido testigos de dos episodios que evidencian un patrón de brutalidad injustificable y de sesgo racial y xenófobo por parte de las fuerzas del orden.
El primer caso ocurrió en Valencia, donde una mujer de nacionalidad colombiana fue violentamente agredida por agentes policiales en un claro uso excesivo de la fuerza. Pocos días después, en las Islas Canarias, un joven originario de Gambia fue asesinado tras recibir cinco disparos por parte de la policía, en un episodio cuya gravedad y carácter letal exige una explicación inmediata y exhaustiva. En el caso de Euskal Herria se hace patente la cada vez mayor agresividad de las fuerzas represivas en los controles aleatorios e indiscriminados en barrios con presencia migrante, tal es el caso de San Francisco en Bilbao.
Estos hechos no pueden entenderse de manera aislada. Se enmarcan en un contexto preocupante de creciente normalización de discursos de odio hacia la población migrante, promovidos y amplificados por sectores políticos de la derecha y la extrema derecha. Cuando estos discursos no solo quedan impunes, sino que se legitiman en el debate público, se genera un terreno fértil para que los abusos policiales y otras formas de violencia racista se perpetúen e intensifiquen.
Desde Tinkuy denunciamos que estos abusos no se habrían producido en las mismas condiciones si las víctimas no hubiesen sido personas migrantes o racializadas. Exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa, transparente y con garantías sobre estos hechos, así como la identificación y sanción de los responsables materiales y políticos. No puede haber impunidad para quienes ejercen la violencia amparados por el uniforme del Estado.
Llamamos a la población migrante a organizarse, a unirse y a resistir colectivamente ante la violencia —sea esta física, institucional o simbólica— que enfrentamos a diario. Solo desde la organización y la solidaridad podremos frenar esta escalada de agresiones.
Del mismo modo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a comprometerse activamente en la lucha contra el racismo institucional y el auge de los discursos fascistas. La violencia verbal se convierte en violencia física cuando se normaliza el odio desde las instituciones.
¡Ni una agresión más sin respuesta! ¡Basta de violencia policial! ¡Contra el racismo institucional, organización y lucha!
