El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, advierte Amnistía Internacional, que ha lanzado su informe anual: La situación de los derechos humanos en el mundo.
“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que indica que la diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema: «Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios».
Pone como ejemplo la guerra en Oriente Medio: «Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región. Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar.”
El informe de Amnistía documenta, además, que el inminente colapso ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Por ello, pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un «orden mundial depredador».
Los ataques depredadores están acelerando la destrucción del derecho internacional
Entre otras cuestiones, el documento cita el caso de Israel y el genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025; las más de 150 ejecuciones extrajudiciales de EE. UU. con sus bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y el «acto de agresión contra Venezuela» en enero de 2026; y la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania. Recoge también el uso de parapentes motorizados por parte del ejército de Myanmar para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que causaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas.
Emiratos Árabes Unidos –prosigue– ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. Y en la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, «matando ilegítimamente a civiles y torturando a personas detenidas«.
El listado no termina: a principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de la Carta de la ONU, ha provocado ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano.
«Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua en una región ya turbulenta, y fuera de ella», denuncia el informe.
En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, mientras que en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.
Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal, recoge el informe.
En este contexto, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido –insiste– una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la CPI. Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo.
“Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. No hay excusa para su silencio y su inacción. Es una actitud moralmente reprobable que no traerá más que el repliegue, la derrota y la eliminación de décadas de avances en materia de derechos humanos que tanto costaron conseguir. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, ha declarado Agnès Callamard.
“Puede que haya quien tenga la tentación de descartar el sistema construido en los últimos 80 años por considerar que no fue más que una ilusión. Eso es ignorar los logros, conseguidos con gran esfuerzo, para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen frente a la discriminación racial y la violencia contra las mujeres, consagrando los derechos de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y reconociendo los derechos de las personas indígenas. Es olvidar que la decisión de los Estados de respaldar la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha hecho que se aborde la pobreza, se refuercen los derechos reproductivos y se haga justicia», ha añadido.
“Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación».
El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo
En 2025 se intensificó la proliferación de ataques contra la sociedad civil y los movimientos sociales, y los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y disidentes fueron constantes y se extendieron por casi todo el mundo.
Amnistía Internacional cita, por ejemplo, el caso de las autoridades de Nepal y de Tanzania y su uso de medios letales de forma ilícita para reprimir protestas en las que se expresaban reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, entre otros, también reprimieron violentamente protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes antiterroristas y de seguridad, o utilizaron tácticas policiales abusivas y perpetraron desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
En Reino Unido, las autoridades prohibieron Palestine Action —red de protesta de acción directa dirigida fundamentalmente contra las empresas fabricantes de armas israelíes y sus subsidiarias— en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias, y detuvieron a más de 2.700 personas por oponerse pacíficamente a esa prohibición. El Tribunal Superior de Reino Unido declaró ilegal la prohibición en febrero de 2026, una decisión que el gobierno ha recurrido.
Las autoridades turcas detuvieron a cientos de personas que protestaban pacíficamente tras el arresto de Ekrem ?mamo?lu, alcalde de Estambul y candidato presidencial, una de las más de 400 personas que se enfrentan a acciones judiciales por motivos políticos bajo presuntos cargos de corrupción.
Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, los perfiles raciales, la detención arbitraria y prácticas que constituían tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectan directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.
«Muchos gobiernos, con la ayuda de actores empresariales, utilizaron software espía y censura digital para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información. Las autoridades de Estados Unidos utilizaron herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial contra estudiantes no estadounidenses que expresaban su solidaridad con la población palestina, arrestándolos y deportándolos. El gobierno de Serbia utilizó software espía y herramientas de análisis forense digital contra estudiantes que se manifestaban, periodistas y la sociedad civil. Las autoridades de Kenia emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología, como intimidación online, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilegal, para sofocar las protestas encabezadas por jóvenes», denuncia Amnistía.
También Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros países, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, «aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables», y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar: «Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG para lograr avances en la libertad de prensa, la resiliencia climática y la justicia de género, proteger a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, y proporcionar atención sanitaria y acceso a los derechos sexuales y reproductivos».
Muchos Estados continuaron resistiéndose a poner freno a las agresivas prácticas de evasión y fraude fiscales de milmillonarios y gigantes empresariales mientras reducían aún más los límites al poder de las empresas. En Estados Unidos, las demandas estratégicas contra la participación pública tuvieron un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. En una de ellas, el tribunal condenó a Greenpeace a pagar a una empresa de combustibles fósiles 660 millones de dólares, cantidad que luego se redujo a 345 millones.
En un contexto dominado por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos según las cuales el cambio climático es “un fraude”, los gobiernos distaron mucho de hacer lo suficiente para abordar asuntos tales como los desplazamientos provocados por el cambio climático, la transición equitativa para el abandono de los combustibles fósiles, o el aumento suficiente de los fondos para la acción climática, ni siquiera cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo se encamina a alcanzar los 3 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100.
“¿Qué alternativa ofrecen los matones y depredadores al imperfecto experimento global que tan empeñados están en destruir? El orden mundial que proponen da la espalda a la justicia racial, de género y climática, y se mofa de ellas; trata a la sociedad civil como un enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Se basa en silenciar la disidencia, instrumentalizar el Derecho y deshumanizar a quienes consideran ‘los otros’. Su visión del mundo no se basa en el respeto por nuestra humanidad común, sino en la fuerza militar, el dominio comercial y la hegemonía tecnológica. Es, en definitiva, una visión sin brújula moral”, ha afirmado Agnès Callamard.
Las personas que protestan, la sociedad civil y los organismos internacionales lideran los esfuerzos por resistir, combatir y transformar
El informe también recoge las fuertes protestas contra este nuevo orden mundial: así, en 2025, las protestas del movimiento Gen Z se extendieron por una docena de países, como Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal y Perú; además, unas 300.000 personas desafiaron en Hungría la prohibición del Orgullo de Budapest para defender los derechos LGBTI. A principios de 2026, desde Los Ángeles hasta Minneapolis ha habido manifestantes organizándose calle por calle y manzana por manzana contra la aplicación en Estados Unidos del control de inmigración en operaciones violentas y de marcado carácter militar.
El año pasado se propagaron por todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra el genocidio perpetrado por Israel, y organizaciones humanitarias de más de 40 países organizaron flotillas para demostrar solidaridad con la población palestina. Se expandió el activismo global contra el flujo de armas a Israel y, en España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia, el personal portuario trató de interrumpir las rutas de transporte de armas. El activismo y la presión legal también hicieron que varios estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel.
«Si bien muchos gobiernos adoptaron una actitud de apaciguamiento ante los ataques a la justicia internacional, hubo varios Estados y organismos que fueron contracorriente, mostrando su compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho. Un número creciente, como España, reconoció que Israel estaba cometiendo genocidio, y varios ingresaron en el Grupo de La Haya, un colectivo decidido a hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional, y coadyuvaron a la causa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», concluye Amnistía Internacional.
Filipinas entregó al expresidente Rodrigo Duterte a la CPI para que se enfrentara a los cargos del crimen de lesa humanidad de asesinato, y la CPI dictó órdenes de detención contra dos dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. El Consejo de Europa y Ucrania acordaron establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, y, en República Centroafricana, un tribunal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo independiente de investigación para Afganistán, así como una misión de determinación de los hechos y una Comisión de Investigación sobre el este de la República Democrática del Congo, y amplió el mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Irán. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad, y la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos.
«En 2026 ha aumentado el número de Estados que han comenzado a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, destacando especialmente el posicionamiento del gobierno de España, pero tales llamamientos deben ir respaldados por una actuación decidida y sostenida».
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