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Adís Abeba desaloja a 20.000 personas para construir hoteles de lujo con inversión china y emiratí

Por: S. Bárcena

Las autoridades etíopes impulsan un ambicioso programa de renovación urbana en Adís Abeba que está sustituyendo barrios residenciales por hoteles de lujo y complejos inmobiliarios. La transformación, presentada como un motor de modernidad y crecimiento económico, ha provocado el desplazamiento de miles de personas, según denuncian organizaciones locales y residentes.

El periodista Tom Canetti recorrió algunas de las zonas afectadas para documentar el impacto social de un proceso que se extiende a otras ciudades del país. Las restricciones al trabajo de la prensa internacional dificultan la cobertura, pero los testimonios recogidos reflejan una realidad que divide opiniones.

El precio del progreso

En barrios como Bole o Kazanches, antiguas viviendas de familias de clase media y baja han sido demolidas para dar paso a rascacielos, centros comerciales y hoteles de cinco estrellas. Más de 20.000 personas habrían sido reubicadas desde 2023, según estimaciones de la organización local Ethiopian Human Rights Council. Muchas de ellas aseguran que las compensaciones prometidas nunca llegaron o fueron insuficientes.

Nos dieron un plazo de 15 días para desalojar y una indemnización de 50.000 birr —unos 860 euros— por una casa en la que vivimos 30 años. Ahora ahí hay un hotel de lujo donde una noche cuesta más de lo que recibimos.

Las autoridades etíopes defienden el plan como necesario para atraer inversión extranjera y posicionar a Adís Abeba como un centro de negocios continental. En los últimos dos años, la ciudad ha recibido inversiones de Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía, centradas en infraestructura hostelera y comercial. El Gobierno etíope calcula que estos proyectos generarán más de 10.000 empleos directos en los próximos cinco años.

¿Quién se beneficia?

Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el modelo de desarrollo. Un informe de Amnesty International de 2025 señaló que los desalojos forzosos en Adís Abeba violan la legislación etíope e internacional. La entidad instó al Ejecutivo a detener las demoliciones mientras no se garantice una reubicación justa y participativa.

El problema no es la modernización, sino que se hace a costa de los más vulnerables y sin transparencia. Las consultas con los afectados son prácticamente inexistentes.

Por su parte, la Municipalidad de Adís Abeba asegura que las expropiaciones se realizan conforme a la ley y que los desplazados reciben viviendas alternativas en nuevas promociones públicas. Un portavoz municipal señaló que «el objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y las nuevas infraestructuras beneficiarán a largo plazo a la comunidad».

Mientras el paisaje urbano de Adís Abeba se transforma, la brecha entre el discurso oficial y las vivencias de los desplazados se agranda. La capital etíope avanza hacia un futuro de cristal y acero que, para muchos, tiene un coste humano difícil de ignorar.

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Maduro bajo presión: familias denuncian traslados de presos políticos sin previo aviso

Por: S. Bárcena

Familiares y activistas protestaron este 3 de junio frente a la prisión del Helicoide, en Caracas, para denunciar presuntos traslados irregulares de presos políticos a otros centros penitenciarios sin notificación previa. El Helicoide es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los principales centros de reclusión de opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Las denuncias y el contexto

Según los manifestantes, los traslados se habrían producido en los últimos días sin que las familias hayan recibido información sobre el paradero de los detenidos. Aunque no es la primera vez que ocurren movimientos de este tipo, en esta ocasión las protestas coinciden con las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que el centro había sido cerrado. El gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente los traslados ni ha ofrecido detalles sobre la situación de los reclusos.

Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los traslados formen parte de operaciones de desaparición forzada o cambios en las condiciones de reclusión. Venezuela registra cientos de casos de presos políticos, según informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reacciones y exigencias

Los familiares exigen al régimen de Maduro información clara sobre el destino de los detenidos y el respeto a los procedimientos legales.

Queremos saber dónde están nuestros familiares, no podemos permitir que los desaparezcan sin más

, señaló una de las portavoces de los manifestantes, según testigos presenciales. La comunidad internacional, por su parte, sigue de cerca la evolución de la crisis humanitaria y política en el país caribeño.

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Rusia denuncia ataque ucraniano contra autobús civil en Donetsk: 'crimen vil e inhumano

Por: A. Pereda

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, ha calificado de «crimen vil, deliberado e inhumano» el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un autobús con civiles en la república de Donetsk. El incidente, ocurrido el 3 de junio de 2026, ha sido denunciado por Moscú como un acto intencionado contra personas desarmadas que no representaban amenaza alguna.

Crimen vil, deliberado e inhumano

Según la defensora rusa, el ataque se produjo en territorio de la autoproclamada república, en una zona de conflicto activo donde los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y las milicias prorrusas son constantes. Lantrátova instó a la comunidad internacional a condenar el suceso y a tomar medidas para evitar que se repitan ataques contra la población civil.

El Gobierno de Kiev no ha emitido por el momento ninguna declaración oficial sobre el incidente. La ofensiva se enmarca en la escalada de hostilidades que vive la región del Donbás desde el inicio de la invasión rusa en 2022, y que ha provocado miles de víctimas civiles y una crisis humanitaria de larga duración.

La república de Donetsk es una de las regiones anexionadas por Rusia en 2022, aunque Ucrania y la comunidad internacional no reconocen su soberanía rusa. El uso de autobuses para evacuar civiles es frecuente en la zona, lo que hace especialmente grave el ataque contra este medio de transporte. Según datos de la ONU, más de 10.000 civiles han muerto en la región desde 2014, y el ataque del miércoles podría elevar esa cifra. La comisionada rusa ha pedido una investigación independiente, aunque Moscú ya atribuye la responsabilidad directamente a las fuerzas ucranianas.

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Reino Unido detiene por error a un ingeniero a 150 km de un robo: su nuevo sistema de IA prioriza la velocidad sobre la precisión

Por: E. Berraondo

La Policía del Reino Unido ha puesto en marcha un sistema de vigilancia predictiva dotado con 115 millones de libras que ya ha generado al menos un arresto falso, según fuentes policiales consultadas este miércoles. La herramienta, diseñada para anticipar delitos mediante algoritmos de inteligencia artificial, prioriza la velocidad sobre la precisión, lo que ha provocado la detención errónea de un ingeniero de software que se encontraba a más de 150 kilómetros del lugar del supuesto delito.

Un falso positivo con consecuencias reales

El afectado, identificado como un ingeniero informático, fue detenido en su domicilio acusado de un robo ocurrido a cientos de kilómetros de distancia. Permaneció varias horas en un calabozo antes de que los agentes comprobaran que el sistema había cometido un error. La Policía ha reconocido el fallo pero defiende la utilidad general del programa. Este es al menos el segundo caso documentado de detención injusta relacionada con este sistema desde su despliegue piloto, según fuentes conocedoras del proceso.

La tecnología del control

El sistema utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones de comportamiento y emitir alertas predictivas. Desarrollado por una empresa proveedora no especificada, fue presentado oficialmente el pasado 3 de junio como una herramienta para «reducir los tiempos de respuesta policial». Sin embargo, críticos y asociaciones de derechos civiles advierten de que su implantación supone un salto cualitativo hacia la vigilancia masiva, con un riesgo elevado de vulnerar derechos fundamentales.

Organizaciones como Liberty han solicitado la suspensión inmediata del programa y la apertura de una investigación independiente. En un comunicado, califican el sistema de «distópico» y alertan de que «priorizar la velocidad sobre la precisión en un entorno policial es una receta para el desastre». La Policía británica, por su parte, asegura que los algoritmos se someten a revisiones periódicas y que los errores se corrigen de forma progresiva.

El caso del ingeniero detenido por error ha reabierto el debate sobre el uso de inteligencia artificial en la seguridad pública. Mientras el Gobierno defiende la inversión como un paso adelante en la modernización policial, los detractores sostienen que el coste en derechos civiles es demasiado alto.

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Denuncian hacinamiento y falta de recursos en la prisión de Barcelona que visitará el Papa

Por: P. Aguirre Larrañaga

Diez organizaciones han difundido lo que consideran los ‘puntos más oscuros’ de la prisión Brians 1, la cárcel barcelonesa que el Papa León XIV visitará próximamente. La iniciativa de la visita partió del obispo Xabier Gómez, responsable de la pastoral penitenciaria, y ha puesto el foco sobre un centro penitenciario descrito como ‘complicado’.

Una prisión diseñada para hombres con un módulo femenino añadido

Brians 1 fue concebida originalmente como una prisión masculina, y el módulo de mujeres se habilitó posteriormente, una circunstancia que, según las entidades firmantes, genera deficiencias estructurales. Las organizaciones, entre las que figuran colectivos de derechos humanos y asociaciones de apoyo a presos, han señalado problemas de hacinamiento, falta de recursos sanitarios y condiciones insalubres en varias áreas del recinto.

El documento presentado por estas entidades detalla que las instalaciones no se adaptan a las necesidades específicas de la población reclusa femenina, lo que deriva en un trato desigual. También alertan sobre la escasez de programas de reinserción y la sobrecarga del personal penitenciario.

Una visita pontificia con trasfondo social

La visita de León XIV a Brians 1 está prevista en el marco de su agenda pastoral en España, y supone un gesto hacia la realidad carcelaria del país. El obispo Gómez, que propuso el encuentro, ha defendido que la presencia del Pontífice puede visibilizar las carencias del sistema penitenciario. Sin embargo, las entidades firmantes advierten de que la visita no debe servir para maquillar los problemas estructurales del centro.

Hasta el momento, la dirección de la prisión no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias. La visita papal, que se espera para las próximas semanas, ha reabierto el debate sobre las condiciones de los centros penitenciarios en Cataluña y el conjunto de España.

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Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador

Por: Enrique López Cáceres

Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

La entrada Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador se publicó primero en lamarea.com.

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La OIT advierte que la IA sin regulación aumentará la desigualdad y la precariedad laboral

Por: D. Cañellas

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido este martes, desde su sede en Ginebra, de que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dependerá en gran medida de las políticas que adopten los gobiernos. El organismo instó a fortalecer la protección laboral ante la transformación tecnológica y defendió un modelo de IA que beneficie a los trabajadores, en lugar de desplazarlos.

El llamamiento de la OIT se produce en un momento en que el debate sobre la regulación de la IA se intensifica a nivel global, con posturas divergentes entre las grandes potencias tecnológicas y los sindicatos. La organización aboga por un enfoque centrado en el ser humano, que garantice una transición justa y evite un aumento de la desigualdad.

Políticas clave para encauzar la disrupción

El organismo subrayó que la disrupción tecnológica no es un destino inevitable, sino que puede ser moldeada mediante normativas laborales adecuadas, inversión en formación y diálogo social. La OIT señaló que la clave reside en las decisiones políticas, no en la tecnología en sí misma, y pidió una coordinación internacional para evitar una carrera hacia la desregulación.

La advertencia llega mientras la Comisión Europea avanza en su Ley de IA y otros países, como Estados Unidos y China, compiten por el liderazgo tecnológico. La OIT reivindica un papel central en esta agenda para asegurar que los derechos de los trabajadores no queden relegados frente a los intereses empresariales o geopolíticos.

En un contexto de rápida adopción de herramientas como ChatGPT, la organización recordó que, sin políticas adecuadas, la IA podría exacerbar la precariedad laboral y la concentración de riqueza. Por ello, instó a los gobiernos a priorizar la inversión en reciclaje profesional y a actualizar los sistemas de protección social para adaptarlos a la nueva realidad del mercado de trabajo.

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Chile expulsará inmigrantes irregulares pero promete respetar derechos humanos: el plan de Kast

Por: F. Olázaran

El presidente chileno, José Antonio Kast, ha anunciado un plan para la expulsión de migrantes irregulares de Chile, en un intento por conciliar el control migratorio con el respeto a los derechos humanos. El mandatario realizó el anuncio este lunes durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso, una cita que el calendario político chileno fija para el 1 de junio de cada año.

Un eje central de la agenda de Kast

Kast defendió su política de seguridad y control fronterizo, que ha sido una de las prioridades de su Administración desde que asumió el poder.

Queremos un país ordenado, con reglas claras, pero sin perder de vista la dimensión humana del fenómeno migratorio

declaró el presidente ante los legisladores, según la agencia Sputnik Mundo.

El plan, cuyos detalles operativos no han sido revelados, busca equilibrar la expulsión de quienes ingresan de forma ilegal con la protección de los derechos de las personas migrantes, en un contexto en que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda política chilena.

Chile ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido de la migración, principalmente desde Venezuela, Colombia y Haití, lo que ha generado tensiones sociales y ha llevado al Gobierno a endurecer los controles fronterizos. Kast, que llegó al poder con un discurso de mano dura en seguridad, ha mantenido un discurso firme contra la inmigración irregular, pero este anuncio sugiere un intento de modular esa postura con un enfoque de derechos.

Contexto político y reacciones

La oposición ha recibido el anuncio con escepticismo. «El Gobierno habla de humanidad, pero sus políticas han sido todo menos humanas», afirmó un portavoz de la coalición de izquierdas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en la implementación del plan y garantías para los solicitantes de asilo.

La cuenta pública de Kast se produce en un momento en que su popularidad ha caído ligeramente, según encuestas recientes, y en que la crisis migratoria en la frontera norte sigue siendo un foco de tensión. El presidente espera que este nuevo plan permita recuperar la iniciativa política y mostrar una imagen de firmeza templada por la sensibilidad social.

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Nicaragua: la dictadura de Ortega silencia a la Iglesia sin que el mundo actúe

Por: P. Aguirre Larrañaga

La presidenta de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, Rosalía Gutiérrez-Huete Miller, denunció este viernes en Washington D.C. el «silencio cómplice» de la comunidad internacional ante la persecución sistemática que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra la Iglesia Católica en el país centroamericano.

Durante un panel de discusión en la capital estadounidense, la activista advirtió de que «la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua continúa sin que la comunidad internacional actúe». Según Gutiérrez-Huete, el silencio de los gobiernos y organismos multilaterales solo alienta al régimen a seguir adelante con su ofensiva contra los católicos, que incluye el cierre de medios de comunicación y la detención y exilio de sacerdotes y obispos.

El silencio es cómplice. La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua continúa sin que la comunidad internacional actúe.

La Coalición por la Libertad de Nicaragua es una organización que agrupa a distintas voces de la sociedad civil y del exilio, y que busca visibilizar la represión del régimen orteguista. La dictadura ha intensificado en los últimos años el hostigamiento contra la jerarquía católica, considerada una de las pocas voces críticas que quedan en el país, tras haber silenciado a la mayoría de la oposición política y los medios independientes.

Gutiérrez-Huete Miller pidió a la comunidad internacional que «rompa el silencio» y adopte medidas concretas, como sanciones selectivas contra los altos cargos del régimen y el respaldo a la labor de la Iglesia en Nicaragua. «Es momento de actuar, no de observar», subrayó.

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China condena a 24 años al abad del Templo Shaolin sin revelar los delitos

Por: P. Aguirre Larrañaga

El abad del Templo Shaolin, uno de los monasterios budistas más emblemáticos de China, ha sido condenado a 24 años de prisión por un tribunal del país, según ha informado la agencia oficial Xinhua. La sentencia, dictada el 30 de mayo de 2026, no especifica los delitos imputados, pero se inscribe en el contexto de control estatal sobre las religiones que el Partido Comunista chino ha intensificado en los últimos años.

Un símbolo bajo presión

El Templo Shaolin, situado en la provincia de Henan, cerca de la ciudad de Zhengzhou, es conocido mundialmente por su vínculo con las artes marciales y el budismo chan. Su abad, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, es la máxima autoridad del monasterio y un referente para millones de budistas en Asia. La condena se produce tras un proceso judicial del que apenas han trascendido detalles, algo habitual en causas relacionadas con la libertad religiosa en China.

El gobierno chino ha reiterado en numerosas ocasiones que las organizaciones religiosas deben someterse a la legislación nacional y no interferir en asuntos políticos. En los últimos años, las autoridades han aumentado la vigilancia sobre templos budistas, mezquitas e iglesias cristianas, acusándolos en ocasiones de actividades ilegales o de ser focos de influencia extranjera.

China respeta la libertad de creencias religiosas, pero todas las actividades religiosas deben realizarse dentro del marco legal, ha declarado en el pasado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La condena del abad del Templo Shaolin ha provocado reacciones de preocupación entre organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que denuncian un patrón de persecución religiosa en China. Amnistía Internacional ha señalado que el caso refleja la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la ley contra figuras religiosas.

El Templo Shaolin ha mantenido en el pasado relaciones tensas con las autoridades locales debido a la comercialización de su imagen y a disputas por la propiedad de terrenos. Sin embargo, la condena de su abad supone un escalada sin precedentes en la presión estatal sobre una institución que, pese a su simbolismo, no había sufrido una represión tan directa en décadas.

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Trump alardea en aliens.gov de haber detenido a 700 ciudadanos estadounidenses

Por: R. Tordesillas

El sitio web aliens.gov, creado por la administración de Donald Trump, se ha convertido en una herramienta de propaganda que compara a los inmigrantes con extraterrestres y alardea de haber arrestado a más de 700 ciudadanos estadounidenses, según un informe publicado este viernes.

La web, dependiente de la Casa Blanca, utiliza un lenguaje que la organización de derechos humanos ACLU ha calificado de «deshumanizante». El término alien, empleado históricamente en la legislación estadounidense para referirse a extranjeros, adquiere en este contexto una connotación peyorativa al equiparar a las personas con seres de otro planeta.

Una estrategia de comunicación controvertida

El portal forma parte de la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha intensificado las redadas y detenciones. Según datos del propio sitio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 700 ciudadanos estadounidenses, un hecho que el Gobierno presenta como un éxito en la lucha contra la inmigración irregular.

El sitio utiliza un lenguaje que compara a los inmigrantes con ‘aliens’ (extraterrestres), un término peyorativo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

Expertos en derechos civiles advierten de que esta retórica normaliza la vigilancia masiva y socava las garantías constitucionales. «El Gobierno está utilizando un sitio web oficial para deshumanizar a un grupo de personas y justificar violaciones sistemáticas de sus derechos», declaró un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El sitio ha estado activo durante toda la administración Trump, pero su contenido ha cobrado notoriedad recientemente tras ser analizado por la prensa especializada, que revela detalles hasta ahora desconocidos sobre su funcionamiento y objetivos propagandísticos.

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La Ley de Censura Digital de la UE fracasa: solo el 12% de apelaciones se resuelven a tiempo

Por: I. Lasagabaster

Un centro de apelaciones financiado por la Unión Europea ha publicado cifras que confirman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) es inviable como mecanismo de control de contenidos, según informó el organismo este jueves.

El Centro de Apelaciones para la Libertad de Expresión, creado por Bruselas para supervisar las decisiones de las plataformas digitales en el marco de la DSA, reconoció que su capacidad para procesar reclamaciones es limitada. De las 43.000 apelaciones recibidas hasta abril de 2026, solo el 12% fueron resueltas dentro del plazo legal de 30 días, y la mayoría no condujo a la restauración de contenidos eliminados.

Un sistema colapsado desde su origen

La DSA, vigente desde 2023, obliga a las grandes plataformas a retirar contenido considerado ilegal o nocivo, pero también establece un derecho de apelación. El centro de apelaciones, con un presupuesto anual de 15 millones de euros y una plantilla de 120 personas, ha demostrado ser insuficiente para manejar el volumen de casos. Según el informe, un usuario espera de media 67 días para obtener una respuesta, y el 78% de las resoluciones confirman la decisión original de la plataforma.

«Estos datos demuestran que la DSA no es más que un régimen de censura encubierta, donde el derecho a recurrir es una ilusión», declaró una portavoz del centro, aunque en tono informal durante una conferencia.

Consecuencias para el modelo digital europeo

La revelación llega en un momento crítico, cuando la Comisión Europea prepara una revisión de la DSA prevista para 2027. Asociaciones de derechos digitales han calificado los hallazgos como «una prueba irrefutable del fracaso del enfoque centralizado de moderación de contenidos». Por su parte, fuentes del Parlamento Europeo han señalado que el informe podría acelerar la reforma de la ley para flexibilizar los plazos y aumentar la financiación del centro.

Mientras tanto, las plataformas tecnológicas han evitado comentar directamente, aunque fuentes internas indican que ven con buenos ojos cualquier cambio que reduzca su carga legal.

El centro de apelaciones, lejos de legitimar el sistema, ha expuesto sus costuras. Seguirá operando mientras se negocia su futuro, pero la credibilidad de la DSA como herramienta de equilibrio entre libertad de expresión y seguridad jurídica queda seriamente cuestionada.

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Senegal endurece las penas contra la homosexualidad en plena deriva autoritaria de África Occidental

Por: S. Bárcena

El Gobierno de Senegal ha aprobado una nueva ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales, en el marco de una violenta campaña homófoba que sacude el país africano. La medida, que incrementa las sanciones penales para los condenados por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, se presenta oficialmente como una forma de proteger a la sociedad senegalesa de la influencia occidental, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local.

Una deriva autoritaria en África Occidental

La nueva legislación se inscribe en un contexto de creciente autoritarismo en Senegal bajo la presidencia de Bassirou Diomaye Faye, quien asumió el cargo en 2024. La deriva represiva ha levantado ampollas entre las organizaciones de derechos humanos, que denuncian una persecución sistemática contra el colectivo LGTBIQ+. Senegal, considerado tradicionalmente uno de los países más estables de África Occidental, se ha convertido en un foco de tensión entre el respeto a los derechos humanos y la soberanía legislativa local.

La ley responde a una deriva autoritaria y conservadora que puede desestabilizar la región y afectar las relaciones con la Unión Europea, según analistas regionales.

El país desempeña un papel clave en las rutas migratorias hacia las islas Canarias, lo que otorga a la deriva represiva una dimensión estratégica para España y la UE. Una inestabilidad en Senegal podría aumentar la presión migratoria sobre las costas españolas.

La comunidad homosexual, en situación de desamparo

Según fuentes judiciales citadas por medios locales, la situación de desamparo de la población homosexual senegalesa ante la nueva ofensiva legal es crítica. Las personas LGTBIQ+ viven con miedo a ser denunciadas, detenidas y encarceladas, en un país donde la homosexualidad ya era ilegal antes de esta reforma. La ley no solo aumenta las penas, sino que también reduce las garantías procesales para los acusados, según las mismas fuentes.

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Están contra la regularización: les va el negocio en ello

Por: José Bautista (Fundación porCausa)

La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.

Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

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Victoria César: “Si no existiera el movimiento memorialista, no se habría recuperado casi nada”

Por: Olivia Carballar

Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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El uso de la pena de muerte alcanza la cifra más alta en 44 años: 2.707 ejecuciones

Por: La Marea

2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Derechos digitales: un debate que ya no podemos aplazar

Por: Guillem Pujol

La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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Huelga estatal histórica en las escuelas infantiles

Por: Ana Veiga

El 7 de mayo se convierte en un día histórico para las escuelas infantiles de España. Su profesorado convoca una huelga nacional, la primera del sector, en la que solo ofrecerán los servicios mínimos.

En una rueda de prensa convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), varios miembros de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y representantes de las trabajadoras de educación infantil en la etapa de 0-3 años han explicado las razones de esta huelga. «Somos la base, somos educación», subrayó Lucía Martínez, miembro de la PLEI, en un momento de su intervención. 

«Esto es algo histórico. Nunca todo el sector 0-3 en la Comunidad de Madrid había hecho una huelga indefinida [iniciaron su paro el pasado 7 de abril]. Que todo el sector se manifieste el 7 de mayo en todas las comunidades autónomas en defensa de una educación pública, gratuita y universal y de unas condiciones dignas para la primera infancia es muy emocionante», cuenta a La Marea Rosa Marín, representante de la PLEI. Desde las escuelas infantiles están ejerciendo presión –«tan necesaria», a juicio de Marín– para que las instituciones públicas les escuchen. Lo denominan la «revolución amarilla».

Convocatoria de la huelga en el perfil de Instagram de la Plataforma Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), también conocida como Plataforma 0-3.
Convocatoria de la huelga en el perfil de Instagram de la Plataforma Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), también conocida como Plataforma 0-3.

Además de la huelga estatal, se celebran manifestaciones esta tarde en diversos puntos de España a las que se anima a asistir también a las familias «para luchar por el derecho de sus hijos e hijas a recibir una educación de calidad», anima Marín.

La portavoz de la PLEI reconoce que ya se han reunido con la ministra de Educación y han abierto una línea de trabajo para caminar hacia las mejoras que el sector demanda. Sin embargo, denuncia que «la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni nos atiende ni nos ha escuchado; se ha reunido con los sindicatos mayoritarios para ver temas concretos, pero creo que en su cabeza no está la problemática global de la que hablamos».

Qué medidas se solicitan

¿Por qué se manifiestan? «Por dignificar el 0-3. Por la bajada de ratios. Por la subida de salarios. Por el reconocimiento profesional», resumen unos profesores y profesoras de la PLEI en su perfil de Instagram. «Es hora de dejar de ser invisibles, de exigir los recursos que nuestra infancia merece». Estas son sus peticiones.

1. Una aproximación a las ratios europeas

«No te dan las manos para cambiar un pañal mientras otro tiene hambre, otro sueño, otro llora…», admite Rosa Marín. «Queremos una normativa a nivel estatal que estipule unas ratios respetuosas con la infancia y que, por lo menos, se asemejen a las recomendaciones de la Unión Europea». El Decreto 18/2008, de 6 de marzo, establece los requisitos mínimos para los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad de Madrid, unas ratios que, con pequeñas variaciones, se mantienen en todas las comunidades autónomas, y que están alejadas de las cifras europeas.

Cuidar de un solo bebé ya es complicado. En este caso se trata de un/a educador/a para 8 bebés de 0-1 año, una para 14 de 1-2 años, y una para 20 de 2-3 años. En la puerta de una escuela infantil de A Coruña, las docentes han colgado un cartel que compara la ratio actual en España con la de países como Finlandia, Inglaterra o la vecina Portugal. Mientras en España contamos con 8 bebés por aula, en el resto de países mencionados tienen 4, 3 y 5 menores de un año, respectivamente, al cuidado de una persona. «Lo que pedimos es cambiar nuestros ratios por una educadora para 3 bebés de 0-1, una para 5 niños/as de 1-2 años y una para 6 de 2-3 años», cuenta la portavoz de la PLEI.

Cartel colgado en una escuela infantil comparando las ratios españolas con las de otros países.
Cartel colgado en una escuela infantil comparando las ratios españolas con las de otros países.
2. Pareja educativa

La pareja educativa es un modelo de trabajo en el ámbito educativo en el que dos docentes (o un docente y otro profesional) comparten la responsabilidad de un grupo de estudiantes de manera coordinada. «Necesitamos ser dos en el aula para atender la individualidad que requiere esta etapa», sostiene Marín, de la PLEI. Y no solo por bajar las ratios, sino por facilitar que todos los menores consigan construir un vínculo con una de esas dos personas de referencia, y que estas tengan un «conocimiento profundo» de ese niño o niña.

3. Salarios dignos y reconocimiento de las categorías profesionales.

«Con la responsabilidad y formación que tenemos, estamos teniendo tablas salariales por debajo del salario mínimo interprofesional. Es indigno y muy frustrante dejarnos vendidas a un convenio colectivo que es imposible mejorar», insiste Marín. Esa subida salarial debe estar acompañada «de una dotación suficiente de recursos», apunta, por su parte, David Castro, representante de la plataforma Galicia Dignidade 0-3, brazo autonómico de la plataforma estatal.

4. Calendario escolar como el de otras etapas educativas 

«Estamos obligados a abrir 12 meses al año», denuncian desde Galicia Dignidade 0-3. «No entendemos por qué las criaturas más pequeñas, que más necesidad tienen de pasar tiempo con su familia, tienen que estar durante el mes de julio en las aulas», añade desde Madrid Rosa Marín. «¡Y sin climatización! Porque esa es otra cosa: las infraestructuras se nos caen a pedazos, con goteras, moho… Es vergonzoso».

5. En Galicia no son parte de Educación

«En Galicia no estamos ni siquiera reconocidos por la Consellería de Educación; estamos adscritos a Política Social. Y esto, que parece una tontería, implica bastantes cosas», explica David Castro. «El carácter educativo incluiría, por ejemplo, horas reconocidas de atención a la infancia, de programación, de evaluación, de tutorías, reuniones de equipo, reuniones con las familias… Eso no está recogido, eso sale de nuestras horas libres».

Una lucha feminista en un sector feminizado

«La infancia hay que cuidarla. Es nuestro mayor valor como sociedad», subraya Marín, que lleva cinco semanas en huelga indefinida en Madrid. Define esta reivindicación también como una «lucha feminista contra este sistema patriarcal que nos sigue asfixiando y que no pone en valor los cuidados, algo que tradicionalmente han hecho las mujeres». «No somos cuatro locas, es todo un sector».

Coincide con ella Castro, de Galicia Dignidade 0-3: «Este es un sector muy feminizado. Casi el 96% son mujeres. También por eso creo que las reclamaciones que hacen juegan a favor de una política de igualdad real. Porque no vale más fabricar neumáticos que educar a un niño pequeño. Y, sin embargo, se paga más».

La primera infancia, una etapa clave

«La etapa 0-3 no es conciliación». Este es el primer punto del manifiesto de las escuelas infantiles en Galicia, difundido por la plataforma Galicia Dignidade 0-3.

La primera infancia siempre ha sido denostada, como si los receptores de esta educación inicial no se enteraran de nada. La neurociencia y la pedagogía indica, en cambio, que es una etapa fundamental: el cerebro es una esponja y es en esas edades cuando se crea la personalidad, la socialización, la construcción de vínculos, la tolerancia a la frustración, la co-regulación con su figura de referencia… Esa referencia, en el aula, son las educadoras. «No puedes ofrecer lo que no tienes. Y tú no puedes tener una estabilidad emocional cuando tienes a ocho bebés llorando».

«Es una lucha por poner el foco en la infancia y dejar el adultocentrismo, la producción y el capitalismo exacerbado que nos está comiendo», demanda Marín.

Servicios mínimos

Se han marcado en toda España unos servicios mínimos para que las familias que, por conciliación, necesitan llevar a sus niños y niñas, puedan hacerlo con garantías de que serán cuidados. Aunque en el caso de Galicia, «la Xunta nos está marcando unos servicios mínimos abusivos», denuncia Sandra, docente en 0-3 en una escuela pública de A Coruña. «Nosotros aquí somos 14 educadoras y, si seguimos sus pautas, sólo nos podríamos ir a la huelga cuatro personas».

A continuación, se pueden ver los horarios de las manifestaciones en diversas localidades.

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[AUDIO] Y nunca más fue mi padre

Por: Aurora Delmar

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Me cuesta decir «mi padre». Dos palabras que, en la mayoría de personas, son quizá de las más pronunciadas. Son un concepto normal, uno de esos en los que se basa tu mundo cuando eres niña y uno de tus pilares cuando te haces mayor. A mí, en cambio, me revuelven el estómago por el subtexto asociado a ese concepto, por lo que se supone que dices cuando pronuncias esas siete letras, por la referencia a esa figura de apego que debe ser quien te cuida y te protege. No soy capaz. 

Por las tardes, me enseñaba a montar en bicicleta, me decía que me apuntara a judo para saber defenderme de mayor, presumía de lo lista y responsable que era su hija frente a la vecinas, que lo saludaban sonrientes. «Qué majo es tu padre. Tu madre, hija, es más seca», me dijo un día la señora del quinto, una de esas mujeres mayores que pretendía no aparentarlo y que se bañaba en perfume y maquillaje. «Qué majo», decía, y a mí un dolor me partía el pecho por dentro. Nunca dije que me dolía. No quería molestar, no quería preocupar, no quería que nadie me preguntara por qué. Solo quería hacerme invisible, olvidar, vivir en las tardes de sol y playa donde mi infancia era lo que debería ser la de cualquier niña: calma y amor.

Pero llegaba la noche, y la oscuridad se cernía sobre la casa. Y yo me acurrucaba en la cama. Me hacía pequeña y me escondía entre las sábanas, híper vigilante y con el corazón en un puño. Oyendo cada crujido de la madera, cada respiración en la casa. Me sentía como Spiderman, con un sentido arácnido que me hacía ser consciente del vuelo de una mosca y me aceleraba el corazón cuando notaba que una mano se posaba en la manilla de la puerta de mi cuarto. Aprendí a dormir boca abajo, con los brazos a los lados, para poder hacer presión hacia el colchón y evitar que una mano me tocara en zonas donde a ninguna niña deberían tocarle. Era una parálisis, una resistencia silenciosa, sin moverme apenas, intentando poner todas las barreras físicas que una menor de unos tres años podría poner frente a un monstruo de 1,85 cm. de altura, más de 100 kilos de peso y treinta y pico años de vida. En esos momentos, solo podía escuchar el latir de mi corazón en mis sienes, con la sangre galopando por mis venas y mi cuerpo en rigor mortis. No sabía lo que pasaba, únicamente que quería matarlo y huir. Lo soñaba a veces. Y luego me sentía mal, culpable, porque es tu padre y tienes que quererlo, porque te lleva a las extraescolares y sonríe a las madres de tus amigas, porque es muy gracioso y en el bar lo adoran, porque sabe lidiar con mi madre cuando se enfada y es el alma de la fiesta en las comidas. 

Todavía lucho con la culpa, cuarenta años después. Quizá podría haber gritado, aunque no encontraba la voz. Quizá podría haber pedido ayuda, aunque conseguí hacerlo una vez –pero acabé por minimizar la historia mientras la contaba porque no quería romper mi familia, no quería ver a mi abuela llorar, a mi madre chillar, a los vecinos hablar–. Porque «los trapos sucios se lavan en casa», me decían, sin saber el impacto de esa frase. Ni siquiera sabía pedir ayuda porque tardé muchos años en entender que podía negarme y que la punzada que me desgarraba el pecho era ansiedad.

Con treinta y pico años, más o menos su edad en el momento en que se inicia esta historia, reuní fuerzas y escribí a una psicóloga especializada. Digo escribí porque no fui capaz de llamar. «Necesito hablar con alguien pero no puedo decirte por qué, simplemente no puedo», tecleé en un formulario ‘online’ de una web. Ella lo entendió, me recibió, me dejó llorar, me dio mi tiempo. Y fue la primera que lo llamó «mi agresor». Me revolví en la silla de una consulta blanca, decorada con plantas y con una caja de pañuelos enorme sobre la mesa. Me los acercó. «Llamémosle por su nombre», me dijo. Me dolió; también me liberó. No sería más «mi padre», aunque ha acabado por ser «el susodicho» o «el gilipollas» porque llamarle «mi pederasta» se hace muy duro de tragar, y no solo por el «pederasta» sino por el «mi». Porque no quiero que sea nada mío. Porque lo he borrado de mi vida y, solo entonces, solo así, he podido empezar a dormir de lado y, poco a poco, boca arriba. 

Empecé a meditar, a soltar el cuerpo, a contarlo en pequeños círculos donde, para mi sorpresa, me encontraba en ocasiones con historias similares que me eran susurradas en privado o enviadas en mensajes tras el encuentro. «Me pasó, fue mi hermano». «Mi abuelo». «El vecino en un bar». «También mi padre». Y un terremoto se desató en mi cuerpo, porque comprendí que no era una rarita con problema extraños sino que había mucha gente a mi alrededor con problemas similares. Porque habían abusado de muchas de nosotras, incluso cuando no nos habían ni salido las tetas. Solo por el hecho de ser niñas. Solo por creerse impunes y, a nosotras, trozos de carne sobre los que ejercer su poder sin consecuencias. 

Me gustaría decir que ya estoy bien. Pero solo puedo decir que he conseguido vivir con ello y, muchas veces, seguir disociándome de esa historia porque me niego a que me defina. Pero ahora, con dos hijas a mi cargo, las regresiones se activan y las veo pequeñas, inocentes e indefensas, y pienso que hay que ser un puto ‘monstruo’ para hacerles daño. Y no sé si es más triste que me haya pasado a mí o que yo no sea una excepción; que lo que para mí son monstruos no son locos ni psicópatas, solo hijos sanos del patriarcado. 

Ahora, intento protegerlas y educarlas desde la herida sin dejar que sangre. Les canto canciones, les explico cómo se llaman las partes (todas) de su cuerpo, les compro libros sobre consentimiento e intento no obsesionarme cuando las pierdo de vista unos segundos en una comida familiar. No voy a mentir, me cuesta. Las miro y vuelven los temblores, el palpitar de la sien y el miedo a que se repita la historia con otra de esas personas de mi entorno que sea muy majo para las personas sobre las que no puede ejercer poder. 

Todavía tiemblo al escribir esto. Porque la herida no se cierra nunca. Solo cicatriza. Hoy la muestro por si alguien más necesita saber que no está sola. Y que no es su culpa, aunque así se sienta. 

*Aurora Delmar es un pseudónimo. La mujer que escribe estas líneas nunca denunció a su agresor y ha optado por no revelar su verdadero nombre por temor a posibles represalias.

Puedes escuchar el texto en este audio, con locución de Rocío Gómez.

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