La Armada Argentina ha emitido un comunicado en el que desmiente categóricamente los rumores que apuntaban a una posible venta o cesión de la Base Naval de Mar del Plata, enclave estratégico situado en la costa atlántica del país. La institución militar salió al paso de las especulaciones que circulaban en los últimos días sobre el futuro del predio, una superficie de gran valor inmobiliario en una de las ciudades turísticas más importantes de Argentina.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, fuentes de la Armada Argentina han confirmado que no existe ningún proceso de venta ni cesión en curso, y que las informaciones que apuntan a lo contrario carecen de fundamento. El comunicado oficial, fechado el pasado 6 de junio, subraya que la base sigue siendo un enclave estratégico de primer orden para la defensa nacional, pese a los persistentes intentos de grupos interesados en hacerse con el terreno.
La Base Naval de Mar del Plata alberga instalaciones clave para la Armada, incluyendo el Área Naval Atlántica y la Escuela de Guerra Naval. Su ubicación, en pleno centro de la ciudad balnearia, la convierte en un activo codiciado por promotores inmobiliarios y administraciones locales, que ven en su extensión una oportunidad para proyectos turísticos o urbanísticos. Sin embargo, desde la Armada recuerdan que su función es irrenunciable y que cualquier cambio de uso requeriría una decisión del Gobierno nacional.
Los rumores sobre la desaparición de la base han resurgido en los últimos meses ante el recorte presupuestario que afecta a las Fuerzas Armadas argentinas, aunque la Armada insiste en que no se contempla ninguna operación de venta. El desmentido busca zanjar definitivamente las especulaciones que, según medios locales, habían generado inquietud entre los efectivos destinados en la base y en la comunidad marplatense.
El sacerdote argentino Carlos Pérez, primer rector del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, falleció este viernes 5 de junio de 2026. Su muerte supone la pérdida de una figura central en uno de los fenómenos de religiosidad popular mariana más arraigados de Argentina y con amplia repercusión en Iberoamérica.
Monseñor Pérez fue el primer rector del santuario erigido tras las supuestas apariciones de la Virgen del Rosario a una vecina de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos en la década de 1980. El caso, que movilizó a miles de fieles y generó una intensa devoción popular, fue investigado por la diócesis local, que reconoció el culto público aunque sin pronunciarse sobre el carácter sobrenatural de los hechos. La figura de Pérez fue determinante en la construcción y consolidación del santuario, convertido en destino de peregrinaciones masivas desde toda Argentina y países vecinos.
El santuario, situado a orillas del río Paraná, recibe anualmente a cientos de miles de fieles que acuden a venerar la imagen de la Virgen de San Nicolás. Carlos Pérez dirigió el templo desde su inauguración en 1990 hasta su retiro por edad avanzada, siendo reconocido como un pastor cercano y defensor de la piedad popular. Su legado incluye la promoción de la devoción mariana en el contexto de la Iglesia argentina, en un momento de creciente interés por las manifestaciones de religiosidad popular en América Latina.
La noticia de su muerte ha sido recibida con pesar en los círculos eclesiásticos y entre los fieles, que lo recuerdan como «el padre de la Virgen de San Nicolás», según expresaron fuentes diocesanas. Hasta el momento no se han anunciado los detalles de las exequias, que se espera congreguen a una multitud de devotos en el santuario que él contribuyó a erigir.
La Fuerza Aérea Argentina ha difundido imágenes de las operaciones de entrenamiento que están realizando los pilotos de los cazas F-16AM/BM junto a instructores de la compañía estadounidense Top Aces en el Área Material Río Cuarto, en la provincia argentina de Córdoba. Las misiones, iniciadas tras la reciente puesta en servicio de los aviones de combate, buscan mejorar las capacidades tácticas y de combate aéreo de la fuerza aérea argentina, según informó la propia institución este viernes.
Top Aces, contratista privado especializado en entrenamiento aéreo adversario (aggressor), proporciona instructores experimentados que simulan escenarios de amenaza realista. Los vuelos incluyen maniobras de combate cerrado, interceptación y tácticas de defensa aérea, en un programa que refuerza la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos en el ámbito de la aviación de combate.
La Fuerza Aérea Argentina adquirió 24 cazas F-16 de segunda mano procedentes de Dinamarca, entregados a partir de 2025 como parte de un proceso de modernización de su flota de combate. La integración de estos aviones con las capacidades de Top Aces representa un salto cualitativo en la preparación de los pilotos argentinos, que ahora cuentan con instructores con experiencia en misiones reales y en el uso de sistemas avanzados de simulación.
El acuerdo con Top Aces, que comenzó a operar en 2026, forma parte de un esfuerzo más amplio de la Fuerza Aérea Argentina por recuperar capacidades de combate aéreo tras décadas de obsolescencia de su material de vuelo. La empresa estadounidense ya ha trabajado con otras fuerzas aéreas aliadas, como la canadiense y la alemana, en programas similares de entrenamiento avanzado.
Las operaciones en Río Cuarto, que se desarrollan de forma continua desde la entrega de los primeros F-16, han permitido a los pilotos argentinos alcanzar un nivel de adiestramiento comparable al de las fuerzas aéreas de la OTAN, según fuentes de Defensa consultadas. El programa prevé además la formación de instructores locales para garantizar la sostenibilidad del entrenamiento a largo plazo.
La jefa del bloque oficialista en el Senado argentino ha anunciado este miércoles 3 de junio que no respaldará una decisión de la Casa Rosada sobre un nombramiento judicial, en el segundo desacuerdo público con el entorno del presidente Javier Milei en apenas unas semanas. La ruptura supone un duro golpe a la disciplina del Gobierno y abre una brecha en el principal sostén legislativo del Ejecutivo.
Lo que se está poniendo en juego es una disputa de poder dentro del círculo de poder del Gobierno, afirmó a Sputnik un analista consultado.
El desmarque se produce en un momento delicado para el presidente argentino, que necesita del apoyo del Senado para impulsar su agenda reformista. La senadora, cuyo nombre no ha trascendido aún de forma oficial, habría justificado su decisión en motivos de independencia judicial, según fuentes parlamentarias.
Segundo enfrentamiento en semanas
Este no es el primer choque entre la legisladora y el equipo de Milei. Hace menos de un mes, la jefa de bloque ya se había opuesto a una iniciativa del Ministerio de Economía, lo que anticipaba la fragilidad de la cohesión interna. El Ejecutivo, por su parte, busca recomponer los puentes con su bancada para evitar que el conflicto escale.
El episodio alimenta la percepción de desgaste en el Gobierno, en un contexto de ajuste fiscal y alta inflación. Analistas locales consideran que la crisis interna podría complicar la gobernabilidad y dar oxígeno a la oposición en el Congreso.
El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, ha lamentado el asesinato de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, y ha alertado sobre una cierta deshumanización general en la sociedad argentina. El crimen, ocurrido en los últimos días, ha conmocionado al país y ha reabierto el debate sobre la violencia juvenil.
Un asesinato que estremece a Córdoba
Agostina Vega fue hallada sin vida tras una búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que ha sido calificado como un crimen especialmente violento. El cardenal Rossi, en declaraciones a la prensa local, expresó su dolor y el de la Iglesia por la pérdida.
Hay una cierta deshumanización general que nos debe interpelar como sociedad, afirmó el purpurado, quien instó a recuperar el valor de la vida y la solidaridad.
Rossi, conocido por su compromiso social, ha pedido justicia y ha señalado que la violencia contra los más jóvenes es un síntoma de una crisis más profunda. El asesinato de Agostina Vega se suma a una serie de casos de violencia juvenil en Argentina que han generado alarma social.
La reacción de la sociedad argentina
El crimen ha provocado movilizaciones en varias ciudades del país, donde vecinos y organizaciones sociales han exigido medidas concretas contra la inseguridad. La Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, ha respaldado las palabras del cardenal Rossi y ha convocado a una jornada de oración por la paz.
Las autoridades judiciales, por su parte, han asegurado que trabajan para esclarecer el caso y dar con los responsables. El Ministerio de Seguridad de la Nación ha ofrecido una recompensa por información que conduzca al arresto de los culpables, según informó la agencia Télam.
La justicia federal de Argentina ha cursado una solicitud formal a España para la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ephraín Verdú Torrelles, acusado de crímenes de lesa humanidad. Así lo confirmaron fuentes judiciales el pasado martes 2 de junio de 2026.
Un operativo bajo mando del excoronel
Verdú Torrelles comandó el operativo militar el día en que Geraldin Moreno Orozco, una estudiante de 23 años, fue baleada a corta distancia durante una manifestación en el estado venezolano de Carabobo en 2014. Este caso forma parte de una causa más amplia que investiga al presidente Nicolás Maduro y a otros altos mandos militares por la represión de las protestas opositoras.
Se trata de la primera solicitud de extradición en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad que Argentina instruye desde 2023, basada en el principio de jurisdicción universal. La justicia argentina ha aceptado la competencia para investigar estos hechos al considerar que Venezuela no garantiza procesos judiciales independientes.
Implicaciones para España
La petición supone un desafío diplomático y judicial para España, que debe decidir si concede la entrega de un exmilitar venezolano al que el régimen de Nicolás Maduro considera un oficial en servicio activo.
El excoronel se encuentra en territorio español desde hace al menos dos años, según fuentes próximas al caso. La Audiencia Nacional española será el órgano encargado de tramitar la orden de extradición, que deberá resolver en un plazo que puede extenderse hasta varios meses.
La causa argentina, impulsada por la Fiscalía Federal, se ha convertido en un foro judicial clave para la persecución de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Hasta la fecha, Argentina ha emitido órdenes de captura internacional contra una decena de militares y funcionarios chavistas.
El Banco Nación, principal entidad estatal de Argentina, ha anunciado este 30 de mayo la puesta en marcha de líneas de refinanciación para deudores familiares ante el fuerte incremento de la morosidad crediticia. La medida busca evitar una ola de impagos que, según fuentes del banco, se ha disparado en los últimos meses y ha encendido las alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crédito otorgado por las billeteras virtuales en el país.
Un rescate ante la crisis de los hogares
El banco estatal argentino calificó su respuesta como “urgente” en el comunicado oficial, sin precisar el alcance numérico de la morosidad ni el volumen de créditos afectados. La iniciativa permitirá a los deudores reestructurar sus compromisos en cuotas, con el objetivo de aliviar la presión sobre las economías domésticas en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
La disparada de la morosidad crediticia exige una respuesta urgente para evitar un efecto dominó sobre el sistema financiero argentino, indicó el Banco Nación en un comunicado.
El FMI, que mantiene un programa de financiación con Argentina por 44.000 millones de dólares, ha expresado su preocupación por el rápido crecimiento del crédito a través de billeteras virtuales, un segmento sin regulación estricta que ha proliferado en el país sudamericano. La morosidad en estas plataformas se ha convertido en un foco de riesgo sistémico, según advirtió el organismo multilateral en informes recientes.
Contexto de presión económica
Argentina arrastra una inflación interanual superior al 200% y una recesión que se ha agravado desde la asunción del presidente Javier Milei. El ajuste fiscal y la devaluación del peso han erosionado la capacidad de pago de los hogares, lo que se refleja en el aumento de los créditos impagados. El Banco Nación, como principal prestamista estatal, concentra una parte significativa de los préstamos personales e hipotecarios del sistema.
La medida del banco estatal se suma a otras iniciativas del Gobierno argentino para contener la crisis crediticia, aunque los analistas dudan de su efectividad si no se acompaña de una estabilización macroeconómica. De momento, el rescate financiero anunciado por el Banco Nación busca dar un respiro a los deudores y evitar un colapso que podría tener efectos de contagio en el sistema financiero regional.
Un grupo de seminaristas de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) en Argentina ha presentado un nuevo podcast titulado Madera de Apóstol, que se estrenó el pasado 30 de mayo de 2026. La iniciativa busca ofrecer una mirada fresca y cercana sobre la vocación religiosa en el contexto actual, marcado por múltiples desafíos sociales y espirituales.
El podcast, producido y conducido por los propios seminaristas, pretende acercar la experiencia vocacional a los jóvenes y al público en general, abordando temas como la fe, la vida en comunidad y el sentido de la entrega a Dios en el siglo XXI. «Queremos mostrar que la vocación es algo vivo y relevante hoy», señalaron los organizadores en un comunicado difundido a través de los canales de FASTA.
Una iniciativa con sello local
FASTA, una asociación católica fundada en Argentina y presente en varios países, ha impulsado esta propuesta como parte de su labor de evangelización y formación. Los episodios de Madera de Apóstol se publicarán periódicamente en plataformas digitales, con el objetivo de llegar a un público amplio, especialmente a quienes buscan respuestas sobre su propósito de vida.
La iniciativa se enmarca en un contexto donde la Iglesia católica argentina busca renovar los medios de comunicación para conectar con las nuevas generaciones. El podcast representa una herramienta más en ese esfuerzo, combinando la tradición eclesial con el lenguaje contemporáneo de los podcast, que goza de gran popularidad en el país.
Sin que se hayan revelado datos de audiencia en su lanzamiento, los seminaristas confían en que el proyecto pueda inspirar a otros jóvenes a considerar la vida religiosa o, al menos, a reflexionar sobre su propia vocación, ya sea laical o consagrada.
El presidente argentino, Javier Milei, se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional a presentar una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes, según ha trascendido este viernes 29 de mayo de 2026. La iniciativa, enmarcada en el programa económico acordado con el organismo, busca aumentar la recaudación fiscal en un contexto de ajuste.
En declaraciones recogidas por la prensa local, Milei subrayó que la reforma es una decisión soberana del Ejecutivo: «No es algo que el FMI pueda imponer», afirmó, sugiriendo que la medida responde a necesidades internas de la economía argentina y no a una exigencia del organismo internacional.
Hay un círculo vicioso entre ajuste, caída de la actividad, caída de la recaudación y necesidad de más ajuste.
El analista citado por medios argentinos describe la paradoja que enfrenta la administración Milei: el ajuste fiscal reduce la actividad económica y la recaudación, lo que obliga a nuevos recortes. La reforma tributaria, según el Gobierno, pretende romper ese ciclo incorporando a sectores hoy no alcanzados por el sistema impositivo.
El compromiso con el FMI llega en un momento delicado para las cuentas públicas argentinas. La inflación acumulada en lo que va de 2026 se sitúa por encima del 120%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y las reservas del Banco Central siguen bajo presión. La ampliación de la base de contribuyentes es una de las patas del programa para reducir el déficit fiscal sin ahogar la economía.
La iniciativa ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición, que duda de la capacidad del Gobierno para implementar una reforma de calado sin agravar la recesión. Argentina atraviesa su sexto trimestre consecutivo de contracción económica, según datos del Ministerio de Economía.
Con esta medida, Milei busca dar señales de ortodoxia fiscal a los mercados internacionales, mientras intenta amortiguar el impacto social de los recortes. El FMI, por su parte, mantiene su evaluación del programa, cuyo próximo informe está previsto para julio de 2026.
Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.
Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.
El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».
Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.
La necesaria complicidad local
A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.
Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.
Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.
El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.
Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.
«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».
Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.
Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».
Hasta el 7 de noviembre de 1976, y pese al clima de terror que había traído la llegada de los militares al poder en Argentina, la vida de Graciela Lois se encaminaba hacia la felicidad. Casada con Ricardo, a quien había conocido dos años antes en una protesta en la facultad, los unía la militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y en ese momento también una hija de solo tres meses. Aquella noche, Graciela esperaba el regreso de su marido tras una cita con compañeros de la JUP. Pero nunca llegó. No lo sabía entonces, pero Ricardo acababa de entrar en la larga lista de desaparecidos de la dictadura.
Durante meses se aferró a la esperanza de que había sido detenido y que, tal vez, lo liberarían pronto. “Ese tal vez me persiguió durante mucho tiempo”, admite ahora Graciela. Se acabó incorporando a la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, donde encontró a muchas otras personas que, como ella, buscaban a un hijo, un marido o un hermano arrancado por la represión en los primeros meses del régimen. Hoy preside la organización, habiendo dedicado media vida a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de la memoria de esa oscura etapa de la historia argentina. Y, sin embargo, siente que debe volver a empezar esa lucha que creía ya ganada.
Argentina cumple este 24 de marzo 50 años del golpe de Estado de 1976 que llevó a las Fuerzas Armadas al poder. Aquel régimen, instaurado bajo el argumento de poner fin al “desgobierno” y a la “delincuencia subversiva” de las guerrillas de izquierdas, desplegó un plan sistemático de terrorismo de Estado, caracterizado por secuestros, torturas, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y una red de centros clandestinos de detención extendida por todo el país. La cifra de 30.000 personas desaparecidas, la mayoría todavía sin localizar, sintetiza la magnitud del horror.
La dictadura terminó en diciembre de 1983, debilitada por la derrota en la guerra de las Malvinas y una profunda crisis económica. Con el retorno de la democracia, Argentina se convirtió en un referente mundial: a diferencia de España, donde las autoridades franquistas nunca fueron juzgadas, el Juicio a las Juntas de 1985 sentó en el banquillo de los tribunales civiles a los máximos responsables del régimen y los condenó por crímenes de lesa humanidad.
Cambio de narrativa
Pero ahora, a medio siglo del golpe, el clima es muy distinto. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha adoptado una postura abiertamente confrontativa con el consenso construido en torno al Nunca más, reabriendo debates que durante décadas parecían cerrados. Para el movimiento de derechos humanos, se trata de un escenario impensable hasta hace solo unos años. “Nadie se esperaba que fuéramos a volver atrás en esto”, admite Graciela, dolida. “Confiamos demasiado en que estaba todo ganado”.
Pese a ese pesimismo, en parte lo está. Según un estudio reciente, hoy siete de cada 10 argentinos mantienen una visión negativa de la dictadura, y una mayoría reconoce la existencia de un plan sistemático de represión. “Tras la dictadura, el país se puso a la vanguardia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Eso ha creado un sentido común muy arraigado en la sociedad”, argumenta el sociólogo Emilio Crenzel. El historiador Matías Grinchpun añade un matiz: ese amplio consenso social tapaba la existencia de sectores minoritarios con opiniones opuestas. “No es que aparecieran memorias de derecha que no existían; simplemente han ganado visibilidad social”, explica.
En realidad, el camino hacia ese consenso nunca fue lineal. Tras el Juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida frenaron los juicios contra militares. Poco después, el gobierno indultó a los altos mandos encarcelados en nombre de la “reconciliación nacional”. No fue hasta principios de siglo, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando esas normas fueron anuladas y los procesos judiciales se reactivaron. Luego, con el regreso de la derecha al poder de la mano de Mauricio Macri, se intentó aplicar el beneficio del 2×1 a los militares condenados por delitos de lesa humanidad para reducir su sentencia.
Un pañuelo blanco del movimiento por los derechos humanos pintado en el suelo. JOHN McAULAY
Aun con esos antecedentes, ambos analistas coinciden en que el gobierno actual marca una diferencia cualitativa con los predecesores. “Desde el retorno de la democracia, nunca hubo una administración con una visión tan benevolente hacia la dictadura”, dice Grinchpun. Crenzel coincide, e identifica en el discurso oficial una combinación de negación, relativización y justificación de las violaciones a los derechos humanos. “Son argumentos que ya utilizaba la propia dictadura militar a lo largo de su existencia”, subraya.
Ya durante la campaña electoral de 2023, Milei hizo de la polémica su mejor baza, cuestionando la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una vez en la Casa Rosada, ha profundizado en ese relato, llevándolo incluso hasta el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En su revisión de la narrativa sobre la dictadura, ha abogado por construir una “memoria completa” que justifique la represión estatal como parte de una “guerra” contra la violencia de las guerrillas de izquierda.
El giro no ha sido solo discursivo. El gobierno de Milei ha degradado la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría y ha despedido a la mitad de su plantilla. También ha cerrado el centro Haroldo Conti, un espacio que promovía la memoria a través de la cultura, y ha dejado inoperativa la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se encargaba de localizar a niños apropiados durante la dictadura.
Una memoria firme
“Hay una política de desmantelamiento de las estructuras que existían en materia de derechos humanos y una apuesta por elaborar un relato que redefina el sentido común sobre la violencia de los años setenta”, resume Crenzel. Pero, pese a los esfuerzos de Milei, muchos de los avances logrados siguen en pie: los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, la memoria forma parte del currículo educativo, se producen libros y documentales, y cada 24 de marzo las calles se llenan en movilizaciones masivas. “Son logros que Milei no ha podido erosionar”, explica el sociólogo. Por eso, afirma que Argentina llega a los 50 años del golpe “en un contexto contradictorio”.
En ningún lugar se ha visto eso con más claridad que en el Museo Sitio de Memoria ESMA, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, hoy convertido en un símbolo de las políticas de memoria y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Marzo es el mes más concurrido por la proximidad al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las salas se abarrotan de visitantes, la gran mayoría argentinos, que recorren en silencio los espacios donde funcionó el aparato represivo, conmovidos por el relato del guía.
Entrada al Museo Sitio de Memoria ESMA. JOHN McAULAY
Aquí, la llegada de Milei al poder no ha significado una caída en el número de visitantes. “Incluso viene más gente”, admite un trabajador. “Las visitas para colegios y universidades están cubiertas hasta fin de año”. Sin embargo, el cambio de gobierno ha traído recortes presupuestarios, y con ello una reducción drástica de la plantilla. “Antes éramos 60 empleados; ahora solo somos 20”, informa otra trabajadora del centro. La prueba más evidente del ajuste económico lo ofrecen los folletos informativos: solo están disponibles en inglés y en ellos aparece el logo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –de la administración anterior; ahora es solo de Justicia–. “No quieren imprimir más”, revela la trabajadora, desalentada. “Con eso lo digo todo”.
Por ahora, el gobierno no ha dado el paso más extremo: indultar a los represores condenados. Y eso que parecía solo una cuestión de tiempo cuando, a mediados de 2024, varios diputados oficialistas visitaron en prisión a militares responsables de asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura. Para Lydia Lukaszewicz, ese gesto fue particularmente doloroso. Su padre, Hernán Lukaszewicz, participó en el aparato represivo como suboficial del Ejército. Hoy se considera exhija porque dice haber “renunciado a esa historia”, y denuncia los crímenes de la dictadura desde Asamblea Desobediente, un colectivo de familiares de represores.
“Siempre esperé que hablara, que diera nombres”, cuenta Lydia. “Pero nunca lo hizo”. Casos como el del ex marino Adolfo Scilingo, que confesó su participación en los vuelos de la muerte y actualmente cumple condena en España, son excepcionales –y por ello, repudiados dentro de las propias filas militares–. Cuando oye hablar de un posible indulto, Lydia no puede evitar pensar en su padre biológico, quien, como tantos otros, murió sin haber sido condenado y sin romper el pacto de silencio que ha protegido a tantos responsables. “Estos tipos no tienen que salir más”, afirma. “Tienen que pudrirse en la cárcel”.
Si el gobierno de Milei aún no ha avanzado en la liberación de los represores es por una cuestión de prioridades, según Crenzel. El libertario está centrado en su agenda económica, basada en la desregulación total, lo que ya ha provocado una fuerte reacción social. Las marchas de los jubilados por los recortes en las pensiones o las protestas contra la recientemente aprobada reforma laboral, que permite jornadas de 12 horas, son síntomas de esa tensión. “Sabe que esos cambios económicos van a generar conflicto y evita sumar nuevos frentes al mismo tiempo”, explica el sociólogo.
Sin embargo, uno de los ataques más profundos al consenso del Nunca más está pasando casi desapercibido, advierte Grinchpun. “Milei está intentando desandar el sentido común construido durante décadas mediante un relato que revaloriza las fuerzas armadas y de seguridad”, señala. Así, el gobierno ha nombrado recientemente al teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa –la primera vez que un militar ocupa el cargo desde la dictadura–, y ha impulsado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, una ruptura con los acuerdos básicos establecidos tras 1983.
Además, ante las movilizaciones contra sus políticas, el Ejecutivo ha recurrido al uso de la fuerza y ha justificado las actuaciones policiales incluso cuando han dejado heridos graves. Recordando que estas fuerzas de seguridad fueron “una pieza clave del aparato represivo de la dictadura”, Grinchpun alerta del riesgo de que ese discurso termine otorgando “legitimidad a los actos más violentos que puedan cometer”. Sus efectos, añade, podrían perdurar más allá del actual gobierno. “Cuando Milei se vaya, algo de eso va a quedar. Y eso termina siendo una deformación enquistada en el corazón de la democracia, que le impide desarrollarse plenamente”.
En medio de esa disputa por la memoria de la dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo –las activistas más emblemáticas del movimiento por los derechos humanos– mantienen aún la lucha nacida en 1977. Ante la desaparición de sus hijos a manos del gobierno militar, comenzaron a reunirse frente a la Casa Rosada todos los jueves para exigir respuestas. Como el estado de sitio prohibía las concentraciones de más de tres personas, optaron por caminar en círculo alrededor de la plaza. No han dejado de hacerlo desde entonces.
La ronda 2.500º de las Madres de Plaza de Mayo, con la Casa Rosada al fondo. JOHN McAULAY
El pasado 12 de marzo completaron la ronda número 2.500. Avanzando lentamente, leyeron los nombres de los desaparecidos, seguidos de un reivindicativo “¡presente!”. No faltó a la cita la presidenta de la asociación, Carmen Arias, de 84 años y con la cabeza cubierta por el icónico pañuelo blanco, de compromiso inquebrantable. “Las madres no vamos a dejar nunca la lucha, por más trabas que nos pongan”, lanzó entre aplausos del público. “Hasta el jueves que viene”.
En el hotel en León. Un par de horas libres por delante hasta que tenga que irme a una charla en San Feliz de Torío, que aprovecho para leer Exilio, de Clara Obligado, con ilustraciones de Agustín Comotto. Me gusta enseguida el tono; Clara suele aunar las reflexiones profundas con un sentido del humor a veces afectuoso, a veces corrosivo. En este libro breve, C. O. va encadenando situaciones que parten del día que huye de Buenos Aires a Madrid para escapar de la dictadura que había comenzado a arrasar su país hacía poco. Enseguida queda claro que en este libro, que tiene la apariencia de lo autobiográfico, la narradora contradice un relato con otro: la misma situación se desarrolla de forma diferente en distintos relatos, y además de contarnos lo que le sucedió a ella y a su familia, también imagina lo que le podría haber sucedido.
Pero no se trata de un juego posmoderno similar al de la película Corre, Lola, corre. En ella la protagonista vivía tres aventuras diferentes dependiendo de un pequeño cambio en sus actos. Cada cambio podía llevar a un final trágico: game over. Lo bueno era que entonces podía empezar otra partida.
Una versión radical de cómo una decisión ligeramente distinta puede trastocar tu vida y llevarla a algo completamente inesperado es la novela Una vieja historia, de Jonathan Littell, uno de los ejercicios literarios más impresionantes que he leído en los últimos años: todas las narraciones empezaban igual, un hombre en una piscina, sale de ella, se adentra por un pasillo y entonces abre una puerta o no la abre, se asoma o no a otra, y se sumerge en una vida completamente distinta en cada caso. Este breve resumen no hace justicia a la novela –que va creando una atmósfera angustiosa a base de repeticiones y minúsculas alteraciones de detalles–, pero lo dejo aquí porque quería quedarme en Exilio.
Lo que me ha interesado de la obra de C. O. es, sobre todo, cómo su aparente juego de contar la misma situación con resultados diferentes, en los que por ejemplo la narradora, después de llegar a Madrid, se va a Londres con un hombre al que acaba de conocer, o a trabajar en la radio en un país africano, o no vuela a Europa sino que se queda viajando por varios países de América en una vida nómada y nunca segura. Eso, que parece un juego, un guiño, una travesura con la autoficción, creo que narra algo mucho más significativo: no es posible contar las consecuencias personales de una dictadura brutal, sobre quien se fue y sobre quien se quedó, usando solo la propia biografía. De hecho, convertirte en protagonista exclusiva por muy víctima de la barbarie que seas corre siempre el riesgo de caer en el exhibicionismo. La dictadura argentina arrasó la vida de miles de personas, y lo que a ti te sucedió es una parte minúscula del dolor causado; no solo eso, tus propias experiencias tienen algo casual; fueron esas, pero podrían haber sido otras, quizá por tan solo haber retrasado el viaje un día podrían haberte detenido, torturado, desaparecido; o elegiste quedarte en Uruguay en lugar de volar a España y te deportaron de vuelta a Argentina, y entonces también podrían haberte detenido, etc. O sí llegaste a España y una decisión encaminó tu vida de exiliada por un camino del que te arrepentirías siempre o a lo mejor encontraste una vocación –por ejemplo, escribir– que te sostuvo en ese lugar que nunca dejó de ser del todo ajeno para ti. También creo que nos dice que el daño en una dictadura es siempre compartido; no es que a todos les suceda lo mismo, que todos sean víctimas en igual medida, pero sí que el trauma atraviesa la sociedad entera: el trauma de la violencia, el de su amenaza, el del miedo, el del exilio, el de no volver a pertenecer nunca a un lugar.
No puedo saber si la autora estaba pensando en cosas como esta cuando escribía. Casualmente, me voy a encontrar con ella en el Festival Aldecoa de cuento, en Vitoria, en menos de una semana, así que se lo preguntaré y saldré de dudas.
10 de marzo
Cuántas veces hemos oído y leído ese cliché que dice que quien desconoce la Historia se ve abocado a repetirla. Lo trágico es que si la Historia se repite, con variaciones inevitables, no es por desconocimiento, sino porque mucha gente quiere que se repita. Cuando una mayoría vota a Milei no es porque no sepa lo que sucedió durante la dictadura de Videla; claro que lo sabe, pero le preocupan muy poco sus crímenes, siempre que traiga la paz, el progreso, la seguridad –o lo que quiera que sea que deseen– para una mayoría, o al menos para el grupo de población al que pertenecen.
Y cuando Von der Leyen afirma que los países no deben estar atados por las reglas –y aunque luego se desdiga está hablando del derecho internacional– no es porque no sepa que está apoyando a quien destruye las normas básicas de la civilización, pero le parece que merece la pena el sacrificio para obtener sus objetivos –de nuevo, los que quiera que sean–.
Se está generalizando la nostalgia de dictaduras de derechas; digo de derechas porque la izquierda parece ser más melancólica que nostálgica. Se lamenta de los derroteros por los que va el mundo, pero se ha quedado sin utopías que añorar. Que no digo que el pensamiento utópico sea necesario, pero estaría bien reconquistar la fe en poder detener la barbarie. Y aquí no sé si hablo de la sociedad, de la izquierda o de mí mismo.
Me fascina y me repele a la vez que los nostálgicos de las dictaduras de derechas sigan clamando por un líder con puño de hierro, cuando, a la larga, el puñetazo se lo lleva el propio país. Sus promesas de mano dura y orden y prosperidad en todas partes dejaron tras de sí un rastro de cenizas y escombros.
El 11 de diciembre de 2025 el presidente argentino Javier Milei firmó un anunciado proyecto de ley que envió al Congreso con el objetivo de transformar radicalmente el mundo del trabajo. Aunque su intención era que los legisladores lo aprueben antes de fin de año, su tratamiento fue postergado hasta febrero luego de una masiva movilización sindical el jueves 18 y el rechazo de la oposición política parlamentaria.
El texto, denominado “de modernización laboral”, cuenta con casi 200 artículos que proponen modificaciones en temas tan diversos como el trabajo en plataformas, pasando por las contribuciones patronales a la salud y las jubilaciones, hasta el derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral. Si bien durante las semanas previas voceros gubernamentales habían filtrado o enunciado distintos aspectos de la iniciativa, su versión final fue todavía más extensa y abarcativa de lo que se esperaba. Celebrada por las cámaras empresarias -muchas de las cuales participaron en la redacción del texto-, generó alerta y rechazo en todo el movimiento obrero argentino.
Jorge Sola, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, sostuvo que se opone “terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral”. En esa línea se sumaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que, en un comunicado conjunto sostuvieron que el proyecto “no moderniza nada” y en los hechos “es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios” cuyo verdadero propósito “es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.
La respuesta sindical no es para menos, ya que el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había reconocido en noviembre durante una gira por el Estado español que uno de sus objetivos era “desarticular” a los sindicatos, reduciendo su “poder” de negociación.
Pero la mayoría de los defensores del proyecto intenta hacer foco en que, según su mirada, con estas modificaciones se podrán crear más empleos y se generará más “estabilidad” en el mercado laboral. Paradójicamente, el modelo económico impulsado hasta ahora por Javier Milei ha generado estancamiento, pérdida de poder adquisitivo y de puestos de trabajo. De acuerdo a datos oficiales, los salarios reales cayeron un 11% en promedio desde que el presidente de extrema derecha llegó al gobierno. Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se hundió un 34% y hoy posee un poder de compra inferior al del año 2001 cuando Argentina atravesó la peor crisis económica de su historia.
Asimismo, como señaló la periodista Eugenia Rodríguez en un detallado artículo publicado en El Destape “tras los cambios laborales implementados con la Ley Bases en 2024 (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores ‘independientes’, fondos de cese laboral optativos)” no se crearon fuentes de trabajo. De hecho, “el último dato oficial difundido recientemente indicó que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados registrados”.
En diálogo con El Salto la socióloga Luci Cavallero, apuntó que “uno de los grandes mitos que se ha querido instalar desde de los medios de comunicación, pero también como discurso de sentido común es la hipótesis y el supuesto implícito es que a mayor flexibilización de las normas laborales mayor probabilidad de que el empresariado tome más personal”. Pero eso “no se ha verificado en ninguna parte del mundo y laboralistas de todos los colores e ideologías coinciden en que lo que crea trabajo registrado son las economías en crecimiento”.
Un ataque a los sindicatos
El investigador Luis Campos, miembro del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma y uno de los mayores especialistas de la situación laboral en Argentina, sostiene que el proyecto del gobierno de Milei se trata, en realidad, de tres reformas en una.
En primer lugar implica un ataque directo a la organización y acción colectiva, cuya principal herramienta institucional son los sindicatos. “En la práctica prohíbe la huelga bajo una reglamentación excesiva de los llamados servicios esenciales”, apuntó Campos entrevistado por este medio. Es que el texto presentado califica de esta forma actividades tan diversas como la gastronomía, la educación o la producción de alimentos y las obligaría a garantizar una dotación mínima del 50% o 75% del personal, según el caso, si se decide una medida de fuerza. “De esta manera se le imponen restricciones al ejercicio de la huelga en prácticamente todas las actividades de la economía, restricciones que en la actualidad existen, pero para actividades muy acotadas, como por ejemplo la terapia intensiva de un hospital o una central nuclear”, recordó el investigador.
Otro punto crítico para las organizaciones sindicales tiene que ver con los Convenios Colectivos. En la actualidad rige un orden progresivo donde la Ley de Contrato de Trabajo estipula un piso mínimo que los convenios específicos por rama de actividad pueden mejorar, pero nunca empeorar. A su vez, se permiten acuerdos particulares por empresa o región, que deben seguir la misma línea. La reforma propuesta por el gobierno argentino busca romper esta dinámica, habilitando convenios de orden inferior (por provincia o empresa) que prevalezcan -aún si implican peores condiciones laborales- por sobre los convenios nacionales.
Asimismo se plantea poner un límite muy fuerte a la llamada “ultraactividad” de los Convenios Colectivos. A diferencia de otros países, en Argentina estos no tienen fecha de vencimiento. Es decir que, si en una negociación entre un sindicato y una cámara patronal no se llega a un acuerdo, todos los derechos adquiridos en el convenio continúan vigentes. Nuevamente, la intención del Poder Ejecutivo es terminar con este principio estableciendo una fecha de caducidad de un año para algunas cláusulas, lo cual pondría a los sindicatos en una situación de debilidad ya que se verían obligados a acordar con las empresas, aunque esto implique perder beneficios y conquistas.
Por otra parte también se condiciona la actividad gremial dentro de las unidades productivas. Cualquier grupo de trabajadores que decida realizar una asamblea deberá contar con autorización del empleador y en caso de obtenerla, se les descontará de sus salarios el tiempo que dure la deliberación colectiva.
Finalmente, aunque no menos importante, “se incluyen restricciones muy fuertes al financiamiento de los sindicatos”, subrayó Campos. Y añadió: “Posiblemente la más importante es que los empleadores dejan de estar obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical con lo cual, se va a dificultar mucho la capacidad de los sindicatos de financiar su funcionamiento”.
El control del proceso de trabajo
La segunda reforma, en términos de Campos, está relacionada con la anterior pero se enfoca en ampliar y reforzar el control del proceso de trabajo por parte del empresariado. Entre los puntos más destacados se amplía el período de prueba a seis meses; se flexibiliza el período de vacaciones permitiendo su fraccionamiento en lapsos no menores a 7 días corridos y se establece que los empleadores deben permitirlas “al menos” una vez cada tres años en la temporada de verano; se habilita el “salario dinámico” que puede modificarse por productividad o “mérito” y se permite el pago en moneda extranjera, vales o alimento.
Pero sin duda, el punto más polémico de esta segunda reforma dentro del proyecto, es el llamado “banco de horas”. Este sistema supone que la patronal disponga del tiempo del empleado de acuerdo a sus necesidades productivas y pueda modificar la jornada laboral, sin pagar horas extras. Un trabajo de 8 horas podría extenderse hasta 12 en un mismo día si la empresa así lo dispone. Como compensación, esas horas se le “devolverán” al trabajador otro día, realizando una jornada reducida.
“Esto pone a los trabajadores en una situación de debilidad muy fuerte frente a los empleadores porque estas cuestiones, con ciertos límites, se podían negociar en los convenios colectivos de trabajo, a partir de ahora van a poder ser negociados en en los contratos individuales”, sentenció Campos.
Por su parte, Cavallero consideró que si se aprueba esta ley “el impacto va a ser una baja en el costo laboral de las empresas no solo por el ajuste en salarios, sino también por las condiciones laborales” donde se va a dar “una mayor flexibilidad y una responsabilización del trabajador de cuestiones que antes asumía el patrón y que tiene que asumir el patrón”.
Hacer más ricos a los ricos
El tercer aspecto de la ley de “modernización laboral” se entronca directamente con el proyecto político, económico y de país de Milei: un gobierno de la clase dominante y para la clase dominante. Para Luis Campos no hay duda: el texto de la nueva ley “incluye una transferencia multimillonaria de recursos del trabajo al capital”.
La reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%
Esto se puede observar a través de dos aspectos. En primer lugar, la reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social que cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%. Estos fondos actualmente van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encargada del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras prestaciones.
Si bien las empresas seguirán abonando esos tres puntos de la masa salarial, serán reorientados hacia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que crea la nueva ley y será el encargado de pagar las indemnizaciones de aquellos trabajadores trabajadoras que sean despedidos por sus empleadores. “Con lo cual para los empleadores en el día a día esto se netea, es decir, van a pagar un 3% al FAL, pero se ahorran un 3% en las contribuciones patronales”, explicó Campos y, en definitiva, se van a ahorrar el pago de las indemnizaciones “que ahora indirectamente se van a terminar haciendo con fondos que deja de percibir la ANSES”. O, en otras palabras, se le quitará dinero a jubilados, pensionados y otras personas vulnerables, para financiar la posibilidad de despedir de las empresas.
En segundo lugar, la ley también prevé una reducción en el aporte patronal que los empleadores hacen a las obras sociales del 6% al 5% del salario. De esta forma hay cuatro puntos porcentuales de masa salarial que los trabajadores y trabajadoras argentinas pasarían a ceder al sector empresario. Según estimaciones de los sindicatos, en la actualidad esto asciende a unos 2.500 millones de dólares al año.
¿Cuál es el estado del proyecto?
Como mencionamos al comienzo, el objetivo declarado del Poder Ejecutivo era que el Congreso aprobara su reforma antes de fin de año. De hecho la flamante senadora y ex ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, había puesto como fecha de votación el 26 de diciembre.
Sin embargo, en los últimos días el panorama cambió. La noche del miércoles 17 de diciembre el oficialismo sufrió un revés en la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró quitar el artículo que eliminaba el financiamiento a las Universidades Públicas y derogaba la Emergencia en Discapacidad.
Por su parte, el jueves 18 las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, se movilizaron a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral. Unas horas después del acto donde los dirigentes amenazaron con una huelga nacional, la senadora Bulrich anunciaba que el texto sería debatido el 10 de febrero.
Es que si bien tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 el gobierno de Milei salió fortalecido y amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, todavía debe negociar con sectores moderados y dialoguistas para lograr la aprobación de sus proyectos.
Ahora, mientras el oficialismo apuesta a convencer -con argumentos o con prebendas- a los legisladores indecisos, el movimiento obrero planifica sus próximos pasos en una batalla que, por ahora, ha logrado postergar hasta 2026.
Abuelas de Plaza de Mayo calificó como “un ataque a la democracia” el fallo de la Corte Suprema
de Justicia que rechazó el recurso de queja y ratificó la condena a
seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
“Repudiamos la confirmación de la injusta condena a Cristina
Fernández de Kirchner, en un nuevo y triste episodio de persecución y
proscripción, como ya hemos vivido otros en Argentina y en la región,
decidida por una Corte Suprema que –como buena parte del poder judicial–
responde a un sector de la política”, añadió en un comunicado.
Y afirmó que “cuando la Justicia se utiliza para distorsionar de
forma tan brutal el tablero político, la democracia está en peligro.
Dejar fuera de juego a esta dirigente tan representativa para el país,
dos veces presidenta de la Nación y líder del principal partido
opositor, es una irresponsabilidad histórica cuyos costos terminará
pagando toda la sociedad”.
“Es un día aciago para la patria. Quieren silenciar a una porción
enorme de la ciudadanía, despojándola de su figura más emblemática, tras
años y años de estigmatización y deshumanización”, expresó.
Y manifestó sus deseos de que “el pueblo argentino entienda que no
estamos frente a una mera disposición judicial, sino que se trata de una
operación orquestada para reconfigurar, de manera completamente
restrictiva y regresiva, los márgenes del escenario político y social”,
concluyó la organización.
En otro comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte, la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, expresaron que «los Organismos de Derechos Humanos en defensa de la Democracia y de sus instituciones, repudiamos enérgicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acaba de avalar la condena contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que bien sabemos fue sometida a un proceso absolutamente viciado, en el que se violó desde el principio de inocencia, el debido proceso legal, hasta el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. El objetivo perseguido era y es manifiesto, lo que no pudo el arma criminal aquel fatídico jueves 1° de septiembre del 2022 lo pretenden concretar valiéndose de este sistema de justicia corrupto, al servicio de los grandes grupos concentrados y de los medios hegemónicos, cómplices y beneficiarios también hoy, de las políticas de saqueo y hambre que Milei y sus socios nos imponen. La decisión que en definitiva llevaría a la detención de la titular del máximo partido de la oposición, es de tal gravedad que pone en riesgo el pacto civilizatorio que los argentinos y argentinas celebráramos hace más de 40 años. Por tal razón, llamamos a las organizaciones libres del pueblo y a la ciudadanía sin distinción alguna, que por los medios a su alcance, se manifieste pacífica y masivamente en defensa de esos valores y de ella misma. Es ahora, es ¡ya!», concluyó el documento.
La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) pone once ejes sobre
la mesa para debatir otro modelo de “campo”, para una nueva «Propuesta
de Política Agraria». El desafío es desarrollar el agro más allá de la
exportación de commodities, pensar el campo “con un millón de chacras” y
defender instituciones públicas como el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet y las universidades públicas
para trabajar por intereses comunes, que potencien a los agricultores y
cooperativas y no la apropiación privada para las grandes empresas.
También proponen crear valor agregado, políticas para producir alimentos
en todo el territorio, abastecer las mesas con trabajo cooperativo y
exportar con políticas soberanas.
La idea comenzó a estructurarse durante el año pasado, con mesas de
intercambio con especialistas hacia el interior de Fecofe y concluyó en
los once ejes que este año serán puestos en debate en distintas
regiones del país. El primer paso será en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Continuará de esa manera en
espacios públicos y con invitación abierta a organizaciones y
productores con el objetivo de cerrar la Propuesta de Política Agraria para finales de 2025.
“Hace muchos años que no se habla de desarrollo en el sector rural
sino de cuántas toneladas más o menos se producen. Si el contexto
político actual es exacerbado, si plantea los extremos, nosotros vamos a
plantear que queremos un cambio radical del modelo agropecuario, por
uno que contemple las dimensiones económica, social y ambiental”,
propone Ricardo Garzia, secretario de Fecofe.
Foto: Manuel Costa / Fecofe
El documento preliminar elaborado por la Federación es crítico de la
“representación vacía” de “el campo”, que quedó cristalizada desde el
conflicto de 2008 en las entidades de la Mesa de Enlace, y apunta contra
“el accionar que tiene como objeto casi exclusivo el reclamo continuo
sobre retenciones y tipo de cambio”. También es crítico del modelo
agropecuario hegemónico y lo describe como parte de la globalización de
mercado y responsable de haber “enterrado todos los procesos de acceso a
la tierra y la discusión sobre la cuestión agraria”.
Los ejes propuestos por Fecofe para abrir el debate de una nueva
Propuesta de Política Agraria son: Tierra y Tenencia, Ambiente, recursos
y territorio; Ciencia y Técnica; Perspectiva de Género; Juventud;
Esquema Tributario; Modelo Productivo; Agro y Ruralidad: nuevos sujetos;
Cooperativismo; Alimentos y Alimentación; Estado y Gobierno del sector
agrícola.
“La representación está en crisis no solo en el agro ni en la
ruralidad, sino en todos los espacios de organización y participación de
nuestra sociedad. En lo que hace al agro, una dirigencia que solamente
discute retenciones, tipos de cambio o devaluación. Hace rato que dejó
de representar a una ruralidad más diversa, con muchos temas respecto de
cambios tecnológicos, globales y sociales que nos cruzan a las familias
rurales en los territorios y no son parte de las agendas de las
dirigencias de las organizaciones tradicionales, que miran a los grandes
medios y a los funcionarios de turno”, analiza Edgardo Grünfeld,
referente del Área Institucional de Fecofe. Marca la necesidad de
convocar a la juventud, alejada de la participación de filiales y bases
cooperativas, pensar las nuevas tecnologías y ampliar la representación a
partir de indagar “con los productores como protagonistas desde los
territorios”.
Foto: Manuel Costa / Fecofe
La tierra del millón de chacras
El documento preliminar de Apuntes para una Propuesta Política Agraria,
que se materializó en los ejes propuestos para el debate, contiene
análisis y acciones sobre temas centrales. “La tierra” es el primero de
ellos como una problemática de larga data que está reflejada en las
cifras de los últimos censos agropecuarios.
Según un reciente informe del INTA,
a partir de los datos de los últimos dos censos, el 64 por ciento de
las Explotaciones Agropecuarias (EAP) corresponden al sector campesino,
productores familiares y pequeñas cooperativas, pero cuenta con solo el
13 por ciento de las tierras en producción. Otro informe de la Cátedra Giberti,
también sobre los datos de los censos agropecuarios, marca que la
tierra operada mediante distintos convenios de alquiler en la región
pampeana (zona núcleo del agronegocio), creció un diez por ciento entre
censos y cuadruplicó su participación respecto del resto del país.
Frente a esa realidad, el documento de Fecofe plantea como “objetivos
inmediatos y principales enfrentar la lógica imperante que funciona
como un mercado anual de oferta y demanda de tierras” que tuvo como
consecuencia la concentración de las tierras en pocas manos y la
expulsión de productores. Propone “volver a poner en agenda la cuestión
de la tenencia y acceso a la tierra, tema esencial silenciado en las
últimas décadas”.
Con ese objetivo, entre las propuestas está la de volver a discutir una Ley de Arrendamiento,
cuya última reforma fue dictada en 1980 durante la última dictadura
cívico-militar para facilitar la liberalización y concentración de las
tierras, y la de restablecer la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales,
que limita la extranjerización y en especial su comercio en un mercado
internacional (y que fue derogada por el presidente Javier Milei con el
DNU 70/2023, aunque obtuvo un amparo favorables en el Poder Judicial).
Estas propuestas también deben ser acompañadas por políticas y
acciones para la obtención y redistribución de tierras, especialmente
orientadoras a los jóvenes y con perspectiva de género. Además de
promover la producción de tierras ociosas destinándolas apequeños y medianos productores.
La propuesta agropecuaria de Fecofe también agrega al debate la
recuperación de políticas de promoción de pueblos rurales, de
infraestructura, de circuitos cortos de comercialización y turismo
rural, y sentencia: “Las decisiones y la conformación del territorio
también es un hecho político, es ‘política territorial’”.
Esa gran batería de propuestas relacionadas a la tierra se sintetizan
en un lema que acuñó la Federación sobre la vuelta del “millón de
chacras”. “Es más importante recuperar las 300 mil explotaciones
agropecuarias que se perdieron que poner diez millones de toneladas más
de granos en las bodegas de los buques para la exportación”,
contrapone Garzia y agrega: “Argentina puede producir mucho más, con
mejores condiciones, pero con un interior poblado. Donde hay
cooperativas hay arraigo, hay trabajo, hay cuidado del ambiente y hay
conciencia de cuánto, cómo y qué se produce”.
Foto: Manuel Costa / Fecofe
De los commodities o un modelo federal de producción de alimentos
La expulsión de productores de los campos y la concentración de
tierras son parte de un modelo productivo, económico y político. La
propuesta agraria de Fecofe propone salir al cruce “del actual modelo de
renta financiera con eje en los fondos de inversión, dando oportunidad
de fortalecer a un entramado de productores y sus cooperativas, Pymes y
prestadores de servicios, vinculados al agregado de valor local y el
desarrollo regional”.
En ese modelo, el comercio interno y el internacional cumple un rol ordenador para garantizar un mínimo creciente de participación de las cooperativas en el mercado de granos, revisar la Ley Federal de Carnes y promover normas de adquisición de productos de cooperativas en programas alimentarios.
“Hay una correlación entre qué es lo que estamos produciendo en
volumen, miles de toneladas de productos primarizados, y el comercio
internacional que no dominamos. La Argentina tiene que cambiar, tiene
que ser soberana en sus decisiones de comercio exterior y poder agregar
valor a su producción. Tiene que haber una política de regulación,
intervención, para defender la industria nacional, a los productores y a
los consumidores. En la actualidad, el Gobierno está fomentando que los
productos de valor agregado entren vía importaciones y no una política
de alimentos soberana”, define Garzia.
El debate también se extiende sobre las políticas tributarias, que
tienen a las retenciones como eje de todos los debates en torno “al
campo”. “El debate no se puede agotar en las retenciones y menos sobre
la soja u otro cultivo aislado. La discusión se tiene que enmarcar en a
quiénes queremos promover y quién tiene que hacer el mayor esfuerzo. Hay
que ir a una segmentación
por escalas, por territorio, no es lo mismo producir en el Valle de Río
Negro o en la Puna que a 100 kilómetros del puerto de Rosario”, señala
Grünfeld.
“La discusión fiscal es parte de una discusión de qué proyecto de
país y qué rol queremos que jueguen los agroalimentos y la agroindustria
para desarrollar los territorios, para generar divisas, pero
fundamentalmente redistribución. Nosotros queremos una agricultura con
más agricultores y un agro con cada vez más cooperativas para generar
empleo en los territorios y abastecer las mesas de los argentinos. Ser
protagonista de la exportación de mercaderías y de servicios, y revertir
el peso cada vez más grande de las multinacionales”, completa.
Ciencia para el territorio, organismos democráticos y cuidado del ambiente
“El Gobierno actual está haciendo todo lo posible por subdesarrollar a
la Argentina”, sentencia Garzia y señala que el modelo propuesto por
Milei es el de “un país que exporta materias primas del extractivismo,
sin importar si hay un productor o cien mil productores en un
territorio”.
El documento preliminar de Fecofe valora la investigación pública del
INTA, el Conicet y las universidades nacionales, pero marca la
necesidad de “evitar que las innovaciones estén solamente en manos de
pocas empresas concentradas y en función de sus intereses” y propone
“limitar los convenios de exclusividad con las compañías para recuperar
la transparencia y el acceso público a la información”.
La nueva política agraria propone que la investigación se oriente a
promover la “vuelta al campo” y que los productores y sus organizaciones
no pueden ser ajenos al desarrollo, difusión y utilización de las
innovaciones. El documento exige la participación de las cooperativas en
los distintos ámbitos de decisión, planificación, control y gestión. Un
reclamo
que el sector realiza hace años junto a las organizaciones campesinas
para tener una silla en el Consejo Directivo del INTA. Y que podría verse reducido a la mínima expresión de la Mesa de Enlace según los planes de Milei.
“Pretenden, por ahora, quitarle un cuarto de su planta de
trabajadores, modificar su órgano de conducción y quedarse con el
control político del INTA desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de
Economía. La Argentina corre el riesgo de quedarse sin una de sus naves
insignias. Esperemos que el daño que haga este Gobierno pueda ser
revertido en el futuro, cuando esta gente se retire del poder”, apunta
Garzia.
Otros dos ejes de la propuesta de Fecofe cuajan con la realidad del
INTA: que los organismo no tengan su sede central en la Capital Federal y
que sus directores no tengan conflicto de intereses, como ocurre con el
actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, integrante de
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de
la Sociedad Rural de Balcarce.
El enfoque de la propuesta también resalta que las nuevas tecnologías
deben ser “un aporte al bienestar general, a la salud, a disminuir el
impacto negativo sobre el medioambiente y resguardar los recursos
naturales, la biodiversidad y la sustentabilidad”. Por ejemplo, en
materia de semillas, propone un abordaje que resguarde las
semillas nativas, criollas y de la agricultura familiar, que impulse una
producción diversificada y desarrolle líneas sin organismos
genéticamente modificados (OGM).
“La dimensión ambiental es estratégica para poder pensar una nueva
política agraria. Es una dimensión que si no pensamos tenemos que
subordinarnos a lo que piensan otros en una era en la que el cambio
climático no es solo una realidad sino que condiciona la producción”,
plantea Grünfeld y amplia: “Hay que pensarlo desde lo tecnológico, los
productivo, la innovación y cómo está impactando la calidad de vida de
nuestro territorios, por ejemplo, en cómo se está gestionando el acceso a
los recursos como la tierra y el agua”.
El documento de Fecofe plantea el incumplimiento de un conjunto de
normas ambientales a nivel nacional y provincial que permitirían la
efectiva protección y restauración de los recursos naturales (políticas
del uso del suelo, del agua y la conservación de la biodiversidad y los
recursos genéticos).
“Hay que generar valor agregado en territorio con una mirada de la
‘casa común’ y no contraponer el ambiente por un lado y la producción
por otro. Cuando ponemos a las familias y las comunidades en el centro
del debate se enriquecen las miradas”, sostiene Grünfeld y concluye: “No
hay quién cuide más de sus campos, territorios, infraestructuras e
instituciones que aquellos que viven y apuestan a que sus hijos viven en
el lugar, esa es la mirada del movimiento cooperativo”.
Quien tenga dudas sobre qué tipo de gobierno impera en Argentina, con
Milei y su séquito, allí va una nueva prueba del accionar represivo.
Esta vez se ensañaron con el luchador internacionalista vasco, escritor y
analista de política internacional en varios medios de comunicación,
Iñaki Gil de San Vicente. Apenas llegara, en la mañana del miércoles, al
aeropuerto argentino de Ezeiza, la policía de migraciones lo retuvo,
separándolo de su acompañante, la intelectual andaluza Concepción Rojo, y
en no más de una hora, lo volvieron a embarcar en otro avión rumbo a
Madrid.
Gil de San Vicente llegaba a la Argentina para dictar varias
conferencias sobre el rol del imperialismo y la violación de Derechos
Humanos. Esto último, es moneda corriente en un país donde el FMI hace y
deshace, con la anuencia del gobierno fascistoide actual. Les molesta
que se diga y enseñe la verdad.
Pero desde adentro y desde afuera quienes sentimos todas las
injusticias como propias, como dijera el Che, seguiremos adelante con la
fuerza de la verdad de los pueblos.
Pronto podremos recibirte como mereces Iñaki en una Argentina mejor.
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Argentina
Chiara Páez tenía 14 años cuando el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de la casa de su abuelo, en Rufino, provincia de Santa Fe, Argentina. El asesinato de Chiara, embarazada de dos meses, empujó a las 20.000 personas del pueblo a manifestarse y pedir justicia. La asociación civil La Casa del Encuentro llevaba registrados 140 femicidios solo en los primeros meses de aquel año. Sus estadísticas también mostraban que entre 2008 y 2015 habían sido asesinadas 1808 mujeres en todo el país.
“¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”, tuiteó entonces la periodista Marcela Ojeda. Fue el germen de una marcha que comenzó a gestarse entre un grupo de comunicadoras, que convocó a manifestarse contra la violencia machista bajo la consigna “Ni Una Menos”.
Se eligió que fuera el 3 de junio, un miércoles, frente al Congreso de la Nación. “Si no marchamos juntas nos matan por separado”, decían los carteles. Aquella tarde hubo 150.000 personas en la plaza más céntrica de Buenos Aires, y miles más en otras cien plazas de todo el país. El reclamo principal: que se cumpliera la ley número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009.
Rodeada de una multitud estaba Verónica, la mamá de Chiara, y su tía, y su tío. Romina, la hermana mayor, había quedado en Rufino, donde las calles desbordaron de gente como nunca antes en la historia del pueblo.
“Hace diez años yo estaba muy encerrada en el dolor, en el enojo, pero el grito de Ni Una Menos fue algo muy importante en medio de los pensamientos. Fue muy emotivo escuchar el nombre de Chiara, y que además de acompañarnos a nosotros era un grito que nos unía a todos los que queríamos decir ¡basta! -recuerda Romina-. Me sentí muy atravesada, fueron tiempos muy difíciles. Pero también pudimos empatizar con el dolor de otros familiares que se nos acercaron y que habían atravesado situaciones similares, nos ayudó a reconvertir todo este dolor en lucha, y pensar que todo lo que había pasado con Chiara nos llevaba a una lucha en común. El primer Ni Una Menos fue una mezcla de sentimientos de dolor y esperanza”.
Luci Cavallero es socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad es docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda y forma parte del colectivo Ni Una Menos.
“Ni Una Menos nació como un grito colectivo para hacer visible un problema que no tenía visibilidad pública ni estaba tomado con la seriedad necesaria por las políticas públicas: los femicidios como expresión máxima de violencia por razones de género. Fue una manifestación que surgió en redes sociales y que después se transformó en un movimiento estructurado en asambleas y marchas y manifestaciones que fueron complejizando los diagnósticos de las violencias por razones de género”, explica.
Y sigue: “Ni Una Menos es un proceso de sensibilización de la sociedad quecambia los umbrales de tolerancia con respecto a las violencias, que produce desplazamientos subjetivos de las mujeres en todos los ámbitos, pero también transforma a los varones. Y más allá del proceso de destrucción que estamos atravesando en este momento, este proceso sigue presente y latente”.
La destrucción
Tras el MeToo mundial que generó una oleada de denuncias por acoso y abuso, en 2018 comenzó en Argentina el debate por el aborto legal, una discusión que puso al feminismo en primer plano. Y se sumaron las pibas. La marea verde fue la consecuencia de un trabajo de décadas, una marea en la que se encontraron abuelas, hijas y nietas que se unieron para exigir, y se hicieron escuchar. En 2019 se creó el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y en 2020, en medio de una epidemia mundial, se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por entonces Javier Milei era un economista excéntrico que se paseaba por canales de televisión repartiendo frases rimbombantes y protagonizando shows bizarros, como golpear con un palo una maqueta del Ministerio de las Mujeres y prometer que cuando fuera presidente lo tiraría abajo. Fue lo primero que hizo al asumir, en diciembre de 2023.
El Gobierno autodenominado libertario pasó “el tema género” al Ministerio de Justicia. El funcionario al frente de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que “el género era un tema primordial”. Enseguida le tiraron de las orejas. Desde el propio área de comunicación del Ministerio salieron a decir que el Gobierno no iba a tener políticas de género: “La violencia no tiene género”, fue el mensaje.
Ante el anuncio del vaciamiento, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados citó al ministro Cúneo Libarona. El funcionario hizo una polémica presentación contra de la diversidad, negó la violencia contra las mujeres e insistió con las “denuncias falsas que hacen para vengarse”. Aseguró que “el género se acabó”, y que el eje sería “la familia tradicional y cristiana”. También dijo que rechazaban la diversidad de identidades sexuales que “no se alinean con la biología”. Sus dichos generaron masivos repudios, que incluyeron el pedido de juicio político y hasta su renuncia. El Gobierno lo respaldó.
El programa más importante del Ministerio de Mujeres fue Acompañar, que había asistido a 352.000 mujeres en situación de violencia de género. Se les dio, durante seis meses, un salario mínimo para lograr cierta autonomía económica que les permitiera salir de relaciones abusivas. Solo en la ciudad de Buenos Aires se realizan 10.000 denuncias anuales por violencia de género. Según la Corte Suprema de Justicia, hay un promedio de 250 femicidios por año en el país, que suman 2.500 en la última década, y que han dejado más de 3.000 niñas y niños huérfanos.
La provocación
El 8 de marzo de 2024, en el primer Día de la Mujer como gobierno, el Ejecutivo de Milei cambió el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y lo rebautizaron Salón de los Próceres. Sacaron las fotos de heroínas como Alicia Moreau de Justo, Alfonsina Storni, Juana Azurduy, Victoria Ocampo y Mercedes Sosapara reemplazarlas por cuadros de varones comoCarlos Menem y Julio Argentino Roca. El 8 de marzo de este año el Gobierno volvió a provocar a las mujeres: difundió un video en el que aseguraban que “solo en 2023 se gastaron en género cuatro billones de pesos, que superó al gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue diez veces superior al presupuesto del Poder Judicial”.
“El presupuesto del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue mucho menor. En 2023 gastó $172.000 millones [de pesos]. Representó 0,21 por ciento del gasto total del Estado, muy por debajo de áreas como Defensa (3,38 por ciento) y Seguridad (2,2 por ciento)”, respondió el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
“El dinero se destinó a burocracia, oficinas de lujo y políticas simbólicas que no ayudaron a reducir la violencia”, decía también el video libertario. “Los fondos se usaron para programas muy concretos”, aseguraron desde ELA citando la Línea 144 de atención para víctimas, el programa Acompañar y los centros de protección de todo el país que daban refugio, asistencia legal y psicológica.
“Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace, las paga. Fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas”, asegura otro pasaje del video. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema asegura que solo en enero de 2025 la denuncias aumentaron un ocho por ciento con respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses de 2025 hubo 96 víctimas de violencia de género.
A pocos días de un nuevo 3 de junio, el Gobierno ha salido con otra provocación: “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito ‘MenstruAR’”, escribió en sus redes el ministro Cúneo Libarona.
Y detalló: “Los 13 programas que eliminamos son: 1. Menstruar. 2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. 3. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad. 4. Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’. 5. Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’. 6. Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. 7. Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. 8. Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad. 9. Igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción ‘Igualar’. 10. Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. 11. Capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘Formar Igualdad’. 12. Producir. 13. Generar”.
“Eliminar este despilfarro le ahorrará 6.000 millones de pesos por año a los argentinos”, concluyó el funcionario. Varias organizaciones, entre ellas ELA y Amnistía Internacional, ha salido a cuestionarlo.
“La discusión sobre el margen para asistir a las víctimas de violencia no puede quedar desvinculada de las decisiones que un Estado puede adoptar para distribuir los recursos disponibles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los miles de millones de pesos que el Estado dejó de recaudar del impuesto a las ganancias a magistrados/as y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (en 2023 esta exención fue de 285.728 millones de pesos en valores nominales), vemos que equivale a 4,2 veces lo que costó el programa Acompañar (67.755 millones de pesos, también en valores nominales)”, aseguraron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
“La eliminación sin reemplazo vulnera obligaciones claras del Estado argentino en materia de derechos humanos, establecidas en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También ignora las advertencias de organismos internacionales, que alertan que negar la violencia de género o desfinanciar las políticas que la abordan debilita seriamente la legitimidad institucional y la respuesta pública frente a una problemática de altísima importancia”, agregaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe Anual 2024 sobre la situación de los derechos humanos en la región. Su análisis sobre Argentina es malo: “En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la reestructuración de la Administración Pública iniciada en diciembre 2023 ha afectado seriamente la institucionalidad y políticas de protección a sus derechos. En particular, tras la eliminación de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género que concretó el cierre del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Por primera vez en 40 años, el país no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género”.
La resistencia
“El Gobierno libertario está desarrollando actualmente un ataque sistemático sobre los derechos de las mujeres en nuestro país, no solamente con el desmantelamiento de casi todas las medidas públicas con perspectivas de género que había en el Estado, sino también con discursos de odio. Se usan los cargos máximos del Estado Nacional para promover el odio, para desinhibir una violencia social sobre determinadas poblaciones, entre ellas las mujeres, la población LGBTIQ+. Por otro lado, tiene una política de ajuste muy fuerte que provoca una precarización acelerada en la vida de las mujeres, que tienen muchísimas menos oportunidades para salir de las violencias, con salarios congelados, subsidios y programas sociales eliminados”, asegura Cavallero.
Y concluye: “Nuestro trabajo ahora es recomponer las redes, apostar a las tramas colectivas, la recomposición del tejido social, la prevención de la violencia entre pares y seguir sosteniendo los procesos de organización y movilización”.
A Romina aún se le quiebra la voz al hablar de su hermana: “Hoy en día, a diez años, recuerdo a Chiara con el mismo amor y más, y a veces me agarra el mismo dolor y la misma rabia. Hemos avanzado en varias cosas y tenemos más leyes, aunque ahora vivimos tiempos muy complejos, especialmente las mujeres. Todavía sigue habiendo muertes, pibas desaparecidas, madres que buscan justicia, pero hay que enfocarse en la fuerza de organizarnos, de luchar, que no se ha detenido y que no haya vuelta atrás, que no haya retroceso de los derechos. Lo que falta conseguir lo vamos a conseguir entre todas más allá de las diferencias. Y hoy más que nunca mi hermana Chiara va a estar presente en cada lucha, en cada movilización y en cada una de nosotras”.
Mil sábados atrás iniciábamos este proyecto radiofónico, ético/político, grupal y solidario que se llama CONTRAPUNTOS. No recuerdo la fecha justa y precisa, pero con el devenir siempre mantuvimos una perspectiva crítica sobre lo que sucede/sucedía en la región, el país, el mundo. Una doble tarea: periodismo y docencia fueron abriendo más y mejores preguntas, entrevistas y reflexiones que certezas a modo de bajada de línea, propio de la “comunicación dominadora” (consciente o inconsciente) de los medios locales y nacionales.
Nuestra concepción de vida,
al menos la de quien escribe fue y es que no hay nada más hermoso,
sano e integrador que ser coherente con nuestro sentir, pensar y
hacer. Como hijo de laburantes hicimos y realizamos periodismo radial
partiendo de nuestra clase social: los y las trabajadores/as somos
quienes creamos todo lo puesto y visto sobre la tierra, el agua y el
aire. En efecto, noticias y entrevistas para Contrapuntos tienen
intereses/deseos y formulaciones de clases, de grupos e instituciones
que nos conformen e identifiquen contra la burguesía explotadora y
sus gerentes.
En tiempos de “derechas”,
de modelos y referentes identificatorios donde la riqueza, el lujo,
el individualismo, las humillaciones, el exitismo, la represión
genocida, la “guita” fácil y la perversión predominan: nuestra
labor es mantenernos firmes, no aflojar en nuestras convicciones y
continuar con ese viejo concepto de Mario Kaplun (que hoy la
burguesía usa a su favor): la prealimentación. “LA
PREALIMENTACIÓN. ¿Es posible designar, dar un nombre técnico a esa
etapa inicial del proceso comunicativo? Creemos que sí. Podríamos
decir que, en lugar de plantearse un hipotético feedback o
retroalimentación, estos equipos citados han sabido incorporar y
valorar otro componente de la comunicación del que nunca se habla:
La prealimentación (o, si se quiere conservar el contraste en
inglés, el feed-forward). Proponemos llamar prealimentación a esa
búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios de nuestros
medios de comunicación para que nuestros mensajes los representen y
reflejen. Por ahí comienza y debe comenzar un proceso de
comunicación educativa (…) Pero no sólo se trata de «reflejar»
a la comunidad (o a la región, o a la organización) como un espejo
que devuelve una imagen o como un grabador que repite y reproduce
mecánicamente lo que la gente dice. El equipo comunicador debe
procurar devolver esos hechos y experiencias que ha recogido, de tal
manera que ahora la comunidad pueda verlos con otra perspectiva
crítica, analizarlos, discutirlos, reflexionarlos, emitir un juicio,
desentrañar las causas del problema que hasta ahora habían estado
viviendo y sufriendo como una mera contingencia, sin percibir sus
raíces. Nuestra manera de presentar los hechos debe ser
problematizadora, suscitar la reflexión. Es a esto a lo que llamamos
formulación pedagógica del mensaje”, subraya largamente Mario
Kaplun en su libro “El comunicador popular (1)”.
El sueño de Mario Kaplun se
conjuga con el de Bertolt Brecht: la radio/comunicación como arte.
Así lo escribió el dramaturgo alemán: “…Arte y radio tienen
que ponerse a la disposición de fines pedagógicos. La posibilidad
de llevar a cabo una de estas formas pedagógicas directas de
utilización del arte no parece hoy indicada, porque el Estado no
tiene ningún interés en educar a su juventud para el colectivismo
(…) Y para ser ahora positivos, es decir, para descubrir lo
positivo de la radiodifusión, una propuesta para cambiar el
funcionamiento de la radio: hay que transformar la radio, convertirla
de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio
sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la
vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo
sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por
tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle
hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La
radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la
abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Por ende,
todos los esfuerzos de la radiodifusión en conferir realmente a los
asuntos públicos el carácter de cosa pública, son absolutamente
positivos (2)”. 1932… Casi 100 años atrás: impecable. ¿La
radio para educar a los jóvenes en los valores del colectivismo en
un mundo de pantallas y subjetividades Cyborgs? Vaya desafío: la
radio, la palabra, el concepto, lo analógico: ¿vencido por lo
digital-virtual y la big data?
Tal vez aquí vale acercar la
coincidencia entre la poesía y la radio según inferimos de la obra
de Luis Franco: quizás sean “es
el más profundo sistema de comunicación de los cuerpos y las almas
inventado hasta hoy (3)”. Por eso esa cierta nostalgia mansa de lo
que evoca, convoca, resuena y transmite la
palabra/poesía/sonidos/silencios de la radio… se nos viene al
corazón mismo de los 1.000 CONTRAPUNTOS.
En “Qué hacer con la radio”
Ricardo Horvath fundamenta: “La radio es el medio perfecto para
transmitir ideas a través de la palabra. Según encuestas la radio
es el medio con mayor credibilidad en materia informativa y triunfó
sobre el resto cuando el transistor facilitó su cómodo traslado y
ubicación. La radio acerca palabras, pensamientos y sugiere con los
silencios. Porque la radio es sonido, pero también silencio. “La
radio es una perpetua creación; cada emisión es nueva, es
reciente”, dice el profesor colombino Fernando Vázquez. La radio
es capaz de crear climas diversos (de intimidad, diversión,
sensualidad, placer, entretenimiento, tensión, suspenso, intriga,
misterio, relax, gozo). La radio logra producir cierto grado de
connivencia entre el locutor y el escucha. La radio ha sido definida
como “el teatro de la mente (3)”. Pese al optimismo de
Horvath-sin embargo- el poder alienante de las “pantallas” nos va
sumergiendo en su contrario: una oscura y vulgar cultura del
espectáculo de la degradación, la toxicidad y el narcisismo.
Volvamos al comienzo
-asimismo- cuando afirmábamos que CONTRAPUNTOS tiene un punto de
vista clasista: un intento de multiplicar voces y pareceres de las
luchas y experiencias de la clase obrera y trabajadora contra la
opresión capitalista; pues nuestro enfoque apunta a una adaptación
activa a la realidad -diría Enrique Pichon Riviere-: un programa de
radio con entrevistas que se interrogue sobre la salud mental y
física de los laburantes; en palabras del psicólogo y psicólogo
social Horacio Tabares: “cómo el modo de producción capitalista
afecta la salud del trabajador”. Tan es así, que el reconocido
investigador y psicólogo en su libro “Vulnerabilidades, orden
social y consumos (4)” cita a Karl Marx: “…el obrero a lo largo
de su vida no es otra cosa que fuerza de trabajo, y que en
consecuencia todo su tiempo disponible es, según la naturaleza y el
derecho, tiempo de trabajo, perteneciente por tanto a la
autovalorización del capital…Pero en su desmesurado y ciego
impulso, en su hambruna canina de plustrabajo, el capital no solo
transgrede los límites morales, sino también las barreras máximas
puramente físicas de la jornada laboral (…) Usurpa el tiempo
necesario para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la
salud corporal. Roba el tiempo que se requiere para el consumo de
aire fresco y luz de sol. Escamotea el tiempo de las comidas y,
cuando puede, las incorpora al proceso de producción mismo, de tal
manera que al obrero se le echa comida como si él fuera un medio de
producción más, como a la caldera carbón y a la maquinaria grasa o
aceite (4)”. Años mediante…poco ha cambiado en las relaciones
sociales que Marx y Tabares describen.
En definitiva, en estos
primeros 1.000 programas pretendimos y apostamos a hacer honor al
concepto comunicación: communis, acción en común, el compartir: y
no al sometimiento del monólogo de la runfla noticiosa burguesa. Y
en ese cruce de intervención/práctica social, radio, salud mental y
disputas contra el orden del capital queremos terminar con una
definición de Marie Langer: “Es cierto, teníamos esa meta.
Concordamos con Pichon Riviere en que todo proceso de curación
implica un aprendizaje. Pero para que este se logre y para que la
persona que necesite en un momento ayuda terapéutica pueda después
seguir adelante sin terapia, deberá haber adquirido no solamente
insight de los problemas psicológicos que lo llevaron a la
enfermedad, sino también los instrumentos necesarios para entender
cómo la sociedad y el lugar que ocupa en ella condicionó su propia
vida. Y tampoco esta toma de conciencia será operativa si no logra
simultáneamente salirse de su aislamiento y adquirir vínculos
solidarios, más allá de su pequeño mundo privado. Este proceso fue
especialmente importante para las amas de casa de clase obrera que
formaban más o menos un tercio de nuestros pacientes y que suelen
vivir en un aislamiento total. Pudimos observar cómo el proceso
terapéutico de los grupos evolucionaba en la medida en que surgía y
se consolidaba la solidaridad entre los integrantes del grupo no
obstante las rivalidades, tensiones y ambivalencias existentes. En
los grupos contrapusimos la solidaridad a la competencia del sistema
(5)”.
Radio, solidaridad,
trabajadores, lucha de clases… MIL PROGRAMAS de Contrapuntos:
cerrar de este modo -es nuestro deseo- para edificar puentes y
transmisiones entre lo que pasó y lo que vendrá: ahí se juega a
fondo lo que hay que transformar, cueste lo que cueste, desde un
programa de radio hasta la revolución socialista que anhelamos.
Notas:
Lumen Humanistas. 1996.
Teorías de la radio. La
radio: ¿un descubrimiento antediluviano?
Citado en ¿Qué hacer con la
radio? Ricardo Horvath. Ediciones Letra Buena. 1994
DelREves ediciones. Mayo
2021.
Memoria, historia y diálogo
psicoanalítico. Marie Langer. Jaime del Palacio. Enrique Guinsberg.
Folios ediciones. 1981.
Walter Benjamin
sostenía que la ética es memoria histórica, un compromiso con los
vencidos para evitar la repetición de las catástrofes del pasado.
Advertía que el acto ético consiste en detener el tiempo y escuchar el
reclamo de quienes han sido silenciados. Karl Marx, por su parte,
entendía la ética no como una doctrina moral abstracta, sino como praxis
transformadora, una acción concreta para abolir la explotación y las
relaciones de poder que perpetúan la injusticia.
Ambas
perspectivas convergen en un punto crucial: la ética pública no se
reduce a normas jurídicas, sino que es el fundamento de la
responsabilidad y la emancipación. Cuando las instituciones abandonan
esos principios, el abuso de poder se naturaliza y la justicia se
convierte en instrumento del privilegio.
Privilegios judiciales y blindaje institucional
El
caso Lago Escondido exhibe sin filtro la connivencia entre jueces,
empresarios y políticos. En octubre de 2022, magistrados como Julián
Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Juan
Bautista Mahiques, fiscal general porteño, junto al exministro Marcelo
D’Alessandro, viajaron a la estancia de Joe Lewis sin que jamás se
explicara el motivo de la invitación con el patrocinio del Grupo Clarín.
Facturas falsas emitidas después del viaje intentaron encubrir los
gastos, y los chats filtrados de Telegram revelaron estrategias para
frenar la difusión del escándalo.
Sin embargo, el juez Sebastián
Ramos cerró la investigación con el argumento de que las pruebas fueron
obtenidas de manera ilegal, evitando cualquier revisión sobre el posible
delito de dádivas. Como corolario, el Consejo de la Magistratura, con
el voto clave del senador Eduardo Vischi (quien había cambiado de
postura en la investigación de la estafa de la criptomoneda $Libra),
archivó el sumario disciplinario contra los jueces involucrados.
La
invitación a Lago Escondido, lejos de ser un simple encuentro social,
refuerza la sospecha de intercambio de favores entre la justicia y los
sectores económicos concentrados. Pero la estructura judicial prefirió
clausurar la causa antes que exigir explicaciones.
Espectáculo y doble vara
En
contraste con la inacción frente a Lago Escondido, el caso de la jueza
Julieta Mackintach fue castigado con rapidez y dureza. Autorizó la
filmación del documental Justicia Divina en plena causa por la muerte de
Diego Maradona. La Corte Suprema bonaerense la apartó en 24 horas (con
una licencia por 90 días) y el periodismo exigió su juicio político.
Aquí,
la ética judicial se aplicó con aparente rigurosidad, porque no
afectaba intereses corporativos. Mientras Mackintach fue presentada como
un ejemplo de corrupción, los jueces que aceptaron un viaje privado
financiado por empresarios siguen ejerciendo sin rendir cuentas. La
justicia se vuelve selectiva: si la falta no perjudica al poder, se
castiga con fuerza; si amenaza intereses empresariales o políticos, se
archiva sin consecuencias.
Operadores al resguardo
La
lógica del blindaje judicial también se verifica en el caso de Fabián
“Pepín” Rodríguez Simón, operador del macrismo prófugo en Uruguay desde
2020, evadiendo una orden de captura por asociación ilícita. La Corte
Suprema y la Cámara Federal han dilatado su extradición, dejando su
situación en un limbo legal.
Un escenario similar ocurrió con el
espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la
entonces AFI realizó seguimientos a periodistas, jueces y opositores
políticos, incluyendo a los familiares de las víctimas del submarino ARA
San Juan. Se los fotografió en misas y marchas, y los informes
generados por la inteligencia estatal se usaron para anticipar sus
reclamos. En 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por seis
hechos de espionaje, pero la Cámara Federal porteña lo sobreseyó,
argumentando que las tareas de inteligencia fueron necesarias por
seguridad presidencial.
En cada uno de estos casos, la justicia
actuó como un escudo protector, asegurando que ciertos sectores operen
con absoluta impunidad.
Represión sistemática y silencio judicial
Mientras
la justicia protege a jueces, operadores políticos y empresarios,
guarda silencio absoluto frente a la represión sistemática comandada por
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada miércoles frente al
Congreso. Las fuerzas federales ejecutan operativos con golpes, uso de
gas pimienta y detenciones arbitrarias, fuera de su área de competencia.
Periodistas, jubilados y manifestantes han sido agredidos, sin que haya
una intervención judicial para limitar el abuso de poder.
La
pregunta es inevitable: ¿dónde están los jueces y fiscales que deberían
frenar el uso ilegal de la fuerza estatal? En contraste con su
inmediatez para sobreseer a los jueces de Lago Escondido, no hay
investigaciones ni pronunciamientos sobre el accionar represivo del
Gobierno.
Este silencio judicial no es casualidad. Es parte del
mismo sistema que protege los privilegios de la corporación judicial y
económica, mientras criminaliza la protesta social.
La performatividad del poder y la pedagogía crítica
Cada
acción del poder comporta una gestualidad performativa (tiene un efecto
sobre las conductas), que no solo afecta a los implicados directos,
sino que educa a la sociedad sobre lo que es aceptable, legítimo o
inevitable. Cuando jueces blindados viajan a Lago Escondido y la causa
se archiva sin debate, el mensaje implícito es que ciertas alianzas
quedan fuera de la indagación. Cuando el espionaje a los familiares del
ARA San Juan se justifica como seguridad presidencial, se instala la
idea de que la vigilancia estatal puede ser legítima si se administra
con discreción. Cuando la represión semanal frente al Congreso se trata
como protocolo habitual, el derecho a la protesta queda reducido a una
excepción.
La pedagogía de la crisis ética impone la
naturalización del abuso de poder. La justicia deja de ser un
instrumento de equidad y se convierte en un mecanismo de reproducción de
privilegios. Pero esto no es un accidente, sino una lección
estructurada: una educación tácita sobre quiénes pueden ejercer poder
sin restricciones y quiénes deben someterse a él.
Frente a este
escenario, la única vía para desmontar esta pedagogía del sometimiento
es construir una pedagogía crítica, capaz de revelar los dispositivos de
encubrimiento y desafiar la construcción de la impunidad. La justicia
no puede limitarse a ser una maquinaria que administra leyes: debe
sustanciarse en su capacidad de transformación. Como planteaban Walter
Benjamin y Karl Marx, la ética no es una mera formulación normativa,
sino el resultado de una memoria activa y una praxis liberadora.
Solo
si la justicia actúa como herramienta de emancipación podrá garantizar
su función esencial: no la de preservar el orden existente, sino la de
quebrar las estructuras que sostienen la desigualdad.
Nuestra
lucha colectiva debe apuntar a democratizar el Poder Judicial, para que
deje de funcionar como la casta aristocrática que perpetúa privilegios
en el siglo XXI.
Referencias:
Benjamin, W. (1940). Tesis sobre el concepto de historia. Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.
