La pareja Ortega-Murillo y la red familiar construida a su alrededor, administran el Estado como una hacienda particular, así, las instituciones y los mecanismos de reproducción política y económica están subordinados a los designios de la familia.
La Escola de Cultura de Pau de la UAB ha publicado en las últimas semanas su informe anual sobre conflictividad, derechos humanos y construcción de paz, en el que identifica 40 guerras activas en el mundo, la cifra más alta de la última década, y alerta de un aumento de los conflictos internacionales y de sus consecuencias humanitarias.
¿Se encamina Cuba hacia una remodelación virtuosa del muy mermado proyecto socialista o se abren las puertas a la restauración capitalista? Un análisis estratégico de la Operación Epic Fury basado en los principios del teórico militar prusiano Carl von Clausewitz concluye que la arquitectura que vincula la acción militar con el propósito político de la operación fue deficiente desde el principio, según un informe publicado este martes por la organización Just Security.
Aplicar las ideas de Clausewitz —autor de la obra clásica De la guerra— a esta operación militar revela que el diseño estratégico que conecta los medios militares con los fines políticos adolecía de carencias fundamentales. El estudio subraya que, en la doctrina clausewitziana, la guerra no es un acto aislado sino un instrumento de la política, y que cualquier desconexión entre ambos planos condena la campaña al fracaso estratégico.
Los analistas de Just Security señalan que la Operación Epic Fury, cuyo escenario y fecha de inicio no se detallan en el informe, ejemplifica cómo una planificación deficiente en la fase conceptual puede arrastrar consecuencias durante todo el desarrollo del conflicto. La falta de claridad en los objetivos políticos últimos, según la lectura clausewitziana, habría impedido alinear las operaciones tácticas con una visión estratégica coherente.
El informe se suma al debate sobre la utilidad de los marcos teóricos clásicos para analizar los conflictos contemporáneos, en los que la tecnología, la guerra de información y los actores no estatales han transformado el campo de batalla. Sin embargo, los autores sostienen que los principios de Clausewitz —como la «fricción» o la «niebla de la guerra»— siguen siendo relevantes para evaluar las campañas militares actuales.
Colombia está dividida en dos visiones profundamente distintas sobre qué significa el desarrollo, cuál debe ser el papel del Estado y qué acciones se deben tomar para construir equidad en un país.
El barómetro catalán sitúa a Junts como cuarta fuerza política por detrás de la extrema derecha. El PSC, que ha logrado sacar adelante el proyecto de presupuestos para el año que viene, sigue siendo primera en intención de voto.
Génova demostró las capacidades reales de coordinación internacional y articulación de estructuras como los Foros Sociales Mundiales, sentando las bases organizativas de las luchas futuras.
Pese a que tenemos un ordenamiento urbanístico contrario a la construcción de viviendas en el campo, el hecho palpable es que proliferan sin freno alguno.
El gobierno ha usado el conflicto para convertir su crisis de legitimidad en una cuestión de seguridad nacional. 
Las encuestas no dan ninguna respuesta a la encrucijada en la que se sitúan los partidos de la izquierda federalista. Solo la elección de un liderazgo claro puede definir cuál es el horizonte de cara a las próximas elecciones generales.Centre Delàs d’Estudis per la Pau // Recientemente se han publicado los resultados de la 5ª convocatoria del Fondo Europeo de Defensa. Han sido seleccionados 57 proyectos, cuya asignación supera los 1.000 millones de euros, de los cuales 675 millones se destinarán a 32 proyectos de desarrollo y 332 millones a 25 proyectos de investigación. Se agrupan en cuatro grandes áreas temáticas, a las que se suma un área específica para proyectos de pequeñas y medianas empresas (pymes). Y abarcan una amplia gama de sectores críticos, como la inteligencia artificial (IA), la ciberdefensa, los drones y los sistemas antidrones, además de otros más convencionales como el combate aéreo, combate naval, guerra submarina o movilidad, entre otros.
El Fondo Europeo de Defensa (FED) es un programa de financiación de la Unión Europea para subvencionar proyectos de investigación y desarrollo estrictamente militares. En las cinco primeras convocatorias del FED, de 2021 a 2025, ya se han asignado más de 5.000 millones de euros. Para el periodo presupuestario 2021-2027, el FED dispone de casi 7.300 millones de euros, de los cuales 2.700 millones destinados a la investigación en defensa y 5.300 millones a proyectos de desarrollo y prototipos.
Para los proyectos de investigación, el FED subvenciona hasta el 100 % de los costes, más una serie de complementos que bonifican, por ejemplo, a las pymes o la vinculación con el proyecto PESCO (el marco que promueve que los 26 Estados miembros participantes planifiquen, desarrollen e inviertan conjuntamente en proyectos que mejoren la preparación operativa y la contribución de sus fuerzas armadas). El reglamento del FED estipula que los proyectos de desarrollo y prototipos se financiarán en un 20% a partir del FED y en un 80% mediante aportaciones de los Estados miembros.
La presencia de entidades españolas en los proyectos financiados por el FED es notable. En esta quinta convocatoria, esta presencia se materializa en 42 de los 57 proyectos aprobados, con participación tanto de empresas privadas como de centros de investigación o universidades. En 10 de ellos, la coordinadora del proyecto es una entidad española. Más concretamente, Indra coordina dos proyectos, Multiverse Computing SL coordina uno y Navantia SA otro más. En el área de las pymes, las empresas Simidea SL, Dlyte Chemicals SL y Edair Technologies SL coordinan un proyecto cada una y la empresa Integrasys SA tres proyectos. En todos los proyectos con una subvención superior a 50 millones de euros hay participación de empresas españolas.
Las empresas que participan en mayor número de proyectos son Indra (participa en 15 proyectos), GMV Aerospace (en 6), Escribano (en 4) y Navantia (también en 4). Curiosamente Indra y Escribano coinciden en cuatro proyectos. Recordemos que la posibilidad de fusión entre Indra y Escribano ha sido noticia en las últimas semanas.
Siete universidades españolas participan en alguno de los proyectos aprobados. Son la Universidad de Murcia, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat d’Alacant, la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Politécnica de Madrid. Esta última participa en dos proyectos, uno de ellos, EICACS 2, se integra en el área de combate aéreo y tiene un presupuesto de 49 M€.
De hecho, las universidades españolas están presentes desde la primera convocatoria del FED. Las universidades de Murcia y la Politécnica de Madrid han participado en las cinco convocatorias. La Universidad Politécnica de Catalunya en las tres últimas. En la convocatoria 2025 se estrenan la Universitat d’Alacant, la Universidad de Granada y la Universidad Politécnica de Cartagena.
La empresa alicantina Embention Sistemas Inteligentes S.A. especializada en sistemas de autopilotos y aviónica para vehículos autónomos, participa en el proyecto SKYRAPTOR, coordinado por la empresa griega Intracom Defense. En mayo de 2023, Israel Aerospace Industries, una de las mayores empresas de defensa de Israel, adquirió Intracom. Por lo tanto, Israel es beneficiaria del FED. Y lo ha sido en anteriores convocatorias a través de Intracom Defense. Esta situación tuvo repercusiones. Por ejemplo, generó un estado de opinión contrario a que la UE subvencionase una empresa militar israelí. También hubo reacción en el Parlamento Europeo y algunos parlamentarios manifestaron su rechazo a esta situación (1, 2).
El objetivo del proyecto SKYRAPTOR es la implementación de un programa a escala industrial de diseño, creación de prototipos y validación de municiones merodeadoras (drones kamikazes) y pequeños UCAS (aviones de combate no tripulados).
Embention Sistemas Inteligentes S.A. ha recibido diversas ayudas públicas, según consta en su página web. Por un lado, una subvención de 3.600€ del “Programa Moves III – Vehículos de la Comunidad Valenciana” de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU. Por otro lado, las cantidades de 28.750,05€ y 27.695,62€ como ayudas al impulso a la internacionalización de pymes exportadoras de la Comunitat Valenciana 2024 y 2025. Por último y también procedente de la Comunitat Valenciana una subvención del programa AVALEM JOVES.
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Fondo Europeo de Defensa sólo beneficia a la industria europea de defensa. Si las partidas presupuestarias destinadas al FED se redirigiesen a políticas sociales, la beneficiaria seria la población europea. Es lamentable que las universidades participen en proyectos del FED pues, en cierto modo, contribuyen al proceso actual de rearme y militarización de la UE. La Universidad ha de ser un foco de avance científico, cultural y social de toda la humanidad. Por otro lado, es deplorable que, a estas alturas, la Unión Europea siga subvencionando empresas israelís en sus programas de investigación.
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No estamos ante una repetición de un solo episodio, sino ante una concatenación de tres arquetipos de crisis que hasta ahora habían sido excluyentes.Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
María Dolores Braquehais Conesa* // El término burnout o «síndrome de estar quemado por el trabajo» se puede definir como una respuesta de estrés crónico ante determinadas circunstancias laborales que se traduce en actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las cuales se trabaja y hacia el propio rol profesional, además de desembocar en una sensación de agotamiento emocional y físico.
A pesar de que se puede producir en varios ámbitos vitales y, más concretamente, laborales, es más frecuente en oficios con un alto componente vocacional, como es el caso de los dedicados a los cuidados. En nuestro entorno, su prevalencia alcanza ya casi a la mitad de los profesionales de la salud en activo, especialmente –pero no solo– los del ámbito público.
Los efectos del burnout no se limitan al área personal sino que afectan también, y de manera muy relevante, al sistema sanitario. De hecho, su presencia y su persistencia comprometen la viabilidad y la calidad asistencial, porque se asocian a una menor productividad, más absentismo y «presentismo», aparte de aumentar la tasa de rotación de puestos de trabajo e incluso el abandono definitivo de la profesión.
El burnout no es un mero agotamiento por exceso de tareas, sino que comporta un derrumbe vital que acaba erosionando el compromiso profesional y el sentido del trabajo. Es, por lo tanto, una de las formas ultramodernas de alienación, que cuestiona el «por qué» y «para qué» o «quién» del propio trabajo, como consecuencia de las condiciones en que se ejerce.
A veces no responde tanto a la sobrecarga del trabajo sino a la manera como interactúan los equipos, a la falta de meritocracia, a modelos de gestión anquilosados, al clientelismo o a determinados liderazgos donde se producen dinámicas de abuso de poder. En estos entornos se fomenta la indefensión aprendida, el oportunismo o el nihilismo. Si confluyen todos los factores, salir indemne de la tormenta es una quimera.
El burnout es especialmente preocupante en profesiones vinculadas a los cuidados, sector que demuestra que, más allá de los adelantos tecnológicos que sugieren un perfeccionamiento y superación sin tregua de nuestros límites, continuamos siendo mamíferos sociales con capacidad simbólica y, por lo tanto, desde el nacimiento necesitamos a los otros.
Además, volens nolens, todavía estamos expuestos a la enfermedad y a la muerte. Que aquellos que nos cuidan se agoten, se desmotiven y cejen en cuidarnos, y que las instituciones y los equipos se erosionen a pasos de gigante, tendría que ocupar el primer lugar de la preocupación y de las discusiones públicas. Pero, de momento, parece ser que las prioridades son otras.
El modelo clásico para explicar el burnout apela al desequilibrio entre las demandas (externas e internas) y la capacidad de hacerles frente. No obstante, el énfasis no se tiene que poner tanto en los individuos como en los factores contextuales.
Nuestra atmósfera cultural ha sido definida –por algunos filósofos contemporáneos– como una sociedad abocada al agotamiento, puesto que los sujetos acaban exhaustos, esclavizados por un imperativo interno voraz de híper exigencia como patrón para afrontar la vida, especialmente por lo que respecta al desempeño profesional y a la presentación social de la imagen personal.
No solo los profesionales de la salud hemos interiorizado esta ley, sino también los usuarios. Además, la salud ha pasado a vivirse como un bien de consumo que no admite su otra cara, la enfermedad, y menos todavía todo aquello que conlleva nuestra frágil e imperfecta condición común.
Por otro lado, la lógica de la sociedad del rendimiento se encuentra en las antípodas de la de los cuidados. Mientras la primera solo concibe la productividad creciente, la cuantificación de resultados, la ausencia de errores y la inmediatez, la segunda lleva en sí misma el tiempo, el detalle, la calidad del trato y los resultados más modestos que halagüeños.
Esta hegemonía del rendimiento como «gold standard» prevalece a la hora de evaluar la gestión de los servicios sanitarios, abocados a conseguir, año tras año, indicadores de «producción» en la prestación de servicios, mientras se desprecian los aspectos relacionados con las condiciones materiales y formales en que los profesionales hacen su trabajo, así como la percepción que estos tienen de su trabajo.
Lo curioso es que, al premiar este enfoque basado exclusivamente en el rendimiento, se ha acabado produciendo un efecto boomerang, puesto que el burnout compromete seriamente este plan de ruta meramente orientado a los resultados, provocando el efecto contrario, además de las numerosas víctimas colaterales que se lleva a su paso.
El análisis anterior no cuestiona la necesidad de que los servicios sanitarios sean sostenibles. No se puede negar que los recursos son limitados y las necesidades poblacionales, crecientes. En este escenario, la gestión creativa, transparente y honesta, donde se promociona la corresponsabilidad de todos los implicados con la gestión, sin perder autonomía en la organización de los procesos y del propio cometido, se hace más necesaria que nunca.
La evidencia científica disponible hoy en día demuestra que los equipos donde impera el respeto mutuo, la colaboración interdisciplinaria y la equidad y donde se facilita cuidar a los trabajadores son más capaces de hacer frente a los retos que se les presentan. Los nuevos modelos de liderazgo en las instituciones apelan, precisamente, a esta disposición a la escucha, a la flexibilidad y también a la gestión de los conflictos y de la discrepancia como oportunidades para renovar las maneras de hacer y de estar.
Por su parte, las instituciones tienen que vigilar y poner freno a los hábitos de gobierno –desde los altos cargos de responsabilidad hasta los mandos intermedios o a quienes tenga cualquier responsabilidad sobre los otros– donde prevalezcan los intereses particulares, el clientelismo, la arbitrariedad en la gestión de recursos humanos, la división interna, el miedo a represalias o la cultura encubierta del silencio ante los abusos de poder.
Para deshacer este estado de cosas, es improrrogable llevar a cabo una transformación profunda de los modelos de gestión y de la metodología de evaluación de la asistencia, así como propiciar un cambio en las organizaciones y los equipos que permita hacer de los puestos de trabajo espacios dignos donde imperen la meritocracia, la transparencia y el buen trato, liderados por personas comprometidas y honestas, además de dotarlos de medios suficientes para poder hacer dignamente su trabajo, de manera que los trabajadores se sientan reconocidos y puedan recuperar el sentido de su vocación.
De este modo, será posible un equilibrio entre sostenibilidad y calidad asistencial. No se trata de aspirar a la perfección, pues perfectos no somos los humanos, sino de una renovación orientada a la humanización del sistema. A veces se usa el lema: «El paciente en el centro». Pues tenemos que ampliar, de verdad, este imperativo para que incluya también a los pilares de la sanidad: los profesionales de la salud. Sin ofrecerles condiciones dignas no es posible. Sin un cambio profundo en la cultura de equipo y de las instituciones y en los estilos de liderazgo y de gestión, tampoco. Y sin un compromiso veraz y sostenido de la sociedad, la amenaza de derrumbe a la cual estamos asistiendo pasará de ser un riesgo a una realidad.
*María Dolores Braquehais Conesa. Psiquiatra, Doctora en Psiquiatria, Licenciada en Filosofía y Máster en Bioética y Derecho.
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Este artículo se publicó originalmente en La Marea 112. Puedes conseguir un ejemplar de la revista y suscribirte en nuestro kiosco.
Puede ser que los periodistas futboleros (hay unos cuantos) abusemos del balompié como metáfora o espejo de la actualidad. Pero es difícil resistirse ante un Mundial tan peculiar como el que se está celebrando en Estados Unidos, Canadá y México. En Alemania, antes del comienzo del torneo, había una gran incertidumbre alrededor del potencial de la selección tras una racha bastante mala. La tetracampeona del mundo se presentaba como el reflejo de una sociedad que atraviesa una crisis de confianza como nunca se había visto desde los años de la posguerra. La gran pregunta era: ¿puede Alemania competir todavía al más alto nivel o ha caído irremediablemente en la mediocridad?
Como es costumbre, en las semanas previas al torneo se emitían y publicaban todo tipo de documentales televisivos, artículos, libros o pódcasts recordando otros tiempos, especialmente el Mundial de 2006, celebrado en Alemania. Hace ya dos décadas. Aquel evento ha pasado a la memoria colectiva como el «Sommermärchen» (‘cuento de verano’). Igual que la actual, la joven selección entrenada entonces por Jürgen Klinsmann despertaba dudas sobre su competitividad, pero pronto conquistó los corazones incluso de gente no adicta al balompié. Llegó hasta la semifinal. Y lo más importante, el país mostró su lado más amable. Aquellas cuatro semanas fueron una fiesta de la que disfrutaron cientos de miles de visitantes de todo el mundo. Hasta el tiempo acompañaba. La sociedad alemana estaba tan sorprendida como orgullosa de haber sido una gran anfitriona, desmintiendo así la imagen más bien sobria y fría del país. Todo el mundo recuerda cómo las calles se llenaron de banderas alemanas. Por primera vez, la gente exponía el negro, el rojo y el dorado sin el complejo de recordar el pasado más oscuro. Años antes, cuando celebramos en el centro de Düsseldorf la victoria alemana en el Mundial de 1990, alguna gente nos increpaba por llevar la bandera y la camiseta de la selección. Pero en aquel verano de 2006, Alemania era un país feliz.
Veinte años después no queda nada de ese espíritu alegre, ligero y de brazos abiertos al mundo. Ha resurgido el nacionalismo racista con el auge de Alternativa para Alemania, que encabeza las encuestas desde hace meses. La crisis es palpable y va más allá de la economía. La recesión no es algo coyuntural. Se habla de un fin del modelo de negocio. La potente industria dependía más de lo que se admitía de la importación de gas natural barato desde Rusia. El principal cliente era China, donde empresas como Volkswagen obtenían buena parte de sus beneficios. Hoy, las empresas chinas no solo compiten con las alemanas, sino que las superan en muchos ámbitos tecnológicos, especialmente en los coches eléctricos y la energía solar. La economía alemana tiene que reinventarse en muchos aspectos.
Las reformas no llegan. La sociedad asiste a una parálisis de gobierno. Si los problemas internos acabaron con la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales encabezada por Olaf Scholz, el primer año del actual gobierno entre democristianos y socialdemócratas ha decepcionado incluso más si cabe. Según una encuesta realizada por Ipsos a principios de año, un 64% de los alemanes desconfía del canciller Friedrich Merz. Un 35% no cree que la economía alemana pueda recuperar la competitividad perdida frente a un 29% que sí lo cree (el resto no sabe o no contesta). Otro sondeo del diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung entre empresarios dice que el 57% no alberga ninguna esperanza de que las reformas se produzcan con el actual gobierno de coalición.
El propio canciller no contribuyó precisamente a tranquilizar a la opinión pública sobre el futuro cuando, por ejemplo, reprendió a los alemanes y alemanas señalando que deberían trabajar más, a la vez que denunciaba un «lifestyle centrado en trabajar a tiempo parcial». Tras un aluvión de críticas, Merz últimamente intenta levantar los ánimos para salir del túnel. «Podemos conseguirlo si estamos juntos y empezamos a creer un poco más en nosotros mismos», aseguraba a principios de junio.
El estado de angustia social también tiene que ver con la escena internacional, un mundo que ha cambiado radicalmente en los últimos años, y no solo en el plano tecnológico. Antes de la invasión rusa de Ucrania el régimen de Vladímir Putin era, por lo menos, un aliado útil para Berlín en cuanto a proveedor de energía, si bien nunca cesaron los recelos políticos. Ahora los admirados Estados Unidos también han dejado de ser el aliado fiable, el gran hermano protector. A muchos alemanes, sobre todo conservadores, se les ha caído el mito de la democracia liberal más antigua y sólida del mundo por las maniobras autoritarias de Donald Trump. Lo mismo vale para otro pilar de la política exterior de Alemania después del nazismo: la defensa a ultranza de Israel. Ante las barbaridades cometidas contra la población civil en Gaza, llámese genocidio o no, mucha gente en Alemania duda si se debe justificar todo con el pretexto del derecho a la autodefensa. Pero el establishment político y mediático en el país vigila con celo que las críticas a las atrocidades del gobierno de Benjamín Netanyahu no traspasen cierta línea roja. En Alemania, hoy en día es muy fácil que te tilden de antisemita por denunciar la masacre de Gaza. Finalmente, la resurrección del servicio militar y un nuevo plan de protección civil para casos de guerra han devuelto a la sociedad alemana a la época de la guerra fría.
En el Mundial, y a la vista de este ambiente lúgubre, un buen desempeño de la selección alemana, reflejo de una sociedad con muchos jugadores de origen migrante, habría ayudado a insuflar ánimos, aunque sólo fuera de forma efímera. No fue así: Alemania fue eliminada en los penaltis por Paraguay. Lejos queda el cuento de hadas de aquel verano de 2006.
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El 8 de junio de 2026 pasará a la Historia del parlamentarismo español como el día que las Cortes Generales (CCGG) celebraron una sesión conjunta para escuchar el discurso ¿homilía? del Papa católico León XIV.
La anomalía se intuye en la primera oración de este texto: las representantes del pueblo y los territorios del Estado, diputadas y senadores, apretándose hasta el roce ante la llegada de… ¿un Jefe de Estado o un líder religioso?
Que un Jefe de Estado extranjero intervenga ante las CCGG no es inaudito. En España existe cierta tradición de recibir a quienes ocupan dichos cargos en América Latina, o a los países vecinos, Portugal y Francia. Criterios que no cumple el Vaticano y no han impedido su disertación.
Para conocer en calidad de qué interviene, recordemos que, en un Estado constitucionalmente aconfesional, es pertinente igualmente el análisis de su discurso, pues era posible que se limitara a las cuestiones diplomáticas.
La intervención puede dividirse, en opinión de este ateo autor, en tres fases: la de la intolerable intervención en asuntos internos de otro Estado, el nuestro; la elocuente, y valiente, defensa del orden internacional y de las prioridades diplomáticas de su Estado; y la defensa, poco velada, de los privilegios y el rol de la religión en los tiempos actuales en Estados que ya separaron, se supone, la Iglesia y el poder público.
Empezando por lo intolerable, aunque previsible, el Papa ha aprovechado su visita para cuestionar nuestra legislación en materia de derechos de las mujeres, de autonomía de la persona sobre su propio cuerpo, vida y muerte, sobre la decisión colectiva de proteger el inalienable derecho al aborto o la protección frente a discriminaciones al colectivo LGTBQi, ignorado de forma nada inocente. Como mejor prueba de que su actuación era en calidad de líder religioso, violando las CCGG su requerida neutralidad religiosa en tanto que instituciones públicas, León XIV ha tenido a bien hacer un listado de sus particulares obsesiones morales.
Como fiel representante de una Iglesia que, en la cuestión sexual, de género y reproductiva es incapaz de abandonar el siglo XIX, se ha permitido criticar nuestra legislación interna frente a nuestro poder legislativo. A ningún Jefe de Estado al uso se le ocurriría, pues es una afrenta diplomática, una injerencia. Sería bonito que la respuesta legislativa del “orden temporal”, como denomina al poder político (frente al orden celestial eterno, se entiende), fuera la inscripción del derecho al aborto en la Constitución. Tal vez entendería así que las mujeres también gozan de dignidad humana, el término más repetido de su conferencia, y los embriones son eso, embriones. En 2026, que un hombre venga de nuevo a decir a las mujeres qué hacer con sus vidas, cuerpos y maternidades impide al catolicismo conectar con la sociedad (porque sí, las mujeres católicas, o las de derechas, o las de extrema derecha, también abortan. Desde siempre) y con la democracia.
La segunda parte de su discurso ha sido una defensa férrea de los fundamentos, éticos y jurídicos, del Derecho internacional: solución pacífica de conflictos, prohibición de la guerra, diplomacia, acuerdo entre diferentes, impulso a la cooperación y respeto a las normas comunes. Para el Papa León “la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el Derecho internacional”.
Este es un paso muy importante. Se une a otros líderes del mundo en la defensa de un orden internacional que dialogue antes de atacar, que sume en lugar de dividir, y que reconozca la inexorable interdependencia de los Estados en la gestión de los retos comunes transfronterizos: el gobierno de la IA, la crisis climática o el drama migratorio. Este contenido, semejante al que escuchamos a líderes de China, Brasil, Canadá o incluso España, coloca al Vaticano en el lugar correcto de la Historia en un momento clave: frente a los intentos de destrucción de las instituciones internacionales para imponer la ley del más salvaje (la ley del más fuerte era también Derecho internacional), son cada vez más numerosas las voces que enfrentan la internacional neofascista.
Esta parte del discurso, al margen del contenido, sí era adecuada para una comparecencia de este tipo, pues versa sobre política internacional. Si hubiera abrazado los postulados reaccionarios y libertarios de Trump y Milei, igualmente lo podríamos haber catalogado como política exterior. Afortunadamente, en esto el Papa ha quedado más cerca del Evangelio que en la primera parte. Es difícil imaginar que Jesús, profeta o filósofo, elijan ustedes, hubiera defendido el reino de terror que proponen Abascal y sus amigos. El Papa se ha mantenido fiel a la idea de la comunidad humana, el “totus orbis” de Francisco de Vitoria, por encima del individualismo del turbocapitalismo tecnológico. Así, ha defendido el derecho de gentes, origen de parte del marco jurídico internacional.
En esta parte es donde el discurso ha sido más humano y, por tanto, donde mayor efecto puede tener. En la gestión de las migraciones, hereda la visión de su antecesor: es incompatible ser buena persona, o buena católica, desde el odio o la indiferencia para con las inmigrantes. Ha defendido que “la afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro”, que “el drama de las migraciones interpela el fundamento ético del orden internacional” y que “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. Una defensa sin ambages de nuestra obligación colectiva, como sociedad, como continente, como Humanidad, de acoger y garantizar vidas dignas. Una enmienda a la totalidad a las políticas racistas y violentas de la UE (incluida España), recientemente empeoradas.
La tercera parte ha sido una cuidadosa defensa de los privilegios de las religiones en un Estado aconfesional, con especial relevancia a la católica, claro está. Ha defendido el lugar de la fe en un mundo moderno y el derecho a no ser excluido por ella. Afirmación que también las personas ateas defendemos. Pero nuestra defensa de la libertad religiosa es laica: no tenemos problemas en que se utilicen las calles o los polideportivos para rezar (y nos da igual qué credo sea). Tampoco criticamos las vestimentas religiosas libremente elegidas. Siempre que se reconozca nuestro derecho a no profesar fe alguna, y a criticar y prohibir los desmanes, pues la dignidad humana es innegociable.
En el mundo, no son los creyentes quienes son minoría, lo somos las no creyentes. Por eso el Papa ha jugado con las palabras. No ha agradecido la enorme financiación pública de su credo (beneficiado frente a otros) gracias al concordato. Al tiempo, se ha inventado un nuevo derecho: el de los padres a elegir el tipo de educación para sus descendientes (forma indirecta de reclamar más fondos para colegios católicos). En realidad, el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar a todas las menores el derecho (el de los niños, no las familias) a la educación de calidad, no una educación acorde con cada creencia y pagada con fondos públicos. Decía el Papa que “la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones, sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública”. Sin embargo, lo dice ante las CCGG, no silenciado, y presidiendo una institución que ha sido inmune, por sus privilegios, a los procesos penales en los casos de pederastia. Ni un solo cardenal u obispo procesado por encubrimiento. Estaba en el edificio sede de la soberanía popular, ése era el lugar de pedir disculpas y prometer colaboración para castigar a los responsables. No lo ha hecho.
En definitiva, en nuestro anómalo sistema aconfesional, un líder religioso ha pronunciado una alocución entre lo político y lo religioso, lo ético y lo interesado, lo local y lo internacional, en unas Cortes Generales casi llenas (con la digna ausencia de Podemos y el BNG), con un cardenal sentado en la papMesa del Congreso como reminiscencia de otras épocas y consolidando un grave precedente: que nuestras representantes democráticamente elegidas tengan que aguantar las educadas reprimendas de un hombre, culto, sereno, machista y defensor de la inmigración y de la paz entre Estados. Un señor que no debía estar en las CCGG, y así las ateas no tendríamos que opinar sobre lo que allí ha dicho.
Ander Gutiérrez-Solana es profesor de Derecho Internacional Público (UPV/EHU).
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Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.
La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.
Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.
El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.
A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.
La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.
La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.
Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder.
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La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.
Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?
Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.
Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.
Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.
EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.
Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.
La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.
Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.
En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.
«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.
Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.
También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.
No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).
El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.
Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.
José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.
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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.
Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.
El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.
Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.
En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.
Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.
Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.
Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.
De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.
No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.
Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.
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