El sector agrícola está experimentando un giro inesperado: cada vez más agricultores demandan tractores sin electrónica avanzada, reparables y mecánicamente simples. La presión de los consumidores está impulsando a los fabricantes a ofrecer modelos que prescinden de tecnologías consideradas superfluas para las tareas diarias del campo, según informaron fuentes del sector el 3 de junio de 2026.

La vuelta a lo básico

La tendencia refleja una creciente resistencia a la digitalización forzada en maquinaria agrícola. Los tractores modernos incorporan sistemas GPS, sensores y software de gestión que, si bien aumentan la productividad en grandes explotaciones, también generan dependencia de servicios técnicos especializados y elevan los costes de reparación. La posibilidad de que un fallo electrónico inmovilice un vehículo esencial durante la cosecha ha llevado a muchos agricultores a buscar alternativas más robustas.

There is consumer pressure to back away from technology that is unnecessary to perform everyday tasks.

Esta cita, atribuida a fuentes del sector, resume el sentir de un segmento de productores que priorizan la autonomía y la sencillez mecánica. Los nuevos modelos sin tecnología –o con la mínima necesaria– permiten reparaciones con herramientas básicas y piezas estándar, alargando la vida útil de la maquinaria.

Implicaciones para la cadena de suministro

La demanda de tractores reparables tiene repercusiones más allá del campo. Al reducir la dependencia de componentes electrónicos importados y de software propietario, se fortalece la soberanía tecnológica de las explotaciones agrarias. Además, la tendencia podría presionar a los grandes fabricantes para que reconsideren su apuesta por la alta tecnología y ofrezcan gamas más simples y duraderas.

Por ahora, no hay cifras concretas sobre el volumen de ventas de estos tractores sin tecnología, pero el hecho de que los consumidores estén forzando un cambio en la oferta indica que el movimiento es significativo. La agricultura, un sector a menudo resistente a los cambios rápidos, parece estar marcando el camino hacia una tecnología más consciente y útil.

El Gobierno de Marruecos ha anunciado el restablecimiento temporal de los derechos de importación sobre el trigo blando, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2026. La decisión, comunicada por el Ministerio de Agricultura, busca proteger la campaña cerealista local, que este año alcanzará una cosecha excepcional estimada en 90 millones de quintales.

La medida arancelaria supone un giro en la política comercial marroquí, que hasta ahora mantenía suspendidos estos gravámenes para facilitar el abastecimiento interno. Según fuentes oficiales marroquíes, el objetivo es favorecer la comercialización de la producción nacional y garantizar que los agricultores locales puedan colocar su cereal en el mercado sin la competencia del grano importado, especialmente de la Unión Europea y Ucrania.

La decisión afecta directamente a los principales exportadores de trigo blando a Marruecos, entre los que destacan Francia y España. Para el sector agrícola español, Marruecos es un cliente estratégico, y la imposición de aranceles podría reducir temporalmente los flujos comerciales. No obstante, el carácter temporal de la medida sugiere que los derechos de importación podrían eliminarse una vez que la cosecha nacional se haya comercializado.

La campaña cerealista marroquí, impulsada por unas lluvias abundantes durante el otoño y el invierno, contrasta con la sequía de los dos años anteriores, que obligó al Reino a depender en gran medida de las importaciones. La estimación de 90 millones de quintales supone un incremento significativo respecto a las cosechas de las últimas temporadas y refuerza la seguridad alimentaria del país.

La medida, publicada en el Boletín Oficial marroquí, no especifica la duración exacta del arancel ni el porcentaje aplicado. El Ministerio de Agricultura marroquí ha indicado que se evaluará periódicamente la evolución del mercado interno para decidir la prórroga o el levantamiento de la tasa.

Marruecos emerge como un actor inesperado en el sector agrícola latinoamericano, compitiendo directamente con China y Estados Unidos por el control de recursos críticos para la seguridad alimentaria mundial. Según fuentes diplomáticas y empresariales consultadas, el reino alauí está incrementando su presencia en México y Brasil, los dos gigantes agrícolas de la región, mediante inversiones en fertilizantes y tecnología agrícola.

La estrategia marroquí se basa en su posición dominante en el mercado de fosfatos, un insumo esencial para la producción de fertilizantes. Marruecos controla aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de fosfatos, lo que le otorga una influencia geopolítica creciente en un contexto de tensiones comerciales y búsqueda de autonomía alimentaria. La Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), empresa estatal marroquí, ha firmado acuerdos con Brasil y México para el suministro de fertilizantes y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación agrícola.

Marruecos está desplazando la influencia española y europea en un sector estratégico para la seguridad alimentaria global. La Unión Europea, y en particular España, han sido tradicionalmente socios comerciales clave de América Latina en el sector agrícola, pero la oferta marroquí de precios competitivos y acceso a recursos críticos está reconfigurando el tablero.

Ni China ni EE. UU.: El inesperado socio que se está quedando con el negocio clave de la agricultura en Latinoamérica, señalan analistas del sector.

El avance de Marruecos en la región se produce en un momento en que la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad geopolítica global. La guerra en Ucrania y las interrupciones en las cadenas de suministro han puesto de relieve la dependencia de los fertilizantes y la necesidad de diversificar fuentes. Marruecos, como proveedor estable y con capacidad de producción, se presenta como una alternativa tanto a China como a Occidente.

Implicaciones para España y la UE

La penetración marroquí en Latinoamérica supone un desafío directo a los intereses españoles y europeos. España, con fuertes vínculos históricos y comerciales con la región, ve cómo Marruecos gana terreno en un sector clave. Empresas españolas del sector agrícola y de fertilizantes podrían ver reducida su cuota de mercado si la tendencia se consolida.

Además, la estrategia de Marruecos se enmarca en su búsqueda de liderazgo en el sur global y en su papel como puente entre África y América Latina. El reino ha reforzado su diplomacia económica en la región, con visitas de alto nivel y acuerdos de cooperación que van más allá de los fertilizantes, incluyendo transferencia de tecnología y formación agrícola.

El movimiento de Marruecos no ha pasado desapercibido en Washington y Pekín, que tradicionalmente han competido por la influencia en la agricultura latinoamericana. China ha invertido fuertemente en infraestructura y acuerdos comerciales, mientras que Estados Unidos mantiene programas de cooperación. Sin embargo, la ventaja marroquí en fosfatos y su posicionamiento como socio estable le otorgan un margen competitivo en un mercado cada vez más disputado.

El futuro de la agricultura latinoamericana podría estar marcado por este nuevo equilibrio de fuerzas, donde Marruecos, un actor hasta ahora periférico, se consolida como un jugador central en la seguridad alimentaria del siglo XXI.

Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.

Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.

En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.

“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.

Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.

La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.

A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.

Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.

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No falla. Ya sea con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, las consecuencias económicas de la guerra de Irán o las elecciones en cualquiera de nuestras comunidades con peso rural, cada vez que los medios se preguntan por los “problemas del campo” acaban dando voz casi exclusivamente a las asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos – a veces calificados erróneamente como “sindicatos agrarios”– ASAJA, COAG, UPA… cuando no directamente a Abascal, a caballo y disfrazado de integrante de la familia real británica en una jornada de la caza del zorro. Pero la realidad en el campo es mucho más diversa y cuenta con otras voces que raramente gozan de eco mediático. Aquí van algunas de ellas.

Gustavo Sánchez es jornalero cordobés y hasta hace nada organizador sindical de CNT en el sector agrario. Aunque actualmente trabaja en la Administración, dedicó décadas de su vida laboral a faenar en las campañas agrícolas de la vendimia manchega y la aceituna de la sierra cordobesa. Para Gustavo, los medios “olvidan de manera premeditada a las personas jornaleras migrantes y nativas, y se da una imagen del campo español como la de un sector levantado por propietarios emprendedores que se sirven sólo de su fuerza de trabajo y la de su familia; una imagen completamente falsa”.

“En Andalucía y otros territorios de latifundio, la inmensa mayoría de las propiedades son heredadas, desde los Alba, los Domecq o los duques del Infantado, hasta los medianos o pequeños propietarios (entendiendo por pequeños a extensiones considerables de olivos, viñas, campos de frutos rojos, ganadería…)”, continúa Gustavo. “No estoy hablando de agricultores de pequeñas explotaciones, ni cooperativas que trabajan día a día y que son también las grandes olvidadas, junto a jornaleras y migrantes temporeras. Además, estos últimos no reciben, en su mayoría, subvenciones de la PAC, mientras medianos y grandes propietarios reciben una millonada por extensión de terreno, incluso por tierras no cultivadas”.

“El mundo jornalero no ha desaparecido. Se ha transformado y es más diverso. Hace 30 años había todavía muchas personas de los pueblos andaluces que se dedicaban a tareas relacionadas con el campo, que también salían al extranjero para campañas en Francia o Bélgica. Hoy día los pueblos están vacíos ante la falta de expectativas laborales, y en buena medida esa mano de obra es suplida por personas migrantes de diversas procedencias: África subsahariana, Marruecos, Rumanía, América Latina…”. Con un alto porcentaje de mujeres, además: “En la recogida de los frutos rojos, proceden de Marruecos en su mayoría, pero también de Rumanía, países del Este o Latinoamérica. Hay que poner el foco también en esa realidad, que además suele ser muy precaria”.

El “mar de plástico”

El Poniente almeriense alberga la mayor concentración de invernaderos de toda Europa y cuenta con más de 25.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, siendo el núcleo productivo más importante de nuestro continente. Genera, junto con las zonas limítrofes, alrededor de 110.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El “mar de plástico” es vital para la agricultura nacional, liderando la exportación de hortalizas durante el invierno y representando una de las mayores fuentes de ingresos y empleo del sector agroalimentario.

En paralelo a la creciente mano de obra, se extiende también un ecosistema de precariedad y explotación laboral: “Llevo muchos años, unos veinte, en invernaderos y también en el manipulado, y las condiciones son de mucha explotación: estamos obligadas a trabajar diariamente nueve horas, más horas extras que deberían ser pagadas, pero que en realidad no lo son; y si protestas te echan. Lo mismo si te coges una baja: te echan. No tienes vacaciones y hay muchísima gente con depresión. Y luego está el tema del salario: teóricamente se paga lo pactado, 50 euros por día, pero si no estás asegurado te quitan 5. Y si quieres tener todo el mes cotizado tienes que pagar al jefe 18 euros al día. Él te cotiza solo 10 días; si quieres más lo pagas tú. Bueno, se lo tienes que dar tú para que cotice por ti”. Quien denuncia el abuso patronal es Mihaela [nombre figurado], trabajadora de origen rumano que lleva varias décadas en España.

Sus palabras son corroboradas por Germinal [nombre figurado], trabajador de una explotación agraria de la zona: “Hay que partir del hecho de que no se respetan el convenio provincial ni las horas estipuladas; en el mejor de los casos, se trabajan ocho horas al día toda la semana, es decir, sábados incluidos, pero es muy común trabajar nueve. Una cosa es lo que pone en nómina y otra lo que se cobra. El salario más común son 45 o 50 euros por día, pero un trabajador puede perfectamente tener una nómina de 400 euros un mes, pese a haber trabajado todos los días menos los domingos, cobrando el resto en negro. Así la empresa se ahorra cotizaciones y seguros sociales. De hecho, está muy extendido cotizar 10 o 12 días, cometiendo fraude a la Seguridad Social. Por supuesto nada de vacaciones, todo lo más 10 o 15 días, y nada de pagas extra, ni días de asuntos propios. Eso, cuando existe un contrato, porque luego está la confianza de la empresa; no se le hace contrato a cualquiera. Es habitual tener personal sin contrato para situaciones excepcionales, o no tan excepcionales, de aumento de producción”.

Las personas con las que hemos hablado coinciden de manera repetida en el abuso empresarial que se sufre en el sector. ¿Causas? Germinal apunta algunas: “Por aquí, el pico de producción se da en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y ante la escasez de mano de obra local, se recurre a trabajadores migrantes en su mayor parte. En esos meses puede haber fácilmente un 20 o 25 por ciento sin papeles, principalmente subsaharianos y magrebíes. Estas personas necesitan, entre otras cosas, un contrato de trabajo que varía, según nacionalidad, entre 4 meses y un año”.

Se dan pues condiciones de extrema precariedad que hace que el colectivo migrante se encuentre sometido a la total arbitrariedad del contratador: “Es habitual que un trabajador empiece a trabajar recién llegado a España y esté tres años sin contrato intentando demostrar que es un trabajador de confianza y que se ha ganado el ansiado documento de trabajo”.

La situación del campo en España dista de la realidad que Gustavo ha observado en otros países europeos: “En la vendimia en Francia, mi experiencia ha sido totalmente diferente: condiciones de trabajo, salario y estancias son mucho mejores; los ritmos de trabajo diferentes, e incluso la actitud patronal, ya que aquí la cultura empresarial viene del franquismo y busca esquilmar al máximo al trabajador. Allí hay otra mentalidad. No quiero decir que no haya explotación, pero se notan las diferencias. Como en las nóminas, que se cumplen a rajatabla tanto en las percepciones, horas extras, festivos, desplazamientos, cotizaciones… Eso aquí no ocurre en la mayoría de los casos”.

Sindicatos en el campo

A la precariedad a la que se ven sometidas las personas migrantes, se une la dificultad de representación sindical en el sector. Germinal afirma que “los sindicatos de concertación no existen aquí, no quieren saber nada de precarios ni de inmigrantes, y mucho menos de inmigrantes precarios. La única presencia que se hace notar en la agricultura intensiva bajo plástico es la del SAT, con presencia en El Ejido y Níjar y en explotaciones grandes. Y algo menor, la de CNT. Aquí las explotaciones son relativamente pequeñas: la mayoría de tres o cuatro hectáreas. También existen de 50 hectáreas, pero no es lo habitual. Y el número de trabajadores, relativamente bajo: dos por hectárea en época normal y de cuatro a cinco en épocas de mucha producción”. En esas condiciones se hace difícil desarrollar una implantación sindical efectiva, y hacer un seguimiento de todas las irregularidades se convierte en una tarea titánica.

Mihaela y Germinal, coinciden en que la denuncia por parte del trabajador implica normalmente el señalamiento y la amenaza de despido. A veces incluso acompañada de una respuesta violenta. Lo que no impide, como afirma Gustavo, que las personas migrantes empiecen a organizarse “para conseguir viviendas dignas”, ya que muchas se encuentran en asentamientos de chabolas e infraviviendas, algo habitual en Huelva o Almería. Y de igual manera, para mejorar sus condiciones de trabajo, “como en el caso de las trabajadoras de la fresa en Huelva, con alianzas entre temporeras andaluzas y migrantes luchando juntas”.

El exjornalero incide en las dificultades por las que atraviesa el sindicalismo por hacerse un hueco en el sector: “El sindicalismo tradicional de clase ha perdido un poco la influencia en el campo y por eso están surgiendo asociaciones y colectivos de trabajadores migrantes que suplen esa carencia. En Andalucía, el SAT se mantiene en ciertos pueblos, pero se ha reducido mucho la afiliación”. También influye la temporalidad y la falta de conexión entre jornaleras de diferentes procedencias: “Creo que el sindicalismo de clase tiene que trabajar estos temas y no dejar olvidado el campo, porque, si no, será la extrema derecha la que capitalice el descontento”.

Agresiones sexuales

“Hay que tener presente el internacionalismo como seña de identidad del sindicalismo y de las luchas obreras y jornaleras”, continúa Gustavo. A su juicio, no es conveniente desentenderse del terreno agrícola para que la extrema derecha levante un argumentario falso sobre lo que es el campo y quién lo trabaja. “Hay que dar a conocer la realidad en las explotaciones rurales y cómo sin las personas migrantes sería imposible mantenerlas”, sentencia. “Y hay que hablar de las mujeres, que son invisibilizadas, de las cooperativistas, los cuidados en las zonas rurales o las trabajadoras migrantes que son explotadas en campañas como la fresa o en los invernaderos y se ven sometidas a abusos y agresiones continuas, incluso sexuales”, añade.

Y es que la explotación laboral no es el único desvelo al que tienen que enfrentarse las mujeres migrantes. El colectivo se ve sometido, en no pocas ocasiones, al acoso sexual, tal y como reconoce Mihaela: “Hay muchos casos de acoso, e incluso agresiones sexuales, por ser extranjera. Porque entre ellos se conocen y no van a acosar a una muchacha del pueblo, ¿no? Conocen a los padres, se puede enterar no sé quién… Pero nosotras venimos de fuera, no tenemos familia, no tenemos a nadie y se creen que no tenemos ningún apoyo y que pueden hacer con nosotras lo que les da la gana. Suele pasar más en el campo que en los almacenes del manipulado, donde también existe, aunque es más leve. Pero en los invernaderos se ven casos realmente fuertes”.

Nuevas experiencias

Al igual que en el Poniente almeriense, el cultivo de frutos rojos en Huelva es un pilar estratégico del sector agrario español: concentra el 98% de la producción nacional de berries (fresa, arándano, frambuesa, mora) y cerca del 30% de la Unión Europea. Representa el 11,5% del PIB provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo. Y al igual que en el caso almeriense, viene acompañado de una situación de explotación en el que destaca el colectivo migrante. La realidad ha llegado a ser denunciada por Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, que en 2020 declaraba que las personas del campo onubense vivían “como animales”.

Precisamente una de las nuevas experiencias que intentan hacer frente a la situación es la de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha. Así nos lo cuenta Ana Pinto, una de sus portavoces, que además nos comparte la buena nueva de que acaban de constituir la Sindical Obrera Andaluza: “Tenemos por un lado la asociación, y por otra hemos creado el sindicato, que es la herramienta necesaria para poder luchar por los derechos laborales de la gente que trabaja en la zona, que es de una gran diversidad: no todos estamos en las mismas condiciones. La mitad de la gente es de aquí, de Andalucía, pero la otra mitad viene de fuera, aunque con diferente perfil: está quien viene de Europa del Este, del espacio Schengen, quien viene de fuera de ese espacio, de América Latina, del continente africano… Y luego existe otro perfil, el de la gente sin papeles, que malvive en asentamientos chabolistas a los cuales se les vende el empadronamiento y es el perfil más vulnerable debido a las leyes de extranjería”.

Para las jornaleras, la lucha tiene que ser antirracista y desde ese punto de vista, una de sus prioridades es la regularización del colectivo migrante; también pelear por una sensibilización “que ayude a acabar con los discursos del odio”. El sindicalismo que proponen tiene un objetivo integral, no solo laboral: “Es que además está el hecho de la zona donde vivimos, que es una zona de sacrificio donde tenemos de todo: desde la contaminación por fosfoyesos, fertilizantes, pesticidas, etc… que lleva décadas vertiendo Fertiberia en una ría totalmente contaminada; tenemos el Polo Químico y la refinería de crudo, y justo al lado, los invernaderos”.

Ana nos va desgranando el sistema de monocultivo intensivo del que forma parte el agronegocio en Huelva: “Explotación de la tierra al máximo, producción basada en agroquímicos, en la explotación de las personas, agotamiento del agua… La problemática ambiental que tenemos es enorme. Por eso nuestra lucha es transversal, no entendemos el sindicalismo de otra manera. Es lucha por nuestra vida y la de los pueblos, que la gente pueda quedarse; y que tengamos agua cuando abrimos el grifo”.

El relato de la situación laboral en la zona parece sacado de épocas pretéritas: “En muchos casos te prohíben hasta hablar con compañeros… O lo que me comentaba el otro día una compañera, que por ponerte unos cascos con música le han castigado tres días de empleo y sueldo. Y luego, la lista de productividad, te llaman la atención si no has hecho tanto como otras, te castigan de empleo y sueldo. Te dicen que si no te espabilas te echan. Todo el día corriendo, todo el día gritando, que no te rías o no hables, que no muevas las manos. Tremendo. Y con la gente contratada en origen ya ni te cuento. Estamos hablando con compañeras a las que no se les ha llevado al médico, vulnerando derechos sanitarios; personas que están firmando despidos, que no saben siquiera que son despidos, porque, aunque la ley obligue, no suelen ponerlo en su idioma”.

Y otra vez, las agresiones sexuales: “Bueno, es el patriarcado y el sistema machista. Hay compañeras que están viviendo en los mismos lugares donde trabajan, o sea, fincas alejadas de los pueblos, a veces hasta 15 kilómetros. A menudo sin cobertura de teléfono y sin vehículo. Y si quieren acercarse al pueblo tienen que ir andando. Y claro, toda esa exposición, toda esta vulnerabilidad… Encima, cuando denuncias, te encuentras con que la justicia sigue siendo igual de machista, igual de patriarcal. Y te dicen que las mujeres están denunciando porque se quieren quedar aquí y tener papeles. Si encima no tienes testigos, algo fundamental para demostrar una causa judicial, pues imagínate”.

De momento ya existe una denuncia judicial por parte de algunas temporeras marroquíes contra un encargado de una explotación en Moguer y otra ante la Audiencia Nacional de otras diez temporeras a la empresa Doñana 98por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

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