El presidente tunecino, Kais Saied, ha concedido un indulto al excandidato presidencial Ayachi Zammel y al expresidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Wadie Jary, en el marco de la festividad de la República celebrada el 24 de julio. Sin embargo, el líder del partido islamista Ennahdha, Rached Ghannouchi, permanece encarcelado en un estado de salud que su defensa califica de «crítico».

Según ha denunciado el equipo legal de Ghannouchi, las autoridades no han reaccionado ante la grave deterioración de su estado de salud, lo que ha generado críticas sobre la selectividad de la medida de gracia presidencial. Mientras Zammel y Jary han sido excarcelados, Ghannouchi continúa recluido en prisión, lo que evidencia, a juicio de sus representantes, un trato diferenciado por razones políticas.

La decisión de Saied se produce en un contexto de creciente tensión política en el país magrebí, donde el presidente ha concentrado poder desde su autogolpe de 2021. El indulto a figuras menores contrasta con la persistente persecución a la oposición islamista, cuyo histórico líder lleva meses detenido en medio de un proceso judicial que la comunidad internacional ha señalado como carente de garantías.

La noticia, difundida este jueves 24 de julio de 2026, sitúa nuevamente a Túnez en el foco de las organizaciones de derechos humanos, que denuncian un retroceso democrático. La suerte de Ghannouchi, en particular, se ha convertido en un símbolo de la represión gubernamental contra el islamismo político en el norte de África.

 

La Monda Llanos Indie Fest

Sábado 4 de julio, 21:00 h

Plaza Los Llanos del Águila, Albacete 

 

 

Este sábado La Plaza Llanos del Águila de Albacete acogerá La Monda Llanos Indie, una jornada dedicada a la música independiente con actuaciones de Súper Indies, DJ Mike, El Hombre de Verde y Jelly Juice, en una apuesta por dinamizar los barrios de la ciudad y dar visibilidad a la escena musical local. 

 

El pasado 15 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el “Acuerdo de 4 de junio de 2026, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de juez/a, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado/a Fiscal”. 

Detrás de tan extenso título se encuentra la “macroconvocatoria”, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a oposiciones a la carrera de juez y fiscal. El Gobierno oferta, así, 700 plazas, 575 de las cuales serán para jueces y fiscales por oposición y 125 para la vía de acceso por el cuarto turno. Esta vía de acceso, muy criticada por los sectores más corporativos del poder judicial, permite la incorporación como magistrados a juristas “de prestigio” que demuestren más de 10 años de ejercicio profesional. 

El mismo Bolaños anunció en su cuenta de X esta convocatoria como “la mayor transformación de la justicia en décadas”. Sin embargo, aumento de la cantidad no necesariamente es igual a cambio de la cualidad. Es decir, nada garantiza que aumentar los efectivos encargados de impartir justicia haciendo cumplir el imperio de la ley vaya a transformar algunos de los problemas que arrastra la justicia española, que no sólo tienen que ver con la insuficiencia de recursos o de personal. 

Ni siquiera la posibilidad de aumentar la presencia de magistrados por el cuarto turno abre necesariamente la puerta a la entrada de visiones que rompan el corporativismo que impide la autocrítica y la transformación de este rígido poder. Tampoco garantiza per se mayores dosis de independencia e imparcialidad. A modo de ejemplo, el célebre Juan Carlos Peinado, magistrado instructor en la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se incorporó a la carrera judicial por el extinto tercer turno, derogado en 2003, una vía directa similar al cuarto turno por la que “juristas de reconocida competencia” podían pasar a ser jueces, sin realizar oposiciones, si cumplían con seis años de ejercicio profesional. 

En un contexto en que la justicia está en el ojo del huracán por el protagonismo –voluntario o involuntario– de ciertos jueces en la vida política española, cuyas decisiones condicionan el decurso de una agenda política plagada de juicios a miembros del poder político y sus familiares, el acceso a la carrera judicial reviste una importancia crucial. Una importancia que trasciende el mero debate sobre la mejora de las oportunidades profesionales, o de los recursos al servicio de los ciudadanos, y entra de lleno en el plano político. 

Aunque el poder judicial trate de desvincularse del estigma de la politización de la justicia, lo cierto es que los jueces también son ciudadanos que, en su aplicación de la ley, pueden estar contaminados de sus propios sesgos, valores y prejuicios que los llevan a determinada interpretación de las leyes existentes. A quienes niegan la ideología presente en los impartidores de justicia, que en ocasiones puede comprometer la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su profesión, habría que recordarles los vasos comunicantes entre el poder político y el poder judicial que se expresa en las posibilidades de promoción a puestos de poder institucional una vez dentro de la carrera judicial.

Uno de esos elementos es el origen de clase, que condiciona no sólo las posibilidades de acceso a unas oposiciones altamente disuasorias para quienes no se pueden permitir dedicar un promedio de casi 5 años de estudio exclusivo sin remuneración, y con los gastos añadidos de pagar a preparadores que cobran cantidades de dos ceros mensuales en sobres que no suelen declarar a Hacienda. No extraña, por tanto, que el 96% de quienes realizaron oposiciones en la promoción 2025-2026 contaran con la ayuda de sus padres para poder estudiar. 

Garantizar la democratización del acceso a las carreras judicial y fiscal, mediante la promoción de condiciones estructurales de igualdad de oportunidades, mitigando las desigualdades sociales preexistentes más allá del formalismo vacío de las “oposiciones libres basadas en los principios del mérito y la capacidad”, es un paso imprescindible para superar la justicia de clase que todavía padecemos en el Estado español. 

Para ello es perentorio que las iniciativas recogidas en el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal” que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de enero de 2025 y que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso, puedan ir adelante en una Ley Orgánica que siente las bases de una democratización -siempre tímida e insuficiente si no va de la mano de transformaciones de la correlación de fuerzas estatales y del poder económico, como sabemos– que permita la entrada de aire fresco a uno de los poderes del Estado que se presenta como garante de derechos y libertades pero que aparece, con demasiada frecuencia, como un freno para los cambios sociales.

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Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

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La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.

Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

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Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Diego Martínez

Viernes 8 de mayo, 20:00 h

Plaza Llanos del Águila, Albacete 

 

Primavera en los Barrios

Diego Martínez en Barrio Llanos del Águila. 

 

 

'Los mejores años de nuestra vida'

Estreno: viernes 8 de mayo, 20:00 h

Yelmo Imaginalia, Albacete

Entradas: adulto 8,70€ / precio reducido 7,40€

 

Sinopsis de la película:

'Los mejores años de nuestra vida' es un retrato íntimo y emocional de Hombres G, una banda que marcó a varias generaciones y sigue tan vigente como en sus comienzos. A través de material inédito y una mirada contemporánea, el documental celebra 40 años de amistad, música y energía inagotable.

Dirigida por: Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. 

Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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La Marcha por la Libertad liderada por la francesa Claude Mangin -esposa del preso político saharaui Naama Asfari- ha recorrido muchos lugares desde Ivry-sur-Seine, en Francia hasta Tarifa durante dos meses, informando, haciendo talleres, contando lo que la mayor parte de la prensa silencia sobre la ocupación marroquí, ilegal y cruel.

La Marcha por la Libertad nos retrotrae a la Decisión de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes -órgano de las Naciones Unidas- emitida el 15 de noviembre de 2016. Esta Decisión -hay muchas más del mismo tenor referentes a otros presos políticos saharauis- establece que Naama Asfari fue torturado. Se refiere también la Decisión a las deplorables condiciones sanitarias que padeció, y pide compensación, reparación por los efectos físicos y psicológicos de los daños infligidos, y garantía de no repetición. Pide rehabilitación para el detenido, y una investigación sobre lo sucedido con vistas a llevar a los responsables ante la justicia. Pide abstenerse de cualquier forma de presión, intimidación o represalia, como dañar la integridad física y moral del preso y su familia, y permitirle recibir en la cárcel visitas de su familia. También pide información en el plazo de 180 días de las medidas que se han tomado como consecuencia de las consideraciones expresadas.

de estas exigencias de las Naciones Unidas. Hasta el punto de que a la esposa de Naama, la francesa Claude Mangin que reside en Francia, y que se desplazaba cuando podía para ver a su marido, a partir de esa sentencia pidiendo expresamente que se permitiese al preso recibir en la cárcel visitas de su familia, se le impidió la entrada a Marruecos. Tuvo Claude que hacer una huelga de hambre de 30 días en el Ayuntamiento de su ciudad -Ivry-sur-Seine- para denunciar la violación de su derecho. Esa huelga tuvo como consecuencia una última visita a la cárcel de Kenitra, donde se encuentra su marido. Después, nunca más. Tras 5 nuevos intentos fallidos, Claude consideró otra manera de difundir la arbitrariedad de Marruecos: la Marcha por la Libertad, con la doble finalidad de intentar ver a su marido y de difundir la causa de los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos.

Terminó la Marcha en Algeciras con una concentración numerosa a la que acudieron gentes de todas partes, incluso del extranjero. Y luego, ya en Tarifa, catorce personas, entre ellas representantes políticos de España y Francia, acompañaron a Claude en el ferry hacia Tánger, en su intento de visitar a su marido preso.

Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española

Tampoco en esta ocasión cumplió Marruecos con las recomendaciones de la ONU, y Claude ni siquiera pudo desembarcar en Marruecos. La diferencia está en que en esta ocasión había 14 testigos con ella. No son invenciones de Claude.

La solidaridad, el esfuerzo, la ilusión marcaban el rumbo de la Marcha. Se hizo una difusión magnífica, y muchas personas se empiezan a incorporar a la lucha por la causa saharaui y por la defensa de sus presos a raíz de esa dinámica. La Marcha fue un éxito.

Y podría haber terminado con broche de oro si las autoridades marroquíes, por una vez, hubieran accedido a cumplir con la legalidad, permitiendo a Claude visitar a su marido. Pero no. Una vez más imperó la chulería y la impunidad.

Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española.

En el ferry había una garita para control de pasaportes a cargo de policías marroquíes identificados. Y luego había una caterva de policías marroquíes de paisano -que al principio se hicieron pasar por pasajeros con su maletita y todo- que actuaban como si estuviesen en su pueblo, intimidando a los pasajeros, filmándoles uno por uno, incluso en tierra española, en la cafetería del puerto y cuando subían la pasarela, diciéndoles dónde podían filmar y dónde no y dónde podían estar y dónde no, recibiendo órdenes de sus superiores, estos sí, identificados. Cogieron los pasaportes de los viajeros y los fotografiaron. A una pasajera le arrebataron el móvil por detrás y le hicieron daño en la mano. Ella tuvo que acudir al jefe de los policías marroquíes para pedir que se lo devolvieran, y este le obligó a borrar un vídeo si quería recuperarlo. La indefensión creaba angustia entre los pasajeros. Estaban atrapados. ¿Y dónde estaba la policía española para defenderles? No estaba. Todo esto en un barco de Balearia que en su página web tiene sus barcos registrados como de España o de la UE. Y en aguas españolas.

Estos policías les dijeron a los pasajeros que acompañaban a Claude -fichados por los servicios marroquíes desde hace tiempo- que no iban a bajar del barco. Les arrinconaron, y les dejaron ahí, de vuelta para Tarifa sin dar ninguna explicación ni entregar ningún tipo de atestado explicando el porqué de la no admisión en su territorio. La propia ley marroquí exige esa notificación justificativa.

Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad

Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad, sin libertad de acción ni de movimiento y con violencia e intimidación.

Habrá que saber qué responsabilidad tiene España en todo esto. Por muchos acuerdos que hubiera entre ambos países a efectos de cooperación en inmigración, los hechos ocurridos no tienen justificación. España tiene que dar explicaciones.

Cristina Martínez Benítez de Lugo es participante en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/09/el-lamentable-y-vergonzoso-final-de-la-marcha-por-la-libertad-de-los-presos-politicos-saharauis/

Decir que el Frente Polisario (FP) es “una entidad privada no reconocida” es una absoluta memez, impropia de quienes se consideran vanguardia del ‘progresismo’ nacional e internacional. Quienes leemos estas estupideces, no damos crédito a lo que leemos y al nivel de degradación a que ha llegado el partido PSOE: no me atrevo a decir Partido ‘socialista’. Ya no saben qué hacer o decir para negar lo evidente y ahondar aún más su caída en el lado equivocado y oscuro de la Historia, junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.

Y no es ya solo que el PSOE “juegue a desinformar”, como señalan los más benignos con esta gentuza. “Es mucho más grave que eso” –señalan otros–, “porque son fuerzas organizadas que excluyen todo atisbo de progreso verdaderamente democrático; y desde luego, si se trata del moro y del musulmán”. “Estos tipejos no tienen límites, sumisión a tope al Sultán”. “Es repugnante”. “Van a por todas, guerra total a todos los niveles” … Son comentarios que me van llegando al tiempo que yo mismo voy escupiendo estas líneas como puedo.

Decir que el Frente Polisario es “una entidad privada”, como si fuera una farmacia, un concesionario de automóviles o un equipo de fútbol, no deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ (¿?) orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos.

No deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos

Después de 50 años de heroica lucha y resistencia del pueblo saharaui, ahora estos listillos de tercera nos salen con esas.

El Frente Polisario fue creado en 1973. Y ni siquiera en ese lejano momento fue “una entidad privada no reconocida”. ¡Vaya si se le conoció y vaya si se le reconoció! ¡Si hasta incluso el Gobierno de la UCD, el de Adolfo Suárez, acudió a negociar con el FP las condiciones de entrega de los militares españoles! Por cierto, el Ejército español ¿era también “una entidad privada”? Porque este es el tipo de necedades a que lleva la ‘lógica’ del PSOE.

Sí, España era entonces la potencia colonial, la ‘madre patria’, la metrópoli, una “entidad pública reconocida” que había firmado su sentencia de muerte como ‘madre patria’ con los vergonzosos sucesos sangrientos de Zemla, la matanza de saharauis, la ‘desaparición’ y asesinato del dirigente saharaui Bassiri…, del que todavía hoy la ‘entidad pública reconocida” (gloriosos valores patrios) llamada España no ha dado razón alguna ni ha desclasificado los documentos secretos (¡Estado transparente y de Derecho!), a pesar de ser miembro de la ONU, la OTAN, la UE, el FMI y demás parafernalia de siglas de “entidades reconocidas” que parecieran dotar a este país de pasaporte, prestigio y ‘garantías de seriedad’.

El FP, señores del PSOE, fue RECONOCIDO por Naciones Unidas como representante legítimo del Pueblo Saharaui y desde entonces mantiene en Nueva York a su Representante ante la ONU: nuestro querido y llorado Ahmed Bujari hasta su fallecimiento hace unos años, y su sucesor Sidi Omar desde abril de 2018. La Representación legal y reconocida del pueblo saharaui no es, señores del PSOE, “una entidad privada no reconocida”, como pudiera serlo una frutería o un club de fútbol, señores del PSOE.

El Frente Polisario, como vanguardia del pueblo saharaui, ha librado muchas y muy dolorosas batallas, en los terrenos político, diplomático y militar, como para que vengan ahora unos memos ignorantes a tildarlo de “entidad privada”, de la misma manera que las contrapartes alauitas del PSOE y su maquinaria de desinformación, intoxicación y propaganda tratan de denigrarlo, chequera en ristre, intentando hacerlo pasar por “organización terrorista” (¿reconocida?, ¿privada?).

Muy al contrario, el FP es la vanguardia organizada del heroico pueblo saharaui, expulsado de su tierra, como los palestinos, abandonado por el Gobierno español (el franquista y el socialista), entregado a sus enemigos, y bombardeado por estos –los del abrazo fraternal y la propuesta de autonomía—con napalm y fósforo blanco, prohibidos –al igual que la invasión y ocupación—por la legislación internacional, esa que tanto respetan los Trump, Netanyahu y demás secuaces.

El pueblo saharaui (¿”entidad privada no reconocida”?), con el FP a la cabeza, proclamó su independencia, su Constitución y su propio Estado, la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, que ha sido RECONOCIDA como Estado por al menos otros 84 Estados, aunque después, la chequera, los chanchullos, las presiones y los chantajes de Marruecos hayan hecho el trabajo, no ya sucio, sino repugnante de tratar de eliminar del mapa mundial a la RASD, al pueblo saharaui y a los principios del orden jurídico internacional basado en reglas.

El Polisario ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos

La ONU reconoció al Frente Polisario. La Unión Africana (¿55Estados!) reconoció a la RASD. El FP mantiene embajadas en muchos países, a pesar de no contar con la chequera de que dispone Marruecos, engrosada con las dádivas financieras de España, la UE y las petromonarquías golfas, las que financian Muros de la Vergüenza, impunemente asesinan y desaparecen Kashogis y cobijan a eméritos huidos.

A lo largo de varios años, y mediante una serie de sentencias sucesivas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui –como ya hicieran la ONU y el TIJ en 1975—y le ha reconocido su capacidad jurídica activa. Y el FP ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos.

Y ahora vienen los iluminados del PSOE y dicen que el Frente Polisario es “una entidad privada”. Solo les faltó añadir eso de “sin fines de lucro”. Vamos, como un club de fútbol de tercera categoría. De lo que se deduce que en ese partido sobran los estudios universitarios y que han perdido el Norte. O algo mucho peor, si es que alguna vez lo tuvieron: la conciencia y la ética.

Luis Portillo Pasqual del Riquelme es Doctor en Ciencias Económicas; miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela, y autor de En defensa de la Causa Saharaui. Testimonios de Denuncia, Solidaridad y Resistencia (Círculo Rojo, 2024).

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/07/el-frente-polisario-y-el-cinismo-de-los-cretinos/

La omisión de una manifestación propalestina por parte de El País provocó una dura crítica del economista y activista Luis Portillo Pasqual del Riquelme. La polémica reabre el debate sobre el papel de los medios en la cobertura de conflictos internacionales y en la defensa de los derechos humanos.

El pasado 10 de mayo tenía lugar en Madrid una multitudinaria manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, reclamando el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese Estado. Sin embargo, al día siguiente los lectores habituales de El País se encontraron con un silencio total en la edición impresa del periódico al respecto de esta movilización ciudadana.

La omisión no pasó desapercibida y desató una oleada de críticas de lectores. Entre ellas, la contundente carta de Luis Portillo Pasqual del Riquelme, economista, solidario con el pueblo saharaui y autor del libro “En defensa de la causa saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad”,

En una misiva dirigida a Soledad Alcaide, Defensora del lector del diario,  Portillo expresó su profundo malestar por lo que calificó como una falta de sensibilidad y empatía informativa.

 Para Luis Portillo, resultaba evidente que la omisión del periódico de el Grupo Prisa  no puede entenderse como un simple error operativo, sino como una decisión editorial coherente con una línea que ha minimizado sistemáticamente la cobertura de ciertas luchas, como la del pueblo palestino o la del propio pueblo saharaui.

Una respuesta defensiva

 Por su parte, la defensora del lector, en su columna del  18 de mayo, titulada «Lo que les falta y lo que les sobra a algunos lectores», se excusaba atribuyendo la omisión d a  un «error de reflejos» por parte de la redacción, que «optó por cubrir la protesta convocada por el PP y Vox contra el Gobierno en la plaza de Colón, en detrimento de la manifestación propalestina».

 Según Borja Echevarría, director adjunto del periódico, la cobertura de Gaza es un eje central del medio, aunque se justificó la omisión señalando que “el periódico del domingo va muy armado” y “hay menos capacidad de reacción”.

Luis Portillo, sin embargo, rebatió esa explicación, calificando de «escandalosa» la falta de cobertura, especialmente cuando El País ha dedicado páginas enteras a actos políticos con asistencia marginal, como una concentración reciente en Callao con apenas mil personas. A su juicio, la ausencia de información no se debió a ningún topo de «error», sino a presiones o intereses de embajadas como las de Israel, Marruecos y Estados Unidos, y a la afinidad editorial del diario con las posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La línea editorial de El País y la causa saharaui

Portillo recordó, en este sentido, que año tras año El País ha ignorado las manifestaciones por el Sáhara Occidental que se celebran en Madrid en noviembre, coincidiendo con el aniversario de los Acuerdos Tripartitos de 1975. La denuncia efectuada por Luis Portillo se enmarca, por tanto, en otra  más amplia a la línea editorial del periódico que, a nivel estatal, responde y respalda la línea política del PSOE. 

 Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez alineó su política exterior con el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, El País, se ha esforzado por justificar esta postura a través de su línea editorial y las opiniones de sus periodistas asalariados y columnistas. 

 Editoriales recientes han defendido este giro como una adaptación al “realismo geopolítico”, dejando en segundo plano el principio de autodeterminación al que tiene derecho, según la legalidad internacional, el pueblo saharaui. Aunque el periódico ha cubierto algunas visitas oficiales de enviados de la ONU, como la de Staffan de Mistura, ha omitido reiteradamente las movilizaciones sociales que denuncian la ocupación marroquí.

Un lector comprometido

 Luis Portillo Pasqual del Riquelme no es un «lector cualquiera» del diario El País. Doctor en Ciencias Económicas, ha sido profesor universitario y es colaborador de medios críticos como Rebelión, AraInfo, Kaos en la Red y Canarias-semanal. En sus artículos denuncia no solo la ocupación del Sáhara, sino también la complicidad activa o pasiva de medios y gobiernos que blanquean esta situación.

En 2025, Portillo presentó su libro En defensa de la causa saharaui, una compilación de escritos y testimonios en apoyo al derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Su intervención en esta polémica no es, por tanto, un arrebato puntual, sino una expresión más de su compromiso político e intelectual.

   La controversia entre Portillo y la Defensora del lector de El País, Soledad Alcaide, pone sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿quién decide qué merece ser noticia? ¿Quién define la relevancia de una manifestación, una causa, un conflicto?

   Como ha querido poner de relieve Luis Portillo, el silencio informativo selectivo jamás es neutro. En muchos casos es una forma de intervención. Lo que se omite también comunica. Por eso, esta polémica es más que un desencuentro puntual. Es un recordatorio de que la prensa corporativa, tiene la clara función de reforzar la ideología dominante necesaria para la reproducción del sistema. Aunque de vez en cuando tenga que enfrentarse a algunos lectores críticos dispuestos a interpelar a quienes se autodefinen como «El Cuarto Poder».

Fuente: https://canarias-semanal.org/art/37901/cuando-una-omision-lo-dice-todo-el-dia-que-el-pais-olvido-cubrir-una-manifestacion-por-palestina-y-el-sahara

La celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a abrir el debate sobre la igualdad de género, solo que ahora el escenario se ha trasladado a un campo de batalla cada vez más influyente: las redes sociales. El auge de discursos antifeministas entre los jóvenes está encendiendo las alarmas, especialmente en espacios digitales donde el machismo se reinventa y prolifera bajo una nueva identidad: la manosfera.

El término manosfera proviene del inglés manosphere, compuesto por las palabras man (hombre) y sphere (esfera), y apareció por primera vez en 2009. En el libro (Re)configurando el imaginario sobre la violencia sexual desde el antifeminismo, se define como el “conjunto de comunidades y grupos comunicativos digitales, que están masculinizados en su público y ocupan una heterogeneidad de interacciones y procesos comunicativos misóginos y antifeministas en la red».

La manosfera es un conjunto de comunidades digitales que difunden mensajes misóginos y antifeministas, promoviendo una supuesta «restauración de la masculinidad». A través de plataformas como TikTok, YouTube y foros anónimos, estos espacios propagan la idea de que los hombres deben ser fuertes, dominantes y evitar mostrar debilidad, mientras perpetúan una visión de la mujer como débil, sumisa y responsable de los problemas personales y sociales de los hombres. Ideas que también se recogen en el estudio: «Jóvenes en la Manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual».

El impacto de estos discursos en la juventud es innegable. Según el Barómetro Juventud y Género 2023, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud, el 51% de los chicos de entre 16 y 24 años cree que la promoción de la igualdad ha ido «demasiado lejos», hasta el punto de discriminar a los hombres. Además, el 23,1% de los jóvenes de entre 15 y 29 años considera que «la violencia de género no existe y es un invento ideológico», una cifra que ha duplicado el porcentaje registrado en 2019.

Estos datos reflejan una preocupante desconexión con la lucha feminista y una normalización de discursos de odio en las redes sociales, donde los adolescentes pasan gran parte de su tiempo. Elisa García, profesora e investigadora en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y experta en violencias sexuales en red, en entrevista con la Cadena SER, señala que “estos discursos no llegan desde el entorno familiar o escolar, sino desde el espacio digital. Estos comportamientos se han intensificado con los nuevos formatos y han encontrado en TikTok un canal perfecto para viralizarse con mensajes breves y directos”.

Como advierte García, experta también en manosfera, estos «se han intensificado con los nuevos formatos y han encontrado en TikTok un canal perfecto para viralizarse con mensajes breves y directos”.

Para contrarrestar la difusión de estos mensajes, RTVE ha lanzado el proyecto interactivo ‘La manosfera al descubierto’, una iniciativa que analiza y desmonta las narrativas antifeministas que proliferan en el entorno digital. César Peña, coordinador del proyecto, ha explicado en La Ventana de la Tele que el objetivo es sumergirse en la manosfera con una mirada crítica, evidenciando los estereotipos de género y los discursos de odio que se presentan como una “revolución masculina”.

El reportaje interactivo, titulado «Manosfera y estereotipos: la nueva cárcel de la masculinidad«, invita a los usuarios a explorar cinco categorías clave dentro de estos discursos: antifeminismo, estereotipos, sexualidad, violencia de género y éxito. Con una estética inspirada en la película Matrix, el proyecto explica cómo estas ideas se entrelazan para crear un modelo de masculinidad tóxica que limita tanto a hombres como a mujeres

Según Stribor Kuric, quien ha analizado los modelos de estereotipos dentro de la manosfera, estos espacios ofrecen una narrativa cerrada sobre lo que significa ser hombre y cómo debe comportarse en distintos contextos, perpetuando relaciones de poder desiguales. En estos círculos, la autoridad en la pareja siempre recae en el hombre, reforzando ideas machistas que muchas sociedades han intentado erradicar.

Uno de los aspectos más preocupantes del auge de la manosfera es la idolatría que despiertan ciertos ‘gurús’ antifeministas en los jóvenes. Estos influencers, que combinan discursos de odio con consejos sobre éxito personal y sexualidad, han convertido la misoginia en un negocio rentable, generando miles de seguidores y monetizando sus contenidos.

Como advierte Elisa García, “cada vez hay más creadores de contenido que sacan rédito de estos mensajes. Parecen nichos de internet, pero pueden llegar a cualquier lugar, influenciando tanto a chicos como a chicas”. El problema se agrava cuando los algoritmos de plataformas como TikTok e Instagram detectan el interés del usuario y potencian la difusión de estos discursos, normalizando el machismo entre las nuevas generaciones.

El proyecto de RTVE no solo busca denunciar este fenómeno, sino también educar y ofrecer herramientas para combatirlo. Expertos como Lionel Delgado y Silvia Fernández trabajan en la plataforma para desglosar las estrategias de manipulación que utilizan estos grupos y ayudar a los usuarios a desarrollar un pensamiento crítico frente a los discursos de la manosfera.

Sin embargo, la responsabilidad no solo recae en la educación. Como señala García, “mientras el odio sea rentable, todos nuestros esfuerzos serán en vano”. La solución debe pasar por una mayor regulación de las redes sociales y una revisión profunda de las políticas de moderación del contenido. Pero este desafío no es sencillo, ya que las plataformas digitales tienen un modelo de negocio basado en la viralización, sin importar el impacto social de sus contenidos.

La proximidad del Día Internacional de la Mujer nos recuerda que la lucha feminista sigue siendo más necesaria que nunca. La manosfera representa una amenaza real para la igualdad de género, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en la juventud y la importancia de construir espacios digitales libres de violencia y desinformación. Ahora, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo podemos recuperar el relato feminista en un espacio donde el odio se ha convertido en tendencia?

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Enab Baladi, (Las uvas de mi país), (@enabbaladi), es el nombre de un periódico profundamente significativo para el pueblo sirio. Este medio, del que os hemos hablado en numerosas ocasiones en PC, celebra en este 2025 un hito trascendental: la apertura de una nueva sede en Damasco.

En su 14º aniversario, este medio ciudadano sirio, cuyos miembros han sido perseguidos, e incluso asesinados para acallar sus voces, regresa a la capital marcando así el inicio de una nueva etapa en su lucha por la libertad de prensa y la democracia, valores que han definido su trayectoria desde su fundación en 2011.

En este vídeo podemos escuchar, entre otras, las declaraciones de Kholoud Helmi, (@KholoudHelmi11), una destacada periodista siria, editora y cofundadora de Enab Baladi.

Este medio ciudadano se ha convertido en un referente en la cobertura independiente sobre Siria y su revolución. Desde entonces, ha documentado los momentos más oscuros del conflicto, enfrentándose a enormes riesgos. Tres de sus fundadores perdieron la vida y muchos de sus colaboradores han sido encarcelados o han desaparecido, como recordamos en una entrevista con Sergio Pérez, (@Sergwalden), editor y defensor de las voces sirias.

A pesar de estas adversidades, Enab Baladi ha persistido, operando desde el exilio en Turquía y Alemania, y estableciendo una red de reporteros en el terreno que trabajan clandestinamente. Su labor no solo ha proporcionado información crítica, sino que también ha formado a jóvenes periodistas sirios, consolidándose como un pilar del periodismo ciudadano.

La nueva sede en Damasco representa mucho más que una oficina; simboliza la resistencia y el deseo de estar más cerca de la ciudadanía siria. Como expresó el equipo de Enab Baladi, este retorno reafirma su compromiso con el profesionalismo y la independencia periodística, fundamentales para construir una sociedad democrática y justa.

El medio destaca que su objetivo sigue siendo amplificar las voces de los sirios, narrando sus aspiraciones y sufrimientos con transparencia. Este esfuerzo es vital en un país donde, como señaló Pérez, poseer un ejemplar del periódico puede ser una sentencia de muerte.

Desde PeriodismoCiudadano.com, hemos hablado de su trabajo, así como de la campaña de crowdfunding iniciada para publicar un libro que recopila sus crónicas ciudadanas. Este periódico, que nació de forma clandestina, busca contar la historia de la revolución siria desde la mirada de sus protagonistas. Como señalaba Sergio Pérez en entrevista con PC: «Las voces sirias han sido acalladas en lo que respecta a su propia revolución. No se está contando Siria a través de los sirios, sino a través de todo un ejército de expertos occidentales en geopolítica y en Oriente Próximo. Eso es inaceptable. Es orientalismo en su estado más puro«. Eso es precisamente lo que quiere combatir este medio ciudadano, y acercarnos la realidad del pueblo sirio desde la voz de sus protagonsitas.

La apertura de la sede en Damasco es una oportunidad para fortalecer el periodismo libre en Siria y recordar que, en los contextos más adversos, el periodismo ciudadano se conviert en una herramienta poderosa en favor del cambio.

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Citizen Matters es una plataforma de medios cívicos sin fines de lucro financiada por subvenciones de fundaciones, filántropos y donantes individuales, comprometida con el empoderamiento ciudadano y el desarrollo urbano sostenible. Desde 2013 opera en la India bajo el paraguas de la Fundación Oorvani.org, (@oorvani).

El trabajo de esta plataforma nos muestra cómo el contenido generado por el usuario proporciona una visión genuina y diversa de la vida en la ciudad. Al permitir que los ciudadanos cuenten sus propias historias, se capturan experiencias, perspectivas y preocupaciones que a menudo no son visibles en los medios de comunicación tradicionales. Esta pluralidad de voces enriquece el panorama urbano al abordar una amplia gama de temas y realidades que afectan a diferentes segmentos de la población.

Su objetivo es no limitarse a ser un simple medio de comunicación; sino un catalizador para la participación ciudadana, el cambio social y el desarrollo urbano sostenible. Al capacitar a los ciudadanos con información, herramientas y motivación, consiguen transformar la manera en la que las personas interactúan con sus entornos urbanos y contribuyen a su mejora.

Voting from home in Lok Sabha elections 2024: Eligibility, process and other rules. https://t.co/neqdrSFRhA

Voters aged 85 and above and persons with disabilities must submit Form 12D within 5 days of poll notification release. @SravastiD @gokarn_shruti

— Citizen Matters (@citizenmatters) April 8, 2024

Citizen Matters busca también no quedarse en la teoría y encontrar soluciones a estos problemas planteados por la ciudadanía. Al conectar los problemas urbanos con las personas afectadas a través de sus relatos particulares, consiguen la motivación necesaria para que los ciudadanos se involucren en la transformación de sus comunidades locales.

Para convertir estos informes en cambios reales esta plataforma capacita a los ciudadanos con los conocimientos y las herramientas necesarias para participar activamente en la el progreso de sus ciudades. A través del periodismo ciudadano y la colaboración entre la comunidad, Citizen Matters permite que cualquier persona contribuya a la narrativa cívica y se convierta en un agente de cambio en su entorno urbano.

La experiencia está funcionando y prueba de ello es la expansión de su trabajo desde Bengaluru a ciudades como Chennai, Mumbai y Delhi, demostrando así su compromiso con la creación de plataformas cívicas locales en toda la India. Este enfoque descentralizado reconoce la importancia de abordar los problemas urbanos a nivel comunitario y proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada ciudad.

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