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Alemania deja morir a cientos de pacientes cada año a la espera de un órgano mientras España duplica su tasa de donación

Por: D. Cañellas

Alemania afronta una crisis silenciosa en su sistema de trasplantes. 8.200 personas esperan en la actualidad un órgano vital, como un corazón, un hígado o un riñón, según informan las autoridades sanitarias germanas. Cada año, cientos de pacientes fallecen en la lista de espera al no recibir un donante a tiempo.

El dato ha sido difundido con motivo del Día de la Donación de Órganos, celebrado el 6 de junio de 2026, y reabre el debate político sobre la adopción del modelo de «consentimiento presunto» o Widerspruchslösung, que en España ha demostrado ser eficaz para elevar las tasas de donación.

La brecha con España

España es el país del mundo con mayor tasa de donación, con más de 46 donantes por millón de habitantes, mientras que Alemania se sitúa por debajo de la media europea. La diferencia se explica, en buena medida, por los modelos de consentimiento: España aplica la presunción de consentimiento (salvo oposición explícita en vida), mientras que Alemania mantiene el consentimiento explícito, lo que frena el número de donantes disponibles.

El Ministerio de Sanidad alemán ha reconocido que la escasez es estructural y que la reforma legislativa sigue bloqueada en el Bundestag. «Cada año mueren cientos de personas esperando un órgano que nunca llega», declaró un portavoz oficial durante la jornada de concienciación.

Cooperación europea en el horizonte

La UE ha impulsado en los últimos años mecanismos de cooperación transfronteriza para optimizar la asignación de órganos, pero la disparidad normativa limita los avances. La situación alemana evidencia asimetrías en las políticas sanitarias nacionales que la Comisión Europea intenta corregir mediante directivas de coordinación, sin forzar a los países a cambiar su modelo de consentimiento.

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Adís Abeba desaloja a 20.000 personas para construir hoteles de lujo con inversión china y emiratí

Por: S. Bárcena

Las autoridades etíopes impulsan un ambicioso programa de renovación urbana en Adís Abeba que está sustituyendo barrios residenciales por hoteles de lujo y complejos inmobiliarios. La transformación, presentada como un motor de modernidad y crecimiento económico, ha provocado el desplazamiento de miles de personas, según denuncian organizaciones locales y residentes.

El periodista Tom Canetti recorrió algunas de las zonas afectadas para documentar el impacto social de un proceso que se extiende a otras ciudades del país. Las restricciones al trabajo de la prensa internacional dificultan la cobertura, pero los testimonios recogidos reflejan una realidad que divide opiniones.

El precio del progreso

En barrios como Bole o Kazanches, antiguas viviendas de familias de clase media y baja han sido demolidas para dar paso a rascacielos, centros comerciales y hoteles de cinco estrellas. Más de 20.000 personas habrían sido reubicadas desde 2023, según estimaciones de la organización local Ethiopian Human Rights Council. Muchas de ellas aseguran que las compensaciones prometidas nunca llegaron o fueron insuficientes.

Nos dieron un plazo de 15 días para desalojar y una indemnización de 50.000 birr —unos 860 euros— por una casa en la que vivimos 30 años. Ahora ahí hay un hotel de lujo donde una noche cuesta más de lo que recibimos.

Las autoridades etíopes defienden el plan como necesario para atraer inversión extranjera y posicionar a Adís Abeba como un centro de negocios continental. En los últimos dos años, la ciudad ha recibido inversiones de Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía, centradas en infraestructura hostelera y comercial. El Gobierno etíope calcula que estos proyectos generarán más de 10.000 empleos directos en los próximos cinco años.

¿Quién se beneficia?

Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el modelo de desarrollo. Un informe de Amnesty International de 2025 señaló que los desalojos forzosos en Adís Abeba violan la legislación etíope e internacional. La entidad instó al Ejecutivo a detener las demoliciones mientras no se garantice una reubicación justa y participativa.

El problema no es la modernización, sino que se hace a costa de los más vulnerables y sin transparencia. Las consultas con los afectados son prácticamente inexistentes.

Por su parte, la Municipalidad de Adís Abeba asegura que las expropiaciones se realizan conforme a la ley y que los desplazados reciben viviendas alternativas en nuevas promociones públicas. Un portavoz municipal señaló que «el objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y las nuevas infraestructuras beneficiarán a largo plazo a la comunidad».

Mientras el paisaje urbano de Adís Abeba se transforma, la brecha entre el discurso oficial y las vivencias de los desplazados se agranda. La capital etíope avanza hacia un futuro de cristal y acero que, para muchos, tiene un coste humano difícil de ignorar.

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Maduro bajo presión: familias denuncian traslados de presos políticos sin previo aviso

Por: S. Bárcena

Familiares y activistas protestaron este 3 de junio frente a la prisión del Helicoide, en Caracas, para denunciar presuntos traslados irregulares de presos políticos a otros centros penitenciarios sin notificación previa. El Helicoide es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los principales centros de reclusión de opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Las denuncias y el contexto

Según los manifestantes, los traslados se habrían producido en los últimos días sin que las familias hayan recibido información sobre el paradero de los detenidos. Aunque no es la primera vez que ocurren movimientos de este tipo, en esta ocasión las protestas coinciden con las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que el centro había sido cerrado. El gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente los traslados ni ha ofrecido detalles sobre la situación de los reclusos.

Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los traslados formen parte de operaciones de desaparición forzada o cambios en las condiciones de reclusión. Venezuela registra cientos de casos de presos políticos, según informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reacciones y exigencias

Los familiares exigen al régimen de Maduro información clara sobre el destino de los detenidos y el respeto a los procedimientos legales.

Queremos saber dónde están nuestros familiares, no podemos permitir que los desaparezcan sin más

, señaló una de las portavoces de los manifestantes, según testigos presenciales. La comunidad internacional, por su parte, sigue de cerca la evolución de la crisis humanitaria y política en el país caribeño.

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Rusia denuncia ataque ucraniano contra autobús civil en Donetsk: 'crimen vil e inhumano

Por: A. Pereda

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, ha calificado de «crimen vil, deliberado e inhumano» el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un autobús con civiles en la república de Donetsk. El incidente, ocurrido el 3 de junio de 2026, ha sido denunciado por Moscú como un acto intencionado contra personas desarmadas que no representaban amenaza alguna.

Crimen vil, deliberado e inhumano

Según la defensora rusa, el ataque se produjo en territorio de la autoproclamada república, en una zona de conflicto activo donde los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y las milicias prorrusas son constantes. Lantrátova instó a la comunidad internacional a condenar el suceso y a tomar medidas para evitar que se repitan ataques contra la población civil.

El Gobierno de Kiev no ha emitido por el momento ninguna declaración oficial sobre el incidente. La ofensiva se enmarca en la escalada de hostilidades que vive la región del Donbás desde el inicio de la invasión rusa en 2022, y que ha provocado miles de víctimas civiles y una crisis humanitaria de larga duración.

La república de Donetsk es una de las regiones anexionadas por Rusia en 2022, aunque Ucrania y la comunidad internacional no reconocen su soberanía rusa. El uso de autobuses para evacuar civiles es frecuente en la zona, lo que hace especialmente grave el ataque contra este medio de transporte. Según datos de la ONU, más de 10.000 civiles han muerto en la región desde 2014, y el ataque del miércoles podría elevar esa cifra. La comisionada rusa ha pedido una investigación independiente, aunque Moscú ya atribuye la responsabilidad directamente a las fuerzas ucranianas.

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Niños católicos celebran su Primera Comunión bajo bombardeos de Hezbolá en el sur del Líbano

Por: P. Aguirre Larrañaga

El pasado 3 de junio, mientras el grupo chií libanés Hezbolá lanzaba cohetes contra viviendas en la localidad de Rmeish, en el sur del Líbano, más de 50 niños católicos celebraron su Primera Comunión en la parroquia de San Pedro, según informaron fuentes eclesiásticas. La ceremonia transcurrió bajo el sonido de las explosiones, en un acto que los fieles describieron como un testimonio de fe y resiliencia en una de las zonas más castigadas por el conflicto en la frontera con Israel.

Una celebración en medio de la guerra

Rmeish es una de las pocas localidades cristianas del sur del Líbano, una región donde la influencia de Hezbolá es predominante. La comunidad católica, que ha sufrido décadas de hostilidad y violencia, decidió no suspender la ceremonia pese al ataque. Los niños, vestidos con sus trajes blancos, recibieron el sacramento mientras los cohetes impactaban en las proximidades. «No podemos dejar que el miedo paralice nuestra fe», señaló el párroco a los asistentes, según recoge el testimonio recabado por la agencia local.

El ataque de Hezbolá contra viviendas no causó víctimas mortales, pero sí daños materiales. La organización armada libanesa justificó la acción como respuesta a bombardeos israelíes previos, que no fueron confirmados por fuentes independientes. La comunidad cristiana, atrapada entre dos fuegos, ha pedido en repetidas ocasiones que se respeten los lugares de culto.

La resiliencia como acto de fe

La celebración de la Primera Comunión en Rmeish se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los cristianos en Oriente Medio. Según datos de la Iglesia católica local, más del 60% de los cristianos han emigrado del Líbano en los últimos 20 años debido a la inseguridad y la falta de oportunidades. Sin embargo, comunidades como la de Rmeish se aferran a sus tradiciones. «Cada Primera Comunión es una victoria contra la violencia», declaró un portavoz de la diócesis.

El sur del Líbano sigue siendo una zona de tensión constante. Desde el inicio del conflicto en Gaza, los intercambios de fuego entre Hezbolá e Israel se han intensificado, afectando a la población civil. Organizaciones internacionales han denunciado que más de 100.000 personas han sido desplazadas en la región en los últimos meses.

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Cristianos de Jerusalén desafían el declive con una procesión masiva por la Ciudad Vieja

Por: P. Aguirre Larrañaga

El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, presidió el pasado 2 de junio una multitudinaria procesión por las calles de la Ciudad Vieja para clausurar el mes de María. La marcha recorrió los barrios cristianos y congregó a cientos de fieles, en una muestra pública de fe en una región donde los cristianos son minoría y enfrentan crecientes presiones.

“Es hermoso estar juntos una vez más y caminar por los barrios de la Ciudad Vieja llevando nuestras oraciones y nuestra fe”, declaró el purpurado durante el evento, según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén. La procesión, que partió desde la iglesia del Santo Sepulcro, culminó con una misa en la iglesia de San Salvador.

Un signo de vitalidad cristiana en Tierra Santa

La celebración del mes de María, una tradición profundamente arraigada en la Iglesia católica, adquiere un significado especial en Jerusalén, donde la comunidad cristiana representa aproximadamente el 2% de la población. El cardenal Pizzaballa ha impulsado en los últimos años diversas iniciativas para fortalecer la presencia cristiana en los lugares santos.

Es hermoso estar juntos una vez más y caminar por los barrios de la Ciudad Vieja llevando nuestras oraciones y nuestra fe.

La procesión de este año se produce en un contexto de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, pero los organizadores destacaron el carácter pacífico y espiritual del evento. “La fe no se rinde ante las dificultades”, añadió el cardenal, quien también animó a los presentes a ser “testigos de esperanza”.

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Denuncian hacinamiento y falta de recursos en la prisión de Barcelona que visitará el Papa

Por: P. Aguirre Larrañaga

Diez organizaciones han difundido lo que consideran los ‘puntos más oscuros’ de la prisión Brians 1, la cárcel barcelonesa que el Papa León XIV visitará próximamente. La iniciativa de la visita partió del obispo Xabier Gómez, responsable de la pastoral penitenciaria, y ha puesto el foco sobre un centro penitenciario descrito como ‘complicado’.

Una prisión diseñada para hombres con un módulo femenino añadido

Brians 1 fue concebida originalmente como una prisión masculina, y el módulo de mujeres se habilitó posteriormente, una circunstancia que, según las entidades firmantes, genera deficiencias estructurales. Las organizaciones, entre las que figuran colectivos de derechos humanos y asociaciones de apoyo a presos, han señalado problemas de hacinamiento, falta de recursos sanitarios y condiciones insalubres en varias áreas del recinto.

El documento presentado por estas entidades detalla que las instalaciones no se adaptan a las necesidades específicas de la población reclusa femenina, lo que deriva en un trato desigual. También alertan sobre la escasez de programas de reinserción y la sobrecarga del personal penitenciario.

Una visita pontificia con trasfondo social

La visita de León XIV a Brians 1 está prevista en el marco de su agenda pastoral en España, y supone un gesto hacia la realidad carcelaria del país. El obispo Gómez, que propuso el encuentro, ha defendido que la presencia del Pontífice puede visibilizar las carencias del sistema penitenciario. Sin embargo, las entidades firmantes advierten de que la visita no debe servir para maquillar los problemas estructurales del centro.

Hasta el momento, la dirección de la prisión no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias. La visita papal, que se espera para las próximas semanas, ha reabierto el debate sobre las condiciones de los centros penitenciarios en Cataluña y el conjunto de España.

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Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador

Por: Enrique López Cáceres

Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

La entrada Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador se publicó primero en lamarea.com.

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Chile expulsará inmigrantes irregulares pero promete respetar derechos humanos: el plan de Kast

Por: F. Olázaran

El presidente chileno, José Antonio Kast, ha anunciado un plan para la expulsión de migrantes irregulares de Chile, en un intento por conciliar el control migratorio con el respeto a los derechos humanos. El mandatario realizó el anuncio este lunes durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso, una cita que el calendario político chileno fija para el 1 de junio de cada año.

Un eje central de la agenda de Kast

Kast defendió su política de seguridad y control fronterizo, que ha sido una de las prioridades de su Administración desde que asumió el poder.

Queremos un país ordenado, con reglas claras, pero sin perder de vista la dimensión humana del fenómeno migratorio

declaró el presidente ante los legisladores, según la agencia Sputnik Mundo.

El plan, cuyos detalles operativos no han sido revelados, busca equilibrar la expulsión de quienes ingresan de forma ilegal con la protección de los derechos de las personas migrantes, en un contexto en que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda política chilena.

Chile ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido de la migración, principalmente desde Venezuela, Colombia y Haití, lo que ha generado tensiones sociales y ha llevado al Gobierno a endurecer los controles fronterizos. Kast, que llegó al poder con un discurso de mano dura en seguridad, ha mantenido un discurso firme contra la inmigración irregular, pero este anuncio sugiere un intento de modular esa postura con un enfoque de derechos.

Contexto político y reacciones

La oposición ha recibido el anuncio con escepticismo. «El Gobierno habla de humanidad, pero sus políticas han sido todo menos humanas», afirmó un portavoz de la coalición de izquierdas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en la implementación del plan y garantías para los solicitantes de asilo.

La cuenta pública de Kast se produce en un momento en que su popularidad ha caído ligeramente, según encuestas recientes, y en que la crisis migratoria en la frontera norte sigue siendo un foco de tensión. El presidente espera que este nuevo plan permita recuperar la iniciativa política y mostrar una imagen de firmeza templada por la sensibilidad social.

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Turquía expropia tierras a cristianos y yazidíes para centrales solares en el sureste

Por: P. Aguirre Larrañaga

El gobierno turco ha iniciado un proceso de expropiación forzosa de tierras pertenecientes a comunidades cristianas y yazidíes en el sureste del país, argumentando necesidades de desarrollo energético. La medida afecta a varias localidades de la región, donde se concentran las minorías religiosas, y ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como un nuevo episodio de persecución.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Central Solar G2, un proyecto fotovoltaico que ocupará terrenos en el pueblo caldeo de Aynwardo, en la provincia de Mardin. Según fuentes locales, las autoridades turcas han declarado la expropiación como de interés público, lo que permite acelerar el proceso sin necesidad de consentimiento de los propietarios.

Reacciones de la comunidad cristiana

El diputado cristiano en el Parlamento turco, George Aryo, ha denunciado la situación ante la Cámara, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta del Ejecutivo. Aryo afirma que estas expropiaciones se están produciendo de forma sistemática y que afectan desproporcionadamente a las minorías, mientras que las tierras de propiedad turca musulmana no se ven afectadas con la misma intensidad.

El gobierno utiliza el desarrollo energético como excusa para desplazar a las comunidades cristianas y yazidíes de sus tierras ancestrales en el sureste, una región donde el Estado turco ha aplicado históricamente políticas de homogeneización étnica y religiosa.

La comunidad yazidí, que ya sufrió un genocidio a manos del Estado Islámico en 2014, ve ahora cómo sus propiedades son confiscadas bajo un pretexto legal, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos humanos.

Un patrón recurrente

No es la primera vez que Ankara recurre a la expropiación forzosa para proyectos de infraestructura en zonas de minorías. En los últimos años, varias comunidades cristianas y yazidíes han perdido tierras para la construcción de presas, carreteras y ahora plantas solares. La organización cristiana internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada ha documentado al menos una docena de casos similares desde 2020.

El gobierno turco defiende que los proyectos energéticos son necesarios para el desarrollo del país y que las expropiaciones se realizan conforme a la ley, ofreciendo compensaciones económicas. Sin embargo, los afectados denuncian que las indemnizaciones son insuficientes y tardan años en pagarse, lo que equivale a un despojo encubierto.

La situación en Aynwardo es especialmente significativa, ya que la central solar G2 ocupará una extensión de tierras que los caldeos han habitado durante siglos. Sin la posibilidad de recurrir ante los tribunales con garantías, la comunidad teme que este sea el primer paso de una política de limpieza étnica progresiva en la región.

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El Vaticano destaca la 'curiosa' convivencia entre cristianos y musulmanes en Jordania: un oasis de paz en Oriente Medio

Por: P. Aguirre Larrañaga

El Nuncio Apostólico en Jordania ha ofrecido unas declaraciones este 1 de junio de 2026 en las que subraya la singular convivencia entre cristianos y musulmanes en el reino hachemí. En un vídeo difundido por la Santa Sede, el representante vaticano calificó la relación como «curiosa», en un contexto de especial interés diplomático para la Iglesia en Oriente Medio.

Un modelo de coexistencia en la región

Jordania, bajo el reinado de Abdalá II, mantiene una presencia cristiana histórica que ha sido clave para la estabilidad religiosa del país. Según fuentes eclesiales, la comunidad cristiana jordana representa aproximadamente un 2% de la población total, mayoritariamente de rito greco-católico y ortodoxo. La Casa Real jordana ha promovido en los últimos años un discurso de moderación interreligiosa, que contrasta con las tensiones en países vecinos como Siria o Irak.

El Nuncio no precisó detalles adicionales sobre la naturaleza de esa «curiosa relación», pero su intervención coincide con la visita del Papa Francisco a la región prevista para finales de 2026. La diplomacia vaticana considera a Jordania un interlocutor fiable para el diálogo entre el mundo islámico y la cristiandad, especialmente en la defensa de lugares sagrados y el mantenimiento del statu quo en Jerusalén.

Es una relación curiosa porque, a pesar de las diferencias teológicas y los conflictos regionales, aquí en Jordania se respira un clima de respeto mutuo que no se encuentra en otras partes de Oriente Medio.

Implicaciones diplomáticas

El comentario del Nuncio cobra relevancia en un momento en que la Santa Sede busca reforzar los puentes con el islam moderado. Jordania, que acoge a millones de refugiados palestinos y sirios, ha sido escenario de varias iniciativas interreligiosas patrocinadas por la Casa Real. El rey Abdalá II impulsó en 2024 la Carta de Amán, un documento que reafirma la convivencia pacífica entre religiones monoteístas.

La Iglesia católica en Jordania está organizada en tres vicariatos, con una presencia institucional que incluye escuelas, hospitales y centros de acogida. Para el Vaticano, el modelo jordano es un ejemplo exportable en un contexto regional donde los cristianos han sufrido persecución y desplazamiento forzoso.

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Nicaragua: la dictadura de Ortega silencia a la Iglesia sin que el mundo actúe

Por: P. Aguirre Larrañaga

La presidenta de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, Rosalía Gutiérrez-Huete Miller, denunció este viernes en Washington D.C. el «silencio cómplice» de la comunidad internacional ante la persecución sistemática que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra la Iglesia Católica en el país centroamericano.

Durante un panel de discusión en la capital estadounidense, la activista advirtió de que «la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua continúa sin que la comunidad internacional actúe». Según Gutiérrez-Huete, el silencio de los gobiernos y organismos multilaterales solo alienta al régimen a seguir adelante con su ofensiva contra los católicos, que incluye el cierre de medios de comunicación y la detención y exilio de sacerdotes y obispos.

El silencio es cómplice. La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua continúa sin que la comunidad internacional actúe.

La Coalición por la Libertad de Nicaragua es una organización que agrupa a distintas voces de la sociedad civil y del exilio, y que busca visibilizar la represión del régimen orteguista. La dictadura ha intensificado en los últimos años el hostigamiento contra la jerarquía católica, considerada una de las pocas voces críticas que quedan en el país, tras haber silenciado a la mayoría de la oposición política y los medios independientes.

Gutiérrez-Huete Miller pidió a la comunidad internacional que «rompa el silencio» y adopte medidas concretas, como sanciones selectivas contra los altos cargos del régimen y el respaldo a la labor de la Iglesia en Nicaragua. «Es momento de actuar, no de observar», subrayó.

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China condena a 24 años al abad del Templo Shaolin sin revelar los delitos

Por: P. Aguirre Larrañaga

El abad del Templo Shaolin, uno de los monasterios budistas más emblemáticos de China, ha sido condenado a 24 años de prisión por un tribunal del país, según ha informado la agencia oficial Xinhua. La sentencia, dictada el 30 de mayo de 2026, no especifica los delitos imputados, pero se inscribe en el contexto de control estatal sobre las religiones que el Partido Comunista chino ha intensificado en los últimos años.

Un símbolo bajo presión

El Templo Shaolin, situado en la provincia de Henan, cerca de la ciudad de Zhengzhou, es conocido mundialmente por su vínculo con las artes marciales y el budismo chan. Su abad, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, es la máxima autoridad del monasterio y un referente para millones de budistas en Asia. La condena se produce tras un proceso judicial del que apenas han trascendido detalles, algo habitual en causas relacionadas con la libertad religiosa en China.

El gobierno chino ha reiterado en numerosas ocasiones que las organizaciones religiosas deben someterse a la legislación nacional y no interferir en asuntos políticos. En los últimos años, las autoridades han aumentado la vigilancia sobre templos budistas, mezquitas e iglesias cristianas, acusándolos en ocasiones de actividades ilegales o de ser focos de influencia extranjera.

China respeta la libertad de creencias religiosas, pero todas las actividades religiosas deben realizarse dentro del marco legal, ha declarado en el pasado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La condena del abad del Templo Shaolin ha provocado reacciones de preocupación entre organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que denuncian un patrón de persecución religiosa en China. Amnistía Internacional ha señalado que el caso refleja la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la ley contra figuras religiosas.

El Templo Shaolin ha mantenido en el pasado relaciones tensas con las autoridades locales debido a la comercialización de su imagen y a disputas por la propiedad de terrenos. Sin embargo, la condena de su abad supone un escalada sin precedentes en la presión estatal sobre una institución que, pese a su simbolismo, no había sufrido una represión tan directa en décadas.

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Senegal endurece las penas contra la homosexualidad en plena deriva autoritaria de África Occidental

Por: S. Bárcena

El Gobierno de Senegal ha aprobado una nueva ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales, en el marco de una violenta campaña homófoba que sacude el país africano. La medida, que incrementa las sanciones penales para los condenados por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, se presenta oficialmente como una forma de proteger a la sociedad senegalesa de la influencia occidental, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local.

Una deriva autoritaria en África Occidental

La nueva legislación se inscribe en un contexto de creciente autoritarismo en Senegal bajo la presidencia de Bassirou Diomaye Faye, quien asumió el cargo en 2024. La deriva represiva ha levantado ampollas entre las organizaciones de derechos humanos, que denuncian una persecución sistemática contra el colectivo LGTBIQ+. Senegal, considerado tradicionalmente uno de los países más estables de África Occidental, se ha convertido en un foco de tensión entre el respeto a los derechos humanos y la soberanía legislativa local.

La ley responde a una deriva autoritaria y conservadora que puede desestabilizar la región y afectar las relaciones con la Unión Europea, según analistas regionales.

El país desempeña un papel clave en las rutas migratorias hacia las islas Canarias, lo que otorga a la deriva represiva una dimensión estratégica para España y la UE. Una inestabilidad en Senegal podría aumentar la presión migratoria sobre las costas españolas.

La comunidad homosexual, en situación de desamparo

Según fuentes judiciales citadas por medios locales, la situación de desamparo de la población homosexual senegalesa ante la nueva ofensiva legal es crítica. Las personas LGTBIQ+ viven con miedo a ser denunciadas, detenidas y encarceladas, en un país donde la homosexualidad ya era ilegal antes de esta reforma. La ley no solo aumenta las penas, sino que también reduce las garantías procesales para los acusados, según las mismas fuentes.

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Están contra la regularización: les va el negocio en ello

Por: José Bautista (Fundación porCausa)

La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.

Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

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Victoria César: “Si no existiera el movimiento memorialista, no se habría recuperado casi nada”

Por: Olivia Carballar

Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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El uso de la pena de muerte alcanza la cifra más alta en 44 años: 2.707 ejecuciones

Por: La Marea

2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Diego Martínez en Barrio Llanos del Águila

Por: Discos Ruidosos

 

Diego Martínez

Viernes 8 de mayo, 20:00 h

Plaza Llanos del Águila, Albacete 

 


Primavera en los Barrios

Diego Martínez en Barrio Llanos del Águila. 

 

✇Conciertos en Albacete

Cine y música: 'Los mejores años de nuestra vida'

Por: Discos Ruidosos

 

'Los mejores años de nuestra vida'

Estreno: viernes 8 de mayo, 20:00 h

Yelmo Imaginalia, Albacete

Entradas: adulto 8,70€ / precio reducido 7,40€

 


Sinopsis de la película:

'Los mejores años de nuestra vida' es un retrato íntimo y emocional de Hombres G, una banda que marcó a varias generaciones y sigue tan vigente como en sus comienzos. A través de material inédito y una mirada contemporánea, el documental celebra 40 años de amistad, música y energía inagotable.

Dirigida por: Charlie Arnaiz y Alberto Ortega


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