Últimamente, España se ha visto envuelta en una larga lista de incidentes islamófobos, especialmente en política, a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna del país. El pasado agosto, PP y Vox se unieron para prohibir las celebraciones musulmanas en instalaciones públicas del municipio de Jumilla (Murcia) con el fin de “defender las costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. Vox también trajo recientemente una iniciativa para prohibir el uso del burka y el niqab por miedo a que “el islamismo se abra paso por las calles de España” pese a que lo utiliza un porcentaje ínfimo de la población. Decenas de manifestaciones alrededor del país han reivindicado la lucha contra la “islamización” y a favor de una españa cristiana, y la derecha ha abrazado la “prioridad nacional” que busca Vox para priorizar a los españoles sobre los migrantes en el acceso a los servicios públicos, que ya se ha incorporado en los pactos de gobierno de varias comunidades autónomas. El último pacto de gobierno entre PP y Vox se ha producido hace apenas unos días en Andalucía.
Pero hay mucho más: las “cacerías” contra migrantes en Torre Pacheco (Murcia), las constantes alertas de una supuesta “invasión” musulmana, el intento de cerrar mezquitas en la lucha contra el “yihadismo radical”, o los numerosos bulos sobre el Islam que se viralizan en redes sociales y círculos de ultraderecha.
Aunque este miedo a la comunidad musulmana no es nuevo –ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos tras los ataques del 11-S– sí continúa aumentando en nuestro país, especialmente en el discurso de partidos como Vox o incluso Junts y PP. Por ello, es muy probable que la islamofobia juegue un papel muy grande en el próximo ciclo electoral y en las campañas para formar el próximo gobierno estatal, según opinan cuatro expertos consultados por La Marea.
¿Qué hay detrás del aumento de la islamofobia en la política española?
Para Daniel Gil-Benumeya, profesor en la Universidad Complutense que lleva más de una década estudiando las comunidades musulmanas en España y la percepción pública hacia ellas, la islamofobia se presenta especialmente en forma de estigmatización y control sobre el cuerpo de las mujeres, que Vox está intentando llevar a las administraciones. Atribuye el incremento de la islamofobia en el país a la adopción de discursos xenófobos propios de la ultraderecha europea y el crecimiento de la población musulmana, con miembros de esta comunidad siendo cada vez más visibles y conscientes de sus derechos. A su vez, señala que se está agotando el independentismo catalán y vasco como enemigo de algunos sectores políticos, lo que les ha llevado a buscar en el Islam un nuevo enemigo público, y también se está adoptando el consenso islamófobo en otras comunidades racializadas, como los migrantes latinoamericanos.
Zakariae Cheddadi, doctor en Sociología por la UPV-EHU especializado en identidad, migración y comportamiento político, también ha estudiado de cerca los discursos sobre el Islam de la derecha española. Destaca que, aunque la comunidad musulmana en España tiene menos peso y representación política que en otros países más diversos, esta sí tiene la capacidad de estar muy presente en la imaginación colectiva y el discurso público, como ya se ha visto por ejemplo en los intentos de prohibir el velo islámico pese a ser una realidad casi inexistente en nuestro país.
“El Islam se ha convertido en una categoría política sobre la que polarizar una determinada identidad –española, católica, civilizacional, con un legado sociohistórico que proviene de 1492 hasta ahora– en contraposición de la España roja, anticatólica, anticlerical y woke”, explica Cheddadi. “Antes era ‘salvémonos del comunismo’ y ahora es ‘salvémonos del Islam’”, añade.
El auge islamófobo, presente principalmente en la derecha y ultraderecha, también ha surgido como respuesta a los ocho años de gobierno progresista, según Cheddadi, intensificado tras su apoyo público a la causa palestina y la reciente regularización de migrantes –pese a que esta beneficia principalmente a latinoamericanos–. “Eso se asocia al Islam, la invasión de otras culturas y la teoría de la sustitución demográfica tan asentada en Francia y otros países”, explica.
Por ello, es más fácil crear miedo a una supuesta invasión islámica y sustitución cultural como respuesta a los problemas de la población que razonar las medidas que proponen partidos como Vox que de otro modo serían muy impopulares, como reducir el poder de los convenios colectivos, eliminar las autonomías o recortar el estado del bienestar bajando impuestos “a lo Milei”, según el investigador.
Los discursos de odio contra la población musulmana han venido para quedarse
Existe un creciente consenso académico sobre el reciente incremento de la islamofobia en la política española y sobre el creciente papel que jugará en los próximos años, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. “Es muy probable que la islamofobia siga ocupando un lugar relevante en los próximos debates políticos y electorales, especialmente en escenarios de mayor influencia de la extrema derecha o de gobiernos en los que esta tenga capacidad de condicionar la agenda”, explica Laura Mijares, filóloga árabe e investigadora en la Universidad Complutense especializada en la sociología de las comunidades musulmanas en España.
Para ella, la clave no está únicamente en la presencia de los discursos abiertamente islamófobos, sino su creciente normalización en el espacio público. “La islamofobia ya no aparece solo en los márgenes, sino que se articula como una herramienta política eficaz para movilizar miedo, construir enemigos internos y reforzar narrativas identitarias basadas en la supuesta incompatibilidad entre Islam y valores democráticos”, explica Mijares. “En este contexto, –prosigue- las personas musulmanas y especialmente las mujeres visiblemente musulmanas por el uso del hiyab, son objeto de instrumentalización política”.
Prueba de ello también es la visión histórica de los sectores más conservadores, que presentan la identidad española como esencialmente católica, homogénea y culturalmente cerrada, frente a una realidad diversa y multicultural. “En este marco, la apelación a la Reconquista, al imperio católico o a la expulsión de judíos y musulmanes no es anecdótica, sino que forma parte de una batalla cultural más amplia por definir quién pertenece legítimamente a la nación y quién queda situado en sus márgenes”, explica Mijares. Para ella, estas narrativas romantizan y simplifican el pasado y refuerzan jerarquías raciales y culturales, lo cual contribuye a excluir públicamente a las personas racializadas.
Aunque Vox es probablemente el partido con representación parlamentaria que más abiertamente abraza el rechazo a la población musulmana en España, sería un error reducirlo únicamente a este grupo, señala Johanna Lems, profesora de la Universidad Complutense que estudia el Islam en España y Europa. También está presente, explica, en ciertos sectores de la izquierda y especialmente en partidos nacionalistas como Aliança Catalana, cuya líder Sílvia Orriols declaró en 2024 que “con tanto andaluz y tanto musulmán nadie hablará catalán en Catalunya”. Y por supuesto, es una base central del discurso de organizaciones fascistas o ultras como Núcleo Nacional o Frente Obrero, una fuerza política que se define “ni de izquierdas ni de derechas” y tiene como punto principal en su programa el “no a la islamización” porque “se están creando guetos en los que son mayoría e imponen su cultura”.
Para Lems, la islamofobia es una manera de utilizar la religión y los símbolos asociados a esta para discriminar a ciertos grupos de la población y crear una identidad nacional excluyente, un fenómeno que también ha estado presente en el antisemitismo de la Europa del siglo XX o la discriminación contra los migrantes irlandeses y católicos en Estados Unidos durante varios siglos. “La religión siempre ha tenido un lugar muy importante como uno de los elementos en la racialización de las poblaciones, y por tanto también en la islamofobia”, añade.
El impacto de la islamofobia en las instituciones
Lo que queda por ver, sin embargo, es cuánto de este odio se traduce a cambios legislativos y discriminación en las instituciones, más allá de su presencia puramente mediática y simbólica. Aunque Lems destaca que ya existe legislación vigente, como la Ley de Extranjería, basada en gran parte en la xenofobia que discrimina a los musulmanes y otros colectivos, Cheddadi duda de si en caso de formarse un gobierno PP-Vox tras las próximas generales, la islamofobia pueda alterar gravemente el trato institucional a las poblaciones musulmanas, como ha pasado por ejemplo en Estados Unidos con la población migrante durante el segundo mandato de Trump.
“La cuestión del Islam es una estrategia para alcanzar el poder, pero una vez que alcancen el poder no sé si van a ser muy agresivos, tal como nos quieren hacer ver”, comenta. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini, por ejemplo, también utilizaron la islamofobia para incrementar su popularidad, pero tras llegar al poder, el efecto de estos discursos a nivel institucional y legislativo fue muy limitado.
“Aunque vayan muy en contra de la Agenda 2030 y ciertos consensos, no sé yo si va a ser muy fuerte su impacto. Lo que me preocupa como sociólogo es la diseminación de un discurso político en términos actitudinales, de comportamiento social y de espacio público”, añade. “Va a crear muchísimo recelo, animadversión, distancia social y cultural. Pensar que el musulmán que tienes enfrente de tu casa tiene algo malo, que te da miedo y estés obsesionado, es lo peor que le puede pasar a una sociedad multiétnica”, concluye.
BOGOTÁ // Dos grandes altavoces sobre una furgoneta en movimiento pregonan: “Tigre, Tigre de mi vida (…), Firmes por la Patria”. Un pequeño grupo de jóvenes lo abuchean desde un parque: “Fascistas, son unos fascistas”. Una anciana camina y suspira: “Por el amor de dios”. Esta escena nocturna en Bogotá, la capital de Colombia, es el reflejo de un territorio rasgado en dos retazos, sostenidos por un hilo casi invisible.
Dos horas antes se daban a conocer los resultados del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las más reñidas de su historia democrática. El ultraderechista, abogado y autoproclamado outsider, Abelardo de la Espriella, logra el 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador y candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. La diferencia en el conteo preliminar es de apenas 247.000 votos. Un país fracturado, dividido en dos pulsiones, en dos modelos de gobernanza antagónicos. “Lo que pone de manifiesto esta campaña es que no hemos logrado reconciliarnos como sociedad,” señalaba Martha Lucía Márquez, directora del centro de investigación Cinep.
En el Royal Center, un centro de conciertos y sede improvisada de la campaña del Pacto Histórico para recibir los resultados, cientos de simpatizantes, activistas, políticos y figuras de la izquierda colombiana van llegando a cuentagotas mientras una gran pantalla anuncia los avances del preconteo. Son varios los que tropiezan en los últimos peldaños de las escaleras, cuando levantan la cabeza del suelo para observar los números. El lugar mantiene la respiración con cada boletín, algunos sacan las calculadoras de sus teléfonos para hacer las matemáticas. Su candidato, Cepeda, acorta distancias, pero no logra ponerse por delante del ultraderechista. Entre respiración y tropezón, los más jóvenes cantan arengas que son replicadas por pocos segundos.
Después, la desazón, las manos en posición de rezo frente a la boca, el brazo por encima del hombro del compañero. “Aquí estamos las madres de La Escombrera”, grita Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. De su cuello cuelga la fotografía de Carol Vanessa, desaparecida en Medellín en 2002. El sueño de ver a su candidato, el humanista, filósofo y defensor de derechos humanos y la paz, entrando en la Casa de Nariño se apaga y aparecen las lágrimas.
Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. MARINA SARDIÑA
“Estoy preocupada”. Un emoji de un corazón roto. “Tengo miedo”, son los mensajes de WhatsApp que llegan desde las comunidades afro del Pacífico, el Cauca, el Putumayo o las periferias de Bogotá. “Para los firmantes estos diez años no han sido fáciles, existe el riesgo de retroceder en el acuerdo, el riesgo sobre la vida de los que estamos comprometidos con la paz”, narra desde el departamento amazónico de Guaviare, Andrés, uno de los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados durante el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016.
“Tengo una gran preocupación por el exterminio de nuestros bosques, de los pueblos indígenas, de los amazónicos”, escribe Libia, lideresa indígena inka. “Para las comunidades negras es un retroceso en las luchas y logros que con tanto sacrificio, tantas vidas, hemos puesto para que haya cambios en este país”, explica Clemencia Carabalí, lideresa afro del norte del Cauca. “Abelardo es un ciudadano que no conoce el país. Él no está en los territorios, él no sabe lo que es vivir en las zonas periféricas. Al no conocer esos contextos difícilmente va a legislar en favor nuestro”, añade.
El mayor número de votos en la historia de la izquierda colombiana
Antes de las seis y media de la tarde, Iván Cepeda sale a la tarima rodeado de su comitiva y su fórmula presidencial, la mayora indígena, Aída Quilcue, y su compañera, Pilar Rueda. Lleva un papel en la mano, lo desdobla sobre el atril y, antes de leer, con su particular tono sosegado, agradece a todas las comunidades y colectivos que participaron activamente en la campaña de la segunda vuelta, a los más de 12.700.000 votantes –un récord sin precedentes para la izquierda colombiana– y anuncia el reconocimiento del preconteo “como un dato no oficial ni vinculante”. El público corea: “Sí se puede”.
Cepeda no habla de fraude, pero sí de la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. En su alocución celebró el récord de participación en la jornada electoral, que alcanzó el 63,57%; poco más de 40 millones de colombianos y colombianas estaban llamados a las urnas. Volvió a hablar de su promesa de campaña, del anhelo por un gran acuerdo nacional y del diálogo: “Estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa”. Agradeció también al movimiento Pacto Histórica, la Alianza por la Vida y, por último, al presidente saliente, Gustavo Petro. “Cepeda presidente”, interrumpen entre el público.
Está vez, sin posar la mirada en el papel, enumeró los avances sociales durante los cuatro años del primer mandato de un dirigente de izquierda en Colombia y reiteró que no dejarán que se retroceda en derechos: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales”. Terminó lanzando mensajes “serenos” a su oponente El Tigre De la Espriella: “No permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos que nos quiten el salario mínimo vital (…) Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”.
Iván Cepeda, candidato de la izquierda tras el preconteo. M. S.
Citando al presidente chileno Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”, y una proclama sin atisbos de derrotismo: “Viva la revolución de la vida», Cepeda se bajó del escenario. El alarido “Se vive, se siente, Cepeda presidente” se fue diluyendo entre la multitud que, cabizbaja, abandonaba el recinto.
En diversas calles y plazas de Bogotá –y otras ciudades del país– sus seguidores se debatían entre la desazón y la esperanza. “Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X. Respondiendo al llamado, decenas de abogados y cientos de simpatizantes se movilizaron hacia Corferias, el mayor centro de votación para hacer control al escrutinio de los votos. Un cómputo que, como apuntan los analistas, no suele alterar significativamente el resultado del preconteo.
Pero si algo tiene que celebrar la campaña de Cepeda es la movilización de sus electores. Después del fracaso de la primera vuelta, el movimiento “por la vida” se activó precisamente gracias a la sociedad civil progresista: a las jóvenes k-poper, a los universitarios, a las colectivas feministas y de derechos humanos, a los y las artistas, a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, a miles de voluntarios que, desde sus quehaceres, habilidades y sentires, se movilizaron masivamente para “remontar en segunda”.
Sin lugar a dudas, esa activación desde la raíz que hace raigambre es el mayor legado de la izquierda reciente en Colombia: la organización desde la sociedad civil por la defensa de todas las formas de vida que habitan el territorio. “Es muy hermoso lo que están haciendo. Estoy muy feliz por todo el apoyo”, decía emocionada un día antes de los comicios Lorena, de 30 años. “Esta campaña es del pueblo”, repetían desde Bosa, una localidad popular de la capital, miembros del colectivo político Creamos. “Gracias a la izquierda aprendí qué es la política. Tengo 55 años, hasta ahora vine a saber lo que es la política”, relataba detrás de su puesto de arepas, Janet, agradeciendo la pedagogía de las colectivas de izquierda.
Una joven afín a la campaña de Iván Cepeda hace pedagogía política en un barrio popular del sur de Bogotá un día antes de los comicios. M. S.
Lejos del centro del país, la ultraderecha abraza el triunfo
A la espera de los datos oficiales, desde Barranquilla, en la costa Caribe, cientos de seguidores de El Tigre celebran la victoria. Entre música, pirotecnia y figuras de tigres de plástico; vestidos con la camiseta amarilla de la selección de fútbol ondean banderas colombianas –también de Israel–, bailan y alzan la mano imitando el saludo militar al bramido de: “Firmes por la Patria”. En lo alto de un escenario, encerrado en su burbuja anti balística, Abelardo de la Espriella anima el espectáculo más importante de su carrera y se proclama, pese a la ajustada ventaja, presidente: “¡Colombia, aquí está tu presidente!». Antes de que cesen los aplausos y los gritos de la “manada del tigre”, lanza un mensaje al otro espectro: “Petro y Cepeda, abstenerse de desatar un incendio social (…) respeten la voluntad del pueblo colombiano”, advierte afónico. Agradece a veteranos, reservistas, invita a recitar una “oración patria” y agradece, “más que nada” como cristiano converso, “a Cristo Rey”.
Como en la fábula del lobo con piel de cordero, el líder del movimiento Defensores de la Patria se presenta ante las masas con un tono mucho menos incendiario y violento que en las intervenciones de su campaña. Lejos de sus promesas de terminar con la –fracasada– “paz total” de Petro o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su apoyo al fracking y la explotación de los recursos naturales del territorio, de sus recurrentes discursos en los que llamaba a “destripar” y “aniquilar” a la izquierda, de estigmatizar y perseguir a periodistas y críticos; ahora De la Espriella señala que, aquellos que no lo votaron, no tendrán que temer por pensar distinto: “No habrá vencedores ni vencidos. No habrá persecuciones. No habrá enemigos irreconciliables”, tampoco contra la biodiversidad.
El show se pausa para dar espacio a la música y los rugidos de un tigre por los altavoces. Después del baile militar, De la Espriella retoma y alerta directamente a su oponente: “El Tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas (…) Podrán ejercer la oposición solo si lo hacen dentro del margen de la ley”. Su conciliación nacional pasa por “refundar la patria” y hacer el “milagro”, como rezan las tres únicas páginas de su programa de gobierno. “La Patria milagro”, como denomina a su proyecto, pasa por acabar –en 90 días– con los cabecillas de los distintos grupos armados que operan en el territorio; la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad o recortar en un 40% el Estado, con la ayuda de su vicepresidente, el economista y tecnócrata Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno del conservador Iván Duque.
Pese a autodenominarse como un outsider, y si bien nunca ha tenido un cargo público en el Estado, Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de los políticos tradicionales, como el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, o el clan de la familia costeña Char, de los que recoge la batuta y los votos. “El primer desafío es formar un gobierno y una coalición legislativa. En su campaña tuvo un discurso que estigmatizaba a la clase política, por lo que no tiene ningún apoyo en el Congreso, pero le va a tocar pactar con esa misma clase política,” apunta el analista político Yann Basset.
El presidente electo de Colombia es, además, ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. Por eso, antes de que entrara la noche en Barranquilla, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo había reconocido como presidente. Poco después, los líderes conservadores de ultraderecha de la región –modelos a seguir para El Tigre– lo felicitaron. Desde Argentina, Javier Milei, desde Chile, Antonio Kast, desde Brasil, Flávio Bolsonaro, desde Perú, Keiko Fujimori, desde Ecuador, Daniel Noboa, felicitaron al líder de extrema derecha y celebraron la expansión de los movimientos políticos ultraconservadores en la región.
Su victoria es, también, el silbido de los vientos ultraconservadores que se mueven por el continente desde la reelección de Trump. La popularidad del líder colombiano de ultraderecha, una millonaria campaña, y la amnesia colectiva de un pasado cuestionable en el que se codeaba y defendía como abogado a bandidos y paramilitares, o humillaba a víctimas y mujeres, lo alzan como nuevo mandatario de lo que muchos denominan como “el patio trasero de Estados Unidos”, especialmente en materia de narcotráfico –y la fallida guerra contra las drogas– y migración.
A menudo, los ingenieros y arquitectos que llegan a Colombia hablan de las dificultades para construir puentes en el país debido a su geografía hostil, a la espina dorsal que atraviesa el mapa: sus tres cordilleras, los Andes, las montañas, los ríos caudalosos que dibujan y alimentan uno de los países más biodiversos del mundo. Es común ver puentes inacabados –también por la corrupción– o desplomados por las dificultades técnicas.
Esa es, quizás, la metáfora que define esta noche a Colombia, y los dos países que habitan un mismo territorio. La polarización no es solo política. Es la desconexión entre territorios, las desigualdades entre clases sociales, y la complejidad de sus brechas que durante décadas han impedido la conciliación con discursos políticos que apelan al miedo al vecino, al hermano, al visitante, al votante contrario. Un país que no construye puentes, porque sus tierras fértiles están constantemente en ebullición por los que no entienden que la gobernanza es por todas las formas de vida.
Me gustaría contestar que no, con rotundidad. Pero la verdad es que no estoy seguro. No creo que Vox ofrezca mejores respuestas a los problemas de esta generación, pero conviene tomarse en serio qué hace que su discurso resulte tan atractivo para una parte de los jóvenes, especialmente varones, que crecen entre precariedad, expectativas bloqueadas y hartazgo político.
No, la juventud no ha girado en bloque hacia la ultraderecha. Al contrario: una parte importante de la juventud ha demostrado una enorme capacidad de movilización en el feminismo, la lucha climática y la defensa de derechos. Lo veo en mis clases en la universidad: hay conciencia social y preocupación por el futuro. Precisamente por eso, la pregunta es qué proyectos políticos están sabiendo capitalizar las preocupaciones de la gente joven.
¿Qué tiene la propuesta de Vox para explicar su crecimiento? Desde la Psicología Social, la pregunta no es solo qué propone Vox, sino qué función cumple su discurso: qué identidad ofrece, qué amenaza construye y hacia dónde dirige la frustración. Empecemos por lo que no es. Vox se ha presentado en las últimas elecciones de Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León con un discurso casi idéntico y, en algunos casos, con candidatos poco conocidos. Esto permite descartar que su éxito dependa de una lectura precisa de los problemas concretos de cada territorio. Sus grandes temas son siempre los mismos: inseguridad, inmigración, antifeminismo, familia tradicional, “sentido común”, “los nuestros”. Vox no tiene una propuesta técnica y razonada de solución de problemas; ofrece una explicación emocionalmente eficaz del malestar de toda una generación: quién soy, quién me amenaza y contra quién debo dirigir mi frustración.
El acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la pérdida de expectativas, el deterioro de los servicios públicos o la dificultad para emanciparse son problemas estructurales y complejos. Vox los traduce a una narrativa simple: “Te han quitado algo que era tuyo”. Frente a la frustración o la incertidumbre ofrece culpables fáciles de identificar y la promesa de recuperar un orden perdido. La ultraderecha traduce el malestar social en una gramática de competencia y agravio: “Si otros ganan, tú pierdes”.
¿Y quién es ese “nosotros” del discurso ultra? La gente normal, los españoles, los trabajadores, las familias, el campo, quienes cumplen; frente a la población migrante, las feministas, las élites progresistas, los okupas, “los que viven de las subvenciones”, los “MENAS”. Esa frontera organiza su discurso y también modela la percepción de la realidad: cuando el mundo se lee en clave de “nosotros” vs. “ellos”, una ayuda social, una beca o una lista de espera dejan de verse como derechos y pasan a interpretarse como privilegios concedidos a colectivo que no se lo han ganado. Aquí está una de sus claves: junta la amenaza material y la amenaza simbólica. Además de decirnos “te quitan recursos”; añaden “también te están quitando tu mundo”. Cuando una persona joven no encuentra un horizonte claro, Vox le ofrece un bando desde el que sentirse reconocida y luchar por lo que supuestamente le han arrebatado.
En contextos de crisis, cambio social acelerado o inseguridad vital, el discurso ultra conecta con la necesidad de orden, control y certezas. Vox convierte la incertidumbre en nostalgia de un orden pasado. Esa tradición perdida aparece como refugio cuando el futuro no ofrece garantías. Otro giro eficaz es presentar posiciones conservadoras como si fueran transgresoras. Ser antifeminista o antiinmigración aparece como “atreverse a hablar claro”. Han logrado que la rebeldía cambie de bando.
Esto conecta especialmente con gran parte de los varones jóvenes. Vox ofrece una explicación cómoda: si te sientes desplazado, no es solo por la precariedad o la falta de futuro, sino porque “otros” han avanzado demasiado. El antifeminismo ofrece a muchos varones jóvenes una explicación de su pérdida de estatus y funciona como una pedagogía del agravio: convierte la igualdad en amenaza y transforma el desconcierto masculino en identidad política. “El problema es el feminismo”, “ya no se puede decir nada” o “los hombres están desprotegidos” suenan con enorme eco en una generación cansada y sin garantías de futuro.
Otra clave de la eficacia de Vox es la exclusión como gestión razonable. “Prioridad nacional” suena a criterio; “proteger a los nuestros” o “controlar las ayudas” suenan a responsabilidad y eficiencia. Su éxito está en legitimar desigualdades como si fueran criterios de gestión.
Por eso no se combate solo con datos. Si el discurso de Vox cumple funciones de identidad, pertenencia, autoestima, orden y control, la información no basta. Hay que disputar el marco emocional y ofrecer otros relatos de pertenencia, futuro, masculinidad, comunidad y derechos. Además, el choque frontal puede activar una postura defensiva y fomentar la polarización. Si hemos llegado a no poder hablar de política en casa o entre amistades, es que algo hemos hecho mal.
La respuesta democrática tiene que hacer tres cosas a la vez: nombrar mejor los problemas reales, ofrecer soluciones viables y construir vínculos, pensamiento crítico y límites frente al odio. Los medios de comunicación deberían dejar de actuar como amplificadores involuntarios del marco ultra: menos tertulias de alto voltaje, titulares virales y fragmentos descontextualizados; más entrevistas en profundidad, programas de debates en los que no se llegue a exabrupto o espacios temáticos con reportajes de largo alcance.
Los partidos democráticos tampoco deberían confundir hablar a jóvenes con imitar sus formatos. Estar en TikTok no es hablar el idioma de una generación si el contenido no responde a sus problemas. También deberían revisar el tono: la crispación permanente, el insulto personal y la teatralización del conflicto educan en el enfado y hacen más habitable el terreno de la ultraderecha.
También necesitamos educación democrática: enseñar a distinguir entre causa estructural y chivo expiatorio: cómo se fabrican los enemigos, cómo se manipula el miedo y cómo la frustración se convierte en prejuicio. En familia se pueden favorecer conversaciones, compartiendo y respetando diferencias y poniendo límites sin humillar. Y las amistades también importan: la ultraderecha se normaliza en bromas, memes y silencios en grupos de WhatsApp. Poner límites en estas situaciones es cuidar las normas mínimas de convivencia.
Creo que la respuesta democrática debe ser firme con el odio y cuidadosa con el malestar. Si hoy tuviera 20 años, probablemente me vería atraído por el discurso de Vox porque me sentiría enfadado y lejos de alcanzar una vida digna. Precisamente por eso, me gustaría encontrar una democracia capaz de ofrecerme algo más que miedo, nostalgia y culpables. La pregunta que nos debemos hacer no es solo por qué muchos jóvenes escuchan a la ultraderecha, sino qué sociedad queremos construir para que su promesa deje de parecer una salida.
Rubén García Sánchez. Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria. Docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
