El partido del presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha obtenido una victoria aplastante en las elecciones legislativas y locales celebradas el pasado 5 de junio, según los resultados provisionales publicados este viernes. La formación gobernante se ha hecho con casi todos los 147 escaños de la Asamblea Nacional y con la mayoría de los consejos comunales, en unos comicios considerados clave para la transición política tras el golpe de Estado de 2021.
Los resultados, dados a conocer por la comisión electoral, confirman el dominio absoluto del movimiento del exmilitar, que llegó al poder mediante un golpe en septiembre de 2021 y que se ha mantenido al frente del país desde entonces. La oposición, dividida y debilitada, optó mayoritariamente por el boicot, lo que allanó el camino para la victoria sin apenas oposición del partido gobernante.
El movimiento del presidente Mamadi Doumbouya ha ganado casi todos los 147 escaños de la Asamblea Nacional y la mayoría de los consejos comunales.
Una transición tutelada por los militares
Doumbouya, que se autoproclamó presidente tras derrocar al entonces mandatario Alpha Condé, ha prometido en repetidas ocasiones devolver el poder a los civiles, pero sin fijar un calendario concreto. Esta victoria electoral le otorga un control parlamentario casi total y refuerza su posición de cara a una eventual candidatura presidencial, a pesar de las críticas de la comunidad internacional por la falta de garantías democráticas.
La Unión Africana y la CEDEAO han instado a Guinea a acelerar el retorno al orden constitucional, mientras que la Unión Europea ha expresado su preocupación por la exclusión de la oposición. No obstante, la abrumadora victoria del partido en el poder consolida el control militar sobre la transición, en un contexto regional marcado por la inestabilidad en el Sahel.
Implicaciones para España
La situación en Guinea tiene repercusiones directas para España. El país africano es un importante productor de bauxita, mineral esencial para la industria del aluminio, y varias multinacionales españolas tienen intereses mineros en la región. Una eventual escalada de tensiones internas podría afectar al suministro y a la inversión española.
Además, Guinea constituye un origen relevante de flujos migratorios hacia Europa. La inestabilidad política y la falta de perspectivas económicas podrían incrementar la presión migratoria sobre las costas españolas. Por estas razones, el Gobierno español sigue con atención la evolución de la transición guineana, que se perfila bajo el control de un régimen con un poder legislativo casi sin oposición.
Según fuentes diplomáticas en Conakry, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene previsto por ahora adoptar una postura oficial ante los resultados electorales, pero mantiene contactos con la misión de la UE y con la sociedad civil guineana para evaluar la situación sobre el terreno.
Ucrania y sus aliados han puesto en marcha un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Rusia con la invasión a gran escala de 2022. La iniciativa, anunciada en junio de 2026, busca cerrar una brecha en el derecho penal internacional que hasta ahora impedía procesar a los líderes rusos por la decisión misma de invadir, más allá de los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ya investiga la Corte Penal Internacional (CPI).
El tribunal, cuyo diseño institucional aún se negocia, contará con el respaldo explícito de más de 40 países, según fuentes diplomáticas. La Unión Europea ha comprometido 50 millones de euros como financiación inicial, una cantidad que se prevé ampliar conforme avance la estructura del mecanismo híbrido internacionalizado. El fiscal general de Ucrania, en un discurso ante la Asamblea Nacional, declaró:
Este tribunal no es opcional, es una obligación moral y legal.
La declaración subraya el tono de urgencia con el que Kiev y sus socios abordan la creación de esta instancia judicial.
Un vacío legal que se cierra
El crimen de agresión –definido en el Estatuto de Roma como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro– ha sido históricamente el más difícil de perseguir. La CPI puede juzgarlo, pero solo cuando el Estado agresor ha ratificado el Estatuto, lo que no es el caso de Rusia. El nuevo tribunal sorteará esa limitación al establecerse mediante un acuerdo multilateral entre Ucrania y sus aliados, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.
Expertos en justicia transicional consultados por la fiscalía ucraniana señalan que las pruebas del crimen de agresión –actas del Consejo de Seguridad ruso, órdenes militares, declaraciones públicas de líderes– son especialmente sensibles y su manejo requerirá protocolos estrictos de clasificación. Las agencias de inteligencia occidentales, que ya han compartido información con la CPI, prevén colaborar también con este tribunal, lo que abre la puerta a filtraciones y operaciones de influencia que podrían marcar la geopolítica de la información en los próximos meses.
El 41.º Space Symposium, celebrado en Colorado Springs, ha sido el escenario de una de las entrevistas más reveladoras sobre el futuro de la exploración espacial. Marshall Smith, exdirectivo de la NASA y actual consejero delegado de Starlab Space, conversó con Torsten Kriening sobre el momento crítico que atraviesa la transición de la gestión pública a la privada de las estaciones orbitales.
El relevo comercial de la Estación Espacial Internacional
Smith advirtió del riesgo real de un vacío operativo en la órbita baja terrestre cuando la Estación Espacial Internacional (ISS) llegue al final de su vida útil, previsto para finales de esta década. «Si no aceleramos el ritmo, corremos el peligro de que no haya plataforma habitada durante varios años», declaró el directivo.
El reto no es solo técnico, sino de calendario. Dejar un hueco en la presencia humana en el espacio supondría un retroceso para la investigación y la cooperación internacional.
Starlab Space, un consorcio liderado por Voyager Space y Airbus, desarrolla una estación espacial comercial destinada a suceder a la ISS. Según explicó Smith, la compañía prevé tener su módulo principal operativo a mediados de la próxima década, aunque el margen es estrecho.
De la NASA al sector privado
Smith, que durante su etapa en la agencia espacial estadounidense supervisó programas clave de exploración, defendió que el modelo comercial es la única vía viable para mantener una presencia continua en el espacio. «La NASA nos ha pasado el testigo, pero necesitamos que el sector privado reciba el apoyo regulatorio y de financiación adecuado», afirmó durante la entrevista, recogida por fuentes del certamen.
El directivo subrayó que la colaboración público-privada es esencial, pero advirtió de que los plazos de la NASA y los de la industria no siempre están alineados. La agencia ha impulsado el programa Commercial LEO Destinations (CLD) para fomentar estaciones privadas, pero los críticos señalan que los contratos son insuficientes para cubrir los costes de desarrollo.
Humanidad como especie multiplanetaria
La entrevista también exploró la visión a largo plazo de Smith: «El objetivo último es convertirnos en una especie multiplanetaria«, declaró. Starlab Space no solo aspira a sustituir a la ISS, sino a servir como plataforma para la fabricación en microgravedad y la investigación avanzada que prepare el camino hacia la Luna y Marte.
El Space Symposium ha sido testigo de múltiples acuerdos y presentaciones, pero la entrevista con Smith ha sido destacada por los asistentes como una de las que mejor refleja el momento de transición que vive la industria: el paso de la era gubernamental a la comercial, con todos sus riesgos y oportunidades.
La mina Resolution Copper, ubicada en Arizona y participada por las mineras Rio Tinto y BHP, se presenta como un proyecto clave para garantizar el suministro nacional de cobre en Estados Unidos. Con la rápida expansión de la inteligencia artificial y la electrificación de la economía, el yacimiento aspira a reducir la dependencia exterior de un mineral crítico para la infraestructura eléctrica y tecnológica, según ha informado la empresa responsable del proyecto.
El cobre, considerado un mineral crítico para la transición energética y la digitalización, es indispensable en la fabricación de cables, baterías, centros de datos y equipos electrónicos. La creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y la electrificación del transporte y la industria ha elevado la presión sobre las cadenas de suministro globales, lo que otorga a los proyectos nacionales como Resolution Copper un valor estratégico añadido.
El proyecto, que lleva años en fase de tramitación, promete generar empleo e inversión en Arizona, además de contribuir a la soberanía industrial estadounidense. Según la empresa, la mina podría producir hasta el 25% del cobre que consume Estados Unidos anualmente, un volumen que aliviaría la dependencia de importaciones, especialmente de Chile y Perú, los principales proveedores extranjeros.
Sin embargo, el proyecto no está exento de controversia. Resolution Copper ha sido objeto de oposición por parte de comunidades indígenas y grupos ecologistas, que alertan del impacto sobre el agua subterránea y el entorno natural en la zona de Oak Flat, considerada sagrada por la tribu apache de San Carlos. La empresa asegura que aplicará las mejores prácticas ambientales y que el proyecto cuenta con los permisos necesarios en tramitación.
La apuesta por la minería doméstica de cobre se enmarca en la estrategia de la administración estadounidense para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, en línea con la Ley de Reducción de la Inflación y otras iniciativas de impulso a la fabricación local. La Casa Blanca ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de reducir la dependencia de China en el procesamiento de tierras raras y otros materiales estratégicos.
Según la empresa, el inicio de la producción está previsto para finales de esta década, sujeto a la obtención de las autorizaciones finales. El proyecto Resolution Copper representa, en opinión de sus responsables, un paso firme hacia la autosuficiencia energética y tecnológica de Estados Unidos.
El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.
Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.
Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.
Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España
El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.
El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.
En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.
Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.
La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.
A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.
La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba
Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.
El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.
La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.
En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.
Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.
