El Instituto Americano del Petróleo (API) ha encendido las alarmas sobre el futuro del sector de hidrocarburos en Nuevo México, el segundo mayor estado productor de crudo de Estados Unidos. En un mensaje publicado esta semana en la red social X, la patronal petrolera subrayó que dos condados del sureste del estado —Lea y Eddy— concentran el 78% del petróleo extraído en terrenos federales de todo el país, una dependencia que, según el API, podría peligrar si el próximo gobernador opta por restringir la producción.
La advertencia llega a menos de seis meses de las elecciones a la gobernación de Nuevo México, previstas para noviembre de 2026, y en un contexto en el que varios aspirantes han planteado propuestas de limitación de la actividad extractiva. El actual gobernador, el demócrata Michelle Lujan Grisham, ha mantenido una política ambivalente: aunque ha impulsado medidas de transición energética, también ha defendido la importancia económica del petróleo. Sin embargo, los posibles sucesores podrían inclinarse por restricciones más duras, según fuentes del sector citadas por el API.
La gallina de los huevos de oro
La producción de los condados Lea y Eddy no solo es clave para Nuevo México, sino para el conjunto de la producción federal estadounidense. Ambos territorios forman parte de la cuenca Permian, la formación geológica más prolífica del país, que se extiende también al oeste de Texas. El crudo extraído en terrenos federales de Nuevo México representa aproximadamente el 12% del total de la producción de petróleo en suelo público de EE.UU., lo que convierte al estado en un actor indispensable para la seguridad energética nacional.
La preocupación del API se centra en que un giro regulatorio podría frenar las inversiones y reducir los ingresos fiscales que el estado obtiene de la industria. Según datos de la propia asociación, el sector petrolero aporta anualmente más de 2.000 millones de dólares a las arcas estatales a través de impuestos y cánones, además de sostener decenas de miles de empleos directos e indirectos en la región.
Dos condados del sureste de Nuevo México, Lea y Eddy, representan el 78% del petróleo producido en tierras federales de todo el país.
La API no ha identificado públicamente a ningún candidato concreto, pero los analistas señalan que la carrera por la gobernación está abierta y que varios aspirantes demócratas han incluido en sus plataformas promesas de limitar nuevos permisos de perforación o elevar las exigencias medioambientales. Por su parte, los candidatos republicanos defienden la continuidad de la política actual.
Un debate que trasciende el estado
La situación de Nuevo México no es un caso aislado. El debate sobre el papel de los combustibles fósiles en Estados Unidos se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la recta final de la presidencia de Joe Biden y la campaña presidencial de 2026. La administración demócrata ha tratado de conciliar el boom petrolero doméstico —que ha convertido a EE.UU. en el mayor productor mundial de crudo— con los objetivos climáticos, sin éxito completo para ninguno de los dos bandos.
Si el próximo gobernador de Nuevo México optara por restricciones significativas, el impacto se sentiría tanto en el mercado interno como en el global: la producción de la cuenca Permian es esencial para mantener los precios del crudo en niveles moderados, y cualquier interrupción podría ser aprovechada por la OPEP y sus aliados para ajustar la oferta. La decisión de los votantes de Nuevo México en noviembre tendrá, por tanto, repercusiones que van mucho más allá de sus fronteras.
