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✇Diario De Vurgos (Burgos)

Origen y desarrollo de la huelga docente valenciana

Por: mon

El 11 de mayo de 2026 comenzó una huelga indefinida de docentes de la enseñanza pública valenciana que finalizó el 11 de junio de 2026.

A continuación entrevistamos a un docente que ha participado de la misma para que nos explique esta huelga y como funcionan las herramientas autoorganizadas de lxs trabajadorxs: las asambleas de docentes.

Hay activas 433 asambleas de centro por todo el País Valencià, creando una coordinadora horizontal y asamblearia, al margen del control sindical, con la voluntad de dar voz directa a lxs docentes.

Desde la coordinadora de asambleas gestionan una caja de resistencia que tiene como objetivo principal el apoyo económico a lxs docentes que participan de la huelga indefinida.

¿Qué movilizaciones y huelgas preceden a la convocatoria de huelga indefinida del 11 de mayo de 2026?

La preparación de esta huelga comenzó en junio del año pasado con la movilización del profesorado de Formación Profesional. La FP se ha convertido en un sector muy atractivo para la empresa privada debido a la elevada demanda de estos estudios y a la falta de plazas en la enseñanza pública. Las empresas del sector educativo son plenamente conscientes de ello y llevan tiempo apostando por la FP privada. Al mismo tiempo, la Generalitat Valenciana se lo está poniendo en bandeja eliminando plazas, cerrando ciclos formativos, precarizando las condiciones laborales del profesorado y manteniendo una inversión insuficiente. La jugada es clara, se precariza la pública para forzar a parte del alumnado a irse a la educación privada.

Este conjunto de factores desembocó, en junio de 2025, en la celebración de las primeras asambleas de docentes de FP y en la convocatoria de una huelga de dos horas para el primer día del curso 2025-2026. Aunque el seguimiento fue limitado y la convocatoria tuvo un carácter principalmente simbólico, sí permitió organizar diversas acciones de visibilización y marcó el inicio de un curso que ya se anunciaba que no iba a ser “normal”.

Posteriormente, el profesorado experto (profesionales en activo en sus sectores contratados temporalmente por la Administración para impartir docencia en Formación Profesional) inició una huelga indefinida el 3 de noviembre en respuesta a la precariedad y la temporalidad que sufrían. La huelga se prolongó hasta el 9 de diciembre y concluyó tras lograr algunas de sus principales reivindicaciones, como una mayor estabilidad laboral y la paralización de los recortes en su jornada laboral que había planteado la administración para este mismo curso.

Paralelamente, las asambleas docentes de colegios e institutos continuaron fortaleciéndose y comenzaron a elaborar un calendario de movilizaciones para el conjunto de la enseñanza pública. La idea inicial era convocar una jornada de huelga cada mes con el objetivo de obligar a la Conselleria a negociar, ya que, pese a la existencia de mesas sectoriales donde se supone la administración negocia con los sindicatos, esta se negaba sistemáticamente a escuchar las reivindicaciones del profesorado.

La primera cita fue el 11 de diciembre, cuando se convocó la primera huelga general educativa del curso. En ella ya estaban presentes las principales reivindicaciones del conjunto del profesorado.

Tras esa jornada parecía abrirse una posibilidad de negociación y, por ello, el calendario inicial se modificó. Sin embargo, pronto quedó claro que la propuesta de la Administración era insuficiente y era únicamente una estrategia para ganar tiempo, por lo que se convocó una segunda jornada de huelga general para el 31 de marzo.

Esa segunda huelga coincidía, además, con el último día de clase antes de Semana Santa en muchas comarcas. A pesar de ello, la participación fue masiva y evidenció que el conflicto estaba creciendo y que cada vez más docentes decidían implicarse activamente.

Además de las jornadas de huelga, tanto los sindicatos como las asambleas docentes organizaron concentraciones semanales en los centros educativos, repartieron propaganda y desarrollaron un importante trabajo de información y pedagogía dirigido tanto al profesorado como al alumnado y las familias.

¿Cuáles han sido las reivindicaciones?

Las reivindicaciones se dividían en 8 bloques:
Simplificación burocrática: el trabajo de maestrxs y profesorxs se está convirtiendo cada vez más en rellenar papeles y realizar memorias en lugar de centrarse en lo importante que es acompañar al alumnado. Se pide simplificar trámites, eliminar informes duplicados.
Mejorar la inclusión educativa del alumnado: se reclama aumento de plantillas y más recursos para inclusión
Defensa de la formación profesional: tal y cómo he explicado al principio se está llevando a cabo un proceso encubierto de desmantelamiento y privatización de la FP, y las reivindicaciones van encaminadas a la paralización de eliminación de ciclos y al aumento de horas de lxs profesionales.
Defensa del valenciano como lengua vehicular. El año pasado la Generalitat se sacó de la manga una ley (que con toda su desvergüenza la llamaron “Ley de Libertad Educativa») que intenta arrinconar aún más el valenciano y obliga a los centros a segregar al alumnado por motivo de lengua en vez de por criterios educativos. Además están modificando el currículo de valenciano con criterios ideológicos, por ejemplo quitando autores catalanes y de las Baleares.
Infraestructuras: se demanda tanto la construcción como el mantenimiento y climatización de unos centros que literalmente se están cayendo a pedazos y en los que en los meses de calor (que aquí os aseguro que son muchos) estamos dando clase a alumnxs a 30º.
Descenso de ratios de alumnado: Se pide un descenso de ratio en todos los ciclos, desde 0-3 años hasta Bachillerato. Actualmente estamos con unas ratios inasumibles para una sola persona en clase, esto afecta tanto al día a día del profesional como a la atención del alumnado.
Aumento de plantillas en los centros. Al final todas las reivindicaciones están vinculadas, para disminuir ratios necesitamos más centros y aumento de plantillas. En este aumento de plantillas se incluyen también orentadorxs, personal aministrativo, pedagogxs… Además un punto importante que se demanda es la agilización de las sustituciones, ya que ahora cuando falta un docente el alumnado puede pasar más de 2 semanas sin sustitutx.
Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 20 años por parte del profesorado. En los últimos 20 años Conselleria no a actualizado su parte del sueldo de los profesionales de la educación, se reclama la actualización del IRPF de todo este tiempo y la recuperación de las pagas extras completas (después de la crisis de 2008 se recortaron las pagas extras de lxs docentes y aunque otrxs funcionarixs han recuperado el total de las pagas, lxs docentes del PV siguen sin cobrar estas pagas completas).

Las reivindicaciones eran muchas, pero con ellas se pretende revertir el proceso de desmantelamiento y precarización de la totalidad del sistema educativo valenciano.

¿Cómo surge la convocatoria de huelga docente indefinida del 11 de mayo de 2026 y cual son sus reivindicaciones?


La convocatoria de la huelga indefinida comenzó a gestarse durante el mes de abril. Tras la huelga general del 31 de marzo, la Conselleria de Educación seguía dando largas al profesorado y proponía un calendario de negociación que se prolongaba más allá del final del curso. Todo indicaba que su estrategia consistía en desgastar la movilización y dejar pasar el tiempo sin abordar realmente ninguna de las reivindicaciones planteadas.

El 18 de abril, la Coordinadora de Asambleas Docentes, junto con diversos sindicatos y plataformas (CADPV, STEPV, CCOO, UGT, CNT, COS, CGT, CSO y Docents en Lluita), lanzó una consulta para decidir cómo continuar las movilizaciones. Se plantearon tres opciones: convocar una huelga indefinida a partir del 11 de mayo, iniciar la huelga el 25 de mayo o realizar una huelga escalonada en jornadas clave.

La primera opción pretendía aprovechar el calendario académico para afectar tanto a la EBAU como a las evaluaciones finales. La segunda renunciaba a intervenir en la EBAU, pero buscaba dificultar el cierre del curso tanto institutos como colegios y se consideraba más sostenible en el tiempo. La tercera consistía en concentrar las jornadas de huelga en fechas estratégicas, una fórmula similar a la que posteriormente adoptaron los compañerxs de cataluña.

La consulta arrojó un resultado muy claro: la mayoría apostó por iniciar la huelga cuanto antes, el 11 de mayo. En los centros educativos el cansancio y el malestar eran ya muy evidentes y existía la convicción de que había llegado el momento de demostrar que el profesorado estaba dispuesto a ir a por todas.

¿Cúando nace la coordinadora d’assemblees docents del País Valencià (CADPV)?


Las asambleas docentes ya existían en muchos centros antes de este conflicto. En algunos casos eran simplemente grupos de WhatsApp donde el profesorado más politizado compartía información sobre movilizaciones y acciones. Sin embargo, con el inicio del curso comenzó un proceso de fortalecimiento de esas estructuras y de creación de nuevas asambleas allí donde todavía no existían.

La Coordinadora de Asambleas Docentes nació entre enero y febrero de 2026 como resultado de ese proceso de organización. Su aparición permitió coordinar el trabajo que ya se estaba realizando en numerosos centros y consolidó una estructura horizontal que facilitó el intercambio de información y la toma de decisiones colectivas.

Durante la huelga, el efecto contagio fue determinante. En prácticamente todos los centros había docentes con ganas de implicarse, y comprobar que en otros institutos se estaban organizando asambleas animó a muchas personas a dar el paso y crear las suyas propias.

La labor de la Coordinadora ha sido principalmente técnica y organizativa. Se ha encargado de impulsar consultas al profesorado, elaborar documentos de análisis, coordinar materiales informativos y diseñar campañas de comunicación y propaganda que posteriormente difundían las distintas asambleas.

Según su pagina web la CADPV tiene como objetivo crear una coordinadora asamblearia y horizontal para dar voz directa a lxs trabajadorxs en huelga al margen del control sindical. En el mapa hay 433 asambleas de centro activas. ¿Cómo es el funcionamiento y la organización de tareas en el día a día de la huelga en las asambleas de cada centro?


La verdadera columna vertebral de la huelga han sido las asambleas de centro. Desde ellas se ha organizado el trabajo cotidiano: los piquetes informativos diarios en las puertas de los colegios e institutos, la participación en concentraciones y manifestaciones, la elaboración y distribución de propaganda, así como la celebración de asambleas informativas dirigidas tanto al profesorado como a las familias.

Durante todo el conflicto, la CADPV ha trabajado de manera coordinada con los sindicatos y colectivos que mantuvieron la unidad sindical hasta el final: STEPV, CCOO, UGT, CNT, COS, CGT, CSO y Docents en Lluita.

Ha sido un proceso muy exigente, con una enorme carga de trabajo diario y muchos altibajos emocionales. Sin embargo, también ha resultado profundamente enriquecedor. Una de las experiencias más bonitas ha sido comprobar que no estábamos solos en nuestros centros y ver cómo compañeras y compañeros que inicialmente parecían mantenerse al margen acababan implicándose plenamente y sosteniendo la movilización.

Los medios de comunicación solían mostrar las cabeceras de las grandes manifestaciones y a los representantes sindicales, pero el auténtico trabajo de organización, concienciación y movilización se desarrolló en las asambleas. Fueron ellas las que llenaron los centros educativos y los barrios de carteles, organizaron las acciones diarias, animaron a lxs indecisxs y mantuvieron viva la huelga durante semanas.

La CADPV gestiona una caja de resistencia que tiene como objetivo principal el apoyo económico a las personas docentes que participan en la huelga indefinida. La finalidad es minimizar el impacto económico de la perdida salarial y garantizar la sostenibilidad de la lucha en el tiempo. También dar cabida a la solidaridad. ¿Qué tal funciona la caja de resistencia?


Según los acuerdos aprobados por la Coordinadora, pueden solicitar ayuda las personas que hayan participado activamente en la huelga indefinida o que hayan sufrido algún tipo de represión relacionada con el conflicto o con las acciones desarrolladas durante el mismo.

La ayuda económica podrá cubrir, como máximo, el 50 % del salario descontado por los días de huelga. En caso de que los recursos disponibles no sean suficientes para atender todas las solicitudes, se dará prioridad a las personas con una situación económica más vulnerable o con mayores cargas familiares.

Aun así, todavía es pronto para hacer una valoración de su funcionamiento. Estamos a finales de junio y es ahora cuando comenzarán a aplicarse los descuentos salariales. Todo apunta a que la Conselleria no los realizará de una sola vez, sino de manera escalonada. Si finalmente es así, muchas personas podrán afrontar mejor la pérdida económica y quizá no sea necesario recurrir a la caja de resistencia, lo que permitiría reservar esos recursos para quienes realmente los necesiten y para futuras movilizaciones.

A finales de mayo una profesora recibe una agresión por parte de un policía nacional en Valencia sufriendo diversas lesiones.
A primeros de junio docentes en huelga acudieron a parar un deshaucio de una madre y sus dos hijos, estudiantes del IES El Pla de Alacant. acabando en cargas policiales.
¿Cómo se ha vivido y ha sido la respuesta a la represión?


La represión forma parte de cualquier conflicto de estas características y este no ha sido una excepción. Casos como el del desahucio de Alicante o la agresión sufrida por una docente en Valencia (que además ya estaba jubilada) han servido para visibilizar una realidad que muchas personas no percibían hasta entonces.

Estos episodios hicieron que muchxs compañeros, compañeras y familias tomaran mayor conciencia de la dimensión del conflicto y reaccionaran con indignación. Especialmente llamativo fue el caso de Valencia, que provocó que muchos colegios e institutos se llenaran de carteles denunciando la violencia policial.

Este tipo de casos más llamativos se vuelven en contra de la policia y el gobierno de turno, realmente creo que para ellos es pegarse un tiro en el pie.

En Valencia hubo una acampada de docentes, ¿cómo se vivió la misma?


La acampada comenzó durante la cuarta semana de huelga como una forma de dar un nuevo impulso al conflicto y trasladarlo al centro de la capital. Después de más de tres semanas de movilización, era evidente que la Conselleria seguía apostando por el desgaste. Al mismo tiempo, algunas compañeras empezaban a reincorporarse al trabajo debido a la presión económica y al enorme desgaste físico y emocional que suponía sostener una huelga indefinida.

En ese contexto se decidió organizar la acampada con la intención de recuperar la iniciativa, aumentar la visibilidad del conflicto y demostrar que seguíamos dispuestos a mantener la presión.

En realidad, durante toda la huelga surgieron iniciativas muy imaginativas. La creatividad fue una constante y muchas compañeras dedicaron una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a idear nuevas formas de movilización. La acampada fue una de ellas, pero también destacaría la Manifa’s Band, una banda formada por docentes de numerosos centros que acompañó manifestaciones y actos públicos, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la movilización.

Asimismo, se acudió de forma sistemática a numerosos actos públicos del president de la Generalitat, del secretario autonómico de Educación y de la consellera. El objetivo era muy claro: que el conflicto estuviera presente allí donde acudieran los responsables políticos y hacer imposible que pudieran ignorarlo.

¿En algún momento del conflicto ha existido la posibilidad de extender la huelga a los estudiantes para hacerla mas fuerte?, ¿ha existido iniciativas asamblearias y horizontales en forma de asambleas de estudiantes que en cada centro extendieran la lucha?


Sí. El estudiantado organizado también tuvo un papel activo durante el conflicto. Inicialmente convocó algunas jornadas concretas de huelga y, posteriormente, puso en marcha una huelga indefinida paralela a la del profesorado.

Al menos en Alicante, estas movilizaciones estuvieron impulsadas por el Sindicato de Estudiantes, aunque tengo constancia de que en otros territorios también surgieron asambleas estudiantiles al calor del conflicto.

Desde el profesorado también se hizo un esfuerzo importante por implicar no solo al alumnado, sino también a las familias. De hecho, varias de las manifestaciones conjuntas de docentes y familias fueron históricas por su dimensión, con miles de personas llenando las calles de pueblos y ciudades.

La implicación de las familias ha sido muy grande sobre todo en la etapa de infantil y primaria (colegios). En estos centros las familias han participado de las concentraciones semanales a las puertas de los centros, han colgado pancartas y han estado apoyando a lxs maestrxs durante toda la huelga.

Desde la CADPV han realizado dos encuestas para ratificar los preacuerdos de 29 de mayo y 9 de junio.
En el preacuerdo del 29 de mayo hay 30014 respuestas, rechazando el mismo un 91% con 27270 respuestas.
En el preacuerdo del 9 de junio hay 30238 respuestas a la encuesta, rechazando el mismo un 87% con 26217 respuestas.
¿Qué organizaciones llegan a esos preacuerdos ampliamente rechazados?, ¿por qué la mayoría de las respuestas rechazan esos preacuerdos?, ¿en las mesas de negociaciones hay delegadxs de las asambleas de centro de la CADPV que puedan defender de manera directa los intereses de lxs huelguistas?


Uno de los principales objetivos de la CADPV durante todo el conflicto fue evitar que las decisiones quedaran exclusivamente en manos de las direcciones sindicales. Desde el principio se defendió un modelo basado en el principio de «un profesor, un voto», mediante consultas abiertas al conjunto del profesorado.

La primera de esas consultas sirvió para decidir qué estrategia de movilización seguir. Posteriormente se realizaron nuevas votaciones para ratificar o rechazar cada una de las propuestas que iban surgiendo durante la negociación. Además, estas consultas siempre iban acompañadas de documentos explicativos y comparativas entre las reivindicaciones iniciales del profesorado y las propuestas presentadas por la Conselleria, de manera que cada docente pudiera votar con toda la información disponible.

El principal problema fue que las asambleas no pudieron participar directamente en la negociación. De hecho, ni siquiera todos los sindicatos convocantes de la huelga estuvieron presentes en la mesa. La Conselleria decidió negociar exclusivamente con los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial, es decir, aquellos con representación surgida de las elecciones sindicales. Como consecuencia, tanto la CADPV como sindicatos muy implicados en el conflicto —como CGT, CNT, CSO o COS— quedaron excluidos del proceso negociador.

Desde nuestro punto de vista, esta decisión era muy discutible. Cuando se convoca una huelga debería ser el comité de huelga quien participe en la negociación. Sin embargo, los sindicatos presentes en la mesa sectorial aceptaron el formato planteado por la Conselleria, que les resultaba más favorable, y finalmente fue ese el modelo que se impuso.

Durante las primeras semanas se mantuvo una cierta unidad sindical. Sin embargo, en la tercera semana de huelga ANPE y CSIF, los dos sindicatos más conservadores presentes en la mesa, rompieron esa unidad al apoyar una propuesta de incremento salarial muy alejada de las reivindicaciones defendidas por la mayoría del profesorado.

A partir de ese momento, la Conselleria aprovechó la división para intensificar su estrategia de desgaste. Dio por cerrado el debate salarial al contar con el apoyo de esos dos sindicatos y dejó de convocar reuniones de negociación durante varios días, mientras mantenía encuentros telemáticos únicamente con ANPE y CSIF, que representan aproximadamente al 30 % del profesorado. Al mismo tiempo ignoraba a la inmensa mayoría de docentes que seguíamos movilizados en las calles.

Realmente este fue un momento crítico de la huelga, se mezcló el cansancio, la desilusión con la rabia de mucha gente, aún así se consiguió continuar, eso si, teniendo ya muy claro que teníamos al enemigo sentado a los dos lados de la mesa de negociación.

¿Cómo se decide suspender la huelga y desde que día?, ¿continúan las movilizaciones pese a la suspensión de la huelga?, ¿existe la posibilidad de que en septiembre se vuelva a la huelga indefinida o a retomar la lucha de alguna manera?


Tras finalizar la cuarta semana de huelga, el fin de semana del 6 y 7 de junio, y después de semanas de bloqueo por parte de la Administración, la Conselleria modificó aparentemente su estrategia y dio la impresión de querer abrir una negociación real. Presentó una propuesta mucho más elaborada que las anteriores, en la que ya aparecían cifras de inversión y un calendario de aplicación de las distintas medidas.

El cambio de actitud fue evidente. Llegó incluso a convocar reuniones de negociación en domingo y, a partir de ese momento, las reuniones pasaron a celebrarse diariamente. Además, la Conselleria comenzó a retransmitirlas en streaming, intentando proyectar una imagen de transparencia y diálogo muy distinta de la que había mantenido durante las primeras semanas del conflicto.

El 9 de junio hizo llegar esa propuesta al correo corporativo de todo el profesorado del País Valencià. En ese momento, la CADPV, junto con los sindicatos que todavía mantenían la unidad sindical, lanzó una nueva consulta para que el profesorado decidiera si aceptaba o rechazaba el acuerdo.

La consulta permitía votar cada uno de los puntos por separado y, además, planteaba una cuestión fundamental: qué hacer si la propuesta era rechazada en su conjunto. Se ofrecían tres opciones: continuar con la huelga indefinida, suspenderla o desconvocarla.

La mayoría del profesorado entendía que había llegado el momento de poner fin a la huelga. El seguimiento había disminuido considerablemente y el curso estaba prácticamente terminado, por lo que mantener la huelga indefinida había dejado de tener sentido desde un punto de vista táctico. Sin embargo, quedaba por decidir si convenía suspenderla o desconvocarla.

En ese debate también afloraron las diferencias entre las organizaciones convocantes. Los sindicatos presentes en la mesa sectorial (STEPV, UGT y CCOO) defendían la suspensión, argumentando que eso permitiría reactivar la huelga de manera inmediata si fuera necesario durante el siguiente curso.

Por el contrario, los sindicatos que habían quedado excluidos de la negociación (CGT, CNT, COS y CSO) apostaban por la desconvocatoria. Consideraban que así sería posible replantear la estrategia de movilización en septiembre sin quedar condicionados por la estructura de la huelga anterior. Además, entendían que mantener la convocatoria suspendida implicaría que CSIF siguiera formando parte de la convocatoria si esta se reanudaba, algo que muchos considerábamos políticamente contraproducente.

¿Qué tal ha sido el seguimiento de las empresas de comunicación?, ¿se ha intentado silenciar o desinformar desde los medios la huelga y la lucha de los docentes?


Como ocurre con muchos conflictos laborales, hubo intentos de minimizar o distorsionar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, una huelga de estas dimensiones era prácticamente imposible de ocultar.

Hay que tener en cuenta que el profesorado de la enseñanza pública valenciana está formado por cerca de 80.000 personas y que durante varias semanas decenas de miles participaron diariamente en manifestaciones, concentraciones y todo tipo de acciones. Los cortes de tráfico fueron constantes en las principales ciudades y las camisetas verdes se convirtieron en una imagen habitual en las calles.

En muchos centros el seguimiento fue tan elevado que resultó imposible desarrollar la actividad lectiva con normalidad. Hubo colegios en los que el alumnado permaneció durante las 5 semanas que duró la huelga en los patios y sin dar una sola clase por la falta de profesorado. Esa realidad la vivieron directamente las familias y hacía muy difícil ocultar la magnitud del conflicto.

No sé exactamente cómo se percibió la huelga desde fuera del País Valencià, pero desde aquí la movilización ocupó un espacio muy importante en los medios de comunicación durante prácticamente cinco semanas.

Pero otro tema era la manipulación y el intento de poner al conjunto de la sociedad en nuestra contra. Algunos medios de comunicación próximos a la derecha publicaron informaciones destinadas a generar rechazo hacia la huelga desde incluso antes de que esta empezara. Se difundieron, por ejemplo, noticias sobre el descenso de las bajas médicas durante el verano, se decía que lo único que pedíamos era más dinero o difundían fotografías de docentes tomando algo en una terraza después de una manifestación, intentando transmitir una imagen frívola de la movilización.

En mi opinión, fueron intentos bastante burdos que tuvieron muy poco recorrido porque contrastaban con la realidad que estaba viviendo la sociedad valenciana.

De hecho, si algo ha caracterizado esta huelga ha sido el enorme apoyo social recibido. En numerosos centros las familias participaron activamente en las movilizaciones, acudieron a las manifestaciones y llenaron colegios e institutos de carteles de apoyo.

Era habitual que, durante las manifestaciones, la gente saliera a aplaudir desde las aceras o que simplemente, al ver a alguien con la camiseta verde, se acercara para mostrarle su apoyo y darle ánimos.

A pesar del esfuerzo de algunos medios y de la propia Conselleria por controlar el relato, creo que esta huelga ha conseguido algo muy importante: el respaldo mayoritario de la sociedad valenciana. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, creo que ese es uno de sus principales logros. Durante semanas tuvimos la sensación de que nadie nos escuchaba y de que todo el esfuerzo era inútil. Sin embargo, hoy pienso que conseguimos convertirnos en el principal problema político del Gobierno valenciano durante buena parte del final del curso. Y dudo mucho que quieran volver a enfrentarse a una situación similar el próximo curso, además en un contexto preelectoral.

¿Desde fuera del País Valencià como se puede mostrar el apoyo y solidaridad a la lucha de lxs docentes?


Lo más importante es entender que los problemas que han dado lugar a esta huelga no son exclusivos del País Valencià. En muchos territorios se están produciendo procesos similares de deterioro de la educación pública y de precarización de las condiciones laborales del profesorado.

De cara al próximo curso ya se están preparando movilizaciones en distintos puntos del Estado. En Madrid, por ejemplo, ya se ha anunciado una huelga indefinida para el mes de octubre. En Cataluña continuarán las movilizaciones y en Castilla también se están organizando nuevas protestas.

La mejor forma de mostrar solidaridad es apoyar las luchas que se desarrollen en cada territorio, participar en ellas cuando sea posible y contribuir a difundirlas. La defensa de la educación pública es un problema común y solo podrá afrontarse mediante la organización y el apoyo mutuo.

Para finalizar esta entrevista puedes añadir lo que consideres.

Simplemente daros las gracias por brindarnos este espacio y permitir que podamos explicar, aunque sea brevemente, todo lo que hemos vivido durante estas semanas.

Y, sobre todo, animar a todas las compañeras y compañeros a organizarse y a luchar por unas condiciones laborales dignas y por una educación pública de calidad. La huelga sigue siendo nuestra mejor herramienta de lucha, y estando unidxs podemos conseguirlo todo.

✇lamarea.com

Huelga indefinida en el servicio de atención al público del Museo Reina Sofía

Por: Guillermo Martínez

Si uno decide visitar el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía (MCARS) de Madrid, seguramente en la puerta se encuentre con varios trabajadores que advierten de la huelga del servicio de atención al público que realizan desde el 13 de junio. Se trata de algo más de una veintena de empleados que cumplen con un trabajo estructural y continuado en la pinacoteca pero que, sin embargo, son gestionados a través de contratos externalizados a terceras empresas. La gota que ha colmado un vaso ya demasiado rebosante han sido los nuevos pliegos. Según explica Víctor –prefiere no dar su apellido–, portavoz del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que da cobertura a los paros, el Museo ha licitado el servicio con la desaparición de dos puestos de atención al público por turno.

De esta forma, la nueva compañía adjudicataria tendrá que ejecutar dicha reducción como despido o como reducción horaria con la consiguiente reducción salarial. Desde el Reina Sofía han respondido a La Marea que esta reducción “responde precisamente a una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan los puntos de información situados en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal”. 

Por su parte, Víctor contradice esta versión. Según asegura, la plantilla en la sede principal del Museo, en la plaza de Juan Goytisolo, siempre ha sido de diez posiciones por turno que ahora se reducen a ocho. “Esto no tiene nada que ver con las posiciones de palacios cuando estaban abiertos hace dos años que eran tres por la mañana, tres por la tarde y tres el fin de semana”, a las que se añadían una decena más en la sede principal.

El SUT recuerda que el Reina Sofía ha experimentado un incremento paulatino del número de visitantes, hasta que este 2025 han superado los 1,6 millones. “Pese a esto, la dirección quiere reducir un 20% la plantilla de atención al público, la que se dedica a la accesibilidad universal al centro, la necesidad de sillas de ruedas, atención e identificación de grupos, validar entradas, así como informar sobre los accesos”, reitera el portavoz.

Este servicio indispensable para el Museo se encuentra externalizado, al igual que el de mediación cultural, cuya plantilla decidió secundar los paros desde su comienzo hasta el pasado 24 de junio. El MNCARS ha detallado que la última oferta de empleo pública resuelta, que corresponde a 2020 pero ofertada en 2025, recogía ocho plazas de informadores que resultaron vacantes. “En los tres años que esta dirección lleva al frente del Museo la plantilla ha aumentado en más de 160 personas, reduciéndose en 140 los contratos externalizados de vigilancia de sala”, han cifrado.

Denuncian los servicios mínimos

La huelga también ha encontrado cierto conflicto con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Cultura, marcados en un 30%. Desde el SUT denuncian que los servicios mínimos están pensados para servicios de “inaplazable necesidad” que experimentan huelgas por parte de la plantilla que los ofrece. “Y ahora obligan a unos servicios mínimos en un museo que cierra cada martes y domingo por la tarde con la excusa de garantizar el acceso a la cultura”, insiste Víctor. El sindicato considera falso que no poder entrar al Reina Sofía por un conflicto laboral sea motivo suficiente para poder afirmar que por ello se vulnera el derecho a la cultura de la población. Ya han recurrido esta medida implantada por la cartera que tiene a Ernest Urtasun al frente.

“Con esta decisión, que toma el Ministerio, que no es un ente imparcial sino el responsable directo del Museo, sabotean y diluyen totalmente nuestra fuerza frente a la prepotencia institucional y los despidos”, añade Víctor. Cultura ha afirmado a La Marea que el Tribunal Constitucional dictamina que el responsable de establecer los servicios mínimos en una huelga es el órgano gubernamental con competencias en la materia y en los servicios afectados por la misma. “Al ser una cuestión de cultura, le corresponde al Ministerio de Cultura”, han dictaminado.

Tal y como han remarcado, para decretar los servicios mínimos se han basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en dos cuestiones: la “relevancia singular dentro del sistema cultural español” que posee el MNCARS por tratarse de la institución nacional de referencia para la conservación, investigación, exhibición y difusión del arte moderno y contemporáneo; y que “el acceso a la cultura es un derecho constitucional que cualquier administración competente debe garantizar”. Según defienden, se han decretado unos servicios mínimos que garantizan tanto el derecho al acceso a la cultura como el derecho a huelga.

Los efectos de la huelga

Pese a los servicios mínimos establecidos, los paros se dejan ver en las largas colas que se forman a la entrada del Museo, sobre todo en las franjas horarias gratuitas o determinados días de especial afluencia, ya que una de las funciones de la plantilla de atención al público es la validación de entradas. “El Museo ha utilizado a personal propio y a vigilantes de seguridad para sustituir a los huelguistas y hacer que su presión se reduzca”, afirma Víctor, quien apunta a que el SUT también ha denunciado estos hechos ante los tribunales de lo Social. El Museo, por su parte, niega cualquier tipo de sustitución de huelguistas.

El primer impacto directo de la protesta laboral ha sido el cierre del acceso por el edificio Nouvel. Asimismo, el SUT reivindica un descenso de hasta un millar de visitantes desde que comenzó la huelga, un extremo confirmado por el MNCARS, aunque no lo relacionan directamente con los paros. “Si el Ministerio no hubiera establecido los servicios mínimos, el Museo ya se tendría que haber sentado con la plantilla para negociar las futuras licitaciones. Así no habría habido ninguna huelga y el servicio no se habría degradado”, esgrime el portavoz del SUT.

Asimismo, Víctor aclara que cualquier comprador online de la entrada al Reina Sofía no sabrá hasta que llegue al museo que menos de un tercio de la plantilla de atención al público estará en disponibilidad de atenderle. “Una parte no desdeñable pero de difícil cuantificación de los visitantes se solidariza con nosotros al conocer nuestras demandas y no entra al ver cómo la institución tiene un discurso específico de puertas para afuera pero que no se corresponde con la realidad”, prosigue el portavoz. Las pantallas del centro de arte sí advierten in situ de los paros en el servicio de atención al público.

El equipo de 22 trabajadores de la plantilla de atención al público mantiene los ánimos altos gracias a la solidaridad de los primeros días de sus compañeros de mediación cultural y de la caja de resistencia que tantas personas están engrosando con sus aportaciones. “Estamos ante cuatro despidos y un enfado muy grande por el desdén y la hipocresía institucional del Museo”, recalcan desde el SUT.

Un cátering cuesta más que un salario anual

La cuantía de los salarios tampoco ayuda. El sindicato sostiene que los trabajadores de atención al público perciben unos 13.000 euros al año cuando el director de la institución, Manuel Segade, se embolsa más de 145.000 euros anuales. Le siguen la subdirectora con casi 96.000 euros y el director de gabinete, con más de 88.000 euros. Solo el cátering que el MNCARS encargó hace unas semanas para celebrar su 40 aniversario ya costó 14.000 euros, tal y como han confirmado fuentes internas del Museo. 

“Aquí hay trabajadores obligados a trabajar que van a ser despedidos dentro de unas semanas. Hoy son imprescindibles, mañana se van a la calle y no pueden hacer huelga contra su propio despido. Que se fomente esto desde un Museo que, al menos desde su márketing, defiende toda una serie de discursos alternativos y progresistas, es especialmente grave”, finaliza el portavoz.

Por último, el MNCARS ha incidido en que la dirección “ha trabajado conjuntamente con las organizaciones sindicales mayoritarias que representan a las más de 700 personas que integran la plantilla del Museo Reina Sofía con el objetivo de mejorar las condiciones laborales dentro de la institución”. Además, han subrayado que en un contexto de tres años con los presupuestos prorrogados se ha disminuido la rotación de personal, se ha reducido la salida de trabajadores y trabajadoras fuera del Museo y existe un buen clima laboral.

La entrada Huelga indefinida en el servicio de atención al público del Museo Reina Sofía se publicó primero en lamarea.com.

✇Todo Por Hacer

Tres manifestantes de Palestine Action ponen fin a su huelga de hambre: Logran que el gobierno cancele contrato millonario con Elbit Systems UK

Por: Todo Por Hacer

Se pone fin a la huelga de hambre de una presa y dos presos de Palestine Action que llevaban más tiempo sumidas en ella, tras más de 70 días (más tiempo de lo que estuvo Bobby Sands en huelga de hambre antes de morir). Si bien no se han estimado todas sus demandas, han logrado una victoria parcial, logrando que el gobierno inglés no conceda un nuevo contrato a Elbit Systems UK.

Tras más de dos meses de ayuno extremo, una presa y dos presos de Palestine Action que mantenían la huelga de hambre más prolongada han anunciado el fin de la protesta. La decisión llega después de que el gobierno británico haya confirmado que no concederá un contrato público de 2.000 millones de libras a Elbit Systems UK, filial de la mayor empresa armamentística israelí, una de las principales demandas planteadas por los huelguistas.

La protesta, que había generado una creciente alarma por el estado de salud de los presos, se desarrollaba en un contexto de máxima tensión. Heba Muraisi, de 31 años, alcanzó los 73 días sin ingerir alimentos, una cifra que evocaba inevitablemente la memoria de las huelgas de hambre de presos republicanos irlandeses en 1981, donde varios murieron tras periodos incluso más cortos de ayuno. Otros presos, como Kamran Ahmed, de 28 años, y Lewie Chiaramello, de 22 —diabético tipo 1 y en ayuno intermitente—, también habían llevado su cuerpo al límite como forma de protesta política.

Según el colectivo Presos en huelga de hambre, la negativa del Ministerio de Defensa a otorgar el contrato a Elbit Systems UK supone un giro significativo en la política del gobierno británico, que desde 2012 había adjudicado a la empresa más de una decena de contratos públicos. El acuerdo frustrado habría permitido a la compañía entrenar a unos 60.000 soldados británicos al año, reforzando los vínculos entre el Estado británico y la industria militar israelí.

Además de la cuestión contractual, durante las últimas semanas se produjeron reuniones entre responsables nacionales de atención sanitaria en prisiones y representantes de los huelguistas, promovidas por el Ministerio de Justicia. En esos encuentros se abordaron tanto las condiciones de reclusión como los protocolos médicos, en un momento en el que la vida de los presos estaba seriamente amenazada.

Junto a Muraisi, Ahmed y Chiaramello, otros cuatro presos —Teuta Hoxha, Jon Cink, Qesser Zuhrah y Amu Gib—, que habían pausado previamente su participación en la huelga, han decidido darla por finalizada de manera definitiva. Todos ellos han iniciado ahora el delicado proceso de realimentación bajo pautas médicas, una fase que también entraña riesgos graves si no se gestiona adecuadamente.

El colectivo Presos por Palestina sostiene que la huelga ha logrado varias victorias políticas. Entre ellas, destacan el aumento de la movilización directa contra el complejo militar-industrial israelí —con centenares de personas incorporándose a acciones en apenas unas semanas— y avances concretos en las condiciones de los presos. En el caso de Heba Muraisi, se ha aceptado su traslado a la prisión de Bronzefield, en Surrey, lo que permitirá acercarla a su entorno familiar tras haber sido enviada anteriormente a un centro situado a cientos de kilómetros.

Otras demandas también han comenzado a desbloquearse, como el acceso a comunicaciones y materiales censurados durante meses. Según denunciaron, durante la huelga algunos presos empezaron a recibir de golpe grandes cantidades de correo retenido, incluidos libros sobre Gaza y feminismo que habían sido bloqueados sin explicación.

Desde el entorno de los presos califican la huelga de hambre como un hito de resistencia política. A su juicio, ha dejado al descubierto la existencia de presos políticos en el Reino Unido y el papel del Estado británico en el sostenimiento de la industria armamentística israelí. En palabras de Amu Gib: «Nunca le hemos confiado nuestras vidas al gobierno, y no empezaremos ahora. Seremos nosotros quienes decidamos cómo entregamos nuestras vidas a la justicia y la liberación».

La huelga de hambre termina, pero el conflicto político que la originó —la complicidad del Estado británico con la maquinaria de guerra israelí— sigue abierto.

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Peligra la salud de las activistas presas de Palestine Action tras más de 50 días de huelga de hambre

Por: Todo Por Hacer

En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.

La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.

La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.

Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.

La sensación de urgencia para apoyar a las presas es cada vez mayor y en muchas ciudades del mundo se están convocando acciones de protesta. Por ejemplo, en Madrid se celebró una concentración frente al Consulado Británico el 22 de diciembre.

Hace unos días publicamos un artículo describiendo la motivación y situación de las huelguistas. Pero, desde entonces, su estado de salud ha empeorado, por lo que, para actualizar la información, a continuación copiamos un artículo publicado por Queralt Castillo Cerezuela en El Salto.

Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.

A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.

Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras

Más de 50 son los días que Qesser ZuhrahAmu Gib y Heba Muraisiestán en huelga de hambre; Teuta Hoxha y Kamran Ahmed encaran sus días en ayuno 45 y 44, respectivamente; y Lewie Chiaramello hace 30 días que no come. Umer Khalid y Jon Cink tuvieron que abandonar la protesta el día 13 y el 45 en ayunas, respectivamente. 

Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.

También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.

Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.

En peligro el derecho a la protesta

En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza. 

Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.

“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión. 

El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.

Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.

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Huelga de hambre de solidarias con Palestina encerradas en prisiones británicas

Por: Todo Por Hacer

El pasado 3 de julio de 2025, el Gobierno laborista británico, con el apoyo de liberales y conservadores, aprobó una ley por la cual declaró a Palestine Action una organización terrorista con 385 votos a favor y tan solo 26 en contra.

Palestine Action, fundado en 2020, es un colectivo que llevaba cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentísica israelí)1, pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de «terrorista», fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.

Desde la ilegalización del colectivo, más de 2.500 personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda «Apoyo a Acción Palestina». El día más destacado fue el 6 de septiembre, cuando 890 personas (de un total de 1.400 manifestantes) fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido. La concentración fue convocada por la organización Defend Our Juries, bajo el lema “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.

Las detenidas lo fueron con base en la sección 12 de la Ley de Terrorismo inglesa, y afrontan posibles procesos con condenas que llegarían hasta los catorce años de prisión. Esta brutal respuesta afecta a las protestas contra el genocidio en Palestina pero también al propio derecho a la protesta. No solo por los registros, propuestas de sanción, multas, detenciones e incluso encarcelamiento, sino por el llamado “efecto paralizante” (chilling efect) y la represalias que pueden acarrear también en empresas y centros de trabajo la participación en manifestaciones de cualquier tipo.

Huelga de hambre por la libertad

Actualmente, hay 33 presas encarcelados en Gran Bretaña por supuestas acciones en solidaridad con Palestina relacionadas con este colectivo. Muchas de ellas pertenecen a los 24 de Filton [Filton 24], detenidas por una acción contra un centro de investigación de Elbit Systems en agosto y a los Brize Norton 5 (quienes realizaron la acción de pintar dos aviones en la base aérea mencionada previamente)2.

Filton 24

Se encuentran en prisión preventiva, sin juicio, sin fianza y algunos pueden esperar hasta dos años para ser juzgadas. Además, denuncian que han sido objeto de un trato degradante y arbitrario, que incluye la retención de su correo, libros y propiedades, órdenes de no asociación, exclusión de programas de empleo y educación, un régimen arbitrario de aislamiento y la retirada de sus keffiyehs.

En el momento en el que escribimos estas líneas, 8 de las 33 presas se encuentran en huelga de hambre, la mayoría desde el 2 de noviembre. Sus demandas pasan por el fin de toda censura, la libertad inmediata bajo fianza, el derecho a un juicio justo sin interferencias extranjeras y políticas, la desclasificación de Palestine Action como organización terrorista y el cierre de Elbit Systems.

Las huelguistas comenzaron la acción el mismo día en que el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, allanando el camino para el establecimiento de un Estado colonialista y sionista. Comenzaron Amu Gib y Qesser Zuhrah, Heba Muraisi se unió un día después y les siguieron Jon Cink, T Hoxha y Kamran Ahmed. Eel último en unirse a la huelga de hambre es Muhammad Umer Khalid, hace pocos días. Lewie Chiaramello también se unió el 23 de noviembre, realizando una huelga de hambre parcial, cada tercer día, ya que es diabético. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las Islas Británicas desde las huelgas de hambre de 1981 de los presos políticos irlandeses lideradas por Bobby Sands durante el conflicto, y que provocaron la muerte de 10 jóvenes3.

Solidaridad internacional

En solidaridad, presos de todo el mundo se han unido a los huelguistas de hambre durante periodos más cortos. Dimitris Chatzivasileiadis se unió desde Grecia, Massimo Passamani y Luca Dolce desde Italia4 y Jakhi McCray en Estados Unidos. Los presos Casey Goonan y Malik Muhammad, en Estados Unidos, también se unieron a una huelga de hambre, aparte, en solidaridad con Teuta Hoxha y los 24 de Filton, cuyo juicio comenzó en noviembre y durará 8 semanas.

Mientras tanto, Israel ha encarcelado a casi 9.100 palestinos como presos políticos, muchos de los cuales también se encuentran en huelga de hambre. Siguen saliendo a la luz detalles sobre los abusos que sufren, incluidos abusos sexuales, psicológicos y físicos, así como inanición forzada. Muchos cadáveres son devueltos a Gaza con signos de tortura, mutilación y ejecución.

Las consecuencias de la huelga

El cuerpo tiene un límite en lo que puede aguantar. A medida que el hambre se instala, comienzan a agotar sus reservas, primero la grasa, luego los músculos y, finalmente, los órganos vitales comienzan a fallar. Tres de los ocho huelguistas de hambre, Qesser, Teuta y Kamran, ya han sido hospitalizados debido al deterioro de su salud. Amu Gib ha perdido 10 kg. Más de cien profesionales médicos han firmado una declaración en la que exigen que se tomen medidas para evitar que las y los huelguistas sufran más daños. Pasado un mes, existe una grave preocupación de que los huelguistas sufran daños irreversibles.

Hace unos días, el médico de urgencias y profesor del University College de Londres, Dr. James Smith, afirmó que el estado de los detenidos se ha deteriorado drásticamente y declaró a periodistas que “los huelguistas de hambre se están muriendo”. Smith dijo que los relatos desde el interior del sistema penitenciario apuntan a “un seguimiento y tratamiento deficientes. […] En mi opinión, como médico del NHS, la complejidad de las necesidades de atención de los huelguistas de hambre ahora debe gestionarse con la participación regular de especialistas, o incluso con un seguimiento continuo en el hospital”, dijo.

Por otro lado, más de 200 miembros de la Asociación Médica Británica expresaron su preocupación unos días antes y 900 profesionales de la salud han escrito al viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, al secretario de Salud, Wes Streeting, a altos funcionarios del NHS y a las autoridades penitenciarias exigiendo medidas urgentes.

Shahmina Alam, hermana de Kamran Ahmed (28 años), declaró que “Ahmed está cursando el día 39 de su huelga de hambre. Ha tenido dos internaciones desde que inició su huelga de hambre, y fue dado de alta apenas la semana pasada. Si bien lograron estabilizar sus cetonas, los niveles de estas han vuelto a subir considerablemente. Pero lo más preocupante es que su corazón se está debilitando y su pulso se está desacelerando, además de que, en este momento, Ahmed está perdiendo medio kilo por día”.

Pese a todo esto, hasta ahora el Gobierno británico y los medios de comunicación (salvo honrosas excepciones) han ignorado por completo las huelgas de hambre, evitando que se introduzca en la agenda pública. El objetivo de las activistas ahora es romper ese muro de silencio, algo que han intentado por ejemplo bandas como Kneecap, The Pogues y otros 200 artistas irlandeses y británicos, que han publicado una carta al Gobierno solicitando que se acceda a las demandas de las huelguistas.

Como siempre, la solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.

Este artículo ha sido escrito partiendo de piezas extraídas deBriega, Democracy Now, Naiz, Todo por Hacer, Prisoners for Palestine, Resumen Latinoamericano, Spanish Utopia, Izquierda Diario, Insurgente, Filton Actionists y TeleSur.

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1 Elbit Systems suministra al Ejército israelí el 85 % de su equipamiento terrestre y el 85 % de sus drones. Activistas propalestinas denuncian que sus drones se han utilizado en Gaza para reproducir sonidos de niños llorando y gritando, con el fin de atraer a la gente y luego dispararles.

2 Desde Brize Norton parten regularmente aviones con destino a la base aérea de Akrotiri, en Chipre, desde donde se dirigen las operaciones británicas en Oriente Medio, incluidos vuelos de espionaje sobre Gaza.

3 Bobby Sands murió el 5 de mayo 1981, después de 66 días en huelga de hambre. El informe original establecía que la causa de la muerte había sido «inanición auto impuesta«, aunque fue enmendado posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simplemente como «inanición«. Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo. Entre sus escritos, encontramos una de sus frases más célebres y que ha sido difundida en infinidad de murales por las calles de Belfast oeste principalmente: «Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos«. Se estima que más de 100.000 personas asistieron al funeral de Sands, el mayor funeral republicano desde el del alcalde de Cork del Sinn Féin, Terence MacSwiney, que murió en la cárcel de Brixton el 25 de octubre de 1920 después de otra huelga de hambre de 74 días. Después de Sands, otros nueve presos republicanos murieron en la huelga de hambre –Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine–. La huelga finalizó el 3 de octubre de 1981.

4 Desde Italia, el anarquista Luca Dolce hizo una declaración que rompe con la línea dominante de que las huelgas de hambre son simplemente protestas sobre las condiciones de los presos: “La lucha contra la prisión y el sistema militar tecnoindustrial es esencial para una lucha de mayor alcance, de resistencia revolucionaria e internacionalista… Estoy a su lado con serenidad y resolución”. Dolce también saluda al prisionero palestino Anan Yaeesh en la prisión de Melfi, en el sur de Italia, otro objetivo de las tácticas de aislamiento y traslado destinadas a borrar a los presos políticos. Según Dolce, no está claro si Yaeesh continúa en huelga.

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Huelga en Manantial Gestión (sector de la salud mental de la Comunidad de Madrid), con “plantillas extenuadas”

Por: Todo Por Hacer

La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

  • Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
  • Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
  • Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
  • Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
  • Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

  • Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
  • Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
  • Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
  • Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
  • Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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