El Inspector General del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado un informe que constata violaciones sistemáticas de la política de daño civil en operaciones militares estadounidenses. El documento, dado a conocer el 3 de junio de 2026, concluye que el Pentágono no ha priorizado los mecanismos de protección de la población civil que el Congreso le ordenó implantar.
La investigación del órgano de supervisión interna señala que las directrices aprobadas por el Legislativo para minimizar las víctimas colaterales no se han traducido en procedimientos efectivos sobre el terreno. Las fallas afectan a la evaluación previa de los ataques, la investigación de incidentes con víctimas civiles y la rendición de cuentas de los mandos implicados.
Un mandato del Congreso desatendido
Desde hace años, el Congreso estadounidense ha exigido al Departamento de Defensa que adopte medidas concretas para reducir el daño a la población civil en zonas de conflicto. Sin embargo, el informe del Inspector General revela que las órdenes ejecutivas y las leyes aprobadas no se han aplicado de manera integral. La falta de recursos, la escasa formación del personal y la ausencia de supervisión independiente figuran entre las causas identificadas.
El Pentágono no ha establecido un sistema sólido para garantizar que las políticas de protección civil se implementen en todos los niveles de mando, según el informe.
El documento recomienda reformas urgentes que incluyen la creación de una unidad específica de análisis de daño civil, la mejora de los canales de denuncia para incidentes y la obligatoriedad de informes periódicos al Congreso.
Implicaciones para la política exterior
La revelación llega en un momento de intensa actividad militar estadounidense en varios frentes, lo que ha reavivado el debate sobre la legalidad y la ética de los ataques con drones y las operaciones especiales. Organizaciones de derechos humanos han pedido que se suspendan las transferencias de armas a países aliados que no cumplan estándares similares de protección civil. El Congreso tiene ahora la oportunidad de legislar para cerrar la brecha entre la retórica y la práctica, según expertos citados por el informe.
