Antonio Jesús Molina Burgos, profesor de instituto en Melilla, ha publicado el libro «Gotas de cristianismo para mis amigos musulmanes», una obra que busca aclarar conceptos erróneos sobre la fe cristiana en un contexto de mayoría musulmana. La ciudad autónoma, fronteriza con Marruecos, alberga una elevada población musulmana, lo que hace del diálogo interreligioso una realidad cotidiana en las aulas.

El docente, que imparte clase en un instituto de secundaria, ha constatado a lo largo de su carrera que muchos de sus alumnos musulmanes desconocen aspectos fundamentales del cristianismo o arrastran equívocos heredados. «Hay una gran confusión sobre quién es Jesús para los cristianos, el papel de la Virgen María o la Trinidad», explica Molina en la presentación del libro. La obra, publicada con el sello de Ediciones Cristiandad, pretende ofrecer respuestas claras desde la doctrina católica, pero con un tono pedagógico y respetuoso.

Molina Burgos no es nuevo en estas lides. Lleva años organizando charlas voluntarias sobre cristianismo en horario extraescolar, a las que asisten tanto cristianos como musulmanes interesados. «Al principio algunos padres mostraban desconfianza, pero al ver que no se trata de proselitismo agresivo, sino de explicar la propia fe, la aceptación ha sido buena», señala.

El libro, de 160 páginas, se estructura en breves capítulos que abordan las cuestiones más recurrentes que el profesor ha detectado en sus alumnos: la figura de Jesús como Hijo de Dios, la autenticidad de los Evangelios, la Cruz y la Resurrección, y las diferencias con el islam en la concepción de Dios. «No pretendo convertir a nadie, sino que entiendan qué creemos los cristianos y por qué», afirma.

La iniciativa ha sido acogida con interés por la comunidad educativa de Melilla. Algunos docentes de otras confesiones han mostrado su disposición a colaborar en futuros proyectos de diálogo interreligioso. El obispado de la ciudad ha respaldado la publicación, que ya está disponible en librerías locales y plataformas digitales.

Un grupo de estudiantes pakistaníes ha comenzado un programa de formación de un año en el Wuhan Technical College of Communications, en China, centrado en comercio electrónico transfronterizo, inteligencia artificial y lengua china. La iniciativa, anunciada el 2 de junio de 2026, busca reducir la brecha digital en las zonas rurales de Pakistán y fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC).

El programa combina habilidades técnicas con el aprendizaje del chino mandarín, un requisito cada vez más valorado para quienes aspiran a trabajar en empresas chinas o en empresas conjuntas entre ambos países. Según fuentes del centro académico chino, los estudiantes recibirán formación práctica en plataformas de e-commerce como Alibaba y en herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis de mercados y logística.

Un puente educativo dentro del CPEC

La iniciativa se enmarca en los acuerdos de cooperación educativa del CPEC, que ya incluye intercambios de estudiantes y programas de becas. Pakistán, con una población joven y una creciente digitalización, enfrenta un déficit de personal cualificado en sectores tecnológicos, especialmente en las áreas rurales. Este programa pretende formar a los estudiantes como futuros formadores y emprendedores que puedan extender el conocimiento adquirido a sus comunidades de origen.

El responsable del programa en el Wuhan Technical College of Communications declaró que «la colaboración con Pakistán es estratégica y estos jóvenes serán el puente entre ambas economías». Por su parte, la Embajada de Pakistán en Pekín ha respaldado la iniciativa como un ejemplo de la «cooperación Sur-Sur» que promueve el desarrollo inclusivo.

El programa tiene una duración de un año, con clases intensivas de chino y módulos de inteligencia artificial aplicada a logística y ventas transfronterizas. Los estudiantes también realizarán prácticas en empresas tecnológicas de Wuhan, ciudad que se ha convertido en un hub de innovación tras la pandemia de covid-19.

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC) afrontan serias dificultades para concienciar a la población sobre cómo prevenir el contagio de ébola en la ciudad de Bunia, en el noreste del país. Los colegios, que constituyen el principal canal de información para los niños y sus familias, se han visto obligados a improvisar medidas de prevención sin contar con los recursos más básicos.

Según informaron fuentes del sistema educativo local, muchos centros de enseñanza carecen de grifos de agua corriente, lo que hace imposible implementar la recomendación primordial: el lavado frecuente de manos. A pesar de que las clases incluyen instrucciones sobre cuidados para evitar el contagio, la escasez de infraestructura sanitaria básica convierte estas lecciones en papel mojado.

Un brote que inquieta a la región

El brote de ébola en la provincia de Ituri, cuya capital es Bunia, ha puesto en alerta a las autoridades congoleñas y a los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha movilizado equipos de respuesta rápida, pero la logística en una zona castigada por décadas de conflicto armado dificulta el acceso a las comunidades más vulnerables.

Los colegios, que en muchos casos no cuentan con letrinas ni agua potable, intentan suplir las carencias con cubos y jabón donados por ONG, pero las existencias son limitadas. «Sin agua corriente, el lavado de manos es un gesto simbólico más que una medida efectiva», reconocen desde la dirección de una escuela de Bunia citada por medios locales.

La epidemia de ébola, que ha causado varias muertes en las últimas semanas, se suma a otras emergencias sanitarias y humanitarias que afectan a la RDC, como la malaria endémica o la desnutrición infantil. El gobierno congoleño ha pedido ayuda internacional para contener el brote, mientras los equipos de la OMS trabajan en la vacunación de contactos y en el rastreo de casos.

Este reportaje se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».

La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.

«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».

En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.

Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.

Escuelas destruidas

Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.

Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.

En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.

Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.

Nuevos libros

La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.

Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.

Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.

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El 7 de mayo se convierte en un día histórico para las escuelas infantiles de España. Su profesorado convoca una huelga nacional, la primera del sector, en la que solo ofrecerán los servicios mínimos.

En una rueda de prensa convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), varios miembros de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y representantes de las trabajadoras de educación infantil en la etapa de 0-3 años han explicado las razones de esta huelga. «Somos la base, somos educación», subrayó Lucía Martínez, miembro de la PLEI, en un momento de su intervención. 

«Esto es algo histórico. Nunca todo el sector 0-3 en la Comunidad de Madrid había hecho una huelga indefinida [iniciaron su paro el pasado 7 de abril]. Que todo el sector se manifieste el 7 de mayo en todas las comunidades autónomas en defensa de una educación pública, gratuita y universal y de unas condiciones dignas para la primera infancia es muy emocionante», cuenta a La Marea Rosa Marín, representante de la PLEI. Desde las escuelas infantiles están ejerciendo presión –«tan necesaria», a juicio de Marín– para que las instituciones públicas les escuchen. Lo denominan la «revolución amarilla».

Además de la huelga estatal, se celebran manifestaciones esta tarde en diversos puntos de España a las que se anima a asistir también a las familias «para luchar por el derecho de sus hijos e hijas a recibir una educación de calidad», anima Marín.

La portavoz de la PLEI reconoce que ya se han reunido con la ministra de Educación y han abierto una línea de trabajo para caminar hacia las mejoras que el sector demanda. Sin embargo, denuncia que «la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni nos atiende ni nos ha escuchado; se ha reunido con los sindicatos mayoritarios para ver temas concretos, pero creo que en su cabeza no está la problemática global de la que hablamos».

Qué medidas se solicitan

¿Por qué se manifiestan? «Por dignificar el 0-3. Por la bajada de ratios. Por la subida de salarios. Por el reconocimiento profesional», resumen unos profesores y profesoras de la PLEI en su perfil de Instagram. «Es hora de dejar de ser invisibles, de exigir los recursos que nuestra infancia merece». Estas son sus peticiones.

1. Una aproximación a las ratios europeas

«No te dan las manos para cambiar un pañal mientras otro tiene hambre, otro sueño, otro llora…», admite Rosa Marín. «Queremos una normativa a nivel estatal que estipule unas ratios respetuosas con la infancia y que, por lo menos, se asemejen a las recomendaciones de la Unión Europea». El Decreto 18/2008, de 6 de marzo, establece los requisitos mínimos para los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad de Madrid, unas ratios que, con pequeñas variaciones, se mantienen en todas las comunidades autónomas, y que están alejadas de las cifras europeas.

Cuidar de un solo bebé ya es complicado. En este caso se trata de un/a educador/a para 8 bebés de 0-1 año, una para 14 de 1-2 años, y una para 20 de 2-3 años. En la puerta de una escuela infantil de A Coruña, las docentes han colgado un cartel que compara la ratio actual en España con la de países como Finlandia, Inglaterra o la vecina Portugal. Mientras en España contamos con 8 bebés por aula, en el resto de países mencionados tienen 4, 3 y 5 menores de un año, respectivamente, al cuidado de una persona. «Lo que pedimos es cambiar nuestros ratios por una educadora para 3 bebés de 0-1, una para 5 niños/as de 1-2 años y una para 6 de 2-3 años», cuenta la portavoz de la PLEI.

2. Pareja educativa

La pareja educativa es un modelo de trabajo en el ámbito educativo en el que dos docentes (o un docente y otro profesional) comparten la responsabilidad de un grupo de estudiantes de manera coordinada. «Necesitamos ser dos en el aula para atender la individualidad que requiere esta etapa», sostiene Marín, de la PLEI. Y no solo por bajar las ratios, sino por facilitar que todos los menores consigan construir un vínculo con una de esas dos personas de referencia, y que estas tengan un «conocimiento profundo» de ese niño o niña.

3. Salarios dignos y reconocimiento de las categorías profesionales.

«Con la responsabilidad y formación que tenemos, estamos teniendo tablas salariales por debajo del salario mínimo interprofesional. Es indigno y muy frustrante dejarnos vendidas a un convenio colectivo que es imposible mejorar», insiste Marín. Esa subida salarial debe estar acompañada «de una dotación suficiente de recursos», apunta, por su parte, David Castro, representante de la plataforma Galicia Dignidade 0-3, brazo autonómico de la plataforma estatal.

4. Calendario escolar como el de otras etapas educativas 

«Estamos obligados a abrir 12 meses al año», denuncian desde Galicia Dignidade 0-3. «No entendemos por qué las criaturas más pequeñas, que más necesidad tienen de pasar tiempo con su familia, tienen que estar durante el mes de julio en las aulas», añade desde Madrid Rosa Marín. «¡Y sin climatización! Porque esa es otra cosa: las infraestructuras se nos caen a pedazos, con goteras, moho… Es vergonzoso».

5. En Galicia no son parte de Educación

«En Galicia no estamos ni siquiera reconocidos por la Consellería de Educación; estamos adscritos a Política Social. Y esto, que parece una tontería, implica bastantes cosas», explica David Castro. «El carácter educativo incluiría, por ejemplo, horas reconocidas de atención a la infancia, de programación, de evaluación, de tutorías, reuniones de equipo, reuniones con las familias… Eso no está recogido, eso sale de nuestras horas libres».

Una lucha feminista en un sector feminizado

«La infancia hay que cuidarla. Es nuestro mayor valor como sociedad», subraya Marín, que lleva cinco semanas en huelga indefinida en Madrid. Define esta reivindicación también como una «lucha feminista contra este sistema patriarcal que nos sigue asfixiando y que no pone en valor los cuidados, algo que tradicionalmente han hecho las mujeres». «No somos cuatro locas, es todo un sector».

Coincide con ella Castro, de Galicia Dignidade 0-3: «Este es un sector muy feminizado. Casi el 96% son mujeres. También por eso creo que las reclamaciones que hacen juegan a favor de una política de igualdad real. Porque no vale más fabricar neumáticos que educar a un niño pequeño. Y, sin embargo, se paga más».

La primera infancia, una etapa clave

«La etapa 0-3 no es conciliación». Este es el primer punto del manifiesto de las escuelas infantiles en Galicia, difundido por la plataforma Galicia Dignidade 0-3.

La primera infancia siempre ha sido denostada, como si los receptores de esta educación inicial no se enteraran de nada. La neurociencia y la pedagogía indica, en cambio, que es una etapa fundamental: el cerebro es una esponja y es en esas edades cuando se crea la personalidad, la socialización, la construcción de vínculos, la tolerancia a la frustración, la co-regulación con su figura de referencia… Esa referencia, en el aula, son las educadoras. «No puedes ofrecer lo que no tienes. Y tú no puedes tener una estabilidad emocional cuando tienes a ocho bebés llorando».

«Es una lucha por poner el foco en la infancia y dejar el adultocentrismo, la producción y el capitalismo exacerbado que nos está comiendo», demanda Marín.

Servicios mínimos

Se han marcado en toda España unos servicios mínimos para que las familias que, por conciliación, necesitan llevar a sus niños y niñas, puedan hacerlo con garantías de que serán cuidados. Aunque en el caso de Galicia, «la Xunta nos está marcando unos servicios mínimos abusivos», denuncia Sandra, docente en 0-3 en una escuela pública de A Coruña. «Nosotros aquí somos 14 educadoras y, si seguimos sus pautas, sólo nos podríamos ir a la huelga cuatro personas».

A continuación, se pueden ver los horarios de las manifestaciones en diversas localidades.

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Por Jorge del Arco y Mario Rísquez (CGT-UCM)

Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.

La situación en las universidades madrileñas

La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.

La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.

El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).

Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.¹ El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.

Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.

La situación en la UCM

El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.

Esto ha provocado que la UCM sufra un déficit de financiación que ha pasado en los últimos tres años del 0,92% al 12,39%. De los más de 33 millones de euros que conservaba en la tesorería como remanente ahora mismo no queda nada. El informe de las cuentas anuales habla de tensión de liquidez. La UCM no tiene dinero para afrontar sus pagos corrientes.

Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).

A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.

Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)

A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?

Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.

Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.

El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.

Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.

El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.

¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.

Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.

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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.

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