Las autoridades rusas han presentado cargos formales contra Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, por supuesta colaboración con el terrorismo. La acusación se produce en el marco de una ofensiva del Kremlin contra la plataforma de mensajería, que incluye la reducción del 55% del tráfico de Telegram en el país y la promoción de un mensajero alternativo sin cifrado.

Una campaña contra Telegram

Según fuentes oficiales rusas, Durov habría permitido el uso de Telegram por parte de grupos terroristas, sin que se hayan ofrecido pruebas concretas. La acusación coincide con medidas técnicas que estrangulan el acceso a la aplicación: desde hace meses, el regulador de comunicaciones ruso limita deliberadamente la velocidad de Telegram, lo que ha degradado su uso de forma significativa.

Paralelamente, el Gobierno ruso impulsa MAX, un mensajero sin cifrado que viene preinstalado en todos los nuevos dispositivos vendidos en Rusia. Esta aplicación carece de las garantías de privacidad que caracterizan a Telegram, lo que permite un control gubernamental directo sobre las comunicaciones.

Implicaciones para la libertad digital

El caso de Durov representa un hito en la escalada de presión rusa contra las herramientas de comunicación cifradas. El fundador de Telegram, que abandonó Rusia en 2014 tras negarse a entregar datos de usuarios, podría enfrentarse a penas severas si es declarado culpable. Organizaciones internacionales de derechos digitales han denunciado la acusación como un intento de silenciar a la plataforma, aunque ninguna ha podido verificar los cargos de forma independiente.

Telegram, con más de 900 millones de usuarios activos, es especialmente popular en países del antiguo espacio soviético y se ha convertido en una herramienta clave para la disidencia y la organización política. La ofensiva rusa contra la aplicación no tiene precedentes por su escala y coordinación.

El gobierno de Rusia ha solicitado la inclusión del fundador de Telegram, Pável Dúrov, en una lista internacional de buscados, según ha trascendido este miércoles. La acusación formal sostiene que la plataforma de mensajería ha sido utilizada por la inteligencia ucraniana para organizar atentados terroristas y llevar a cabo actividades de espionaje en territorio ruso.

La acusación rusa

Las autoridades rusas alegan que Telegram se ha convertido en un canal habitual para que los servicios de inteligencia de Ucrania coordinen operaciones contra objetivos en Rusia. La solicitud de detención internacional, cursada a través de los canales diplomáticos y policiales, busca que Dúrov sea arrestado en cualquier país que reconozca la orden. No se han precisado los delitos concretos ni las pruebas que sustentan la acusación, pero Moscú considera que la dirección de la aplicación ha colaborado de forma activa con el enemigo.

Antecedentes del conflicto

Telegram fue fundada por Dúrov, un empresario ruso que abandonó el país en 2014 tras la presión del Kremlin sobre su anterior red social, VKontakte. La aplicación de mensajería, con sede en Dubái, se ha caracterizado por un fuerte énfasis en la privacidad y el cifrado de extremo a extremo, lo que la ha convertido en una herramienta popular tanto para disidentes como para grupos criminales y ejércitos. Rusia ya intentó bloquear Telegram en 2018, pero la medida resultó ineficaz y fue finalmente revertida. La nueva ofensiva legal contra Dúrov eleva la tensión entre el Kremlin y las plataformas tecnológicas independientes.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Europea han anunciado este viernes la entrada en servicio de dos nuevos satélites de la constelación Galileo, el sistema de navegación por satélite de la Unión Europea. Según informó el Ejecutivo comunitario, los dos nuevos satélites, lanzados previamente y ahora operativos, aumentan la capacidad del sistema y refuerzan su resiliencia y autonomía frente a redes externas como el GPS estadounidense o el GLONASS ruso.

Un paso hacia la independencia tecnológica

Con esta incorporación, la constelación operativa se amplía, mejorando la precisión y la cobertura global del sistema. La Comisión Europea ha subrayado que la expansión de Galileo es clave para la soberanía tecnológica y estratégica de Europa, especialmente en ámbitos como la defensa, el transporte y las comunicaciones críticas. Está previsto que otros cuatro satélites se sumen a la constelación en los próximos meses, según las fuentes del Ejecutivo comunitario.

Galileo, el sistema civil de navegación más preciso del mundo, ofrece servicios de posicionamiento, navegación y temporización con una exactitud de hasta un metro. La inclusión de estos dos nuevos satélites permite una mayor redundancia y reduce la dependencia de sistemas controlados por potencias externas.

Implicaciones para España y Europa

La mejora de Galileo tiene un impacto directo en España, donde el sistema se utiliza en sectores como la agricultura de precisión, la logística portuaria y las infraestructuras críticas. La autonomía europea en navegación satelital es un pilar de la Política Espacial de la UE, y la entrada de estos satélites consolida a Europa como un actor relevante en el ámbito espacial. La inversión continuada en Galileo refuerza la posición estratégica del continente frente a otros sistemas de navegación global.

Las turbinas eólicas en el estado estadounidense de Wyoming han causado la muerte de más de 23.000 aves y murciélagos durante el último año, según un estudio divulgado por Cowboy State Daily y reportado por el analista David Blackmon. La cifra, correspondiente al periodo que finaliza en julio de 2026, pone en cuestión el discurso habitual que presenta a las energías renovables como una fuente limpia e inocua para el medioambiente.

El dato, procedente de un informe del propio sector eólico en Wyoming —recogido por la publicación local y difundido el 20 de julio—, supone uno de los balances más elevados documentados hasta la fecha en una sola región. Wyoming alberga algunos de los parques eólicos más grandes de Estados Unidos, con miles de aerogeneradores instalados en rutas migratorias de aves y hábitats de murciélagos. La mortandad registrada incluye especies protegidas y rapaces, aunque el estudio no desglosa las especies afectadas.

Costes ambientales de las renovables

Las cifras de Wyoming se suman a una creciente literatura científica que documenta el impacto real de la energía eólica sobre la fauna. Según estimaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., las turbinas eólicas matan entre 140.000 y 328.000 aves al año en todo el país, una cifra que, aunque inferior a la causada por edificios o gatos domésticos, ha suscitado un debate ambiental creciente.

23.000 ejemplares en un solo estado en doce meses representa un impacto desproporcionado para una tecnología que la Administración Biden y numerosos gobiernos europeos promocionan como herramienta clave contra el cambio climático. La noticia llega en un momento en que varios países, entre ellos España, discuten la ampliación masiva de parques eólicos terrestres y marinos para cumplir los objetivos de descarbonización de la UE para 2030.

El caso de Wyoming ilustra que la expansión de las renovables conlleva costes ecológicos no siempre evaluados con rigor. Mientras organizaciones ecologistas como BirdLife International reclaman estudios de impacto más exhaustivos y la instalación de sistemas de parada automática (como radares o cámaras térmicas), la industria eólica defiende que la mortandad es asumible frente a los daños del cambio climático. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica a medida que los parques eólicos se multiplican por todo el mundo.

 

Vermú

Viernes 17 de julio, 22:30 h

Patio de la Posada del Sol (La Roda)

Entradas: agotadas 

 

Este viernes Vermú presentan "Los Zagales" en La Roda.

Vermú presenta el disco en su casa, y cuando decimos "casa" nos referimos a algo parecido a una tribu: familia, amigos, viejos conocidos...etc. porque La Roda sigue teniendo ese encanto de los pueblos pequeños, donde todos se conocen.

"Cuando tocas rodeado de la tribu, tienes doble responsabilidad. Por un lado, no defraudar a los que te han visto crecer como persona y como músico, y por otro servir de ejemplo e inspiración a los nuevos zagales y zagalas que acudirán con el gusanillo de la música creciendo dentro. Para que vean que, si los paisanos que te cruzas por la calle lo hacen, ellos también pueden." 

«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

La entrada Clara Burriel: “Todos los colegios deberían contar con protocolos de protección frente a la violencia sexual” se publicó primero en lamarea.com.

 

Festival de Primavera Rock

Sábado 23 de mayo, desde 13:00 h

Patio de las Tercias, Chinchilla de Montearagón

 

 

“Festival de primavera” este sábado en Chinchilla de Montearagón. Un nuevo festival que nace desde la Asociación para el fomento de la cultura Tordoland y la colaboración del Ayuntamiento de Chinchilla.

Una jornada donde podrás disfrutar desde el medio día hasta el anochecer con las bandas locales Carajillo y Big Band Punk y la mejor fiesta con Pes-k. Además, como grupo invitado y cabeza de este cartel Veladura con su rock enérgico.

 

Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.

Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.

«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.

Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura

Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.

Variación en el gasto

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».

Un marcador dramático

«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.

Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre 9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.

La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.

«Decisiones desgarradoras»

Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.

Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.

Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.

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El conflicto en Pakistán ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de los reporteros ciudadanos, quienes en un contexto de guerra y peligro extremo deciden informar sobre situaciones difíciles de cubrir por los corresponsales extranjeros.

En los primeros seis meses de 2024, siete periodistas han sido asesinados en Pakistán, marcando una cifra anual récord. La víctima más reciente, Khalil Jibran, ex presidente de un club de prensa local en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, murió en junio tras ser tiroteado en una emboscada.

Adil Jawad, miembro de una organización dedicada a investigar los asesinatos de periodistas, señalaba en The Guardian cómo al menos cuatro de los siete casos –que incluyen tanto a periodistas tradicionales como a reporteros ciudadanos– probablemente están relacionados con su trabajo informativo. La mayoría de estas muertes han ocurrido en pueblos y ciudades pequeñas, donde el papel de las redes sociales ha sido fundamental para amplificar el perfil de los periodistas profesionales y brindar una plataforma a los reporteros ciudadanos.

Dan Gillmor, profesor y periodistas, considerado el padre del periodismo ciudadano, puso de manifiesto cómo «la tecnología ha democratizado los medios, permitiendo que cualquiera pueda ser un reportero. En situaciones donde la prensa tradicional no puede llegar, los ciudadanos se convierten en la fuente de información más valiosa». Esto que se puso de relieve especialmente durante las revueltas de la Primavera Árabe, donde los ciudadanos documentaron y difundieron en tiempo real los eventos que los medios convencionales no podían cubrir debido a restricciones gubernamentales y de acceso al territorio. En Pakistán, este fenómeno se repite, con reporteros ciudadanos llenando, en ocasiones, los vacíos dejados por la prensa tradicional.

En mayo, Nasrullah Gadani, un periodista conocido por exigir responsabilidades a políticos locales en sus reportajes, fue asesinado en el distrito de Badin, en la provincia de Sindh. Su muerte desató una ola de protestas, con su hermano Yaqoob Gadani acusando a Khalid Lund, miembro del parlamento local, de ser el autor intelectual del asesinato. Lund ha negado las acusaciones.

Solo tres días antes, otro periodista, Kamran Dawar, fue asesinado en el distrito de Khyber Pakhtunkhwa, en Waziristán del Norte. Estos asesinatos han ocurrido en un contexto de “impunidad generalizada” para los perpetradores.

Anthony Bellanger, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, subrayó la necesidad de proteger a los periodistas en Pakistán, afirmando: “Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Pakistán tienen el derecho constitucional a la libertad de expresión, sin embargo, esto se ve socavado por ataques selectivos, agresiones y asesinatos. Las autoridades deben garantizar que los medios de comunicación tengan libertad para trabajar sin temor a represalias y garantizar que estos asesinatos estén sujetos a una investigación inmediata, exhaustiva y transparente”.

Pakistán ha caído dos puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de este año, situándose en el puesto 152 de 180 países. Reporteros sin Fronteras destaca que Pakistán es «uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con tres o cuatro asesinatos cada año, a menudo relacionados con casos de corrupción o tráfico ilegal y que quedan completamente impunes».

Según el Center for Journalism Ethics el periodismo ciudadano está llenando los vacíos dejados por los periodistas profesionales en zonas de conflicto. A medida que disminuye el acceso de los corresponsales extranjeros, los ciudadanos locales han asumido el rol de informar sobre los eventos en tiempo real, utilizando plataformas como Instagram.

La creciente violencia contra los periodistas, incluidos los reporteros ciudadanos, subraya la necesidad urgente de un entorno más seguro y de justicia para aquellos que arriesgan sus vidas para mantener informada a la población. En tiempos de conflicto, el periodismo ciudadano se erige como un elemento vital para la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad.

DW destaca cómo los riesgos de seguridad, la intimidación y el abuso en línea están obligando a muchos periodistas a abandonar Pakistán. Además, el artículo menciona la represión a la que se enfrentan toda clase de informadores no profesionales: «El mes pasado, las autoridades citaron a más de 40 periodistas y youtubers para interrogarlos por sus críticas a los jueces de la Corte Suprema»​.

cuando aún queda medio año por delante. La víctima más reciente, Khalil Jibran, ex presidente de un club de prensa local en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, murió en junio tras ser emboscado y baleado por dos hombres mientras conducía.

Adil Jawad, de una organización dedicada a investigar los asesinatos de periodistas, ha indicado que al menos cuatro de los siete casos –que incluyen tanto a periodistas tradicionales como a reporteros ciudadanos– probablemente están relacionados con su trabajo informativo. La mayoría de estas muertes han ocurrido en pueblos y ciudades pequeñas, donde el papel de las redes sociales ha sido fundamental para amplificar el perfil de los periodistas profesionales y brindar una plataforma a los reporteros ciudadanos.

El periodismo ciudadano ha crecido significativamente en Pakistán en los últimos años, impulsado por el auge de las redes sociales y las restricciones impuestas a la prensa convencional. Los ciudadanos se han encargado de cubrir el deterioro de la seguridad pública y la corrupción entre la élite gobernante, arriesgando sus vidas en el proceso.

En mayo, Nasrullah Gadani, un periodista conocido por exigir responsabilidades a políticos locales y señores feudales en sus reportajes, fue asesinado en el distrito de Badin, en la provincia de Sindh. Su muerte desató una ola de protestas, con su hermano Yaqoob Gadani acusando a Khalid Lund, miembro del parlamento local, de ser el autor intelectual del asesinato. Lund ha negado las acusaciones.

Solo tres días antes, otro periodista, Kamran Dawar, fue asesinado en el distrito de Khyber Pakhtunkhwa, en Waziristán del Norte. Estos asesinatos han ocurrido en un contexto de “impunidad generalizada” para los perpetradores, como señala Jawad.

Anthony Bellanger, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, subrayó la necesidad de proteger a los periodistas en Pakistán, afirmando: “Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Pakistán tienen el derecho constitucional a la libertad de expresión, sin embargo, esto se ve socavado por ataques selectivos, agresiones y asesinatos. Las autoridades deben garantizar que los medios de comunicación tengan libertad para trabajar sin temor a represalias y garantizar que estos asesinatos estén sujetos a una investigación inmediata, exhaustiva y transparente”.

Pakistán ha caído dos puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de este año, situándose en el puesto 152 de 180 países. Reporteros sin Fronteras destaca que Pakistán es «uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con tres o cuatro asesinatos cada año, a menudo relacionados con casos de corrupción o tráfico ilegal y que quedan completamente impunes».

La creciente violencia contra los periodistas, incluidos los reporteros ciudadanos, subraya la necesidad urgente de un entorno más seguro y de justicia para aquellos que arriesgan sus vidas para mantener informada a la población. En tiempos de conflicto, el periodismo ciudadano se erige como un bastión de verdad y resistencia, vital para la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad.

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En medio del conflicto en Gaza, los periodistas ciudadanos han vuelto a convertirse en informadores cruciales en un contexto de especial dificultad, poniendo en valor el contenido generado por los usuarios. En PC os hemos hablado del trabajo de informadores como Motaz Azaiza, (@azaizamotaz9), el joven fotógrafo palestino de 24 años, convertido en uno de los informadores más destacados de los ataques del ejército israelí contra la población civil de Gaza y otras regiones de Palestina ocupadas.

Desde que se inició del asedio, el pasado 7 de octubre, han fallecido más de 34 periodistas. Reporteros sin Fronteras lo califica como «El más mortíferos desde el año 2.000». A esta situación se suma la prohibición de la entrada de periodistas a la franja de Gaza, de ahí que la situación de los reporteros  que quedaban sobre el tereno sea aún más peligrosa.

En este contexto de crisis que ya se vivió en conflictos similares como fue la guerra en Siria, medios como la CNN señala: «Los palestinos han conseguido abrir una ventana a la guerra» a través de sus redes sociales, convirtiéndose en un elemento crucial que permite seguir el conflicto a través de sus testimonios:

A través de sus publicaciones en Instagram, X y otras plataformas, estos periodistas ciudadanos le están poniendo rostro al conflicto.

El poder de los informes de estos periodistas ciudadanos nos ofrece una visión directa de la guerra, alterando la percepción convencional del conflicto tal y como la conocemos. A través de imágenes desde el lugar de los hechos y vídeos de gran crudeza, muestran la amenaza constante de las explosiones y los desplazamientos y la verdad que se vive en las calles proporcionando una perspectiva auténtica y humana que ya vimos durantes los conflictos de la primavera arabe.

A igual que Azaiza, Bisan Owda, una joven gazatí de 25 años, documenta con su teléfono móvil la situación que se vive en la Franja de Gaza. Bisan, siempre inicia sus vídeos diciendo: “Soy Bisan, de Gaza, y sigo viva”, como una forma de dar gracias por haber superado otro día.

“Soy Bisan, de Gaza, y sigo viva”, la joven de 25 años documenta el día a día en la Franja de Gaza. pic.twitter.com/Jb5GN5ogcB

— AJ+Español (@ajplusespanol) January 8, 2024

La narrativa de la guerra en Gaza ha vuelto a poner el foco en los creadores de contenido, muchos convertidos por la extrema crudeza de la situación en periodistas ciudadanos. Azaiza, Bisan Owda, Plestia Alaqad han abierto una ventana directa a la realidad desde el lugar de los hechos. Su valiente trabajo ha forjado fuertes conexiones emocionales con audiencias de todo el mundo.

Plestia Alaqad es otra periodista ciudadana palestina conocida especialmene a raíz de comenzar a relatar en su cuenta de Instagram la situación en Gaza durante la conflicto. Su cuenta paso de tener el 3 de noviembre de 2023 2,1 millones de seguidores a los casi 5 millones que tiene actualmente. Sus vídeos han sido fundamentales para medios profesionales como ABC, BBC, Business Today, The Independent,​ The New York Times The Washington Post, confirmando una vez más la necesidad de colaboración entre periodistas profesionales y ciudadanos.

Si bien es cierto que, como señala Enan López de Freitas, socio y CMO de The White Rabbit, en PR Noticias: “en el contexto de conflictos bélicos, la difusión de información veraz y precisa se convierte en una cuestión de suma importancia. Sin embargo, las redes sociales también se han convertido en canales propicios para la proliferación de fake news y desinformación”, en estos contextos de crisis el contenido generado por el usuario es funtamental así como las labores de verificación de los periodistas profesionales que deben tener a su alcance las herramientas y criterios indicados para separar el ruido de la información. En el caso de Bisan lo último que nos cuenta en su Instagram es la destrucción de su lugar de trabajo, creado por ella para informar sobre la situación de su país. Su trabajo ha llegado hasta medios internacionales tan prestigiosos como The Guardian:

@guardian

“I’m still alive” is how Bisan Owda, 25, begins many of the videos she films to share with others about her experience living through war in Gaza. @wizard_bisan1 – a youth worker and film-maker – posts as regularly as she can, with very limited electricity and Internet, to share the grim realities that face Palestinians right now. This is part of her story. Tap the link in bio to read our coverage in full.

♬ original sound – The Guardian

Estos periodistas ciudadanos han experimentado un crecimiento exponencial en sus seguidores, evidenciando la demanda de historias auténticas contadas con la fuerza de estos informadores. Motaz Azaiza, que tenía alrededor de 25,000 seguidores antes de octubre de 2023, ahora cuenta con más de 18 millones. Bisan Owda que el 20 de noviembre de 2023, contaba con dos millones de seguidores supera los 4.3 Millones de seguidores en Instagram. Sus vídeos han sido compartidos por medios internacionales tan destacados como ABC News, Al Jazeera, la BBC o Le Monde.

A medida que las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, también surgen llamados a la acción. La conexión global con estos periodistas ciudadanos ha llevado a un aumento en protestas y manifestaciones, así como a un cambio en las opiniones públicas sobre la situación en Gaza. La esperanza reside en que esta conciencia sostenida pueda presionar a los líderes mundiales para buscar una solución pacífica y poner fin al sufrimiento en la región, sin olvidar que la muerte de todos estos informadores se convierte en una violación del artículo 79 de la Convención de Ginebra en el que se establece que: “los periodistas en zonas de guerra deben ser tratados como civiles y protegidos como tales, siempre que no participen en las hostilidades”. 

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Radio Rozana, (@RozanaRadio), es un canal de radio independiente que nació en los primeros días de la revolución en Siria. Su fundadora, Lina Chawaf, productora de medios independientes, relata en NiemanReport, (@NiemanReports), cómo en 2013, frente a las graves amenazas y peligros a los que se enfrentaban sus periodistas, decidieron trasladarse de Siria a la ciudad turca de Gaziantep, en donde reside su sede actual.

In the wake of a brutal civil war, exiled Syrian journalists have carved out space in Gaziantep, Turkish for their independent newsrooms https://t.co/Dm1Vz40PFI

— Nieman Reports (@NiemanReports) June 9, 2023

Lina Chawaf fundadora de Radio Rozana, ayudó a capacitar a docenas de periodistas ciudadanos para que se convirtieran en reporteros independientes dentro de Siria y luego los contrató para trabajar en esta emisora. Chawaf, ayudó a poner en marcha cinco estaciones de radio en países de la Primavera Árabe como Libia y Yemen, y a capacitar a un gran número de periodistas ciudadanos que pudieran colaborar activamente en la cobertura informativa de estos zonas en conflicto.

La capacitación de estos activistas se centró en la cobertura de conflictos y en la corrupción en situaciones de emergencia, lo cual fue muy útil a la hora de cubrir el Covid-19 o el terremoto de febrero, señala.

A fines de 2014, la radio construyó una red de más de dos docenas de corresponsales que iban y venían entre Siria y Turquía. Los de Siria enviaban sus reportajes a la sala de redacción de Turquía a través de un software encriptado, Skype, cuentas falsas de Facebook o chats que borraban para no dejar ningún rastro. Luego, el reportaje se produce y edita en Gaziantep y se transmite a través de la radio FM para llegar a una audiencia de aproximadamente 10 millones de oyentes en línea y millones a través de su emisión de radio, el 60 por ciento de los cuales vive en Siria y Turquía. 

En la actualidad, el objetivo de los periodistas sirios en Gaziantep es mostrar un lado diferente de la narrativa dominante como hacen canales informativos como «Syria TV y Aleppo Today financiados por propietarios privados (una empresa de Qatar y un empresario sirio anónimo anti-Assad, respectivamente)». Ante esa situación Radio Rozana se financia de forma independiente solicitando fondos y subvenciones de ONGs e institutos europeos de forma que puedan tener más libertad para informar de manera más imparcial.

Como señala Chawaf:

Tener un dueño a menudo significa que tienes que renunciar a cierto grado de libertad. Queremos ser un medio objetivo, no partidista que siga los estándares occidentales de libertad de prensa.

En la actualidad, y según su fundadora, trabajan en un «periodismo de soluciones», ya que «los oyentes ya no quieren oír hablar de política. Quieren programas sobre necesidades cotidianas, como vivir en Turquía y acceder a los servicios”, explica Chawaf. 

Según Reporteros sin Fronteras cientos de periodistas sirios han sido asesinados y acosados ​​por el régimen de Assad y grupos armados desde el comienzo del conflicto en 2011. Según la Asociación de Periodistas Sirios, con más de 300 miembros, son muy pocos los que todavía operan en Siria, uno de los países mas peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Los medios de comunicación en Siria están controlados por el régimen de Assad y el gobernante partido Baath, y los periodistas están sujetos a enjuiciamientos en virtud de una nueva ley de delitos cibernéticos que prohíbe “difundir noticias falsas en línea que dañen el prestigio de la nación.

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