Índice

• 1. Introducción
• Principales conclusiones
• Recuadro 1: La deuda climática en cifras
• 2. ¿Qué es la deuda climática de los más ricos?
• 3. La contabilidad de las emisiones
• Recuadro 2: Cómo estima este informe la deuda climática
• 4. Extrema concentración de la riqueza y la deuda climática
• 5. Las emisiones vinculadas a la propiedad, un enorme punto ciego en la política climática actual
• 6. Divergencia geográfica entre la deuda climática y las necesidades de financiación
• 7. Implicaciones para la política climática y fiscal
• Bibliografía

Introducción

El cambio climático está generando pérdidas económicas y daños sociales cada vez mayores en todo el mundo. Estos daños son acumulativos y reflejan décadas de emisiones profundamente desiguales asociadas a la concentración de la riqueza y a un crecimiento económico intensivo en combustibles fósiles. Sin embargo, la responsabilidad de estos daños se distribuye de forma extremadamente desigual. Un pequeño grupo de personas muy ricas es responsable de una parte desproporcionada de las emisiones mundiales, no solo a través de un consumo con altas emisiones de carbono, sino también a través de la propiedad de activos de capital y de inversiones vinculadas a actividades económicas altamente contaminantes. Las conclusiones de este informe muestran que la crisis climática es, cada vez más, también una crisis de concentración de la riqueza, en la que la propiedad profundamente desigual de estructuras de inversión y de capital intensivas en carbono genera una enorme disparidad en las responsabilidades sobre los impactos climáticos.

Este informe amplía el concepto de «deuda climática» a las personas con un patrimonio neto alto (HNWIs, por sus siglas en inglés). Basándose en el principio de «quien contamina, paga», en el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y en las investigaciones existentes sobre la desigualdad del carbono, el informe estima una «deuda climática» o los daños climáticos monetizados asociados a las emisiones que superan una cuota per cápita equitativa del presupuesto de carbono restante compatible con una trayectoria de 1,5°C.

Históricamente, la deuda climática y la responsabilidad climática diferenciada se han abordado principalmente a nivel de los Estados, en particular a través de las obligaciones internacionales de financiación climática y del principio CBDR-RC bajo la CMNUCC. Sin embargo, cada vez hay más pruebas del papel que desempeñan la propiedad de capital asociado a los combustibles fósiles e industrias intensivas en carbono, así como el consumo de alto impacto (por ejemplo, el uso de yates y jets privados), en el aumento de las emisiones vinculadas a las personas de patrimonio neto alto.

Los resultados del informe muestran:

• La deuda climática está sumamente concentrada en la cúspide de la distribución de la riqueza mundial. A medida que aumenta la concentración de la riqueza, también lo hace la escala de la deuda climática asociada.
• Las emisiones basadas en la propiedad -aquellas vinculadas a las carteras de inversión y las participaciones de capital- están considerablemente más concentradas entre los grupos más ricos que las emisiones basadas en el consumo, lo que destaca el papel creciente de las estructuras de inversión y de la propiedad del capital como motores de una responsabilidad climática muy desigual.
• La responsabilidad climática basada en la propiedad y la concentración extrema de la riqueza se acumulan en algunas jurisdicciones, mientras que los países que se enfrentan a la mayor vulnerabilidad climática, daños climáticos o necesidades de financiación climática suelen encontrarse en otras regiones.

Las conclusiones de este informe sugieren que las políticas climáticas y fiscales actuales deberían abordar de forma más directa el papel de la extrema concentración de la riqueza y sus impactos a través de las estructuras de propiedad y las inversiones intensivas en carbono como motores de la emergencia climática. Mientras que el principio de «quien contamina, paga» se ha aplicado históricamente sobre todo a las emisiones basadas en la producción o en el consumo (por ejemplo, mediante el comercio de derechos de emisión de CO2 o de impuestos), este informe demuestra que una parte muy significativa de las emisiones procede de las estructuras de propiedad y de las decisiones de inversión de las personas con un patrimonio neto alto.

Por tanto, las conclusiones plantean reflexiones sobre cuáles deberían ser las respuestas políticas adecuadas ante la extrema concentración de la riqueza, la responsabilidad individual y el grado en que las políticas climáticas y fiscales actuales abordan esta realidad. En particular, se cuestiona si aplican suficientemente el principio de «quien contamina, paga» a las emisiones por propiedad y a las inversiones intensivas en carbono de las personas con un patrimonio neto ultra alto, ya sea mediante impuestos sobre el patrimonio u otro tipo de gravámenes. Esto resulta especialmente relevante en el contexto de unos mercados financieros globalizados, la propiedad transfronteriza de activos y el papel creciente de las carteras de inversión y la propiedad de capital en el impulso de las emisiones asociadas a los combustibles fósiles, la industria pesada, la aviación y otros sectores intensivos en carbono.

El informe destaca la necesidad de incorporar al marco de las políticas climáticas y fiscales dos objetivos:

• Integrar con mayor énfasis los principios de «quien contamina, paga» y de progresividad, reflejando tanto los impactos climáticos desproporcionados causados por la extrema concentración de la riqueza como la capacidad significativamente mayor de las personas de altos patrimonios para contribuir a las medidas climáticas y a los esfuerzos de redistribución.
• Considerar cómo los ingresos generados a través de instrumentos fiscales progresivos relacionados con el clima podrían también distribuirse internacionalmente, con el fin de contribuir de forma justa y transparente a la cooperación y financiación climática internacional. De esta forma, se resolvería la divergencia entre el lugar donde residen las personas de patrimonio neto alto y con mayor deuda climática y las regiones más expuestas a la vulnerabilidad climática y a las mayores necesidades de financiación.

Principales conclusiones

2. ¿Qué es la «deuda climática» de los más ricos?

Tradicionalmente, la «deuda climática» describe la responsabilidad histórica y desigual de algunos Estados en relación al cambio climático, y ha fundamentado las reclamaciones de compensación financiera del Sur Global frente al Norte Global bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR-RC). Este informe extiende dicho análisis a los individuos con un patrimonio neto altos, basándose en los principios de «quien contamina, paga» y la capacidad de pago. El informe aclara que la deuda climática no es una obligación fiscal directa ni prescribe tipos impositivos concretos. Su propósito es servir de referencia para un futuro marco normativo que refleje los daños vinculados a las emisiones excesivas de los más ricos, abriendo así el debate sobre la necesidad de una fiscalidad más justa.

Este enfoque plantea algunas ventajas:

1. Reconoce que los Estados no son homogéneos y que la responsabilidad y la capacidad de respuesta varían enormemente según los ingresos y la riqueza dentro de un mismo país.
2. Permite conectar directamente la responsabilidad de emitir con la capacidad financiera para mitigar, adaptarse y financiar pérdidas y daños.
3. Facilita el diseño de herramientas específicas (como impuestos sobre la riqueza vinculada al carbono o gravámenes climáticos progresivos) para frenar la acumulación de deuda en la cúspide de la distribución (igual o superior a 0,01%), ayudando a los Estados a recaudar fondos para reforzar las soluciones climáticas y cumplir sus compromisos internacionales.
4. No anula la responsabilidad de los Estados ni el marco de la CMNUCC. Al contrario, refuerza su papel como intermediarios para implementar mecanismos de redistribución basados en la responsabilidad individual real y la capacidad fiscal.

En el informe, la deuda climática de las personas de alto patrimonio neto se define como las emisiones que exceden una cuota per cápita equitativa compatible con el límite de calentamiento de 1,5°C⁵. Para calcular el valor monetario de este impacto, el exceso de emisiones se multiplica por el coste social del carbono (CSC)⁶, que estima el daño económico causado por cada tonelada adicional de CO2⁷.

3. La contabilidad de las emisiones

Un elemento central para calcular la deuda climática de las personas de alto patrimonio neto es la atribución de las emisiones a los grupos de mayores ingresos y riqueza. Para entender quién es responsable de las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero (GEI), la literatura científica reciente identifica tres métodos principales, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones:

• Contabilidad de emisiones basada en la producción: Este método asigna las emisiones al país donde se producen físicamente, sin importar quién consuma finalmente esos bienes o servicios. Aunque se utiliza mucho en política normativa, suele provocar una asignación distorsionada de la responsabilidad -como señalan el Stockholm Environment Institute (SEI) y Oxfam-. Esto se debe a que las emisiones de los productos fabricados en países de bajos ingresos se consumen a menudo en otros lugares y el comercio internacional refleja este enfoque.
• Contabilidad de emisiones basada en el consumo: Es la base de gran parte del debate público sobre la desigualdad climática. Atribuye las emisiones a las personas según sus hábitos de vida y consumo de bienes y servicios (incluidas las emisiones incorporadas en los productos importados). Diversos estudios (SEI, Oxfam, Gössling y Humpe) que aplican este enfoque demuestran profundas disparidades en las huellas de carbono tanto dentro de los países como entre ellos.
• Contabilidad de emisiones basada en la propiedad: Este enfoque más reciente (introducido por Chancel y Rehm) atribuye las emisiones a las personas en función de su propiedad de activos de capital, como acciones o participaciones en empresas privadas (por ejemplo, compañías de combustibles fósiles), independientemente de su consumo personal. Este método revela una concentración de emisiones aún mayor que el enfoque del consumo. Es fundamental para el diseño de políticas climáticas, ya que traslada la responsabilidad hacia quienes se benefician financieramente de actividades contaminantes.

Cabe señalar que los tres enfoques se basan en el mismo conjunto de emisiones, pero asignan la responsabilidad de éstas de manera diferente. Por lo tanto, no se pueden sumar, sino que ofrecen distintas perspectivas sobre un mismo problema. El análisis de Greenpeace se basa en varios conjuntos de datos y estudios existentes (tabla 1), seleccionados en función de su relevancia para la contabilidad de emisiones, lo que permite rastrear la responsabilidad ecológica tanto del consumo directo como de las decisiones de inversión y la propiedad de capital de los sectores con mayores ingresos y riqueza.

Tabla 1. Datos disponibles para la atribución de emisiones a grupos económicos

4. Extrema concentración de la riqueza y la deuda climática

Sobre la base de la metodología utilizada en el informe⁸, la deuda climática anual estimada con un enfoque de propiedad del grupo del 0,01% más rico de la población mundial ascendió a unos 992.000 millones de dólares en 2022 (personas con un patrimonio neto ultra alto de más de 38 millones de dólares). Para el 0,1% más rico del mundo, la deuda climática anual estimada basada en la propiedad alcanzó aproximadamente 1,82 billones de dólares en 2022 (personas con patrimonio entre 7 y 38 millones de dólares).

[Gráfico 1. Distribución de la riqueza global¹⁰ omitido visualmente, datos descritos en texto contiguo]

El análisis de las emisiones derivadas de la propiedad muestra cómo estas están sustancialmente más concentradas que las originadas por el consumo: en 2022, el 1% más rico de la población por riqueza representó aproximadamente el 41% de las emisiones basadas en la propiedad frente al 16,5% de las emisiones basadas en el consumo del 1%. Esto implica que la responsabilidad climática en el nivel más alto no está sólo vinculada a estilos de vida con altas emisiones, sino que se dispara especialmente con la propiedad de activos y las decisiones de asignación de capital.

[Gráfico 2. Deuda climática total estimada por grupo económico, 2022 / Gráfico 3. Deuda climática per cápita estimada por grupo económico, 2022 omitidos visualmente]

La deuda climática per cápita atribuible a las mayores fortunas del mundo alcanza niveles extraordinarios y aumenta de manera exponencial a medida que nos acercamos a la cúspide de la pirámide de riqueza. De esta forma, la deuda climática media per cápita basada en la propiedad del grupo del 0,01% más rico fue más de 130 veces superior a la del grupo del 10% más rico del planeta en 2022.

En 2022, las estimaciones medias de la deuda climática anual del 0,01% ascendió a aproximadamente 506.783 dólares por persona utilizando las emisiones basadas en el consumo y a aproximadamente 1,24 millones de dólares por persona utilizando las emisiones basadas en la propiedad.

Las estimaciones históricas ilustran toda la dimensión de la responsabilidad climática concentrada en los millonarios: la deuda climática acumulada basada en la propiedad del 0,1% más rico del mundo alcanzó aproximadamente los 27,2 billones de dólares durante el periodo 1990-2022. Esto sugiere que la concentración de la riqueza y las emisiones derivadas de la propiedad se refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo.

Asimismo, a la hora de hacer proyecciones, incluso bajo escenarios de mitigación comparativamente ambiciosos⁴, la deuda climática permanece altamente concentrada entre los grupos más ricos. Bajo el escenario de bajas emisiones SSP1, se proyecta que la deuda climática per cápita basada en la propiedad del 0,1% más rico del mundo alcance aproximadamente los 8,8 millones de dólares durante el periodo 2023-2050, en comparación con los aproximadamente 660.000 dólares de deuda climática per cápita para una persona promedio dentro del 10% más rico global. Si se toma como referencia al grupo del 0,1% en su conjunto, se prevé que su deuda climática basada en la propiedad supere los 81 billones de dólares durante ese mismo periodo.

[Gráfico 4. Deuda climática p.c. proyectada por grupo económico y emisiones 2023–2050 omitido visualmente]

Esto sugiere que el patrón actual de trayectorias de reducción de emisiones globales no resuelven automáticamente el problema de la extrema concentración de la responsabilidad climática asociada a la riqueza por la propiedad de activos y de estructuras de inversión. Incluso en futuros escenarios con menores emisiones, los activos y el capital intensivo en carbono seguirán produciendo una deuda climática extremadamente desigual y atribuible a la cúspide de la distribución de la riqueza mundial.

5. Las emisiones vinculadas a la propiedad, un enorme punto ciego en la política climática actual

A nivel general, los marcos de la política climática y fiscal existentes no abordan de manera adecuada las emisiones vinculadas a la propiedad de la riqueza y las actividades de inversión intensivas en carbono.

A su vez, las políticas climáticas y los instrumentos fiscales asociados se dirigen principalmente a las emisiones basadas en la producción y el consumo¹¹, mientras que las emisiones basadas en la propiedad vinculadas a las carteras de inversión (propiedad corporativa, activos empresariales e inversiones en acciones) permanecen comparativamente menos gravadas.

Algunas propuestas de gravámenes e impuestos debatidas en foros multilaterales, pese a no estar diseñadas específicamente para las emisiones de la propiedad, afectan parcialmente a las estructuras de propiedad e inversiones intensivas en carbono. Su análisis resulta útil para ilustrar la gran responsabilidad climática vinculada a la propiedad que este informe pone de relieve. En este sentido, el informe compara la deuda climática anual basada en la propiedad del grupo del 0,01% más rico del mundo —unos 992.000 millones de dólares en 2022— con los cálculos de potenciales ingresos de algunas propuestas fiscales existentes como:

• Las estimaciones del Grupo de Trabajo sobre Gravámenes de Solidaridad Global (2025) sobre un conjunto de gravámenes internacionales progresivos sobre la aviación VIP, que generararían unos 93,7 mil millones de dólares al año, una cifra equivalente al 23 % de la deuda climática anual basada en el consumo del 0,01 % más rico de la población, estimada en 404,73 mil millones de dólares (2022).
• Un impuesto extraordinario sobre los beneficios de los combustibles fósiles o un gravamen verde sobre las transacciones financieras¹². Incluso bajo supuestos de potencial de recaudación ambicioso, ambas propuestas generarían conjuntamente unos 420 mil millones de dólares anuales, cubriendo en torno al 42% de la deuda climática anual estimada basada en la propiedad del 0,01% más rico.

Mientras que estos instrumentos se dirigen exclusivamente a sectores y flujos financieros específicos, las emisiones basadas en la propiedad reflejan un conjunto amplio de emisiones asociadas a la propiedad de capital, carteras de inversión, activos productivos y estructuras de riqueza intensivas en carbono a lo largo de la economía. Por lo tanto, esta comparación ilustra que las propuestas fiscales a debate son solo el punto de partida para abordar las emisiones ligadas a la riqueza y al capital intensivo en carbono. No obstante, para abordar de manera adecuada las responsabilidades diferenciadas ante la emergencia climática, es imprescindible implementar herramientas fiscales mucho más precisas.

Tabla 2: Deuda climática por consumo vs. tasas de solidaridad

Enfoque: Emisiones vinculadas al estilo de vida y consumo de lujo (aviación privada, etc.).

Tabla 3: Deuda climática por propiedad vs. impuestos corporativos y de patrimonio

Enfoque: Emisiones vinculadas a inversiones, carteras de activos y decisiones de capital.

6. Divergencia geográfica entre la deuda climática y las necesidades de financiación

Los países que concentran la mayor riqueza privada y las emisiones ligadas a la propiedad rara vez coinciden con aquellos que sufren la mayor vulnerabilidad o presentan las necesidades de financiación climática más urgentes¹³.

Como ilustra el mapa a continuación, un grupo reducido de jurisdicciones, especialmente en Europa y América del Norte, concentran una cuota desproporcionadamente alta de la riqueza privada mundial, al tiempo que presentan, por lo general, una menor vulnerabilidad y una mayor capacidad de adaptación. Por lo tanto, son territorios clave en el debate sobre la deuda climática y disponen de mayor potencial para implementar instrumentos fiscales dirigidos a los capitales y las actividades de inversión intensivas en carbono.

Por otro lado, los indicadores de vulnerabilidad climática apuntan en la dirección geográfica opuesta. Países con una proporción pequeña de la riqueza privada mundial —África, el sur de Asia y otras regiones altamente vulnerables— y que enfrentan niveles comparativamente elevados de impacto climático con capacidad más limitada de adaptación.

Este desajuste resalta la importancia de la coordinación internacional en materia de política fiscal relacionada con el clima, incluyendo los debates en curso en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Fiscal Internacional (Convención Fiscal de la ONU), así como las negociaciones internacionales sobre financiación climática bajo la CMNUCC.

También responde al hecho de que cualquier enfoque para abordar fiscalmente la deuda climática de las personas con alto patrimonio neto debe considerar cómo se pueden movilizar y asignar los ingresos de manera efectiva, justa y transparente. Esto implica determinar cómo contribuyen los ingresos a reforzar los compromisos nacionales y globales existentes de transición y restauración climática y ecológica a una escala proporcional a las necesidades. Un elemento central para la legitimidad de cualquier política es la distribución internacional de estos fondos, dado que la riqueza está fuertemente concentrada en un pequeño número de países, mientras que los impactos climáticos de esa riqueza afectan mayoritariamente a las comunidades más vulnerables del Sur Global.

7. Implicaciones para la política climática y fiscal

A modo de conclusión, el análisis de «La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema» muestra que:

• La deuda climática está altamente concentrada en la cúspide de la distribución de la riqueza mundial. A medida que aumenta la concentración de la riqueza, también lo hace la escala de la deuda climática asociada.
• Las emisiones basadas en la propiedad —aquellas vinculadas a carteras de inversión y tenencias de capital— están considerablemente más concentradas entre los grupos más ricos que las emisiones basadas en el consumo, lo que destaca el papel creciente de la propiedad de capital y las estructuras de inversión como motores de una responsabilidad climática profundamente desigual.
• La responsabilidad climática basada en la propiedad y la concentración extrema de la riqueza están fuertemente concentradas entre los grupos más ricos y algunas jurisdicciones, mientras que los países que enfrentan la mayor vulnerabilidad climática, daños climáticos o necesidades de financiación climática a menudo se encuentran en otros lugares.

A raíz de estas conclusiones, el informe identifica tres grandes implicaciones para la política climática y fiscal:

1. Más allá de la equidad social y fiscal: el análisis muestra que la concentración extrema de la riqueza no solo agrava la desigualdad socioeconómica, sino que genera una brecha climática, en la que los grupos más opulentos son responsables de un volumen de emisiones desproporcionado. Por ello, las conclusiones sugieren que las medidas contra la concentración de la riqueza deben ser cada vez más progresivas. Asimismo, junto a los objetivos tradicionales de redistribución, es necesario aplicar el principio de “quien contamina paga” a los patrimonios derivados de inversiones y activos intensivos en carbono.
2. Más allá del consumo y la producción: las emisiones derivadas de la propiedad de capital representan una de las dimensiones menos abordadas de la desigualdad del carbono. Las políticas climáticas y fiscales vigentes siguen centrándose en la producción y el consumo, dejando las inversiones intensivas en carbono comparativamente menos gravadas. Este desequilibrio no solo reduce la eficacia para incentivar una transición ecológica justa, sino que alimenta la percepción de que las cargas recaen desproporcionadamente en los hogares de ingresos medios y bajos, ignorando el impacto de los altos patrimonios. En consecuencia, los resultados sugieren la necesidad de incorporar la fiscalidad de la propiedad al marco climático actual. Esto incluye la aplicación de un tratamiento diferenciado a las estructuras de propiedad y activos intensivos en carbono con herramientas como sistemas de bonus/malus u otros mecanismos fiscales y regulatorios que desalienten las inversiones con altas emisiones y reorienten el capital hacia vías sostenibles.
3. Más allá de la solidaridad nacional: la deuda climática plantea un reto de redistribución internacional debido a la profunda divergencia geográfica entre la acumulación de la riqueza en unos pocos países y la vulnerabilidad ambiental y escasez de recursos en el resto. Este desequilibrio señala la urgencia de garantizar una financiación climática internacional significativamente mayor, predecible y justa. En este sentido, los ingresos derivados de una fiscalidad climática progresiva deberían contribuir a una transición justa, acelerar la inversión en energías renovables e infraestructuras bajas en carbono, y fortalecer la adaptación, las respuestas a pérdidas y daños y el apoyo directo a los países y comunidades más afectados por el cambio climático. Por tanto, el diseño de las políticas futuras deberían incluir una redistribución global de estos fondos teniendo en cuenta la alta movilidad del capital entre las jurisdicciones.

Se necesitan nuevas herramientas de política fiscal

Las conclusiones de este informe destacan la necesidad urgente de diseñar instrumentos fiscales que aborden, simultáneamente, la desigualdad económica y el impacto climático y ecológico de las grandes fortunas. Esto exige poner el foco tanto en el origen de estos capitales como en las consecuencias de las inversiones y estructuras de propiedad intensivas en carbono. En este sentido, la aplicación coherente del principio de «quien contamina, paga» en todos los niveles es fundamental para construir sistemas fiscales, nacionales e internacionales, verdaderamente equitativos y alineados con los objetivos globales de desarrollo sostenible.

Diferentes instrumentos fiscales pueden abordar distintas dimensiones de la deuda climática según su objetivo temporal:

• Para la responsabilidad histórica: se pueden aplicar contribuciones de pago único orientadas a movilizar recursos inmediatos para la mitigación y adaptación, tanto a nivel nacional como internacional.
• Para las emisiones futuras: se pueden diseñar tipos impositivos permanentes y más elevados sobre los grandes patrimonios con huella climática y ecológica desproporcionada.

Esta distinción es clave para garantizar la justicia y la proporcionalidad de las políticas climáticas. Las emisiones ligadas a la propiedad y la inversión requieren enfoques muy distintos a las del consumo, ya que cada actor económico debe ser abordado según su nivel de responsabilidad y su capacidad de influencia. En última instancia, el objetivo es desalentar las estructuras de capital contaminantes mediante incentivos fiscales que reorienten el comportamiento de mercado y los flujos de inversión.

Finalmente, la aplicación efectiva de estas políticas fiscales depende de un entorno propicio basado en la cooperación internacional, la transparencia y la disponibilidad de datos. Identificar y valorar las grandes fortunas —especialmente a nivel transfronterizo— exige reforzar los registros de activos, clarificar la titularidad real y consolidar el intercambio internacional de información fiscal. Sin este ecosistema global de transparencia y cooperación, la capacidad de los gobiernos para diseñar e implementar medidas fiscales eficientes seguirá siendo muy limitada.

El escenario actual exige una gobernanza global que defina normas fiscales mínimas, luche contra la elusión fiscal y los flujos ilícitos, asegure la asignación de derechos impositivos y la distribución equitativa de ingresos entre países, aspectos todos ellos que deben abordarse adecuadamente en el marco de procesos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Fiscal Internacional.

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