Carta abierta a la Comisión Europea
Estimada presidenta von der Leyen, estimados comisarios:
Les escribimos para exponer las preocupaciones de la sociedad civil respecto a las propuestas de modificación de las actuales directrices sobre «Mejor Regulación», así como a otras propuestas incluidas en su Comunicado titulado «Un marco normativo de la UE más sencillo, más claro y mejor aplicado». Las organizaciones abajo firmantes consideran que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no se ajustan a la estrategia de la UE en materia de sociedad civil y que crean una jerarquía entre las partes interesadas, ya que otorgan ventajas a las empresas a expensas del interés público y de la economía en su conjunto.
Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basadas en datos empíricos, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural a favor de un reducido conjunto de intereses sectoriales. Por lo tanto, creemos que deberían reconsiderarse elementos importantes del Comunicado. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la mala administración en los procedimientos de urgencia. Ahora, la Comisión responde debilitando esas mismas normas, para poder seguir actuando sin obstáculos basándose en directrices más laxas.
Las organizaciones abajo firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:
1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto.
En el Comunicado, la Comisión se compromete a realizar más evaluaciones de impacto, pero reduce su calidad y pertinencia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas. Para dar respuesta a las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión intenta definir cómo la «urgencia» puede permitir excepciones al procedimiento estándar, pero no logra disipar las dudas. En primer lugar, la «urgencia» se define de forma demasiado amplia, incluyendo una referencia vaga al «contexto político», lo que impide que se derive de ella certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión establece dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro de «urgencia especial» que carece por completo de ambas. Cualquier excepción a los procedimientos estándar debe definirse de forma estricta, justificarse objetivamente y someterse a un escrutinio independiente.
En este mismo sentido, nos parece profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el «modelo de costes estándar». Esta metodología está obsoleta y es problemática, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos medioambientales y sociales (de los que depende la economía). La economía no existe en el vacío y no debe considerarse como tal. La Comisión está intentando allanar el camino hacia una vía sencilla y rápida para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los trabajadores y los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben subordinarse a análisis simplificados de coste-beneficio.
2. Consulta y participación de las partes interesadas
Nos preocupa que la Comisión recurra cada vez más a formatos de «consulta selectiva». Con ello, la Comisión suele referirse a ignorar opiniones distintas a las de determinados grupos empresariales. Uno de los ejemplos más recientes es la nueva herramienta denominada «Reality Checks», en la que, en la mayoría de los casos, solo se invita a las empresas a contribuir al proceso y en la que brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. El resultado es que, al elaborar sus propuestas, la Comisión corre el riesgo de incurrir en lagunas y grandes injusticias. Consideramos que este enfoque incumple los Tratados de la UE, así como las normas adoptadas en materia de consulta pública.
3. Normas nacionales que van más allá de los requisitos mínimos de la UE
Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo que se da al denominado «goldplating», un término que tiene su origen en los intereses particulares de la industria, que desean que la Comisión limite la capacidad de los Estados miembros para introducir medidas más estrictas que las acordadas a nivel europeo. En sí mismo, el «goldplating» no tiene nada de malo. La adopción de medidas más ambiciosas a nivel nacional es legítima cuando tienen por objeto elevar los estándares, y los poderes legislativos nacionales están en su derecho de hacerlo. Incluso puede producirse el resultado positivo de elevar el estándar a nivel de la UE, y la legislación suele influir en la cultura y la práctica. Por ello, condenamos la formulación parcial sobre el «goldplating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que se adopten medidas a nivel europeo, incluso si las medidas a nivel nacional no son contrarias al Derecho de la UE. Esto está previsto que se produzca, entre otros, en el contexto del Semestre Europeo. En materia de política social, legislación laboral y políticas sobre condiciones de trabajo, los Estados miembros suelen aplicar medidas más ambiciosas y deben poder seguir haciéndolo, de conformidad con el artículo 288 del TFUE. En materia de política medioambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la introducción de medidas de protección más estrictas por parte de los Estados miembros.
4. Restricciones temporales en materia de políticas
Hay bastantes elementos en la comunicación —tal y como están redactados— que no están definidos, pero que tememos que puedan llegar a utilizarse de forma perjudicial. Existe la intención de introducir más cláusulas de derechos adquiridos, que corren el riesgo de utilizarse para retrasar la implantación gradual de normas cruciales para la protección del medio ambiente o la salud pública. Y están las cláusulas de caducidad, sumamente problemáticas: con ese cambio en la legislación, ya no es la supresión de una disposición protectora lo que debe justificarse, sino su mantenimiento. La carga de la prueba política se invierte. Una normativa crucial podría derogarse automáticamente si no se alcanza a tiempo un acuerdo sobre el proyecto de ley.
El camino a seguir
En general, la Comisión está introduciendo un conjunto de las denominadas «reformas», todas ellas destinadas a promover un enfoque más miope en la toma de decisiones. Se trata de marginar en los procedimientos los intereses distintos de los de las empresas. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y dar prioridad a un conjunto limitado de indicadores económicos, se corre el riesgo de pasar por alto repercusiones más amplias en la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales. Esto es justo lo contrario de una «mejor regulación».
Hay que poner fin al despilfarro a costa de los contribuyentes. Pedimos:
– Que se ponga fin al incumplimiento del Tratado de la UE: el artículo del Tratado sobre la necesidad de integrar, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y los intereses de los trabajadores y los consumidores, debe reflejarse en las directrices de «Mejor Regulación» (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).
– Una armonización de la «Mejor Regulación» con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la estrategia de la UE en materia de sociedad civil.
– La transparencia como prioridad: las consultas deben ser siempre públicas, abiertas y transparentes.
– Un diálogo civil estructurado y significativo, con la participación de el mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. La era de los «grupos de expertos» dominados por las empresas debe llegar a su fin.
– Investigaciones exhaustivas sobre las repercusiones de la nueva legislación, incluyendo todos los aspectos relevantes. Los análisis de costes y beneficios superficiales ofrecen una imagen sesgada y engañosa a los responsables de la toma de decisiones.
– El fin de los ataques obstinados contra el denominado «gold plating». Están ahora en juego normas de protección fundamentales, por ejemplo, en la legislación laboral y de protección de los trabajadores, los derechos de los consumidores y la legislación medioambiental.
Instamos a la Comisión a que tenga en cuenta estas preocupaciones a la hora de revisar las Directrices y el conjunto de herramientas para una mejor reglamentación. Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.
Atentamente,
ActionAid France
ACV-CSC (Belgium)
Alternatif Bilisim (Turkey)
Animal Advocacy & Food Transition (EU)
Arnika (Czech Republic)
Association For Promotion Sustainable (India)
ATTAC Austria
ATTAC España
ATTAC France
Austrian Federal Chamber of Labour
BirdLife Europe and Central Asia
CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)
CHEM Trust (Europe)
Child Rights International Network (Belgium, UK and international)
Climate Action Network (CAN) Europe
CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)
Corporate Europe Observatory (Europe)
Defend Democracy (EU)
Die Bürokratiemonster(Germany)
Digitalcourage (Germany)
Ecologistas en Acción (Spain)
Electronic Frontier Norway (Norway)
epicenter.works (Austria)
European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)
European Civic Forum (EU)
European Digital Rights (EDRi) (Europe)
European Environmental Bureau (EU)
European Grandparents for Climate (Austria)
European Network Against Arms Trade (Europe)
European Public Services Unions (EPSU, Europe)
European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)
Fairwatch (Italy)
Fern (EU)
FNV (The Netherlands)
foodwatch international (Belgium)
France Nature Environnement (France)
Friends of the Earth Europe (Europe)
Générations Futures (France)
GLOBAL 2000 (Austria)
Grandparents for Future (Austria)
Greenpeace EU Unit (BE/EU)
GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austira)
Human Development Research Initiative (HDRI) (France)
Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)
JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)
LobbyControl (Germany)
Kettensäge stoppen! (Austria)
Notre Affaire à Tous (France)
Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)
PowerShift e.V. (Germany)
ReCommon (Italy)
REZERO (Spain)
Rise For Climate Belgium (Belgium)
The Good Lobby (Europe)
Transparency International EU (EU)
Trócaire (Ireland)
WSM – We Social Movements (Belgium)
WWF European Policy Office (Belgium/EU)
ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)
Campaña Rules to Protect. Promovida por Corporate Europe Observarory
La entrada Un paso atrás en el camino a una mejor regulación, en vez de un avance se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
