La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

• la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
• evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
• un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
• la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Fotografía: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversando con el vicepresidente Luis de Guindos el pasado 5 de febrero. / BCE

Juan Torres López. Publicado originalmente en Contexto

La parálisis actual de las autoridades emisoras responde a un diseño defectuoso de la arquitectura de su política monetaria, incapaz de dar respuesta a los problemas económicos de nuestro tiempo

Durante décadas, los bancos centrales han hablado antes que nadie, diciendo lo que había que hacer, y con la prepotencia típica de quien está seguro de que posee la verdad absoluta. Sus directivos han actuado siempre como árbitros de la política económica en general y únicos custodios de la credibilidad institucional.

Por eso sorprende tanto la cautela, incluso el mutismo actual. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla con desconocida modestia: “Simplemente no podemos ofrecer una orientación”. En la Reserva Federal, Jerome Powell, en lugar de pontificar como era habitual, se ha limitado a subrayar “la incertidumbre que rodea el shock del petróleo”. 

Estos días, los bancos centrales dan la imagen del jugador que mira desde el banquillo sin saber si el entrenador le va a pedir que salga al campo ni qué deberá hacer si tiene que jugar. 

Una actitud muy distinta a la que adoptaron cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de la energía se dispararon. Inmediatamente mantuvieron que la inflación era de naturaleza monetaria y respondieron con su único instrumento: la subida de tipos. Sin importarles que la inflación tuviera un origen claramente externo; ni que subir el precio del dinero sobre unos costes energéticos ya disparados supusiera añadir más leña al fuego.

Prepotencia injustificada

La tradicional actitud prepotente de los bancos centrales ha sido siempre, cuando menos, llamativa, porque todos ellos cargan con un largo historial de predicciones erróneas y de consecuencias devastadoras.

La presidenta Lagarde aseguró que sería “muy improbable” una subida de tipos en 2022

Powell insistió en que la inflación pospandémica era “transitoria”. No lo era. La presidenta Lagarde aseguró que sería “muy improbable” una subida de tipos en 2022. Los subió ese mismo año. El Banco de la Reserva de Australia prometió públicamente que los tipos no subirían hasta 2024; los subió en 2022. 

No son anécdotas aisladas. Los estudios académicos muestran que las proyecciones de los principales bancos centrales han estado sistemáticamente sesgadas en la misma dirección (mostrando escenarios más optimistas que la realidad) y que sus errores, casualmente, siempre tienden a favorecer al sector financiero y a los grandes capitales.

Más independencia y poder, peor rendimiento

Es muy significativo que los grandes errores y fracasos de los bancos centrales se hayan producido precisamente cuando han disfrutado de total independencia y, además, siempre por la misma razón. 

Siendo una de sus principales funciones garantizar la estabilidad financiera, resulta que la creciente independencia de los bancos centrales no ha evitado una mayor recurrencia de episodios de inestabilidad. La base de datos más reciente registra más de 151 crisis bancarias sistémicas de 1970 a 2019, 200 de deuda soberana desde 1960 y 414 cambiarias desde 1950: el período de mayor densidad de crisis de toda la historia documentada.

Ni siquiera se puede decir que la inflación se haya mantenido controlada gracias a la política monetaria, pues se moderó por factores estructurales

Ni siquiera se puede decir que la inflación se haya mantenido controlada gracias a la política monetaria, pues se moderó por factores estructurales: la integración de China que hundió los precios industriales en Occidente; y las políticas de recortes, el envejecimiento demográfico, la desigualdad y la debilidad inversora que han mantenido la economía con el freno puesto. Cuando esas fuerzas desaparecieron –con la pandemia y las guerras comerciales–, la inflación regresó con virulencia y los bancos centrales no supieron preverlo ni explicarlo.

Además, una cosa es domeñar un indicador estadístico y otra frenar las subidas de precios de lo que más importa. La inflación general acumulada en la UE entre 2010 y 2024 fue del 39%, pero los precios de la vivienda subieron el 53%. Mientras los precios de consumo se moderaban por factores estructurales, los activos –vivienda, bolsa, deuda– se encarecían, sin que los bancos centrales hayan sido capaces de evitarlo. Y esta inflación es la que más condiciona la vida económica real.

La razón por la que se producen tantos fallos, los errores continuos y graves de los bancos centrales es algo cada día más evidente. No son, como se quiere hacer creer, instituciones técnicas o neutrales. Como expliqué con detalle en mi libro Más difícil todavía, responden a un diseño ideológico basado desde los años ochenta en tres grandes pilares: la inflación es un fenómeno monetario, su independencia es un principio rector imprescindible para evitar expectativas inflacionistas y los tipos de interés son la herramienta necesaria y suficiente para influir sobre los precios.

El primero cae ante la evidencia: la inflación tiene múltiples causas y aplicar siempre la misma respuesta es como recetar el mismo tratamiento para cualquier enfermedad.

El segundo ha mostrado sus límites en las crisis. Durante la pandemia, la coordinación con los gobiernos fue inevitable, aunque improvisada y sin marco institucional claro.

El tercero es cada vez más cuestionado. Los tipos de interés no afectan por igual a todos los sectores ni garantizan una transmisión eficaz al conjunto de la economía. 

¿Cambio de actitud o falta de rumbo?

A la vista de tantos fallos acumulados, cabe preguntarse si la moderación de estas últimas semanas significa que los bancos centrales se han dado cuenta de ese sesgo y de sus efectos nocivos y que, por tanto, están dispuestos a rectificar.

Naturalmente, no podemos saber lo que pasa por la cabeza de sus dirigentes, pero sí conocemos sus análisis y los instrumentos a los que se siguen aferrando para tomar medidas ante los problemas económicos. Y ahí no hay mucho margen para el optimismo.

Subir ahora los tipos sólo beneficiaría a los grandes poseedores de capital y paralizaría aún más la actividad económica

La economía global está en tensión desde hace tiempo y los precios suben por múltiples factores: aranceles de Trump, concentración de los mercados, restricción crediticia, burbuja de la inteligencia artificial y, últimamente, por la guerra de Irán. Sin embargo, los bancos centrales siguen pensando en si utilizan o no el único instrumento de siempre: los tipos de interés. Y el problema es evidente. Subir tipos enfría la demanda, pero no resuelve cuellos de botella ni abarata la energía. Lo que provoca, en cambio, es un efecto claro: encarece la financiación, frena la inversión y debilita la actividad. Y no hay que ser un lince para darse cuenta de que, en economías deprimidas como la europea, que crece al 0,9%, o en la de Estados Unidos, afectada por los aranceles, eso podría ser una puntilla definitiva que las frenara en seco. Una vez más, subir ahora los tipos sólo beneficiaría a los grandes poseedores de capital y paralizaría aún más la actividad económica.

El silencio actual de los bancos centrales no es humildad. Es parálisis. No se parece al del sabio que calla porque sabe que las palabras precipitadas hacen daño. Es el del técnico que, ante un tablero de control para el que fue entrenado en condiciones de laboratorio, descubre que los indicadores no responden como el manual predice.

Lo que los hechos están imponiendo, con la fuerza acumulada de varios choques simultáneos, es el reconocimiento de que los modelos de los bancos centrales no sirven. Cada vez resulta más evidente que el único instrumento que utilizan produce efectos imprevisibles cuando los problemas son de naturaleza mixta y compleja. La arquitectura de la política monetaria está mal diseñada y no es útil ante los problemas económicos de nuestro tiempo.

Todo indica que los bancos centrales empiezan a ser conscientes de ello. Lo dicen, entre líneas, cuando admiten, como Lagarde, que no pueden “ofrecer orientación”, o cuando Powell subraya la incertidumbre como si fuera una novedad y no la condición permanente de la economía real.

Por eso, ahora que el entrenador les dice que se preparen para salir al campo, les tiemblan las piernas.

Las reformas que se necesitan

Es un error alegrarse de la moderación y cautela actual de los bancos centrales. Es sólo una muestra de su impotencia que nos indica la urgencia de rediseñarlos profundamente.

Hay que ampliar su mandato más allá del control de la inflación, incluyendo estabilidad financiera sistémica, prevención de burbujas de activos, sostenibilidad ambiental y objetivos de desarrollo sostenible, evaluando los efectos distributivos de cada decisión.

Se debe redefinir la medición de la inflación, incluyendo el precio efectivo de la vivienda –no el alquiler equivalente hipotético– y los activos que realmente determinan el bienestar de las personas y la buena marcha de las empresas.

Es imprescindible sustituir la brocha gorda de los tipos de interés por instrumentos quirúrgicos

Es imprescindible sustituir la brocha gorda de los tipos de interés por instrumentos quirúrgicos: coeficientes de capital contracíclicos, límites a la relación préstamo-valor en hipotecas, requisitos de liquidez sectoriales que actúen sobre los focos de fragilidad sin ahogar el conjunto de la economía…

Urge reformar su gobernanza: los órganos de gobierno de los bancos centrales son socialmente homogéneos, lo que genera puntos ciegos colectivos. Se necesita diversidad de enfoques, rendición de cuentas real ante los parlamentos y evaluaciones externas independientes.

Y es fundamental institucionalizar la coordinación de su política monetaria con la política fiscal, no como subordinación, sino como arquitectura: protocolos formales, transparentes y sujetos a rendición de cuentas.

El problema no es que los bancos centrales se equivoquen tanto. Es que actúan como si no pudieran equivocarse nunca. Y que se lo estamos permitiendo.

Juan Torres López

Es economista y catedrático jubilado de Economía Aplicada. Es miembro del Consejo Científico de Attac España

La entrada A los bancos centrales les tiemblan las piernas se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Fotografía: La vacuna del Oeste. En Barrio del Oeste. Salamanca

Cómo la industria obstaculiza la regulación de las sustancias químicas tóxicas

Informe publicado por CIEL (Center for International Enviromental Law) y Corporate Europe Observatory

La contaminación por sustancias químicas tóxicas es una crisis que afecta al mundo entero. ¹ Se han identificado en total 350.000 sustancias químicas y mezclas diversas en los inventarios de los países y regiones, ² y las pruebas demuestran que muchas de las sustancias químicas industriales son dañinas para la salud de las personas. ³

A pesar de que existe cada vez mayor evidencia de la presencia de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente y en el organismo humano, las brechas regulatorias aún abundan. ⁴ Si bien existen diversas razones que explican esta situación, un factor clave que contribuye a la brecha regulatoria es el uso de diferentes tácticas engañosas por parte de los fabricantes para seguir produciendo y comercializando productos tóxicos.

Dese el tabaco a los combustibles fósiles, del plástico a las sustancias químicas, hay un largo historial de intereses corporativos y de sus aliados que emplean tácticas engañosas para evitar la regulación de los productos dañinos. A continuación, se enumeran algunas de las tácticas más habituales: ⁵

• No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: cuando una investigación interna de una empresa revela información perjudicial sobre sus productos, en muchas ocasiones dicha información no se comparte con el público en general, ni con los reguladores, o se oculta adrede. ⁶
• Menoscabo de la ciencia independiente y realización de investigaciones que favorezcan a los intereses corporativos: se financia a los académicos para que promuevan hallazgos amigables para la industria, se seleccionan las conclusiones por conveniencia y se refuerzan los hallazgos amigables en el discurso público o con vistas a influir en los procesos legislativos; ⁷ se critica el diseño de estudios independientes o se vuelven a analizar datos sobre la base de parámetros nuevos a fin de obtener resultados que respalden las pretensiones respecto de la inocuidad de sus productos; ⁸ se realizan análisis que inducen al error a modo de generar soluciones engañosas; ¹⁰ no se revelan las fuentes de financiamiento de la industria ni los conflictos de interés en las investigaciones académicas. ¹¹
• Señalamiento de «otras causas» como generadoras de los daños: se desvía la culpa de un producto o de una industria mediante la cita de otras causales alternativas para los impactos negativos. ¹²
• Intimidación de científicos independientes que son usados como blanco de críticas: se desacredita a determinados autores y se acosa e intimida a científicos que publican estudios que echan luz sobre los impactos en la salud de un producto industrial específico. ¹³
• Desarrollo de campañas de RR.PP.: se difunden mensajes en favor de la industria para redefinir la narrativa en torno a los productos. ¹⁴
• Utilización de grupos fachada: se financian grupos de base falsos (una práctica que se conoce como «astroturfing») y se reclutan participantes para darle credibilidad a las narrativas amigables para la industria y promoverlas. ¹⁵
• Aprovechamiento de vacíos legales o engaño al sistema: se identifican y aprovechan las lagunas en la legislación, mediante una elusión deliberada de las normas, o una conspiración dentro de la industria para evitar la regulación. ¹⁶
• Énfasis en los costos económicos por sobre todos los demás: se manipulan datos para distorsionar los análisis de beneficios en función de los costos, lo que lleva a una sobreestimación de los costos de la regulación y una subestimación de los beneficios. ¹⁷

Cuando la industria genera dudas, realiza cabildeos con los reguladores y políticos, y presenta de forma engañosa sus productos como «seguros» a fin de demorar, limitar o impedir la regulación en el ámbito nacional, regional o global, lo hace a expensas del medio ambiente y de la salud de las personas. ¹⁸

A menudo las empresas se presentan como socios esenciales en la formulación de las políticas ¹⁹ ya que tienen acceso exclusivo a los datos sobre las sustancias químicas que utilizan, y en muchas ocasiones alegan la «confidencialidad». ²⁰ Sin embargo, los registros históricos indican un patrón de participación deshonesta en los procesos de políticas y de regulación mediante el ocultamiento de datos y su manipulación, o a través de intentos por desacreditar la ciencia independiente que da a conocer los daños que pueden generar sus productos. El secreto y la confidencialidad comerciales no deben usarse como excusas para integrar a los fabricantes y cabilderos en los procesos de formulación de políticas y en los órganos de toma de decisiones. Las empresas y sus asociaciones comerciales no deben tener la posibilidad de influir en la formulación de políticas respecto de las sustancias dañinas que fabrican, ni tampoco en el marco más amplio de políticas sobre sustancias químicas. Las instituciones deben desarrollar políticas sólidas sobre conflicto de intereses a fin de salvaguardar la formulación de políticas de aquellos intereses ya creados.

Los siguientes cuatro estudios de caso ilustran algunas de las tácticas que se describieron más arriba.

Estudios de Caso

No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés, también conocidas como «sustancias químicas eternas») pertenecen a un grupo de más de 10.000 ²¹ sustancias químicas sintéticas cuya principal propiedad de ‘persistencia’ se deriva de los fuertes enlaces entre el carbono y el flúor. En el marco del Convenio de Estocolmo, algunas PFAS se han identificado globalmente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en tanto muchas otras con una persistencia similar e igual de preocupantes no se encuentran incluidas en la lista. ²² Las PFAS tienen propiedades impermeables, antigrasa y resistentes al fuego, por lo que se utilizan ampliamente en la industria y en productos profesionales y de consumo, desde maquinaria hasta impermeables para la lluvia. Pero es enorme el precio que se paga por ello en la salud humana y animal, así como en el medio ambiente, y algunos lo consideran uno de los problemas de salud pública y ambiental más urgentes del mundo moderno. ²³ Es muy probable que se identifiquen otros problemas para la salud humana y ambiental cuando se continúe con las investigaciones de esta clase de sustancias químicas. ²⁴

Existe cada vez más evidencia sólida, aportada por científicos independientes, de que la producción de PFAS debería regularse y restringirse. Las PFAS son sumamente problemáticas debido a su alta persistencia, ²⁵ lo que brinda una «base suficiente para su regulación.» ²⁶ Ya se ha comprobado que algunas PFAS son tóxicas y se las asocia con efectos que alteran el funcionamiento endocrino, también con la carcinogenicidad, toxicidad para el sistema reproductivo, efectos sobre el sistema inmune, y el metabolismo de los lípidos. ²⁷ La investigación además demuestra que la contaminación por PFAS no puede eliminarse durante determinados momentos clave de su ciclo de vida, ni tampoco durante la fabricación de algunas de las PFAS más controvertidas (por ejemplo, los fluoropolímeros), ²⁸ ni al finalizar dicho ciclo, durante el proceso de incineración tradicional. ²⁹ Además, queda claro que resultarían prohibitivos los costos de eliminar las PFAS de nuestros cuerpos ³⁰ o del medio ambiente. ³¹ Por otro lado, aún no existen tecnologías de limpieza totalmente efectivas y escalables.

Desde fines de la década de los noventa, los tribunales de los Estados Unidos obligaron a los principales productores de PFAS a revelar información sobre su toxicidad, aunque durante décadas habían ocultado la evidencia para evadir y luchar contra la regulación. ³² Los análisis académicos de documentos antaño secretos de productores de PFAS como DuPont y 3M demuestran que para el año 1970, las empresas sabían que estas sustancias químicas resultaban «altamente tóxicas cuando se inhalaban y moderadamente tóxicas cuando se ingerían.» ³³ Esto sucedió cuarenta años antes de que la comunidad de salud pública tuviera conocimiento de los daños que causaban dichas sustancias. ³⁴ Estos documentos además demostraron que los fabricantes utilizaron «diversas estrategias que se aplicaban también al tabaco, la industria farmacéutica y otras industrias para incidir en la ciencia y la regulación en particular, mediante la supresión de la investigación desfavorable y la distorsión del discurso público.» ³⁵ En consecuencia, se demoró significativamente la acción a nivel regulatorio. ³⁶ De igual modo, las investigaciones han demostrado que Arkema, un importante productor francés de sustancias químicas, cuyos productos incluyen PFAS, conocía los daños que producían estas sustancias desde al menos finales de los noventa y podrían haber limitado su propagación al medio ambiente diez años antes de que se tomara acción al respecto. ³⁷

Cuando la regulación de algunas PFAS resultó inevitable, la industria financió su propia ciencia para justificar sus demandas de exenciones respecto de clases enteras de PFAS para que no quedasen sujetas a la regulación. El Proyecto «Forever Lobbying» (cabildeo eterno) una investigación interdisciplinaria transfronteriza que se lanzó en 2025- reveló la importancia de dos artículos científicos muchas veces citados, ³⁸ cuyos autores eran consultores del sector industrial o empleados de las empresas fabricantes de fluoropolímeros. Se aprovecharon estos artículos para respaldar las pretensiones de la industria que sostiene que los fluoropolímeros deben exceptuarse de la regulación ya que son demasiado grandes para penetrar en las células o causar daños. ³⁹ Afirman que los fluoropolímeros son «Polímeros que generan poca preocupación» conforme los criterios establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ⁴⁰ En realidad, la OCDE nunca ha acordado tales criterios, ⁴¹ y puede sostenerse que afirmar lo contrario fue «de dudosa honestidad». ⁴²

Tal como informó en 2024 la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por su sigla en inglés), a pesar de que las empresas tenían conciencia de la persistencia de las PFAS y de sus potenciales peligros, «no informaron como correspondía al público ni a los reguladores» y «contribuyeron de un modo significativo a la propagación descontrolada de PFAS a través de varios ambientes y poblaciones.» ⁴³ En la actualidad, y a pesar de la crisis de contaminación por PFAS, la regulación sigue siendo claramente irregular. El Convenio de Estocolmo que regula los COP ayudó a la eliminación gradual de algunas PFAS ⁴⁴ luego de años de oposición por parte de la industria. Sin embargo, con posterioridad a la reglamentación de una sustancia química, las empresas, en general, la reemplazan con alguna PFAS similar o con sustancias que se degradan en PFAS (un proceso que se conoce como ‘sustitución lamentable’). ⁴⁵

En el ámbito de la UE, se intenta hoy en día desarrollar una restricción amplia que cubra casi todas las PFAS a fin de evitar las sustituciones lamentables. ⁴⁶ Sin embargo, el proceso se enfrentó a múltiples desafíos que debilitan los esfuerzos por regular y prohibir las PFAS. Existe evidencia de que la industria tiene un acceso privilegiado a los encargados de tomar las decisiones, ⁴⁷ de que promueve «un temor engañoso, exagerado o potencialmente deshonesto» mediante el cabildeo a través de mensajes sobre la ciencia, las alternativas y la economía, ⁴⁸ y que impulsa soluciones derivadas de la industria para la crisis de contaminación por PFAS. ⁴⁹

Existen daños a partir de las PFAS bien documentados y los responsables de tomar las decisiones cuentan con una justificación clara y urgente para regularlas. La industria tiene intereses creados para defender el statu quo. Ha demostrado que está dispuesta a esconder la verdad, a auspiciar la ciencia, a difundir información engañosas y estrategias de manipulación, y a luchar contra las iniciativas regulatorias y de políticas que podrían proteger el medio ambiente y la salud humana del daño causado por sus productos.

Menoscabo de la Ciencia Independiente: Bisfenol A (BPA)

Los bisfenoles son un tipo de sustancia química utilizada para producir polímeros y resinas. ⁵⁰ El Bisfenol A (BPA) sea tal vez el bisfenol más conocido, ⁵¹ una sustancia química disruptiva del sistema endocrino que interfiere con la función hormonal. ⁵² Otro uso importante que se le da al BPA es en la fabricación de policarbonato plástico que se utiliza habitualmente para el envasado de alimentos, por ejemplo, las botellas para bebidas, y el revestimiento de latas de metal. ⁵³ En un primer lugar, allá por la década de 1930, ⁵⁴ se halló que imita al estrógeno y, desde entonces, se han documentado muchos efectos sobre la salud, incluidos los impactos sobre el sistema reproductivo y el metabolismo, ⁵⁵ no siendo esta enumeración taxativa. El BPA también puede tener efectos inmunotóxicos e incidir en el neurodesarrollo, ⁵⁶ aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cánceres relacionados con lo hormonal y, además, puede afectar la fertilidad. ⁵⁷ Algunos efectos inclusive pueden pasar de una generación en otra. ⁵⁸ Un análisis de 2020 que evalúa 20 años de investigaciones sobre el BPA halló que hay «una abrumadora evidencia del daño» que produce a la salud humana la exposición al BPA, inclusive en dosis bajas. ⁵⁹

Un estudio de biomonitoreo de 2023 encontró que un 92% de los adultos en 11 países europeos presentaban BPA en la orina, lo que indica que muy probablemente esté presente en la mayoría de las personas. ⁶⁰

Los intereses comerciales detrás del BPA actúan a la defensiva y cuestionan la ciencia independiente que respalda su regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por su sigla en inglés) agregó el BPA a la lista de candidatas para ser consideradas Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP), actualizando el listado en diversas etapas a fin de incluir las propiedades tóxicas para la reproducción y aquellas endocrino-disruptivas con posibles efectos severos sobre la salud humana, además de los efectos de los disruptores endocrinos en el medio ambiente. La asociación de comercio e industria del plástico en Europa, que lleva el nombre de PlasticsEurope, le inició juicio a ECHA en ocasión de las tres actualizaciones efectuadas y ha perdido siempre. ⁶¹

En la causa PlasticsEurope c. ECHA (Caso T-636/17), que tramitó ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto de las propiedades de los disruptores endocrinos que afectan a las personas, la industria cuestionó de diversos modos los estudios científicos utilizados por ECHA para su toma de decisiones. PlasticsEurope argumentó que la Autoridad de Inocuidad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés) había señalado que algunos de los estudios tenían limitaciones o eran poco fiables. ⁶² Sin embargo, la evaluación de EFSA tenía otro alcance, al evaluar el riesgo relacionado con un uso en particular en lugar de abordar los peligros intrínsecos de la sustancia, por lo que los reclamos sobre las limitaciones no resultaron relevantes conforme lo que argumentaba PlasticsEurope. ⁶³ También afirmaban que no se les daba la debida importancia a ciertos estudios ni se los tomaba en cuenta y que dichos estudios no respaldaban las conclusiones de ECHA. ⁶⁴ La sentencia del Tribunal indicó que numerosos estudios demuestran los efectos adversos sobre los ciclos hormonales, algo que la industria no abordó en su demanda; que muchas de las críticas ya se habían tratado en el proceso de análisis a los fines de actualizar el listado del BPA; y que no impugnaba esas respuestas. ⁶⁵

De todos modos, algunos países y regiones con determinados regímenes políticos han regulado con éxito ciertas aplicaciones del BPA, y otros se encuentran en el proceso de hacerlo. Por ejemplo, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Suecia, Bélgica, el bloque comercial del MERCOSUR, China y Corea del Sur, cuentan con diferentes normas para el BPA presente en algunos o en todos los materiales que entran en contacto con los alimentos para bebés y niños, ⁶⁶ y la UE adoptó recientemente una prohibición más amplia del BPA en materiales que entran en contacto con alimentos. ⁶⁷ El Reino Unido se encuentra en proceso de considerar su regulación y la Agencia de Normas Alimentarias realiza consultas para proponer una prohibición respecto del BPA y otros bisfenoles en los materiales que entran en contacto con los alimentos. ⁶⁸ Habiendo dicho esto, muchas de las normas resultan insuficientes y limitadas en cuanto a su alcance.

El BPA también fue un tema que se abordó en las negociaciones en curso para contar con un Tratado Global sobre Plásticos. Existen varias propuestas para un listado global de sustancias químicas a ser reguladas que incluye el BPA, y los productos que lo contienen, en particular, juguetes, productos para niños y materiales que entran en contacto con los alimentos para niños menores de tres años, y que también son parte de las propuestas para la eliminación gradual de una lista de productos. ⁶⁹ Cada una de estas propuestas, así como otras que apuntan a prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en los plásticos fueron resistidas por los grupos industriales, ⁷⁰ cuya presencia ha sido bien documentada en las negociaciones del tratado sobre plásticos. ⁷¹

Establecimiento de Grupos Fachada: Benceno

El benceno es una sustancia química que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Desde hace tiempo, se sabe que tiene efectos graves para la salud, con informes que lo vinculan desde la década de 1890 con la anemia aplásica (una afección severa de la sangre), e informes que lo relacionaban con la leucemia ya en la década de 1920. ⁷² Existe hoy en día una evidencia clara del vínculo causal entre el benceno y la leucemia mieloide, así como asociaciones positivas con otros tipos de leucemia y de cáncer de la sangre. ⁷⁴ El benceno también es genotóxico, lo que significa que daña el ADN, siendo sus principales efectos la clastogenicidad (daño estructural a los cromosomas) y la aneugenicidad (número anormal de cromosomas). ⁷⁶

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado al benceno en el Grupo 1, «carcinogénico para los seres humanos» e indica que hay evidencia suficiente de que produce cáncer en los humanos, en una clasificación que existe hace décadas. ⁷⁷ En la UE, el benceno se clasifica como un carcinógeno 1A en la Directriz de Clasificación, Etiquetado y Envasado. ⁷⁸ En los Estados Unidos, se encuentra regulado en el marco de la Ley de Aire Limpio como «Contaminante Peligroso para el Aire». ⁷⁹

El benceno se encuentra estrechamente vinculado a los combustibles fósiles ya que está presente en productos petrolíferos como la gasolina y se libera durante la producción de plásticos. ⁸⁰ En tanto un análisis del American Petroleum Institute de 1948 llegó a la conclusión de que «la única concentración de benceno absolutamente segura es cero», ⁸¹ la industria intentó limitar la regulación del benceno, incluso a través de Concawe (Conservación del Aire y Agua Limpios en Europa), un grupo de investigación creado por empresas petroleras en 1963 para «llevar a cabo investigaciones sobre temas ambientales relacionados con la industria petrolera». ⁸² Concawe se opuso al establecimiento de límites de exposición ocupacional más firmes para el benceno en Europa e intentó incidir en la clasificación de IARC que sostenía que los gases de escape diésel eran cancerígenos para los seres humanos, así como en la evaluación de riesgos del benceno realizada por ECHA. En 2017, Concawe encargó un proyecto para volver a analizar los datos sobre el impacto del benceno a niveles de exposición bajos y presentó los resultados a ECHA. Se excluyeron «datos críticos, lo que imposibilitaba la observación del comportamiento ante dosis bajas», conforme lo indicó un experto en salud ambiental. ⁸³ Este informe se incluyó en el análisis de ECHA, pero en marzo de 2018, el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) finalmente recomendó un límite de 0,05 ppm.

Durante dicho proceso y una vez publicada la recomendación, Concawe continuó oponiéndose a las conclusiones del órgano científico de la UE mediante el envío de una carta a la presidencia del CER en noviembre de 2017 donde expresaba sus inquietudes y proponía un límite de 0,5 ppm durante tres años, para luego llegar a 0,25 de allí en más, conforme un documento de posición del mes de marzo de 2019, seguido de una reunión en abril de 2019 con un órgano de la Comisión Europea. ⁸⁴ En última instancia, la UE prestó su acuerdo a una propuesta casi idéntica, mediante la adopción de límites de exposición de 0,5 ppm de abril de 2024 a 2026, y un límite algo más estricto de 0,2 ppm de allí en adelante. La Comisión Europea presentó esto como «la opción más equilibrada entre una protección adecuada de los trabajadores en la UE y la prevención del cierre y otras desventajas severas para las industrias.» ⁸⁵ Ello ilustra más que nada el papel y el poder de los grupos fachada y de las estrategias de desinformación de la industria al menoscabar las políticas y la regulación que buscan proteger la salud humana y el medio ambiente.

Combinación de Estrategias de Desinformación: Plaguicidas

Existe un amplio consenso científico de que los plaguicidas juegan un papel clave para lograr una disminución en la cantidad de insectos, lo que incluye los polinizadores que resultan vitales para nuestra provisión de alimentos. ⁸⁶ Los actores de la industria han empleado una serie de tácticas para asegurar que sus productos, incluidas muchas clases de plaguicidas, permanezcan en el mercado. En particular, ha estado en el candelero el grupo de neonicotinoides (también conocido como neónicos o NNI), uno de los insecticidas de uso más generalizado. Los neonicotinoides atacan el sistema nervioso central de los insectos y es habitual su uso en tratamientos sistémicos, incluidos los revestimientos de las semillas. A medida que la planta absorbe en forma gradual el insecticida, los insectos se encuentran expuestos en forma constante. En la UE, el primer insecticida neonicotinoide fue autorizado en 2005. ⁸⁷ Para el año 2012, la nueva evidencia científica llevó a la Comisión Europea a solicitarle a EFSA que analice los riesgos asociados al uso de clotianidina, imidacloprid y tiametoxam en abejas. ⁸⁸ Los estudios también señalaron daños relevantes para la salud humana a partir de estas sustancias. ⁸⁹

En 2013, la EFSA publicó un Documento de Orientación sobre la evaluación de riesgos en relación con los efectos de los plaguicidas en las abejas («Documento de Orientación sobre las Abejas»), ⁹⁰ así como un Dictamen Científico en la que EFSA concluyó que los tres neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) representan un riesgo severo para las abejas. ⁹²

En respuesta al Dictamen sobre los tres neonicotinoides, Syngenta, el desarrollador y mayor productor de tiametoxam, ⁹³ solicitó una revisión. En una carta del año 2012 a la Comisión Europea, ⁹⁴ la empresa planteó que los neonicotinoides «no dañan la salud de las poblaciones de abejas», aun cuando el Documento de Orientación sobre Abejas se basó en numerosos estudios publicados antes de dicho año. Bayer, otra empresa química que produce neonicotinoides, ⁹⁵ encargó a «un panel de científicos especializados en abejas» su propio análisis del Dictamen de EFSA. En realidad, los científicos fueron parte de un panel que incluía a la empresa Exponent, ⁹⁶ defensora de productos.

David Michaels, profesor del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad George Washington, afirma que las corporaciones contrataron empresas de defensa de productos para ayudarlos a crear incertidumbre científica sobre posibles daños causados por sus productos. ⁹⁷ Exponent sostuvo que EFSA «sobreestima los riesgos para las abejas melíferas» y no señaló los plaguicidas sino otras causas como, por ejemplo, «un mantenimiento inadecuado de las colmenas.» ⁹⁸ Este análisis se realizó junto con una campaña de cabildeo masivo por parte de los productores Bayer y Syngenta, y la amenaza de acciones judiciales por parte de Syngenta. ⁹⁹

La UE finalmente prohibió en 2018 el uso al aire libre en la UE de los tres neonicotinoides imidacloprid, clotianidina y tiametoxam-. ¹⁰⁰ Sin embargo, la prohibición se ve constantemente socavada ¹⁰¹ por un vacío legal que permite exenciones en el ámbito nacional. Del mismo modo, el Documento de Orientación sobre Abejas de la EFSA (publicado en 2013) ha experimentado muchas demoras en su implementación. Croplife Europe ¹⁰² le escribió a la Comisión Europea expresando su oposición al Documento por su «nivel irrealista de conservadurismo,» ¹⁰³ y muchos países de la UE bloquearon su implementación, repitiendo los argumentos de la industria. ¹⁰⁴ Las empresas ahora piden un mayor involucramiento de la industria ¹⁰⁵ «en todas las etapas» del desarrollo de documentos de orientación de la UE.

Surgió otra estrategia cuando Dow y Bayer lanzaron en el mercado de la UE dos insecticidas nuevos, sulfoxaflor y flupiradifurona. Estas sustancias químicas tienen el mismo mecanismo de acción que los neonicotinoides. Ahora bien, en 2012, ¹⁰⁶ Dow y Bayer crearon dos categorías nuevas de insecticidas para caracterizarlos de un modo diferente. Las dos sustancias químicas se prohibieron en Francia a partir de 2018 ¹⁰⁷ debido a su mecanismo de acción idéntico a los neonicotinoides. En contradicción con la evidencia científica, Bayer sigue vendiendo y elogiando los plaguicidas sobre la base de flupiradifurona ¹⁰⁸ debido a que son «ambientalmente amigables para las abejas melíferas y para los abejones y para la mayoría de los insectos beneficiosos.»

Un elemento clave en las estrategias de algunas empresas productoras de plaguicidas para lograr que se autorice su producto son los intentos frecuentes por ignorar o descalificar evidencia independiente, revisada por pares y que surge de la evaluación regulatoria, ¹⁰⁹ solo permitiendo que se considere única o principalmente la ciencia proveniente de la industria. ¹¹⁰ Por ejemplo, las autoridades utilizan la escala de puntuación de Klimisch para evaluar la fiabilidad de los estudios toxicológicos. Este sistema lo desarrollaron tres empleados de BASF y se ha utilizado para descartar los estudios independientes. ¹¹²

Se ha inclusive demostrado que algunas empresas productoras de plaguicidas tratan de incidir en las evaluaciones científicas a los fines regulatorios mediante estudios fantasma (una táctica considerada como fraude científico). Tres ejemplos para destacar en cuanto a los escritos fantasma se relacionan con Monsanto y el glifosato (el ingrediente activo en RoundUp). En el año 2000, se publicó en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology una evaluación de inocuidad y una evaluación de riesgo de RoundUp donde se sostiene que «no hay ningún indicio preocupante para la salud humana.» ¹¹³ El artículo que se conoce como el de Williams, Kroes, y Munro fue citado como evidencia de la inocuidad del glifosato durante dos décadas y fue apuntalado por numerosas normas aún después de que un juicio de 2017 sacase a la luz correos electrónicos que sugieren que los empleados de Monsanto fueron los autores fantasma de dicho documento. ¹¹⁴ Finalmente, el artículo fue retractado en 2025, ¹¹⁵ con posterioridad a un artículo científico de Kaurov y Oreskes. Sin embargo, tal como lo señalaron estos autores, el retiro del artículo «no borrará 25 años de influencia.» ¹¹⁶ Existe evidencia de que un segundo documento que se publicó como el de ‘Kier & Kirkland 2013,’ también había sido en parte un artículo fantasma y, desde su publicación, no ha sido retractado. ¹¹⁷ En Kier & Kirkland, los correos electrónicos y documentos internos de la empresa demostraron que un empleado de Monsanto fue señalado en primera instancia como autor y luego eliminado antes de su publicación. ¹¹⁸ Esta misma táctica se repitió en otro artículo sobre glifosato que se centraba en impactos en el sistema reproductivo, en el cual el empleado de Monsanto fue eliminado de la lista de autores. ¹¹⁹

Conclusión y Recomendaciones

La evaluación de riesgos y la prevención de los daños a la salud humana y al medio ambiente derivados de las sustancias químicas constituyen el eje central de su gestión. La evidencia histórica demuestra que muchas empresas que fabrican estos productos minimizan, tergiversan o manipulan la información científica sobre los peligros de sus productos para resistirse a la regulación o demorarla. La protección de la salud y el medio ambiente requiere tener en cuenta este hecho comprobado y actuar en consecuencia.

Con ese fin, se debe prohibir la participación en los procesos regulatorios a aquellas empresas que fabrican, introducen en el mercado, venden, utilizan y comercian sustancias reguladas (en especial sustancias químicas, plaguicidas y plásticos) que pueden causar daños al medio ambiente y/o a la salud. Estas empresas y las asociaciones comerciales afines no deberían poder influir en la formulación de políticas sobre las sustancias peligrosas que fabrican, ni tampoco incidir en el marco más amplio de políticas sobre productos químicos. En tanto deberían poder participar en consultas públicas o audiencias, o responder a solicitudes oficiales de información sobre sus productos, no deberían poder ejercer presión en privado sobre los encargados de formular las políticas, ofrecerles atenciones, ni gozar de otro tipo de acceso informal o tras las bambalinas. Este enfoque no sería inédito. Tras constatar que la industria tabacalera socava de manera sistemática la toma de decisiones de interés público en materia de salud, las autoridades de salud pública actuaron, y la OMS adoptó normas para ayudar a garantizar que la industria del tabaco no participe en la elaboración de políticas de salud pública. ¹²⁰

A fin de hacer cumplir lo antedicho, es fundamental que existan normas y procedimientos claros sobre conflictos de interés en los espacios de formulación de políticas y en los ámbitos científicos a nivel internacional, regional y nacional. Las autoridades del sector público también deberían implementar normas sobre transparencia que exijan la divulgación de cualquier reunión de cabildeo mantenida con la industria química. Resulta decisivo que los funcionarios establezcan con urgencia canales científicos sólidos, bien financiados y totalmente independientes que sirvan de base para la toma de decisiones sobre la regulación de sustancias químicas, a fin de evitar la dependencia de datos que son proporcionados por la industria.

Bibliografía complementaria:

Libros:

• Oreskes, Naomi and Erik M. Conway. «Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming.» Bloomsbury Press, 2010.
• Michaels, David. «Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health.» Oxford University Press, 2008.
• Foucart, Stephane, Stephane Horel, and Sylvain Laurens. «Les gardiens de la razón – Enquête sur la désinformation scientifique.» La Decouverte, 2020.

Artículos académicos:

• Evans-Reeves, Karen A., Britta K. Matthes, Phil Chamberlain, Nino Paichadze, Anna B Gilmore, and Melissa Mialon. «Intimidation against advocates and researchers in the tobacco, alcohol and ultra-processed food spaces: a review.» Health Promotion International 39 no. 6, (2024). https://doi.org/10.1093/heapro/daae153.

Acknowledgments

The Pollution Playbook: How Industry Blocks Regulation of Toxic Chemicals was authored by Rachel Radvany (Center for International Environmental Law) and Vicky Cann and Nina Holland (Corporate Europe Observatory). It was edited by Cate Bonacini. Special Thanks to Giulia Carlini, Claire Robinson, Noa Simon Delso, David Azoulay, Aidan Steer, Barnaby Pace, and Elana Baurer for their review and project support.

Corporate Europe Observatory is registered in the EU lobby transparency register under identification number 5353162366-85. CIEL is registered under identification number 001245815997-85. Errors and omissions are the sole responsibility of CIEL and Corporate Europe Observatory. This issue brief is for general information purposes only. It is intended solely as a discussion piece. It is not and should not be relied upon as legal advice. While efforts were made to ensure the accuracy of the information contained in this issue brief, the information is presented «as is» and without warranties, express or implied. If there are material errors within this issue brief, please advise the authors. Receipt of this issue brief does not create an attorney-client relationship. Please send comments or question to info@ciel.org to be sure of a reply. February 2026

La entrada Compendio de estrategias frente a la contaminación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Fotografía: El 9 de febrero, activistas de XR Bélgica, apoyadas por Greenpeace, cerraron las oficinas del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), uno de los grupos de presión industrial más poderosos de la UE, en un intento de señalar a los responsables del importante retroceso actual en materia de protección de la salud y el medio ambiente.

Tom Kucharz @tomkucharz Publicado originalmente en El Salto Diario.

La Comisión Europea y la industria química vuelven a poner en cuestión uno de los principios básicos de la protección sanitaria y ambiental: limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas. Bajo el nombre aparentemente técnico de “paquetes ómnibus”, Bruselas está impulsando una serie de reformas legislativas que, lejos de mejorar la regulación, buscan recortarla a costa de debilitarla.

Desde principios de 2025, la Comisión Europea ha lanzado diez de estos paquetes legislativos. El denominado Ómnibus VI sobre sustancias químicas apunta directamente a la regulación de productos cosméticos y podría permitir que sustancias peligrosas sigan utilizándose durante más tiempo en productos de uso cotidiano.

Si esta legislación se aprueba en su forma actual, supondría un grave retroceso para la salud pública en Europa, ya que facilitaría la presencia en cosméticos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

Una desregulación que beneficia a la industria

El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento ómnibus VI. El objetivo declarado es simplificar normas y reducir cargas administrativas para la industria. En la práctica, sin embargo, el texto introduce cambios que flexibilizan la prohibición de sustancias peligrosas en cosméticos y facilitan que permanezcan más tiempo en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ya en noviembre una posición sobre el texto, con algunas modificaciones menores. Posteriormente, el 12 de enero de 2026 se publicó el borrador del informe elaborado por los coponentes del Parlamento Europeo, que se mantiene en gran medida alineado con la propuesta de la Comisión e incluso profundiza algunos de sus retrocesos.

El paquete legislativo se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y será votado en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Mercado Interior (IMCO) el próximo 24 de marzo.

Más exposición a sustancias peligrosas

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de facilitar el uso de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción en cosméticos, así como prolongar su permanencia en el mercado.

Estas sustancias CMR llevan más de 20 años prohibidas en los productos cosméticos (Directiva Europea de Cosméticos de 2003). Esta prohibición constituye una salvaguardia esencial para proteger la salud de los consumidores y la normativa vigente ya establece un marco para solicitar exenciones caso por caso.

Pero con la “simplificación” normativa, la Comisión, el Consejo y los coponentes del Parlamento Europeo quieren introducir varias lagunas en la regulación de los cosméticos. Primero, facilitar las exenciones para usar sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) limitando la evaluación de alternativas. Segundo, prolongar considerablemente el tiempo durante el que estas sustancias pueden permanecer en el mercado. Y, tercero, excluir de la prohibición automática a algunas sustancias CMR, como aquellas cuyo riesgo se manifiesta por inhalación o ingestión o las presentes en extractos vegetales no modificados químicamente (por ejemplo, aceites esenciales).

También se propone eliminar algunos requisitos introducidos recientemente para mejorar la legibilidad de las etiquetas químicas —como tamaños mínimos de letra o estándares de espaciado— que permiten a los consumidores comprender mejor los riesgos de los productos.

Frente a ello, eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los Verdes, socialdemócratas y liberales han presentado enmiendas para reforzar la protección sanitaria. Entre otras medidas, plantean:

• Restablecer los requisitos de etiquetado que la Comisión quiere eliminar.
• Prohibir los disruptores endocrinos en cosméticos.
• Prohibir los llamados “químicos eternos” (PFAS) en productos cosméticos.
• Impedir que sustancias cancerígenas o tóxicas permanezcan más tiempo en el mercado.

Sin embargo, la mayoría política reaccionaria y autoritaria del Parlamento Europeo genera preocupación. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha cuentan con una mayoría potencial y existe el riesgo de que se alineen para mantener una agenda de desregulación favorable a la industria química.

Un proceso legislativo cuestionado

Además del contenido del ómnibus, también se ha cuestionado el modo en que la Comisión elaboró la propuesta. Varias organizaciones —entre ellas Corporate Europe Observatory, Générations Futures, Health and Environment Alliance, el European Environmental Bureau y el Center for International Environmental Law— presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea.

Según estas organizaciones, la Comisión Europea no presentó una base científica sólida ni llevó a cabo una consulta pública adecuada. En su lugar, se apoyó en un proceso informal de “reality check” dominado por la industria química.

La Defensora del Pueblo ha decidido examinar estas preocupaciones dentro de sus investigaciones más amplias sobre la toma de decisiones recientes de la Comisión.

Un problema de salud pública creciente

Este debate no es abstracto. La exposición a sustancias químicas peligrosas tiene consecuencias reales para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará problemas de infertilidad a lo largo de su vida. En Europa, alrededor de 25 millones de personas se ven afectadas por la infertilidad.

En Francia, por ejemplo, el número de nuevos casos de cáncer aumentó un 40% entre 2003 y 2023, y la concentración de espermatozoides en el semen masculino disminuyó un 32% entre 1989 y 2005. Los costes sanitarios siguen aumentando: el gasto en atención hospitalaria creció más de un 40% entre 2014 y 2024. No podemos permitirnos seguir exponiéndonos a riesgos evitables.

En este contexto, debilitar la regulación de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano resulta difícil de justificar desde el punto de vista sanitario.

La presión ciudadana puede marcar la diferencia

El debate parlamentario todavía está abierto. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas para movilizar a la ciudadanía y presionar a los eurodiputados para que rechacen las partes más perjudiciales del ómnibus.

Una de ellas permite interpelar directamente a representantes en el Parlamento Europeo para exigir que se incremente o se mantenga el actual nivel de protección frente a sustancias químicas peligrosas en cosméticos.

La iniciativa puede consultarse aquí: https://shaketonpolitique.org/es/interpelaciones/omnibus-6/

En un momento en el que la Comisión Europea habla constantemente de competitividad y simplificación normativa, conviene recordar que la protección de la salud pública no es una carga burocrática. Es un derecho fundamental.

Permitir que sustancias que sabemos que pueden provocar cáncer, mutaciones genéticas o problemas reproductivos sigan presentes en productos que usamos a diario no es simplificar la legislación. Es rebajar la protección de salud de la ciudadanía para satisfacer las demandas de los lobbies industriales.

Y esa es una motosierra regulatoria que no se debería emplear.

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Fotografía: William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educación Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Ángeles, en 2017.

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.

Pablo Elorduy TG: @p_elorduy Publicado originalmente en el Diario El Salto

A lo largo de la conversación, William I. Robinson (Nueva York, 1959) deja varias frases que no solo son un buen titular para la entrevista, sino un presagio funesto para los próximos años. Lo compensa con una confianza total en las masas y su capacidad para mover la historia. Como dice en su último libro publicado en España, ¿Puede perdurar el capitalismo global? (Traficantes de Sueños, 2025) para que la humanidad sobreviva no hay más alternativa que derrocar el capitalismo global, “es decir, sustituir el imperativo de la acumulación a toda costa por un sistema basado en la necesidad social y en la armonía con el resto de la naturaleza”. 

La entrevista tiene lugar por videoconferencia. Robinson está en California, uno de los focos de la oposición en las calles al proyecto de Donald Trump, que este sociólogo no duda en calificar como fascista. La publicación de ¿Puede perdurar el capitalismo global? sucede a su anterior ensayo en español, Mano dura (Errata Naturae, 2023) en el que explicaba la convergencia económica e ideológica que ha dado lugar al giro autoritario de los Estados en todo el mundo. Parte de esa mano dura es la que ha visto crecer y multiplicarse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), auténtico terror de las comunidades de personas migrantes y guardia pretoriana de Trump.

¿Cómo están siendo las protestas contra el ICE en Estados Unidos?
Yo estoy en Los Ángeles. Esta fue la primera ciudad que fue invadida por la fuerza de ICE y también por la Guardia Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces han ido ciudad por ciudad a declarar esta guerra. Ha habido protestas en todas partes, todas las comunidades se están organizando. Aquí y en las otras ciudades hemos organizado las patrullas comunitarias, que involucran ya a miles y miles de personas. Y lo más interesante es que no son solo los activistas tradicionales, que siempre han estado involucrados en las luchas sociales, en la actividad política, sino que hay un despertar de muchas capas de la población que antes no participaban en la política para nada.

¿Cómo se desarrolla en el contexto político de EEUU?
Hay unas divisiones muy agudas dentro de las clases dominantes y sus organizaciones políticas, incluyendo a los dos partidos principales, republicanos y demócratas. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Chicago, en Minnesota, en Nueva York, en Seattle, en Portland, en San Francisco, hay una cierta alianza, no organizada pero espontánea, entre las bases de todos los movimientos sociales. No solo se trata de los movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sino de movimientos populares de la izquierda junto con los gobiernos demócratas en estas ciudades. Sin declararlo así, es un término que hago mío y que se está usando espontáneamente, está surgiendo una coalición antifascista. Ya todos usamos la palabra fascista, pero espontáneamente han surgido esas alianzas que van más allá de las alianzas tradicionales anti-Trump, que son antifascistas.

¿Qué significa el ICE para el poder de Trump?
Es muy claro que ICE son las nuevas camisas pardas. Es una organización paramilitar, de tipo fascista. Y lo importante de ICE es que responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno, al que voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. No hablemos del derecho internacional. Trump dijo que no reconocía el derecho internacional sobre su propia moralidad. Pero bueno, aquí, en el interior de Estados Unidos, hay órdenes emitidas por los Tribunales, y simplemente ICE y este régimen hacen caso omiso, tanto de esas órdenes judiciales como de la Constitución. Es muy claro que el ataque o la guerra contra los inmigrantes va más allá de la cuestión migrante: es un ataque contra toda la clase obrera. 

¿A quién responde ICE?
Es muy evidente que esta fuerza paramilitar, que va creciendo a pasos agigantados, se ha convertido ya en un ejército privado de este régimen. Responde al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional). Sabemos que, dentro de cualquier Estado y en el proceso de toma de ese Estado por parte de un proyecto fascista, hay disputas entre diferentes departamentos y divisiones y ministerios. En este momento vemos claramente que el Departamento de Seguridad Nacional es el núcleo de la formación dentro del Estado de este proyecto fascista. Este ejército fascista va a servir para combatir cualquier disidencia, no solo con respecto a la cuestión migratoria. El primer paso es la guerra contra los migrantes. 

La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo

¿Cómo se lleva a cabo?
Hay una explosión de gasto estatal en esta guerra. Para ello están tomando fondos de la Marina norteamericana, es decir, de un presupuesto aprobado por el Congreso que el Pentágono destina a acciones fuera de Estados Unidos. Recientemente han trasladado a ICE otros 40.000 millones de dólares de la Marina, sin autorización, para la construcción de decenas o centenares —ni sabemos cuántos— de campos de concentración en todo el país. Esta masiva construcción de campos de concentración está planificada como una infraestructura permanente, que no tiene que ver simplemente con el alojamiento de inmigrantes antes de su deportación. Están sentando las bases para una infraestructura a largo plazo para detenciones masivas. Yo, de momento, puedo hablar de estas cosas con mis estudiantes. Por el momento, por nuestra resistencia, estamos frenando un poco la marcha del proyecto fascista, pero estamos en gran peligro aquí en Estados Unidos. Todo esto que estoy hablando es un reflejo de una cuestión mucho mayor que es la crisis de época de capitalismo global y sus dimensiones políticas aquí en Estados Unidos.

Examinemos esa crisis del capitalismo global de la que trata el libro. ¿Por qué se está produciendo?
Hay varias dimensiones determinantes, no es solo una. La dimensión económica estructural de la crisis de época es la primera que voy a nombrar. El capitalismo global comienza a enfrentar la imposibilidad de seguir reproduciéndose. Es una crisis de época que puede durar años y décadas, pero en realidad estamos entrando en el ocaso del capitalismo global. La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo. Primero hay que entender que la dimensión estructural de la crisis es la sobreacumulación. Es el estancamiento crónico, es la acumulación de enormes cantidades, trillones de dólares infrautilizados, que no tienen salida; la clase capitalista transnacional no tiene lugar ni posibilidades de descargar toda esa masa de capital sobreacumulado. 

Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas como consecuencia del calentamiento global

¿Cómo se han resuelto estos problemas en el pasado?
Hasta la fecha, la clase capitalista transnacional (CCT) ha tenido tres mecanismos para seguir descargando ese capital sobreacumulado y seguir empujando hacia adelante la economía global. Uno, ya sabemos, es la especulación financiera, que ya alcanza y la cifra es correcta, trillones de dólares. Se trata de capital ficticio. Segundo, es la deuda global. Esa deuda de consumidores y de Estados ya suma 325 billones de dólares. De tal manera, el crecimiento impulsado por el endeudamiento no puede seguir. La tercera dimensión es lo que califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Esta guerra contra las personas migrantes en Estados Unidos tiene sus fines políticos, como hemos estado hablando, pero también tiene un fin económico que es proporcionar una salida para el capital sobreacumulado. La guerra contra migrantes es muy rentable al igual que es enormemente rentable el genocidio en Gaza; como también lo son los conflictos armados y sistemas de represión transnacional alrededor del mundo en momentos de estancamiento crónico.

Esto ocurre en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental. ¿Cuál es la dimensión ecológica de la crisis?
Para llegar al meollo de la cuestión ecológica, ahora el sistema se encuentra en una nueva ronda depredadora y muy violenta de expansión para salir del estancamiento. La concentración de esta nueva ola expansiva y agresiva del capitalismo global tiene tres objetivos: uno, las tierras. Es decir, acaparar tierras. Segundo, energía. Energía por varias razones, pero sobre todo porque toda esta expansión depredadora está impulsada por la digitalización, que es central en el asunto del medioambiente. Necesitan construir miles y miles de centros de datos que consumen enormes cantidades de energía. Esto tiene que ver con Groenlandia, por favor, pregúntame más adelante por Groenlandia. Y lo tercero son los minerales que necesitan las nuevas tecnologías digitales y sobre todo, la inteligencia artificial. Estas tres dimensiones representan una intensificación de la apropiación de la naturaleza extrahumana y tiene unos efectos catastróficos sobre el medioambiente. Pero quiero ir más allá: hay una acumulación de destrucción y de desgaste del medio ambiente, sobre lo que es la naturaleza humana y extrahumana, que es al mismo tiempo una crisis de la reproducción social y de la reproducción de la naturaleza. Esta nueva oleada expansiva está intensificando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Pero la destrucción del medio ambiente está llegando a tal punto que llega a impedir la acumulación de capital. 

¿Cómo?
El pronóstico es que, entre 2030 y 2050, un tercio del planeta estará tan caliente que los seres humanos no van a poder vivir en zonas como en el norte de África, Oriente Medio, etcétera. En este momento, el capital está acumulando en esas zonas, pero no va a poder seguir haciéndolo en un futuro próximo. Otra dimensión es la de los territorios de producción agropecuaria, por ejemplo aquí en California, donde hay zonas de agricultura intensiva destinada a mercado global. Se va a producir un colapso de la agricultura por el cambio climático. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el punto es que hasta el momento el capital transnacional ha podido seguir acumulando alrededor del planeta sin atender a los efectos devastadores en el medio ambiente, pero eso está cambiando muy rápidamente. Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas.

Más impactos.
En 2025, una de las compañías de seguros más grande del planeta, y hay que tener en cuenta que las compañías de seguros también son parte del capital financiero transnacional, advirtió de que pronto no va a poder funcionar la industria global de seguros. Porque es demasiado costoso asegurar, por ejemplo, viviendas, inversiones, etc. a causa de los impactos y los riesgos ambientales. Si se produce una tormenta de dimensiones no vistas hasta ahora en Florida, algo que puede suceder, los daños pueden alcanzar billones de dólares. Las compañías de seguros ya no pueden asegurar a las compañías manufactureras, de logística, etcétera. Desde ese punto de vista, la crisis ambiental representa no solo una crisis de amenaza de extinción a los seres humanos, sino que también socava la posibilidad del capitalismo global de seguir acumulando.

Está el factor de las migraciones como causa del calentamiento global.
Los informes que tenemos sobre refugiados climáticos y refugiados por despojo, por la devastación ecológica, dicen que alcanzan ya 200 o 300 millones de personas. Según los pronósticos de las Naciones Unidas, va a rebasar las mil millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso abre la cuestión de cómo va a poder el capitalismo global, y quienes controlan este sistema, manejar esa cantidad de refugiados. Eso da una idea de las dimensiones ambientales de la crisis.

Los sectores militar-represivo, el big tech y las finanzas se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global

Igual que el Amazonas, Groenlandia es una zona crítica para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es una muestra del cortoplacismo de Trump esa apuesta por explotar los recursos naturales de esa isla?
Has usado la palabra cortoplacismo para referirte a Trump, pero esto no define solo a Trump, define a todo el sistema capitalista. Es necesario recordarlo: el capital tiene un solo objetivo, la acumulación de capital sin fin. Cualquier otro objetivo es secundario y no tiene importancia frente a la permanente acumulación de capital. Entonces, todo el sistema capitalista tiene una visión cortoplacista e inmediata. Han existido constreñimientos, ciertas medidas para suavizar un poco ese impulso hacia la acumulación, pero eso ha venido de Estados y de movimientos de masas, no del capital. Toda esta amenaza contra Groenlandia es parte de la misma ronda expansiva que estamos experimentando ahora. Realmente, el argumento de que se trata de seguridad frente a China y a Rusia es una cortina de humo, en realidad tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos petroleros y de gas, pero también tiene mucho que ver con la energía geotérmica, porque Groenlandia tiene increíbles posibilidades de generación de energía geotérmica. Esto requiere un paréntesis analítico. 

Adelante.
Está surgiendo dentro de Estados Unidos, pero también a nivel global, un nuevo bloque hegemónico dentro del capital transnacional que reúne a tres sectores de capital que se están fusionando. Y esos tres sectores son: las grandes compañías de la tecnología, vamos a llamarlo big tech, segundo, el complejo militar industrial, que no solo es militar sino que incluye todo el andamiaje de represión, por ejemplo ICE. Y tercero, el capital financiero transnacional. Esos sectores: militar-represivo, big tech y finanzas, se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global. Trump no representa los intereses de ese bloque, sino que es al revés: ese bloque tiene al trumpismo como el instrumento de expansión de sus intereses. 

Volvemos a Groenlandia.
Groenlandia tiene la energía, las tierras y los minerales, incluidas las tierras raras, que necesita ese bloque mientras se van derritiendo los glaciares. Hay un cuarto elemento que explica por qué quieren esa tierra. Porque quieren establecer estas empresas de extracción de energía, etcétera, con una nueva modalidad de gobernanza, una gobernanza directa por parte del capital transnacional. Los lectores se acordarán de los experimentos en ciudades empresariales en Honduras, por ejemplo. El gobierno golpista de Honduras, que ya está en el poder otra vez, entregó a un grupo de empresarios de las finanzas y la tecnología —incluyendo a Peter Thiel, de Palantir— Roatán, una isla en el Golfo de México, en la costa Atlántica de Honduras. Se les permitió controlar toda la isla con sus propias reglas, sus propios impuestos y su gobierno. Es el mismo modelo que ya tenemos en Texas: una pequeña ciudad manejada por Musk, donde el gobierno, el Estado, no entra. Quieren eso también en Groenlandia. Ese bloque hegemónico y sobre todo el grupo de las big tech vinculado con Palantir ya han hecho inversiones iniciales y han hecho estudios iniciales de cómo hacer esas ciudades en Groenlandia. La emergencia climática es mala para la humanidad, para el planeta, pero es muy buena en determinados aspectos para el capital, porque hace accesible zonas que no eran accesibles anteriormente. De alguna manera, Groenlandia se convierte en microcosmos de todo lo que está pasando a nivel global.

¿El proyecto de “Nueva Gaza” que se presentó en la Junta de la Paz en Davos forma parte de esa proyección de nuevas ciudades empresariales?
En primera instancia, no usemos ese término fascista, porque no es una Junta de Paz, es Junta de genocidio, es Junta de capital transnacional, es una invasión y una apropiación total de Gaza. Pero efectivamente, lo que quieren hacer en Groenlandia ya lo están haciendo en la Franja de Gaza. Esto muestra el proceso genocida del capitalismo global en esta fase: necesitan eliminar poblaciones sobrantes —lo que llamo la humanidad excedente— para tener acceso a recursos y convertir a esos territorios en zonas de acumulación intensiva para el capital transnacional. Sabíamos que Gaza tiene gas y tiene petróleo, tiene zonas frente al mar Mediterráneo muy valiosas para la especulación inmobiliaria. Pero no es solo eso, el proyecto es convertir a Gaza en un hub de lo que los grupos dominantes ahora llaman pax silica. Es decir, en un nodo regional para la alta tecnología y los centros de datos. Kushner, el yerno de Trump, lo dijo claramente en su discurso en Davos: Gaza es un caso de prueba. Si este modelo es exitoso ya se puede aplicar a otras zonas. Quieren convertir a todo Gaza en una franja empresarial. Todo está vinculado con los demás hechos que están pasando en Oriente Próximo.

¿En qué sentido?
La transformación radical de toda la geopolítica de Oriente Medio a partir del genocidio de los palestinos, y ahora de la destrucción de Rojava por parte del nuevo gobierno sirio, todo va dirigido a conformar un nuevo bloque geopolítico que una a los Estados del Golfo con Israel, con capital transnacional. Específicamente, es un plan del bloque hegemónico que mencioné. Ese es el nuevo rostro geopolítico que deja sentadas las bases necesarias para una mayor expansión del capital transnacional en Oriente Medio, a través de Gaza, encabezado por la alta tecnología y por la criptomoneda. Recordemos que la criptomoneda es la perfecta fusión de la alta tecnología con las finanzas. Gaza es símbolo, es modelo, es advertencia de lo que nos espera al planeta entero.

La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo

¿Hasta qué punto es relevante el ropaje teórico del trumpismo que representan figuras como Peter Thiel o Curtis Yarvin o solo se trata de un envoltorio para el impulso depredador del capital?
Tiene peso, pero lo que pasa es que la correlación de fuerzas todavía no es tan favorable para consolidar el proyecto fascista, porque aún hay muchas resistencias, muchas contradicciones. Pero la respuesta es que este es un proyecto fascista en el sentido sociológico. Estudiando la historia y el concepto sociológico, analítico y teórico del fascismo, es un proyecto fascista que se está incubando con Yarvin, con Thiel, con el trumpismo. Pero antes quiero detenerme en un punto. 

Adelante.
Hoy vemos a Trump en la pantalla a diario, y vemos a los representantes políticos, los ideólogos y los estrategas del proyecto fascista en las pantallas, en los medios sociales, etcétera, pero no vemos lo que está detrás. El mes pasado, The New Yorker ha publicado que Trump ha acumulado cuatro mil millones de dólares utilizando la presidencia como un cajero automático para su propia familia. Trump puede robar y ser corrupto. Mientras se le cepille, como se dice popularmente, su narcisismo, seguirá siendo un títere, el instrumento de este bloque de poder. En el primer mandato de Trump, la clase capitalista transnacional fue muy recelosa a la hora de sumarse a un proyecto fascista. Trump es fascista y racista desde hace mucho tiempo, pero el capital transnacional inicialmente no quería sumarse a un proyecto de este tipo: ahora sí. 

¿Por qué?
Por el poder de este nuevo bloque hegemónico. Ese bloque depende cada vez más de contratos del Estado. Palantir, por ejemplo, ha unificado los bancos de datos de decenas y decenas de diferentes agencias del Estado en un solo banco de datos. Eso es muy importante, porque en la guerra contra los migrantes están usando un solo fichero. La capacidad represiva del Estado se aumenta decenas o centenares de veces a través de ese sistema centralizado controlado por Palantir. Por un lado, el bloque hegemónico depende cada vez más de los contratos de Estado. Segundo, depende cada vez más de los subsidios del Estado. Tomemos el ejemplo del petróleo. Trump ha prometido miles de millones de dólares a los productores para que vayan a Venezuela. Eso es lo que está pasando con el bloque hegemónico: contratos, subsidios y, en tercer lugar, crear las condiciones, las políticas, necesarias para la acumulación de este bloque, desregulando la inteligencia artificial, desregulando todos los reglamentos para estas nuevas tecnologías digitales.

Esto desemboca en la asimilación por parte del capital del programa fascista.
Hay una fusión del Estado con el capital alrededor de un proyecto fascista. La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo, y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo. El tercer ingrediente para el fascismo, y ahí entra la cuestión ideológica a la que has hecho referencia —lo que distingue al fascismo de una simple dictadura— es la movilización fascista en la sociedad civil. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hay una movilización fascista de una parte de la población, no solo los Proud Boys, sino también del ala derechista del partido Republicano que ha movilizado a una base fascista. Esa base ha ido disminuyendo, puede ser hoy de un 20 % o 25 % de la población, pero hay una movilización abierta de esa base también a través de cristianismo nacionalista de ultraderecha. Todo eso es la movilización fascista. Esto está claro con ICE, que es el núcleo coercitivo militarizado del proyecto fascista. Otra pregunta es cuál es la ideología de ese proyecto. Y ahí entra Yarvin. Es una ideología mística, es una ideología de ultra nacionalismo xenofóbico. Cualquier proyecto fascista necesita racismo, pero también milenarismo. De ahí surge Make America great again, esa promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos.

Ese ultranacionalismo no es exclusivo de EEUU.
También lo tenemos en Rusia. Rusia no es fascista, es otra cosa, pero Putin también se basa en esa idea de recuperar la gran Rusia. También en China —no estoy diciendo tampoco que China sea fascista— todo gira en torno al ultranacionalismo. Alrededor del mundo hay un ultranacionalismo que es la respuesta autoritaria a la crisis. Yarvin habla de un rey, de un sistema monárquico, pero Thiel también habla de un Estado manejado, dirigido, controlado por tecnobillonarios, no por elecciones democráticas. Es confuso porque es una mezcla de todo un poco, pero sí estamos viendo surgir de una ideología fascista con sus diferentes dimensiones. Todo esto es un proyecto que se va consolidando de manera espantosa, pero también la resistencia inesperadamente va en un repunte y eso es lo que da esperanza.

Quizá la pregunta es demasiado simple, pero ¿cómo se explica para alguien que no que no sabe de economía que los milmillonarios sean cada vez más ricos y que a la vez podamos estar hablando de una crisis final para el capitalismo?
No es una pregunta sencilla. Es una pregunta de suma importancia. Comencemos primero con la naturaleza del capitalismo, que no es evidente. La naturaleza del capitalismo, cuando funciona sin contratendencias, es producir riqueza y polarizar esa riqueza. Es decir, una capa cada vez menor de capitalistas acumulan todo el dinero mientras las masas se empobrecen. Es la tendencia natural del capitalismo. La única forma de que el capital produzca ganancias es que la clase trabajadora, o sea, las personas que trabajan para el capital, produzcan valor y que la parte máxima que se puede extraer de ese valor vaya al capital y la parte mínima, al trabajador. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Lo importante aquí es que históricamente eso es una contradicción interna del capitalismo y siempre ha conducido a crisis. 

Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico

¿Qué tipo de crisis?
Las crisis cíclicas son recesiones cada diez años más o menos, pero las crisis estructurales se dan cada 40, 50 años, y esas son grandes crisis de sobreacumulación. Se dan cuando el capital ya ha acumulado tanto que no tiene dónde invertir y comienza un estancamiento mucho más profundo. Ahora estamos en una crisis estructural. La última crisis estructural fue en los años 70 del siglo XX, volveré sobre ella. Recordemos la otra gran crisis estructural, que fue la Gran Depresión de los años 30. Antes de eso tuvo lugar una crisis estructural enorme en los 1880. Anterior a eso, en 1830. Entonces, cada vez que hay una crisis no cíclica, no recesionaria, sino estructural, hay grandes trastornos, hay guerras internacionales y hasta mundiales, hay grandes reorganizaciones en el campo del capitalismo, hay lucha de clases, luchas sociales,… todo cambia. Estamos en uno de esos momentos de crisis estructural, que se convierte en crisis sistémica. Pero antes de abordar eso, lo que has llamado crisis final, déjame recuperar qué pasa a partir de la gran crisis estructural de los años 70. 

Ok.
En esa crisis estructural bajaba la tasa de ganancia e iba en aumento el poder y la capacidad de resistencia de las clases populares alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Es la época de las luchas de liberación nacional y decolonial en el Tercer Mundo, solo pensemos en el auge revolucionario de 1968. Entonces, a nivel global, el emergente capital transnacional que surge en los años 70 y en adelante enfrenta una crisis de la hegemonía capitalista. Tiene que reconquistar la legitimidad, tiene que reconquistar la rentabilidad, subir la tasa de ganancia y para ello lanza la globalización. Esto es de suma importancia. Porque lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80, es que las luchas de masas obligaron a muchos Estados a hacer dos cosas: número uno, regular el mercado, intervenir en la economía para regular el mercado, y dos, intervenir en la economía para redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo. Esas dos cosas, esas intervenciones del Estado, iban en dirección contraria a la tendencia a la polarización de la riqueza, es decir, la lucha de masas obligó a los Estados a tomar medidas que salvaron al capitalismo de su propia crisis, irónicamente. 

Eso se rompe en los años 70.
Cuando el capital lanza la globalización, a finales del siglo XX, el Estado deja de poder intervenir para regular el mercado a nivel de Estado-nación, ya no puede intervenir a redistribuir la riqueza hacia abajo. Entonces se retoma el proceso de la polarización de tal manera que, como sabéis muy bien, hoy en día un 1% de la humanidad controla más de la mitad de riqueza del planeta; el 20% (y cada vez menos del 20%) controla el 95%. El 85% de la población mundial ya ni siquiera puede consumir. Ahí está la población excedente. Son quienes no conforman un mercado para el capital transnacional: no producen plusvalor. Contra esa población excedente llevan a cabo el genocidio.

Esta es una crisis provocada por el capital que amenaza al capital.
Tenemos esta increíble polarización que representa una crisis para el sistema. Cuando vemos en los titulares que Musk va a ser el primer billonario hay que darse cuenta de que esa masa de capital es ficticia. Básicamente, la economía global obtuvo en 2025 un valor de entre 105 y 110 billones de dólares. Eso en la producción de bienes y servicios, de las cosas que necesitamos, desde el ordenador con el que estoy hablando contigo hasta la comida que vamos a comer hoy. Mientras, el sistema financiero respaldado en bienes, en activos, está en torno a 150 billones de dólares. Pero el sistema financiero no respaldado por activos asciende a 1,7 trillones de dólares. Eso quiere decir que una masa de capital ficticia no se corresponde con la realidad. Eso hace que el sistema no solo sea insostenible, sino que esto permite pronosticar una crisis catastrófica y una desvalorización masiva descomunal.

¿Para cuándo?
Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico. Pero ojo, esa no es la crisis final. Esa es la dimensión estructural. La crisis final viene de que hay que combinar la dimensión estructural con la dimensión social del colapso de una buena parte de la humanidad y la imposibilidad de reproducción social con el colapso de la biosfera. Todo se conjuga y el resultado final es que el capital ya enfrenta la imposibilidad de seguir reproduciéndose, llega a los límites de la capacidad de reproducción.

El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas (que no tiene que ver con la droga) en América Latina y la guerra contra migrantes es rentable

¿No va a haber crecimiento económico?
Mi pronóstico es que, si evitamos una tercera Guerra Mundial, va a haber una nueva época de prosperidad. Dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos en los próximos años es posible que las tecnologías digitales aumenten la productividad tanto que se vuelva a imponer por un tiempo la producción real sobre la especulación financiera. Entonces podemos tener un periodo de prosperidad como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para la masa de la humanidad, no para 4.000 o 5.000 millones de personas. Desde la lógica del sistema, se trataría de un periodo de estabilización con un Estado policial global en los años 30, los años 40 de este siglo. Para mí, la crisis final del capitalismo global, repito, si evitamos la Tercera Guerra Mundial, se va a desenvolver y a finalizar en la segunda mitad del siglo XXI. Soy consciente de que esto es especulativo. Analítico, pero especulativo.

Has mencionado el Estado policial global, la mano dura como negocio y práctica de disciplinamiento de las sociedades del que hablaste en tu anterior libro. Desde entonces se han producido hechos como la invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza que corroboran la hipótesis de que el capital está virando hacia la vía de las armas en su huida hacia adelante. ¿Crees que la acumulación militarizada es suficiente para que se dé el ciclo de valorización que el capital necesita en este momento?
La acumulación militarizada y acumulación por represión —son muy parecidos estos conceptos, pero no idénticos— tienen tres funciones. Uno, que es muy rentable en sí, como hemos hablado antes. Trump ya propuso para el año 2027 un presupuesto de 1,5 billones de dólares en el gasto militar estatal. Ese es prácticamente el 2% de toda la economía global solo para la acumulación de capital militarizado. Es enormemente rentable. El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas —que no tiene que ver con la droga— en América Latina, la guerra contra migrantes es rentable. El segundo aspecto que hay que resaltar de la acumulación militarizada es que la represión militar es como un martillo que abre violentamente espacios para la acumulación. Por ejemplo, la acumulación militarizada del Congo en Ruanda hace a algunos ricos en el Congo, pero sobre todo está abriendo espacio para el pillaje de los minerales. Entonces, la segunda dimensión de Estado policíaco global es que abre espacio para el capital a través de la violencia. Y por último, toda esta crisis genera enormes resistencias. Entonces, la tercera función del estado policíaco global es reprimir y controlar las resistencias. La pregunta que hacías es si la acumulación militarizada y por represión puede sostener la economía global frente al estancamiento y crisis. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. 

¿Por qué?
Tiene contradicciones internas, no genera nuevo valor, o es escaso. Me explico: genera nuevo valor en el sentido de que trabajadores producen un misil o un tanque o un avión de guerra, pero esas armas no tienen un mercado masivo, solo tiene un mercado con Estados y grupos paramilitares y armados y policiales, y solo se siguen produciendo si se utilizan en guerras, en destrucción. Eso es lo que [Joseph] Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Es tan contradictorio, que simplemente es una medida corto y medianoplacista para seguir dando oxígeno a la economía global. No es una solución.

Has hablado de la posible III Guerra Mundial. ¿Estamos ante un escenario de lo que se ha llamado “guerra civil global” o un conflicto como las grandes guerras del siglo XX?
Una guerra mundial, por un lado, sí, podría ser una acumulación de guerras civiles y guerras regionales, y en ese sentido vamos muy rápidamente hacia esa III Guerra Mundial. Lo que lo hace tan peligroso es el poder destructivo. No me refiero solo a las armas nucleares, sino a armas subnucleares que tienen tremendo poder destructivo, especialmente para el medio ambiente, ya que deja vastas zonas sin ninguna capacidad de agricultura, por tanto, de existencia. Pero si una tercera Guerra Mundial involucra o pone en conflicto directo a Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, ya estamos hablando de otro nivel. Y en ese nivel veo muy, muy difícil que sobrevivamos. A menos que sea muy limitada y que su fin esté negociado desde el comienzo.

China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris

Se habla mucho del imperio emergente contra EEUU, el imperio en declive, pero ¿qué papel juega en este momento China?
No estoy en contra de asumir la idea de un imperio en declive y otro imperio que está surgiendo, pero prefiero tener otro marco analítico. El capital chino es capital transnacional y se fusiona con el capital de todos los demás países del Oriente y se fusiona en una mezcla inseparable con el capital transnacional. Pero los Estados funcionan en otro nivel. Cada Estado tiene su propio proyecto basado en mantener su propio territorio, atraer al capital transnacional y tratar de convencer a ese capital transnacional de defender sus intereses estatales y políticos. En el caso concreto de China, hablamos de otro modelo de capitalismo. El Estado chino juega un papel central en la economía china en el sentido de que controla el sistema financiero, hay bancos privados, hay capital financiero privado. La mayoría del capital financiero es privado, de hecho, pero China controla el sistema financiero a lo interno, a diferencia de Estados Unidos y de la mayor parte de los países del mundo. Segundo, China puede dirigir las inversiones por medio sus políticas estatales. En Estados Unidos, el modelo puro neoliberal del Occidente lo impide. Y tercero, China tiene y puede movilizar recursos, por ejemplo, para la infraestructura, tiene infraestructura del siglo XXI, mientras Occidente y sobre todo Estados Unidos tienen infraestructura del siglo XX, incluso del siglo XIX, infraestructura que se está cayendo. Es otro modelo del capitalismo que da cierta vida a un capitalismo del siglo XXI con menor intensidad de crisis por un lado. 

¿Por qué?
Hay un sector del capital, el del trumpismo global, que representa a una parte de la elite, que tiene que ver con Israel, con Daniel Noboa, Nayib Bukele y Javier Milei en América Latina, con algunos de los movimientos ultranacionalistas en Europa. El Foro Económico Mundial representa otro sector, un sector reformista, un sector que ha elogiado al capitalismo chino y ha dicho que el capitalismo chino es el capitalismo que necesitamos para el mundo en el siglo XXI. Eso nos dice mucho de la estrategia de los intelectuales orgánicos de esa élite ilustrada y de cómo ven a China. Pero aquí entran las contradicciones del modelo de China. La primera es que el capitalismo se rige por la ley de valor, se rige por la rentabilidad y la urgencia de la rentabilidad. Se rige por una contradicción, aunque sea mediatizada por el Estado, entre capital y trabajo. Démonos cuenta de que China acaba de anunciar para 2025 un déficit comercial con el mundo de 1,2 billones de dólares. Eso no tiene precedentes y es un reflejo de la tremenda sobrecapacidad de la economía mundial. Esa sobrecapacidad es indicio de que la acumulación del desarrollo capitalista en China depende cada vez más de abrir mercados y apropiarse de recursos, expandirse alrededor del mundo. Y eso genera tensiones comerciales y políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

Es parte del mismo sistema en crisis.
China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris. La izquierda internacional, o sectores de la izquierda internacional, insisten en que China es el futuro para la humanidad, algunos dicen que es socialista, pero es ridículo. Hablando como sociólogo, ni siquiera como izquierdista, es capitalismo, es claramente capitalismo. Dicen que no hay problema y que beneficia al Sur Global, pero cuando estudiamos cada caso donde aterrizan las compañías publico-privadas chinas hay destrucción de medio ambiente, hay despojo, hay conflictos con las comunidades. Hay una apropiación rapaz de los recursos. El 90% del cobalto del Congo es extraído por las compañías chinas con un saqueo increíble. En América Latina es equiparable a lo que hace Estados Unidos: extrae minerales, despoja a la población local, indígena y campesina y abren minas. Y cuentan para ello con los ejércitos y las policías latinoamericanas para reprimir la resistencia. China es el socio comercial de Israel. Ha proporcionado tecnologías de reconocimiento facial y drones a Israel. No está participando directamente en el genocidio, pero está haciendo posible el genocidio. La idea de que China es el futuro de un capitalismo humanizado es ridícula; decir que es el socialismo del futuro es ridículo; decir que China es el gran amigo de las masas empobrecidas del sur global contradice la realidad empírica.

Hace tres años decías que el proyecto izquierdista transnacional era una necesidad ¿Ves avances? ¿Hasta qué punto debemos pasar a hablar de un proyecto antifascista transnacional para afrontar esta policrisis?
Sí, necesitamos un frente unido antifascista que tiene que ser transnacional. Los detalles de a quién incluye ese frente unido antifascista, cómo se formaría, si hay que entrar en alianzas con la élite, entre comillas, ilustrada de Davos, o si no, porque son realmente hoy capitalistas salvajes también, son interrogantes que no puedo contestar. Pero sí creo que es urgente ese frente unido antifascista. Pero siempre he dicho, y creo que lo hablamos un poco en la última entrevista, que hay un tremendo desfase a nivel global entre las sublevaciones y levantamientos populares alrededor del mundo, sobre todo la Generación Z. Las masas están listas para levantarse y a desafiar este sistema.

¿En qué te basas?
El capitalismo global sufre una crisis de legitimidad política entre las masas. El Instituto Cato, que es conservador, hizo una encuesta en 2025 a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en Estados Unidos. Constaba de dos preguntas: “¿A usted le gustaría tener socialismo?” El 62% dijo que sí. La segunda pregunta era “¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre el comunismo?” No socialismo, comunismo. El 34% dijo que era favorable. Y eso pasa alrededor del mundo en mayor y menor grado, país a país, especialmente en la generación Z. La masa de la humanidad, miles de millones de nosotros y nosotras, no podemos vivir en este sistema, no lo consideramos legítimo, estamos en levantamientos. Mientras la izquierda organizada e institucional sigue en una crisis. No ha sabido renovarse para el siglo XXI, no ha sabido dar un liderazgo o una visión mayor a esas masas que quieren desafiar al sistema. Ese desfase sigue ahí y es más urgente que nunca acabar con él. Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la gente ya está en pleno levantamiento y están formando coaliciones. Pero no hay izquierda. El Partido Demócrata es un partido en bancarrota que no ofrece nada. Algunos elementos sí, como Zohran Mamdani, pero el partido en sí no ofrece nada. Entonces tenemos este enorme desafío de cómo dar alguna coherencia a toda esta resistencia. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución. Solo tengo este diagnóstico sobre el problema.

La entrada William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Fotografía: reproducción grafiti de Banksy. Banksy. «You loot We shoot». «Tu robas. Nosotros disparamos»

Paco Cantero. Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado en Espacio Público

Debate principal: Tras el vendaval trumpista

El mundo no está asistiendo a una serie de conflictos aislados por caprichos territoriales o diferencias religiosas, ni tan siquiera para llevar la democracia a determinados países. Lo que vemos en las estepas de Ucrania, en las costas de Gaza, en el Golfo Pérsico y en las crecientes tensiones en el Estrecho de Taiwán no son más que los síntomas de una enfermedad mucho más profunda: el colapso sistémico del modelo financiero de Occidente. Mientras los medios de comunicación nos saturan con narrativas de “buenos contra malos”, en los despachos de la City de Londres y en las plantas nobles de los grandes fondos de inversión se libra una batalla mucho más fría: la lucha por la supervivencia de un sistema de deuda que ya no puede sostenerse por medios pacíficos.

La trampa de los 2,4 billones: El monstruo bajo la cama

Para entender por qué el tambor de guerra suena con fuerza en 2026, debemos dejar de mirar los mapas y empezar a mirar los balances. Se estima que el volumen de derivados financieros (esos complejos instrumentos de apuesta y cobertura que sostienen la banca global) ha alcanzado una cifra mareante: 1.000 billones de dólares en valor nocional, de los cuales, 2,4 billones es una cifra que se maneja en círculos de inteligencia financiera como riesgo de exposición crediticia bruta, es decir, representa el valor real de los contratos que están “en pérdida” y que no tienen garantía suficiente para cubrirse. Es el dinero que desaparecería del sistema si las contrapartes (bancos, fondos) no pudieran pagar sus apuestas mañana mismo.

Este castillo de naipes financiero, construido durante décadas de emisión de moneda sin respaldo y tipos de interés artificiales, está al borde de la implosión. Cuando la deuda ya no se puede pagar y los derivados amenazan con devorar a los bancos que los emitieron, las élites financieras solo tienen dos opciones: aceptar un colapso que les despojaría de su poder, o pulsar el botón de “reinicio” a través de una economía de guerra masiva. La guerra no solo justifica la inflación galopante y la escasez; permite el impago de deudas bajo el pretexto de la “emergencia nacional” y, lo más importante, destruye el capital sobrante para comenzar un nuevo ciclo de préstamos para la reconstrucción.

El eje City-Wall Street y la herencia del poder

No es ninguna coincidencia que la política exterior de Washington y Londres parezca diseñada para buscar el conflicto sistémico. Muchos analistas apuntan a que el núcleo de poder real no reside en los Parlamentos, sino en una red transnacional de intereses financieros con raíces históricas muy específicas. Hablamos de una élite sionista que algunos investigadores vinculan genética y estratégicamente con estructuras de poder ancestrales, cuya habilidad para manejar el comercio y el crédito se ha refinado durante siglos hasta mutar en la actual City de Londres.

Esta élite, que opera por encima de los Estados-nación, ve con terror el surgimiento de un mundo multipolar. El bloque BRICS+, liderado por Rusia y China, no es una amenaza militar en el sentido tradicional; es una amenaza existencial para el dominio del dólar y el euro. Al proponer sistemas de pagos alternativos y monedas respaldadas por materias primas (oro, petróleo, gas), están cortando el suministro de oxígeno de un Occidente que solo sabe producir moneda y deuda. Por eso, cualquier intento de paz, como el que se vislumbró en las reuniones de Estambul en 2022, es sistemáticamente boicoteado por figuras enviadas desde Londres o Washington. La paz es el peor enemigo del acreedor que necesita una guerra para cuadrar sus libros.

Ucrania y el Maidán: El laboratorio de la provocación

Para que haya guerra, debe haber un “agresor” y una “provocación”. Los eventos del Maidán en 2014 son el ejemplo perfecto de manual sobre como los servicios secretos occidentales pueden descarrilar la soberanía de un país para convertirlo en un ariete geopolítico. La narrativa oficial nos vendió una “lucha contra la corrupción”, pero la realidad de 2026 nos muestra una Ucrania donde la corrupción es más sistémica que nunca, donde el patrimonio público está siendo transferido a precio de saldo a gigantes como BlackRock, y donde una generación entera de jóvenes está siendo sacrificada en nombre de una expansión de la OTAN que el Kremlin siempre advirtió que sería su “línea roja”.

¿Fue Rusia la que avanzó hacia las fronteras de Occidente, o fue la maquinaria militar de la OTAN la que, ignorando todas las promesas de la posguerra fría, se plantó en el patio trasero de Moscú? La respuesta es evidente para quien no esté cegado por la propaganda. Occidente no buscaba la democracia en Ucrania; buscaba un conflicto de desgaste que desangraría a Rusia y justificara el rearme europeo, manteniendo a la UE bajo la bota del complejo militar-industrial estadounidense.

El doble rasero en Oriente Próximo

La misma lógica se aplica a la actual carnicería en Oriente Próximo. Mientras el Gobierno español, en un acertadísimo gesto de autonomía (al contrario que el lamentable posicionamiento de la oposición), se niega a prestar sus bases para atacar a Irán o participar en operaciones de dudosa legalidad internacional, el núcleo duro de las potencias occidentales sigue lamiendo las botas de una administración israelí que parece decidida a incendiar la región.

¿Por qué este apoyo incondicional a pesar de la evidencia de crímenes de guerra? Porque el conflicto en Oriente Próximo es el otro gran pilar que sostiene el control de las rutas energéticas y el sistema de petrodólares, Si Irán y sus aliados logran consolidar una hegemonía regional fuera del control financiero de la City, el sistema financiero occidental perdería uno de sus últimos puntos de apoyo.

Europa: De proyecto de paz a vasallo financiero

La tragedia final de esta situación es la propia Unión Europea. Lo que nació como un sueño para evitar la guerra en el continente se ha convertido en un ente tecnocrático al servicio de los mercados. La soberanía de los países europeos ha sido secuestrada por una Comisión Europea que actúa más como un consejo de administración de una multinacional que como un gobierno democrático.

La UE necesita un cambio de “arriba a abajo”. No se puede pretender hablar de valores democráticos mientras se financia la guerra, se cierran los ojos ante el genocidio por intereses estratégicos y se entrega a la gestión de los fondos de recuperación a los mismos bancos que provocaron la crisis. La “agresividad” de otros actores es a menudo la respuesta desesperada de quien se siente acorralado por un sistema financiero que no permite la disidencia.

El despertar del ciudadano

Estamos ante una encrucijada histórica. O aceptamos que el destino del mundo siga siendo dictado por los algoritmos de riesgo de los fondos de inversión y los intereses de una élite financiera que no tiene patria, o recuperamos la soberanía política.

Occidente no es el “faro de la democracia” que dice ser mientras sigue utilizando el chantaje financiero y la provocación militar para sostener un sistema quebrado. La verdadera culpabilidad de la situación mundial actual reside en aquellos que, desde sus torres de cristal en la City y Wall Street, han decidido que la vida humana es un coste aceptable para mantener su hegemonía crediticia. Es hora de dejar de lamer las botas de quienes nos llevan al abismo y empezar a exigir una Europa y un mundo donde el ser humano esté por encima del derivado financiero.

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Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.

Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de  donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios. 

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”,  destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. 

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta. 

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Artículo original publicado en rentabasica.org por Julen Bollain

El mundo no se ha vuelto autoritario por accidente. Se ha vuelto autoritario porque demasiada gente vive con miedo. Miedo a perder el empleo, la vivienda, los ingresos, la dignidad. En este contexto, el trumpismo —entendido no como una persona concreta, sino como un clima político global— no es una anomalía, sino una respuesta previsible a una inseguridad material crónica.

Porque cuando la vida se convierte en una carrera permanente llena de obstáculos, la promesa sencilla de orden, castigo y enemigos claros resulta altamente tentadora. Y no porque convenza intelectualmente, sino porque tranquiliza emocionalmente. Es por ello que, si queremos entender por qué las democracias actuales se están erosionando a pasos agigantados, debemos hacer menos caso a los discursos prefabricados por sesudos asesores políticos y más a las condiciones materiales que los hacen creíbles.

El autoritarismo no avanza solo porque haya más odio o más ignorancia entre la ciudadanía. Avanza cuando amplias capas de la población sienten que no tienen nada que perder. Cuando cualquier imprevisto —una enfermedad, un despido, una ruptura— puede precipitar una caída sin red. Es en ese escenario cuando la política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una gestión permanente del miedo.

Y aquí es, precisamente, donde la renta básica deja de ser una política social más y se revela como algo mucho más profundo. Hablamos de una infraestructura democrática que sostiene la libertad material. No una varita mágica ni una solución total, pero sí una condición material clave para que la democracia funcione más allá del ritual electoral.

Como ya hemos dejado escrito en multitud de ocasiones, la renta básica no es caridad, ni asistencialismo, ni un premio al (de)mérito. Es un derecho incondicional que garantiza que todas las personas dispongan de una base material mínima sobre la que construir su proyecto vital. Su efecto más importante no es el consumo, ni siquiera la reducción de la pobreza —que también—, sino la reducción del chantaje económico que atraviesan las personas hoy en día en nuestras sociedades. Porque una sociedad en la que decir “no” implica caer al vacío no es una sociedad libre. Es una sociedad disciplinada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, aunque sea un trabajo con condiciones de mierda. Miedo a quedarte en la calle si plantas cara a tu casero ante una subida abusiva. Miedo a denunciar abusos. Miedo a salir de una relación insostenible. Miedo a discrepar políticamente. Miedo, en definitiva, cuando tu vida depende de un hilo.

Y no nos engañemos. La renta básica no compra votos, como repiten algunos analistas de sobremesa que confunden cinismo con lucidez. Compra margen de decisión. Compra tiempo. Compra capacidad de disentir sin que la vida se desmorone. Y todo eso, en términos democráticos, es enormemente revolucionario.

Frente al trumpismo —y sus múltiples variantes locales—, la renta básica representa un modelo político radicalmente distinto. El autoritarismo promete protección, pero siempre a cambio de obediencia. Protege a unos frente a otros, establece jerarquías morales y convierte la sospecha en principio de gobierno. Divide entre quienes merecen y quienes no. Entre los de dentro y los de fuera. La renta básica, en cambio, se basa en una lógica totalmente opuesta. Habla en términos de seguridad universal, de derechos sin condiciones, de confianza. No pregunta quién eres, de dónde vienes o qué has hecho para merecer vivir con dignidad. Asume que la dignidad no se gana. Se garantiza.

Hay quien nos llamará ingenuos por creer en la gente. Pero es puro realismo democrático. Las sociedades que funcionan mejor no son las que castigan más, sino las que reducen el miedo estructural que empuja a la gente hacia soluciones autoritarias. La historia reciente lo demuestra una y otra vez. Cuando la inseguridad material se cronifica, el terreno queda abonado para líderes que prometen orden a cualquier precio. Aunque el precio a pagar sean nuestros derechos y nuestra libertad.

Debemos ser conscientes de que, en un mundo atravesado por crisis ecológicas, transformaciones tecnológicas y tensiones geopolíticas, la tentación autoritaria no va a desaparecer por sí sola. Al contrario, se intensificará en los próximos años. No obstante, pensar que todo ello se solucionará con mejores discursos o con mayor pedagogía democrática es, como mínimo, ingenuo. Porque, sin una base material que sostenga la libertad, la democracia se vacía por dentro.

La renta básica no es la solución a todos nuestros problemas. Pero sin ella —o sin políticas que cumplan una función similar de desmercantilización de la vida— seguiremos intentando defender la democracia con herramientas cada vez más frágiles. Y en ese terreno, quienes gobiernan desde el miedo siempre llevan ventaja. Si queremos salir de este mundo trumpista, no basta con denunciarlo y gritar muy alto en redes sociales. Hay que construir alternativas que devuelvan a la gente algo tan simple y tan radical como la seguridad de existir sin miedo. La renta básica es una de ellas. Y quizá no deberíamos seguir tratándola como una idea excéntrica, sino como lo que realmente es: una vacuna democrática.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-como-vacuna-democratica/

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Ann Pettifor

Los hábitos de los mercados financieros mundiales tienen un impacto directo en el coste de la vida y en la crisis climática. Las sociedades y los gobiernos deben recuperar el control para evitar una catástrofe.

Durante más de veinte años, entre 1980 y 2016, Donald Trump construyó, saqueó y luego llevó a la quiebra un imperio de casinos —Trump Entertainment Resorts— a lo largo del emblemático paseo marítimo de Atlantic City. Sus casinos despojaron a los apostadores de sus ganancias ganadas con esfuerzo, arruinaron a los tenedores de bonos y a los inversores del mercado de valores, y terminaron siendo fracasos prolongados y costosos, incluso mientras enriquecían a Trump. «El dinero que saqué de allí fue increíble», declaró al New York Times. 

El presidente del casino era conocido por emitir acciones y bonos y pedir prestadas montañas de «bonos basura» para financiar sus casinos de Atlantic City, solo para despojarse de los activos y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Las acciones se vendieron a personas crédulas y pronto se desplomaron; luego incumplió el pago de los bonos (promesas de pago); y los casinos quebraron, no una, ni dos, sino cinco veces. 

Al igual que Trump, Wall Street ha emitido, desde la gran crisis financiera, cantidades desconocidas de deuda en mercados privados y no regulados. Esto ha llevado a los analistas financieros a advertir sobre los crecientes problemas de deuda en los mercados de capital privado y de crédito privado, y sobre una repetición de la crisis financiera mundial de 2007. Los grandes bancos de Wall Street también están implicados: ya tienen 1,3 billones de dólares en préstamos al sector «bancario en la sombra», no regulado. Al igual que Trump, Wall Street ha utilizado la desregulación financiera para saquear la economía mundial, extraer y explotar la naturaleza, y ha enriquecido enormemente al 1 % más rico.

Del mismo modo, los grandes gigantes del sector tecnológico han creado «vehículos de propósito especial» para ocultar en sus balances 120 000 millones de dólares de préstamos destinados a financiar centros de datos. Tenemos motivos para preocuparnos por los riesgos financieros de la enorme apuesta de Wall Street por la inteligencia artificial. Los multimillonarios tecnológicos están apostando más de un billón de dólares por una tecnología —la inteligencia artificial general (AGI)— que aún no existe, pero que promete, literalmente, «el mundo». Su apuesta cuenta con el respaldo de grandes y pequeños especuladores que han invertido 5 billones de dólares en el éxito de esta apuesta.

El capitalismo siempre ha producido audaces creativos y apostadores, aquellos que soñaron, invirtieron y construyeron los ferrocarriles, las computadoras e Internet. Lo que es diferente hoy en día es que, a diferencia de los ferrocarriles, las computadoras e incluso Internet, la IGA no existe. La burbuja de la IGA puede ser solo un vasto juego de poder tecno-distópico, diseñado para poner a los jefes de Silicon Valley en control político y financiero sobre una vasta y debilitada fuerza laboral global. Se trata de una guerra de clases en su forma más brutal: una guerra de clases que ha sido posible gracias a un sistema financiero global fuera de control. 

Al igual que Trump, sus amigos de Wall Street y las grandes tecnológicas están enamorados de la «moneda» criminal que es la criptomoneda. En vísperas de su toma de posesión, el presidente del casino y su esposa lanzaron los memes digitales $TRUMP y $MELANIA, que añadieron millones a su fortuna combinada. A los dos días de asumir el cargo, la presidencia de Estados Unidos ya se había convertido en más lucrativa para Trump que para cualquier otro presidente de la historia del país, según el editor jefe de la revista Forbes. Y al igual que Trump, Wall Street y Estados Unidos se encuentran «una vez más en el centro de una vorágine fiscal y financiera global», como sostiene el distinguido columnista del Financial Times John Plender.

El casino global

Estos son los problemas de lo que yo denomino el casino global, que facilita las apuestas demenciales de los mercados financieros internacionales y el impacto directo de sus actividades en nuestras pensiones, nuestro pan de cada día, la energía y la vivienda, pero también en la biosfera. 

Los hábitos de juego de los mercados financieros globales son en gran medida invisibles para los no economistas y el público en general. La visión convencional del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida. 

Nosotros, y las economías en las que vivimos, no estamos gobernados por políticos elegidos, dictadores y sus funcionarios públicos. En cambio, las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.

El valor de la economía y de la moneda de una nación está determinado en gran medida por actores invisibles en los mercados financieros. Lo mismo ocurre con los tipos de interés de una nación, que a su vez determinan si los empresarios están dispuestos, o pueden permitirse, invertir en la economía nacional. El valor de nuestras pensiones y los precios de los alimentos, la energía y la vivienda son palancas económicas clave que en gran medida manejan financieros irresponsables y que no rinden cuentas, que operan en los mercados financieros y de materias primas internacionales. 

Aunque nuestros políticos electos pueden ser culpables, no podemos culparlos con toda sinceridad del fracaso y la volatilidad económicos. Junto con los tecnócratas de los bancos centrales, las decisiones y actividades de los banqueros globales, los gestores de activos, los propietarios de fondos de cobertura y los profesionales del capital privado —que nunca se presentan a las elecciones— tienen un impacto mucho mayor en nuestras economías, nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, de formas poderosas, aunque invisibles. Y, sin embargo, sus actividades y debates sobre el sistema se minimizan. Nos obsesionamos con las últimas cifras de inflación y desempleo, persuadidos por los economistas de que ambas son en gran medida el resultado de las decisiones tomadas por el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra. 

A pesar de ello, el público no se deja engañar fácilmente. Aunque desconoce cómo se toman estas decisiones, es muy consciente de que los mercados dictan las políticas económicas y de que los políticos elegidos son relativamente impotentes frente a ellos. Sin embargo, su mejor comprensión del funcionamiento del sistema (para poder cambiarlo) se ve dificultada por una profesión económica que descuida en gran medida la cuestión del dinero y las finanzas, prefiriendo centrarse en lo tangible: las transacciones económicas nacionales y el comercio. 

Para la mayoría de los economistas convencionales, el enfoque de la economía es estrecho y terrenal, fijado en lo que se denomina el nivel micro: el individuo, el hogar y la empresa. Los microeconomistas tienden a pasar por alto el impacto del sistema internacional y a centrarse en los acontecimientos de «la economía cotidiana», que es precisamente el título de un libro de la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves. Reeves define «tres partes constitutivas de esta economía política: el trabajo y los salarios, las familias y los hogares, y los lugares locales a los que pertenecen las personas».

El enfoque nacional se basa en los supuestos de la microeconomía convencional. Es decir, que la demanda y la oferta de capital, bienes y servicios dependen de una multitud de tomadores de decisiones racionales que operan dentro de las fronteras de la nación y sus mercados competitivos nacionales. De hecho, la mayoría de esos tomadores de decisiones operan en rincones remotos de El casino global.

Al igual que el público ha aprendido a distinguir entre el tiempo y el clima, entre lo local y lo planetario, es esencial comprender mejor el sistema financiarizado, en gran medida invisible, si se quiere cambiar el sistema. La tarea es urgente. Las instituciones democráticas han sido vaciadas y despojadas de su poder por aquellos que ocupan los puestos más altos del sistema financiero mundial. Bajo el orden mundial actual, estamos gobernados de facto por actores ricos y poderosos de los mercados con sede en Silicon Valley, Wall Street, la Bolsa Mercantil de Chicago y la City de Londres. (A partir de ahora, englobaré a todos estos actores bajo el término «Wall Street»). 

El gobierno del dinero organizado se ha vuelto insoportable para la sociedad humana. Los mercados financieros que dictan precios elevados para servicios esenciales para la humanidad, como el agua, la vivienda, la energía, la salud y la educación, han desencadenado fuertes reacciones políticas. La sociedad ha recurrido a hombres fuertes, dictadores y autoritarios para que la «protejan» de los mercados. El razonamiento, como explicó Karl Polanyi en 1944, es sencillo: el gobierno de los mercados (es decir, el capitalismo) no podría existir durante mucho tiempo sin «aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre [sic] y transformado su entorno en un desierto».

Inevitablemente, la sociedad tomó medidas para protegerse, continuó. Pero cualquier medida que tomara la sociedad —por ejemplo, la elección de Donald Trump, que prometió protección frente a los mercados chino y mexicano— perjudicaba a esos mercados, desorganizaba la vida industrial y ponía en peligro a la sociedad estadounidense de otras maneras.

Cerrar el casino

El triunfalismo actual de los mercados financieros y las empresas desvinculados y autorregulados es una prueba del control privado del mercado sobre el sistema financiero internacional. Con demasiada frecuencia se pasa por alto la base sistémica del poder corporativo y se centra la atención en las personas que están al frente de las organizaciones o en sus actividades. Sin embargo, debemos centrarnos en el poder global de un sistema financiero internacional gestionado por autoridades privadas, no públicas, y reconocer que no será posible abordar la crisis ecológica hasta que el sistema internacional vuelva a estar gobernado por instituciones democráticas y públicamente responsables.

¿Puede otra lucha de los internacionalistas progresistas derrotar el poder y los nacionalismos fundamentales para el modelo actual de globalización financiarizada y rentismo? ¿O estamos condenados a soportar el inevitable efecto dominó del fracaso económico, el colapso de los sistemas terrestres y otra guerra mundial? 

Aunque el sector parece vasto e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica o financiera importante, o de algún otro acontecimiento transformador. En 2007-2009, la izquierda (en sentido amplio) no estaba preparada para la crisis financiera mundial. No había un «plan B», por lo que The Global Casino se consolidó —y ahora es aún más poderoso—, demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ir a la cárcel. La sociedad debe desarrollar, debatir y defender un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir. 

Para estabilizar el sistema financiero internacional basado en el mercado es necesario, en primer lugar, volver a comprender bien la naturaleza del dinero y sus posibilidades y limitaciones. Esa comprensión sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los economistas convencionales y, por lo tanto, de muchos en el sector financiero. Pero puede revivirse. 

En segundo lugar, la intermediación bancaria y financiera debe volver a integrarse en el mundo democrático real de la regulación bancaria, si se quiere movilizar el crédito o la financiación necesarios para la transformación de la economía mundial.

Para hacer frente a la amenaza del colapso climático y la pérdida de biodiversidad es necesario, una vez más, subordinar los mercados de capitales a los intereses de la sociedad y el ecosistema, como Keynes y Roosevelt lograron en parte en los años treinta y cuarenta. Eso exige lo que Greta Thunberg denomina «pensamiento catedralicio». Para el cambio es fundamental la gestión de los flujos de capital transfronterizos, libres y no regulados. Es la movilidad del capital lo que permite a los ricos eludir los impuestos y trasladar sus beneficios a paraísos fiscales. Es la interrupción repentina de los flujos de capital lo que puede destruir una moneda. Y es la falta de regulación de los flujos de capital lo que dificulta tanto que el coste del dinero (el interés) se fije en función de los intereses de la economía nacional. 

Para restaurar la autoridad pública democrática sobre la economía, la prioridad de la izquierda debe ser gestionar —no «controlar»— los flujos de capital transfronterizos. Para ello será necesario ir más allá de los fundamentos: la necesidad de comprender la naturaleza del sistema que llamamos dinero. Los componentes importantes de una economía mundial más estable son una arquitectura o un marco internacional para la coordinación y la cooperación internacionales, sobre la gestión de la movilidad del capital mundial, los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos impositivos y la armonización normativa. El respetado funcionario sudamericano José Antonio Ocampo describe el actual acuerdo como «el (no) sistema monetario internacional». Un nuevo sistema comercial más estable puede basarse en el plan de Keynes para una Unión Internacional de Compensación, presentado por primera vez al mundo en abril de 1943, cuando Gran Bretaña propuso reformas monetarias globales. Ese plan sigue siendo relevante y está disponible para su adopción.

El tercer requisito es contar con políticas que generen y apoyen la inversión necesaria para ayudar a la transformación de la economía global, alejándola de su adicción a los combustibles fósiles y creando economías más sostenibles.

Un objetivo clave es reorientar la actividad hacia el impulso interno de la demanda interna, en lugar del externo, es decir, hacia el extranjero. En 1984, Richard Kahn, probablemente el guardián más fiable del legado de Keynes, reiteró la conclusión de este:

Si las naciones pueden aprender a proporcionarse pleno empleo mediante su política interna… no será necesario que existan fuerzas económicas importantes calculadas para enfrentar los intereses de un país con los de sus vecinos.

El mundo aún tiene que aceptar esta sencilla lección que nos enseñó Keynes. La única forma de domar el poder del casino global es que los flujos de capital se contengan dentro de «compartimentos» o estados, y que los estados trabajen de forma cooperativa para gestionar los flujos de capital libre y sus propios compartimentos de capital. 

Puede que este pensamiento parezca ilusorio ante los mercados de capitales actualizados, poderosos e irresponsables, incluido el sector bancario en la sombra, o como prefiere llamarlo el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB): el sector de intermediación financiera no bancaria, compuesto principalmente por fondos de pensiones, compañías de seguros y otros intermediarios financieros (OFI). Según informa el FSB, el sector bancario paralelo ha crecido más rápidamente que el sector bancario durante la última década, incluido 2019. Los activos financieros del sector NBFI ascendieron a 200,2 billones de dólares en 2019, lo que representa casi la mitad del sistema financiero mundial de ese año, frente al 42 % en 2008.

Pero, aunque el sector parece enorme e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica importante o de algún otro acontecimiento transformador. La sociedad debe entonces contar con un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir. 

Hoy en día, el vasto sector bancario paralelo opera en lo que equivale a la estratosfera financiera; se dedica a los préstamos con garantía y utiliza acuerdos de recompra (repos) para aumentar (apalancar) la liquidez en los mercados de capitales. Este sector se ha desarrollado debido a una concepción convencional y errónea del dinero como medio de intercambio basado en garantías que facilita el suministro de bienes y servicios. Esa concepción errónea del dinero como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda también explica la explosión de los acuerdos de recompra en el sector bancario paralelo y el auge de las criptomonedas, incluido el bitcoin. 

Como ha argumentado Claudio Borio, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales:

Pocas cuestiones en economía han generado debates tan acalorados como la naturaleza del dinero y su papel en la economía. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se relaciona con la deuda? ¿Cómo influye en la actividad económica? La literatura económica dominante reciente es una desafortunada excepción. Salvo unos pocos que se han adentrado en estas aguas, la profesión macroeconómica ha permitido que el dinero se hunda. Y con poco o ningún remordimiento.

The Global Casino: How Wall Street Gambles With People and the Planet, de Ann Pettifor, se publicó el 27 de enero por Verso.

La entrada Apostando por la biosfera se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en sinpermiso.info por Daniel Raventós, Lluís Torrens

El último informe de Oxfam llega con cifras que ya conocemos pero que siguen siendo espectaculares: los pocos milmillonarios acumulan riqueza a velocidad récord mientras muchos millones de personas pasan hambre. Y otros muchos millones viven de forma miserable, sin ninguna perspectiva de vida que vaya más allá de la supervivencia inmediata. Y sí, una de las respuestas (no institucionales, no políticas, sí quizás populares) es señalar con el dedo a los de arriba. Con buenas razones, cierto, pero hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿qué parte de responsabilidad tenemos el resto en mantener este sistema que hace posible esta realidad?

La teoría de la elección pública: cuando la culpa es de todos y de nadie

Existe una corriente de pensamiento económico que nos pone frente a un espejo muy incómodo. La escuela del Public Choice, desarrollada por economistas como James Buchanan, Anthony Downs, Mancur Olson y Gordon Tullock entre otros, sostiene algo que los malos gobiernos no solo existen porque haya políticos corruptos. Existen porque el sistema electoral y el comportamiento de los votantes los premian.

El argumento es el siguiente: informarse bien sobre política cuesta tiempo, esfuerzo, energía. Para un votante individual, el beneficio de dedicar horas a entender cuestiones complejas es casi nulo. Su voto es uno entre millones. ¿Para qué molestarse? Esto es lo que llaman “ignorancia racional”. No es que la gente sea tonta. Es que, desde el punto de vista del coste-beneficio individual, ser un ciudadano bien informado no compensa.

El resultado es que los políticos no responden a lo que funciona a largo plazo, sino a lo que da votos a corto plazo. Y los votantes, racionalmente ignorantes, premian eslóganes simples, promesas imposibles y chivos expiatorios convenientes. Cuando todo va mal, nadie paga el coste político porque la responsabilidad está tan difusa que es imposible identificar culpables concretos.

Esta escuela está basada en unos postulados que pueden resumirse así, entre otros: la política es un mercado, las personas dedicadas a la política son agentes racionales, el Estado está sujeto a decisiones públicas con los mismos fallos e incentivos que las decisiones privadas, la intervención del estado empeora los resultados de los llamados “fallos del mercado”.

El institucionalismo: el problema no es moral, es estructural

Los economistas institucionales fueron asesores del New Deal de los treinta del siglo pasado sea dicho de pasada. Esta tendencia, de la vieja o nueva escuela institucional, siguiendo la estela de Douglass North, Elinor Olstrom, Ronald Coase y Oliver Williamson entre otros, añaden una capa importante a este análisis: el problema no es que la gente sea mala o ignorante. El problema es que las instituciones —las reglas del juego— generan incentivos perversos. Si el sistema premia la irresponsabilidad, la irresponsabilidad será racional.

Tomemos un ejemplo concreto del informe de Oxfam: en 2024, las empresas vinculadas a los 10 hombres más ricos del mundo gastaron 88 millones de dólares en actividades de cabildeo en Estados Unidos, más que todos los sindicatos juntos. ¿Es esto corrupción? Desde el punto de vista legal, no necesariamente. Es simplemente usar las reglas del juego de manera racional para maximizar beneficios.

El problema, dirían los institucionalistas, no son los milmillonarios que hacen lobby. El problema son las instituciones que permiten que el dinero compre acceso político, que permiten las puertas giratorias entre reguladores y regulados, que permiten la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos.

La trampa de esta mirada: individualizar lo colectivo

Pero aquí hay un problema serio con este enfoque. Cuando decimos “la culpa es de los votantes que no se informan” o “el problema son las malas instituciones”, estamos individualizando algo que es fundamentalmente colectivo. Estamos convirtiendo un problema de poder en un problema de información o de diseño institucional.

Los datos de Oxfam muestran algo muy distinto: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que el ciudadano común de ocupar un cargo político. El 11% de los milmillonarios del mundo han ocupado o aspirado a cargos públicos. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares y lo convierte en una plataforma para amplificar sus ideas políticas y atacar a sus enemigos. Pero no vayamos tan lejos. Los parlamentarios del Congreso y del Senado españoles no son milmillonarios. Pero el 57% tiene más de una vivienda (muy por encima de la media de la población), las propiedades múltiples son muy superiores también a la media de la población, el salario medio sin contar complementos por cargos y funciones, es de unos 3.300 euros brutos mensuales (la media de la población está en menos de 2.700, y muchos millones de trabajadores están muy por debajo de los 2.000). Resumiendo, la realidad de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias españoles están en niveles de patrimonio superiores a la mayoría de la población. No es nada extraño que estén sesgados hacia determinadas políticas económicas que benefician a los ricos.

¿Es esto un problema de información de los votantes? ¿O es simplemente que algunos tienen un poder que pueden moldear las reglas del juego a su favor, independientemente de lo informados que estén los demás?

La responsabilidad colectiva que no se nombra

Pero reconocer esto no nos libera de responsabilidad. Al contrario, nos enfrenta a una responsabilidad más profunda y más incómoda. No es solo que votemos mal por estar mal informados. Es que, colectivamente, hemos construido y mantenemos un sistema en el que es racional para cada individuo actuar de manera que, en agregado, nos lleva al desastre. Esto es un viejo problema de algunos estudios de la teoría de la elección racional.

Cuando compramos en Amazon porque es más barato, estamos eligiendo. Cuando consumimos contenido en plataformas que algorítmicamente amplifican el odio porque genera más clics, estamos participando. Cuando votamos a políticos que prometen bajar impuestos sin preguntarnos de dónde saldrá el dinero para la sanidad o la educación, estamos decidiendo.

Y aquí está la trampa: cada una de estas decisiones es individualmente racional. Ahorrar dinero es racional. Entretenerse con contenido viral es racional. Pagar menos impuestos es individualmente racional. Pero el resultado agregado de todas estas racionalidades individuales es un sistema profundamente irracional desde el punto de vista colectivo. Y, aunque es ocioso recordarlo, la teoría de la elección racional estándar incluye dentro de uno de sus supuestos fundamentales el comportamiento egoísta. Que dicho de otra forma más técnica supone que dos funciones de utilidad de dos individuos son independientes e indiferentes entre sí. El supuesto de egoísmo en la teoría estándar de la elección racional, aunque no se entienda como una condición psicológica ni moral sino como una simplificación metodológica, acostumbra a ser una justificación normativa de instituciones que reproducen comportamientos egoístas.

El poder como variable oculta

Lo que la escuela del Public Choice y el institucionalismo tienden a minimizar es la variable del poder. No es lo mismo la “ignorancia racional” de alguien que trabaja en tres empleos precarios para llegar a fin de mes, que la ignorancia deliberada de quien puede permitirse contratar cabilderos para que diseñen las leyes que le afectan.

El informe de Oxfam documenta algo crucial: el 48% de la población mundial vive en situación de pobreza. Sin embargo, el ahogo no es solo económico, sino también político, ya que menos del 3% de la humanidad vive en países con un espacio cívico abierto. Las protestas contra la austeridad y el coste de la vida se reprimen violentamente; en Kenia, por ejemplo, 39 personas fueron asesinadas en las protestas contra los impuestos regresivos. ¿Es esto un problema de diseño institucional? Sí, pero también es un ejercicio deliberado de poder para mantener un sistema de desigualdad.

Hacia una renta básica soberana: cambiar las reglas del juego

Aquí es donde la propuesta de una renta básica mundial, financiada con impuestos sobre la riqueza extrema, cobra sentido no solo desde la redistribución sino desde el cambio institucional. No se trata solo de dar dinero. Se trata de cambiar radicalmente los incentivos del sistema.

Una renta básica garantizada modificaría la ecuación de poder. Daría a la gente la capacidad real de decir “no” a trabajos indignos o simplemente indeseados, de organizarse, de dedicar tiempo a informarse y participar políticamente sin tener que elegir entre pagar el alquiler o ir a una manifestación. Cambiaría el coste-beneficio de la participación política.

Desde el punto de vista del institucionalismo, una renta básica es un cambio de reglas del juego: modifica incentivos, redistribuye poder de negociación, reduce la asimetría entre quienes solo tienen su fuerza de trabajo y quienes tienen capital. No es caridad. Es reingeniería institucional. Más aún, desde un punto de vista republicano socialista la renta básica es una condición de la libertad. De la libertad republicana, es decir, de la concepción que no desliga las condiciones materiales de existencia de la libertad. Como con tanto éxito histórico-práctico sí que hizo la concepción liberal que divorció tan pimpantemente las condiciones materiales y la libertad. Y entonces la libertad se convierte en algo política y filosóficamente muy vulgar y que sirve de poca cosa más que de simple cobertura a los grandes poderes para hacer y deshacer a su gusto. Porque cuando se protegen los derechos de los trabajadores, cuando se incrementa el salario mínimo… ¿no estamos atentando a la libertad de los empresarios? ¿Cuándo se abolió la esclavitud, no se atentaba contra la libertad de los esclavistas? ¿Cuándo se abolió el trabajo infantil, no se atentaba contra la libertad de los empresarios que libremente los contrataban?

La pregunta que incomoda: ¿queremos realmente cambiar las reglas?

Los economistas del Public Choice tienen razón en algo: los malos gobiernos no caen del cielo. Son el resultado de decisiones individuales agregadas en un marco institucional concreto. Pero se equivocan al pensar que el problema es principalmente de información o de diseño técnico. El problema es de poder. Ya mucho antes, geniales revolucionarios como Marat, Saint-Just y Robespierre dejaron dicho repetidamente que el pueblo tiene a un enemigo especialmente peligroso: su gobierno. La libertad exige estar en guardia ante los que gobiernan. Robespierre lo decía muy claramente: “En todo estado libre, la ley debe defender, sobre todo, la libertad pública e individual contra el abuso de autoridad de quienes gobiernan”.

Y nosotros, como ciudadanos, enfrentamos una pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a organizarnos para construir el poder colectivo necesario para cambiar las reglas? Porque ese es el punto ciego tanto del Public Choice como del institucionalismo: asumen que las instituciones se cambian mediante decisiones técnicas racionales. Pero la historia muestra que las instituciones cambian cuando hay suficiente poder organizado para forzar el cambio.

El ejemplo de Kenya: cuando el poder colectivo funciona

La historia de las protestas de la Generación Z en Kenya es reveladora. Jóvenes sin recursos económicos consiguieron que el presidente retirara un proyecto de ley de impuestos regresivos. No lo hicieron con mejor información. No lo hicieron con diseño institucional más refinado. Lo hicieron con organización, con persistencia, con la disposición a arriesgar sus cuerpos en las calles.

Pagaron un precio alto: 39 muertos, tortura sistemática, persecución. Pero demostraron algo fundamental: el poder colectivo organizado puede cambiar las reglas del juego, incluso contra las élites más poderosas.

No es, claro está, el único ejemplo. Pero nos parece digno de apuntar.

La responsabilidad de imaginar juntos

Quizás nuestra mayor responsabilidad o incluso posibilidad de resistir a la barbarie que es la realidad social que vive gran parte de la población mundial no es solo informarnos mejor o votar mejor, que también sirve. Es organizarnos para construir poder colectivo. Los sindicatos tienen razón cuando aseguran que los trabajadores si están organizados mejoran los salarios no solo de los sindicalizados sino de todos en el sector. No tienen razón cuando afirman que una renta básica no ayudaría también a este fin. Cuando hay organizaciones de base fuertes, los políticos tienen que responder a más gente que solo a los cabilderos corporativos.

El informe de Oxfam documenta más de 142 protestas masivas en los últimos 12 meses. En Serbia, en Nepal, en Ecuador, en todo el mundo, la gente está diciendo “basta”. Y en algunos casos, están ganando. No porque estén mejor informados individualmente. Porque están mejor organizados colectivamente.

Propuestas concretas: cómo cambiar las reglas

Si el problema es de poder, del poder que tienen directamente o utilizan en su beneficio las grandes propiedades (recordemos al viejo de Tréveris: “La propiedad es el fruto del trabajo… de los demás”), las soluciones tienen que redistribuir, al menos, poder y propiedad. O subvertirlos. No se trata solo de políticas redistributivas, sino de mecanismos que cambien quién tiene capacidad de decisión. Algunas propuestas concretas:

1. Renta básica: el suelo que permite estar de pie

Una renta básica no es solo dinero. Es poder de negociación. Es la diferencia entre tener que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición, y poder decir “no” a lo que no es digno. Cambia radicalmente el coste de participar políticamente: puedes ir a una manifestación sin perder el jornal, puedes dedicar tiempo a organizarte con tus vecinos, puedes arriesgarte a enfrentarte a tu empleador.

Como muestra Oxfam, con lo que aumentó la riqueza de los milmillonarios en un solo año se podrían dar 250 dólares a cada persona del planeta y aún seguirían siendo millonarios. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de decisión política.

2. Democracia participativa: decisión directa sobre presupuestos

El ejemplo de Porto Alegre en Brasil lo demostró: cuando la ciudadanía decide directamente sobre parte del presupuesto municipal, las prioridades cambian. Se invierte en barrios populares, en transporte público, en servicios básicos. No porque los técnicos no sepan, sino porque quienes viven los problemas son quienes mejor saben qué necesitan.

Y más importante aún: la participación genera más participación. La gente que decide sobre el presupuesto se politiza, se organiza, aprende. El problema no es la “ignorancia racional” de la que habla el Public Choice. El problema es la falta de espacios reales donde la gente pueda ejercer poder.

3. Fortalecimiento de sindicatos y organizaciones de base

Los datos son contundentes: donde hay sindicatos fuertes, hay menos desigualdad salarial. No solo para los trabajadores sindicalizados, sino para todos. Los sindicatos funcionan como un cierto contrapoder cuando no se convierten en dóciles siervos del mismo: obligan a negociar, fuerzan transparencia, documentan abusos. Y una renta básica sería un enorme empujón a disponer de una caja de resistencia efectiva para sostener reivindicaciones, especialmente en los sectores más precarizados. Aunque muchas direcciones de algunos sindicatos no lo hayan entendido aún.

Pero necesitan protección legal real: prohibición de despidos antisindicales, derecho de huelga efectivo, acceso a los lugares de trabajo. En Argentina, el gobierno de Milei está desmantelando sistemáticamente estas protecciones. Y no es casualidad: un trabajador aislado no tiene poder, un trabajador organizado sí.

4. Democratización radical de los medios

Si Elon Musk puede comprar Twitter y convertirlo en su megáfono personal, algo falla. Necesitamos:

Límites antimonopolio estrictos: ninguna persona o corporación debería poder controlar más del 15% de audiencia mediática en un país.

Medios públicos realmente independientes: financiados por impuestos, pero gobernados por consejos ciudadanos, no por el gobierno de turno.

Apoyo a medios comunitarios y cooperativos: con fondos públicos, pero sin control editorial gubernamental.

Regulación de algoritmos: transparencia obligatoria sobre cómo las plataformas amplifican contenidos. Si un algoritmo decide qué ven mil millones de personas, no puede ser propiedad privada de tres tipos en Silicon Valley.

5. Democracia en el lugar de trabajo

La empresa no puede ser un espacio libre de democracia. Hace muchos años, en la llamada “transición” española se defendía con un eslogan: “que la democracia entre en las empresas”. Si pasamos un tercio de nuestra vida trabajando en lugares donde no tenemos voz, eso moldea nuestra capacidad de ser ciudadanos. Entre los puntos a tener en cuenta de forma prioritaria:

Representación obligatoria de trabajadores en consejos de administración: como en Alemania, donde un tercio o la mitad del consejo son representantes electos por los trabajadores.

Derecho de veto sobre decisiones que afectan condiciones laborales: despidos masivos, cambios de turnos, introducción de vigilancia tecnológica.

Fomento de cooperativas de trabajadores: con acceso preferente a contratos públicos y crédito barato.

6. Asambleas ciudadanas deliberativas

Irlanda lo hizo para decidir sobre el aborto. Bélgica para cuestiones climáticas. Se sortea un grupo representativo de ciudadanos, se les da tiempo, información de calidad, expertos diversos, y deliberan. Las decisiones que salen de ahí son, sistemáticamente, más progresistas y mejor informadas que las que salen del juego político habitual.

No es que la gente sea ignorante. Es que el sistema electoral premia la polarización y el cortoplacismo. Las asambleas ciudadanas sortean (literalmente) ese problema.

7. Protección legal del derecho a protestar

El informe de Oxfam documenta la represión sistemática de protestas en todo el mundo. 39 muertos en Kenya, como se ha dicho. Tortura en Pakistán. Criminalización en Argentina. Si manifestarse te puede costar la vida o años de cárcel, el coste de cambiar las reglas se vuelve imposible para la mayoría. En EEUU, hoy esto ya es una realidad que cuesta muertes por impunidad policial.

Necesitamos:

Protocolos estrictos contra el uso de violencia policial en manifestaciones.

Prohibición de leyes antiterroristas para criminalizar protestas.

Protección legal a organizaciones de derechos humanos que documentan abusos.

8. Financiación pública de campañas electorales

Si las campañas se financian con donaciones privadas, quien más tiene más influye. Simple. La solución es simple también: financiación 100% pública, con techos bajos. Todas las candidaturas con un apoyo mínimo ciudadano reciben la misma cantidad. Se acabó el “un dólar, un voto”.

9. Renta y riqueza máximas

Una renta máxima, un impuesto a la riqueza y una limitación a las grandes fortunas. Una renta y una riqueza máximas. Ya hay quien lo está moviendo en Europa. La propuesta de una renta máxima puede definirse técnicamente como el establecimiento de un tipo impositivo marginal del 100% a partir de una determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. La limitación de las grandes fortunas o riqueza máxima puede definirse como la imposibilidad legal de acumular por encima de determinada cantidad de propiedades. Más políticamente, la renta básica y la riqueza máxima son condiciones para la libertad de la ciudadanía.

10. Control público de los medios de producción en sectores estratégicos de la vida económica y social

Los grandes poderes económicos privados interfieren o pueden interferir arbitrariamente en la libertad de buena parte de la población. Pensamos, sin ir más lejos, en el papel de la banca, de los oligopolios eléctricos, de los grandes fondos inmobiliarios, de las corporaciones farmacéuticas, etc., en nuestras sociedades. Unos servicios públicos en especie -sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, agua, transporte, comunicaciones, etc.- que constituyan la garantía de derechos sociales también decisivos a la hora de consolidar posiciones de invulnerabilidad social para todos. Una banca pública que tenga como objetivo garantizar estas posiciones de invulnerabilidad y, también, poner los flujos de ahorro y de inversión al servicio de una economía democrática e inclusiva.

Mirarnos al espejo, pero con honestidad

Sí, los milmillonarios tienen una responsabilidad enorme en mantener un sistema que los beneficia obscenamente. Sí, los políticos tienen responsabilidad en diseñar instituciones que perpetúan la desigualdad. Pero nosotros también la tenemos. No porque votemos mal o porque estemos mal informados. Sino porque no nos organizamos lo suficiente para cambiar las reglas del juego. Recordemos una vez más al gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht cuando decía que si humana era la injusticia, más humana es la lucha contra la injusticia. El mundo en el que ahora vivimos es producto de ambas: de la injusticia y de las luchas contra ella. Luchas que han conseguido el sufragio universal, el derecho a la huelga, la libertad de expresión, el derecho al aborto, la ilegalización del esclavismo… Conquistas que han beneficiado a los que han luchado y a los que consideraban que no servía de nada la rebelión, que era perder el tiempo.

La escuela del Public Choice nos recuerda que los incentivos importan. Tienen razón. Pero se olvidan de preguntarse: ¿quién tiene el poder para cambiar los incentivos? Y la respuesta no es “votantes mejor informados” o “tecnócratas más inteligentes”. La respuesta es: ciudadanía organizada con capacidad de movilización colectiva.

La propuesta de Oxfam de establecer Planes Nacionales de Reducción de Desigualdad, de limitar la concentración de medios, de garantizar una renta básica, no son solo políticas técnicas. Pueden ser parte de la institucionalización de un poder colectivo que todavía está por construir.

Y esa es nuestra responsabilidad: no solo votar mejor, sino construir el poder organizado que fuerce a que las reglas cambien. Porque, nos guste o no, el cambio institucional no viene de buenos argumentos técnicos. O no solo. Viene de correlaciones de fuerza. Y ahí, cada uno de nosotros tiene que decidir (si quiere, claro está) de qué lado está.

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Alex Buselli, periódico Umanità Nova (Italia)
 
Luís Inácio Lula da Silva, desde su primer intento de convertirse en presidente de Brasil en las elecciones de 1989, se ha enfrentado a una fuerte oposición de la élite conservadora y burguesa brasileña. Hasta entonces, el Partido de los Trabajadores (PT) aún mantenía algunos puntos programáticos progresistas, con algunas corrientes internas impulsando la construcción de una sociedad socialista. El país estaba saliendo de la dictadura militar (1964-1985) y había luchas apoyadas por movimientos sociales y sindicatos. No permitir la elección del representante de los sectores obreros era el objetivo fundamental de la burguesía brasileña. Fue en esta coyuntura que el mayor conglomerado televisivo del país, Rede Globo, había manipulado el último debate presidencial, acusando no demasiado encubiertamente al PT de haber participado en el secuestro de Abilio Diniz, uno de los más grandes empresarios brasileños.

Con los años, el PT había perdido su apariencia socialista, mostrándose cada vez más abierto al mercado capitalista. Cuando finalmente Lula fue elegido, anunció un gran proyecto de reconciliación de clases en su "Carta al pueblo brasileño", eligiendo al empresario José Alencar como su vicepresidente.

Jorge Enkis
 
* versión resumida de folleto cuyo original es accesible en https://editorialautodidacta.org/wp-content/uploads/2021/04/Anarquismo-y-economia-en-siglo-XXI-Jorge-Enkis.pdf

 

Antonio Yagüe

Aunque la propia naturaleza del anarquismo sea anti-dogmatica y su doctrina impulsa la libre experimentación para establecer la forma idónea de las estructuras sociales, para poder instaurar una corriente económica dentro de su cuerpo teórico, ha de cumplir lógicamente con principios básicos que estén en concordancia con sus valores.

De esta forma las teorías económicas anarquistas se oponen directamente a los valores capitalistas de la competitividad y el lucro, como también a la centralización y a la propiedad pública (estatal) gestionada por elites de cualquier tipo y no directamente por las personas usuarias, características propias de las economías de planificación central. De esta manera, tampoco aceptan la subordinación de las relaciones laborales jerárquicas y el trabajo asalariado, rasgos presentes en ambos sistemas.

Uno de los principios ineludibles es el rechazo al derecho de propiedad privada de los medios de producción, que sustituida por la posesión o derecho de uso genera automáticamente una redistribución mucho más equitativa de la riqueza. La ausencia de propietarios de tierras, fábricas y maquinarias no da lugar a las relaciones laborales jerárquicas ni al trabajo asalariado, que es siempre explotación. Toda aquella persona que trabaja es convertida automáticamente propietaria del valor que crea, incluso la plusvalía, de la cual en el sistema capitalista se beneficia el patrón.