La organización, alertada por la situación que desde hace más de año y medio vienen sufriendo y denunciando los vecinos de esta zona de Toledo, ha remitido las correspondientes denuncias a la Consejería de Desarrollo Sostenible y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Toledo.

Tras haber recibido información a través de diversas comunicaciones de diversos vecinos afectados en las localidades toledanas de Cobeja, Pantoja y Alameda de la Sagra, Ecologistas en Acción Toledo tuvo conocimiento de la situación de exposición de la población de estos municipios a elevados niveles de contaminación atmosférica que estarían poniendo en riesgo la salud pública y una significativa reducción de su calidad de vida.

Los episodios detectados de contaminación atmosférica, que se vienen produciendo de forma recurrente aunque con picos concentrados en determinados momentos desde hace al menos un año y medio, son percibidos por parte de la población residente en estas localidades a consecuencia del empeoramiento de la calidad del aire, manifestada por la presencia de malos olores (a humo procedente de combustiones incontroladas, a disolventes, etc.) y por polución atmosférica visible; hasta el punto de producir severas molestias en momentos concretos del día y la noche, llevándoles a la necesidad de quedar muchos de ellos voluntariamente confinados en sus domicilios sin la posibilidad de realizar actividades normales al aire libre. Estos episodios de máxima incidencia son especialmente notables de forma diaria e incluso durante los fines de semana y en la mayoría de las ocasiones en horario nocturno, entre las diez de la noche y las nueve de la mañana.

Más allá de las molestias respiratorias asociadas a los malos olores y la deficiente calidad del aire por presencia de humos (a menudo de forma simultánea y combinada), hay vecinos y especialmente los integrados en el sector de la población más sensible (niños y personas mayores) que manifiestan padecer diversas sintomatologías propias de estos casos, tales como cefaleas, afecciones cutáneas (pruritos, picores y otras afecciones de la piel y los ojos) y otras indirectas relacionadas con la salud mental y derivadas de la imposibilidad de desarrollar un modo de vida normal, pues sus actividades cotidianas (práctica deportiva, disfrute de actividades al aire libre, juegos en los parques locales, el estudio o el trabajo en un ambiente saludable, la propia conciliación del sueño y el derecho al descanso más elemental) se están viendo severamente condicionadas por estas incidencias que provocan a la postre cansancio generalizado, malestar emocional e irritabilidad.

A estas circunstancias cabe añadir la precaria situación generalizada durante el período estival que toda esta comarca sufre, también de forma recurrente, a consecuencia de otros episodios de contaminación atmosférica, ya cronificados, y que tienen que ver con la superación de los niveles de alerta a la población de diferentes contaminantes como el ozono troposférico (por la proximidad del entorno al área metropolitana de Madrid y la CM42, donde se concentran habitualmente los precursores de este contaminante) o más recientemente las partículas PM2,5 y PM10 a consecuencia de las emisiones de humos y cenizas asociadas a los incendios que durante los últimos días asolaron el noroeste de la provincia de Toledo (Almorox), la provincia de Ávila (incendio de Burgohondo) y la sierra suroeste de Madrid.

De las indagaciones de los propios vecinos en los momentos en los que en las diferentes localidades se hacen más patentes este tipo de incidencias, todo parece indicar que los focos de emisión en este entorno se pudieran asociar (presuntamente) a malas prácticas en relación con el funcionamiento de una o varias industrias de la zona. Desconocemos si estas instalaciones están cumpliendo en la actualidad los condicionados ambientales que debieran disponer en sus respectivas autorizaciones ambientales integradas o declaraciones de impacto ambiental.

Desde el momento en el que se detectaron las incidencias, una parte importante de las manifestaciones públicas y de las respuestas de las administraciones locales han señalado como posible origen de las emisiones al centro de reciclaje de Cobeja (CTI) situado en la zona objeto de investigación. No obstante, los vecinos han manifestado que según la empresa responsable del CTI su actividad se limita al tratamiento y trituración de escombros, los cuales se realizan en horario diurno.

En cualquier caso se quiere dejar constancia de que no pretendemos ni descartar ni afirmar la responsabilidad por parte de esta empresa, ya que esta organización carece de los medios técnicos y las competencias de inspección para determinar el origen fidedigno de las emisiones. Sin embargo, tras un año y medio de episodios prácticamente diarios, incluidos fines de semana, y existiendo numerosas quejas vecinales, publicaciones en redes sociales, noticias en prensa y comunicaciones a las administraciones competentes, consideramos imprescindible esclarecer de forma objetiva si dicho CTI constituye realmente el origen de las emisiones o si, por el contrario, debe descartarse esa hipótesis.

Por otra parte, tal y como se refleja en el plano de la imagen, los vecinos que han realizado sus propias inspecciones observan que, durante los episodios denunciados, el olor se percibe en ese entorno (elipse semitransparente) con una intensidad especialmente elevada, sensiblemente superior a la de otras zonas, por lo que no se descarta que en este ámbito territorial concreto puedan encontrarse el principal foco o focos de emisión. Además, en el plano se señalan dos puntos (rojo y azul) en los que los vecinos destacan una mayor potencia de los olores, por lo que se considera que éstos son especialmente relevantes de cara a la toma de muestras y la práctica de mediciones a fin de identificar los compuestos y/o partículas presentes y contribuir a la determinación del origen de las emisiones.

Los vecinos han comprobado que, cuando se producen estos episodios, en el punto azul también se percibe con especial intensidad el olor descrito, caracterizado como una mezcla de residuos orgánicos (basuras) y amoniaco. La intensidad del olor en dicha ubicación es significativamente superior a la apreciada en otras zonas. Según manifiestan los vecinos afectados, desde hace aproximadamente un mes, la situación ha empeorado o se ha hecho más perceptible. Estos episodios, en esta última ubicación, comienzan especialmente los fines de semana con un olor potente similar al de los excrementos, materia fecal o materia orgánica en descomposición.

Y todo esto lo referimos sin pasar por alto los impactos ambientales que para la biodiversidad y los ecosistemas pudieran estar suponiendo las emisiones contaminantes descritas más arriba.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción Toledo ha solicitado a las autoridades competentes que se dispongan todos los mecanismos y protocolos de inspección que fueren necesarios en el entorno descrito para llegar a:

• Dilucidar la naturaleza de los elementos contaminantes de la atmósfera en estos municipios, su origen, así como la identificación y sanción de los responsables de los hechos descritos y denunciados.
• Comprobar el cumplimiento de los condicionados que al respecto de la protección de la atmósfera estipulen las correspondientes declaraciones de impacto ambiental o autorizaciones ambientales integradas de las industrias que operen en la zona.

Por último también se ha solicitado que se tenga a Ecologistas en Acción por personada en los posibles expedientes sancionadores que pudieran incoarse y se la considere interesada en recibir, por parte de la autoridad competente, cuanta información pudiera dilucidarse al respecto y a raíz de la denuncia presentada.

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• La organización ecologista considera que el incendio evidencia la falta de mantenimiento de los terrenos que rodean el polígono.
• Se exige al Ayuntamiento de Mérida que adopte medidas urgentes para reducir el riesgo de nuevos incendios y garantizar la seguridad de la zona.

Ecologistas en Acción de Mérida denuncia el estado de abandono que presentan los terrenos que rodean el Polígono Industrial El Prado y reclama al Ayuntamiento de Mérida una actuación urgente para garantizar su adecuado mantenimiento y prevenir nuevos incendios.

El incendio declarado el pasado viernes 24 de julio ha vuelto a poner de manifiesto una situación que la organización considera preocupante. Los alrededores del polígono presentan una acumulación de vegetación seca y falta de desbroce, lo que incrementa considerablemente el riesgo de incendios, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación favorecen la rápida propagación del fuego.

La organización considera que la prevención debe ser una prioridad y que resulta imprescindible mantener limpios y desbrozados los terrenos que rodean el polígono para minimizar el riesgo y proteger tanto a las empresas instaladas como a las personas que trabajan en la zona.

La asociación recuerda que corresponde al Ayuntamiento de Mérida velar por el correcto estado de conservación y mantenimiento de estos terrenos, adoptando las medidas necesarias para evitar situaciones de peligro como la vivida el pasado viernes.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Mérida exige al consistorio que actúe de manera inmediata, acometiendo las labores de limpieza y desbroce necesarias y estableciendo un plan de mantenimiento periódico que reduzca el riesgo de incendios y mejore la seguridad de la zona.

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• La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz lamenta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mantenga a Óscar Curtido (PP) en el cargo de delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz de la Junta de Andalucía.
• Curtido se ha destacado por su nula aportación a la mejora del medio ambiente y la biodiversidad en nuestra provincia y por su prepotencia e incapacidad de diálogo con las entidades sociales que defendemos el medio ambiente.

Creíamos que soportar cuatro años a un delegado poco conocedor de los temas ambientales y que se comporta de forma prepotente, por no decir chulesca, para ocultar su propia ignorancia, ya era suficiente; pero no, la nueva Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente nos castiga con otros cuatro años más.

Curtido se ha opuesto a cualquier avance en medidas que favorezcan a los espacios naturales y a la biodiversidad de la provincia, de los que Cádiz es líder indiscutible, y, por el contrario, se ha destacado por su apoyo sin fisuras a actividades como la caza.

Este delegado tiene bloqueada a la mayor parte de los órganos de participación de la Consejería, a los que les tiene alergia, porque tiene que debatir cara a cara con los representantes ecologistas, buenos conocedores de los espacios naturales protegidos, de la biodiversidad y de los problemas ambientales de la provincia. El caso más grave es el de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, que lleva más de un año sin reunirse, y que Curtido ha suspendido ya en dos ocasiones. Mientras que en la Junta Rectora del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate se ha negado a debatir proyectos de urbanizaciones que lindan con este espacio natural protegido.

Curtido ha apoyado proyectos muy lesivos para hábitats y paisajes litorales, como la ruta ciclista Eurovelo por las dunas de Cortadura en Cádiz, que ha sido un fiasco. También ha apoyado, otorgando declaraciones ambientales positivas de forma fraudulenta, a numerosos planes urbanísticos que afectan a espacios naturales, como ha sido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ubrique o varios proyectos turísticos y energéticos en zonas protegidas, como es el caso de la Zona de Especial Conservación de Los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Está impulsando la modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Rota, que afecta, entre otras zonas, a La Forestal para la cual se tiene proyectada la creación de un centro para la educación ambiental, el turismo sostenible y el hospedaje. Una zona privilegiada con una biodiversidad específica y donde el sistema dunar y pinar se ha podido mantener gracias a la ausencia de intervenciones urbanísticas.

El caso del Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad es particularmente grave: Curtido se ha negado a que se debatan en él temas relevantes como los vertidos hídricos, los planes locales frente al cambio climático y la gestión de los residuos municipales; una conducta resultado de la unión de la ignorancia con la prepotencia.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción solicitó en octubre del año pasado el cese de este político estólido, petición que no obtuvo respuesta.

Con los retos ambientales que tenemos en Andalucía y en Cádiz, con la amenaza de la emergencia climática y la ola de incendios que está favoreciendo, lo único que nos faltaba es tener un Consejo de Gobierno negacionista y nihilista en compromiso climático, además de un delegado incompetente.

Muy lamentable. Malos augurios para el medio ambiente gaditano.

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Ecologistas en Acción ha recibido notificación para comparecer y personarse en el recurso Contencioso Administrativo, que la asociación Ecología y Libertad ha interpuesto contra la Resolución de 19 de enero de 2026, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno y amoniaco en el término municipal de Baltanás.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía notificó a Ecologistas en Acción, como parte, por haber participado durante toda la tramitación administrativa, para poder comparecer y personarse en el recurso contencioso que se ha iniciado contra la resolución de la Junta de Castilla y León por la que se ha concedido autorización ambiental para la instalación de una planta de hidrógeno y amoniaco que la empresa Green Capital Development 99 S.L.U pretende instalar en el polígono industrial de Baltanás, a escasos 500 metros del colegio público de infantil y primaria de la localidad.

Hemos considerado oportuno aceptar el emplazamiento y formar parte del procedimiento, aunque eso suponga actuar como parte co-demandada, ya que el recurso ha sido presentado por una asociación ajena a Ecologistas en Acción, y eso permitirá conocer cuales son las posible irregularidades denunciadas durante el proceso de tramitación del expediente para la concesión de la autorización ambiental por parte de la consejería de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio.

Además, consideramos una irregularidad palmaria haber concedido la autorización ambiental sin estar avalado, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, como se va a realizar el suministro de agua necesario para el funcionamiento de la planta, un millón de litros diarios, pasando por encima de este aspecto relevante e indicando que el suministro se hará a través de una captación directa desde el río Pisuerga a 14 kilómetros de distancia, también sin la preceptiva autorización del organismo de cuenca. Recordamos que la primera solicitud hecha por la empresa a la CHD para la autorización del pozo fue rechazada, habiéndose iniciado un nuevo procedimiento que deberá ser informado públicamente.

Desde Ecologistas en Acción aplaudimos y apoyamos la movilización que ha iniciado la Coordinadora Central Baltanás y animamos a continuar con la lucha poniendo el foco en los máximos responsables municipales que deben escuchar al pueblo para que, dentro de sus competencias siempre ajustadas a derecho, trabajen para rechazar un proyecto que es radicalmente contrario al modelo de desarrollo que hasta la fecha se había seguido, teniendo como principal referente la recuperación del barrio de las bodegas que quedará sin atractivo y con un desagradable tufo a amoniaco.

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• Ecologistas en Acción Ávila muestra su solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Burgohondo y agradece el trabajo del operativo de extinción y emergencias.
• La organización demanda adaptar la gestión forestal a la emergencia climática, poner ya planes de prevención y actuación local así como un plan integral de restauración de las zonas afectadas.

Ecologistas en Acción Ávila quiere trasladar su solidaridad a todas las personas afectadas por el incendio de Burgohondo, a la vez que reconocer el inmenso trabajo de los servicios de extinción y emergencias, agentes medioambientales, brigadas forestales, cuerpos de seguridad, voluntariado y todas las personas que están colaborando en la emergencia y en la atención a las personas evacuadas.

La organización lamenta profundamente la pérdida de viviendas, bienes y medios de vida, así como los daños ocasionados a espacios naturales de enorme valor, como la Reserva Natural del Valle de Iruelas y los pinares del Alto Tiétar.

Para Ecologistas en Acción, la magnitud de este incendio, que ya ha calcinado unas 50.000 Ha, debe marcar un punto de inflexión en la prevención y gestión del territorio. El cambio climático está generando temperaturas más elevadas, sequías y condiciones que favorecen incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Esta nueva realidad, se une al abandono rural y exige adaptar las políticas forestales y de prevención.

Prevención mucho más allá de simples desbroces

Las actuales condiciones exigen actuar estratégicamente sobre el territorio: recuperar el mosaico agroforestal, apoyar la ganadería extensiva y otras actividades rurales sostenibles, gestionar las zonas especialmente vulnerables y que son claves en la extinción de incendios.

Los pueblos deberían ser los primeros en ponerse al frente, asegurando tener planes de emergencia ante incendios. A pesar de sufrir cada año los incendios, la mayoría de los municipios de los valles del Tiétar y el Alberche ni siquiera cuentan con franjas de seguridad alrededor de los municipios. Algo que debería ser una prioridad en los presupuestos municipales, a juicio de la organización.

Ecologistas en Acción reclama también un urbanismo adaptado a la emergencia climática, que evite aumentar la exposición de viviendas y población en la interfaz urbano-forestal y que acabe con el urbanismo disperso, que resulta especialmente peligroso para las personas.

A escala más global, es crucial luchar contra el cambio climático, con políticas que abandonen el uso de los combustibles fósiles. Ya estamos viendo lo vulnerable que es nuestro país ante los fenómenos meteorológicos extremos, que seguirán agravándose si no se actúa.

Es imprescindible luchar contra la desinformación y los bulos. Desde la organización aseguramos que no hay ninguna norma que prohíba los desbroces ni que desde las organizaciones ecologistas los desaconsejan.

Finalmente, exigen un plan integral de restauración ambiental para las zonas afectadas, que proteja los recursos de agua, los suelos y garantice la supervivencia de especies de las zonas quemadas, como el buitre negro. Ante ese plan, es necesario abrir un debate sobre el tremendo riesgo de las viviendas en las zonas forestales, sobre todo las casas aisladas.

Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila:” En cuanto las llamas se apaguen debemos mirar hacia adelante.¡ Basta ya! O adaptamos la gestión del territorio a la emergencia climática, o tendremos incendios cada vez más difíciles de controlar y con consecuencias cada vez más devastadoras.

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Se solicita a la dirección del Parque de Sierra Nevada de quién sería la responsabilidad ante un atropello de algún ciclista y si se produjera un incendio.

Tras una primera denuncia en el verano de 2019 se nos respondió que las competencias eran de la Dirección General de Tráfico.

Se volvió a denunciar en el año 2022, a raíz del incendio de uno de estos vehículos y desde el parque no se han molestado ni en responder.

En estos días del mes de julio de 2026, cualquier persona que transite con su coche por la A-395 dirección de Sierra Nevada, ya aproximándose a la estación de esquí, habrá podido observar que decenas (sí, decenas) de coches, con matrícula alemana y muchos de ellos tuneados, para camuflar las formas, le sobrepasan a toda velocidad en cualquier sitio, incumpliendo de forma flagrante las limitaciones establecidas por la normativa de tráfico, y poniendo en peligro a los ciclistas que tengan la desgracia de coincidir en esos adelantamientos.

No solo es la seguridad de los usuarios de la vía (conductores normales y ciclistas) sino que además estas actividades llevan aparejadas el peligro más que probable de incendio de estos vehículos de pruebas. Ya hay constancia de varios de estos fuegos en años anteriores, que fueron denunciados por Ecologistas en Acción ante la dirección del parque, sin que hasta el momento se hayan dignado a responder.

Si observamos que en el actual incendio de la Sierra de Madrid la causa fue un vehículo que ardió en la cuneta, no queremos pensar en cómo la administración andaluza está permitiendo jugar con fuego, y nunca mejor dicho, a unas empresas que pueden poner en peligro al Espacio Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000.

Las fotografías del coche ardiendo corresponden al año 2022 y son de Luis Ángel Maté publicadas en el diario Granada. Hoy y el trazado de la carretera entre zonas boscosas son de Google Earth

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• Junto con la FRAVM, solicitan al Ayuntamiento de Madrid que revise el riego y la limpieza de ese vergel tras detectar 28 árboles con riesgo de muerte por deshidratación y una avería en la zona Oeste.
• Los colectivos se preguntan si este abandono responde a la intención de reformar la zona verde, acabando con sus 367 árboles de 42 especies distintas.

La Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, Ecologistas en Acción Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) trasladan su preocupación por el lamentable estado de mantenimiento del Parque Central de AZCA (parque de Pablo Ruiz Picasso) y solicitan al Ayuntamiento de Madrid que revise algunas incidencias detectadas.

Responsables del colectivo de barrio y de la organización conservacionista realizaron una visita a este vergel el pasado viernes, 24 de julio, por la tarde, y observaron lo siguiente:

1. Limpieza: Acumulación de gran cantidad de basura en parterres, calles y accesos de la zona Oeste.
2. Riego: Una rotura en el sistema de riego que estaba provocando encharcamientos y afectando a árboles y arbustos.
3. Arbolado: 28 árboles han quedado dentro de la valla de obra tras el derribo de un edificio. Al estar separados del resto del parque, es probable que no estén recibiendo riego ya que presentan un aspecto lamentable.

Ante esta situación, los grupos vecinales y ecologistas se preguntan si este abandono y desidia no tendrá que ver con la intención del Ayuntamiento de reformar el Parque Central de AZCA, acabando con sus 367 árboles de 42 especies distintas.

Por eso, exigen al Consistorio que se refuerce de forma urgente las tareas de limpieza, riego y cuidado de este jardín singular de Tetuán y en especial de los árboles aislados tras la citada valla de obras.

La AV Cuatro Caminos-Tetuán, la FRAVM y Ecologistas en Acción Madrid reiteran su compromiso de defender árbol a árbol el Jardín Central de AZCA.

 

Enlace a carpeta con imágenes del Parque Central de AZCA, el pasado 24 de julio.

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• Ecologistas en Acción de Ciudad Real celebramos el cierre del almacén y planta de tratamiento de mercurio por el riesgo de contaminación que suponía la gestión de estas instalaciones por MAYASA.
• El tratamiento del mercurio en la planta de las Cuevas habría supuesto, según nuestros cálculos, un incremento de la contaminación por mercurio en el ambiente de la comarca equivalente al de una gran cementera, debido a la dispersión de mercurio gaseoso desde la chimenea de la planta.

En los últimos años, Ecologistas en Acción ha realizado un seguimiento de la gestión del mercurio, solicitando información a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y presentando alegaciones en los procesos de participación pública, culminando con una reunión celebrada con los máximos responsables político y técnico de MAYASA, el pasado 1 de julio, un año después de haber sido solicitada y retrasada varias veces. En este tiempo se han pedido explicaciones y documentación sobre los cambios en la gestión del mercurio de los últimos años, cuyas conclusiones resumimos a continuación poniendo el énfasis en las prácticas inadecuadas que hemos detectado y las incógnitas que aún tenemos, que suponen un riesgo para la salud pública y medioambiental.

Fruto del Convenio de Minamata, la producción, venta y uso de mercurio fue cesando desde 2001; con el proyecto Life Mersade en Almadén se construyó un almacén y se patentó un método de tratamiento y una planta para este proceso previo al depósito definitivo, con el que se pretendía tratar 300 toneladas de mercurio metálico al año. Pero, en febrero de 2019, en las primeras pruebas a escala industrial se produjo un incidente, cuyas características no se han hecho públicas. Este hecho fue denunciado por Ecologistas y desmentido por la empresa de la SEPI pero, finalmente dio al traste con estos proyectos.

El día siguiente al incidente, ocurrido el 18-2-2019, fue enviado a la Consejería de Medio Ambiente el Plan de Vigilancia y Prevención Ambiental de la planta, según consta en la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de 2019, en la que se amplió el plazo de almacenamiento a la fecha límite para almacenar mercurio que era el 31-12-2022 y se describieron los depósitos de almacenamiento, ¡cosa que no se había hecho todavía!, pese a que la AAI de la planta databa de 2015 y el inicio de actividad fue en 2018.

Tras la inspección a la planta en marzo de 2019 se abrieron varios expedientes sancionadores por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible a MAYASA, unos de los cuales inexplicablemente no concluyó hasta la Resolución de 4-2-2025, por “medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas” y, posiblemente exista otra sanción de industria por las deficiencias en las instalaciones. Ninguna de estas dos últimas sanciones aparecen en el Boletín Oficial de CLM. Otros expedientes sancionadores por parte de Medio Natural fueron anulados pero se mantuvieron “medidas complementarias” que tampoco se nos han concretado. También existe una demanda de MAYASA a los contratistas de la planta, que no consiguieron ponerla en marcha, pendiente de sentencia.

El traslado de mercurio se realizó entre julio de 2022 y julio de 2023, por lo que fue necesario otra ampliación del plazo de almacenamiento, precisando incluso un decreto de la Unión Europea y presupuestar 1,5 millones de euros para ello; sin embargo, el transporte se hizo en secreto sin que se haya hecho pública ninguna orden de evacuación o clausura ni ningún estudio técnico de la situación previa de la planta.

Según la Documentación de Identificación de Residuos (DI) que consta en el Expediente de la JCCM, se efectuaron 18 traslados de mercurio almacenado a un gestor autorizado en Zaragoza de 378.674 kg que presumiblemente se transportaron al destino final en Suiza. Ni la JCCM ni MAYASA ofrecen ninguna prueba de esto, al salir de la Comunidad Autónoma se desentienden de su gestión. Se nos informa de que el destino del mercurio es un depósito de BATREC, filial de VEOLIA, en una mina de Sal en Suiza, sin ninguna documentación de nada de lo solicitado, salvo lo ya expuesto en la web sobre contratos de MAYASA.

Los cambios en la gestión del mercurio se han realizado sin un plan previo y, además, las resoluciones administrativas y decretos de la JCCM relacionados se han realizado posteriormente a una reunión y solicitud de información que tuvimos con la Dirección General de Calidad Ambiental y Economía Circular JCCM en noviembre de 2024. Por ejemplo, el plan de cierre es de marzo de 2024, pero el traslado del mercurio ocurrió entre 2022 y 2023, y la aprobación del plan por la JCCM se realizó en 2025. La resolución del Expediente sancionador a MAYASA data de 2025 cuando los hechos ocurrieron en 2019. Estas incongruencias no muestran sino un descontrol en el proceso administrativo y la mano libre que posee MAYASA para actuar.

El peso del mercurio a la salida de la planta de las Cuevas fue estimado al alza con una diferencia unos 18.000 kg superior, unos 1.000 kg de más en cada traslado. Aunque no exista legalmente la obligación de medir con exactitud el mercurio en el centro de origen del residuo, esto supone un riesgo de pérdida o descontrol en el camino o en la planta receptora. Igualmente hemos constatado discrepancias en las fechas y orden de numeración de las declaraciones de impacto que aún quedan sin explicación, demostrando la falta de rigor en el control del mercurio que es la sustancia química más peligrosa después de las radiactivas. De la trazabilidad de todo el proceso se nos remite a solicitarla al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero no se nos proporciona ninguna prueba del etiquetaje e identificación de los bidones con mercurio.

El coste del tratamiento y traslado del mercurio de Almadén ha sido de 1,5 millones de € (a 4 €/kg de mercurio) la mitad del presupuesto de la planta de tratamiento (3 millones €). Ahora queda por ver qué cantidad se recuperará en el litigio existente con la empresa adjudicataria del montaje de la planta, pero creemos que lo correcto es emplearlo en programas de descontaminación. Apoyamos este tipo de inversiones siempre que sirvan a su verdadera finalidad y no se desarrollen con falta de rigor.

En definitiva, nos alegramos de que el mercurio almacenado ya no esté en Almadén y esperamos que la nueva etapa de MAYASA se enfoque en el estudio de las repercusiones en la salud de la población, ampliando los planes de descontaminación en curso y difundiendo la información disponible como los mapas de contaminación de la comarca.

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Desde Landazuría-Ecologistas en Acción de La Ribera lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Patxi Sanjuán Calvo, que nos ha dejado tras una larga y dura enfermedad. Hoy la tierra que defendió le acoge en su seno y ya descansa en paz.

Patxi Sanjuán Calvo fue el impulsor de Landazuría y animó a otras personas a crear la asociación en 1987. Como concejal en el Ayuntamiento de Tudela, y con una gran visión en la defensa de la Naturaleza y de los procesos participativos, creó el Consejo de Medio Ambiente de Tudela, organismo dependiente del ayuntamiento. Supo aglutinar en este foro a personas con inquietudes en la defensa de la naturaleza y a expertos que pudieran aportar sus conocimientos en medio ambiente.

Posteriormente y ante la importancia del reto, Patxi Sanjuán Calvo animó a algunas de esas personas a crear una asociación que persiguiera la defensa de la Naturaleza, creándose Landazuría en 1987. Patxi Sanjuán Calvo fue presidente de la asociación durante los primeros años y mantuvo su implicación activa muchos años más.

Para nosotros Patxi Sanjuán Calvo siempre ha sido un referente por su visión clara de los problemas medioambientales y de que estos se deben tratar de solucionar organizándose, de manera colectiva, realizando denuncias, peticiones y campañas de sensibilización.

Los movimientos sociales, el asociacionismo y el voluntariado pierden hoy a una gran persona, que creó lo que es hoy, una de las asociaciones más antiguas de Tudela. El medio ambiente está de luto. La tierra y el cielo, que nuestro compañero y amigo Patxi defendió limpios y sanos, hoy le acogen en su seno. Descansa ya en paz compañero, tu recuerdo imborrable y tu importante legado nos acompañarán siempre.

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El dissabte passat anàrem a recolzar i vore com rememoraven la baixada de troncs que antigament feien des de Conca fins a La Ribera. Un treball dur i perillòs abans i una festa reivindicativa avui.

La Ribera en Bici hem ajudat als companys de Xúquer Viu a colocar les pancartes per a deununciar que al Xúquer ja no li sobra res d’aigua perquè rega La Manxa, La Ribera i a més se’n duen bon cabal cap a València, Sagunt i el Vinalopó, deixant el riu quasi sec en el tram últim. I no obstant això encara volen ampliar el transvassament al Vinalopó i, si els deixem, dur-se’n més aigua cap a Múrcia…

Òbviament els ecologistes ens oposem frontalment perquè no volem que deixen el Xúquer com han deixat el Túria 10 km abans de la desembocadura: sec i mort.

Per suposat, també volem l’aigua del Xúquer ben depurada i neta per tota La Ribera. Hauria d’eixir al mar com entra per Sumacàrcer.

I com tot no va a ser lluitar, també hem nadat molt a gust en les aigues fresques i cristal·lines del nostre riu. Un goig doble perquè hem nadat només arribar i després quan han arribat els maeros, amb 1 h de retràs per problemes amb la llanxa i la corrent.

Vixca el Xúquer!

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• Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha realizado un informe sobre el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales (EDARs) de todos los municipios de la Sierra de Cádiz.
• El resultado es que el funcionamiento es dispar; hay EDARs que funcionan correctamente vertiendo aguas bien depuradas a ríos y embalses, y otras son un desastre, vertiendo al medio aguas muy contaminadas.

Para analizar el rendimiento de las distintas EDARs se han tenido en cuenta como indicadores los datos absolutos de tres parámetros: DBO5, DQO y Sólidos en Suspensión, y en algunas EDARs, también el nitrógeno (N) y el fósforo (P). El Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, que transpone la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, regula los vertidos de aguas depuradas, e impone los siguientes límites máximos de estos parámetros en los efluentes de las EDARs:

La DBO y la DQO son indicadores de materia orgánica que, al ser excesiva, provoca la putrefacción del agua, disminución del oxígeno, malos olores y muerte de la fauna acuática. El exceso de N y P provoca la proliferación de algas, el aumento de materia orgánica y el proceso denominado eutrofización, esto es, aguas con escasez de oxígeno en las que se desarrollan procesos de putrefacción anaerobia, dando lugar a malos olores y a la mortandad de la fauna.

Los datos analíticos han sido aportados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, estando disponibles en su web los municipios de más de 2.000 habitantes.

Los datos de las EDARs de Algar, Benamahoma, La Muela, Torre Alháquime y Villaluenga del Rosario han sido aportados por el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de Cádiz de la misma Consejería.

Las conclusiones del estudio que hemos realizado es el siguiente:

• Las EDARs de Arcos de la Frontera, Bornos, Prado del Rey y Zahara de la Sierra son las que mejor funcionan, teniendo un excelente nivel de eficiencia en la depuración de las aguas residuales.
• Las EDARs de Alcalá del Valle, Algodonales, Espera y Villamartín tienen un nivel aceptable de eficiencia en la depuración de las aguas residuales con bajos niveles de DBO5, DQO y sólidos en suspensión, aunque habría que mejorar los porcentajes de reducción. La EDAR de Alcalá del Valle supera los niveles de P y N en la mayoría de las analíticas.
• Las EDARs de El Bosque, El Gastor, Olvera Norte y Setenil de las Bodegas, tienen un nivel deficiente de depuración. En las EDARs de El Gastor y Setenil de las Bodegas hay graves deficiencias en los porcentajes de reducción y la mayoría de las analíticas superan los niveles de P y N. Olvera Norte tiene varias superaciones de los límites legales, aunque de escasa entidad, lo más grave es que todas las analíticas superan los niveles de P y N. La EDAR de El Bosque incumple de forma generalizada los porcentajes de reducción de DBO5, DQO y sólidos en suspensión, y la mayoría de las analíticas superan los niveles de P y N, con el agravante de que los efluentes van al río Majaceite, que desemboca en el embalse de Los Hurones, destinado a abastecimiento urbano.

• Las EDARs que peor funcionan son las de Grazalema, Olvera Sur, Puerto Serrano y Ubrique.

1. La EDAR de Grazalema ha mejorado los parámetros cuantitativos, pero tiene niveles muy bajo de reducción de contaminantes, que no llegan en algunas muestras ni al 10% de lo exigido legalmente. Hay una muestra que supera en 20 veces el nivel máximo de DBO5. Actualmente la EDAR se está ampliando y mejorando.
2. La EDAR de Olvera Sur incumple de forma generalizada los niveles máximos permitidos y, en el caso de la DQO y los sólidos en suspensión, también los porcentajes de reducción. Todas las analíticas superan los niveles de P y N.
3. La EDAR de Puerto Serrano incumple de forma generalizada los niveles máximos permitidos y también los porcentajes de reducción. La mayoría de las analíticas superan los niveles de P y N.
4. La EDAR de Ubrique incumple de forma generalizada los porcentajes de reducción de la DQO y los sólidos en suspensión, y en el caso de la DBO algunas muestras también incumplen los valores absolutos y los porcentajes de reducción. El efluente de esta EDAR también incumple los límites legales del nitrógeno y fósforo, lo que provoca la eutrofización del río Ubrique que desemboca en el embalse de Los Hurones, destinado al abastecimiento urbano. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene redactado el proyecto de ampliación de la EDAR, aunque se desconocen los plazos de ejecución.

• Las EDARs de municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes tienen en general pocas muestras analizadas, lo que impide conocer su rendimiento. En concreto:

1. La EDAR de Algar es, entre los pequeños municipios, la que más muestras se han analizado, 11 en total, siendo su rendimiento bueno.
2. En la EDAR de Benamahoma se han analizado 8 muestras, con resultados satisfactorios, aunque hay una muestra con un alto nivel de contaminación que vertió al río Majaceite.
3. En la EDAR de La Muela se han analizado sólo dos muestras, con un buen rendimiento.
4. En la EDAR de Torre Alháquime se ha analizado sólo una muestra, con un buen rendimiento.
5. La EDAR de Villaluenga ha mejorado ostensiblemente en relación con años anteriores. De las cinco muestras analizadas sólo supera levemente los niveles legales en dos muestras la DQO y en una la DBO5
6. Por último, Benaocaz no tiene EDAR, ni previsiones ni proyecto para construirla.

Hay que destacar que ninguna EDAR tiene el tratamiento terciario imprescindible para garantizar la calidad de las aguas vertidas al medio, la mayoría a ríos y arroyos incluidos en la Red Natura 2000, o permitir la reutilización de las aguas regeneradas.

Enlace al informe: Informe EA EDARs Sierra de Cádiz 2025

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La Junta y el Ayuntamiento de Valderas tramitan el proyecto de una “Planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre” que promueve Tecnesis 3000, S.L.U., como si se tratara de una fábrica de explosivos de uso civil, y no como lo que es: una fábrica de armas de guerra cuya tramitación y autorización es competencia del Ministerio de Defensa.

Ecologistas en Acción de León ha pedido a la Junta el archivo del expediente, y al Ayuntamiento que paralice cualquier licencia que facilite la implantación de una fábrica de armas de guerra en Valderas.

Revisada la documentación contenida en el enlace facilitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el trámite de consultas a las personas interesadas, en el expediente de Evaluación de Impacto ambiental simplificada del proyecto se comprueba que se trata de una fábrica de “granadas de mortero y proyectiles de gran calibre, como el 155 milímetros, en varios modelos y producción de munición lista para suministro al cliente”. Con el beneplácito del Ayuntamiento de Valderas, que ha cedido terrenos en arrendamiento al promotor “Tecnesis 3000”, se tramita este proyecto aplicando el Real Decreto 130/2017 de Explosivos. Pero nos encontramos ante el proyecto de una fábrica de ARMAS DE GUERRA cuya autorización es competencia del Ministerio de Defensa, conforme establece el Real Decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Este reglamento considera que las armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros, las municiones para esas armas y las granadas de mortero, son armas de guerra.

La autorización de las fábricas de armas de guerra, como la que se pretende instalar en Valderas, se “atendrá a las disposiciones específicas que dicte el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Defensa”, estando la fabricación bajo la supervisión de la Dirección General de la Guardia Civil, y requerirá autorización especial, concedida por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que la comunicará a los Ministerios de Interior e Industria, previa instrucción y resolución, del correspondiente procedimiento regulado en el artículo 13 del Reglamento de Armas.

Por lo que se refiere a las autoridades locales, nos parece tan lamentable como irresponsable su predisposición a implantar, junto a la fábrica de explosivos existente “Orica Explosivos Industriales S.A.”, una fábrica de armas a gran escala. El nuevo proyecto eleva de manera exponencial el riesgo de sufrir, en las localidades próximas de Valderas, Villafer, Campazas y Gordoncillo, accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Ni los puestos de trabajo, que la documentación aportada no acredita, ni el arrendamiento de los terrenos por 74.000 €/año, justifica convertir el municipio de Valderas y su entorno en un polvorín con capacidad para almacenar 800 toneladas de material explosivo destinado a la guerra.

En cuanto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a la producción de armas, esta Asociación comprometida con el pacifismo activo, cree que no hay actividad humana que tenga peor impacto que las guerras y el uso de las armas que en ellas se emplean para destruir vidas humanas, ecosistemas y bienes materiales. Por eso, antes de autorizar una fábrica de armas, las autoridades responsables deberían realizar no una evaluación simplificada ni ordinaria, sino una evaluación AMPLIFICADA al potencial impacto destructivo de la producción a lo largo del tiempo. El balance debería servir para frenar el ecocidio suicida al que nos dirige la industria de la guerra.

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Logroño en Bici – Ecologistas en Acción reclama la Conexión Ciclista prometida en la calle Lardero y la aplicación del RD 518/2026 de Protección a Usuarios Vulnerables en un proyecto que llega ya obsoleto.

Desde Logroño en Bici – Ecologistas en Acción La Rioja, grupo local de la coordinadora estatal ConBici en La Rioja, reclamamos la Conexión ciclista nº8: “De Plaza 1º de Mayo a Gran Vía por calle Lardero” anunciada por Conrado Escobar en mayo de 2025 para enlazar con el el carril bici metropolitano a Lardero del Gobierno de La Rioja, dando a la acera-bici de la calle Huesca la continuidad que se espera desde 2011, hace 15 años. Además, la regulación de la circulación en la reforma de las calles Lardero y Vitoria, se encuentra con un proyecto ya anticuado que data de antes de dos sucesivas reformas: la del catálogo de señalización por la Dirección General de Tráfico – España en 2025 a través del RD465/2025 y el Real Decreto de Protección a usuarios Vulnerables de junio de 2026. Esta regulación que ahora resulta contradictoria, unida a la habitual permisividad con los abusos de los conductores de vehículos a motor y la doble fila, pueden perjudicar gravemente a la reforma si no se ponen medidas para disuadir además de la invasión de aceras y zonas peatonales, que ya se están produciendo de forma recurrente.

La propuesta vecinal de una “Zona de Coexistencia” (S-47) en el interior de la manzana, presentada en reunión con la concejal de Participación, Leonor Gonzalez Menorca y después en Junta de Distrito Centro, sigue sin respuesta por el Ayuntamiento de Logroño. Nuestra demanda es más ambiciosa, que se retomen las “áreas pacificadas D y E” del tan caducado como incumplido #PMUS 2013-2025, aunque también apoyamos la propuesta vecinal como solución de compromiso.

El proyecto actual, en cuya ejecución siguen introduciéndose modificaciones que degradan la calidad ambiental del conjunto, no recoge los cambios de señalización en el RD 465/2025 y ni mucho menos los avances en movilidad sostenible aprobados en el RD Protección a Usuarios Vulnerables RD 518/2026: las calles Lardero y Vitoria llegarían ya obsoletas y problemáticas en la regulación de su movilidad, intercalando cada 50 metros aproximadamente zonas de prioridad peatonal con límite 10Km/h y circulación de ciclos y VEMP en ambos sentidos con otras con prioridad motorizada, sentido único y límite 30 Km/h. Nuestra ciudad de Logroño acumula serios problemas de permeabilidad N-S para la movilidad sostenible, que son sistemáticamente ignorados. Un Doble Sentido Ciclable (DSC) entre la calle Huesca y Gran Vía también podía habilitarse con las normas anteriores en la mano, pero ahora es mucho más fácil para el Ayuntamiento de Logroño con la aprobación del RD 518/2026 de Protección a Usuarios Vulnerables. Una medida de seguridad vial de bajo coste, consistente sobre todo en señalización, pero que requiere de una voluntad política que dudamos que exista en la Capital de la Doble Fila en que han convertido Logroño, a costa de la seguridad de los medios más sostenibles, pero también más frágiles. El abandono de la bicicleta por los VEMPs como resultado de la destrucción a costes millonarios de las mejores infraestructuras protegidas, como el Eje Ciclista E-O, se traduce ya en alarmante aumento de la siniestralidad.

Aún no se sabe cómo pretende el concejal “Circular” Ángel Andres regular los prometidos accesos desde Gran Vía sólo a residentes, o habilitar la conexión ciclista sin un Doble Sentido Ciclable, negando la participación a los colectivos de movilidad. La ausencia de zonas de carga y descarga en todo el interior de la manzana es otra reclamación de comerciantes de la zona.La propuesta vecinal de “Zona de Coexistencia” (S-47) para el interior de la manzana entre Pérez Galdós, Gran Vía, Chile y Lardero es una versión reducida del “Área Pacificada D” del PMUS 2013-2025 (que alcanzaba hasta República Argentina) que ahorraría costes, simplificaría la regulación y la haría más entendible, y contribuiría significativamente al calmado de tráfico, la convivencia entre distintos modos de transporte, y la seguridad vial.

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• El incendio de Los Gallardos ha calcinado unas 7.000 hectáreas en el corazón de la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar, uno de los espacios de mayor diversidad florística de la Península y refugio de una de las mayores poblaciones europeas de tortuga mora.

Antes de cualquier consideración ambiental, Ecologistas en Acción Almería quiere expresar su dolor y su solidaridad con las familias de las trece personas fallecidas, con los heridos y con los cerca de 1.500 vecinos y vecinas desalojados de Bédar, Los Gallardos y Antas. Nada de lo que sigue pretende situarse por delante de esa pérdida.

Dicho esto, creemos necesario explicar a la opinión pública qué es exactamente el territorio que se ha quemado, porque su valor no se mide en hectáreas de monte genérico.

El incendio, declarado el 9 de julio en el paraje de Almocáizar, avanzó hacia la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar , integrada en la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Su diversidad geológica —afloramientos de rocas volcánicas, yesos, calizas y esquistos— permite que se asienten aquí más de 1.000 especies vegetales, muchas de ellas amenazadas y endémicas. Estas sierras funcionan como una isla verde en un entorno árido, gracias a la influencia del hálito marino y a unas precipitaciones mayores que las del resto de la comarca. Es, en pocas palabras, uno de los enclaves con más diversidad florística de la Península Ibérica.

Además de su riqueza biológica, la ZEC, especialmente su red de ramblas y barrancos, desempeña una función esencial como corredor ecológico entre las sierras litorales y los sistemas montañosos del interior del Levante almeriense. Esta conectividad permite el desplazamiento de fauna, el intercambio genético entre poblaciones y aumenta la resiliencia de los ecosistemas frente a perturbaciones como los incendios o el cambio climático. De hecho esta ZEC une el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar-Carboneras con el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas

La tortuga mora (Testudo graeca) merece mención aparte. La población del entorno de Los Gallardos está considerada una de las mayores y más estables del continente europeo, y su afección por el fuego preocupa gravemente a la comunidad conservacionista. El alcance real sobre la biodiversidad no se conocerá hasta que concluyan las inspecciones de campo. Se trata de un reptil de movimientos lentos, incapaz de huir del frente de llamas: en un incendio de esta velocidad, la mortalidad directa puede ser masiva.

La ZEC Sierra de Cabrera-Bédar es una de las zonas con mayor diversidad de hábitats de interés comunitario del sureste peninsular, al albergar 30 tipos distintos, siete de ellos prioritarios y trece considerados muy raros en Andalucía, entre ellos las estepas salinas mediterráneas (1510*), la vegetación gipsícola ibérica (1520*), los matorrales arborescentes de Zyziphus (5220*) y los pastizales del Thero-Brachypodietea (6220*). Otros trece están considerados muy raros a escala andaluza. Entre las prioridades de conservación del espacio figuran comunidades de aves rupícolas, entre ellas el águila perdicera (Aquila fasciata), catalogada como Vulnerable en Andalucía, así como el búho real (Bubo bubo) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), todas ellas especies protegidas por la Directiva Aves de la Unión Europea. También los quirópteros cavernícolas, el galápago leproso (Mauremys leprosa) y un elenco de flora endémica (Verbascum charidemi, Teucrium turredanum, Linaria nigricans, Helianthemum alypoides, Limonium estevei o Narcissus pachybolbus, etc.) son objeto de protección. A ello se suman formaciones de coscoja, palmito, lentisco, aladierno y madroño, y manchas de encinas, alcornoques y algarrobos, vegetación relicta en la provincia.

La ZEC Sierra de Cabrera-Bédar (ES6110005) fue propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria en diciembre de 1997 y declarada ZEC mediante el Decreto 2/2015, de 13 de enero, con una superficie de 33.705,83 hectáreas repartidas entre Bédar, Los Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Mojácar, Sorbas y Turre. Su plan de gestión fue aprobado por Orden de 19 de marzo de 2015.

La magnitud de este incendio no puede entenderse como una simple fatalidad, sino como una consecuencia de la combinación de varios factores:

• Un paisaje de elevado valor ecológico y gran biodiversidad, cuya cubierta vegetal, integrada principalmente por pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), matorral mediterráneo y espartales, presenta una elevada continuidad del combustible vegetal.
• La homogeneización del paisaje y la pérdida del mosaico agroforestal, favorecida principalmente por los cambios en los usos del suelo, el abandono agrícola y de los aprovechamientos tradicionales, han favorecido el aumento de la continuidad del combustible y la propagación del fuego.
• Una topografía muy accidentada, con laderas de fuerte pendiente, barrancos, ramblas y escarpes rocosos.
• Unas condiciones meteorológicas extremas, con temperaturas cercanas a los 40 ºC, muy baja humedad relativa y rachas de viento de hasta 50 km/h.

La combinación de estos factores configuró las condiciones propicias para un gran incendio forestal, propias de un contexto de emergencia climática.

Por ello, Ecologistas en Acción Almería reclama:

1. Una evaluación pública e independiente del daño sobre los hábitats prioritarios y las especies clave de la ZEC, con cartografía de severidad del fuego.

2. Un plan de restauración ecológica —no de mera reforestación con pinar— orientado a recuperar el mosaico de encinar, matorral mediterráneo y azufaifar, y a la conservación in situ de la tortuga mora.

3. Dotación real del plan de gestión de la ZEC, aprobado en 2015 y crónicamente infrafinanciado, incluyendo prevención de incendios basada en gestión del paisaje.

4. Esclarecimiento del origen del fuego, depuración de responsabilidades: la Guardia Civil investiga si pudo deberse a la caída de un cable eléctrico. Si se confirma, exigimos revisar el estado de conservación de las líneas eléctricas en todo el medio rural almeriense y en general en todas las líneas de media tensión que atraviesen masas forestales. Confiamos en que la administración reclame daños y perjuicios a la empresa propietaria de la línea.

5. Cumplimiento efectivo de la normativa sobre Planes Locales de Emergencia y Planes de Autoprotección, con la realización periódica de simulacros y la evaluación de su eficacia. Los pequeños municipios no disponen, por sí solos, de los recursos técnicos y económicos necesarios para cumplir estas obligaciones, por lo que pedimos a la Junta de Andalucía que garantice la asistencia técnica y la financiación necesarias para su elaboración, actualización e implantación efectiva.

6. Revisión de la legalidad urbanística de las edificaciones situadas en suelo forestal o en la interfaz urbano-forestal y de las autorizaciones que hayan permitido su implantación, aplicando rigurosamente la normativa ambiental con criterios de igualdad. Es inaceptable que edificaciones ilegales en espacios de alto valor ecológico permanezcan durante años sin una respuesta efectiva, mientras los asentamientos precarios de personas son objeto de una intensa presión administrativa y frecuentes desalojos. La protección del territorio y la prevención de incendios exigen que la legalidad se aplique con el mismo rigor, con independencia de la capacidad económica o de la condición social de los infractores.

7. Reforzar un modelo de gestión integral de los incendios forestales que garantice la coordinación entre las políticas de prevención, gestión forestal y extinción, evitando la fragmentación competencial y priorizando la planificación a largo plazo.

La Sierra de Cabrera-Bédar tardará décadas en recuperar lo perdido, y parte de ello no volverá. Muchos hábitats se regenerarán con el tiempo, pero la pérdida de ejemplares de flora singular y de fauna de escasa movilidad, como la tortuga mora, puede ser irreversible. Honrar a quienes han muerto pasa también por no repetir las condiciones que hicieron posible esta catástrofe.

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La federación de Ecologistas en Acción de Almería, dentro de su campaña STOP VERTIDOS ILEGALES, ha denunciado ante la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Níjar, la acumulación incontrolada de residuos agrícolas en una parcela del paraje Boqueras Altas (Níjar), con una superficie de 13.018 m², que linda directamente con el cauce de la Rambla de Inox.

El depósito está formado por plásticos de invernadero, ingentes montones de rafia con lo que parecen aún restos vegetales y residuos peligrosos, abandonados sobre el terreno y en el entorno inmediato del cauce. Entre los residuos detectados en la parcela y sus inmediaciones figuran tuberías de uralita (fibrocemento, con posible contenido de amianto) y un vehículo abandonado, ambos residuos peligrosos. Está por ver si en la parcela también hay envases fitosanitarios. Al situarse junto a la rambla —un curso natural integrante del dominio público hidráulico—, los residuos quedan expuestos a ser arrastrados aguas abajo en cualquier episodio de lluvia torrencial, multiplicando la contaminación por microplásticos del suelo, del acuífero del Campo de Níjar y de los espacios naturales situados aguas abajo, como el Parque Natural de Cabo de Gata. La parcela está en la llanura de inundación de la rambla de Inox, afluente de la Rambla Morales, humedal de importancia internacional.

Las ramblas almerienses actúan como corredores ecológicos, zonas de recarga de acuíferos y vías naturales de evacuación al mar. Episodios como el de la riada de 2019 demostraron que estos vertidos no permanecen donde se depositan: terminan en el litoral y, en última instancia, en el Mediterráneo.

No se trata de un caso aislado ni sin recorrido judicial. En el mismo Poniente almeriense, el vertedero ilegal del paraje de Las Palmerillas (Roquetas de Mar), denunciado por esta organización, terminó en condena penal en noviembre de 2025: el responsable fue sentenciado a dos años y un día de prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de la inhabilitación para la gestión de residuos y la obligación de asumir los costes de restauración. Ecologistas en Acción advierte de que el vertido de Boqueras Altas puede seguir el mismo camino si las administraciones no actúan con diligencia.

Ecologistas en Acción de Almería reclama a las administraciones competentes:

1. La inspección urgente de la parcela y del cauce de la Rambla de Inox.
2. La retirada inmediata de los residuos por gestor autorizado y la restauración del terreno.
3. La identificación y sanción de los responsables del vertido.
4. Medidas efectivas de vigilancia para evitar que las ramblas del Campo de Níjar sigan utilizándose como vertederos.

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Vemos frustrados el declive de la infraestructura verde en los espacios del municipio, si los repasamos, nos encontramos con el abandono de las riberas fluviales, llenas de especies invasoras y con la fallida regeneración del Parque de las Tablas, con el bambú japonés en un máximo histórico de superficie ocupada. En la Sierra del Dobra, sin aplicar la protección del Modificado 53 del PGOU, instalando una Ruta Familiar del Cuaternario inapropiada para un público familiar, con el piso de grava suelta, linderos con alambre de espino, rampas de alrededor del 30% y anexo a un pinar con los árboles muertos y con peligro de caída. Promoviendo un coto de caza en un espacio con 7 rutas de ocio, áreas de descanso y dotaciones para disfrutar de la zona, muchas de ellas deterioradas por falta de mantenimiento.

En el Plan de Gestión de Zonas Verdes (PGZV, 2021), se cita la sostenibilidad como objetivo básico, la necesaria adaptación para la mitigación del cambio climático, evitando las “islas de calor”, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes.

Potenciando los sistemas de drenaje, el control de plagas y enfermedades sin el empleo de productos químicos, la plantación de especies autóctonas más resistentes y adaptadas, la eliminación de plantas invasoras y un incremento de la biodiversidad. Sorprendentemente y desde que se aprobó el PGZV, asistimos a la progresiva eliminación de árboles en calles y plazas, algunos se secan, otros sufren accidentes o estorban, no son sustituidos y sus alcorques se sellan. Se aplica herbicida en zonas peatonales sin señalizar, que con las lluvias contamina los arroyos. Se planta un número creciente de especies alóctonas mal adaptadas a nuestras condiciones climáticas y suelo, generando enfermedades, costosos tratamientos y al final su sustitución.

Cabe citar los 60 árboles del bosque de ribera junto al río Saja, talados para la construcción de la pasarela que conecta el Boulevard Ronda con el Parque de las Tablas, la autorización de la Confederación Hidrográfica cita su obligatoria restitución al terminar las obras, la pasarela fue inaugurada en abril de 2021 y aún no se han repuesto.

Y los más de 150 árboles y arbustos que faltan en la c/ Pedro Sobrado, (Bulevard Ronda). La colocación de 13 maceteros gigantes en la c/ Consolación, eliminando los árboles en el suelo o los contenedores de la Plaza de La Llama, donde agonizan 16 cítricos medio secos que representan una triste caricatura del arbolado urbano.

Siguen sellando alcorques, cuando en el PGZV se cita como objetivo un 35% de superficie con Sistema de Drenaje Sostenible, alcorques que no filtran si se rellenan con losetas, deformando los troncos y sellando el suelo.

Tenemos unas 40 calles sin vegetación. Según la OMS se necesita un árbol por cada 3 habitantes para tener una ciudad saludable. En Torrelavega, con 51.687 habitantes (2024), tenemos 6.714 árboles, (Torrearboleda 2016), nos da un promedio de 1 árbol cada 7,7 habitantes, para obtener unos efectos saludables, nos faltan 10.515 árboles. Y para colmo la irracional tala de 200 arboles el pasado mes de mayo, en el período reproductor de las aves silvestres, eliminando las preciadas sombras durante las olas de calor y con los peligrosos gases contaminantes como el NO₂ de un tráfico creciente. Dañando nuestros árboles nunca alcanzaremos el 20% de cubierta vegetal, que cita como objetivo el PGZV.

No se siguen las directrices del PGOU (en revisión) ni las conclusiones del Plan Estratégico de Torrelavega 2016-2026, ni los los objetivos que marca el PGZV, los que fijan las directivas europeas y la normativa nacional sobre la vegetación urbana, que están lejos de ser alcanzados con unos procedimientos de gestión municipales erráticos y dañinos con nuestro patrimonio natural. Cinco años después de la aprobación del PGZV, no solo no se cumple sino que se está haciendo lo contrario de lo que indica.

Nuestros árboles no son un elemento ornamental prescindible, sino una infraestructura verde esencial que nos presta servicios ecosistémicos indispensables. Con su protección, mantenimiento y adecuada planificación mejoramos nuestra vida en una ciudad más saludable, resiliente y sostenible.

En Torrelavega necesitamos una urgente regeneración de la infraestructura verde, tenemos un claro déficit en cobertura vegetal, arbolado urbano y espacios verdes, que sigue siendo una asignatura pendiente de un equipo de gobierno municipal que no muestra la responsabilidad necesaria en la protección de nuestros árboles.

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• La apuesta del Ayuntamiento de Cádiz por seguir invirtiendo en toldos para combatir las altas temperaturas vuelve a evidenciar una política urbana cortoplacista que no responde a las necesidades reales de la ciudad.

Venimos asistiendo a la instalación de toldos llamados “bioclimáticos” en diferentes plazas o zonas abiertas de la ciudad de Cádiz, como es la Plaza de la Estrella en Santa María del Mar o la zona infantil del Parque de la Avenida de la Sanidad, cuya finalidad es la de protegerse del sol y reducir la temperatura en dichos espacios. Los toldos pueden ofrecer una sombra puntual durante unos meses, pero no reducen la temperatura ambiente, no mejoran la calidad del aire, no capturan CO , no favorecen la biodiversidad ni contribuyen a hacer de Cádiz una ciudad más resiliente frente al cambio climático. Frente a ello, el arbolado urbano sí constituye una inversión permanente que aporta beneficios ambientales, sociales y económicos durante décadas.

Para AGADEN-Ecologistas en Acción resulta difícil entender que se destinen recursos públicos a la instalación y sustitución periódica de toldos cuando esos fondos podrían orientarse a un plan ambicioso de renaturalización de calles y plazas, incrementando el número de árboles allí donde sea técnica y patrimonialmente viable.

La ciudadanía necesita espacios públicos más frescos, saludables y habitables durante todo el año, no únicamente durante la temporada en la que permanecen instaladas unas lonas cuya eficacia cuestiona la organización.

La Unión Europea lleva años impulsando la renaturalización de las ciudades como una de las principales herramientas para hacer frente al cambio climático. Estrategias como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza promueven el incremento de la infraestructura verde, el arbolado urbano y la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades.

Los árboles proporcionan sombra natural, reducen el efecto “isla de calor”, mejoran la calidad del aire, amortiguan el ruido, aumentan el atractivo urbano y revalorizan los espacios públicos.Son una infraestructura verde con beneficios permanentes, frente a soluciones temporales que requieren mantenimiento y sustituciones periódicas.

Si existen limitaciones técnicas o patrimoniales en determinadas plazas o calles, el Ayuntamiento debería explicarlas con transparencia y estudiar alternativas como la plantación en otras zonas, la ampliación de alcorques, jardines urbanos o soluciones de infraestructura verde adaptadas a cada espacio.

Cádiz merece una estrategia climática de futuro basada en la naturaleza y no en medidas provisionales que, a juicio de numerosos vecinos y organizaciones, no resuelven de forma eficaz el problema del calor.

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• La Sierra de Cádiz alberga algunos de los espacios naturales más valiosos de Andalucía. Es el caso del Parque Natural Sierra de Grazalema, primero en declararse en Andalucía, que es además Reserva de la Biosfera, la primera que se declaró en nuestro país. Además, el territorio cuenta con numerosas áreas protegidas de alto valor ecológico, esenciales para la conservación de aves rapaces, murciélagos, anfibios y otras especies amenazadas.
• Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria riqueza natural, y el número de incidencias a la que esta gran biodiversidad puede dar lugar, la comarca carece de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) propio que permita atender con rapidez y eficacia a la fauna silvestre herida, enferma, accidentada…

Los CREA desempeñan una función esencial en la conservación de la biodiversidad. Su labor incluye la recogida, atención veterinaria, rehabilitación y posterior liberación de animales de especies amenazadas que, de alguna manera, se encuentran incapacitados ya sea por un accidente o por otra circunstancia, además de proporcionar información científica fundamental para la gestión y conservación de las especies. La Red Andaluza de CREA atendió cerca de 8.000 ejemplares de fauna silvestre en 2024, demostrando la importancia de estas instalaciones para la protección de nuestro patrimonio natural.

La conservación de la biodiversidad no puede sostenerse únicamente mediante actuaciones puntuales financiadas con medidas compensatorias vinculadas a proyectos empresariales. Es necesario un compromiso presupuestario permanente que garantice plantillas adecuadas, medios de intervención suficientes y una red de rescate capaz de responder a las crecientes necesidades derivadas de la presión humana sobre el medio natural. En este sentido es necesario la creación de una red de centros que cubran efectivamente el territorio andaluz.

La Sierra de Cádiz presenta circunstancias que justifican sobradamente la creación de un centro propio. Su gran extensión montañosa, la abundancia de carreteras secundarias, tendidos eléctricos y actividades humanas, como la caza, hacen que numerosos ejemplares de fauna protegida sufran accidentes cada año. A ello se suma la distancia hasta los centros de recuperación actualmente existentes, lo que puede dificultar una atención rápida en situaciones donde cada hora resulta decisiva para la supervivencia del animal.

Además de su función asistencial, un CREA en la Sierra de Cádiz tendría un importante papel educativo y social. Estos centros permiten acercar la conservación de la naturaleza a la ciudadanía, colaborar con centros educativos, asociaciones y administraciones locales, y fomentar una mayor sensibilización ambiental. La creación de esta infraestructura supondría también una oportunidad para generar empleo especializado, impulsar la investigación científica y reforzar la imagen de la comarca como referente en conservación de la naturaleza y turismo sostenible.

No obstante, las administraciones no deben olvidar tampoco que es fundamental la inversión en la prevención de las amenazas que afectan a la fauna silvestre, que evite tener que ser atendida en centros de recuperación como, por ejemplo, la corrección de tendidos eléctricos peligrosos y efectos trampa, la construcción de pasos de fauna para reducir los atropellos, la redacción de legislación para evitar los choques de aves contra cristales…

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Andalucía que estudie la puesta en marcha de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en la Sierra de Cádiz, una inversión coherente con la extraordinaria biodiversidad de la comarca. Ya que la conservación de la fauna silvestre no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes encuentran un animal herido. Necesita medios, instalaciones y profesionales. La Sierra de Cádiz necesita contar con ellos.

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• El presidente en funciones de la junta rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema   -a la sazón Oscar Curtido, delegado provincial de la Consejería de Sostenibilidad, por dimisión de su titular-, ha suspendido por segunda vez la sesión de la junta rectora.
• Ecologistas en Acción había solicitado que se incluyera como punto de urgencia información sobre los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales y los Planes de Autoprotección.
• La respuesta del delegado ha sido suspender la sesión prevista para el próximo jueves 16 de julio, para así no tener que dar explicaciones.

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema está en estado terminal. El anterior presidente, el delegado provincial de Sostenibilidad de Cádiz y el director del parque natural vienen incumpliendo sistemáticamente las normas que regulan su funcionamiento para impedir que ejerza sus funciones, entre las que se encuentran:

• Velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural.

Se ha ocultado a la junta rectora que el Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural está caducado y sin efectos desde 2014, lo que es un hecho gravísimo, y significa que todas las autorizaciones y sanciones en ese periodo son ilegales.

• Promover el conocimiento y difusión de los valores del espacio protegido.

Los responsables de la Consejería y la dirección del parque natural no sólo no promueven y apoyan las actividades de entidades como Ecologistas en Acción, sino que las boicotean.

• Facilitar la participación de los habitantes del Parque Natural, como garantía de preservación y desarrollo del espacio protegido.

Se impide la participación de colectivos en la junta rectora, negando la inclusión de puntos en el orden del día y no respondiendo a las solicitudes de información, vulnerando la normativa que regula el derecho a la información ambiental y de transparencia.

• Emitir informe sobre los planes que afecten a los recursos naturales del Parque y a la conservación de sus valores singulares.

Hay planes que no se permite informar, como el del Parque Industrial de Grazalema o los planes hidrológicos de las cuencas del Guadalete y del Guadiaro.

• Requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural.

Los responsables de la junta rectora no contestan a los ruegos y preguntas en la junta rectora. Actualmente hay pendientes 66 ruegos y preguntas sin contestar, acumulados desde 2018.

• Proponer ampliaciones de los límites del Parque Natural.

Se boicotea el proyecto de Ecologistas en Acción de ampliación del parque natural a la sierra de Líjar, mientras se amplían otros espacios naturales.

Además, las juntas rectoras tienen que reunirse, como mínimo, tres veces al año. Pero los responsables de la Consejería de Sostenibilidad le tienen alergia a este órgano de participación. En los últimos 11 años la junta rectora debería haberse reunido 33 veces,  y sólo ha habido 10 sesiones, ni una al año.

La junta rectora estaba convocada para el 26 de junio. Ecologistas en Acción remitió un escrito a la presidencia en funciones relacionando todos los incumplimientos de las normas reguladoras de este supuesto órgano de participación, y exigiendo explicaciones en la propia junta rectora. En dicho escrito proponíamos, además, que se abordara la valoración de los actos del 40 aniversario del parque natural, de los que la Consejería no ha dado explicación alguna, y que se explicara por qué si el anterior presidente había dimitido en noviembre del año pasado, y siendo obligatorio elegir nuevo presidente o presidenta en el plazo de dos meses, habían transcurridos ya siete meses, y todavía no se ha abierto el plazo de candidaturas. La respuesta del presidente en funciones fue aplazarla al 16 de julio.

Ante la emergencia que estamos padeciendo por el cambio climático y las olas de calor,  y ante el gravísimo riesgo de incendios forestales, como ha ocurrida en Almería y en el propio parque natural, los representantes ecologistas en la junta rectora han propuesto incluir un punto de urgencia para que se informe por parte de los responsables del parque natural y de la Consdejería de Sostenibilidad del estado de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales de los municipios del parque natural -un total de 9 en la provincia de Cádiz y seis en la de Málaga-, y de los Planes de Autoprotección frente a Incendios Forestales, obligatorios en diseminados urbanísticos, campings, hoteles y demás instalaciones en suelo no urbanizable. El presidente en funciones no nos ha contestado, pero ha suspendido la sesión de la junta rectora hasta nuevo aviso, suponemos que ya después del verano, con la contundente justificación de que se ha suspendido “por circunstancias sobrevenidas”, sin aclarar nada más.

Este aplazamiento y suspensión lo han sido con 24 y 48 horas de antelación respectivamente, lo que supone una falta de respeto a los representantes de entidades sociales que trabajan de forma altruista, se pagan los gastos de desplazamiento y dietas, y habían realizado las gestiones en sus trabajos para poder asistir a estas sesiones suspendidas.

Ecologistas en Acción se ha dirigido a la nueva consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez Guirado, para demandarle que intervenga ante esta situación de boicot a la junta rectora de responsables de su Consejería, y que no confirme en su cargo ni al delegado provincial de su consejería en Cádiz, ni al director del Parque Natural Sierra de Grazalema, que deben ser fulminantemente destituidos. `

Ecologistas en Acción denunciará al Defensor del Pueblo esta grave vulneración de las normas reguladoras de la junta rectora y de los derechos a la participación pública de sus miembros.

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