Hoy comenzamos hablando sobre la oleada de incendios forestales que está sufriendo España. Unos incendios de una magnitud descomunal y que están causando evacuaciones de decenas de miles de personas y notabilísimos daños materiales y ecológicos. Además, las tareas de extinción se están encontrando dificultades enormes, no solo debido a la gran complejidad de la tarea, sino también por la falta de medios asignados por las autoridades públicas a los propios técnicos. Como segundo tema, seguimos analizando la evolución de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Continúan los bombardeos, los bloqueos y las negociaciones infructuosas, lo que está conduciendo a nueva subida de los precios del petróleo y los combustibles. Con Pilar Vera, Toni Hernández, Carlos García e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.
Este 18 de julio se cumplen 90 años del levantamiento militar que dio lugar a la Guerra Civil española. Hoy analizamos qué pasó en esa fecha y, muy especialmente, qué consecuencias a largo plazo ha tenido para España. Volviendo a la economía actual, analizamos los mensajes de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a que estamos volviendo a la senda del gasto y el aumento del déficit público. Algo curioso, teniendo en cuenta que gran parte del incremento del gasto viene obligado por la Administración Trump de los Estados Unidos y se destina a gasto militar. Por último, analizamos el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la guerra de Ucrania y, muy particularmente, la preocupante situación por la posible escasez de combustible en un plazo más o menos corto. Con Íñigo Molina, Toni Hernández y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.
Hoy comenzamos hablando sobre la polémica alrededor de las bajas laborales. Alberto Nuñez Feijoo, candidato del Partido Popular y, según las encuestas, próximo presidente del Gobierno, ha anunciado que recortará las prestaciones por baja laboral si llega a la Moncloa ya que, en su opinión, promueven el absentismo laboral injustificado. Un discurso tomado directamente de la CEOE y con muy pocos datos que apoyen esa interpretación. Como segundo tema, hablamos sobre la gestión política de los incendios de verano que se están produciendo por toda España. Por último, analizamos la última cumbre de la OTAN en Turquía y las resoluciones que se han tomado en torno a la relación con Rusia, la guerra de Ucrania y la guerra de Irán. Además, analizamos la nueva andanada de insultos de Donald Trump a España y Pedro Sánchez. Con Pilar Vera, Toni Hernández, Íñigo Molina y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.
La ley fiscal ómnibus recientemente publicada es una medida que favorece a las empresas, que agotará los presupuestos públicos y frenará la lucha contra la evasión fiscal, afirma la EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. No aborda en absoluto el problema de la elusión fiscal.
La Comisión Europea publicó un nuevo paquete de simplificación fiscal el 24 de junio de 2026. El paquete incluye el nuevo «Omnibus Fiscal», que amplía las exenciones del impuesto de sociedades en toda la Unión Europea. Este «Omnibus» se inscribe en la línea de la captura corporativa de la Comisión Europea, en un momento en el que la Comisión retrasa la publicación de la Ley de Empleos de Calidad y de la legislación destinada a mejorar los derechos de los trabajadores para hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día. No hace nada para abordar la elusión fiscal rampante. Establece una prioridad equivocada. Entre sus medidas clave, la Directiva Ómnibus modifica varias directivas de la UE que regulan la tributación de los pagos transfronterizos de intereses, cánones y dividendos entre empresas. En el marco actual, las exenciones del impuesto de retención sobre estos pagos solo se aplicaban a las empresas que cumplían unos umbrales mínimos de participación accionarial, lo que servía como control básico de la relación entre las sociedades matrices y sus filiales. La propuesta de la Comisión elimina por completo esos umbrales, lo que significa que cualquier empresa de la UE podría beneficiarse de la exención, independientemente de lo débil que sea su vínculo con el pagador. En combinación con las lagunas jurídicas que permiten la elusión fiscal en la propuesta «EU Fraud Inc.» (28.º régimen), la actual Comisión está asestando un duro golpe a la lucha contra la planificación fiscal agresiva. La Comisión también está ampliando un marco similar para evitar el pago de impuestos sobre los gastos en investigación y desarrollo (I+D) mediante modificaciones a la Directiva Contra la Elusión Fiscal. La propuesta establecería una nueva norma mínima común que eximiría a las empresas del pago de impuestos sobre los gastos en activos tangibles de I+D, como instalaciones y maquinaria. La propuesta, redactada de forma imprecisa, abre nuevas y fáciles oportunidades para los abogados y asesores fiscales. La propuesta va aún más allá. Los Estados miembros ya no podrán recurrir a controles preventivos significativos, como los procedimientos de autorización previa, para verificar si las empresas tienen derecho a acogerse a estas exenciones. En su lugar, la idoneidad pasaría a depender en gran medida de la autodeclaración de las propias empresas. Esto merma las posibilidades de que las autoridades públicas comprueben que las empresas pagan los impuestos que les corresponden al licitar para contratos públicos (financiados con fondos públicos), algo que los sindicatos han venido reclamando en la revisión de la Directiva sobre Contratación Pública.
La Comisión estima que solo la medida que exime a las empresas del impuesto de retención supondrá un ahorro para ellas de unos 5 300 millones de euros al año. Se trata de recortes fiscales directos, no de ahorros administrativos.
La EPSU rechaza el planteamiento de la Comisión. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el «Omnibus fiscal» forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas. En lugar de reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal, la Comisión está eliminando las protecciones existentes, ampliando las exenciones fiscales a las empresas y dificultando que las autoridades fiscales eviten los abusos.
No se trata de un caso aislado. Tal y como ha destacado recientemente la EPSU en relación con la propuesta de la Comisión sobre el «Régimen 28», la Comisión sigue impulsando medidas que facilitan los mecanismos de elusión fiscal.
Mientras los gobiernos de toda Europa recortan el gasto público, la Comisión opta por debilitar aún más la integridad fiscal de Europa. Se estima que la Unión Europea ya pierde entre 210 000 y 250 000 millones de euros al año debido a la elusión y la evasión fiscales transfronterizas (ajustadas a la inflación). En lugar de hacer frente a estas pérdidas, la Comisión está creando nuevas oportunidades para la planificación fiscal agresiva y concediendo miles de millones en exenciones fiscales adicionales a las empresas.
Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no se puede destinar a inversión, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto supondrá una presión adicional sobre los servicios públicos, que ya se encuentran en dificultades tras años de austeridad.
Antecedentes
La cifra estimada de entre 210 000 y 250 000 millones de euros perdidos a causa de la elusión fiscal se basa en un estudio del Parlamento Europeo y está ajustada a la evolución de la inflación, pero no al aumento de los beneficios. Las cifras originales oscilaban entre 160 000 y 190 000 millones de euros al año. Las estimaciones incluyen la elusión fiscal de las empresas, la desviación de beneficios, la planificación fiscal agresiva y el aprovechamiento de las discrepancias entre los sistemas fiscales nacionales. La propuesta sobre las Sociedades «EU Inc.» de la Comisión Europea fomenta la búsqueda del régimen fiscal más favorable y permite.
La cifra real podría ser superior. Los beneficios empresariales y la concentración de la riqueza han aumentado, y los paraísos fiscales siguen siendo importantes. El Instituto Económico Polaco llegó a cifras similares y señaló que el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros de la UE ha descendido en 8 puntos porcentuales (del 24 % al 16%). Según los datos de 2016, los países más afectados por las pérdidas debidas al traslado artificial de beneficios fueron Alemania (18 000 millones de euros), Francia (11 000 millones de euros) y el Reino Unido (14 000 millones de euros). Tal y como señala el instituto, el resultado es una pérdida de ingresos públicos.
Para poner estas cifras en contexto: se estima que el déficit anual de inversión social ronda los 210 000 millones de euros al año (ajustado a la inflación). Recuperar los ingresos que actualmente se pierden por la elusión fiscal podría financiar una parte muy importante de la inversión adicional necesaria en servicios públicos, sanidad, asistencia social, infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático en toda Europa.
Yuniet Morrel Quintero (IG)
Diseñadora de economía circular,
emprendedora de economía circular textil y
embajadora de la Marca País Uruguay Natural
La industria textil global enfrenta hoy una de sus mayores crisis ambientales y éticas. Convertida en uno de los sectores más contaminantes del planeta, la dinámica del fast fashion o moda rápida ha impuesto un ritmo de sobreproducción y descarte masivo que los vertederos del mundo ya no pueden asimilar. Millones de toneladas de prendas, uniformes corporativos y sobrestocks industriales terminan incinerados o sepultados diariamente, liberando gases de efecto invernadero, contaminando fuentes de agua y destruyendo ecosistemas.
Frente a este panorama alarmante, el consumo responsable ha dejado de ser una opción ética o un estilo de vida individual; hoy es una urgencia crítica de infraestructura corporativa, tecnológica y social que nos obliga a repensar el ciclo de vida de cada tejido.
Mi experiencia
Como madre, esposa y migrante cubana, mi desembarco en Uruguay me enfrentó a la necesidad de reinventarme desde los cimientos sobre un suelo completamente desconocido. En ese proceso de adaptación profunda, entendí que mi propósito de vida estaba ligado a la sostenibilidad, sin importar la tierra en la que me encontrara. Mi historia formal en este ecosistema comenzó con un debut tan audaz como inesperado en la Expo Uruguay Sostenible 2025. En aquel momento, tras haber recibido mis primeras capacitaciones junto al Servicio Jesuita a Migrantes, me lancé a participar bajo el sello de LaJaY. El proyecto recién iniciaba y, con muy poco tiempo de preparación, nos plantamos en ese gran escenario sin medir la magnitud de todo lo que se venía. Sin embargo, ese bautismo de fuego encendió la chispa definitiva al conectarnos con la cruda realidad del desperdicio y el maltrato animal y humano de la industria textil, así como la falta de canales eficientes de economía circular.
Lejos de quedarme conforme con ese primer impulso, decidí profundizar para atacar la raíz del problema. A mediados de ese mismo año, inicié un exhaustivo diagnóstico del sector para validar, de manera manual, una infraestructura que consideraba urgente: el primer banco de excedentes textiles del Uruguay. Así fue tomando forma la transición hacia Looper Life, interviniendo la cadena corporativa para rescatar kilos de uniformes y materiales en desuso que las grandes empresas descartaban.
A finales de año, buscando poner a prueba la solidez de lo que veníamos construyendo y obtener una devolución técnica del ecosistema, mi esposo y yo decidimos postularnos al programa de Oportunidades Circulares de la ANDE que nos ayudó a seguir iterando y perfeccionando un modelo eficiente capaz de estructurar los datos del sobrestock industrial del país. El crecimiento exige madurez para evolucionar y buscar aliados estratégicos para escalar el impacto. Con esa visión, consolidamos el desarrollo tecnológico de Looper Life para transformar la gestión analógica en una plataforma digital, sumando apoyos clave como el respaldo estratégico de mi par tecnológica, Cecilia Aguirrezabala, y el riguroso proceso de incubación junto al equipo de We Are Rabbit.
Mientras la plataforma digital se encontraba en pleno desarrollo y aún sin tener creada la infraestructura tecnológica con todas las condiciones definitivas, la urgencia de visibilizar la circularidad y generar conciencia colectiva sobre la contaminación de la moda nos impulsó a crear hitos que sacudieran la agenda pública. Fue bajo el techo de nuestro hogar donde mi esposo, compañero incansable en este viaje y estudiante de psicología, tuvo la genialidad de encender la chispa: crear una Semana de la Moda Sostenible como un desprendimiento orgánico y vivo de Looper Life. Con esa premisa familiar, asumí el rol de Directora Ejecutiva y, coordinando esfuerzos junto a una dirección creativa que aportó su visión estética al propósito, materializamos un hito sin precedentes: la primera Montevideo Sustainable Fashion Week, celebrada con un éxito rotundo del 22 al 25 de junio en la Intendencia de Montevideo. La respuesta institucional a este evento validó el inmenso trabajo y el sacrificio familiar detrás de un proyecto que nació con muy pocos recursos. La pasarela y los foros educativos fueron declarados de interés por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo, alcanzando además el máximo reconocimiento de Declaración de Interés Nacional.
Lograr este nivel de respaldo en una tierra extranjera, habiendo empezado absolutamente desde cero, tiene un significado profundo para mí. Demuestra que cuando hay convicción, preparación y un interés genuino por el planeta, los puentes institucionales se construyen. Nuestras proyecciones a futuro son claras y ambiciosas: buscamos concretar las importantes conversaciones que hoy están sobre la mesa, expandir nuestros talleres, consolidar la plataforma digital y fortalecer de manera permanente las conexiones con los ministerios para seguir sumando empresas a esta red de consumo responsable.
Porque la verdadera sostenibilidad no se reduce a métricas ambientales o grandes pasarelas; es profundamente humana, comunitaria y de género. Para mí, el trabajo con mujeres y comunidades es un pilar innegociable. La moda circular debe ser una herramienta que impulse la autonomía económica, la confianza y el desarrollo personal. Por eso, desde Looper Life tejimos una alianza estratégica con Hilos de Esperanza, una cooperativa joven de mujeres sumamente talentosas del Centro 6 de Villa García. Como aliadas directas de nuestro banco de excedentes, conectar los materiales corporativos recuperados con sus manos trabajadoras es el vivo reflejo del triple impacto: descentralizamos las oportunidades de desarrollo, brindamos herramientas de capacitación técnica y apoyamos a jefas de hogar en su camino hacia la independencia financiera.
Bajo esta misma visión de red colaborativa y fraternidad frente al dolor de la migración, sumamos el trabajo junto a Nixon Barbosa, un talentoso emprendedor venezolano cuyo proyecto aliado, JN ManoArte, se conecta directamente con la infraestructura de Looper Life para abastecerse de materias primas recuperadas, optimizando recursos y demostrando que el residuo puede transformarse en diseño con propósito. Asimismo, canalizamos parte de estos excedentes textiles a través de una alianza muy significativa con Uruvene, la organización de migrantes venezolanos en Uruguay, transformando el descarte industrial en abrigo, insumos de confección y ayuda social para familias que, al igual que yo, llegaron a este suelo buscando un futuro mejor. Este intenso viaje de validación de datos y compromiso comunitario tuvo su consagración más alta a mediados de abril de este año, cuando recibimos oficialmente el licenciamiento de Marca País por parte de Uruguay XXI.
Concluimos y seguimos
Miro hacia atrás y veo que ha sido un año de muchísimo trabajo, de un sacrificio familiar enorme y de un aprendizaje constante. Hay que tener la honestidad de decir que no siempre he hecho todo bien, pero de cada tropiezo he aprendido y he buscado crecer, avanzando firmemente un paso a la vez. Es lo que en el deporte llaman la Mentalidad Mamba: entender que el foco está en el proceso diario, en la consistencia y en saber que el trabajo nunca está terminado.
Mi gran motor es demostrarles a otras mujeres que sí se puede. Aun cuando te toca empezar absolutamente de cero en un país diferente, aun cuando te toca armar una nueva vida o levantar un emprendimiento a pulmón: siempre hay maneras de hacer las cosas y salir adelante. A quienes transitan este desafío, les recomiendo siempre que se instruyan, que busquen información de forma incansable, que no se rindan y, sobre todo, que jamás se queden quietas.
Cada mañana me levanto agradeciendo a Dios por la oportunidad de un nuevo día, mirando el lado positivo de cada circunstancia y enfocada en cómo puedo mejorar como persona, madre y colaboradora para este país que nos abrió las puertas. Portar el emblema de Marca País representa que una historia de migración hoy puede sostener con orgullo el pabellón de la sostenibilidad uruguaya. El residuo textil ya no es basura; con el apoyo de las empresas, la articulación pública y el empuje de las comunidades aliadas, es el tejido de un futuro mejor que elegimos construir.
Sobre moda y ética:
Ghana pierde: un relato sobre el desgarrador desastre en las costas africanas.
En lugar de asumir y solventar esta deuda histórica y estructural con las mujeres, ahora se están generando otras nuevas. Por ejemplo, en Argentina ante el retiro del Estado muchas se endeudan para sostener a sus familias.
Yuniet Morrel Quintero (IG)
Diseñadora de economía circular,
emprendedora de economía circular textil y
embajadora de la Marca País Uruguay Natural
La industria textil global enfrenta hoy una de sus mayores crisis ambientales y éticas. Convertida en uno de los sectores más contaminantes del planeta, la dinámica del fast fashion o moda rápida ha impuesto un ritmo de sobreproducción y descarte masivo que los vertederos del mundo ya no pueden asimilar. Millones de toneladas de prendas, uniformes corporativos y sobrestocks industriales terminan incinerados o sepultados diariamente, liberando gases de efecto invernadero, contaminando fuentes de agua y destruyendo ecosistemas.
Frente a este panorama alarmante, el consumo responsable ha dejado de ser una opción ética o un estilo de vida individual; hoy es una urgencia crítica de infraestructura corporativa, tecnológica y social que nos obliga a repensar el ciclo de vida de cada tejido.
Mi experiencia
Como madre, esposa y migrante cubana, mi desembarco en Uruguay me enfrentó a la necesidad de reinventarme desde los cimientos sobre un suelo completamente desconocido. En ese proceso de adaptación profunda, entendí que mi propósito de vida estaba ligado a la sostenibilidad, sin importar la tierra en la que me encontrara. Mi historia formal en este ecosistema comenzó con un debut tan audaz como inesperado en la Expo Uruguay Sostenible 2025. En aquel momento, tras haber recibido mis primeras capacitaciones junto al Servicio Jesuita a Migrantes, me lancé a participar bajo el sello de LaJaY. El proyecto recién iniciaba y, con muy poco tiempo de preparación, nos plantamos en ese gran escenario sin medir la magnitud de todo lo que se venía. Sin embargo, ese bautismo de fuego encendió la chispa definitiva al conectarnos con la cruda realidad del desperdicio y el maltrato animal y humano de la industria textil, así como la falta de canales eficientes de economía circular.
Lejos de quedarme conforme con ese primer impulso, decidí profundizar para atacar la raíz del problema. A mediados de ese mismo año, inicié un exhaustivo diagnóstico del sector para validar, de manera manual, una infraestructura que consideraba urgente: el primer banco de excedentes textiles del Uruguay. Así fue tomando forma la transición hacia Looper Life, interviniendo la cadena corporativa para rescatar kilos de uniformes y materiales en desuso que las grandes empresas descartaban.
A finales de año, buscando poner a prueba la solidez de lo que veníamos construyendo y obtener una devolución técnica del ecosistema, mi esposo y yo decidimos postularnos al programa de Oportunidades Circulares de la ANDE que nos ayudó a seguir iterando y perfeccionando un modelo eficiente capaz de estructurar los datos del sobrestock industrial del país. El crecimiento exige madurez para evolucionar y buscar aliados estratégicos para escalar el impacto. Con esa visión, consolidamos el desarrollo tecnológico de Looper Life para transformar la gestión analógica en una plataforma digital, sumando apoyos clave como el respaldo estratégico de mi par tecnológica, Cecilia Aguirrezabala, y el riguroso proceso de incubación junto al equipo de We Are Rabbit.
Mientras la plataforma digital se encontraba en pleno desarrollo y aún sin tener creada la infraestructura tecnológica con todas las condiciones definitivas, la urgencia de visibilizar la circularidad y generar conciencia colectiva sobre la contaminación de la moda nos impulsó a crear hitos que sacudieran la agenda pública. Fue bajo el techo de nuestro hogar donde mi esposo, compañero incansable en este viaje y estudiante de psicología, tuvo la genialidad de encender la chispa: crear una Semana de la Moda Sostenible como un desprendimiento orgánico y vivo de Looper Life. Con esa premisa familiar, asumí el rol de Directora Ejecutiva y, coordinando esfuerzos junto a una dirección creativa que aportó su visión estética al propósito, materializamos un hito sin precedentes: la primera Montevideo Sustainable Fashion Week, celebrada con un éxito rotundo del 22 al 25 de junio en la Intendencia de Montevideo. La respuesta institucional a este evento validó el inmenso trabajo y el sacrificio familiar detrás de un proyecto que nació con muy pocos recursos. La pasarela y los foros educativos fueron declarados de interés por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo, alcanzando además el máximo reconocimiento de Declaración de Interés Nacional.
Lograr este nivel de respaldo en una tierra extranjera, habiendo empezado absolutamente desde cero, tiene un significado profundo para mí. Demuestra que cuando hay convicción, preparación y un interés genuino por el planeta, los puentes institucionales se construyen. Nuestras proyecciones a futuro son claras y ambiciosas: buscamos concretar las importantes conversaciones que hoy están sobre la mesa, expandir nuestros talleres, consolidar la plataforma digital y fortalecer de manera permanente las conexiones con los ministerios para seguir sumando empresas a esta red de consumo responsable.
Porque la verdadera sostenibilidad no se reduce a métricas ambientales o grandes pasarelas; es profundamente humana, comunitaria y de género. Para mí, el trabajo con mujeres y comunidades es un pilar innegociable. La moda circular debe ser una herramienta que impulse la autonomía económica, la confianza y el desarrollo personal. Por eso, desde Looper Life tejimos una alianza estratégica con Hilos de Esperanza, una cooperativa joven de mujeres sumamente talentosas del Centro 6 de Villa García. Como aliadas directas de nuestro banco de excedentes, conectar los materiales corporativos recuperados con sus manos trabajadoras es el vivo reflejo del triple impacto: descentralizamos las oportunidades de desarrollo, brindamos herramientas de capacitación técnica y apoyamos a jefas de hogar en su camino hacia la independencia financiera.
Bajo esta misma visión de red colaborativa y fraternidad frente al dolor de la migración, sumamos el trabajo junto a Nixon Barbosa, un talentoso emprendedor venezolano cuyo proyecto aliado, JN ManoArte, se conecta directamente con la infraestructura de Looper Life para abastecerse de materias primas recuperadas, optimizando recursos y demostrando que el residuo puede transformarse en diseño con propósito. Asimismo, canalizamos parte de estos excedentes textiles a través de una alianza muy significativa con Uruvene, la organización de migrantes venezolanos en Uruguay, transformando el descarte industrial en abrigo, insumos de confección y ayuda social para familias que, al igual que yo, llegaron a este suelo buscando un futuro mejor. Este intenso viaje de validación de datos y compromiso comunitario tuvo su consagración más alta a mediados de abril de este año, cuando recibimos oficialmente el licenciamiento de Marca País por parte de Uruguay XXI.
Concluimos y seguimos
Miro hacia atrás y veo que ha sido un año de muchísimo trabajo, de un sacrificio familiar enorme y de un aprendizaje constante. Hay que tener la honestidad de decir que no siempre he hecho todo bien, pero de cada tropiezo he aprendido y he buscado crecer, avanzando firmemente un paso a la vez. Es lo que en el deporte llaman la Mentalidad Mamba: entender que el foco está en el proceso diario, en la consistencia y en saber que el trabajo nunca está terminado.
Mi gran motor es demostrarles a otras mujeres que sí se puede. Aun cuando te toca empezar absolutamente de cero en un país diferente, aun cuando te toca armar una nueva vida o levantar un emprendimiento a pulmón: siempre hay maneras de hacer las cosas y salir adelante. A quienes transitan este desafío, les recomiendo siempre que se instruyan, que busquen información de forma incansable, que no se rindan y, sobre todo, que jamás se queden quietas.
Cada mañana me levanto agradeciendo a Dios por la oportunidad de un nuevo día, mirando el lado positivo de cada circunstancia y enfocada en cómo puedo mejorar como persona, madre y colaboradora para este país que nos abrió las puertas. Portar el emblema de Marca País representa que una historia de migración hoy puede sostener con orgullo el pabellón de la sostenibilidad uruguaya. El residuo textil ya no es basura; con el apoyo de las empresas, la articulación pública y el empuje de las comunidades aliadas, es el tejido de un futuro mejor que elegimos construir.
Sobre moda y ética:
Ghana pierde: un relato sobre el desgarrador desastre en las costas africanas.
Hoy comenzamos analizando la situación de la guerra de Ucrania. Las pérdidas de territorio ucraniano siguen sucediéndose, palmo a palmo, y Rusia podría haber tomado la ciudad de Kostiantynivka mientras que Kiev niega su conquista. Mientras tanto, la situación interna política se remueve tanto en Europa como en Estados Unidos y dentro de la propia Rusia, donde las opciones más duras ganan terreno. También analizamos hoy la situación en Andalucía: como era previsible, Vox ha entrado en el Gobierno de Juanma Moreno en lo que bien podría ser un anticipo de lo que sucedería en las próximas elecciones generales si el Partido Popular gana las elecciones pero no consigue la mayoría absoluta. Con Toni Hernández, Íñigo Molina, Carlos Hernández y Pilar Vera. Conduce Juan Carlos Barba.
El texto registrado ante la oficina del fiscal general no habla de expropiar empresas ni de castigar a nadie: habla de financiar servicios básicos en una sociedad capaz de generar fortunas inmensas mientras se deterioran sus infraestructuras esenciales.
La reacción de algunos nombres conocidos de Silicon Valley ha sido la previsible: hablar de fuga de capitales, de destrucción del ecosistema emprendedor y de pérdida de incentivos. Es el argumento habitual: si se pide a quienes más se han beneficiado de un entorno económico, jurídico, educativo, científico y de infraestructura que contribuyan de manera proporcional, supuestamente la innovación se detendrá. Pero la tesis tiene mucho de chantaje y de absurdo conceptual: nadie deja de fundar una empresa que puede valer miles de millones porque, en el hipotético caso de acabar acumulando más de mil millones de patrimonio personal, tenga que pagar una contribución extraordinaria. Las empresas se crean por ambición, oportunidad, tecnología, talento, capital, redes, mercados e instituciones. Confundir eso con el privilegio de no tributar es manipular el debate.
El problema de fondo es que el sistema fiscal grava nóminas, consumo y rentas ordinarias, pero sigue tratando la riqueza extrema como una abstracción contable. Un trabajador cobra, declara y paga. Una pequeña empresa obtiene beneficios y paga. Pero el multimillonario típico puede vivir con pocos «ingresos» fiscales: acumula plusvalías no realizadas, utiliza acciones como colateral, se endeuda contra su patrimonio, reorganiza activos en sociedades, trusts y fundaciones, y retrasa indefinidamente el momento en que el fisco puede considerar que existe algo gravable. ProPublica lo documentó en su investigación sobre cómo los más ricos de Estados Unidos evitan pagar impuestos sobre la renta, y lo resumió después en su lista de técnicas de elusión fiscal utilizadas por multimillonarios.
La excusa de que «no tienen ingresos» es precisamente la razón para hablar de riqueza. No es una objeción técnica: es la descripción del agujero. Si alguien controla decenas o cientos de miles de millones en activos, puede influir en mercados, financiar campañas, condicionar regulaciones y transmitir poder económico a la siguiente generación. Pero si aparece fiscalmente como alguien con ingresos modestos, el problema no es la ausencia de renta imponible: el problema es un sistema diseñado para mirar hacia otro lado cuando la riqueza adopta formas que no encajan en sus categorías tradicionales.
La desigualdad extrema no es una cuestión estética ni una invitación a practicar la envidia: es un problema institucional de primera magnitud. La OCDE lo plantea en su análisis sobre desigualdad de ingresos y riqueza: desigualdad de resultados y de oportunidades se refuerzan mutuamente. Cuando una sociedad permite que la acumulación patrimonial extrema crezca sin fricción fiscal, no premia únicamente el mérito: consolida ventajas, compra influencia y cierra puertas.
El argumento de la fuga de ricos merece menos histeria. Sí, algunos pueden cambiar residencia fiscal o reorganizar activos. Lo hacen ya, con impuestos altos, bajos o inexistentes. Pero la evidencia es más matizada que el relato apocalíptico: el estudio de Cristobal Young y sus coautores sobre migración de millonarios y tributación de élites encontró que esa fuga existe, pero en márgenes estadística y socialmente limitados.
Silicon Valley no surgió en un desierto institucional: surgió sobre universidades, investigación pública, contratos gubernamentales, inmigración cualificada, infraestructuras, capital riesgo, protección jurídica y mercados regulados. Todo eso cuesta dinero. Todo eso es sociedad. Todo eso es Estado.
La verdadera confiscación no es pedir una contribución extraordinaria a quien supera los mil millones de dólares de patrimonio. Confiscatorio es permitir que escuelas, hospitales y programas públicos se deterioren mientras una élite minúscula convierte la ingeniería fiscal en ventaja competitiva. Los multimillonarios seguirán creando empresas, invirtiendo y ganando muchísimo dinero. El incentivo seguirá siendo gigantesco. Lo que este impuesto establece es otra cosa: que la riqueza extrema no debe estar por encima de la democracia.
Hoy comenzamos con la última bomba del sector automovilístico europeo y, muy particularmente, alemán: Volkswagen anuncia que los despidos que realizará serán del orden de las 100.000 personas. Es el último capítulo de una industria automovilística acosada por la competencia desde China y una industria alemana hundida por los precios de la energía después de tener que renunciar al gas ruso por la guerra de Ucrania. Como segundo tema, hablamos sobre cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos y olas de calor históricas. La primera ola de calor del verano ha batido todos los récords y los planes para evitar seguir profundizando en el cambio climático no están cerca de realizarse. Por último, hablamos sobre cómo está gestionando a nivel interno la estrategia de lawfare que está afectando a sus expectativas electorales. Con Íñigo Molina, Carlos García y Toni Hernández. Conduce Juan Carlos Barba.
Hoy comenzamos hablando sobre las acusaciones de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos respecto a que Ucrania está desarrollando armas biológicas en laboratorios clandestinos. Después hablamos sobre el anuncio de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo por primera vez en casi tres años, aplicando de nuevo las recetas de siempre a los nuevos problemas que se presentan. Por último, hablamos sobre el preacuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, saboteados constantemente por los ataques de Israel sobre el Líbano. Con Pilar Vera, Carlos García e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.
Hoy comenzamos hablando sobre el estado de la Inteligencia Artificial. Estamos asistiendo a un furor de inversiones masivas, lanzamientos continuos de nuevas versiones de todos los modelos, discursos grandilocuentes sobre las posibilidades de la IA y también recelos extremos respecto a sus malos usos y sus efectos sobre la economía… y también sobre la geopolítica, ya que Estados Unidos y China se encuentran en una carrera tecnológica por desarrollar inteligencias artificiales que les permitan dominar el mundo en los años venideros. También hablamos hoy sobre el avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué se ha conseguido firmar? ¿Cómo de cerca está el final de la guerra y el cierre de un acuerdo definitivo? Como tercer tema trataremos la nueva política migratoria de la Unión Europea. Por último, hablamos sobre el paréntesis de la huelga indefinida de la educación en Valencia. Con Pilar Vera, Toni Hernández, Jaume Garo, e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.
Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.
El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.
¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.
El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.
La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.
Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.
En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.
La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica
Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.
Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.
Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.
Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.
Por Alberto Mesas, publicado originalmente en ctxt.
Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión.
La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.
No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.
La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.
Los ricos evaden porque el sistema lo permite
Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).
Los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial
Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.
Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente. / World Inequality Lab
La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”.
No es solo que los ricos paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen
En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.
En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.
Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.
“Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función”
En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.
Se grava más el trabajo que la propiedad
Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).
Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca.
En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.
La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.
“El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”
La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.
En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación).
Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.
Aumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años. / World Inequality Lab
Los más ricos cada vez son más ricos
En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.
Evolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años. / Oxfam
Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.
Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.
Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.
Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.
En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.
España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales. / Informe Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.
Sin voluntad política para perseguir el fraude
Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.
Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.
En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.
Hoy hablamos sobre cómo continúa la guerra de Ucrania. Mientras que el frente en Ucrania se encuentra prácticamente estabilizado, pese a algún discreto avance por parte de Rusia, se suceden varios ataques ucranianos con drones en suelo ruso. También hablamos sobre cómo está afectando la imputación de Zapatero en las encuestas electorales. Pedro Sánchez había conseguido cierta recuperación en la intención de voto en los últimos meses, principalmente por su posición ante los Estados Unidos y la guerra de Irán, que parecen haberse revertido totalmente después de que se conociesen las actuaciones judiciales por el caso Plus Ultra. Por último, continuamos con el seguimiento a la huelga del profesorado en Valencia. Con Toni Hernández, Carlos García e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.
El trabajo esclavo para entrenar a los chatbots y que parezcan humanos se invisibiliza para ocultar las contradicciones de esta industria. Mientras quienes consumimos IA nos hacemos más conscientes de lo que implica, las personas trabajadoras se organizan para luchar contra la precarización extrema.
Hoy hablamos sobre la proposición no de ley del PSOE que se ha votado en el Congreso por la que se proponía declarar como irrevocable la pertenencia de España a la Unión Europea. Hablamos sobre quién ha votado a favor, quién en contra, quién se ha abstenido y entramos al fondo de la cuestión. En segundo lugar, hablamos sobre cómo continua la huelga de la enseñanza en Valencia. Una huelga de la educación pública que se ha convertido en la mayor en décadas. Con Jaume Garo, Carlos García, Íñigo Molina y Toni Hernández. Conduce Juan Carlos Barba.
Hoy comenzamos hablando sobre la huelga en la educación pública en Valencia. Una huelga que está sorprendiendo por su claridad de ideas, compromiso y participación del profesorado y que está animando a comunidades educativas de todo el país. Como segundo tema, hablamos sobre la imputación del ex Presidente José Luís Rodríguez Zapatero en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Un caso en el que está implicada incluso la administración de los Estados Unidos. Por último, analizamos cómo evoluciona la situación de bloqueo en Cuba, que cada día es más dura y apunta más a un cambio de régimen. Con Pilar Vera, Carlos García e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.
Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México
Attac España suscribe el presente comunicado
Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).
El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:
Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.
El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.
Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local
El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel nacional y local.
Debilita la producción agrícola mexicana
A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.
Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales
El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.
Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.
A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.
Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.
El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos.
La industria textil global enfrenta hoy una de sus mayores crisis ambientales y éticas. Convertida en uno de los sectores más contaminantes del planeta, la dinámica del fast fashion o moda rápida ha impuesto un ritmo de sobreproducción y descarte masivo que los vertederos del mundo ya no pueden asimilar. Millones de toneladas de prendas, uniformes corporativos y sobrestocks industriales terminan incinerados o sepultados diariamente, liberando gases de efecto invernadero, contaminando fuentes de agua y 
Sobre moda y ética:
