La ley fiscal ómnibus recientemente publicada es una medida que favorece a las empresas, que agotará los presupuestos públicos y frenará la lucha contra la evasión fiscal, afirma la EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. No aborda en absoluto el problema de la elusión fiscal.

Artículo de la EPSU (Federación Europea de Sindicatos del Sector Público)

La Comisión Europea publicó un nuevo paquete de simplificación fiscal el 24 de junio de 2026. El paquete incluye el nuevo «Omnibus Fiscal», que amplía las exenciones del impuesto de sociedades en toda la Unión Europea.
Este «Omnibus» se inscribe en la línea de la captura corporativa de la Comisión Europea, en un momento en el que la Comisión retrasa la publicación de la Ley de Empleos de Calidad y de la legislación destinada a mejorar los derechos de los trabajadores para hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día. No hace nada para abordar la elusión fiscal rampante. Establece una prioridad equivocada.
Entre sus medidas clave, la Directiva Ómnibus modifica varias directivas de la UE que regulan la tributación de los pagos transfronterizos de intereses, cánones y dividendos entre empresas. En el marco actual, las exenciones del impuesto de retención sobre estos pagos solo se aplicaban a las empresas que cumplían unos umbrales mínimos de participación accionarial, lo que servía como control básico de la relación entre las sociedades matrices y sus filiales. La propuesta de la Comisión elimina por completo esos umbrales, lo que significa que cualquier empresa de la UE podría beneficiarse de la exención, independientemente de lo débil que sea su vínculo con el pagador. En combinación con las lagunas jurídicas que permiten la elusión fiscal en la propuesta «EU Fraud Inc.» (28.º régimen), la actual Comisión está asestando un duro golpe a la lucha contra la planificación fiscal agresiva.
La Comisión también está ampliando un marco similar para evitar el pago de impuestos sobre los gastos en investigación y desarrollo (I+D) mediante modificaciones a la Directiva Contra la Elusión Fiscal. La propuesta establecería una nueva norma mínima común que eximiría a las empresas del pago de impuestos sobre los gastos en activos tangibles de I+D, como instalaciones y maquinaria. La propuesta, redactada de forma imprecisa, abre nuevas y fáciles oportunidades para los abogados y asesores fiscales.
La propuesta va aún más allá. Los Estados miembros ya no podrán recurrir a controles preventivos significativos, como los procedimientos de autorización previa, para verificar si las empresas tienen derecho a acogerse a estas exenciones. En su lugar, la idoneidad pasaría a depender en gran medida de la autodeclaración de las propias
empresas. Esto merma las posibilidades de que las autoridades públicas comprueben que las empresas pagan los impuestos que les corresponden al licitar para contratos públicos (financiados con fondos públicos), algo que los sindicatos han venido reclamando en la revisión de la Directiva sobre Contratación Pública.

La Comisión estima que solo la medida que exime a las empresas del impuesto de retención supondrá un ahorro para ellas de unos 5 300 millones de euros al año. Se trata de recortes fiscales directos, no de ahorros administrativos.

La EPSU rechaza el planteamiento de la Comisión. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el «Omnibus fiscal» forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas. En lugar de reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal, la Comisión está eliminando las protecciones existentes, ampliando las exenciones fiscales a las empresas y dificultando que las autoridades fiscales eviten los abusos.

No se trata de un caso aislado. Tal y como ha destacado recientemente la EPSU en relación con la propuesta de la Comisión sobre el «Régimen 28», la Comisión sigue impulsando medidas que facilitan los mecanismos de elusión fiscal.

Mientras los gobiernos de toda Europa recortan el gasto público, la Comisión opta por debilitar aún más la integridad fiscal de Europa. Se estima que la Unión Europea ya pierde entre 210 000 y 250 000 millones de euros al año debido a la elusión y la evasión fiscales transfronterizas (ajustadas a la inflación). En lugar de hacer frente a estas pérdidas, la Comisión está creando nuevas oportunidades para la planificación fiscal agresiva y concediendo miles de millones en exenciones fiscales adicionales a las empresas.

Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no se puede destinar a inversión, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto supondrá una presión adicional sobre los servicios públicos, que ya se encuentran en dificultades tras años de
austeridad.

Antecedentes

La cifra estimada de entre 210 000 y 250 000 millones de euros perdidos a causa de la elusión fiscal se basa en un estudio del Parlamento Europeo y está ajustada a la evolución de la inflación, pero no al aumento de los beneficios. Las cifras originales
oscilaban entre 160 000 y 190 000 millones de euros al año. Las estimaciones incluyen la elusión fiscal de las empresas, la desviación de beneficios, la planificación fiscal agresiva y el aprovechamiento de las discrepancias entre los sistemas fiscales nacionales. La propuesta sobre las Sociedades «EU Inc.» de la Comisión Europea fomenta la búsqueda del régimen fiscal más favorable y permite.

La cifra real podría ser superior. Los beneficios empresariales y la concentración de la riqueza han aumentado, y los paraísos fiscales siguen siendo importantes. El Instituto Económico Polaco llegó a cifras similares y señaló que el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros de la UE ha descendido en 8 puntos porcentuales (del 24 % al 16%). Según los datos de 2016, los países más afectados por las pérdidas debidas al traslado artificial de beneficios fueron Alemania (18 000 millones de euros), Francia (11 000 millones de euros) y el Reino Unido (14 000 millones de euros). Tal y como señala el instituto, el resultado es una pérdida de ingresos públicos.

Para poner estas cifras en contexto: se estima que el déficit anual de inversión social ronda los 210 000 millones de euros al año (ajustado a la inflación). Recuperar los ingresos que actualmente se pierden por la elusión fiscal podría financiar una parte muy importante de la inversión adicional necesaria en servicios públicos, sanidad, asistencia social, infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático en toda Europa.

Consulta aquí las propuestas de la EPSU para hacer frente a la elusión fiscal.

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Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado originalmente para Público.

Hay un movimiento silencioso pero revelador que está reconfigurando el mapa geopolítico del siglo XXI. Los grandes barones tecnológicos de Silicon Valley, arquitectos de los sistemas de vigilancia digital más sofisticados de la historia, están abandonando progresivamente Estados Unidos en busca de territorios donde construir sus propias reglas, dictar sus propias leyes y quedar al margen de cualquier rendición de cuentas democrática. Roatán en Honduras y la Argentina de Milei son sus destinos más emblemáticos. España, mientras tanto, empieza a sentir en su propia piel las consecuencias de esta nueva diplomacia del poder, donde las embajadas operan como cuarteles generales de una oposición que mira más a Washington que a sus propios electores.

Próspera: la ciudad-estado que quiso comprar la soberanía hondureña

Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Próspera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con estructura fiscal y regulatoria independiente, diseñada para atraer inversores tecnológicos y defensores del libre mercado. La ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permitía crear enclaves con autonomía casi total en materia fiscal, regulatoria e incluso de seguridad pública, y el proyecto reunió más de 120 millones de dólares en capital de Silicon Valley.

El experimento chocó con una realidad que los libertarios tienden a subestimar: la soberanía popular. Cuando la presidenta Xiomara Castro derogó la ley que amparaba las ZEDE, Honduras Próspera Inc. presentó una demanda de más de 10.000 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que tratados comerciales con Estados Unidos le garantizaban operar 50 años más. Una empresa privada amenazando con arruinar a un país por haber ejercido su soberanía constitucional: pocas imágenes ilustran mejor la lógica de este movimiento.

El vínculo entre Próspera y el expresidente Juan Orlando Hernández no es anecdótico: fue él quien aseguró las concesiones legales que hicieron posible la ZEDE durante su mandato. Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego. Lo que ocurrió después constituye una de las interferencias electorales más descaradas de los últimos tiempos. El 28 de noviembre de 2025, solo dos días antes de las elecciones generales hondureñas, Trump anunció su indulto en redes sociales y mostró su apoyo explícito al candidato del partido de Hernández, amenazando además con cortar el financiamiento a Honduras si no ganaba el conservador afín. La lógica del chantaje aplicada a la democracia de un país soberano, con un narcotraficante confeso como moneda de cambio.

Argentina: cuando el experimento ocupa un país entero

Si Honduras fue el laboratorio de la ciudad-estado, Argentina bajo Javier Milei representa la versión a escala nacional del mismo proyecto. El símbolo más elocuente es la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir Technologies, a Buenos Aires. Thiel dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami, trasladó a su familia e inscribió a sus hijos en una escuela local, consolidando una relación ideológica con el gobierno de Milei que ambos definen como el encuentro de dos anarcocapitalistas.

La paradoja es mayúscula. Thiel es cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor In-Q-Tel, concebida desde el primer día como herramienta de vigilancia estatal. En 2025, Palantir aseguró un contrato con el Ejército estadounidense de hasta 10.000 millones de dólares, consolidando su papel como pieza central del Estado de seguridad global. Que el creador de uno de los mayores instrumentos de vigilancia masiva del planeta busque refugio en una Argentina desregulada no carece de ironía. Varios analistas regionales especulan con posibles acuerdos de inteligencia entre Palantir y el gobierno de Milei, aunque ninguno ha sido confirmado públicamente.

El patrón que emerge merece una lectura más profunda. Los tecnólogos que construyeron los sistemas de rastreo de comunicaciones y perfilado ciudadano más poderosos de la historia parecen haber concluido que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para ellos ni para su patrimonio. Cabe preguntarse si esa sensación no guarda relación directa con su propia obra: con los mecanismos de control que ayudaron a diseñar y que ahora temen que puedan volverse contra quienes los crearon en un contexto de creciente desigualdad y tensión social. ¿Son conscientes de que los sistemas de vigilancia masiva que contribuyeron a desarrollar pueden generar precisamente las revueltas sociales de las que intentan huir?

España en el punto de mira

El escenario que se dibuja en Latinoamérica tiene su correlato europeo, y España es el objetivo más visible. Las reuniones del nuevo embajador de la administración Trump con los líderes del bloque conservador (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), sumadas a sus declaraciones públicas en un desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026 en Madrid contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Desde la izquierda parlamentaria se exigieron explicaciones sobre qué coordinaban los tres líderes de la oposición con la sede diplomática estadounidense en la misma semana, sugiriendo que los movimientos podrían responder a intereses ajenos a España.

Merece atención especial el papel de Isabel Díaz Ayuso. El 21 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la embajada como sus correligionarios: recibió al embajador en la Real Casa de Correos, su propia sede institucional, como si de un jefe de Estado se tratara. Esa inversión del protocolo es reveladora. Su participación en estos cónclaves evidencia una diplomacia paralela más interesada en sintonizar con el neoconservadurismo de Washington que en respetar los cauces de la política exterior española.

La pregunta que flota en el ambiente madrileño, entre irónica e inquietante, es inevitable: ¿Estarán negociando una “ZEDE” para Madrid? La broma tiene su lógica. Ayuso lleva años construyendo la Comunidad de Madrid como un enclave de baja fiscalidad y regulación diferenciada, cuya filosofía de fondo no dista tanto del modelo que los tecnólogos libertarios intentaron implantar en Roatán. Lo que en Honduras requirió una isla del Caribe, en Madrid se construye con bajadas de impuestos y una narrativa de excepcionalidad frente al gobierno central. La visita del embajador podría leerse, en clave sarcástica, como la visita del socio inversor.

Lo que antes se gestionaba a través de fundaciones y think tanks hoy se hace con el embajador marcando líneas rojas públicamente al gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. La historia de las injerencias estadounidenses en Europa no comienza con Trump, pero la actual administración ha eliminado la discreción que sus predecesoras mantenían como decoro mínimo. El patrón global es coherente: presión diplomática sobre gobiernos díscolos, instrumentalización de la justicia como palanca política, y financiación de experimentos de soberanía privada donde las reglas las escriben quienes tienen el capital. Lo que está en juego no es solo quién gobierna en Madrid, Buenos Aires o Tegucigalpa, sino si la soberanía democrática sigue teniendo algún significado en un mundo donde los más ricos pueden comprarse una jurisdicción a medida y contratar al embajador más conveniente.

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Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para elDiario.es.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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Publicado originalmente por Enrique Dans.

California acaba de poner sobre la mesa una discusión que muchas democracias llevan demasiado tiempo aplazando. La propuesta, que podrá ya ser incluida en la papeleta electoral de noviembre de 2026 según la Secretaría de Estado de California, plantea un impuesto extraordinario, de una sola vez, de hasta el 5% sobre patrimonios superiores a mil millones de dólares, con el 90% de la recaudación destinado a sanidad y el 10% a educación y alimentación.

El texto registrado ante la oficina del fiscal general no habla de expropiar empresas ni de castigar a nadie: habla de financiar servicios básicos en una sociedad capaz de generar fortunas inmensas mientras se deterioran sus infraestructuras esenciales.

La reacción de algunos nombres conocidos de Silicon Valley ha sido la previsible: hablar de fuga de capitales, de destrucción del ecosistema emprendedor y de pérdida de incentivos. Es el argumento habitual: si se pide a quienes más se han beneficiado de un entorno económico, jurídico, educativo, científico y de infraestructura que contribuyan de manera proporcional, supuestamente la innovación se detendrá. Pero la tesis tiene mucho de chantaje y de absurdo conceptual: nadie deja de fundar una empresa que puede valer miles de millones porque, en el hipotético caso de acabar acumulando más de mil millones de patrimonio personal, tenga que pagar una contribución extraordinaria. Las empresas se crean por ambición, oportunidad, tecnología, talento, capital, redes, mercados e instituciones. Confundir eso con el privilegio de no tributar es manipular el debate.

El problema de fondo es que el sistema fiscal grava nóminas, consumo y rentas ordinarias, pero sigue tratando la riqueza extrema como una abstracción contable. Un trabajador cobra, declara y paga. Una pequeña empresa obtiene beneficios y paga. Pero el multimillonario típico puede vivir con pocos «ingresos» fiscales: acumula plusvalías no realizadas, utiliza acciones como colateral, se endeuda contra su patrimonio, reorganiza activos en sociedades, trusts y fundaciones, y retrasa indefinidamente el momento en que el fisco puede considerar que existe algo gravable. ProPublica lo documentó en su investigación sobre cómo los más ricos de Estados Unidos evitan pagar impuestos sobre la renta, y lo resumió después en su lista de técnicas de elusión fiscal utilizadas por multimillonarios.

La excusa de que «no tienen ingresos» es precisamente la razón para hablar de riqueza. No es una objeción técnica: es la descripción del agujero. Si alguien controla decenas o cientos de miles de millones en activos, puede influir en mercados, financiar campañas, condicionar regulaciones y transmitir poder económico a la siguiente generación. Pero si aparece fiscalmente como alguien con ingresos modestos, el problema no es la ausencia de renta imponible: el problema es un sistema diseñado para mirar hacia otro lado cuando la riqueza adopta formas que no encajan en sus categorías tradicionales.

La investigación académica lleva años señalando esa disfunción. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman explicaron en su trabajo sobre tributación progresiva de la riqueza que un impuesto bien diseñado sobre el patrimonio puede restaurar progresividad allí donde el impuesto sobre la renta deja de funcionar: en la cúspide, donde la riqueza crece mucho más rápido que la renta declarada. Un estudio reciente del NBER sobre los cuatrocientos hogares más ricos de Estados Unidos concluyó que su tipo efectivo total era inferior al de la población en su conjunto, porque sus ingresos imponibles son pequeños en relación con su renta económica real.

La desigualdad extrema no es una cuestión estética ni una invitación a practicar la envidia: es un problema institucional de primera magnitud. La OCDE lo plantea en su análisis sobre desigualdad de ingresos y riqueza: desigualdad de resultados y de oportunidades se refuerzan mutuamente. Cuando una sociedad permite que la acumulación patrimonial extrema crezca sin fricción fiscal, no premia únicamente el mérito: consolida ventajas, compra influencia y cierra puertas.

El argumento de la fuga de ricos merece menos histeria. Sí, algunos pueden cambiar residencia fiscal o reorganizar activos. Lo hacen ya, con impuestos altos, bajos o inexistentes. Pero la evidencia es más matizada que el relato apocalíptico: el estudio de Cristobal Young y sus coautores sobre migración de millonarios y tributación de élites encontró que esa fuga existe, pero en márgenes estadística y socialmente limitados.

Silicon Valley no surgió en un desierto institucional: surgió sobre universidades, investigación pública, contratos gubernamentales, inmigración cualificada, infraestructuras, capital riesgo, protección jurídica y mercados regulados. Todo eso cuesta dinero. Todo eso es sociedad. Todo eso es Estado.

La verdadera confiscación no es pedir una contribución extraordinaria a quien supera los mil millones de dólares de patrimonio. Confiscatorio es permitir que escuelas, hospitales y programas públicos se deterioren mientras una élite minúscula convierte la ingeniería fiscal en ventaja competitiva. Los multimillonarios seguirán creando empresas, invirtiendo y ganando muchísimo dinero. El incentivo seguirá siendo gigantesco. Lo que este impuesto establece es otra cosa: que la riqueza extrema no debe estar por encima de la democracia.

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Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.

Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.

Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.

Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.

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Organizaciones de la sociedad civil de todo el espectro político instan a los responsables políticos de la UE a rechazar el aumento del presupuesto militar e invertir, en su lugar, en la seguridad humana

Carta abierta impulsada por TNI, ENAAT y Stop ReArm Europe

Estimados miembros del Parlamento Europeo:
El 28 de abril, el Parlamento Europeo adoptó su posición sobre el próximo marco financiero plurianual
(MFP 2028-2034), mientras que los Estados miembros están ultimando su propia posición antes de
entablar el diálogo interinstitucional con el poder legislativo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo
definitivo a finales de año o a principios de 2027.
En este contexto, representantes de la sociedad civil de todo el espectro político les instan a
oponerse al aumento del presupuesto militar de la UE y a garantizar que el dinero de los
contribuyentes se invierta en lo que realmente protege a las personas: la salud, la vivienda, la
educación, los derechos humanos, la consolidación de la paz, el medio ambiente y el bienestar
social. En resumen, el próximo presupuesto de la UE debería dar prioridad a la seguridad
humana, y no al aumento del gasto militar ni al apoyo sin control a las empresas.
El 14 de junio, más de 12 000 personas se manifestaron en Bruselas bajo el lema «Bienestar, no
guerra». Al día siguiente, más de 70 representantes de movimientos de base, organizaciones de la
sociedad civil y ONG nacionales y europeas, sindicatos y expertos en paz, clima, salud, justicia social
y derechos humanos se reunieron para debatir el impacto del aumento de los presupuestos militares
en las políticas públicas y en la vida de las personas. Lanzaron una señal de alarma sobre los
cambios presupuestarios tanto a nivel nacional como de la UE, debatieron asignaciones
presupuestarias alternativas y le instan a detener el drástico aumento del gasto militar de la UE. En su
lugar, le instan a preservar y destinar fondos civiles a los retos urgentes a los que se enfrentan las
personas en Europa y más allá: la policrisis medioambiental1 (por ejemplo, el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad y la contaminación), el aumento de la pobreza, la discriminación y la
desigualdad, incluso en el acceso a servicios públicos que van desde la educación hasta la sanidad y
la vivienda.
El Fondo de Competitividad propuesto en el marco del MFP 2028-2034 destinaría 131 000 millones
de euros al armamento y al sector espacial, aproximadamente cinco veces más que en el ciclo
presupuestario anterior2 , mientras que se están suprimiendo los gastos específicos en salud y medio
ambiente, y el Fondo Social Europeo3 , la política de cohesión y la política agrícola común se
enfrentan a recortes. Además, los fondos civiles y regionales de la UE se están desviando cada vez
más hacia fines militares en el marco del actual MFP4 , una tendencia que se intensificará con el
próximo MFP, ya que la industria armamentística tendrá un acceso más fácil a otras fuentes de
financiación civil5 . A esto se suma el fuerte aumento del gasto militar a nivel nacional, que en muchos

1 https://www.oecd.org/en/publications/environmental-outlook-on-the-triple-planetary-crisis_257ffbb6-en/full-report.html
2 https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal
3 https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Policy_Papers/JointStatement_Building_on_What_Works.pdf
4 https://www.tni.org/en/publication/eu-military-spending-until-2027
5 https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal

países de la UE va de la mano de medidas de austeridad, recortes en los servicios públicos y en el
Estado del bienestar, y esfuerzos por atraer inversión privada hacia servicios esenciales.6
Además, bajo el pretexto de la «simplificación», la UE está eliminando la supervisión y las
restricciones sobre el desarrollo, la producción y la venta de armas y tecnología militar, en beneficio
de una industria cuyos productos ya se están utilizando en guerras, genocidios y violaciones de los
derechos humanos en todo el mundo.7

Hacemos un llamamiento a los diputados al Parlamento Europeo y a los gobiernos de la UE
para que:

1. Rechacen la dotación propuesta de 131 000 millones de euros para defensa, seguridad
   y espacio en el MFP 2028-2034 y pongan fin a la militarización del presupuesto de la UE.
2. Redirijan los recursos de la UE hacia la seguridad humana, por ejemplo, la salud
   pública, la vivienda, la educación, los cuidados, la acción medioambiental y climática,
   las medidas contra la pobreza, la lucha contra el racismo, la igualdad, la ciudadanía
   activa, la consolidación de la paz y la cooperación internacional.
3. Protejan los fondos civiles de la UE de la apropiación por parte del sector militar,
   incluidos los fondos de cohesión, asuntos de interior, desarrollo regional,
   investigación, cooperación internacional, medioambientales y sociales. El dinero de la
   UE destinado a objetivos sociales, medioambientales o regionales no debe desviarse
   hacia empresas armamentísticas.
4. Crear un marco vinculante de exclusión en materia de derechos humanos, medio
   ambiente y diligencia debida para la financiación de la UE, que impida que el dinero
   público se destine a empresas implicadas en crímenes de guerra, ocupación, represión,
   genocidio, destrucción medioambiental o graves abusos contra los derechos humanos.
5. Aumentar la financiación de la UE destinada a la diplomacia, la mediación, la
   consolidación de la paz y el apoyo a la sociedad civil, en lugar de dar prioridad a la
   adquisición de material militar y a la producción de armas.
   Para ilustrar nuestras demandas y ser concretos, la dotación propuesta de 131 000 millones de euros
   para defensa, seguridad y espacio en el marco del MFP 2028-2034 podría financiar, en su lugar…
   ➢ …aproximadamente un año y medio del déficit anual de inversión climática de la UE en el
   sector energético8 (87 000 millones al año), o más de un año del déficit de inversión climática
   de la UE en el sector de la construcción (120 000 millones al año)9

6 Por ejemplo, https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/finland-spend-32-gdp-defence-by-2030-despite-austerity-2026-
04-23/; https://www.reuters.com/business/new-dutch-government-plans-freedom-tax-fund-defence-spending-2026-01-30/;
https://www.reuters.com/world/french-pm-stakes-political-survival-budget-squeeze-2025-07-15/
7
Véase, por ejemplo, https://www.tni.org/en/publication/partners-in-crime-EU-complicity-Israel-genocide-Gaza;

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/11/sudan-french-manufactured-weapons-system-identified-in-conflict-new-
investigation/; Informe del Centro Delàs, ECP e IDHC: Comercio de armas, conflictos y derechos humanos. Análisis de las exportaciones

europeas de armas a países en conflicto armado y con violaciones de los derechos humanos (2020);

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88940/yemen-meps-renew-their-call-for-an-eu-arms-embargo-against-saudi-arabia

8
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/2025/06/The-State-of-Europes-Climate-Investment-2025-edition_V2.pdf 9
ibíd.

➢ …casi 30 veces el presupuesto actual del programa «EU4Health» para el período 2021-202710
➢ …más de dos años del déficit de inversión de la UE en vivienda social y asequible11
➢ …casi 12 años de la inversión adicional necesaria para cumplir los objetivos de la UE en
materia de cuidado infantil para 2030.12 (11 000 millones al año)
➢ …más de 13 veces el presupuesto combinado asignado en 2021-2027 en el marco de las
líneas temáticas de cooperación internacional para la paz, los derechos humanos, la sociedad
civil y las cuestiones globales, así como para las acciones de respuesta rápida de la UE13
➢ …más de cinco veces el presupuesto mínimo de 25 000 millones de euros para ayuda
humanitaria que la sociedad civil reclama garantizar para el periodo 2028-203414
No se trata de compensaciones abstractas. Afectan a las plazas de guardería, a los tiempos de
espera en los hospitales, a los costes de la vivienda y a las facturas de energía a los que se enfrentan
cada día sus electores. Cada euro destinado a esta dotación presupuestaria de siete años es un euro
que no se invierte en los servicios que sus electores les piden que protejan.
Un mayor gasto militar no resolverá nuestros problemas sociales, económicos, medioambientales y
políticos.15 Al contrario, los agrava: al desviar mano de obra y recursos financieros, afianzar políticas
autoritarias y alimentar la carrera armamentística, lo que a su vez conduce a conflictos, violaciones de
los derechos humanos y desplazamientos de población. Se estima que los ejércitos del mundo ya
producen alrededor del 5,5 % del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero16 .
El aumento del gasto militar acelerará la destrucción medioambiental y afianzará aún más a Europa
en una peligrosa dependencia de los combustibles fósiles, lo que repercutirá negativamente en
nuestra seguridad energética.
El próximo presupuesto de la UE es una oportunidad para elegir un camino diferente, basado en la
democracia, la diplomacia, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, la justicia social, la
protección de los derechos humanos, la seguridad medioambiental y la inversión en la dignidad
humana. Un informe de 2018 de la ONU y el Banco Mundial reveló que cada euro invertido en la
consolidación de la paz puede ahorrar 16 euros en costes derivados de los conflictos.17 Un estudio
del FMI de 2024 concluyó que cada dólar gastado en la prevención de conflictos ahorra hasta 103
dólares en costes potenciales de intervenciones humanitarias y de seguridad.18 Invertir en gasto
social, luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad es también la forma más eficaz de
contrarrestar el auge de la extrema derecha.19
10https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

11https://pes.cor.europa.eu/article/affordable-housing-needs-europe-europe-needs-affordable-housing 12https://op.europa.eu/webpub/empl/esde-2024/chapters/chapter-3-3-1.html 13https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/funding-instruments/global-europe-
neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en 14https://eplo.org/eplo-publications/joint-call-ensuring-that-the-global-europe-regulation-strengthens-the-eus-ability-to-address-
fragility

15https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/11/d4d111bc-arming-europe.pdf
16 https://www.tni.org/en/publication/climate-collateral-2pagebriefing
17 https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/4c36fca6-c7e0-5927-b171-468b0b236b59
18www.imf.org/en/publications/wp/issues/2024/12/17/the-urgency-of-conflict-prevention-a-macroeconomic-perspective-559143
19p. ej.,
https://www.researchgate.net/publication/348931106_Welfare_state_policies_and_far_right_party_support_moderating_%27insecuri

Al trabajar en este sentido, cumplirán la promesa de un proyecto que desde hace tiempo se ha
presentado como una iniciativa de paz destinada, entre otras cosas, a prevenir una nueva carrera
armamentística entre potencias militares rivales y a permitir que todas las personas vivan con
dignidad.
Dado que el Parlamento y el Consejo están a punto de iniciar el diálogo interinstitucional, les instamos
a que aprovechen cualquier oportunidad para reformar el MFP antes de que se alcance un acuerdo a
finales de año. Les pedimos que garanticen que el próximo presupuesto de la UE proteja a las
personas y al planeta, en lugar de condenar a Europa a un futuro de militarización, austeridad e
inseguridad.
Gracias por su atención. No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea tratar este asunto
más a fondo.
Atentamente,
El Transnational Institute (TNI)
Red Europea contra el Comercio de Armas (ENAAT)
Stop ReArm Europe
[añade tu organización a continuación, y el país si no es europea o internacional] 53 – NUEVO
Arci – Italia
Asociación de Médicos Demócratas de Alemania
Asociación de Objetores de Conciencia Griegos
Attac Austria
Attac España
Centro Delàs de Estudios para la Paz – España
Centro Pace, Ecología y Derechos Humanos — Rovereto, Italia
Counter Balance
Coordinación Nacional de Acción por la Paz y la Democracia (CNAPD) – Bélgica
Corruption Tracker
Observatorio de la Europa Corporativa (CEO)
Deuda por el clima
DiEM25 en los Países Bajos
Oficina Europea para la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (EBCO-BEOC)
Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE)
Iniciativa Equinox por la Justicia Racial
Grupo EuroMemo
Red Europea contra la Pobreza (EAPN)
Lobby Europeo de las Mujeres
INTAL – Bélgica
Oficina Internacional por la Paz (IPB)
Inštitút ľudských práv (Instituto de Derechos Humanos) – Hungría
Jordens Vänner / Amigos de la Tierra de Suecia
Kerk en Vrede – Países Bajos
Lex Innocentium 21st Century – Irlanda
ty_effects%27_among_different_social_groups_West_European_Politics_-pre-proof_version; Klein M. – Los costes políticos de la
austeridad.pdf

Lista Civica Italiana – Italia
Nonviolent Peaceforce
Observatorio de Armamento – Francia
Ohne Rüstung Leben – Alemania
Solidaridad con Palestina Cluj-Napoca – PS.CJ – Rumanía
Brigadas Internacionales por la Paz
Peace Direct
Privacy International
Consejo Cuáquero para Asuntos Europeos (QCEA)
Red Italiana por la Paz y el Desarme – Italia
Salud por Derecho – España
Socialist Vision – Rumanía
SOLIDAR
Statewatch
StopElbit – Bélgica
Stop Rearm Europe – Italia
Stop Wapenhandel – Países Bajos
Sociedad Sueca para la Paz y el Arbitraje – Suecia
UAntwerp por Palestina – Bélgica
Vrede vzw – Bélgica
Vredesactie – Bélgica
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Austria (WILPF Austria)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Alemania (WILPF Alemania)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Noruega (WILPF Noruega)
World Beyond War
Electra Energy – Grecia

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Imagen: Reproducción pintura de Banksy

Profesora emérita Jane Kelsey, Universidad de Auckland, Aotearoa (Nueva Zelanda)*

Mesa redonda principal: «El Derecho internacional en un orden mundial fracturado», Conferencia de Derecho Internacional de Bogazici, Estambul, 13 de junio de 2026

Parece que últimamente está de moda empezar citando a Antonio Gramsci: «Nos encontramos en un interregno: lo viejo muere, lo nuevo aún no ha nacido, y estamos rodeados de síntomas mórbidos». Lo «viejo» es el orden internacional «basado en normas» que ha prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial, o en el régimen comercial internacional, desde la década de 1980. Su desmoronamiento se atribuye, según quién, al auge del nacionalismo económico, a las rivalidades entre grandes potencias y a las políticas populistas que han propiciado gobiernos autoritarios.

Pero con demasiada frecuencia esos comentaristas olvidan que Gramsci fue un comunista encarcelado por el régimen fascista de Mussolini y que describió la crisis hegemónica a la que se enfrentaban la clase dominante italiana y su sistema de gobierno en la década de 1920. Los síntomas mórbidos que observó —autoritarismo, extremismo político y desintegración social— eran producto de una lucha política en torno a las relaciones materiales y sociales, entendida desde la perspectiva del materialismo histórico. A nivel internacional, a ello se sumaban la brutalidad y el nihilismo de la colonización y el imperialismo, que quedaban fuera del foco inmediato de Gramsci.

Si lo trasladamos a la actualidad, los mismos síntomas mórbidos del autoritarismo, el extremismo político y la desintegración social deben entenderse como productos del capitalismo hiperglobalizado que ha prevalecido desde la década de 1980. Y las profundas disparidades entre quienes dictan las normas y quienes las acatan en el régimen internacional de comercio e inversión se asientan en su legado colonial, al que se suman nuevas formas de militarización e imperialismo.

La versión anémica y popular de Gramsci evita tener que abordar las desigualdades de la hiperglobalización y el capitalismo financiarizado, y reajustar en consecuencia las reglas del juego a nivel mundial.

Tomemos como ejemplo el tan celebrado discurso que el primer ministro canadiense y antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, pronunció en el Foro Económico Mundial el pasado mes de enero. Carney reconoció que el actual «sistema internacional basado en normas» fue diseñado por y para los Estados poderosos, principalmente Estados Unidos, con el fin de servir a sus intereses. Canadá y las potencias medias se conformaban con «vivir en esa mentira» porque les resultaba beneficioso.

Ahora que esa ficción ha quedado al descubierto, la solución que propone Carney pasa por «gestionar los riesgos» y construir un mundo más cooperativo y resiliente. Él y otros líderes de potencias medias se han propuesto restablecer el equilibrio del sistema basado en normas que se está desmoronando y del que han llegado a depender, desarrollando una multiplicidad de relaciones nuevas y más diversas que reduzcan su dependencia de la antigua potencia hegemónica, Estados Unidos. En otras palabras, trasvasar el viejo vino neoliberal a botellas nuevas. Al mismo tiempo, se esfuerzan por mantener el equilibrio geoestratégico separando su dependencia comercial de China de las alianzas de defensa y seguridad con Estados Unidos, para evitar tener que tomar partido.

Los especialistas en política comercial reconocerán esto como la «teoría de la bicicleta tambaleante». Cuando el sistema del que depende tu economía corre el riesgo de derrumbarse, y las soluciones auténticas requerirían un reajuste masivo del poder público y privado, pedaleas más rápido en la misma dirección para mantener la bicicleta en pie, acompañado por tantos compañeros de viaje como sea posible. Incluso si esa dirección te lleva al precipicio.

No hay necesidad, ni espacio, para analizar críticamente por qué el sistema está roto, y mucho menos para replantearse el paradigma. Como fieles ciudadanos de la OMC, están ocupados ampliando sus «normas» a través de acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales y regionales, cada vez más en sectores como el digital, los «relacionados con el medio ambiente» y los minerales críticos.

Mi propio país, Aotearoa Nueva Zelanda, es el ejemplo perfecto de esta miopía. Parece que cada dos meses se lanzan a negociar un nuevo acuerdo de alcance limitado con un grupo de países afines, sin otro objetivo claro que el de dar la impresión de que se está avanzando. Como me dijo recientemente un funcionario de comercio: «Nueva Zelanda será el último país en apagar la luz del sistema actual». Su agenda de «reformas» busca apaciguar a EE. UU. y rescatar a la OMC y su sistema basado en normas, ignorando de manera pragmática las partes ahora inconvenientes del reglamento que pretenden defender. No hay debate, y mucho menos respuesta, sobre el dilema de que nuestra economía nacional, dependiente de las exportaciones, se apoya en China como su principal mercado, mientras busca apaciguar a EE. UU. y mantener una relación asimétrica en materia de estrategia, defensa e inteligencia.

Para algunos de nosotros, el colapso del «sistema basado en normas» no es ninguna sorpresa. Llevamos mucho tiempo defendiendo que es intrínsecamente insostenible. A lo largo de cuatro décadas, el «libre comercio» ha agravado las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas, y ha propiciado una forma inestable de capitalismo financiarizado. Las normas de nueva generación sobre el comercio electrónico y el comercio digital han empoderado a oligarcas irresponsables y sin límites para que ejerzan un control económico, político y militar casi sin restricciones sobre los datos, las tecnologías digitales, las plataformas y la IA.

Ahora vivimos en un mundo que, literalmente, se está consumiendo a sí mismo y generando una catástrofe climática existencial. Las soluciones a esto, según nos dicen, residen en extraer tierras raras y minerales críticos de la tierra y el mar, repitiendo la explotación colonial de Estados ricos en recursos, pero económicamente empobrecidos. La última tendencia en los acuerdos sobre minerales críticos, diseñados para abastecer de materias primas a EE. UU. y excluir a China de las cadenas de suministro, y los denominados acuerdos de economía verde que promueven los créditos de carbono negociables y la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCU), evitan cuidadosamente cualquier compromiso que socave la producción emisora de carbono de la que depende el capitalismo contemporáneo.

El colapso de la OMC

Permítanme analizar un síntoma mórbido específico. La OMC se creó en 1995 para impulsar el paradigma de la hiperglobalización. Como admite Carney, las normas comerciales vigentes en materia de agricultura, bienes, servicios financieros y de otro tipo, y derechos de propiedad intelectual estaban sesgadas a favor de EE.UU., la UE y sus empresas y mercados. Los países en desarrollo aceptaron los resultados asimétricos de la Ronda Uruguay —los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) — con la promesa de un futuro reequilibrio que reflejara el acervo de la OMC en materia de desarrollo. Se les dijo que la ronda multilateral de Doha, iniciada en 2001, abordaría las cuestiones pendientes en materia de desarrollo. Pero la ronda quedó efectivamente descartada cuando los Estados poderosos retiraron su apoyo en la conferencia ministerial de Nairobi de 2015. 

Durante la última década, los responsables de la elaboración de normas, encabezados por Estados Unidos, han trabajado sistemáticamente para remodelar la OMC con el fin de que se adapte a sus nuevas prioridades; en la práctica, han llevado a cabo un golpe de estado que les permite eludir sus propias reglas. Este proceso comenzó mucho antes de la llegada de Trump. Estados Unidos empezó a bloquear los nombramientos para el Órgano de Apelación de la OMC hace más de una década, y este se encuentra paralizado desde 2019. Recientemente, han vetado nuevos nombramientos por 91.ª vez.

En la Reunión Ministerial de Buenos Aires de 2017, algunos grupos de miembros de la OMC anunciaron planes para negociar acuerdos plurilaterales sobre sus temas prioritarios, sin un mandato, pero con el apoyo de la Secretaría. La nueva directora general, la Dra. Ngozi Konjo-Iweala, ha defendido con entusiasmo lo que ella denomina «reforma mediante la acción», al margen de las normas de la OMC. Irónicamente, la India y Sudáfrica han sido tachadas de «obstaculizadoras» por insistir en que los Miembros cumplan el Acuerdo de Marrakech y cumplan los mandatos existentes.

La agenda de reformas llegó a su punto álgido en la 14.ª Conferencia Ministerial celebrada en Yaundé (Camerún) en marzo. He sido testigo de muchas conferencias ministeriales fallidas. Pero la manipulación y los juegos de poder que se vivieron aquí no se parecían a nada visto antes. El programa de la CM14 reflejaba dos documentos radicales, y en gran medida complementarios, presentados por EE.UU. y la UE. En lugar de abandonar la organización, EE. UU. expuso sus exigencias fundamentales. La UE se hizo eco en gran medida de ellas. Su objetivo común era diluir la primacía del multilateralismo y normalizar la negociación de acuerdos plurilaterales entre miembros autoseleccionados, que pueden elegir a su antojo los temas que les convienen y a los que atribuyen la etiqueta de «relacionados con el comercio». Las disputas geopolíticas podrían trasladarse a través de acuerdos plurilaterales rivales sobre el mismo tema, presionando a los países en desarrollo a tomar partido. Las prioridades de los países en desarrollo quedarían aún más relegadas.

En la agenda de la 14.ª Conferencia Ministerial (MC14) figuraban tres reformas principales: en primer lugar, la «toma de decisiones», para redefinir y diluir el consenso; en segundo lugar, el «desarrollo y la industrialización», para vincular el nivel de desarrollo a criterios limitados y redefinir el trato especial y diferenciado de modo que suponga más tiempo para adoptar las normas de los países ricos;  y la «igualdad de condiciones», que se centraba en las prácticas no basadas en el mercado y las empresas estatales de China, al tiempo que ignoraba las evidentes asimetrías a favor del Norte global.

Estos temas se habían seleccionado cuidadosamente a lo largo del año anterior mediante consultas selectivas llevadas a cabo por un «facilitador de la reforma» elegido a dedo, el embajador de Noruega, y supervisadas por la directora general Ngozi. El restablecimiento de un sistema de solución de diferencias que funcionara se pospuso hasta un momento más oportuno.

Las potencias medias «amigas del sistema» parecían dispuestas a respaldar cualquier compromiso que fuera necesario para mantener a EE.UU. dentro de la OMC y preservar esta organización de alguna forma. Es significativo que China también estuviera dispuesta a facilitar estas medidas, salvo en lo que respecta a la «igualdad de condiciones».

La normalización del plurilateralismo está a la vanguardia del golpe. Desde Buenos Aires en 2017, varios grupos disidentes de Miembros que operan sin mandato han concluido varias «Iniciativas de Declaraciones Conjuntas» o JSI. Pero se enfrentan a un obstáculo importante: el Acuerdo de Marrakech establece que los acuerdos plurilaterales deben adoptarse por consenso en el Consejo General o en la Conferencia Ministerial.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico intentó alcanzar un consenso, pero fracasó. Así pues, 66 de los 91 signatarios originales se limitaron a declarar en la 14.ª Reunión del Consejo Ministerial que adoptaban lo que seguían describiendo como un acuerdo de la OMC. Muchos signatarios se autoproclamaban «amigos del sistema», al igual que China. El nuevo acuerdo sería administrado por la Secretaría de la OMC y el Director General, quienes carecen de autoridad para hacerlo. Esto fue rápidamente aclamado como un precedente para los «acuerdos provisionales» promovidos por EE. UU.

La agenda de «reformas» ha vuelto ahora a Ginebra. Estados Unidos insiste en que la OMC debe ser «reestructurada» para «dar prioridad y proteger los intereses nacionales, garantizando al mismo tiempo el equilibrio y la equidad», al tiempo que se mantienen los buenos acuerdos sobre servicios y propiedad intelectual. Al mismo tiempo, el embajador brasileño, que ahora preside el Órgano de Solución de Diferencias y se espera que sea el próximo presidente del Consejo General, ha señalado sus planes de reanudar las conversaciones sobre las reformas del órgano de solución de diferencias.

¿En qué situación quedan los países del Sur global? En las islas del Pacífico y en África escucho constantemente quejas por la falta de capacidad para añadir valor a sus recursos y la transferencia de tecnología, por unas normas comerciales que impiden exigir el procesamiento local y por el déficit digital. La crisis climática y las recientes pandemias suponen una amenaza existencial para toda su población, sus economías basadas en materias primas y servicios, su soberanía alimentaria y su propia supervivencia.

Entonces, ¿sería el colapso de esas «reglas» algo malo para ellos? Se enfrentan a una elección casi imposible. ¿Luchan en una batalla cuesta arriba para mantener un régimen internacional de normas comerciales cuyas asimetrías nacieron de la colonización y se han afianzado a través de sucesivas maniobras de poder? ¿Abandonan la OMC y buscan alternativas? Si es así, ¿cómo serían esas alternativas en un espacio internacional donde se está legitimando el poder bruto, incluyendo la invasión militar y el sabotaje económico? ¿Podrán siquiera ponerse de acuerdo cuando la solidaridad entre ellos se ha visto gravemente fracturada por los acuerdos de sus capitales con la administración Trump? ¿Ofrecen alianzas como el BRICS alternativas reales cuando China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia adoptan posiciones contradictorias?

Alianzas fracturadas

Esto me lleva a mi segundo síntoma preocupante. Si bien Estados Unidos siempre ha cumplido de forma selectiva con las normas comerciales internacionales, la Administración Trump ha hecho añicos cualquier pretensión de cumplimiento. El uso de los aranceles como arma, impulsado por motivos económicos, políticos, geoestratégicos y personales, ha sido unilateral, arbitrario y errático. Sin embargo, Estados Unidos sí cuenta con una estrategia sistemática, establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional, la Agenda de Política Comercial y otros documentos normativos detallados.

Esta estrategia se ha puesto en práctica, en parte, a través de «acuerdos comerciales recíprocos» (RTA) vinculantes y exigibles, actualmente con nueve países en desarrollo y de renta media, que son «recíprocos» solo de nombre, y de «acuerdos marco» con nueve actores principales, entre ellos Japón, la UE, el Reino Unido, Suiza, Corea del Sur y, de forma inminente, la India, que no son vinculantes, pero están sujetos a cancelación por parte de Estados Unidos. Estos textos incorporan disposiciones que EE. UU. ha perfeccionado en los TLC a lo largo de varias décadas en materia de tecnología digital, empresas estatales, contratación pública, trabajo y medio ambiente, así como una excepción de seguridad de aplicación discrecional.

Los Acuerdos Comerciales Regionales (ART) van más allá, como instrumentos del imperialismo contemporáneo. Empezando por Camboya y Malasia, países que tenían escasa capacidad de negociación cedieron de hecho su autonomía soberana a EE. UU. en materia de políticas cruciales de asuntos exteriores y defensa, prioridades y decisiones de inversión, así como en las cadenas de suministro de minería y minerales, las normas alimentarias y los OMG, las infraestructuras como los puertos, y el control de los datos y la fiscalidad y regulación del ámbito digital. EE. UU. puede rescindir de hecho estos acuerdos a su antojo, junto con las limitadas concesiones arancelarias.  Estos acuerdos, negociados en secreto, ya han generado malestar interno entre productores locales, consumidores, sindicatos y parlamentarios.

La nueva prioridad de Estados Unidos en materia de «seguridad económica» queda patente en los compromisos sobre minerales críticos, cadenas de suministro, contratación pública y comercio de defensa, control de inversiones, controles a la exportación y prácticas «no de mercado». Una vez más, esto no es nuevo: el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) de Biden concluyó acuerdos blandos sobre la resiliencia de la cadena de suministro y la economía limpia, en virtud de los cuales se estableció un Diálogo sobre Minerales Críticos con la contención de China y la revitalización nacional en mente. Pero los acuerdos de Trump conllevan obligaciones estrictas vigiladas por EE. UU., y que sitúan a los países en conflicto directo con China, con quien la mayoría de los signatarios mantienen profundos vínculos.

Los acuerdos sectoriales más específicos sobre minerales críticos complementan los acuerdos comerciales regionales (ACR). Algunos actores con abundantes recursos, como Australia, tienen suficiente poder de negociación para obtener el mejor resultado posible en los acuerdos. Entre ellos se incluyen planes de acción diseñados para sentar las bases de un acuerdo comercial preferencial vinculante posterior sobre minerales críticos. Por el contrario, los acuerdos marco que se están firmando con países ricos en recursos pero con bajos ingresos reproducen las relaciones extractivas coercitivas del pasado. Aunque formalmente no son vinculantes, están respaldados por amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Varios de los Estados que firman estos acuerdos tienen acuerdos paralelos con China que incluyen minerales críticos. Otros, a menudo en la misma región, han respaldado una moratoria sobre la minería en aguas profundas en su océano compartido, por temor a los impactos en los medios de vida y el ecosistema en una zona de riesgo climático.

Estos, entre muchos otros síntomas preocupantes, demuestran que el «sistema basado en normas» está roto. No se solucionará con un cambio de administración en Estados Unidos. Las «potencias medias» se engañan a sí mismas creyendo que mantener la bicicleta en pie evitará el colapso y las demandas de cambio. El propio Sur Global está fracturado.

Activismo, populismo y transformación

Este análisis aún no ha abordado las contradicciones del capitalismo como desencadenante de este colapso. Así que recurramos a otro viejo marxista, Karl Polanyi, autor de La gran transformación, para dar algo de protagonismo a las personas en la lucha dialéctica que subyace a esta crisis.

Polanyi insistía en que las relaciones económicas, la política y la ideología no existen en un vacío social. La economía está integrada en lo social, y la finalidad social del Estado es hacer efectiva esa realidad. Atribuyó el colapso del laissez faire en la década de 1920 a los intentos de desvincular lo social del mercado. En lo que denominó un «doble movimiento», las fuerzas del mercado sin restricciones causaron estragos, mientras que las fuerzas sociales dentro de los Estados-nación se organizaron para protegerse mediante una resistencia espontánea y localizada de las comunidades cuyas vidas habían quedado trastornadas.

En la misma línea, el modelo fallido actual de hiperglobalización y capital financiarizado no deja espacio para la función social del Estado. Como demostró Thomas Piketty, en las últimas décadas se han producido desigualdades sin precedentes, tanto a nivel externo como interno, en cuanto a riqueza e ingresos. El coste humano de los elementos no comerciales del régimen comercial quedó crudamente al descubierto durante las pandemias del VIH/sida y la COVID-19: algunos gobiernos infringieron las normas, pero Estados Unidos, la UE y Suiza han bloqueado la reforma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las sucesivas crisis financieras dieron lugar a intervenciones temporales para reestabilizar este modo de capitalismo y luego restablecer el statu quo anterior mediante una mayor liberalización de los servicios financieros y la inversión. Los oligarcas de las grandes tecnológicas que redactaron las normas del comercio digital dominan ahora el complejo militar-digital, mientras sus drones impulsados por IA siembran la muerte a diario en Palestina y el Líbano. La soberanía alimentaria indígena se ve amenazada por los desastres climáticos, la biopiratería y los OMG. Las economías impulsadas por las exportaciones están atrapadas en cadenas de suministro insostenibles que dependen del transporte marítimo y aéreo alimentado con combustibles fósiles, que elude la responsabilidad por el calentamiento global.

Estos efectos, y muchos otros, no se han soportado en silencio. El llamado movimiento antiglobalización, que ha protestado contra la OMC desde la Ronda de Uruguay, y posteriormente en Seattle en 1999, Cancún en 2003 y Hong Kong en 2005, puso de manifiesto una falta de «aceptación social» de la que la OMC nunca se ha recuperado. Campañas más recientes detuvieron la mayoría de los acuerdos megaregionales puestos en marcha por los responsables de la elaboración de normas debido al fracaso de la OMC: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPA), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), entre otros. Estas campañas comerciales se desarrollaron en paralelo a la exitosa oposición internacional al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones a finales de la década de 1990. La resistencia actual al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados ha llevado a los países a bloquear el ISDS en los ALC y a abandonar por completo los tratados bilaterales de inversión.

En cierto modo, los movimientos activistas liderados por comunidades de agricultores afectadas, sindicatos, pueblos indígenas y ONG han sido víctimas de su propio éxito. La presión «antiglobalización» ha disminuido en los últimos años. La OMC ya no es un objetivo tan importante, los acuerdos megaregionales han quedado en gran medida marginados y los activistas se centran más en crisis más concretas, como el cambio climático, la minería, el ámbito digital y las guerras.

En su lugar, el auge del populismo de derecha en todo el mundo es otro síntoma mórbido del capitalismo disfuncional, del fracaso del Estado a la hora de cumplir sus funciones sociales, de la captura de los canales de información por parte de oligarcas digitales privados y del miedo a «los otros». Tal y como predijo Polanyi, el doble movimiento ha exigido que los Estados aborden la precaria existencia de las personas y del planeta, incluso en Estados Unidos. Los actores oportunistas han aprovechado este descontento para sus regímenes autoritarios y buscan normalizar el poder económico, militar y político en estado puro.

Los grupos de presión empresariales se han adaptado a este periodo de transición. Aprovechando todas las vías que su riqueza les permite abrir, siguen presionando para que se establezcan normas globales que faciliten la acumulación de riqueza y reduzcan al mínimo la regulación, ya sea a través de relaciones políticas corruptas y del uso de los aranceles como arma, del secuestro de la OMC o de la plétora de acuerdos asimétricos y nuevos microacuerdos. La bicicleta tambaleante toma caminos secundarios para llegar al mismo destino.

Algunas reflexiones finales

Gramsci predijo que el interregno sería un espacio muy disputado, mientras lo «nuevo» lucha por nacer. Hoy en día, el desmantelamiento del capitalismo hiperglobalizado está siendo impulsado por la derecha populista y los gobiernos autoritarios, en colaboración con oligarcas de doble cara. Quienes buscan un orden social y económico más justo, y medidas para salvar el planeta para nuestras futuras generaciones, ya no están en auge.

Me gustaría terminar con una nota positiva. Pero el futuro es muy incierto. No vendrá determinado por lo que ocurra con la OMC o los TLC. Se verá afectado sobre todo por cómo abordemos el interregno. El «viejo» orden fallido tiene cuatro décadas de antigüedad. Algunos gobiernos intentan mantenerlo con vida, pedaleando en sus bicicletas mientras siguen tratando las crisis sociales y ecológicas como externalidades. Otros autoritarios se sienten atraídos por el régimen estadounidense de nacionalismo económico impuesto por decreto, pero carecen del poder y la protección de que goza Estados Unidos. China afirma acatar las normas, mientras que su propio nacionalismo económico respalda los cambios que benefician a sus intereses a largo plazo. La mayoría de las naciones del mundo y sus pueblos siguen siendo meros receptores de normas en esta era de neocolonialismo e imperialismo.

Es posible que los Estados no tengan las respuestas, o al menos no las que su población necesita. Si no se abordan las causas de la crisis del capitalismo contemporáneo, las comunidades se verán obligadas a recurrir de nuevo a sus propios recursos. Sin caer en el romanticismo, hay que reconocer que la población local es resiliente. En Aotearoa (Nueva Zelanda), los maoríes indígenas se centran en una supervivencia sostenible que aplica los conocimientos tradicionales a los retos actuales de la soberanía alimentaria, la crisis climática y el control de los datos. Pero es una batalla cuesta arriba. No es algo que podamos dejar para dentro de otra década, mientras nuestros gobiernos siguen pedaleando en las bicicletas del libre comercio que nos llevan hacia el precipicio.

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* Aotearoa es la denominación de Nueva Zelanda en Maorí

La entrada El fin de la hiperglobalización, el resurgimiento del imperialismo y las perspectivas de una transformación genuina se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Larry Fink afirma que el antiguo modelo de capitalismo global se está desmoronando. Creo que lo más preocupante es que el capitalismo suele sobrevivir cambiando las reglas para todos los demás.

Juez Vuyo Ndlovu en Medium. Lectura de 11 minutos

Cuando alguien en internet dice que el capitalismo se está derrumbando, la mayoría de la gente lo ignora.

Suena dramático. Suena ideológico. Suena como el tipo de cosas que la gente dice cada pocos años cuando suben los precios, hay despidos masivos, los bancos entran en pánico o algún otro multimillonario dice algo insensible en televisión.

Pero cuando alguien como Larry Fink empieza a decir que el viejo modelo de capitalismo global se está fracturando, creo que merece la pena prestarle atención.

No porque signifique que el capitalismo esté a punto de terminar.

Ese es el error que comete la gente.

La historia real es aún más incómoda.

Probablemente el capitalismo no esté muriendo. Está mutando.

Y cada vez que muta, a la gente normal se le suele decir que primero absorba el dolor y luego comprenda la lógica.

Larry Fink no es un forastero que critica el sistema. Es el director ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. BlackRock administra billones de dólares, presta servicios a clientes en todo el mundo y se encuentra en el centro del entramado financiero que decide el flujo de dinero.

Así que cuando alguien en esa posición dice que el viejo modelo se está fracturando, no escucho una declaración revolucionaria.

Escucho una advertencia desde el interior de la sala de control.

La máquina está temblando.

Las personas que se benefician de ello pueden sentirlo.

Y ahora están tratando de decidir qué versión del capitalismo vendrá después.

El error radica en pensar que crisis significa colapso.

La gente lleva mucho tiempo prediciendo el fin del capitalismo.

Cada gran crisis parece generar la misma sensación. Tiene que ser esta. Tiene que ser el punto de quiebre. La gente está demasiado agobiada. La deuda es demasiado alta. La vivienda es demasiado cara. Los salarios no suben. El ambiente político es demasiado tenso. El sistema financiero es demasiado frágil.

Y, sin embargo, de alguna manera, el sistema sobrevive.

Eso no significa que la crítica sea errónea.

Significa que el capitalismo es mejor a la hora de sobrevivir a las crisis de lo que la mayoría de la gente quiere admitir.

La Gran Depresión parecía el fin. La bolsa se desplomó, los bancos quebraron, el desempleo se disparó y millones de personas vieron cómo la promesa del libre mercado se derrumbaba en tiempo real. Si el capitalismo alguna vez iba a perder su legitimidad por completo, ese debería haber sido el momento.

Pero el capitalismo no desapareció.

Cambió de forma.

La versión anterior fue reemplazada por una versión más controlada. Los gobiernos se involucraron más. Los estados de bienestar se expandieron. La inversión pública cobró mayor importancia. El pleno empleo se convirtió en un objetivo político. La élite no fue eliminada, pero sí controlada. El capitalismo sobrevivió porque aceptó límites durante un tiempo.

Luego llegaron los años setenta.

La inflación, las crisis petroleras, el menor crecimiento y el fortalecimiento de los movimientos obreros generaron otra crisis. Esta vez, la solución fue en sentido contrario. El sistema decidió que los trabajadores habían adquirido demasiado poder. Se incrementaron las tasas de interés. Se debilitaron los sindicatos. Se recortaron los servicios públicos. Se desregularon los mercados. El sector financiero se volvió más poderoso.

Esa época se conoció como neoliberalismo.

Una vez más, el capitalismo no llegó a su fin.

Cambió de forma.

Luego llegó el año 2008.

Los bancos especularon con la deuda, el mercado inmobiliario se desplomó y la economía global estuvo a punto de quebrar. La gente perdió sus hogares, los empleos desaparecieron y generaciones enteras llegaron a la edad adulta con menos seguridad que la que tuvieron sus padres. Pero, una vez más, el capitalismo sobrevivió. La economía mundial estuvo a punto de colapsar. La gente perdió sus hogares, sus empleos desaparecieron y generaciones enteras llegaron a la edad adulta con menos seguridad que la que tuvieron sus padres. Pero, una vez más, el capitalismo sobrevivió.

Los bancos fueron rescatados. Los bancos centrales intervinieron. Los precios de los activos se recuperaron. La bolsa subió. Quienes poseían activos recuperaron sus pérdidas más rápidamente que quienes dependían de un salario.

Una vez más, el sistema no murió.

Se adaptó.

Por eso creo que el argumento de que «el capitalismo está llegando a su fin» suele ser demasiado simplista.

El capitalismo no suele colapsar solo porque la gente esté sufriendo.

Solo se derrumba cuando quienes detentan el poder ya no encuentran la manera de preservar su posición.

Hasta ahora, siguen encontrando la manera.

La nueva fractura es diferente

La fractura actual no es solo otro susto por una recesión.

Es algo más profundo que eso.

El modelo económico global que dominó las últimas décadas se basaba en una idea simple: producir donde sea más barato, vender donde la gente pueda comprar, mover el capital donde se obtengan los mayores rendimientos y suponer que el mundo seguirá estando lo suficientemente conectado como para que todo siga funcionando.

Ese modelo proporcionó a los consumidores productos baratos.

Además, provocó el despoblamiento de las regiones industriales, debilitó la mano de obra, hizo que los países dependieran de cadenas de suministro frágiles y permitió que los mercados financieros crecieran más rápido que los salarios.

Durante mucho tiempo, el trato era básicamente este: tu trabajo podría volverse menos seguro, tu alquiler podría subir, tu comunidad podría perder fábricas y tus salarios podrían estancarse, pero al menos podrías comprar aparatos electrónicos baratos, ropa barata y productos importados baratos.

Ese acuerdo se está rompiendo.

Los países ahora buscan la autosuficiencia. Quieren producción nacional de chips. Quieren seguridad energética. Quieren controlar las cadenas de suministro de defensa. Quieren proteger los minerales críticos, los centros de datos, los puertos, las redes eléctricas y la infraestructura.

Eso suena estratégico, y en cierto modo lo es.

Pero también es caro.

El mundo construyó una economía global de bajo costo mediante la diversificación de la producción a través de las fronteras. Reconstruir esa producción a nivel nacional implica mayores costos, más subsidios, mayor gasto público y más conflictos políticos sobre quién debe pagarlo.

Esta es una de las principales razones por las que el antiguo modelo se está desmoronando.

La globalización no va a desaparecer por completo. Pero la versión fácil de la globalización ha terminado.

Y la próxima versión del capitalismo podría ser más nacionalista, más militarizada, más inflacionaria y dependiente del capital privado para gestionar las necesidades públicas.

Es ahí donde empresas como BlackRock cobran aún más importancia.

Cuando los gobiernos necesitan infraestructura, pero no quieren financiarla por completo, interviene el capital privado. Cuando se necesitan modernizar las redes eléctricas, construir centros de datos y expandir la industria de defensa, los gestores de activos no se quedan de brazos cruzados. Buscan obtener rentabilidad.

Esta es la parte que la gente pasa por alto.

La crisis del capitalismo es también una oportunidad para el capital.

El sistema puede resultar inestable para la gente común y rentable para las empresas que están en posición de financiar esa inestabilidad.

Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

“Simplemente invierta” no es una respuesta seria a una economía en crisis.

Uno de los principales argumentos de personas como Larry Fink es que más gente necesita tener acceso a los mercados de capitales.

En apariencia, esto no suena descabellado.

No voy a fingir que invertir es malo. No lo es. Invertir a largo plazo puede ayudar a acumular riqueza. Las cuentas de jubilación son importantes. La propiedad importa. Si alguien tiene dinero extra, suele ser mejor hacerlo productivo que dejar que la inflación lo consuma lentamente en una cuenta bancaria.

Pero existe un problema importante al presentar la inversión como la solución a las fracturas del capitalismo.

Necesitas tener dinero ahorrado antes de poder invertir.

Esa sola frase destruye gran parte de la fantasía.

Una persona que tiene dificultades para pagar el alquiler, la comida, el transporte, el cuidado de los hijos, las deudas, las facturas médicas o que tiene horarios de trabajo inestables no se niega a generar riqueza por desconocimiento financiero. Muchas personas no invierten porque, después de sobrevivir, ya no les queda nada significativo.

Decirle a la gente que “participe en el mercado” cuando sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas no es empoderamiento. Es una forma educada de eludir el problema salarial.

Aquí es donde todo el argumento de la propiedad se vuelve resbaladizo.

Sí, sería mejor que más personas poseyeran activos a que menos personas los poseyeran.

Pero si la mayor parte de los activos siguen en manos de los hogares más ricos, entonces el crecimiento del mercado seguirá fluyendo principalmente hacia arriba.

Los datos de la Reserva Federal revelan la enorme concentración de la propiedad de acciones en Estados Unidos. El 1% más rico posee aproximadamente la mitad de las acciones corporativas y las participaciones en fondos de inversión. El siguiente 9% también posee una participación importante. En conjunto, el 10% más rico controla la inmensa mayoría del mercado bursátil.

Por lo tanto, cuando el mercado sube, no es que «la gente» gane por igual.

En su mayoría, los ganadores son los propietarios de los activos.

Y quienes tienen más activos son los que más ganan.

Esto no significa que la gente común deba evitar invertir. Esa sería una conclusión errónea.

La verdadera lección es que invertir no puede reemplazar una economía que funcione.

No puede sustituir los salarios.

No puede sustituir la vivienda asequible.

No puede sustituir la atención médica.

No puede sustituir la infraestructura pública.

No puede sustituir la seguridad laboral.

Una sociedad donde la gente necesita convertirse en pequeños inversores solo para sobrevivir no es una sociedad sana. Es una sociedad que admite tácitamente que el trabajo por sí solo ya no proporciona estabilidad.

El mercado de valores se convirtió en la vía de escape.

Una de las características más extrañas del capitalismo moderno es que el mercado de valores se ha convertido en el centro emocional de la economía. Centro emocional de la economía.

Si el mercado sube, los políticos lo celebran.

Si el mercado baja, todo el mundo entra en pánico.

Pero el mercado de valores no es lo mismo que la economía real.

Una empresa puede subir los precios, despedir trabajadores, reducir la calidad del servicio, recomprar sus propias acciones y aun así mantener contentos a sus accionistas.

De hecho, eso es precisamente lo que suele ocurrir.

Aquí es donde la persona promedio queda atrapada en un extraño doble papel.

Como trabajador, usted desea salarios más altos.

Como consumidor, usted quiere precios más bajos.

Como pequeño inversor, usted desea que las empresas incluidas en su cuenta de jubilación aumenten sus beneficios.

Pero esos objetivos a menudo entran en conflicto.

La empresa que sube tus facturas también podría estar beneficiando a tu fondo indexado. La empresa que recorta empleos podría estar impulsando el precio de sus acciones. La empresa que presiona a sus proveedores podría estar mejorando sus márgenes.

Este es el truco silencioso del capitalismo basado en activos.

Esto otorga a la gente común una participación mínima en el sistema, y ​​luego utiliza esa participación para hacer que todo el sistema parezca más democrático de lo que realmente es.

Puede que poseas unas pocas gotas del océano.

Pero la marea pertenece a otra persona.

Y cuando sube la marea, ellos suben mucho más rápido que tú.

Por eso, el mensaje de que «todos deberían invertir» resulta incompleto. Convierte un problema estructural en una responsabilidad individual.

Si te estás quedando atrás, invierte mejor.

Si no puedes jubilarte, invierte antes.

Si los salarios son bajos, genere ingresos pasivos.

Si la vivienda es inasequible, compre activos.

Pero ¿qué ocurre cuando a millones de personas se les dice que escapen de la economía a través del mercado, mientras que la propia economía sigue empeorando?

En algún momento, eso deja de ser un consejo.

Se convierte en una confesión.

La IA podría empeorar la situación.

Es probable que la próxima etapa del capitalismo esté marcada por la inteligencia artificial.

Eso no significa que todas las predicciones de la IA se vayan a cumplir. Gran parte del entusiasmo es exagerado. Toda nueva tecnología se envuelve en fantasía antes de que se aclaren sus implicaciones económicas reales.

Pero la IA es diferente en un aspecto importante.

Recompensa la escala.

Las empresas que más se benefician son aquellas que cuentan con los datos, la capacidad de procesamiento, el acceso a la energía, la distribución y el capital necesarios para implementarlos correctamente. Esto significa que las empresas más grandes tienen una ventaja inherente.

Si la IA aumenta la productividad, pero la mayor parte de las ganancias van a parar a los accionistas, entonces el mismo problema de siempre se agrava aún más.

Es posible que se les diga a los trabajadores que la IA los hará más eficientes.

Las empresas pueden aprovechar esa eficiencia para reducir su plantilla.

Los inversores podrían aprovechar el potencial alcista.

Y a todos los demás se les puede decir que se reciclen, se adapten, se suscriban o inviertan.

Por eso, el auge de la IA no es solo una cuestión tecnológica.

Es una historia de propiedad.

¿Quién es el propietario de los modelos?

¿Quién es el dueño de las patatas fritas?

¿Quién es el propietario de los centros de datos?

¿Quién es el propietario de la infraestructura energética?

¿Quiénes son los dueños de las empresas que se benefician de la automatización?

Si la respuesta se limita principalmente al mismo pequeño grupo de propietarios de activos, la IA no se percibirá como un milagro de productividad generalizado. Se percibirá como otra máquina que amplía la brecha entre quienes trabajan por dinero y quienes tienen dinero que trabaja para ellos.

Ese es el verdadero riesgo.

No es que los robots reemplacen a todo el mundo de la noche a la mañana.

El riesgo es más gradual y predecible: el trabajo se vuelve menos seguro, los mercados adquieren mayor valor y la brecha entre salarios y patrimonio se vuelve aún más difícil de cerrar.

El capitalismo no está roto como la gente piensa.

La gente suele decir que el capitalismo está roto.

Entiendo por qué.

Para millones de personas, el sistema se siente roto. La vivienda es demasiado cara. Los alimentos son demasiado caros. Los sistemas de salud están saturados. La infraestructura pública está envejeciendo. A los jóvenes se les dice que trabajen duro, pero la recompensa por ese esfuerzo suele ser menor que antes.

Pero desde el punto de vista del capital, el sistema no está completamente roto.

Sigue haciendo aquello para lo que fue diseñado.

Se trata de proteger la propiedad.

Es una estrategia que recompensa a los poseedores de activos.

Está desplazando el riesgo hacia abajo.

Está transformando los problemas públicos en oportunidades de inversión privada.

Está transformando la inseguridad en fuentes de ingresos.

Por eso creo que la palabra «fractura» es útil.

Una fractura no es lo mismo que la muerte.

Un sistema fragmentado aún puede funcionar. Aún puede generar dinero. Aún puede enriquecer a las personas que se encuentran en la posición correcta dentro de él.

Pero vivir bajo ese y más doloroso se vuelve.

Ese es el mundo al que podríamos estar entrando.

No es el fin del capitalismo.

Su endurecimiento.

Una versión en la que los gobiernos gastan más, pero el capital privado se lleva una mayor parte de los beneficios.

Una versión en la que la IA aumenta la productividad, pero los trabajadores no reciben automáticamente las mejoras.

Una versión en la que la infraestructura se convierte en un producto de inversión.

Una versión en la que se les dice a las personas comunes que la solución a la desigualdad es comprar pequeñas participaciones en las empresas que se benefician de ella.

Eso no es una revolución.

Eso es una reestructuración.

Y la reestructuración es lo que mejor hace el capitalismo.

La verdadera cuestión es la legitimidad.

La mayor amenaza para el capitalismo no es la crisis en sí misma.

Es legitimidad.

La gente puede tolerar un sistema difícil si cree que el acuerdo básico sigue funcionando.

Trabaja duro y podrás vivir dignamente.

Ahorra dinero y podrás construir un futuro.

Infórmate y podrás mejorar tu situación.

Empieza desde poco y ve avanzando poco a poco.

Esa creencia ha provocado que el capitalismo sufra muchos daños.

Pero ¿qué ocurre cuando la gente deja de creerlo?

¿Qué ocurre cuando los trabajadores dejan de creer que los salarios les proporcionarán estabilidad?

¿Qué ocurre cuando los jóvenes dejan de creer que la educación garantiza oportunidades?

¿Qué ocurre cuando los inquilinos dejan de creer que algún día podrán ser propietarios de una vivienda?

¿Qué ocurre cuando los votantes se dan cuenta de que la economía puede crecer mientras sus vidas empeoran?

Es entonces cuando el sistema tiene un problema real.

No porque la gente se convierta de repente en economistas.

Porque dejan de creer en la historia.

Y el capitalismo depende en gran medida de las historias.

La historia del progreso.

La historia del mérito.

La historia de la propiedad.

La historia de que los mercados recompensan el esfuerzo.

La historia de que el dolor de hoy crea la prosperidad de mañana.

Cuando esas historias dejan de coincidir con la realidad, la gente empieza a buscar alternativas.

Eso no significa que automáticamente encontrarán mejores alternativas. La historia no es tan sencilla. La pérdida de confianza puede conducir a reformas, pero también al caos, al nacionalismo, a la búsqueda de chivos expiatorios y a políticas autoritarias.

Por eso este momento importa.

Un sistema puede fracturarse en más de una dirección.

Puede volverse más democrático.

O puede volverse más concentrado.

Puede reconstruir el poder público.

O bien, puede entregar aún más del futuro a las finanzas privadas.

Puede utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas.

O bien, puede utilizar la tecnología para abaratar la mano de obra y aumentar la riqueza de los propietarios.

Nada de esto es automático.

La incómoda verdad

No creo que el capitalismo esté a punto de acabar porque Larry Fink diga que el viejo modelo se está desmoronando.

Creo que eso es demasiado fácil.

La verdad más incómoda es que el capitalismo podría sobrevivir a este momento del mismo modo que sobrevivió a los anteriores: cambiando lo justo para protegerse.

Tras la Gran Depresión, aceptó una mayor intervención gubernamental.

Después de la década de 1970, se volvió contra los trabajadores y abrazó el neoliberalismo.

Después de 2008, protegió el sistema financiero e infló los precios de los activos.

Ahora, tras la globalización, la inflación, la inteligencia artificial, las perturbaciones en las cadenas de suministro, los conflictos geopolíticos y la creciente desigualdad, puede que esté preparando otra transformación.

Esta nueva versión podría exigir a la gente común que se convierta en inversora, al tiempo que les dificulta vivir de un salario.

Puede utilizar el miedo público para justificar el control privado sobre la infraestructura.

Esto podría convertir la capacidad de respuesta nacional en una fuente de beneficios.

Puede que venda la IA como un progreso, concentrando al mismo tiempo las recompensas en manos de las empresas que ya dominan la economía.

Por eso no me resulta convincente el argumento de que «el capitalismo se está derrumbando».

El colapso sería sencillo.

Las mutaciones son más difíciles de combatir.

Porque cuando un sistema muta, conserva el lenguaje familiar. Sigue hablando de oportunidad, libertad, propiedad, crecimiento e innovación. Pero en el fondo, el equilibrio de poder se inclina aún más hacia quienes ya controlan el futuro.

Así que no, no creo que el capitalismo vaya a morir mañana.

Pero creo que algo importante está a punto de romperse.

La vieja promesa se está rompiendo.

La creencia de que el trabajo conduce a la seguridad se está desmoronando.

La idea de que el crecimiento beneficia a todos se está desmoronando.

La premisa de que los mercados pueden resolver los problemas que ellos mismos ayudaron a crear se está desmoronando.

Y cuando esas cosas se rompen, la cuestión no es si el capitalismo puede sobrevivir.

Probablemente sí.

La cuestión es qué tipo de sociedad quedará para el resto de las personas si eso sucede.

La entrada El capitalismo no está muriendo. Está aprendiendo a sobrevivir sin ti se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Daniel Raventós y Julen Bollain

La renta básica (RB), una asignación pública individual e incondicional, se acostumbra a debatir como si fuera una herramienta puramente técnica, centrando la atención en cuánto cuesta, cómo se financia o qué efectos tendría sobre el empleo. Son preguntas importantes, sin duda, pero dejan fuera una cuestión tan o más importante que las anteriores, la justicia de la propuesta o, dicho de una forma más extensa, la de qué tipo de libertad protege y qué relaciones de poder transforma.

A nosotros nos interesa una veterana tradición de pensamiento político: el republicanismo. Frente a una idea de libertad entendida solo como ausencia de interferencia que predica una cierta tradición liberal (así, los esclavos no interferidos por un esclavista benévolo son libres), el republicanismo ha planteado históricamente una exigencia mayor. Una persona es libre cuando no vive sometida al poder arbitrario de otra, ni de hecho ni de posibilidad. Es decir, cuando no depende de que un jefe, un casero, un acreedor o una autoridad “se porte bien” con ella para vivir sin la mera posibilidad de la arbitrariedad.

Cuando la supervivencia depende de no contrariar a quien controla salario, vivienda o crédito, la libertad se vuelve frágil —si es que aún merece el nombre de libertad

Esta idea de libertad como no-dominación cambia mucho el debate. Una persona puede no sufrir una amenaza explícita y, aun así, estar profundamente condicionada cada día por una relación de dependencia. Esa falta de libertad no siempre se presenta como coerción visible, pero organiza decisiones cotidianas, desde aceptar un empleo precario hasta no denunciar abusos, pasando por renunciar a tiempo de cuidados, aplazar una formación o callar en el trabajo por miedo a perder ingresos o a otras represalias. Por tanto, cuando la supervivencia depende de no contrariar a quien controla salario, vivienda o crédito, porque estas posiciones ejercen una interferencia no controlada por quien depende de ellas, la libertad se vuelve frágil —si es que aún merece el nombre de libertad.

Es desde esta perspectiva que la RB puede entenderse como algo más que una política contra la pobreza. Puede ser una institución que reduce vulnerabilidad material y, con ello, limita formas de dominación presentes en la vida social y laboral. No elimina por sí sola la desigualdad, ni la explotación, ni la dominación, pero sí puede cambiar el punto de partida desde el que se negocia la vida. Dicho de forma sencilla: dota a las personas del poder para decir “no” ante situaciones que sin RB dicen “sí”. No necesariamente “no al empleo”, como a veces caricaturiza el debate, sino “no” a determinadas condiciones. No a empleos aceptados solo por urgencia extrema. No a formas de subordinación sostenidas por el miedo a quedarse sin ingresos. Y también “sí” a otras posibilidades, como buscar un mejor empleo, formarse, reorganizar tiempos de cuidado, participar más en la vida comunitaria o en la acción colectiva.

Quien acepta algo por necesidad no lo hace libremente. Es vieja la distinción entre necesidad y libertad. Ahora bien, el republicanismo clásico vinculó la libertad con la independencia material, pero lo hizo en contextos históricos muy distintos de los actuales. En sociedades capitalistas donde la propiedad está fuertemente concentrada y el trabajo asalariado estructura la vida de la mayoría, esa intuición necesita ser reformulada. Y ahí es donde entra el socialismo. No como añadido ornamental, sino como marco que permite pensar cómo cambian la dependencia y la dominación bajo el capitalismo moderno.

Desde esa actualización republicano-socialista, la dominación no es solo una relación personal, sino también estructural. Aunque una persona cambie de empresa, sigue dependiendo de encontrar algún empleador en un sistema donde los medios de producción están concentrados. La subordinación no desaparece al cambiar de sitio; se reproduce en el marco general de las reglas del juego de la forma de producir capitalista. La libertad doble que tiene toda persona que depende de un salario, la inmensa mayoría de nuestra sociedad, deja mucho que desear: la libertad de ser explotados por el empresario que elija va unida a la libertad de pasar hambre si no se elige a ninguno. Otra vez: necesidad no es libertad.

Una RB que tenga sentido desde la perspectiva republicano-socialista exige fiscalidad progresiva, servicios públicos universales robustos, y una limitación de la riqueza

Desde esta perspectiva, la RB no se valora únicamente porque aumente ingresos de las capas de la sociedad no estrictamente ricas, sino porque puede reducir esa dependencia estructural y ampliar la autonomía real de la ciudadanía. No sustituye a los sindicatos, ni a la regulación laboral, ni a los servicios públicos, ni a una agenda más amplia de democratización económica. Pero permite reforzar tanto la capacidad de salida (abandonar situaciones intolerables) como la capacidad de voz (negociar, protestar, participar sin tanto miedo).

Y aquí se debe realizar una precisión fundamental, porque no cualquier RB produce ese efecto. La misma etiqueta puede cubrir diseños políticamente opuestos. Ejemplos de opuestos son la RB que estamos defendiendo y la que defiende el economista ultraneoliberal Charles Murray. Una RB puede formar parte de un proyecto orientado a ampliar derechos y autonomía material, pero también puede convertirse en una coartada para recortar servicios públicos y trasladar más riesgos al individuo. Si se presenta como sustituto de sanidad, educación, cuidados o vivienda públicos, puede aumentar la dependencia del mercado en lugar de reducirla. En ese caso, la RB funciona como un cheque para comprar por cuenta propia lo que antes era un derecho social. Por eso importan tanto la financiación como el encaje institucional.

Desde una perspectiva republicano-socialista, una RB que tenga sentido desde la perspectiva republicano-socialista exige fiscalidad progresiva, servicios públicos universales robustos, una limitación a la riqueza y a la renta máximas, protección laboral y límites a la captura privada de los beneficios. Sin ese marco, corre el riesgo de actuar como parche que compensa daños sin alterar las relaciones de poder que los producen.

La pregunta relevante, entonces, no es solo si la RB funciona, sino para qué proyecto de sociedad se diseña. ¿Busca ampliar la libertad de la ciudadanía? ¿O gestionar la precariedad de manera más barata mientras se debilitan las garantías colectivas? Planteada así, por tanto, la discusión deja de ser solo presupuestaria y se convierte en una discusión sobre libertad, trabajo (asalariado, de cuidados y voluntario), propiedad y democracia. Y eso es precisamente lo que la hace tan políticamente interesante. Porque obliga a decidir si queremos una sociedad donde la gente sobreviva como pueda, o una sociedad donde exista una base material suficiente para vivir con más dignidad, más voz y menos miedo.

Julen Bollain es Doctor en Estudios sobre Desarrollo, es investigador en Mondragon Unibertsitatea. Su trabajo se centra en el análisis de políticas públicas, la renta básica y las desigualdades sociales, combinando investigación académica y divulgación.

Daniel Raventós es Doctor en Economía, profesor titular de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org) y editor de la revista política internacional Sin Permiso (www.sinpermiso.info).

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Carta abierta a la Comisión Europea

Estimada presidenta von der Leyen, estimados comisarios:

Les escribimos para exponer las preocupaciones de la sociedad civil respecto a las propuestas de modificación de las actuales directrices sobre «Mejor Regulación», así como a otras propuestas incluidas en su Comunicado titulado «Un marco normativo de la UE más sencillo, más claro y mejor aplicado». Las organizaciones abajo firmantes consideran que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no se ajustan a la estrategia de la UE en materia de sociedad civil y que crean una jerarquía entre las partes interesadas, ya que otorgan ventajas a las empresas a expensas del interés público y de la economía en su conjunto.

Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basadas en datos empíricos, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural a favor de un reducido conjunto de intereses sectoriales. Por lo tanto, creemos que deberían reconsiderarse elementos importantes del Comunicado. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la mala administración en los procedimientos de urgencia. Ahora, la Comisión responde debilitando esas mismas normas, para poder seguir actuando sin obstáculos basándose en directrices más laxas.

Las organizaciones abajo firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:

1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto.

En el Comunicado, la Comisión se compromete a realizar más evaluaciones de impacto, pero reduce su calidad y pertinencia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas. Para dar respuesta a las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión intenta definir cómo la «urgencia» puede permitir excepciones al procedimiento estándar, pero no logra disipar las dudas. En primer lugar, la «urgencia» se define de forma demasiado amplia, incluyendo una referencia vaga al «contexto político», lo que impide que se derive de ella certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión establece dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro de «urgencia especial» que carece por completo de ambas. Cualquier excepción a los procedimientos estándar debe definirse de forma estricta, justificarse objetivamente y someterse a un escrutinio independiente.

En este mismo sentido, nos parece profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el «modelo de costes estándar». Esta metodología está obsoleta y es problemática, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos medioambientales y sociales (de los que depende la economía). La economía no existe en el vacío y no debe considerarse como tal. La Comisión está intentando allanar el camino hacia una vía sencilla y rápida para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los trabajadores y los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben subordinarse a análisis simplificados de coste-beneficio.

2. Consulta y participación de las partes interesadas

Nos preocupa que la Comisión recurra cada vez más a formatos de «consulta selectiva». Con ello, la Comisión suele referirse a ignorar opiniones distintas a las de determinados grupos empresariales. Uno de los ejemplos más recientes es la nueva herramienta denominada «Reality Checks», en la que, en la mayoría de los casos, solo se invita a las empresas a contribuir al proceso y en la que brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. El resultado es que, al elaborar sus propuestas, la Comisión corre el riesgo de incurrir en lagunas y grandes injusticias. Consideramos que este enfoque incumple los Tratados de la UE, así como las normas adoptadas en materia de consulta pública.

3. Normas nacionales que van más allá de los requisitos mínimos de la UE

Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo que se da al denominado «goldplating», un término que tiene su origen en los intereses particulares de la industria, que desean que la Comisión limite la capacidad de los Estados miembros para introducir medidas más estrictas que las acordadas a nivel europeo. En sí mismo, el «goldplating» no tiene nada de malo. La adopción de medidas más ambiciosas a nivel nacional es legítima cuando tienen por objeto elevar los estándares, y los poderes legislativos nacionales están en su derecho de hacerlo. Incluso puede producirse el resultado positivo de elevar el estándar a nivel de la UE, y la legislación suele influir en la cultura y la práctica. Por ello, condenamos la formulación parcial sobre el «goldplating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que se adopten medidas a nivel europeo, incluso si las medidas a nivel nacional no son contrarias al Derecho de la UE. Esto está previsto que se produzca, entre otros, en el contexto del Semestre Europeo. En materia de política social, legislación laboral y políticas sobre condiciones de trabajo, los Estados miembros suelen aplicar medidas más ambiciosas y deben poder seguir haciéndolo, de conformidad con el artículo 288 del TFUE. En materia de política medioambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la introducción de medidas de protección más estrictas por parte de los Estados miembros.

4. Restricciones temporales en materia de políticas

Hay bastantes elementos en la comunicación —tal y como están redactados— que no están definidos, pero que tememos que puedan llegar a utilizarse de forma perjudicial. Existe la intención de introducir más cláusulas de derechos adquiridos, que corren el riesgo de utilizarse para retrasar la implantación gradual de normas cruciales para la protección del medio ambiente o la salud pública. Y están las cláusulas de caducidad, sumamente problemáticas: con ese cambio en la legislación, ya no es la supresión de una disposición protectora lo que debe justificarse, sino su mantenimiento. La carga de la prueba política se invierte. Una normativa crucial podría derogarse automáticamente si no se alcanza a tiempo un acuerdo sobre el proyecto de ley.

El camino a seguir

En general, la Comisión está introduciendo un conjunto de las denominadas «reformas», todas ellas destinadas a promover un enfoque más miope en la toma de decisiones. Se trata de marginar en los procedimientos los intereses distintos de los de las empresas. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y dar prioridad a un conjunto limitado de indicadores económicos, se corre el riesgo de pasar por alto repercusiones más amplias en la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales. Esto es justo lo contrario de una «mejor regulación».

Hay que poner fin al despilfarro a costa de los contribuyentes. Pedimos:

– Que se ponga fin al incumplimiento del Tratado de la UE: el artículo del Tratado sobre la necesidad de integrar, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y los intereses de los trabajadores y los consumidores, debe reflejarse en las directrices de «Mejor Regulación» (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).

– Una armonización de la «Mejor Regulación» con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la estrategia de la UE en materia de sociedad civil.

– La transparencia como prioridad: las consultas deben ser siempre públicas, abiertas y transparentes.

– Un diálogo civil estructurado y significativo, con la participación de el mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. La era de los «grupos de expertos» dominados por las empresas debe llegar a su fin.

– Investigaciones exhaustivas sobre las repercusiones de la nueva legislación, incluyendo todos los aspectos relevantes. Los análisis de costes y beneficios superficiales ofrecen una imagen sesgada y engañosa a los responsables de la toma de decisiones.

– El fin de los ataques obstinados contra el denominado «gold plating». Están ahora en juego normas de protección fundamentales, por ejemplo, en la legislación laboral y de protección de los trabajadores, los derechos de los consumidores y la legislación medioambiental.

Instamos a la Comisión a que tenga en cuenta estas preocupaciones a la hora de revisar las Directrices y el conjunto de herramientas para una mejor reglamentación. Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.

Atentamente,

ActionAid France

ACV-CSC (Belgium)

Alternatif Bilisim (Turkey)

Animal Advocacy & Food Transition (EU) 

Arnika (Czech Republic)

Association For Promotion Sustainable (India) 

ATTAC Austria

ATTAC España 

ATTAC France

Austrian Federal Chamber of Labour

BirdLife Europe and Central Asia

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)

CHEM Trust (Europe)

Child Rights International Network (Belgium, UK and international)

Climate Action Network (CAN) Europe

CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)

Corporate Europe Observatory (Europe)

Defend Democracy (EU)

Die Bürokratiemonster(Germany)

Digitalcourage (Germany)

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Norway (Norway)

epicenter.works (Austria)

European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)

European Civic Forum (EU)

European Digital Rights (EDRi) (Europe)

European Environmental Bureau (EU)

European Grandparents for Climate (Austria)

European Network Against Arms Trade (Europe)

European Public Services Unions (EPSU, Europe)

European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)

Fairwatch (Italy)

Fern (EU)

FNV (The Netherlands)

foodwatch international (Belgium)

France Nature Environnement (France)

Friends of the Earth Europe (Europe)

Générations Futures (France)

GLOBAL 2000 (Austria)

Grandparents for Future (Austria)

Greenpeace EU Unit (BE/EU)

GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austira)

Human Development Research Initiative (HDRI) (France)

Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)

JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)

LobbyControl (Germany)

Kettensäge stoppen! (Austria)

Notre Affaire à Tous (France)

Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)

PowerShift e.V. (Germany)

ReCommon (Italy)

REZERO (Spain)

Rise For Climate Belgium (Belgium) 

The Good Lobby (Europe)

Transparency International EU (EU)

Trócaire (Ireland)

WSM – We Social Movements (Belgium)

WWF European Policy Office (Belgium/EU)

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)

Campaña Rules to Protect. Promovida por Corporate Europe Observarory

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A la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea y a las Representaciones Permanentes de los Estados miembros:

Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, les escribimos en relación con los trabajos del Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativa a la simplificación del marco legislativo digital, conocido como «Omnibus digital», y, en particular, sobre sus aspectos relativos al RGPD y a la privacidad electrónica (el llamado «Omnibus de datos»).

Si bien este expediente se presenta como un ejercicio de simplificación, en los ámbitos de la protección de datos y la privacidad electrónica, varias partes de la propuesta de la Comisión van mucho más allá de la mera simplificación de las normas. Debilitarían las salvaguardias fundamentales, reducirían la seguridad jurídica y disminuirían la protección práctica de los derechos fundamentales.

El RGPD y la privacidad electrónica no son cargas administrativas. Son pilares centrales de un reglamento digital europeo basado en derechos. Protegen a las personas frente al seguimiento intrusivo, el uso ilícito de datos, la elaboración de perfiles opaca y la automatización abusiva. Asimismo, proporcionan a las organizaciones responsables la seguridad jurídica que necesitan.

El proceso para desarrollar el Omnibus digital es parte del problema. Un paquete que cambia la forma en que se protegen los derechos fundamentales en los entornos digitales debe estar respaldado por pruebas, cumplir con las normas de mejora de la legislación de la UE e incluir una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales adecuada en toda la propuesta. Sin ello, el Consejo no debería utilizar este expediente para introducir cambios sustanciales, y mucho menos para reducir las salvaguardias, reabrir conceptos jurídicos fundamentales o normalizar un mayor seguimiento.

Celebramos los esfuerzos anteriores realizados por el Consejo para eliminar o limitar algunos de los elementos más perjudiciales de la propuesta de la Comisión, aunque los últimos acontecimientos sugieren que estos podrían revertirse ahora. La dirección protectora debe preservarse o restablecerse allí donde se haya debilitado.

El Consejo debe mantener la eliminación de las propuestas relacionadas con el RGPD que han debilitado la definición de datos personales, han creado amplias aperturas para el tratamiento relacionado con la inteligencia artificial o han reducido las salvaguardias clave para las personas. En conjunto, estas propuestas alejarían al RGPD de los derechos exigibles y lo acercarían a una mayor discrecionalidad del responsable del tratamiento, a una reinterpretación de conceptos fundamentales dirigida por la Comisión y a una mayor responsabilidad depositada en las personas para protegerse frente a sistemas que no pueden ver ni impugnar de manera significativa. Reabrir la arquitectura fundamental del RGPD a través del Omnibus crearía más incertidumbre, más litigios y derechos más débiles.

Las propuestas eliminadas no deberían volver de ninguna manera por la puerta trasera. Los considerandos, los mandatos de orientación, las normas y el lenguaje vago de compromiso pueden tener efectos jurídicos reales en la práctica. No deberían utilizarse para revivir ideas arriesgadas sobre el tratamiento relacionado con la IA, la seudonimización, la identificabilidad, la investigación científica o el interés legítimo, una vez que se han eliminado las disposiciones operativas.

Celebramos el hecho de que el actual compromiso del Consejo aparentemente mantenga las normas sobre el acceso a los equipos terminales dentro del marco de la privacidad electrónica, en lugar de transferirlas al RGPD. Esta dirección debe preservarse. El RGPD regula el tratamiento de datos personales. La privacidad electrónica protege la confidencialidad de las comunicaciones y la integridad de los equipos terminales. Difuminar estas lógicas jurídicas debilitaría la protección en el punto donde comienza el seguimiento y crearía confusión sobre qué normas y autoridades se aplican.

Observamos que las señales de privacidad automatizadas ya no están sobre la mesa. El Consejo debe reintroducir y fortalecer esta disposición, evitando diluir el lenguaje o retrasar las protecciones. Las señales son el ejemplo más claro de simplificación genuina en este expediente. Permitirían a las personas expresar sus elecciones a través de navegadores, sistemas operativos, aplicaciones u otras herramientas del lado del usuario, en lugar de verse obligadas a navegar por interminables banners de cookies. Esto facilitaría el ejercicio de los derechos y nivelaría el terreno de juego para las empresas que respetan las elecciones de las personas, en lugar de recompensar a los actores que dependen de interfaces manipuladoras y un seguimiento que no cumple la normativa.

Por tanto, el Consejo debería evitar el atajo equivocado: sustituir las señales por nuevas y amplias exenciones al consentimiento. Lograr menos banners eliminando el requisito de consentimiento y permitiendo el seguimiento sería una solución falsa. Aumentaría los riesgos para la privacidad, la protección de datos, la ciberseguridad y la integridad de los dispositivos. Cualquier acceso a equipos terminales sin consentimiento debe seguir siendo limitado, necesario, técnicamente restringido y claramente salvaguardado.

Cuando el Consejo mantenga partes de la propuesta de la Comisión, debe añadir salvaguardias sólidas. La simplificación no puede significar una transparencia más débil, derechos de acceso más débiles, una protección más débil para los datos sensibles, mecanismos de reclamación más débiles o una rendición de cuentas más débil en la toma de decisiones automatizada.

El Consejo también debe evitar utilizar las discusiones no resueltas sobre el acervo de datos para reabrir los avances realizados en el RGPD y la privacidad electrónica. Si se alcanza un consenso sobre las partes del RGPD y la privacidad electrónica, ese compromiso debería respetarse mientras continúan las discusiones sobre el acervo de datos. El progreso en una parte del expediente no debería convertirse en una excusa para debilitar otra.

Las personas y las organizaciones responsables necesitan normas que sean claras, exigibles y viables. Pero la claridad no puede provenir de reducir las salvaguardias, ampliar el seguimiento o trasladar la carga a los individuos para que se protejan a sí mismos. La seguridad jurídica debe significar derechos que funcionen en la práctica, obligaciones que puedan hacerse cumplir y mercados que recompensen a los actores responsables.

Una carrera desregulatoria hacia el fondo no hará que Europa sea más competitiva. Fortalecerá a los actores que ya dominan a través de la escala, la opacidad y la extracción de datos, mientras que dejará a las empresas europeas que intentan cumplir la normativa en condiciones aún menos equitativas. La soberanía digital de Europa requiere normas que hagan efectivas las elecciones de las personas, hagan posible la aplicación de la ley y permitan a las empresas que respetan los derechos competir de manera justa.

Instamos a los Estados miembros a adoptar una posición en el Consejo que proteja los avances realizados hasta ahora: eliminar las propuestas más perjudiciales, mantener la privacidad electrónica y el RGPD como ámbitos distintos, preservar las señales de privacidad automatizadas, evitar que considerandos arriesgados revivan disposiciones eliminadas y rechazar cualquier otra adición desregulatoria. Un Omnibus de datos que debilite los derechos no aportará confianza, seguridad jurídica ni competitividad. Un mandato que preserve los derechos sí puede hacerlo.

Atentamente,

Attac Austria  

ATTAC Spain  

Bits of Freedom  

Check My Ads  

Corporate Europe Observatory (CEO)  

Danes je nov dan  

Defend Democracy  

Ecologistas en Acción (Spain)  

Electronic Frontier Foundation  

Electronic Privacy Information Center (EPIC)  

Elektronisk Forpost Norge | Electronic Frontier Norway  

European Anti-Poverty Network  

European Digital Rights (EDRi)  

Homo Digitalis  

IT-Pol  

Panoptykon Foundation  

People vs Big Tech  

Politiscope  

Privacy International  

Stichting Data Bescherming Nederland  

The Good Lobby 

La entrada Carta abierta al Consejo de la Unión Europea: no permitan que la simplificación digital se convierta en desregulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en greenpeace.org

La entrada La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

• Ecologistas en Acción califica de “muy preocupante” el voto del Parlamento Europeo que permitirá  la comercialización de productos vegetales modificados genéticamente.
• La nueva legislación da vía libre a la utilización de las nuevas técnicas genómicas (NGT) sin controles de seguridad ni etiquetado, a pesar de la fuerte oposición de consumidores/as y organizaciones ambientales y agrícolas.

Tres años después de que la Comisión Europea presentara la primera propuesta legislativa para regular las denominadas “nuevas técnicas genómicas” (NGT, por sus siglas en inglés), el Parlamento Europeo ha aprobado  hoy —en votación final— esta legislación.

Esta medida ha salido adelante, a pesar de las críticas y la movilización de las organizaciones de consumidores/as, ecologistas y agrícolas, que durante los últimos tres años han advertido de sus peligros. La pérdida de transparencia y el mayor control por parte de las multinacionales, a través de las patentes de semillas que la aprobación de esta ley conllevará, son algunos de ellos.

Mientras la Comisión Europea ha estado presentando una y otra vez la reforma de la legislación sobre OMG como un motor de innovación,  Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha incidido en sus impactos: la ley da vía libre a las plantas modificadas genéticamente clasificadas como NGT de categoría 1 sin evaluación de riesgos, trazabilidad ni etiquetado. En concreto, la aprobación de la nueva ley supone:

• La simplificación de procedimientos de autorización o, en la práctica, su eliminación para muchas plantas modificadas genéticamente.
• La ausencia de requisitos de etiquetado obligatorio hasta el producto final.
• La apertura del mercado a plantas patentables, que aumentará la dependencia y la concentración del sistema alimentario en manos de muy pocas empresas multinacionales. Se abre la puerta incluso a que las empresas puedan patentar genes o variedades que se encuentren en la naturaleza.

Ecologistas en Acción también ha señalado en repetidas ocasiones las consecuencias imprevisibles que estas medidas pueden tener para la biodiversidad. Ahora, con la aprobación de esta ley, insiste en que los impactos pueden ser “catastróficos e irreversibles”.

Diego Bárcena, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “Con la legislación aprobada no es necesario evaluar los efectos de los cambios fenotípicos en las plantas debidos a modificaciones genéticas, que podrían afectar, por ejemplo, a los polinizadores o al medio ambiente en general”.

Elena Alter, también portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Hay que tener en cuenta que la contaminación biológica, una vez que llega al medio ambiente, permanece de forma permanente y puede multiplicarse exponencialmente, lo que hace prácticamente imposible mitigar sus efectos. Con la aprobación de la ley, el Parlamento Europeo ha socavado aún más uno de los pilares de la democracia europea: el principio de precaución”.

Ecologistas en Acción reafirma su compromiso con un sistema agroalimentario sin NGT y advierte de que serán necesarias nuevas medidas para proteger la soberanía alimentaria europea.

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Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.

El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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Attac Madrid recomienda:

Acto celebrado en Madrid el 10 de junio de 2026, sobre la gestión de la Educación en Madrid, con debate entre los partidos Más Madrid, PSOE, IU-Madrid y Podemos, que responden a las preguntas formuladas por tres personas cualificadas en las etapas de Infantil, Reglada y Universitaria, organizado por la Plataforma por la Remunicipalización y gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid (municipalizacionmadrid@gmail.com).

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Por Alberto Mesas, publicado originalmente en ctxt.

Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión.

La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.

No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.

La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.

Los ricos evaden porque el sistema lo permite

Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).

Los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial

Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.

En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”. 

No es solo que los ricos paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen

En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.

En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.

Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.

 “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función”

En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.

Se grava más el trabajo que la propiedad

Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).

Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca. 

En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.

La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.

“El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”

La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.

En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación). 

Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.

Los más ricos cada vez son más ricos

En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.

Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.

Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.

Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.

En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.

Sin voluntad política para perseguir el fraude

Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.

Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.

En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.

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Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Publicado originalmente para El Salto.

En apenas cuatro meses, PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y dado trámite a una ley que facilita los desalojos exprés.

Cada cuatro minutos, en algún lugar de España, alguien pierde su hogar. No por negligencia del Estado, no por accidente del mercado: por decisiones políticas concretas y rastreables. En los últimos cuatro meses, el bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha eliminado las principales protecciones que quedaban en pie para los inquilinos más vulnerables. Mientras tanto, los precios del alquiler baten récords, el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa y el Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda ha tenido que pedir por escrito al Estado español que no abandone a decenas de miles de familias. Este es el relato de cómo hemos llegado hasta aquí. 

Hay números que resisten cualquier marco político. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en marzo de 2026 los datos definitivos de lanzamientos judiciales del año 2025. En horario judicial hábil, sin contar fines de semana, agosto ni festivos, los juzgados ejecutaron un lanzamiento cada cuatro minutos. 24.540 desahucios desgranados así:

• 18.317 por impago de alquiler, el 74,6% del total. Una familia es expulsada de su arrendamiento cada 28 minutos.
• 4.356 por ejecuciones hipotecarias. El 17,7% del total. Familias que no pudieron mantener la hipoteca.
• El CGPJ no desglosa públicamente las 1.877 causas restantes.

Un año más continúan cayendo los juicios por ocupación sin título caen un 20,2%, con datos desmontando el bulo sobre la “okupación” y el relato de que este es el problema y no parte de las consecuencias del problema real, tratar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho como decía Abalos.

Estos datos se publicaron mientras la moratoria antidesahucios seguía, parcialmente, en vigor. La moratoria —vigente desde abril de 2020 como respuesta de emergencia a la pandemia, y prorrogada año tras año— había logrado, según el Observatori DESCA, suspender o paralizar hasta el 24% de todos los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024, protegiendo a cerca de 60.000 hogares en ese periodo. Como hemos declarado en diversas ocasiones desde La PAH, “detrás de cada desahucio no hay cifras, hay vidas suspendidas. Familias que viven en una incertidumbre permanente, sin poder proyectar un futuro, sin saber si podrán seguir en su casa el mes siguiente».

En perspectiva histórica, entre 2008 y 2019 se produjeron 684.000 lanzamientos judiciales en España, afectando a más de 1,7 millones de personas. La moratoria fue el único instrumento que, desde 2020, evitó que ese ciclo volviera a repetirse a la misma velocidad. En febrero de 2026, el Congreso decidió eliminarlo.

La cronología del desmontaje: cuatro meses, tres golpes

La retirada de protecciones no ha sido un accidente legislativo ni un efecto colateral. Ha sido una secuencia deliberada de votaciones del mismo bloque parlamentario, el formado por PP, Vox, Junts y UPN, que ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre decenas de miles de familias.

• 27 enero 2026. Decreto ómnibus rechazado. PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluía, junto a la revalorización de pensiones, la moratoria antidesahucios. El Gobierno se ve forzado a tramitar las medidas por separado.
• 26 febrero 2026. Moratoria antidesahucios eliminada. El mismo bloque rechaza la moratoria también presentada por separado. Desde ese día, 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos quedan reactivados. Las organizaciones advierten de un “tsunami de desahucios”. El Relator de la ONU había pedido formalmente, días antes, que no se eliminara la medida.
• 21 abril 2026. Proposición de ley del PP admitida a trámite. Con el apoyo de Vox, Junts y UPN. Incluye: desahucios exprés para bancos y fondos, rebaja del umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros mensuales y derogación de los topes de alquiler de la Ley de Vivienda de 2023.
• 22 abril 2026. Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. 7.000 millones de euros en cinco años, con medidas dirigidas a jóvenes. Se aprueba con cuatro meses de retraso el mismo día que el PP lleva su propuesta al Congreso.
• 29 abril 2026. Decreto de prórroga de alquileres tumbado. PP, Vox, Junts y UPN rechazan el RDL 8/2026 por 177 votos. La norma protegía con una prórroga de dos años y un límite del 2% de subida a los contratos de alquiler que venzan hasta diciembre de 2027. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares. Más de 33.500 prórrogas ya solicitadas quedan en un limbo legal.
• 24 mayo 2026 en adelante. Más de 40 manifestaciones por todo el Estado llamando a una huelga general de vivienda y a la desobediencia frente a lo que se denomina la dictadura del rentismo.

Las organizaciones de la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, fuimos contundentes tras el voto del 26 de febrero: “No estamos ante un debate técnico o coyuntural. Estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles”. La PAH lo concretamos así: “Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”.

PP, Vox y Junts fundamentaron su rechazo en argumentos distintos pero convergentes. El PP sostuvo que la moratoria “genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler”. Junts, por su parte, adujo la invasión de competencias catalanas. Vox rechazó el decreto por considerar que beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Ninguno de los tres grupos ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas.

¿Qué propone la ley del PP? Menos protección, más velocidad para el desalojo

Más allá de lo que ya ha ocurrido, el escenario que se abre con la proposición de ley del Partido Popular es de mayor calado. La propuesta lleva tres cambios estructurales que, de aprobarse, reconfigurarían de forma duradera las reglas del mercado del alquiler.

El primero y más simbólico: permitir a bancos y fondos de inversión acceder a los mismos juicios rápidos de desahucio que hoy solo están disponibles para pequeños propietarios. Es decir, las mismas entidades que acumularon miles de viviendas durante la crisis hipotecaria de 2008 tendrían vía libre para expulsar inquilinos de forma acelerada. El diputado del PP Ricardo Chamorro defendió explícitamente los “desahucios exprés” en el Pleno.

Con un desalojo cada cuatro minutos, el 49,8% de la ciudadanía ya señala la vivienda como su principal problema y las calles están respondiendo ante la falta del Gobierno

El segundo: rebajar el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica de una familia de 1.800 a 900 euros mensuales. En la práctica, esto sacaría a miles de hogares del paraguas de protección: una familia con ingresos de 1.200 euros que hoy puede acceder a la suspensión del desahucio ya no podría hacerlo. La medida afecta especialmente a hogares con dos o más miembros en los que los ingresos combinados rondan el salario mínimo.

El tercero: derogar los artículos de la Ley de Vivienda de 2023 que permiten declarar zonas de mercado tensionado y establecer índices de contención de precios. Cataluña, que aplicó estas medidas, registra hoy un crecimiento del alquiler del 1,5% interanual, frente al 9,1% de media nacional. La propuesta del PP eliminaría ese mecanismo.

La admisión a trámite de esta barbaridad no implica aprobación inmediata. La proposición deberá atravesar enmiendas, debate en comisión y votación final. Con la actual fragmentación parlamentaria, su aprobación definitiva es incierta. Sin embargo, la tramitación en sí ya genera un efecto de señalización política sobre el mercado y sobre las comunidades autónomas que estudian aplicar las zonas tensionadas. 

El plan y la contradicción del Gobierno

Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, un día después de que el PP presentara esta proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo presentó como un paso hacia la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.

Las medidas principales se dirigen a jóvenes menores de 35 años: ayudas de hasta 28.800 euros para alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial, subvenciones de hasta 10.800 euros para primera vivienda en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, y mejoras del bono alquiler joven, con hasta 300 euros mensuales para vivienda completa.

Amnistía Internacional valoró el plan con reservas. Entre sus críticas: el plan establece como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación administrativa irregular; no incluye garantías de que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social ya existente; y las ayudas directas al alquiler, sin control paralelo de precios, corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.

En resumen, un plan sin ampliación masiva de vivienda pública y sin medidas estructurales de contención de precios no resuelve el problema, solo lo aplaza, al tiempo que la contradicción es palmaria: el mismo día, que el Gobierno aprueba 7.000 millones para construir vivienda asequible, el Congreso da trámite a una propuesta para facilitar que los fondos de inversión desahucien más rápido.

Un mercado que alimenta el colapso

Las decisiones parlamentarias no ocurren en el vacío, ocurren sobre un mercado ya al límite. El barómetro de mayo del CIS registra que el 49,8% de la ciudadanía española señala la vivienda como su principal problema: el registro más alto de la historia del organismo, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas.

Los datos del Observatorio del Alquiler publicados en mayo confirman la magnitud de la tensión: cada vivienda disponible recibe de media 141 solicitudes en apenas diez días, un 25,9% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra alcanza 453 personas compitiendo por cada inmueble. El Observatorio prevé que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos en el mercado de alquiler que el año anterior, una caída del 2,1%.

El precio medio del alquiler en España según Fotocasa cerró el primer trimestre de 2026 en 14,78 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento interanual del 9,1%. Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado; Baleares, los 19. En una comunidad con el salario mediano, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en estas ciudades consume más del 60% de los ingresos de una persona joven.

El Banco de España ha documentado que la oferta de viviendas asequibles ha caído un 42% en tres años. El déficit acumulado de viviendas en España roza las 983.000 unidades, y al ritmo actual de construcción, 143.350 viviendas por año, tardaríamos seis décadas en cerrarlo. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa occidental: menos del 2% del total, frente al 24% de los Países Bajos o el 9% de Francia.

Con todo esto y como ya es habitual, desde el Congreso se sigue ignorando la voz de la ONU. El 12 de febrero, a menos de dos semanas de la votación que eliminaría la moratoria antidesahucios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, publicó una declaración oficial instando al Estado español a mantener la moratoria. Su advertencia fue explícita: permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”.

La declaración de Rajagopal recordaba que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española (artículo 47), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977 y en la Carta Social Europea. Expulsar de sus hogares a familias vulnerables sin alternativa habitacional no es solo una política social cuestionable: es, en el lenguaje del derecho internacional, una violación de derechos fundamentales.

El Congreso votó en contra dos semanas después.

La respuesta desde abajo: las calles y los movimientos

El 24 de mayo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y otras organizaciones del movimiento por la vivienda, resumiendo la situación con precisión: el mercado funciona como una “máquina de empobrecimiento y expulsión”. Las demandas incluían recuperar los contratos de alquiler indefinidos, una bajada estructural de los precios y medidas de emergencia para quienes se enfrentan a desahucios inmediatos.

La protesta del 24 de mayo no es un fenómeno aislado. El movimiento por la vivienda lleva más de un año creciendo en tamaño y composición. Por primera vez en mucho tiempo, las marchas no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas: participan trabajadores con empleo estable, familias de clase media y profesionales que hasta hace pocos años consideraban la crisis habitacional un problema ajeno. El encarecimiento ha llegado a capas de la sociedad que hasta ahora habían permanecido al margen y de ahi que desde los SIndicatos de Vivienda y los laborales se esté trabajando hacía un vaga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.

Aviso a navegantes

Los datos apuntan a un agravamiento, con la moratoria caída y los 70.000 procedimientos suspendidos reactivados, la cifra de desahucios en 2026 podría superar los 30.000 lanzamientos: el nivel más alto desde los peores años de la crisis hipotecaria. Para quienes solicitaron la prórroga de alquiler durante el breve período de vigencia del decreto (22 de marzo al 28 de abril), la situación legal sigue siendo incierta: los juristas no se ponen de acuerdo sobre si esas prórrogas son válidas o no tras la derogación, aunque la tendencia más clara de los propietarios es rechazarla.El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS no es solo una estadística, es la medida de un país que ya no aguanta más mientras quien lo dirige a eliminado los desahucios y los perfiles más vulnerables de su agenda y la oposición aspira a Gobernar a golpe de eliminación de Derechos fundamentales. Así, que termino recordando un viejo lema de lo más actual ‘’no te quedes en casa que puedes perderla’’. Eso si tienes la suerte de tenerla y no formas parte de la generación sin opciones a ello.

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A pocas semanas de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 14 de junio, las organizaciones abajo firmantes queremos mostrar públicamente nuestro rechazo a la implicación continuada de la empresa vasca en el Tren Ligero de Jerusalén (JLR, por sus siglas en inglés), una infraestructura clave para la consolidación de la ocupación ilegal israelí sobre territorio palestino ocupado.

Mientras CAF anuncia beneficios históricos —40 millones de euros solo en el último trimestre y récord de pedidos—, continúa obteniendo beneficios económicos de un proyecto que contribuye directamente a la expansión y consolidación de los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Este ocupada. El crecimiento económico de CAF no puede desvincularse de su participación en un sistema colonial, genocida, de ocupación y discriminatorio, en violación del derecho internacional. 

Desde 2019, CAF participa junto a la empresa israelí Shapir en la ampliación, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta asentamientos ilegales israelíes con Jerusalén Oeste y que forma parte de la estrategia de anexión territorial impulsada por el Estado de Israel. A través de ello, CAF desempeña un papel estructural e indispensable en la consolidación  y expansión del proyecto que, en últimas, busca una “Jerusalén unificada” como capital del Estado de Israel .

Desde décadas atrás, diversos organismos internacionales han señalado la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Más recientemente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó que la ocupación israelí es ilegal e instó a todos los Estados a adoptar medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de esta situación ilícita.

Asimismo, en septiembre de 2025, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israelíes.

Ante esta situación, una coalición de organizaciones de la sociedad civil —NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori DESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37— presentó el pasado 18 de febrero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF por su participación en el proyecto.

La Fiscalía ha confirmado ya que está investigando la denuncia.

Durante años, organizaciones palestinas, vascas, sindicatos y movimientos de solidaridad internacionales han denunciado y movilizado contra la participación de CAF en el Tren Ligero de Jerusalén. Hoy reiteramos que no vamos a detenernos hasta que termine la impunidad de CAF y la empresa ponga fin a su rol en la ocupación y colonización del territorio palestino.

Mientras CAF intenta normalizar su implicación en un proyecto vinculado a la ocupación, el apartheid y la expulsión de población palestina, la sociedad civil organizada continúa movilizándose para exigir responsabilidades políticas, económicas y judiciales.

Por ello, exigimos:

• Al Gobierno del Estado español, que adopte medidas efectivas contra las empresas que operan y obtienen beneficios de actividades vinculadas a la ocupación ilegal del territorio palestino, incluyendo a CAF.
• A la Fiscalía, que continúe con la investigación abierta y ejerza plenamente sus funciones impulsando las actuaciones necesarias ante la Audiencia Nacional.
• A las administraciones públicas y a toda empresa con participación pública, que excluyan a CAF de contratos y licitaciones públicas mientras mantenga su participación en el Tren Ligero de Jerusalén, incluido el macrocontrato de Alta Velocidad de RENFE actualmente en proceso de licitación.
• Al Gobierno de Euskadi, que retire su inversión de CAF mientras siga participando de la ocupación israelí.
• A CAF, que se retire inmediata y definitivamente del proyecto del Tren Ligero de Jerusalén y ponga fin a toda colaboración con la ocupación y colonización israelí del territorio palestino.

No es aceptable que dinero público y contratos institucionales continúen beneficiando a empresas implicadas en proyectos que sostienen violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos del pueblo palestino.

Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, entidades y personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos a sumarse a esta exigencia colectiva antes de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 13 de junio.

Porque no puede haber normalidad económica ni beneficios empresariales construidos sobre la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.

Listado de organizaciones firmantes:

1. Acampada por Palestina de La Rioja

2. ALIANZA DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA DE ESPAÑA

3. ALTERNATIBA

4. Alternativa Antimilitarista. MOC/ADNV Canarias

5. Amigas de la Tierra

6. Amnistía Internacional

7. Anticapitalistas Valladolid

8. Anticapitalistes

9. Arabako SEADen Lagunen Elkartea

10. Armagintzarekin MOZTU

11. Asamblea de vivienda Raval Rebel

12. Asociación Atenea Chamberí

13. Asociación BACHUE ELKARTEA

14. Asociación Cultural Deportiva e Ecoloxista Treze Catorze

15. Asociación de mujeres separadas y divorciadas del pais valencia

16. Asociación ecofeminista Ola sin plástico

17. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)

18. Asociacion GeoAlternativa

19. Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes

20. Asociación Por Tí Mujer

21. Asociación UNADIKUM

22. Associació Ca la Dona

23. Associació Impacte. Cinema i Drets Humans

24. Associació Migració i ESS – MIGRESS

25. Associació Recerca i Decreixement

26. Associació Sabadell per la República

27. Associació SUDS

28. Associació Veïnal de Sant Pere de Terrassa

29. Atenea Chamberí

30. Ateneu Candela

31. Ateneu del Raval

32. Ateneu Llibertari del Cabanyal

33. ATTAC Madrid

34. Atxuri Harrera

35. Bake Ekintza Antimilitarista

36. BDS Almeria

37. BDS Guadalfeo

38. BDZ Nafarroa

39. Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9 Barris

40. Bilbo Palestina

41. BIZILUR

42. Bretxa Observatori de Fronteres

43. Capellanía católica de centro penitenciario del dueso de Santoña en Cantabria

44. Capellanía católica del Hospital sierrallana de Torrelavega en cantabria

45. Casa de acogida del buen samaritano

46. Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible

47. CEHDA

48. Centre Delàs d’Estudis per la Pau

49. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)

50. CESÁfrica – Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África

51. CGT – Confederación General del Trabajo

52. CICrA Justicia Ambiental SCCL

53. CIM Burkina

54. Coalició Prou Complicitat amb Israel

55. Col’lectiu Ecologia i Pau

56. Colectivo Feminista Las Tejedoras

57. Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos

58. Comité de Solidaridad Oscar Romero de Valladolid

59. Comité de solidaritat amb Palestina de Sants

60. Comitè de treballadores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès

61. Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria

62. COMITÉ OSCAR ROMERO DE VIGO

63. Comité Óscar Romero Valladolid

64. Conceyu Abiertu pola Transición Xusta

65. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

66. Corriente Roja

67. Crida per l’Alliberament Sexual i de Gènere

68. CULTURA21 SCCL

69. Donostia Palestina

70. Ecologistas en Acción Confederal

71. Ecologistas en Acción Córdoba

72. Ecologistas en Acción Valladolid

73. Ecologistas la parrilla

74. EHBizirik

75. EHU Palestina

76. Emakumeok Gerraren Aurka-Mujeres Contra la Guerra

77. ESK SINDIKATUA

78. Espacio Común 15M

79. ESPAI GRAMENET

80. Eureka, Red Activista por la Renta Básica Incondicional

81. Euskal Herria Bizirik

82. Euskal Herrian Euskaraz

83. EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA

84. Euskal Herriko Fronte AntiInperialista

85. Ezker Anitza-IU

86. FORO GALEGO DE INMIGRACION

87. Fundación Mundubat

88. Galdakao Palestinarekin

89. Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea

90. Galdakaoko pentsionistek eta Jubilatuak Plataforma

91. Gernikatik Mundura

92. Global sumud Euskal herria

93. Gogara

94. Greenpeace

95. Grup de dones Vila-real. Red mujeres de negro por la pax

96. Grup de Suport a Palestina

97. Grupo Estudios Africanos e Internacionales UAM

98. Gure haurrak ere badira

99. Herritar Batasuna

100. Heura Negra

101. Ikasle Sindikatua

102. Intersindical Salut-IV

103. Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos

104. Jaén con Palestina

105. Joves Ecosocialistes

106. Judimendi auzo elkartea

107. KALAKALAB SLL

108. KULTURATIK Kultur egikeak Palestinarekin/Creadorxs culturales con Palestina

109. La Capçalera

110. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España

111. LA COSECHA COMUNICACIÓN

112. La Intersindical (Catalunya)

113. LA PIRENAICA DIGITAL

114. Lafede – justícia global

115. Lumaltik Herriak

116. Marea Pensionista Horta-Guinardó Barcelona

117. Maresme amb Palestina

118. MUGARIK GABE

119. Mugen Gainetik

120. Mujeres de Negro contra la guerra de Madrid

121. Mujeres de negro de Valencia

122. Nexes Interculturals

123. Oarsoko AHTren aurka taldea

124. Observatori del Deute en la Globalització

125. Observatori DESCA

126. Onda de madrid

127. Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega en cantabria

128. Parroquia de San Pedro de Torres de Torrelavega en cantabria

129. Parroquia de san Pelayo de Dualez de Torrelavega de Cantabria

130. Perifèries

131. PLATAFORMA ALMERÍA POR PALESTINA

132. Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)

133. Plataforma Córdoba con Palestina

134. Plataforma de pentsionistas y Jubilados

135. Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts

136. PLATAFORMA POLO EMPREGO

137. PODEM CATALUNYA

138. Podemos Euskadi

139. Podemos Valladolid

140. Putas Indignadas

141. Putas Libertarias Raval

142. Radical Books Coop

143. REAS Rioja

144. Rebelión Científica

145. Red

146. Retirada del proyecto invasivo y de ocupación denominado construcción de Palestina

147. Rumbo a Gaza

148. SALBURUKO HARRERA SAREA

149. Sanitarioak Genozidioaren aurka

150. Sare Antifaxista

151. SCI Catalunya

152. Seminari d’economia crítica Taifa

153. Sindicato cobas comisiones de base

154. SIOF (SERVEI D’INFORMACIO DE L’OBJECCIO FISCAL A LA DESPESA MILITAR)

155. SODEPAU

156. Sodepaupv

157. SOS Ribagorza

158. STEILAS sindikatua

159. Stop desahucios Hernani

160. Talaiola- Ecologistes en Acció

161. Teatracció

162. Top manta

163. Urko-Punta GKE

164. Vall del Lierca amb Palestina

165. Verso Libros

166. Xamfrà

167. Zarautz Palestina

168. ZINHEZBA

La entrada Carta abierta: No a la impunidad de CAF. La sociedad civil exige responsabilidades se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

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