• Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción otorga sus premios Atila y Caballo de Atila a las conductas más destacadas del año por su contribución a la destrucción del medio ambiente.
• Este año los Premios Atila han celebrado su primera edición en formato presencial en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, presentada por el actor y músico Chani Martín y la activista y Premio Nacional de Juventud por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en 2024 Marina Gros.
• Destaca el galardón Premio de Atila 2026 entregado al Banco Santander, por ser el banco español que más financia los combustibles fósiles, la deforestación y la guerra.
• El segundo premio, el Caballo de Atila, se lo ha llevado Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, calificado en la gala como “el grande, el titán, el artista, el Jack el Destripador de la biodiversidad”.
• Además, se ha otorgado un accésit especial a la empresa Indra, por ser una de las empresas que más se ha beneficiado del aumento del gasto militar.

El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 para aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Para ello, desde hace 34 años, Ecologistas en Acción premia a quienes son como Atila: por donde pasan, no crece ni la hierba. Con estos premios se señala a instituciones y a sus responsables como causantes de agudizar la crisis social y ambiental.

Esta es la primera edición que se ha realizado la entrega de premios de forma presencial, en una gala celebrada en la noche del miércoles 3 de junio en la sede de Ecologistas en Acción, y presentada por el actor y músico Chani Martín y la activista y Premio Nacional de Juventud por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en 2024 Marina Gros.

El primer galardón, el Premio Atila 2026, ha sido para el Banco Santander, por ser el banco español que más financia los combustibles fósiles, la deforestación y la guerra. En  lugar de reducir su financiación a los combustibles fósiles, el Santander continúa incrementando su financiación al sector fósil año tras año. Con respecto a 2022, ha llegado a duplicar las inversiones fósiles en 2024, alcanzando los más de 48.000 millones de euros.

Entre los proyectos que financia el Banco Santander destaca el proyecto Saguaro Energía (México), que amenaza uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta y la reproducción de las ballenas en el Golfo de California; o la financiación de Ariana, una minera peruana que podría contaminar gran parte del agua de Lima. Además, es el 7º banco de Europa que más ha contribuido, con préstamos y operaciones de underwritting, a la financiación de empresas vinculadas a la ocupación ilegal.

En su discurso tras recoger el premio, Ana Botín (interpretada por la actriz Laura Hernando), presidenta del Banco Santander, se mostró emocionada y agradecida con sus equipos, accionistas y departamentos de sostenibilidad: “Han logrado la admirable hazaña de publicar elegantes informes climáticos mientras seguimos financiando cantidades astronómicas de combustibles fósiles”. Además, ha marcado las líneas de acción del Banco Santander para el futuro ”Nuestra política sigue siendo no excluir a ningún cliente ni discriminarlos por el sector en el que operan si nos pueden dar beneficios”, el sector del gas fósil licuado (GNL), la deforestación y el sector armamentístico, serían algunos de ellos.

Por su parte, Luis Planas (interpretado por el activista de Ecolojóvenes Carlos Moreno Azqueta), ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido galardonado con el segundo premio, el Caballo de Atila. El ministro, calificado en la gala como “el grande, el titán, el artista, el Jack el Destripador de la biodiversidad”, ha recibido este reconocimiento debido a que “los méritos se le acumulan”.

Este es un premio a la falta de apoyo del ministro a quienes en teoría representa, las agricultoras y agricultores, para poder cultivar sin tóxicos y a desarrollar prácticas resilientes que permitan una agricultura sostenible basada en la agroecología. También por seguir el discurso rancio y acientífico de la patronal del regadío, por dejar desprotegidas las Reservas Marinas de Interés Pesquero, y por apoyar al lobby cinegético para que se siga cazando con plomo y a especies en regresión como la tórtola o la codorniz.

Como accésit especial, los Premios Atila han querido distinguir a Indra, líder de tecnología en defensa y seguridad. El “Inditex de las armas” es una de las empresas que más se ha beneficiado del aumento del gasto militar y de la militarización de los últimos meses. “Con muchos líos internos”, en palabras de su CEO, Josep Maria Recasens (interpretado por el activista de Ecologistas en Acción Enrique Quintanilla), Indra ha conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez le adjudique todo tipo de contratos. Ayer mismo se convocó una concentración a las puertas de sus oficinas para denunciar estas prácticas y Ecologistas en Acción ha anunciado que intervendrá en su próxima Junta de Accionistas a finales de junio.

Las empresas que se han quedado a las puertas de obtener un galardón pero sí han recibido una más que digna nominación han sido Aena, Iberdrola, Endesa y Naturgy, La Caixa y BBVA. Aena, debido a su generosa contribución a la crisis climática, por la turistificación de los municipios con sus planes para ampliar una docena de aeropuertos en todo el Estado, y por su continuo lavado verde para presentarse como una compañía social y ambientalmente responsable. Iberdrola, Endesa y Naturgy con una nominación conjunta por la petición de prorrogar el cierre de la central nuclear de Almaraz. La Caixa, porque con más de 18,365 millones invertidos en fósiles, 9,21 millones en deforestación, 480,41 millones en empresas armamentísticas entre 2022 y 2024, es uno de los mayores propietarios de pisos del Estado español, con un gran socialwashing de su actividad bancaria. Por su parte, BBVA ha sido nominada al Premio Atila debido a sus más de 29.931 millones de euros invertidos en fósiles entre 2024 y 2021, 1.188,48 millones en deforestación entre 2010 y 2025, y 1.639,60 millones en empresas armamentísticas entre 2022 y 2024.

Las fotos de esta exclusiva gala de los premios Atila 2026 han sido realizadas por nuestra fotógrafa especializada en celebridades y eventos de alto nivel, Elena Cuesta.

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• Tras el trabajo intenso de los últimos meses y multitud de encuentros territoriales desde que se celebró en febrero el Foro Social, y que contó con la participación de 700 personas, esta iniciativa, de la que forma parte Ecologistas en Acción, lanza la plataforma digital Decidim para recoger hitos clave, articular los progresos de los 12 pactos e informar en la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más allá del Crecimiento. 
• El próximo 6 de junio, Día Global del Decrecimiento, el Foro Social celebrará una Asamblea en formato híbrido desde el Ateneo La Maliciosa (Madrid).

La plataforma del Foro Social en Decidim ya está activa y se utilizará para trabajar en un Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento, que supone un programa común para una transición ecosocial justa en el Estado español, articulable a todos los niveles territoriales.

El Acuerdo Ecosocial, que será refrendado a inicios de 2027, se compone de dos pactos ecosociales transversales) y diez pactos ecosociales temáticos, que contienen tres elementos centrales: la visión (horizonte de futuro deseable que orienta el pacto); los conflictos centrales (tensiones estructurales que impiden realizar la visión del pacto); y las propuestas (medidas para abordar cada conflicto).

Las contribuciones base sobre la visión y conflictos son el resultado del proceso previo de trabajo de cada uno de los círculos de los pactos ecosociales y serán revisados en una primera fase, mientras que las propuestas se trabajarán a lo largo de los próximos meses en diversos encuentros territoriales y con las aportaciones de todas las entidades y personas vinculadas al proceso.

En la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento están participando de manera coordinada personas de todos los territorios del Estado español. El documento final será refrendado a comienzos de 2027 en una nueva conferencia. En el encuentro se presentará una agenda de acción común para transitar del modelo económico actual a uno que ponga la vida y el bienestar presente y futuro de las personas en el centro. Todo ello desde una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

Sobre el Foro Social Más Allá del Crecimiento

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas a la Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que ha sido la base para la puesta en marcha del Foro Social.

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• La organización ecologista otorga sus premios Atila y Caballo de Atila a las conductas más destacadas del año por su contribución a la destrucción del medio ambiente.
• Este año los Premios Atila celebrarán la primera edición del tradicional certamen en formato presencial. Será una gala por todo lo alto, que promete combinar sátira, denuncia y mucho humor.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción otorga sus Premios Atila, certamen donde se reconoce a quienes, durante los últimos doce meses, más se han esforzado por contribuir a la destrucción del medio ambiente.

Para ello, Ecologistas en Acción premia a los que son como Atila: por donde pasan, no crece ni la hierba. Con estos galardones se señala a instituciones y a sus responsables como causantes de agudizar la crisis social y ambiental.

Este año, por primera vez, se celebrará una gala presencial de entrega de los Premios Atila. Será a las 19:30 en el Ateneo La Maliciosa de Madrid y la conducirán el actor y músico Chani Martín y la activista y Premio Nacional de Juventud por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en 2024 Marina Gros, en una velada que combinará denuncia, sátira, un poco de glamour ecologista y mucho humor.

Tras la alfombra roja y el photocall, a partir de las 20:00 se desvelará quiénes han sido los premiados por destrozar el medio ambiente sin miramientos.

Habrá catering para el público asistente y un cierre musical.

Entrada libre hasta completar aforo. El acto también se podrá seguir por streaming.

¡Te esperamos! 

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La Universidad de Valladolid ha acogido este certamen de microensayo, dirigido a estudiantes de ingenierías e informática para reflexionar sobre su futuro campo laboral en la industria. El objetivo era fomentar una mirada crítica en el estudiantado sobre este sector para imaginar su futuro desde una óptica sostenible y socialmente justa.

El relato ganador, de Iratxe Braceras Murga, presenta una entrevista de trabajo en la que se reflexiona sobre distintos enfoques de la ingeniería. Mediante la conversación de la entrevistada y el entrevistador, plantea una industria enfocada a reparar, redistribuir y sostener la vida frente al sistema actual de crecimiento ilimitado y “neutralidad” tecnológica. Puedes leer el relato más abajo, y las premisas en las que se basa para imaginar la industria del futuro en nuestro posicionamiento.

Con este concurso Ecologistas en Acción busca seguir estimulando la proyección de futuros deseables que construir colectivamente, siguiendo el camino del certamen anual de relatos e ilustraciones ecotópicas, en el que puedes participar hasta el 30 de junio.

 

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• La Semana de Acción por la Naturaleza activará cerca de medio centenar de iniciativas de restauración y defensa de los ecosistemas.
• Incendios, sequías e inundaciones evidencian la urgencia de restaurar ecosistemas sanos y funcionales.
• La Alianza por la Restauración de la Naturaleza reclama un Plan Nacional de Restauración ambicioso, con medidas efectivas, financiación suficiente y participación social.

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Coincidiendo con la Semana de Acción por la Naturaleza, que se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio con cerca de una treintena de acciones en distintos puntos del Estado, la Alianza por la Restauración de la Naturaleza hace un llamamiento a reforzar la protección y recuperación de los ecosistemas frente al deterioro ambiental y al debilitamiento de las políticas destinadas a protegerlos. Las organizaciones recuerdan que restaurar la naturaleza es una cuestión de justicia ecológica y social imprescindible para garantizar territorios habitables y resilientes ante la crisis climática.

Las organizaciones integrantes de la Alianza alertan de que los impactos de la crisis climática y ecológica son cada vez más visibles: inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor evidencian la vulnerabilidad de nuestros territorios y la necesidad de ecosistemas sanos capaces de amortiguar estos fenómenos extremos. Al mismo tiempo, advierten de que herramientas de protección ambiental están siendo cuestionadas bajo argumentos como la simplificación administrativa o la competitividad económica, precisamente cuando la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad exigen reforzarlas.

España alberga una de las mayores riquezas naturales de Europa, pero gran parte de sus ecosistemas se encuentran degradados. “La restauración ecológica no consiste en maquillar los daños ni en compensar la destrucción; consiste en devolver vida a los ecosistemas y garantizar que las personas puedan vivir en territorios sanos, resilientes y biodiversos. Invertir en ecosistemas sanos es invertir en resiliencia social y económica”, señala la Alianza por la Restauración.

Durante la Semana de Acción por la Naturaleza se desarrollarán en torno a medio centenar de iniciativas impulsadas por colectivos sociales, vecinales, científicos y ecologistas en todo el Estado. Habrá acciones de restauración y cuidado de ecosistemas, actividades divulgativas, encuentros comunitarios y movilizaciones destinadas a visibilizar conflictos ambientales y defender la recuperación de los territorios.

La Alianza recuerda además que España debe remitir a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes de septiembre de este año, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. Por ello reclama un plan ambicioso, con financiación suficiente, participación social efectiva e integración de la restauración ecológica en las políticas agrarias, forestales, hídricas y territoriales.

“Restaurar la naturaleza es recuperar la capacidad de los territorios para sostener la vida. Es reparar daños acumulados, fortalecer comunidades y construir un futuro más justo y habitable. Frente a quienes consideran la naturaleza un recurso para explotar, reivindicamos que protegerla y restaurarla es una responsabilidad colectiva. Por eso esta semana salimos a actuar, organizarnos y movilizarnos”, concluye la Alianza.

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• Ecologistas en Acción exige mantener el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, adaptando los pliegos para priorizar la producción local, de temporada y ecológica.
• La organización califica de “esperpento racista” y “profunda ignorancia” las declaraciones de las derechas, que eliminan el programa usando la importación extranjera como excusa, mientras alimentan con soja deforestada a millones de cerdos en Aragón.
• El ecologismo social recuerda que el modelo que defienden PP y VOX expulsa a la agricultura familiar y se sostiene sobre la explotación laboral de jornaleros y jornaleras migrantes.

Ante el anuncio de la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón (VOX), de suspender de forma fulminante el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, Ecologistas en Acción muestra su más absoluto rechazo y denuncia la preocupante hipocresía, incompetencia y demagogia racista que sostiene esta decisión del ejecutivo de coalición PP-VOX

Para la organización ecologista, suspender este programa con la excusa de evitar el consumo de peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto no es un acto de patriotismo agrario, sino la constatación de un fracaso de gestión absoluto: “El Gobierno de Aragón es el único responsable de redactar los pliegos de condiciones de los concursos públicos. Si en las escuelas aragonesas se ha repartido fruta importada, ha sido por la incapacidad de la Administración para aprobar unos pliegos con criterios ambientales y de proximidad rigurosos, que favorezcan de forma legal y directa a la agricultura y ganadería de nuestros pueblos”.

Desmontando la hipocresía: soja transgénica, deforestación y el falso “patriotismo de plato”

La demagogia del Ejecutivo autonómico alcanzó su punto más álgido tras las polémicas declaraciones del diputado de VOX, David Arranz, quien en las Cortes de Aragón espetó un explícito “me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares“, en lo que Ecologistas en Acción califica como una deleznable muestra de racismo y provocación xenófoba dirigida a la comunidad musulmana.

Más allá del componente de odio, Ecologistas en Acción quiere desmontar técnicamente la monumental hipocresía económica de PP y VOX: “Defender la eliminación de la fruta importada mientras se exige el consumo masivo de porcino industrial denota una profunda ignorancia sobre cómo funciona el modelo del agronegocio que ambos partidos defienden”.

Además, la ganadería industrial —que representa casi la totalidad del porcino en Aragón, donde se hacinan más de nueve millones de cerdos al año— depende de forma absoluta de la importación masiva de piensos. Unos piensos elaborados con soja transgénica importada de la otra punta del mundo, cultivada a costa de la deforestación masiva de ecosistemas vitales como el Amazonas o el Cerrado en Brasil y Bolivia.

Ataque a la agricultura familiar y explotación en el campo

Este ataque al programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche no es un hecho aislado. Nada más llegar al Gobierno, PP y VOX modificaron de forma drástica la Ley de Agricultura Social y Familiar de Aragón con el único objetivo de desproteger a la pequeña producción local y abrir las puertas de par en par al acaparamiento de tierras por parte de grandes fondos de inversión especulativos y macroproyectos energéticos y agroindustriales.

Para Ecologistas en Acción, resulta perverso que las derechas promuevan el odio a lo extranjero también en los comedores escolares, mientras sostienen un modelo agrario industrializado que se lucra y sobrevive gracias a la precarización extrema y la explotación laboral de miles de personas migrantes en el campo.

“El modelo de PP y VOX expulsa a las familias agricultoras aragonesas mientras condena a las personas temporeras extranjeras a la vulnerabilidad habitacional y a condiciones de trabajo indignas en las campañas de recogida. La soberanía alimentaria no se consigue con discursos de exclusión, sino garantizando precios justos para los productores y plenos derechos laborales y sociales para los jornaleros que recogen nuestra comida”, añaden.

Las soluciones existen: Compra pública ecológica y comedores sostenibles

Frente al desmantelamiento de los servicios públicos y la parálisis institucional, Ecologistas en Acción, junto a la comunidad educativa, las AMPA y algunas organizaciones agrarias, recuerda que las soluciones reales están encima de la mesa y solo requieren voluntad política:

1. Pliegos de condiciones con criterios de proximidad. Se exige a la Administración pública que utilice las herramientas legales existentes (como la Ley de Contratos del Sector Público) para diseñar concursos que primen los canales cortos de comercialización, el residuo cero, la huella de carbono y los precios justos en origen. Además de ayudar a la agricultura local, la compra de fruta y verdura de proximidad es más saludable ya que el porcentaje de alimentos contaminados por plaguicidas es la mitad en los alimentos locales que en los importados, según datos oficiales investigados por Ecologistas en Acción en su informe ‘Directo a tus hormonas 2026’.
2. Alimentación sana y universal. El programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche debe reactivarse de inmediato bajo criterios de producción fresca, de temporada y, de forma prioritaria, ecológica. Además, este modelo debe extenderse de forma estructural al resto de la compra pública: comedores escolares diarios, residencias de mayores y hospitales.

Nacho Escartín, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Aragón dispone de un sector frutícola de primer nivel en comarcas como Valdejalón, el Bajo Cinca o la Comunidad de Calatayud, entre otras, que está perfectamente capacitado para abastecer a nuestras escuelas. Suspender el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche es una tremenda irresponsabilidad que paga la salud de la infancia aragonesa. Exigimos al Gobierno de Aragón que rectifique, que cese su discurso de odio y exclusión, y que empiece a trabajar de una vez por el bien común, la sostenibilidad y el futuro de nuestro territorio”.

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• La organización ecologista presenta alegaciones al informe sexenal del lobo.
• En ellas denuncia los intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las matanzas de lobos.
• Las comunidades autónomas mencionadas pretenden subordinar un informe científico a intereses políticos, alterando y desnaturalizando la información científica disponible.

Los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica suficiente” y buscan “construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo. Como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Ecologistas en Acción considera especialmente grave a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

De igual forma, las administraciones mencionadas invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESRPE, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos.

“La ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, afirma Theo Oberhuber, coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción.

Entre las alegaciones presentadas, la organización destaca la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales de gran intensidad además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético.

La situación del lobo en España dista mucho de poder considerarse favorable. La desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie sigue siendo inexistente.

La organización también cuestiona la presión política y legislativa por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con intereses concretos, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo, recordando que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del LESRPE han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción subraya que numerosos estudios científicos internacionales alertan de que las políticas de control letal, como los autorizados por Cantabria, Asturias y La Rioja, pueden generar efectos negativos sobre la estructura social y la viabilidad genética de las poblaciones de grandes carnívoros. La recuperación del lobo no puede evaluarse únicamente contando manadas. La normativa europea exige analizar también la conectividad genética, la viabilidad a largo plazo, la expansión territorial y las amenazas futuras.

La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto dichos informes no pueden quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, como pretenden las comunidades autónomas.

Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada. Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie.

La organización ecologista exige que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos.

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• La red rechaza el proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que establece objetivos obligatorios de inyección de biometano en la red gasista.
• Gas No es Solución considera que consolida la dependencia del sistema del gas y desvía recursos públicos que deberían destinarse a la reducción del consumo, la electrificación y el abandono definitivo de los combustibles fósiles.

La red Gas No es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, muestra su profunda preocupación por el proyecto de Real Decreto de impulso del biometano, abierto a consulta pública hasta el 11 de junio. El articulado prioriza explícitamente la inyección de biometano en la red gasista y facilita su conexión, lo que supone una señal regulatoria errónea: según el paquete europeo de gas e hidrógeno, debería haberse iniciado ya la planificación del desmantelamiento progresivo de esta infraestructura (ya de por sí sobredimensionada) a la vez que se impulsaban planes de electrificación y descarbonización local del frío y el calor.

El problema no es el biometano en sí mismo, sino la obligación de inyección de un volumen mínimo en la red que incentiva mantener y ampliar una infraestructura cuyo desmantelamiento debería estar ya planificado, tal y como recoge la Directiva y el Reglamento del “paquete de gas”, normas que el Gobierno español aún no ha transpuesto al ordenamiento jurídico estatal. Mantener esta infraestructura implica seguir repercutiendo sus costes fijos a los consumidores, en especial a los más vulnerables, bloquear inversiones en alternativas más eficientes y retrasar la reducción estructural del consumo de gas.

El biometano no es energía renovable: es gestión de residuos

La red advierte de que el objetivo principal de producir biogás y biometano no es satisfacer una necesidad energética, para la que existen tecnologías más rentables, seguras y sostenibles, sino reducir los problemas de contaminación de suelos y aguas derivados de la no gestión y acumulación de residuos orgánicos. El elevado coste inicial de inversión, el riesgo de fugas de metano durante su producción y almacenamiento, y los impactos sobre el entorno son razones de peso para cuestionar su categorización como tecnología renovable de producción energética. Además, el coste final del biometano es mucho más elevado que el gas fósil y la electricidad, lo que repercutirá negativamente en los consumidores.

La promoción de la inyección de biometano en la red gasista sin sectorización es incompatible con el requisito de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), que establece 2040 como fecha límite para la eliminación de las calderas de combustibles fósiles: una caldera que funciona con un 6 % de biometano y un 94 % de gas fósil sigue siendo una caldera de combustible fósil. La transición energética no puede consistir simplemente en cambiar el origen de la misma molécula manteniendo intacto el modelo energético del pasado.

La demanda doméstica de gas cae: la electrificación es la alternativa

Los datos confirman una tendencia clara: entre 2021 y 2024, el consumo doméstico de gas ha descendido un 17,3 %, pasando de 66,5 TWh a 55,0 TWh, mientras el número de clientes se mantiene estable en torno a los 7,6 millones de puntos de suministro, frente a los 28,6 millones de suministros eléctricos domésticos. El 69 % de los clientes domésticos de gas consume menos de 5.000 kWh/año, lo que indica que lo utiliza exclusivamente para agua caliente y/o cocina. Solo el 26 % lo emplea también para calefacción.

Resulta más eficiente, tanto medioambiental como económicamente, destinar el biogás a grandes consumidores industriales (que representan el 2 % de los clientes pero el 94 % del consumo) y sustituir ese 6 % de gas fósil del sector doméstico por electrificación, una opción tecnológicamente viable y más rentable a medio y largo plazo.

Lo que la red exige al Gobierno

La red Gas No es Solución exige al Gobierno de España la planificación de un abandono rápido, justo y definitivo del gas fósil antes de 2035, en cumplimiento de los compromisos internacionales de España y en respuesta a la actual crisis de suministro derivada de la situación en el Estrecho de Ormuz. “La verdadera seguridad energética nos la da la eliminación de los combustibles fósiles de nuestro mix energético: el abandono del carbón, el gas y el petróleo con urgencia”, señala la red.

En este marco, la red considera que el Sello de Excelencia de Biometano contemplado en el RDL 7/2026 solo puede ser útil si se reserva para proyectos orientados prioritariamente al autoconsumo de industrias locales que carecen de otras vías de descarbonización. Asimismo, reclama una legislación que priorice el consumo local y cercano de la energía producida con residuos, abordando el biometano como herramienta eficaz de gestión de residuos y no como una tecnología de producción de energía renovable.

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• Un centenar de organizaciones ecologistas y sociales de toda la Península Ibérica se concentran frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) bajo el lema “¿Alargar las nucleares? No, gracias”.
• Exigen el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I en noviembre de 2027 y el fin definitivo de esta energía en España para 2035. 

El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción junto a decenas de organizaciones ecologistas y sociales, ha celebrado una acción reivindicativa en Madrid para exigir el fin de la energía nuclear. Tras una marcha que ha comenzado en la Plaza de Juan Zorrilla, más de medio millar de personas se han concentrado a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir la jubilación definitiva de las centrales nucleares y el cumplimiento del calendario de cierre pactado.

El acto ha contado con una destacada representación de personas llegadas de múltiples territorios de la Península Ibérica, visibilizando el rechazo social desde Extremadura, Euskal Herria, Aragón, Catalunya, País Valencià, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Frente al MITECO se ha desarrollado una jornada que ha alternado la reivindicación política con la expresión cultural. Mediante diversas intervenciones y acciones simbólicas, entre las que ha destacado la recreación de una gran tarta de celebración de la jubilación nuclear, las organizaciones han señalado de forma lúdica pero contundente que el tiempo de esta energía ha caducado y que es imperativo cumplir con lo pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La protesta ha estado amenizada por el ritmo de la batucada EcoloBloco y una flashmob con música antinuclear. Asimismo, se han intercalado los discursos y manifiestos de activistas de Extremadura, Catalunya y Trillo con las actuaciones musicales de Gente del Pueblo y Grandilocuentes Monocotiledóneas.

Las organizaciones convocantes recuerdan que la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria: encarece el precio de la luz, entorpece una gestión eficiente de la red eléctrica basada en renovables y pone en riesgo inversiones necesarias. Denuncian, además, que alargar su vida útil forzando al sistema a incluirla –lo que supondría una estafa millonaria financiada indirectamente por la ciudadanía– solo busca proteger los beneficios de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha reafirmado que continuará movilizándose en todos los territorios para evitar cualquier intento de prolongar el funcionamiento de unas centrales envejecidas, subrayando la acción de hoy como un reflejo del clamor social que exige, de una vez por todas, la jubilación nuclear.

Declaraciones de algunas organizaciones participantes:

Cristina Rois (portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear): “El mensaje enviado hoy al gobierno y al MITECO es claro y rotundo: el calendario de cierre es innegociable. El gobierno no tiene que esperar al informe del CSN, aunque sea favorable tiene la potestad para negar ya la solicitud de prórroga de Almaraz.  No queremos subvencionar la energía nuclear bajándole los impuestos ni que se nos fuerce a depender de una energía sucia e insegura. Cumplir el fin definitivo de la energía nuclear para 2035 es una cuestión de salud pública, seguridad y soberanía energética”.

Paca Blanco (activista antinuclear y portavoz de Colectivos en Lucha de Extremadura: “Exigimos el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I porque no podemos seguir hipotecando el futuro de territorios como Extremadura ni acumulando unos residuos radiactivos cuya factura y gestión acabaremos pagando de nuestro bolsillo durante generaciones. Alargar las nucleares es una irresponsabilidad”.

Carolina Pérez (portavoz de las luchas antinucleares de Ascó y Vandellós): “La prórroga de las nucleares es totalmente incompatible con una transición energética justa y un modelo basado al 100 % en renovables eficientes. Mantener activas estas centrales obsoletas frena la inversión limpia y solo sirve para blindar los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”.

Manuel Raya (presidente de Hornasol, Hornachuelos, Córdoba): “El cementerio nuclear del Cabril de ser cerrado ya y, por supuesto, no ampliarlo nunca más: ni para residuos de baja, media y por supuesto nunca de alta actividad y larga vida pues está hipotecando a la generaciones futuras. Nunca ha sido el lugar idóneo: aguas subterráneas, zona sísmica, pegado a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena y con filtraciones e infiltraciones de agua, según actas de inspección del Consejo de Seguridad Nuclear. Vierte la instalación del Cabril a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir regando miles de hectáreas de naranjos, olivar y cereales de la vega de Córdoba y Sevilla e incinera residuos que acaban en las comarcas de Guadiato, Pedroches, Sierra Norte y Azuaga”.

Javier Andaluz (responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción): “El motivo real de las pretensiones de las grandes eléctricas nucleares es proteger sus beneficios a costa del bolsillo de la ciudadanía. Su negocio nos ha costado históricamente miles de millones de euros. Lejos de asumir su responsabilidad en la gestión de los residuos nucleares, pretenden que de nuevo lo paguemos todo. La continuidad del parque nuclear agrava aún más esa deuda con el erario público. Ha llegado el momento de decir basta a su negocio radiactivo”.

Francisco del Pozo (portavoz de Greenpeace): “Las centrales nucleares son actores involuntarios en el actual clima bélico, su mera existencia agravan los riesgos inherentes. Por ejemplo, Rusia, por primera vez en la historia, ha atacado y ocupado plantas nucleares como Chernóbil y Zaporilla utilizandolas como arma de guerra. En un mundo en conflicto como el que estamos viviendo también en Irán, las tensiones geopolíticas se suman a los fenómenos climáticos extremos hacen prever un aumento de los riesgos nucleares”.

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• El martes 26 de mayo, tres activistas serán juzgadas por una acción pacífica de legítima protesta, que tuvo lugar en 2019 contra la inacción climática, por la que afrontan una posible condena de prisión. 
• Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace convocan una concentración ese mismo día para exigir la absolución de todas las personas acusadas, defender el derecho a la protesta y denunciar la criminalización de la lucha por el clima.

El próximo 26 de mayo, Marina Martínez (Extinction Rebellion), Francisco del Pozo (Greenpeace) y Jorge Riechmann (Anticapitalistas y Ecologistas en Acción) se enfrentan a un juicio por una acción pacífica de legítima protesta contra la inacción de las instituciones frente a la emergencia climática. Los tres participaron, junto a otras trescientas personas, en la acción de desobediencia pacífica convocada por Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, que cortó el tráfico el 7 de octubre de 2019 en una de las principales avenidas de Madrid.

Como resultado de la represión de dicha acción, varias personas resultaron heridas, 180 fueron identificadas y tres de ellas fueron detenidas y remitidas al juzgado de instrucción con acusaciones falsas de un delito de resistencia grave a la autoridad. Serán juzgadas por la vía penal y afrontan una posible condena de prisión de hasta tres meses o multas (de 6 a 18 meses).

De manera paralela, Jorge Riechmann encara un segundo juicio por una acción de protesta que tuvo lugar durante la semana de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica en 2022. En esa ocasión, un centenar de personas vinculadas a varios colectivos vertieron un líquido biodegradable de color rojizo (fácil de limpiar) en las escaleras del Congreso de los Diputados, como denuncia de la inacción política. Todo ello resultó en la detención y acusación de 15 activistas.

Para las organizaciones convocantes, no se trata de juicios rutinarios, sino de elementos centrales de la respuesta del Estado ante la actuación colectiva por el clima. “Desde hace más de medio siglo, el ecologismo ha construido un movimiento de respuesta a las tendencias ecocidas del capitalismo y han planteado formas diversas y potentes de contrarrestar estas tendencias, mediante la protesta y mediante la elaboración de propuestas alternativas”, añaden.

Tal y como denuncian, esta es la respuesta del Estado para defender el statu quo y reprimir la propuesta de alternativas: “El sistema de consumo y producción sin límites acoge con gusto el discurso verde, pero no puede soportar una respuesta real que plantee límites efectivos para el desarrollo capitalista y en favor de una sociedad ecológica y socialmente sostenible. Por eso, las causas penales que enfrentan son una forma de reprimir y controlar la organización colectiva y la protesta popular”.

Por todo ello, Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace han convocado una concentración, el martes 26 de mayo, de apoyo a las personas acusadas por ejercer su derecho a protestar y actuar en favor del clima, y de denuncia de la criminalización de la protesta.

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Durante las últimas décadas, gobiernos e industria han desarrollado políticas proactivas de estimulación del transporte aéreo. Una de las principales palancas para ello han sido las continuas políticas de ampliación de aeropuertos.

España es un buen ejemplo de ello: desde el año 2000, se han invertido más de 25.000 millones de euros en ampliaciones de infraestructura. Y en el periodo 2027-2031 se prevé destinar otros 13.000 para ampliar 12 aeropuertos. El objetivo: seguir alimentando el modelo turístico de masas.

Sin embargo, cada vez son más preocupantes los impactos negativos de este tipo de políticas: aumento exponencial de emisiones, contaminación atmosférica y acústica, turistificación de territorios, afecciones a espacios naturales,…

La organización Transport & Environment, de la que forma parte Ecologistas en Acción, analiza en este video dichos impactos y desmantela algunos de los argumentos de la industria para justificar este tipo de proyectos.

#MenosAvionesMásVida

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• Enresa, la empresa pública responsable de gestionar los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares en España, asegura estar preparada para terminar el desmantelamiento de Garoña y el resto del parque nuclear español según el 7º Plan General de Residuos radiactivos.
• Para garantizar el desmantelamiento seguro de estas centrales se necesita claridad y antelación. Las organizaciones ecologistas exigen que se cumpla el calendario de cierre nuclear, donde la siguiente clausura corresponde a la central extremeña de Almaraz I, en noviembre de 2027.
• El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña emplea en torno a 300 personas y tiene un coste de 475 millones de euros.
• El caso de Santa María de Garoña demuestra que el cierre ordenado y seguro de las centrales nucleares en España es posible mientras se cumpla el plan acordado entre el Gobierno y las empresas para cada una de las plantas. Así lo han señalado hoy desde Greenpeace, Ekologistak Martxan, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear durante su visita para conocer las obras de desmantelamiento de la planta burgalesa junto a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de llevarlas a cabo.

De la mano de la presidenta de Enresa, Olga García, las organizaciones han podido constatar los avances de la primera fase del cierre de Garoña con la retirada del combustible gastado y el desmontaje de la turbina como actividades principales. También han conocido los trabajos previstos para la segunda fase, la más compleja, que implica el desmantelamiento final de los edificios incluida la descontaminación, desclasificaciones y demoliciones de todas las estructuras para, finalmente, llegar a la restauración del emplazamiento.

Durante la visita, se ha puesto de manifiesto que la seguridad constituye la principal prioridad de Enresa, empresa pública responsable tanto de la gestión de los residuos radiactivos -incluido el combustible nuclear gastado- como del desmantelamiento de las centrales nucleares. Las organizaciones destacan la rigurosidad con que se realizan los trabajos de análisis, clasificación, desmontaje y gestión de los residuos en función de su nivel de irradiación. Igualmente, alertan sobre la importancia de que se respete un cierre claro y planificado del resto de centrales nucleares como única vía para garantizar la transición hacia un sistema energético suficiente, eficiente y 100% renovable, libre de residuos radiactivos e independiente de la importación de combustibles fósiles y nucleares desde terceros países.

“Tras la visita de Garoña queda patente la complejidad y profesionalidad que requiere el cierre del ciclo nuclear. Es hora de que la industria nuclear muestre la madurez y visión de Estado necesarias para garantizar estos procesos en tiempo y forma, con seguridad y eficacia según lo planeado y lo firmado por ellos mismos. La absurda propuesta de extender tres años la vida de la central extremeña de Almaraz pone de manifiesto cómo los intereses económicos cortoplacistas de estas empresas son incompatibles con la seriedad necesaria para cerrar y desmantelar las centrales según lo planeado, así como iniciar la debida transición justa”, ha señalado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal.

«El desmantelamiento de centrales nucleares es un proceso imprescindible para que las poblaciones de estos emplazamientos puedan tener un futuro alternativo para su territorio. También para la seguridad radiactiva, pues durante el funcionamiento de una central se contaminan varias áreas y conductos de la planta, que deben retirarse y aislarse debidamente. Estamos ante un proceso largo, difícil y caro del que debe informarse con toda transparencia a la ciudadanía. En el mundo hay ya 218 reactores nucleares cerrados, pero sólo 23 han sido completamente desmantelados. Confiamos en que en España se siga el calendario de cierre y puedan abordarse los desmantelamientos tal como se habían planeado», ha destacado Erika González Briz, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción.

Las organizaciones inciden en las consecuencias económicas de no respetar los plazos acordados para el cierre nuclear en España. Con respecto a la central de Almaraz, cuyo cierre está previsto para noviembre de 2027 en el caso del reactor Almaraz I y octubre de 2028 para el reactor II, recuerdan que extender la vida útil de la central durante tres años más costaría 3.831 millones de euros al bolsillo del consumidor y supondría pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta 2033.

Igualmente, destacan la creación de empleo como uno de los principales beneficios económicos de apostar por el adiós nuclear definitivo. Un ejemplo es el cierre de Garoña, que empleará a unas 300 personas (según la fase) hasta la finalización de las obras, prevista para 2033 con un coste total aproximado de 475 millones de euros.

Por su parte, la presidenta de Enresa ha destacado que la planificación del desmantelamiento de las centrales nucleares ya ha comenzado, y que su actividad se rige estrictamente por el 7º Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR), que establece el calendario de ceses de operación y la planificación de los desmantelamientos a medida que cierren los reactores.

En el caso de la planta extremeña de Almaraz, Enresa ha informado a las organizaciones ecologistas de que está trabajando en las tareas previas al desmantelamiento. El primer hito ha consistido en la adjudicación del contrato de ingeniería el pasado marzo. Después, tras el apagado, se realizará el vaciado del combustible. En 2030, tres años después del cese de explotación, se producirá la transferencia de titularidad de la central a Enresa. Por último, se llevará a cabo el desmantelamiento.

Greenpeace y Ecologistas en Acción coinciden en que la estabilidad de la planificación es vital para gestionar las infraestructuras públicas. Cuando se apagan, las centrales nucleares transfieren su titularidad a Enresa hasta que se completa el desmantelamiento y, una vez terminado el mismo, vuelven a manos de su propietario. Por ello, aseguran las organizaciones ecologistas, cualquier retraso en el cronograma actual afectaría no solo a la programación de Enresa, sino al propio plan estratégico del Gobierno a largo plazo en materia de energía y clima, el llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

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• El 46% de los alimentos consumidos en España tiene residuos de, al menos, un plaguicida, porcentaje que llega al 69% para la fruta, según datos oficiales.
• El 32% de las muestras presenta una contaminación por múltiples plaguicidas que pone en riesgo elevado la salud según la comunidad científica, con casos extremos como ocho muestras con más de 10 plaguicidas o una de uva con 14.

El 46% de los alimentos consumidos en España está contaminado con plaguicidas. Este porcentaje sube al 69% en el caso de la fruta, según el informe ‘Directo a tus hormonas 2026’ que publica hoy Ecologistas en Acción, con el objetivo de mostrar la gran exposición de la población a plaguicidas a través de los alimentos de consumo habitual y exigir acciones para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Partiendo de los resultados de los últimos análisis disponibles del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) de alimentos consumidos en 2024, la organización encuentra residuos de 127 plaguicidas distintos, entre ellos 59 sustancias no autorizadas en la Unión Europea; 48 plaguicidas disruptores endocrinos, que afectan al correcto funcionamiento del sistema hormonal a cantidades muy bajas; 14 plaguicidas PFAS, llamados sustancias químicas eternas por su persistencia y que se relacionan con graves problemas de salud; y 15 sustancias ‘candidatas a la sustitución’, sustancias obligadas a ser sustituidas por alternativas seguras debido a sus graves efectos cancerígenos, tóxicos para la reproducción, de disrupción endocrina, persistencia, toxicidad y bioacumulación.

Según Kistiñe García, coautora del estudio: “Preocupa que el 32% de los alimentos presenten contaminación múltiple con más de un plaguicida, con casos extremos como el de ocho muestras con más de 10 sustancias cada una, o una uva con 14 plaguicidas distintos”.

La comunidad científica alerta del elevado riesgo para la salud pública que supone la exposición a múltiples plaguicidas, cuyo efecto combinado no está previsto ni regulado correctamente, lo que deja a la población desprotegida.

Ecologistas en Acción recomienda consumir alimentos locales, cuyo porcentaje sin plaguicidas, del 61%, es más del doble que el de los alimentos importados, en los que solo el 28% se libra de tener sustancias tóxicas. Además, consumir alimentos de temporada, con más sabor y menos plaguicidas aplicados para su conservación. Entre estos últimos, destaca el fungicida imazalil, un disruptor endocrino que ha sido la sustancia más detectada en los alimentos.

Según Koldo Hernández, coautor del estudio: “Siempre que se pueda, es preferible elegir alimentos ecológicos, aunque sin olvidar que el objetivo es que todos los alimentos, no solo los ecológicos, estén limpios de plaguicidas”.

Conseguir alimentos sin plaguicidas no será posible si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no apoya económicamente a las personas agricultoras que den el salto a la producción sin estas sustancias tóxicas, de forma que puedan vivir digna y saludablemente, cuidando la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Además, España debe impedir que los alimentos contengan plaguicidas no autorizados, mejorando el sistema de seguridad alimentaria.

Como punto final, Ecologistas en Acción alerta del peligro que supone para la salud y la naturaleza la aprobación ilimitada de los plaguicidas del Ómnibus de Alimentos y Piensos que propone la Comisión Europea, que podrían obtener al menos 13 sustancias activas presentes en el 17% de los alimentos españoles.

La propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria afirma que existe una alternativa segura a la aprobación ilimitada de plaguicidas, tan sencilla como que la Unión Europea aporte más recursos para el proceso de evaluación.

Para evitar que la Unión Europea lleve a cabo una medida tan innecesaria como peligrosa, Ecologistas en Acción anima a firmar ‘Por la salud, las abejas y la agricultura’.

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• En el marco del Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), las organizaciones que conforman la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa reclaman en un manifiesto  conjunto que, el próximo 22 de mayo, se resuelva el trámite de autorización para gestionar el Sistema de Depósito en España.
• El pasado mes de abril, Portugal ya ha estrenado su Sistema de Depósito y, en España, la ley marca el próximo 22 de noviembre como fecha de inicio para el retorno de latas, botellas y briks a tiendas y supermercados. 

Las más de 130 organizaciones sociales, ambientales, vecinales, de consumidores, educativas y territoriales que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma Ley de Residuos YA han hecho público hoy un manifiesto en el que instan a la Comunidad de Madrid a resolver, antes del próximo 22 de mayo, las autorizaciones pendientes para poner en marcha el futuro Sistema de Depósito y Retorno de envases de bebidas en España.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebrará este próximo domingo 17 de mayo, las entidades consideran que la decisión que debe adoptar la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid representa “una oportunidad decisiva para acelerar la transición hacia un modelo mucho más limpio, saludable y circular” en la gestión de los residuos de envases. “El plazo extraordinario para resolver las autorizaciones de las cuatro entidades candidatas a gestionar el sistema finaliza en apenas una semana y cumplir con este procedimiento no es únicamente una cuestión administrativa, sino una pieza clave para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de reciclaje”, subraya el manifiesto, que aclara que la decisión depende de la Comunidad de Madrid porque es donde las cuatro empresas tienen su sede. De no llegar ahora a los objetivos, las entidades lamentan que se puedan tardar varios años más en instaurar un sistema necesario por ley, ya que no cumplimos con los objetivos de reutilización y reciclaje que marca Europa.

En España se pierden cada día 35 millones de latas, botellas y briks

Las organizaciones alertan de que actualmente alrededor de 35 millones de latas, botellas y briks se pierden diariamente en España, muchos de ellos abandonados en calles, playas, ríos y espacios naturales. Y, según las entidades firmantes, la implantación del Sistema de Depósito constituye una solución “eficaz y contrastada” que ya funciona en cerca de 60 países y regiones del mundo como Portugal, que lo estrenó el pasado mes de abril.

El comunicado recuerda además que la legislación española activó automáticamente la obligación de implantar un Sistema de Depósito estatal después de que España no alcanzara en 2023 el objetivo mínimo del 70% de recogida separada de botellas de plástico de bebidas, quedándose en un 41,3%. “Ante esta realidad, no estamos hablando de una medida simbólica, sino de una infraestructura estratégica para construir un modelo económico más eficiente, resiliente y alineado con las exigencias ambientales actuales”, destacan.

Por ello, las entidades hacen un llamamiento final a la Comunidad de Madrid para que actúe “con responsabilidad, visión de futuro y ambición”, resolviendo las autorizaciones pendientes dentro del plazo establecido”. “Estamos ante una oportunidad extraordinaria para reducir casi por completo la contaminación provocada por los envases de bebidas, recuperar materiales de alta calidad y avanzar hacia el regreso de los envases reutilizables a tiendas y supermercados”, concluye el manifiesto. “¿Seguiremos permitiendo que una decisión administrativa retrase a todo un país?”.

 

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El 19 de marzo, en Madrid, más de veinte organizaciones, entre las que estamos Ecologistas en Acción presentamos públicamente una iniciativa que llevaba semanas gestándose. Se llama Rumbo a Cuba, y su objetivo es concreto: llevar paneles solares al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana para que su Unidad de Cuidados no dependa de una red eléctrica que cada vez falla más.

Podríamos hablar del bloqueo en abstracto. Podríamos citar resoluciones de Naciones Unidas. Pero hay algo que resulta difícil de ignorar: estas semanas se habla del posible colapso eléctrico total de Cuba. Un país entero sin luz. Y dentro de ese país, hospitales. Y dentro de esos hospitales, niñas y niños en cuidados intensivos.

Para hacer posible la compra de los materiales y cubrir la navegación se ha abierto un crowdfunding para conseguir el presupuesto necesario. Se han conseguido ya más de 75.000 euros y quedan 25.000 para llegar al objetivo. Queremos animar a difundir y apoyar la campaña, aquí puedes hacerlo: https://help.openarms.es/rumboacuba/

El barco de Open Arms que llevará los materiales a Cuba está realizando varias escalas en distintos puertos del territorio español. En cada parada se celebrarán ruedas de prensa y actos públicos de solidaridad para visibilizar la campaña y denunciar el impacto humanitario del bloqueo sobre la población cubana. Ahora mismo está en Sagunto (en Valencia denegaron el atraque) y las próximas paradas son:

• 16 de mayo: salida hacia Málaga.
• 19-20 de mayo – Málaga: llegada al puerto, rueda de prensa y acto público de solidaridad.
• 21 de mayo: salida hacia Cádiz.
• 22-23 de mayo – Cádiz: llegada al puerto, rueda de prensa y acto público de solidaridad.
• 24 de mayo: salida hacia Las Palmas de Gran Canaria.
• 28- 29 de mayo – Las Palmas de Gran Canaria: llegada al puerto, rueda de prensa y acto público de solidaridad .

La salida definitiva hacia Cuba desde Canarias dependerá de las condiciones meteorológicas y de la evolución de la situación política.

Más información en nuestro Instagram: @ecologistas

Y en este artículo de El Salto: La flotilla ‘Rumbo a Cuba’, con ayuda humanitaria para la isla, iza sus velas.

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• La red internacional ha iniciado su encuentro con una concentración frente al Parlamento Europeo para denunciar el impulso que ha dado la UE al extractivismo.
• El encuentro se desarrolla del 13 al 15 de mayo y se plantea como un espacio de diálogo, articulación y acción colectiva para profundizar la solidaridad internacionalista.

Una veintena de organizaciones de América Latina y Europa, entre ellas Ecologistas en Acción, han realizado en Bruselas una concentración protesta delante del Parlamento Europeo como acto inicial del II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo. La cita se celebra estos días en la capital europea para fortalecer la coordinación y las líneas de acción política y social.

En el encuentro se dan cita líderes y lideresas del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari de Ecuador; del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina. También activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la UE como Galicia, Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha.

La coalición internacional antiextractivista ya denunció en noviembre de 2025, en la Cumbre de los Pueblos de Belém do Pará (Brasil), paralela a la COP30, cómo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejada una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia.

La celebración del nuevo encuentro en Bruselas, tras el celebrado en Belém el año pasado, quiere señalar cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE.

El encuentro tiene un carácter político, orientado a la toma de decisiones estratégicas y a la definición de posicionamientos comunes frente al avance del extractivismo a escala global. Se trata de un espacio intercultural, que reconoce, respeta y valora la diversidad de saberes, cosmovisiones y prácticas de los pueblos. También persigue un objetivo movilizador y articulador, vinculándose directamente con las realidades locales de quienes participen buscando impulsar acciones concretas de incidencia, denuncia y resistencia frente a las dinámicas de despojo, proyectándose hacia los territorios y fortaleciendo las luchas en curso.

“En un momento donde el modelo capitalista profundiza sus dinámicas de guerra para sostener el sistema de explotación entre los seres humanos y con la naturaleza, es clave fortalecer la solidaridad internacionalista. Así entonces, la red internacional se configura como un espacio vivo de articulación, resistencia y construcción colectiva, que agrupa diversas luchas territoriales frente al despojo”, declaran desde la coordinación del encuentro.

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• Gas No Es Solución, red de la que forma parte Ecologistas en Acción, publica su ‘Anuario crítico del gas fósil en el Estado español’.
• El informe recoge que en 2025 aumentó el consumo de gas en un 6,2% respecto a 2024, debido especialmente al gas consumido por el sistema eléctrico, cuyas emisiones aumentaron un 16% con respecto al año anterior.
• Se ha incrementado la dependencia energética de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor de gas fósil detrás de Argelia.

A más gas consumido, más emisiones, más dependencia del fracking de Estados Unidos y hasta 1.500 millones de euros en sobrecostes tras el apagón del 28 de abril de 2025. El ‘Anuario crítico del gas fósil en el Estado español’, que publica la red Gas No Es Solución, retrata un sistema energético que en lugar de reducir su dependencia fósil la ha profundizado, cambiando a Rusia por EE UU sin cuestionar el modelo.

Uno de los principales hallazgos es el aumento de emisiones del sistema eléctrico tras el llamado “mercado reforzado” u Operación Reforzada, activada después del apagón del 28 de abril de 2025. Esta medida incrementó el uso de ciclos combinados, provocando un aumento del 39% en la generación de electricidad con gas frente al año anterior y unos sobrecostes para los consumidores estimados entre 422 y 1.500 millones de euros. Por ello, la red considera que el gas se debe eliminar gradualmente del sistema eléctrico cuanto antes.

Al mismo tiempo, crece la dependencia del gas importado de Estados Unidos, que se convierte en el segundo mayor proveedor del Estado español, detrás de Argelia. El informe advierte que este giro no responde a una estrategia de transición, sino a una sustitución de dependencias que refuerza un modelo fósil impulsado por intereses geopolíticos y corporativos. El 100% del gas importado desde EE UU en 2025 procedió de terminales en el Golfo de México vinculadas a gas de fracking, una técnica que causa graves impactos ambientales y sociales sobre comunidades locales y que está prohibida en el territorio español. Empresas como Naturgy, Endesa, Repsol o bancos como Santander, BBVA y La Caixa son señaladas en el informe como cómplices de este modelo.

El informe también alerta de los riesgos en la transposición del Reglamento Europeo del Metano (EUMR). Las fugas asociadas a proveedores como EE UU y Argelia aumentaron entre 2024 y 2025, reforzando la urgencia de aplicar plenamente la regulación y garantizar trazabilidad en las importaciones a través de un registro público. Dicho registro debe documentar el origen de cada cargamento, la intensidad de metano de cada proveedor, la certificación utilizada y las auditorías independientes realizadas.

Como caso emblemático de mala planificación, el informe señala la regasificadora de El Musel (en Xixón), presentada como infraestructura estratégica para la seguridad europea, pero que ha operado mayoritariamente inyectando gas en la red estatal y no como ‘hub’ logístico internacional. Más del 80% del gas descargado ha terminado en el mercado interno. Además, 35 de los 36 metaneros recibidos procedían de Estados Unidos. La planta, cuyo coste podría alcanzar los 670 millones de euros para los consumidores, ejemplifica el sobredimensionamiento del sistema gasista: en el primer semestre de 2025, cinco de las siete regasificadoras operaron con niveles de utilización inferiores al 35%.

El análisis también examina el papel de nuevas infraestructuras y falsas soluciones promovidas como salida al gas fósil, incluyendo en algunos casos el biogás y el biometano. El informe advierte que, sin criterios estrictos, estas alternativas pueden convertirse en mecanismos de lavado verde que prolonguen la vida útil de la red gasista en lugar de contribuir a una desgasificación real. Una de las vías para que esto no ocurra sería que el Sello de Excelencia de Biometano planteado por el Gobierno en el RDL 7/2026 cuente con valor regulatorio, que sea requisito obligatorio para acceder a financiación pública, que excluya macrogranjas, cultivos energéticos e intermedios como fuentes orgánicas, restrinja el uso del biometano a sectores difíciles de electrificar, asegure auditorías independientes ajenas al sector gasista y diferencie el biometano importado del producido a nivel estatal.

Ante este escenario, las organizaciones pertenecientes a la red Gas No Es Solución reclaman prohibir las importaciones de gas de fracking, frenar nuevas inversiones en infraestructuras gasistas, blindar la regulación del metano y acelerar una hoja de ruta para eliminar progresivamente el gas fósil en 2035.

 

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• Más de una decena de organizaciones ecologistas, así como de científicas y científicos, han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) medidas para garantizar la protección efectiva de los espacios marinos protegidos.
• Dichos espacios son esenciales para recuperar ecosistemas y asegurar la sostenibilidad de la pesca, pero su buen funcionamiento depende de una adecuada gestión pesquera y vigilancia.

Más de una decena de organizaciones ambientales y científicos/as de referencia en el ámbito marino han reclamado hoy a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) medidas para garantizar la protección efectiva de los espacios marinos protegidos y beneficiar así al sector pesquero. En la reunión, han solicitado la financiación y las medidas de gestión pesquera necesarias para la conservación de las áreas marinas protegidas, y la creación de Reservas Marinas de Interés Pesquero pendientes.

Científicos/as y ecologistas han demandado conocer el estado de la colaboración y coordinación entre la Secretaría General de Pesca y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de cara a acordar medidas de gestión pesquera en las áreas marinas protegidas. La adopción de planes de gestión en muchas de estas áreas continúa acumulando retrasos que ya han vulnerado los plazos legales y que impiden el cumplimiento de los objetivos ambientales comprometidos por España.

Es el caso de la aprobación de planes de gestión para áreas de la Red Natura 2000 marina, incluyendo el trabajo desarrollado en el marco del proyecto Life INTEMARES, con diez planes de gestión pendientes de aprobación antes de que finalice el proyecto el próximo mes de julio.

“Los espacios marinos protegidos son una herramienta esencial tanto para recuperar los ecosistemas marinos como para garantizar el futuro del sector pesquero, más aún en el contexto de incertidumbre provocado por los efectos del calentamiento global. Para que funcionen, necesitan planes de gestión eficaces que incluyan medidas pesqueras, las cuales tiene que aprobar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, señalan las organizaciones y científicos/as participantes.

Reservas marinas: entre retrasos y recortes en la financiación

Las personas asistentes a la reunión han reconocido el éxito de las Reservas Marinas de Interés Pesquero y han trasladado la necesidad de consolidar la gestión de la red existente y de avanzar con mayor agilidad en la declaración de nuevas reservas. Al respecto, las organizaciones han solicitado la declaración de Reservas Marinas de Interés Pesquero pendientes, como es el caso de Tramuntana (Mallorca) o Anaga (Tenerife).

“En este sentido, uno de los principales puntos de preocupación es la reciente reordenación de recursos y los ajustes en la financiación destinada a la vigilancia de las reservas marinas, tal y como denunciaron 221 investigadores/as en una carta dirigida al ministro Luis Planas el pasado mes de octubre”

Organizaciones y científicos/as han alertado que cualquier reducción o redistribución insuficiente de los recursos puede echar abajo los frutos logrados tras décadas de protección, comprometer el cumplimiento de la normativa ambiental, y perjudicar a los pescadores artesanales que dependen de unos ecosistemas marinos sanos y bien gestionados.

“El uso de nuevas tecnologías, como el monitoreo satelital y las cámaras inteligentes para prevenir la pesca ilegal, pueden utilizarse para mejorar y complementar las labores de vigilancia, pero no deben reemplazar la presencia de agentes en el mar, que ha sido clave para garantizar la protección efectiva de nuestras aguas y defender la pesca responsable”, añaden.

Restauración marina para apoyar a la pesca

Por último, las organizaciones y el personal científico han abordado las novedades en materia de restauración marina, con especial atención al desarrollo de las futuras Zonas de Restauración de Interés para la Pesca. Estas figuras podrían convertirse en una herramienta estratégica para recuperar hábitats degradados, reforzar la resiliencia de los ecosistemas marinos y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de la actividad pesquera. Dichas acciones son relevantes de cara al Plan Nacional de Restauración que el Gobierno debe presentar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre a más tardar.

Las personas asistentes han subrayado durante la reunión que la conservación marina y la explotación pesquera sostenible no son objetivos contrapuestos, sino dos elementos inseparables de una misma estrategia para garantizar el futuro del mar y de las comunidades que dependen de él. Además, han reiterado su voluntad de colaborar con la Administración para impulsar soluciones basadas en la mejor evidencia científica disponible y avanzar hacia un sector pesquero que sea al mismo tiempo sostenible, resiliente y competitivo.

 

Listado de entidades participantes: Angel Shark Project, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Fundación Marilles, Greenpeace, Oceana, WWF, Ángel Antonio Luque del Villar (Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio global, Universidad Autónoma de Madrid (CIBC-UAM), Diego Kersting Vera (Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS-CSIC), José Templado González (Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Alfonso A. Ramos Esplá (Universidad de Alicante).

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