• Ecologistas en Acción organiza una movilización en Berlín contra el modelo agroindustrial de la feria Fruit Logística.
• Activistas, jornaleras y organizaciones sociales llevan a juicio popular los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial.

Ecologistas en Acción, junto a organizaciones de la sociedad civil alemana, organizó dos jornadas de protesta en Berlín contra la feria Fruit Logística, celebrada del 4 al 6 de febrero en Berlín, uno de los principales encuentros internacionales del lobby hortofrutícola.

Una veintena de activistas se manifestaron frente al recinto ferial para denunciar los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial en los países productores.

Celebramo un tribunal popular contra la agroindustria, en el que distintas personas, entre ecologistas, jornaleras, sindicalistas y activistas, presentaron testimonios sobre los abusos del sistema agroindustrial.

Las acciones se enmarcan en la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, con la que Ecologistas en Acción cuestiona el relato de sostenibilidad que proyecta Fruit Logistica desde hace décadas. En los pabellones de la feria se exhibe una imagen de agricultura sostenible que no se corresponde con la realidad que se vive en los territorios productores.

Ecologistas en Acción denuncia que el modelo de agricultura intensiva tiene un impacto devastador tanto ambiental como social: degrada ecosistemas, sobreexplota recursos hídricos y se sostiene sobre la vulneración sistemática de Derechos Humanos y laborales.

Estas denuncias fueron recogidas en el Tribunal Popular celebrado el viernes, donde diversos testimonios documentaron los efectos de la agroindustria sobre la naturaleza y las personas. En su intervención, Sara Facchinelli, de Ecologistas en Acción Almería, denunció «En los humedales y en el mar los contaminantes procedentes de la agroindustria perjudican la vida de las miles de especies que habitan nuestro entorno» Jennifer Cárdenas Tovar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, denunció las condiciones laborales y de vida inhumanas, precarias y sin derechos en las que viven miles de personas trabajadoras del sector agroindustrial, que son mayoritariamente personas migrantes, en las provincias de Almería y Huelva. Afirmó: «además de sufrir condiciones de explotación laboral, se ven obligadas a vivir en asentamientos chabolistas, sin agua, sin luz, sin acceso a servicios básicos».

Para Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, existe una presión desde el sector, y muchas veces desde algunas administraciones, para callar las voces que denuncian los impactos del modelo agroindustrial. «Además, se lanzan bulos y falsas noticias para eludir responsabilidades y facilitar que se acepten falsas soluciones que más benefician a las empresas». Incluso se intenta eludir el cumplimiento de la normativa, o promover su modificación a la baja. «Está claro que todo esto no es casual, responde a una estrategia para proteger el interés económico empresarial, a toda costa».

El caso de Murcia, Almería y Huelva

En Fruit Logística estuvieron representados numerosos productores españoles, incluidos grandes grupos de Murcia, Almería y Huelva, provincias clave para la exportación hortofrutícola.

En Murcia, décadas de agricultura intensiva han provocado la grave degradación del Mar Menor, con episodios recurrentes de eutrofización, mortandad de fauna y múltiples procedimientos judiciales por prácticas agrícolas ilegales.

En Almería, las más de 32.000 hectáreas de invernaderos generan anualmente unas 150.000 toneladas de residuos plásticos, de las cuales alrededor de 30.000 toneladas acaban vertidas ilegalmente en el medio rural. A ello se suma un déficit hídrico anual de 170 hm³ y un grave deterioro de la calidad del agua, afectando a la flora y fauna y al deterioro de nuestros humedales costeros tan importantes para las aves migratorias y para otras especies en peligro de extinción, como ejemplo el deterioro de Las Albuferas de Adra. En Huelva, la agricultura intensiva de frutos rojos está secando los acuíferos de Doñana y poniendo en riesgo este espacio protegido, por lo que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el deterioro de los hábitats.

Ecologistas en Acción y una decena de organizaciones alemanas concluyeron las jornadas con un veredicto colectivo contra el modelo agroindustrial que representa Fruit Logistica. Elena Alter, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, señaló: «Las jornadas han permitido visibilizar los impactos reales de este modelo y reforzar una amplia alianza social en defensa de los derechos de la naturaleza y de las personas».

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Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.

Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.

Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.

Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.

El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.

Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.

Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país

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Nombre:	Romeo
Nacimiento:	06-02-202
Sexo:	Macho
Raza:	Mestizo común
Esterilización:	Pendiente
Test de Leishmania, Ehrlichia y Anaplasma:	Negativo

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Padrinos y madrinas de Romeo

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Nombre:	Josemi
Nacimiento:	29-01-25
Sexo:	Macho
Raza:	Mestizo común
Esterilización:	Pendiente
Test de Leishmania, Ehrlichia y Anaplasma:	Negativo

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Nombre:	Gecko
Nacimiento:	05-05-2025
Sexo:	Macho
Raza:	Mestizo común
Esterilización:	Realizada
Test de Leishmania, Ehrlichia y Anaplasma:	Negativo

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Padrinos y madrinas de Gecko

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• La Junta de Andalucía ha aprobado una Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad por la que se amplía el periodo de caza mayor en aquellas fincas que no han podido realizar monterías, ganchos o batidas debido al mal tiempo. Esta ampliación responde sólo al plegamiento de los responsables de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA) al sector cinegético, y repercutirá negativamente en la biodiversidad y en actividades como el senderismo y el turismo rural.

Los periodos hábiles y de veda para la caza mayor los ha fijado la Resolución de 28 de mayo de 2025 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad. En lo que respecta a la caza mayor, y concretamente a las especies ciervo, gamo, muflón y jabalí, establece con carácter general un período hábil de caza que comprende todos los días de la semana desde el 11 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026.

Como ha llovido mucho y no se han podido celebrar muchas monterías, ganchos y batidas, a propuesta del sector cinegético, la CSyMA ha ampliado el periodo de caza mayor en esas fincas hasta finales de este mes de febrero.

Ecologistas en Acción se opuso en el Comité de Caza de Andalucía, formado mayoritariamente por representantes de la Junta y de los cazadores, a esta ampliación de plazo para la caza mayor. Juan Clavero, representante de Ecologista en Acción en el citado Comité, advirtió que  no es admisible que todas las medidas que aprueba la CSyMA vayan a favor de la caza, cuando ni siquiera es la actividad más practicada en el campo, que es el senderismo, ni la de mayor relevancia económica en los pueblos de zonas forestales, que es el turismo rural.

Esta Resolución se justifica, además, para “controlar las enfermedades infectocontagiosas de alto impacto”. Pero se omite que el principal método para luchar contra las enfermedades infectocontagiosas son los predadores naturales. La CSyMA, en vez de protegerlos, los persigue, y las consecuencias son el desequilibrio poblacional de algunas especies, como el ciervo, el jabalí y el gamo.

La Resolución asegura que esta medida se basa en el artículo 20 de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres, pero es falso. Este artículo determina que “ante situaciones excepcionales de daño o riesgo para los recursos naturales como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier otra intervención humana, las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales…”. O sea, este artículo va en la dirección contraria a como lo quieren utilizar, es para limitar o prohibir la caza, no para ampliarla. Cuando las organizaciones ecologistas hemos solicitado prohibir la caza de aves acuáticas en periodos de sequía, para lo que sí es de aplicación este artículo, la CSyMA ni respondió.

Esta Resolución no se apoya en ningún informe científico sobre sus repercusiones, ni menciona los efectos que tendrá esta ampliación del periodo de caza mayor con perros en la biodiversidad, cuando ya muchas especies están comenzando la época de reproducción, ni sobre otras actividades como el senderismo, pues en las monterías se cierran ilegalmente los caminos públicos y vías pecuarias, y suponen un riesgo para los miles de senderistas que los recorren.

Otro factor que no ha tenido en cuenta la CSyMA es que las ciervas están preñadas, y que en este mes los fetos doblarán su tamaño, dificultando la huida ante las rehalas de perros y generándoles estrés.

Con esta medida, y otras que está promoviendo la CSyMA como las emergencias cinegéticas, en el campo andaluz se va a poder estar cazando todo el año, perjudicando a la biodiversidad y a otros sectores sociales y económicos. Sorprende esta entrega total de los responsables de la Junta de Andalucía al sector cinegético cuando la caza es una actividad decreciente y minoritaria en Andalucía. Las licencias de caza en Andalucía han experimentado un descenso significativo en las últimas dos décadas,  reduciéndose a la mitad. A pesar del apoyo de la Junta de Andalucía -con promoción de la caza hasta en las escuelas, generosas subvenciones a ferias, campañas promocionales, bonificaciones, exageración de las repercusiones económicas…-, la realidad es que en Andalucía hay sólo 87.000 cazadores federados, el 1% de la población, pero que tienen acotada más del 80% de su superficie.

Una prueba más de esta entrega total de los responsables de la CSyMA al sector cinegético es que en el Borrador de la Resolución que se llevó al Comité de Caza se incluía una ampliación de plazo hasta el 22 de febrero. A los representantes de los cazadores les pareció poco, y propusieron que se ampliara hasta el 28, y así ha aparecido en la Ordena aprobada y publicada en el BOJA.

Ecologistas en Acción lamenta que la Consejería denominada de “Sostenibilidad y Medio Ambiente” se pliegue a los intereses del sector cinegético, convirtiéndose en una mera “Gestoría de caza”, olvidando sus competencias, entre las que se encuentra la preservación de la biodiversidad.

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Fotografía de David F. Sabadell

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por David F. Sabadell 

Tras lograr la eliminación del impuesto extraordinario que durante dos años logró redistribuir una mínima parte de los históricos beneficios derivados de la crisis energética bajo la amenaza de retirar inversiones, el oligopolio eléctrico ha vuelto a consumar un chantaje que pone en jaque a la transición energética. Endesa, Iberdrola y EDP han dejado caer que no desembolsarán todo el dinero previsto —casi 3.000 millones de euros— para ampliar y mejorar las redes de distribución eléctrica, al borde de la saturación por el aumento de la electrificación. ¿El motivo? La disconformidad con la tasa de retribución financiera aprobada en diciembre por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). “Que las redes no se desarrollen es el veneno para que la transición verde no avance”, advierte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.

Para entender la extorsión hay que retroceder semanas en el calendario. Cada cuatro años, en España se fija un modelo retributivo a las inversiones en las redes, las infraestructuras que permiten transportar y distribuir la electricidad desde los centros de generación (centrales eléctricas) hasta los usuarios finales (hogares, industrias, comercios).

La red eléctrica en España se divide en transporte y distribución, con propiedad mixta. La red de transporte (alta tensión) es gestionada por Red Eléctrica de España (Redeia), con participación mayoritaria del Estado (SEPI). La red de distribución (baja tensión) es 100% privada y está controlada por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

Estas empresas reciben una tasa de retorno por sus inversiones, dinero que sale de las facturas de todos los usuarios. El porcentaje de esta tasa lo fija la CNMC, ente que tiene como misión principal promover y defender el “buen funcionamiento del mercado” equilibrando los intereses de los consumidores y de las compañías. En diciembre, la CNMC dio a conocer la cifra para el periodo 2026-2031: 6,58%, 100 puntos básicos más que la tasa del anterior plan (5,58%). ¿El problema? Las eléctricas pedían un suelo de 7,5% “como garantía de rentabilidad para acometer las elevadas inversiones necesarias en la modernización y adaptación de la red eléctrica”.

Fernando Ferrando: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”

La respuesta empresarial no se hizo esperar: han adelantado que las inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio van a ir a “mercados más competitivos”, con mejores tasas. El recorte, según ha adelantado elEconomista, asciende a 2.800 millones de euros.

“Esto es muy grave. Si las redes no se amplían, el plan energético, el plan económico y las oportunidades de la transición energética de España desaparecen. La transición energética es electricidad. Y si no hay capacidad en redes, no podemos crecer en electricidad. Por tanto, las renovables no van a crecer, los centros de datos no se podrán ejecutar, la industria nueva no se podrá reconvertir a ser más eléctrica, no habrá vehículos eléctricos, etc. En otras palabras, seguiremos siendo un país que depende de los modelos de combustión”, describe Ferrando sobre el impacto de esa desinversión.

88% de saturación

Las redes de distribución eléctrica de buena parte de España están completamente saturadas o a punto de saturarse. Los mapas de capacidad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP reflejan prácticamente un tercio de las provincias con un 100% de los nudos de la red ocupados, es decir, ya no admiten nueva demanda para conectarse.

Los datos actualizados a enero de 2026 —desde el año pasado las compañías están obligadas a revelar esta información— muestran que las redes de distribución eléctrica de España están al 88,2% de su capacidad total en conjunto.

El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%.

Sergio Bonati, de WWF: “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”

La patronal de las grandes distribuidoras eléctricas, Aelec, advirtió a finales de diciembre que el estado de las solicitudes de acceso y conexión preliminar en 2025 confirman que sólo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen.

Sergio Bonati, responsable del programa de clima y energía de WWF, explica que la ampliación de las redes es “fundamental para la transición energética”. Se necesita para acoger más renovables y electrificar sectores clave, como el transporte, la industria, o la climatización, rubros que todavía están muy lejos de estar descarbonizados. “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”, resume.

Coincide Cecilia Foronda, directora de energía y personas de la organización Ecodes. Recuerda que para el 2050 se busca que la electrificación de la demanda sea casi del 90 %. “Con lo cual, eso quiere decir que nuestra red eléctrica tiene que ser muchísimo más potente para subir toda la distribución de la mayor demanda eléctrica”, explica.

Ferrando hace una analogía con las carreteras y los coches para dimensionar la importancia de las redes eléctricas. “Esto es como decir que vamos a crecer en dos millones de vehículos y no hay carreteras donde ir”, compara. Y repite: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”.

El melón que nadie quiere abrir

Ferrando, ingeniero Superior Industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 40 años en el sector de las energías renovables. En su opinión, este “chantaje” de las eléctricas es una parte del problema. El melón, dice, es estructural, de modelo. Y ninguna fuerza política se anima, ni siquiera, a revisarlo.

Explica que las redes eléctricas son un “monopolio natural”. No son elementos de mercado. ¿Cuál es el problema de España? Que el monopolio natural se ha desarrollado con un oligopolio empresarial: más del 80% de las redes eléctricas de distribución pertenecen a dos compañías, Endesa e Iberdrola. “¿Qué significa esto? Que aunque sea un monopolio natural y sea básico para el desarrollo de la política energética y económica del país, la decisión de invertir la tienen los propietarios de las redes existentes”.

“Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco”, cuestiona Ferrando

El asterisco, aclara este experto, es que las inversiones en redes, al ser un monopolio natural, son actividades reguladas. “Es decir, a ti te pagan por la inversión que has hecho, no por si esa inversión que tú has hecho está funcionando a tope o está funcionando al 50%. No es una retribución de mercado, nada tiene que ver la evolución del sector eléctrico, si se consume más, se consume menos”.

El dato no menor, agrega en su explicación, es que una actividad regulada “no tiene riesgo”. Es decir, está avalada por el mercado y por el Estado. “Lo primero que nos tendríamos que poner a discutir es que el 7,5% que pedían las compañías eléctricas es una sobreretribución en función de las características que tiene la inversión. Así lo entiende la CNMC”, subraya.

Lo que las empresas no cuentan es que las amortizaciones de las inversiones “dejan de estar retribuidas, pero la parte que los usuarios hemos pagado no es propiedad nuestra, sigue siendo propiedad del sector eléctrico”. “Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco. Porque las redes las hemos amortizado pagándolas los usuarios. Lo lógico es que esas redes acaben en algún momento siendo públicas. Pero no. Estamos hablando de activos que son propiedad de quien los ejecutó y no de quien los pagó”, cuestiona.

Pero hay más, detalla Ferrando. Si una compañía no presenta sus planes de inversión porque considera que no están bien retribuidos, “no existe ninguna capacidad por parte del Estado para buscar una alternativa a esas inversiones”. Debería existir —puntualiza— una regulación que por ley permita “habilitar procedimientos para que sea el Estado o un tercero quien asuma la ampliación de las redes en estos casos”.

“Si tú Endesa o Iberdrola no lo quieres invertir escudándote en la libertad de mercado, yo como Estado tendría que poder habilitar procedimientos para que las inversiones se cumplan. Este mecanismo no existe. Ni tampoco hay voluntad política de que exista”, afirma Ferrando.

La Fundación Renovables, a través de las redes sociales, llama a “no permitir que las eléctricas ejecuten este chantaje”. Su presidente prefiere sacar este término de la discusión, porque las eléctricas tienen una fuerza para negociar y el Gobierno no tiene en su poder ninguna capacidad para quitarle esa fuerza. ¿Cuál es el problema de esta encerrona? “Que estamos hablando de un bien de primera necesidad”.

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La petición se fundamenta en la persistencia y agravamiento de su deterioro ecológico tras las inundaciones de octubre de 2024 y en la necesidad de ordenar las numerosas actuaciones iniciadas desde diversas administraciones, que abarcan un amplio abanico como la tramitación de los instrumentos de ordenación y gestión del espacio natural, proyectos de restauración u obras de emergencia.

La última Misión Ramsar en este humedal se realizó en 2006 (la número 58), hace dos décadas, cuyo fundamento fue la modificación del reglamento jurídico del humedal, para, entre otras cuestiones, transformar a suelo urbanizable una parte para realojar a las familias expropiadas y desalojadas de sus viviendas por las obras de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia

Las entidades ambientales implicadas en la conservación y gestión del humedal de l’Albufera de València han solicitado formalmente a la Secretaría de la Convención Ramsar la realización de una Misión Ramsar de Asesoramiento para este espacio natural protegido, reconocido como Humedal de Importancia Internacional desde 1989.
L’Albufera, que además forma parte de la Red Natura 2000 y cuenta con la figura de protección autonómica de Parc Natural, atraviesa un momento especialmente delicado. Las organizaciones firmantes advierten de la persistencia y agravamiento de problemas ecológicos y de gobernanza que vienen siendo señalados desde hace años por la comunidad científica y por el tejido ambiental y ciudadano vinculado al humedal, y que se han visto agravados tras las fuertes inundaciones del 29 de octubre de 2024, que afectaron de forma significativa al sistema lagunar y a su cuenca.
Al mismo tiempo, destacan que se están activando múltiples iniciativas, inversiones y procesos administrativos para la recuperación del humedal, desde distintos niveles de la administración, sin que exista todavía un marco de planificación actualizado y coordinado. Entre otras cuestiones, recuerdan que aún no se han elaborado las Normas de Gestión de la Red Natura2000, mientras que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales data de 1995 y el Plan Rector de Usos y Gestión de 2004, ambos actualmente en proceso de revisión, y que la administración local, con el apoyo de la autonómica, está promoviendo además la candidatura de l’Albufera como Reserva de la Biosfera de la UNESCO todo ello si la figura de Director-Conservador del Parque.
Objetivos de la misión solicitada

Las entidades consideran que la intervención de la Convención Ramsar, puede aportar una mirada experta e independiente que ayude a ordenar prioridades y orientar las decisiones futuras. Entre los objetivos planteados para la Misión se encuentran valorar de forma integral el estado ecológico actual del humedal tras los recientes eventos extremos, analizar el modelo de gobernanza y gestión, identificando mejoras a partir de experiencias en otros humedales Ramsar, o establecer un marco de prioridades y una secuencia lógica de actuaciones basada en criterios científicos y técnicos y asesorar para la mejora de la coordinación interadministrativa y la participación social en la gestión del espacio.
La solicitud está firmada por Ecologistes en Acció de València, Acció Ecologista AGRÓ, Fundación Nueva Cultura del Agua, Per l’Horta y Xúquer Viu, ya que, a su juicio, la experiencia acumulada por la Convención Ramsar en humedales de todo el mundo puede resultar decisiva para revertir la situación actual de l’Albufera y garantizar su conservación a largo plazo como humedal de importancia internacional.

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Fa poc ens hem assabentat de la proposta d’un nou projecte industrial al Grau de Castelló. Es tracta d’Armonia Green, una planta de producció d’amoníac destinada principalment a l’exportació, que es pretén ubicar al polígon del Serrallo. La seua localització respon a criteris purament econòmics: l’aprofitament de l’electricitat generada per les centrals de cicle combinat ja existents i la proximitat immediata al port per facilitar el transport marítim de grans quantitats d’amoníac.

Des de l’empresa promotora, formada al 50 % per l’elèctrica Ignis i el fons d’inversió nord-americà prosionista KKR (sí, el mateix dels festivals de música), així com des de les institucions i bona part dels mitjans de comunicació, el projecte s’està presentant com una aposta per la sostenibilitat i la transició energètica. No és casual que es vincule reiteradament a conceptes com l’hidrogen verd o l’amoníac verd, ni tampoc que el mateix nom del projecte pretenga transmetre una imatge d’harmonia ambiental que en cap cas es correspon amb la realitat.

Els col·lectius sotasignants mostrem el nostre ferm rebuig a aquest projecte, que considerem un nou cas de rentat de cara verd al servei d’interessos empresarials i especulatius. A continuació exposem els principals motius pels quals Armonia Green no només no contribueix a una transició energètica justa, sinó que aprofundeix en un model de gestió del territori que fa dècades que patim.

En primer lloc, la generació de l’amoníac dependrà directament de l’electricitat generada a les dues centrals de gas de cicle combinat ubicades al Serrallo, i per tant no es tractaria d’amoníac verd, sinó gris. Per confirmar açò, només cal vore els plànols del projecte, que compten amb cables que uneixen les centrals de cicle combinat amb la planta de producció d’amoníac. A més, la planta consumiria més aigua que tot Castelló i un terç de l’energia de tot el territori valencià.

En segon lloc, l’amoníac produït a la planta d’Armonia Green no tindrà com a objectiu la descarbonització del teixit industrial de les nostres comarques ni la cobertura de necessitats energètiques locals. Ben al contrari, el projecte preveu explícitament la construcció de canonades que transportaran l’amoníac fins al port del Grau de Castelló, on grans vaixells de fins a 40.000 tones de capacitat el carregaran per exportar-lo als ports de Bèlgica i dels Països Baixos, on posteriorment serà reconvertit en hidrogen.

Això significa que el nostre territori assumirà els impactes ambientals, els riscos industrials i l’ocupació d’espais estratègics, mentre que els beneficis energètics i econòmics es concentraran fora. Castelló torna així a ser tractada com un espai de pas i d’extracció de valor, subordinat a les necessitats del mercat europeu, perpetuant un model profundament injust en què els riscos es queden ací i els guanys se’n van fora.

En eixa mateixa línia, estem parlant d’un projecte que, amb una inversió per damunt dels mil milions d’euros, tan sols generarà un nombre molt reduït de llocs de treball.

En tercer lloc, el projecte s’ha volgut presentar com una iniciativa que compta amb el suport del conjunt de la societat castellonenca, quan la realitat és ben diferent. Fins ara, l’única aprovació constatada és la de determinades autoritats locals (ajuntament, autoritat portuària) i autonòmiques, sense que haja existit cap procés real d’informació, debat o participació ciutadana que permeta parlar de consens social.

No s’ha dut a terme cap procediment d’exposició pública que haja garantit l’accés de la ciutadania a una informació completa i rigorosa sobre el projecte, els seus riscos i les seues conseqüències. Com passa sovint amb projectes d’aquesta magnitud, una part fonamental de la seua viabilitat es basa en la manca de transparència i en el desconeixement generalitzat, substituïts per relats simplificadors i eslògans verds que dificulten un debat democràtic honest.

A més de tot açò, cal tindre en compte que l’amoníac és una substància altament inflamable i, tot i que el projecte no detalla la capacitat exacta dels tancs d’emmagatzematge, segons els plànols hi ha dos grans tancs d’uns 40 metres de diàmetre. A més, cal tindre en compte també els riscos que comporta el seu transport a través de canonades que passen a la vora de les centrals de cicle combinat, de les instal·lacions de combustible o de la planta d’UBE. La combinació de tots eixos factors podria tenir un efecte dòmino de conseqüències terribles. De fet, el projecte s’ha d’acollir a la Directiva Seveso III i el Reial Decret 840/2015 aplicables a indústries que comporten la possibilitat d’accidents greus.

Per últim, però no menys important, com hem dit a l’inici, una de les dues promotores del projecte és el fons d’inversió prosionista KKR, i per tant el mateix redundaria en l’augment de beneficis d’aquest grup, que està implicat en el brutal règim d’apartheid israelià i les seues polítiques genocides cap al poble palestí.

Per tots aquests motius, els col·lectius signants d’aquest manifest DIEM NO a Armonia Green. No volem que el nostre territori seguisca sent destrossat per projectes com aquest que sols serveixen per seguir augmentant els beneficis de qui mai s’ha preocupat per res més que fer-los créixer no importa a quin preu.

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