
La guerra de cifras sobre el perfil social de los caseros en España ha redibujado el objetivo político del debate. Desde el inicio se trataba de entender cómo se distribuían las rentas del alquiler entre amplios sectores sociales. Esa distribución colocaba a muchos partidos en una posición incómoda: para afrontar el problema debían legislar contra una parte de sus propios votantes.
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