Ecoloxistes n’Aición alerta de la creciente vulnerabilidad de Oviedo/Uviéu frente a los episodios de calor extremo que afectan estos días a Asturias y reclama al Ayuntamiento medidas urgentes de renaturalización urbana para proteger la salud pública y adaptar la ciudad al cambio climático.

Los recientes datos del sistema de monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, que atribuyen varias muertes al exceso de temperatura en Asturias durante el presente mes, evidencian que el norte peninsular ya no es ajeno a los impactos del calentamiento global. Las temperaturas registradas esta semana en Oviedo/Uviéu, impropias para esta época del año, muestran además que las ciudades asturianas no están preparadas para soportar episodios prolongados de calor.

Desde Ecoloxistes n’Aición recordamos que el modelo urbano basado en el exceso de hormigón, la reducción de zonas verdes y la eliminación de arbolado agrava el efecto “isla de calor”, incrementando las temperaturas en calles y plazas y afectando especialmente a personas mayores, infancia y colectivos vulnerables.

La organización ecologista considera imprescindible que el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu impulse de manera inmediata un plan ambicioso de adaptación climática que incluya:

• Incremento del arbolado urbano y protección efectiva de los árboles maduros.
• Creación de corredores verdes y sombras naturales en calles, plazas y parques infantiles.
• Sustitución progresiva de superficies impermeables por pavimentos drenantes y zonas vegetadas.
• Renaturalización de patios escolares y espacios públicos.
• Refuerzo de fuentes públicas y refugios climáticos accesibles.
• Integración de criterios climáticos en todos los proyectos urbanísticos y de movilidad.

Ecoloxistes n’Aición señala además que numerosas actuaciones recientes en la ciudad han priorizado superficies duras y espacios mineralizados frente a soluciones basadas en la naturaleza, una tendencia incompatible con la realidad climática actual. “La adaptación climática ya no es una opción de futuro, sino una necesidad inmediata de salud pública”, señala la organización. “Cada árbol talado y cada plaza convertida en una superficie de cemento empeoran las condiciones de vida de la ciudadanía durante episodios extremos como el que estamos viviendo”. La organización reclama al Ayuntamiento un cambio de rumbo que sitúe la renaturalización urbana como eje prioritario de las políticas municipales y abra un proceso de participación social para definir una estrategia climática realista, científica y alineada con las recomendaciones europeas de adaptación urbana.

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Ecoloxistes n’Aición d’Asturies advierte de que el 28 de mayo finaliza el plazo impuesto por el propio Gobierno del Principado de Asturias para que HUNOSA presente un nuevo estudio de impacto ambiental adaptado a la Sentencia 83/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La resolución del Principado de 27 de marzo de 2026 obligaba a la empresa, ad cautelam, a rehacer la evaluación ambiental del proyecto teniendo en cuenta las deficiencias señaladas por el tribunal.

Y precisamente una de las cuestiones centrales señaladas por la sentencia fue la ausencia de una definición real y concreta sobre el destino y gestión de los residuos generados por la instalación.

El TSJ fue especialmente claro al afirmar que esa carencia no podía suplirse mediante una referencia genérica a un “gestor autorizado”, sino que debían concretarse los procedimientos, métodos y destinos efectivos de las cenizas y residuos derivados de la quema de CSR.

Sin embargo, desde entonces la situación se ha agravado aún más.

Actualmente:

• el vertedero asociado a la central se encuentra colmatado,
• la utilización de la escombrera de Lada ha sido anulada judicialmente,
• y el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente esa anulación.

Esto significa que el proyecto se enfrenta ahora a un problema estructural mucho más grave: la inexistencia de una solución real y jurídicamente viable para los residuos generados por la planta.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies advierte de que, si el nuevo estudio ambiental pretende incorporar una alternativa distinta de vertido o almacenamiento, ello implicaría necesariamente la aparición de nuevas infraestructuras y nuevos impactos que también deberían ser objeto de evaluación ambiental completa.

“Ya no estamos hablando de simples correcciones técnicas. Si aparece un nuevo vertedero o una nueva instalación asociada, estaríamos ante un nuevo escenario ambiental y territorial que no puede resolverse con una simple subsanación administrativa”.

Además, recuerda que todo ello ocurre mientras el proyecto está sometido a un doble reloj regulatorio:

• los plazos del régimen económico de renovables,
• y las condiciones asociadas al nudo de transición justa de 50 MW.

Ambos exigen que la instalación esté operativa antes de abril de 2027.

“Cada vez resulta más evidente que el Principado intenta ganar tiempo mientras los problemas estructurales del proyecto siguen creciendo. Pero el calendario no se detiene y las carencias fundamentales siguen sin resolverse”.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que el escenario actual demuestra que la sentencia del TSJ no afectaba a cuestiones menores o formales, sino a aspectos esenciales de viabilidad material y ambiental del proyecto.

Por ello, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies insiste en que no tiene sentido seguir manteniendo autorizaciones y obras mientras continúan sin resolverse cuestiones básicas como:

• la definición real del proyecto,
• el tipo de residuos que se pretenden quemar,
• dónde y cómo se gestionarán finalmente las cenizas generadas,
• y las consecuencias ambientales y para la salud derivadas de la quema de residuos y biomasa en una zona ya sometida históricamente a una elevada presión industrial y contaminante.

“Lo que está ocurriendo confirma algo que venimos denunciando desde el principio: no se puede construir una transición energética sobre proyectos ambientalmente incompletos, jurídicamente cuestionados, ambientalmente insostenibles y potencialmente nocivos para la salud”.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies advierte de que hoy, día 28 de mayo, finaliza el plazo impuesto por el propio Gobierno del Principado de Asturias para que HUNOSA presente un nuevo estudio de impacto ambiental adaptado a la Sentencia 83/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La resolución del Principado de 27 de marzo de 2026 obligaba a la empresa, “ad cautelam”, a rehacer la evaluación ambiental del proyecto teniendo en cuenta las deficiencias señaladas por el tribunal.

Y precisamente una de las cuestiones centrales señaladas por la sentencia fue la ausencia de una definición real y concreta sobre el destino y gestión de los residuos generados por la instalación.

El TSJ fue especialmente claro al afirmar que esa carencia no podía suplirse mediante una referencia genérica a un “gestor autorizado”, sino que debían concretarse los procedimientos, métodos y destinos efectivos de las cenizas y residuos derivados de la quema de CSR.

Sin embargo, desde entonces la situación se ha agravado aún más.

Actualmente:

• el vertedero asociado a la central se encuentra colmatado,
• la utilización de la escombrera de Lada ha sido anulada judicialmente,
• y el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente esa anulación.

Esto significa que el proyecto se enfrenta ahora a un problema estructural mucho más grave: la inexistencia de una solución real y jurídicamente viable para los residuos generados por la planta.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies advierte de que, si el nuevo estudio ambiental pretende incorporar una alternativa distinta de vertido o almacenamiento, ello implicaría necesariamente la aparición de nuevas infraestructuras y nuevos impactos que también deberían ser objeto de evaluación ambiental completa.

“Ya no estamos hablando de simples correcciones técnicas. Si aparece un nuevo vertedero o una nueva instalación asociada, estaríamos ante un nuevo escenario ambiental y territorial que no puede resolverse con una simple subsanación administrativa”.

Además, recuerda que todo ello ocurre mientras el proyecto está sometido a un doble reloj regulatorio:

• los plazos del régimen económico de renovables,
• y las condiciones asociadas al nudo de transición justa de 50 MW.

Ambos exigen que la instalación esté operativa antes de abril de 2027.

“Cada vez resulta más evidente que el Principado intenta ganar tiempo mientras los problemas estructurales del proyecto siguen creciendo. Pero el calendario no se detiene y las carencias fundamentales siguen sin resolverse”.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que el escenario actual demuestra que la sentencia del TSJ no afectaba a cuestiones menores o formales, sino a aspectos esenciales de viabilidad material y ambiental del proyecto.

Por ello, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies insiste en que no tiene sentido seguir manteniendo autorizaciones y obras mientras continúan sin resolverse cuestiones básicas como:

• la definición real del proyecto,
• el tipo de residuos que se pretenden quemar,
• dónde y cómo se gestionarán finalmente las cenizas generadas,
• y las consecuencias ambientales y para la salud derivadas de la quema de residuos y biomasa en una zona ya sometida históricamente a una elevada presión industrial y contaminante.

“Lo que está ocurriendo confirma algo que venimos denunciando desde el principio: no se puede construir una transición energética sobre proyectos ambientalmente incompletos, jurídicamente cuestionados, ambientalmente insostenibles y potencialmente nocivos para la salud”.

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• La organización ecologista presenta alegaciones al informe sexenal del lobo.
• En ellas denuncia los intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las matanzas de lobos.
• Las comunidades autónomas mencionadas pretenden subordinar un informe científico a intereses políticos, alterando y desnaturalizando la información científica disponible.

Los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica suficiente” y buscan “construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo. Como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Ecologistas en Acción considera especialmente grave a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

Resulta significativo el caso aportado por el “Programa de actuaciones de control del lobo en Asturias 2025-2026”. Según la memoria entre 2017 y 2024 fueron radiomarcados 30 ejemplares con dispositivos GPS, pudiéndose confirmar la muerte de 8 ejemplares durante el periodo de seguimiento (2 por lazos, 2 por envenenamiento, 2 por disparos, 1 por atropello y 1 conflicto con perros ). Teniendo en cuenta que el seguimiento fue por un periodo relativamente corto, se puede concluir una mortalidad muy alta, próxima al 40% anual. Siendo que el 75%de las muertes documentadas fueron debidas a actividades ilegales , podemos concluir que la mortalidad derivada de actividades ilícitas supone una presión demográfica de primer orden para la especie, algo que está infravalorado en los registros oficiales.

De igual forma, las administraciones mencionadas invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESRPE, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos. En Asturias se han registrado 31 ejemplares muertos por controles poblacionales, además de 13 muertes adicionales por otras causas, dentro de un cupo autorizado de 53 ejemplares para la temporada 2025-2026.

“La ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, afirma Theo Oberhuber, coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción.

Entre las alegaciones presentadas, la organización destaca la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales de gran intensidad además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético. En Asturias se vieron afectadas por los incendios 1900 km² del área de distribución de la especie, a pesar de lo cual la Consejería de Medio Rural contabiliza 50 manadas de lobos en 2025, cinco más que en el último censo.

La situación del lobo en España dista mucho de poder considerarse favorable. La desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie sigue siendo inexistente.

La organización también cuestiona la presión política y legislativa por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con intereses concretos, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo, recordando que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del LESRPE han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción subraya que numerosos estudios científicos internacionales alertan de que las políticas de control letal, como los autorizados por Cantabria, Asturias y La Rioja, pueden generar efectos negativos sobre la estructura social y la viabilidad genética de las poblaciones de grandes carnívoros. La recuperación del lobo no puede evaluarse únicamente contando manadas. La normativa europea exige analizar también la conectividad genética, la viabilidad a largo plazo, la expansión territorial y las amenazas futuras.

La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto dichos informes no pueden quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, como pretenden las comunidades autónomas.

Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada. Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie.

La organización ecologista exige que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos.

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Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que la caída de un árbol en la plaza de la Jirafa debe servir para reflexionar sobre el modelo urbanístico y de gestión de zonas verdes que se está imponiendo en Oviedo/Uviéu, caracterizado por la progresiva sustitución de espacios naturales por superficies duras y hormigonadas.

Caída de un árbol en la plaza de la Jirafa (Oviedo/Uviéu).

Para el colectivo ecologista, este tipo de sucesos no pueden entenderse como hechos aislados, sino como una consecuencia de una política continuada de eliminación de zonas verdes, talas de arbolado y podas agresivas que debilitan los árboles y deterioran el ecosistema urbano.

La organización recuerda que la pérdida de vegetación en la ciudad tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de la población, favoreciendo el efecto isla de calor, reduciendo la capacidad de absorción del agua de lluvia y empeorando las condiciones ambientales en un contexto de creciente impacto del cambio climático. Además, advierte de que estas actuaciones también afectan gravemente a la biodiversidad urbana y a las especies que habitan la ciudad, incluidos los propios árboles.

Ecoloxistes n’Aición denuncia también las deficientes condiciones en las que se encuentra gran parte del arbolado urbano. En muchos casos, los alcorques son excesivamente reducidos, limitando el desarrollo de las raíces y el acceso al agua y los nutrientes. A ello se suma el recubrimiento reciente de numerosos alcorques con materiales que dificultan la adecuada irrigación y permeabilidad del suelo, agravando todavía más la situación de los árboles en un contexto de temperaturas cada vez más elevadas.

La organización señala además la desaparición progresiva de espacios verdes consolidados y actuaciones recientes o proyectadas como la transformación de la plaza Longoria Carbajal, las podas masivas del arbolado urbano o las propuestas para eliminar árboles en El Campillín y el Paseo de los Álamos con el objetivo de construir aparcamientos subterráneos y nuevas plazas duras.

Asimismo, el colectivo critica la negativa del gobierno local a construir el Parque del Este de Oviedo/Uviéu que reclaman los vecinos, así como el proyecto de hormigonar parte de la ladera del Naranco para cubrir la autovía de la Ronda Norte, una actuación que considera incompatible con cualquier política seria de sostenibilidad y adaptación climática.

Desde Ecoloxistes n’Aición reclaman que el Ayuntamiento tome ejemplo de otras ciudades europeas en las que se favorece el crecimiento natural del arbolado urbano, se amplían las superficies verdes y se permite el desarrollo de arbustos y vegetación herbácea en múltiples espacios de la ciudad como herramienta para mejorar la biodiversidad, reducir temperaturas y hacer los entornos urbanos más habitables.

“La ciudad necesita exactamente lo contrario de lo que se está haciendo: más árboles, más sombra, más biodiversidad y más espacios verdes”, señalan desde la organización ecologista, que reclama una política urbana orientada a la renaturalización de Oviedo/Uviéu y a la protección efectiva del arbolado urbano.

Ecoloxistes n’Aición insiste en que las ciudades del futuro deben prepararse para afrontar las consecuencias del cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza y no profundizando en un modelo urbano cada vez más gris, impermeable y hostil desde el punto de vista ambiental.

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“Seguimos defendiendo una ecotasa autonómica, pero mientras tanto animamos a los ayuntamientos a adoptar esta e invertir en transporte público lo recaudado”.

No es la ecotasa que defendíamos para compensar los efectos negativos de la actividad turística, pero frente a las previsibles críticas de la patronal vamos a defender la medida, aunque nos parezca muy poco ambiciosa para una comunidad que desde la pandemia está recibiendo casi tres millones de turistas.

Ante una tasa que se presenta como municipal y voluntaria, Ecoloxistes n’Aición anima a los ayuntamientos asturianos a aplicarla y les insta a que los ingresos recaudados se destinen prioritariamente a la mejora del transporte público, manifiestamente mejorable, sobre todo en las zonas menos pobladas, contribuyendo así a desincentivar el uso del vehículo privado en nuestra comunidad. Usar lo recaudado para seguir promocionando la masificación turística nos parecería una tomadura de pelo, sobre todo cuando existen grandes déficits en la movilidad sostenible.

Mejorar el transporte público no solo reduce la contaminación y facilita la vida de las personas, liberándoles de tiempo, trabajo y gastos asociados al coche, sino que también libera a los pueblos y ciudades de reservar grandes espacios de aparcamiento, y supone también un ahorro para las administraciones públicas, al reducirse el desgaste de carreteras y autovías.

Recordamos que el transporte por carretera genera más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, por lo que resulta imprescindible impulsar medidas que favorezcan una movilidad más sostenible y reduzcan así la contaminación asociada a los desplazamientos. Asturies es una comunidad que presenta todavía una altísima dependencia del coche, no solo en las zonas rurales, sino también en el área metropolitana.

La organización ecologista no renuncia a seguir reclamando una tasa turística autonómica y obligatoria que permita una mejor redistribución de los recursos públicos generados por la actividad turística y que contribuya así a compensar sus impactos ambientales y sociales.

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Ecoloxistes n’Aición solicita al alcalde de Oviedo/Uviéu, Alfredo Canteli, y al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, que permitan a los equipos arqueológicos trabajar “con total libertad, independencia y rigor científico” en las excavaciones que se están desarrollando en el recinto de La Vega, donde se investiga la posible localización del palacio de Alfonso II.

La organización ecologista considera “fundamental” que el Ayuntamiento espere a la conclusión de los trabajos arqueológicos antes de realizar o continuar con el concurso de ideas para el futuro del ámbito. A su juicio, anticipar este proceso podría condicionar los resultados de la investigación y comprometer la adecuada protección y puesta en valor del patrimonio histórico.

Ecoloxistes n’Aición advierte de que cualquier planificación urbanística debe sustentarse en evidencias científicas sólidas y en el conocimiento completo de los hallazgos, evitando decisiones precipitadas que puedan limitar las opciones de conservación del yacimiento.

Asimismo, la entidad ha calificado como “una tomadura de pelo” la exclusión de arquitectos e ingenieros asturianos en un proyecto público de estas características. En este sentido, ha mostrado su apoyo a las críticas formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que ha cuestionado los criterios establecidos para el desarrollo del concurso.

Por último, Ecoloxistes n’Aición insiste en la necesidad de abordar el futuro de La Vega con la máxima transparencia, rigor técnico y respeto al patrimonio, garantizando que las decisiones respondan al interés general y a la conservación de la memoria histórica de la ciudad.

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Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera mucho más sostenible desde el punto de vista ecológico y mucho más racional en términos económicos recuperar el plan para eliminar tráfico del Muro de Xixón que optar por su soterramiento, una actuación cuyo coste superaría los 130 millones de euros. “Un presupuesto que no sabemos si ha tenido en cuenta los efectos que el cambio climático va a tener en el litoral cantábrico en la próxima década”.

La organización ecologista señala que la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Xixón busca fundamentalmente «embellecer» el entorno, pero no afrontar el verdadero problema: la excesiva presencia del tráfico rodado en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Para Ecoloxistes n’Aición, el objetivo de un urbanismo moderno y avanzado no debe limitarse a mejorar la calidad estética y funcional del espacio público “por importante que esta sea”. También debe contribuir a desincentivar el uso del vehículo privado y fomentar alternativas de movilidad más sostenibles, como el transporte público, los desplazamientos a pie y el uso de la bicicleta. “Eliminar carriles en el Muro no solo mejoraría la calidad del espacio público, sino que también reduciría el consumo de energía, y todo por menos dinero y sin necesidad de obras que durarán varios años”.

Ecoloxistes pide al gobierno local que mire a otras ciudades que están apostando por la peatonalización como medio más barato y eficaz de ganar espacio público y fomentar la movilidad sostenible.

En este sentido, la construcción de un aparcamiento subterráneo, tal y como se plantea, “supondría un efecto contrario al deseado, al incentivar aún más el acceso y la movilidad en coche privado hacia la zona”.

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Ecoloxistes n’Aición expresa su solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de mina Miura ante la grave situación que atraviesan como consecuencia del impago de sus salarios y de la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Resulta inaceptable que, una vez más, sean los mineros quienes soporten las consecuencias de una gestión empresarial fallida y de unas decisiones políticas que han generado falsas expectativas en el suroccidente asturiano. Exigimos el pago inmediato de todos los salarios atrasados y la adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales de la plantilla.

Asimismo, reclamamos la depuración de responsabilidades políticas por parte de Enrique Fernández y de Nieves Roqueñí, cuya gestión ha contribuido a prolongar artificialmente una actividad minera sin bases sólidas, alimentando expectativas que finalmente se han revelado como una auténtica estafa para la comarca y para sus trabajadores. Es una broma de mal gusto que sigan al frente de HUNOSA y El Musel dos personas que han dado claras muestras de incompetencia. No deberían seguir ni un día más en sus cargos.

Como llevamos diciendo desde hace dos décadas, el tiempo y el dinero que invertimos en apoyar la continuidad de energías sin futuro, es tiempo y dinero que restamos de invertir en proyectos económicos de futuro.

¿Puede confiarse únicamente al sector privado ese desarrollo de proyectos de futuro? El ejemplo de la reconversión de las cuencas mineras centrales muestra los límites de un modelo casi exclusivamente basado en la subvención pública a los agentes económicos privados. La reactivación económica del suroccidente asturiano no puede volver a dejarse exclusivamente en manos de iniciativas privadas. Es imprescindible una implicación decidida de la empresa pública y de las administraciones para impulsar un modelo de desarrollo justo, sostenible y capaz de generar empleo estable y de calidad.

Ecoloxistes n’Aición reitera su compromiso con una transición ecológica y socialmente justa, que no abandone a los trabajadores ni a los territorios que durante décadas sostuvieron con su esfuerzo el desarrollo industrial de Asturias.

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La sentencia del TSJA es clara: falta cobertura legal para el Programa de Control del lobo 2025-2026. Con ello resuelve a favor del recurso presentado por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y Fondo Lobo y confirma la ilegalidad de las matanzas perpetradas por el Gobierno de Barbón. 

El TSJA considera que el programa recurrido se apoyaba en el II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, aprobado en 2015. Este plan quedó anulado cuando en 2021 se incluyeron todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Según la Sala, la posterior reforma legal de 2025, que excluye al lobo al norte del Duero de esa protección reforzada, no reactiva automáticamente normas autonómicas previamente derogadas, por lo que el Principado carecía de base jurídica para autorizar controles letales.

Dicho programa tenía previsto eliminar 53 ejemplares de lobo ibérico del territorio de Asturias, de los que ya se han matado cerca de 45 sin una base legal válida. Esto se podría haber evitado si el TSJA hubiera resuelto adoptar  las medidas cautelares de paralización del Programa de control que solicitamos a la espera de la sentencia del Supremo. Con la sentencia del TS se suspendieron las batidas, a la espera de hacer las adaptaciones legislativas para tener una base legal válida.

En febrero de este año, el Tribunal Supremo (TS) anuló la orden de la Consejería de Medio Rural asturiana por la que establece un cupo anual de ejemplares que pueden ser cazados. El Alto Tribunal en otra sentencia dictada en la misma fecha en relación a los controles de  Cantabria, permite la caza del Canis lupus signatus al norte del Duero “fijando un criterio restrictivo en la aplicación de las excepciones” y sólo como última solución para “evitar graves daños al ganado”, “por lo que debe ir precedida de un examen de las medidas alternativas que razonablemente pueden adoptar las explotaciones ganaderas para impedir los ataques del lobo”.  Por último, añade que “la extracción o muerte de ejemplares debe ser selectiva, por lo que no es posible permitir que se aplique de forma indiscriminada a un determinado número de individuos sin otra concreción”, al considerar que la muerte de determinados ejemplares de la manada puede ser particularmente perjudicial.

La conservación del lobo ibérico es esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Está demostrado que la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva es posible cuando se establecen las medidas preventivas necesarias para ello. El Principado no  ha facilitado hasta ahora las herramientas y los medios para que sea viable la coexistencia. Esto vulnera la normativa ambiental que obliga a garantizar la protección del ganado en explotaciones ganaderas, tanto desde el punto de vista del bienestar animal como de la gestión agraria, al tiempo que fomenta las matanzas en una especie cuyo estado de conservación es desfavorable.

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