La veda parcial acordada por el Gobierno asturiano es una medida positiva, pero manifiestamente insuficiente; de hecho, las declaraciones del consejero denotan una orientación de las actuaciones en torno al salmón y la situación de los ríos muy negativa en varios aspectos.

Es positivo que se restrinja la pesca del salmón, aunque la prohibición debería ser total, de forma que se excluya también la pesca del campanu y de individuos para desove y repoblación; el colectivo investigador especializado en este campo viene manifestando repetidamente que las campañas de repoblación que se desarrollan año tras año son contraproducentes, y de hecho no se aprecia que hayan dado lugar a ningún aumento o recuperación de la población.

Las afirmaciones del consejero referentes a que toma decisiones con fundamento en criterios científicos no se sostienen en la realidad: la comunidad científica viene manifestándose en sentido contrario a sus manifestaciones y resoluciones. Nunca ha hecho públicos informes que justifiquen las medidas que viene aprobando. Si realmente dispone de algún informe científico, elaborado por personal científico independiente, sin conflictos de intereses, debería hacerlo público para dar lugar a un debate fundamentado en datos y análisis con metodología científica con quienes sostienen posturas diferentes.

La defensa de que el salmón no se incluya en el Lespre es una decisión política contraria a la naturaleza del catálogo de especies en peligro y a la evidencia científica de cuál es el estado de la especie, reflejado en el informe presentado por Saxífraga, la sociedad que instó la inclusión en el catálogo.

La protección del salmón debe pasar, además de por su inclusión en el Lespre y por la consiguiente prohibición de su pesca, por toda una serie de medidas orientadas a la recuperación del medio natural: eliminación de obstáculos a su circulación por los ríos (azudes y presas en desuso; implementación de escalas practicables en las presas que sigan en uso); mantenimiento y recuperación de los bosques de ribera (acabando con la práctica ya muy frecuente últimamente de eliminar la vegetación de la ribera con motivo de cualquier actuación en la proximidad de los ríos, y a veces incluso sin ninguna otra razón aparente), que son hábitats protegidos y de especial valor; eliminación de los vertidos a los ríos, con persecución de quienes sigan realizándolos; limpieza de los cauces, referida a lo que realmente es suciedad (plásticos y otros residuos humanos), no a la de restos vegetales que ayudan a reducir la velocidad del agua y crean espacios de refugio para numerosas especies; eliminación de especies invasivas; recuperación de las áreas inundables, eliminando construcciones o infraestructuras ilegales; y la regulación de las actividades recreativas asociadas a los cauces fluviales, para no sobrepasar su «capacidad de carga», en particular en cuanto a la navegación con piraguas, canoas, etc. Y, en un marco mucho más amplio, medidas para limitar y adaptarse al calentamiento global.

Resultaría de especial interés que nuestra Comunidad Autónoma participara en los proyectos de investigación y en el diseño e implementación de programas y medidas para la protección y recuperación del salmón atlántico que se estén llevando a cabo en otros territorios que también son hábitat de esta especie.

En cuanto a las declaraciones del consejero sobre el control de supuestos depredadores, mencionando a cormoranes, lubinas y nutrias, debe recordarse que la matanza de cormoranes que viene realizándose desde hace años no tiene ninguna justificación científica y no hay ninguna evidencia de que la importante reducción de ejemplares de esa especie haya dado lugar a mejora alguna en la situación del salmón, ni expectativa real de que pueda tenerla. Otro tanto cabe decir de la lubina, la nutria o cualquier otra especie animal que habita los ríos. Sería especialmente lamentable que después del éxito que ha supuesto la recuperación de la nutria en las últimas décadas gracias a la reducción de la contaminación de algunos ríos ahora se piense en eliminarlas en razón de una medida populista sin perspectiva alguna de que pueda tener cualquier tipo de repercusión favorable para la recuperación del salmón. En cualquier caso, la matanza de animales supone una actuación éticamente inaceptable y que pone en cuestión la escala moral de quien la propone y la autoriza, máxime cuando se hace por razones puramente populistas, sin justificación objetiva defendible.

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Cuando se cumplen tres años de la entrada en funcionamiento de la regasificadora de El Musel, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que existe ya una perspectiva suficiente para evaluar si la infraestructura ha cumplido el objetivo excepcional con el que fue autorizada tras la invasión rusa de Ucrania.

La puesta en marcha de la planta fue presentada por el Gobierno como una medida estratégica para reforzar la seguridad energética de Europa y facilitar el suministro de gas al resto de Estados miembros. Esa justificación permitió activar una instalación que permanecía inactiva desde su construcción y reconocerle un régimen económico singular, cuyos costes continúan siendo soportados por el conjunto del sistema gasista y, en última instancia, por todos los consumidores.

Sin embargo, tres años después, los datos acumulados de explotación muestran una realidad muy distinta.

Desde su entrada en servicio han descargado en El Musel 39 buques metaneros, incluida la carga inicial, con un volumen total de 6.110.815 m³ de gas natural licuado (GNL).

Balance de los tres primero años de funcionamiento de la regasificadora de El Musel (julio 2023 a julio de 2026)

De ese volumen:

• 4.974.106 m³ (81,4 %) fueron regasificados e inyectados directamente en la red gasista española.
• 291.668 m³ (4,8 %) se distribuyeron mediante cisternas.
• 451.231 m³ (7,4 %) fueron cargados nuevamente en buques.
• El resto, del orden del 6 %, permanece actualmente almacenado tras la reciente descarga del metanero Castillo de Caldelas, manteniendo la planta en un nivel de existencias próximo a su capacidad máxima de operación.

Destino del GNL descargado en El Musel (julio de 2023 a julio de 2026)

Es decir, más de cuatro quintas partes del gas descargado terminaron abasteciendo el mercado gasista español, mientras que la actividad de recarga de buques ha sido meramente testimonial.

Las cifras de carga de buques son igualmente reveladoras.

En tres años únicamente se realizaron siete operaciones de carga. Sin embargo, dos de ellas no constituyeron operaciones comerciales de suministro, sino la carga de pequeñas cantidades de GNL destinadas exclusivamente a la puesta en frío de los metaneros, una maniobra técnica necesaria para acondicionar los tanques del buque antes de recibir el cargamento.

Descontadas estas dos operaciones técnicas, el volumen realmente cargado equivale aproximadamente a tres metaneros completos.

Además, solo uno de esos cargamentos tuvo como destino otro Estado miembro de la Unión Europea, Croacia.

El resto fueron cargas parciales: dos con destino a Argentina y Egipto y otras dos que, tras completarse en la República del Congo, terminaron siendo descargadas en las terminales españolas de Huelva y Cartagena. En consecuencia, tampoco pueden considerarse operaciones destinadas a reforzar el suministro energético del resto de Europa.

Para Ecoloxistes n’Aición, estos datos evidencian que la solidaridad energética europea utilizada para justificar la puesta en marcha de El Musel apenas se ha materializado en la práctica.

Paradójicamente, la mayor parte del gas descargado ha terminado siendo regasificado alegando la necesidad de controlar el denominado boil-off gas (BOG), el gas que se evapora de forma natural durante el almacenamiento del GNL.

Precisamente por ello resulta imprescindible conocer si se han ejecutado las inversiones comprometidas para reducir ese fenómeno, cuándo entraron en funcionamiento, cuál ha sido su eficacia real y qué comprobaciones han realizado el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el cumplimiento de esa condición.

La organización ecologista recuerda que la autorización de la planta y el reconocimiento de un régimen económico singular respondían a una situación extraordinaria derivada de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Tres años después, resulta obligado evaluar si esa justificación sigue siendo válida a la vista de los resultados obtenidos y del servicio efectivamente prestado.

Por ello, Ecoloxistes n’Aición considera imprescindible que se haga público el balance económico completo de estos tres años, detallando:

• El importe total de los costes regulados reconocidos a la planta.
• Los servicios efectivamente prestados al sistema gasista.
• El grado de cumplimiento de todas las condiciones técnicas impuestas para su autorización, especialmente las relativas a la reducción del boil-off gas.
• Y la evaluación de si siguen concurriendo las circunstancias excepcionales que justificaron el régimen económico singular concedido a la instalación.

Tres años después de la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, existe ya una perspectiva suficiente para evaluar si la infraestructura ha cumplido la finalidad excepcional con la que fue activada. Los datos de explotación muestran que esa finalidad —contribuir al suministro energético del resto de Europa tras la invasión rusa de Ucrania— apenas se ha materializado, mientras la instalación continúa funcionando bajo un régimen económico singular cuyos costes siguen siendo asumidos por el conjunto de los consumidores. Este balance resulta especialmente pertinente al cumplirse el tercer aniversario de una decisión que fue presentada como una respuesta excepcional a una crisis energética también excepcional.

Por todo ello, Ecoloxistes n’Aición solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hagan público el balance económico y operativo de estos tres años, revisen la continuidad del régimen económico excepcional concedido a la planta y acrediten el cumplimiento de todas las condiciones técnicas impuestas para su puesta en funcionamiento, en particular las relativas a la reducción del boil-off gas.

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La organización reclama una planificación más rigurosa, mayor protección del territorio rural y la incorporación de criterios de seguridad y protección civil.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies ha presentado alegaciones al Avance de las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías (BESS) en suelo no urbanizable promovidas por el Gobierno del Principado.

La organización considera que la aprobación de unas directrices específicas supone un avance respecto a la situación vivida durante los últimos años, marcada por la presentación de numerosos proyectos impulsados principalmente en función de la disponibilidad de puntos de conexión a la red eléctrica y por la ausencia de una planificación territorial previa.

Ecoloxistes n’Aición recuerda que los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías son una infraestructura necesaria para facilitar la integración de energías renovables y avanzar en la descarbonización del sistema energético. Por ello, las alegaciones presentadas no cuestionan la necesidad de estas instalaciones, sino que pretenden mejorar los criterios para su implantación y reducir los conflictos sociales y territoriales que han acompañado muchos de los proyectos conocidos hasta la fecha.

La organización considera positivo que las Directrices introduzcan criterios de planificación y prioricen la utilización de espacios ya transformados, industriales o degradados. Sin embargo, considera que existe margen para fortalecer el documento en cuestiones clave como la protección del suelo rural, el análisis de alternativas, la evaluación de impactos acumulativos y la adecuada consideración de los riesgos asociados a este tipo de instalaciones.

Entre las propuestas presentadas destaca la necesidad de reforzar la protección del Suelo No Urbanizable de Interés, una categoría que previsiblemente concentrará buena parte de los futuros proyectos, incorporando criterios más precisos relacionados con el paisaje, la actividad agraria, los corredores ecológicos y la proximidad a núcleos rurales.

Asimismo, Ecoloxistes n’Aición reclama que las Directrices incorporen de forma expresa criterios de protección civil y gestión de emergencias. En este sentido, la organización plantea que la aptitud de un emplazamiento no debe valorarse únicamente desde el punto de vista urbanístico o ambiental, sino también teniendo en cuenta factores como la accesibilidad para los servicios de emergencia, la disponibilidad de recursos hídricos para la extinción de incendios, la existencia de receptores sensibles en el entorno o la capacidad real de respuesta ante situaciones accidentales.

Las alegaciones se apoyan en documentación técnica internacional y en las recomendaciones elaboradas por organismos especializados en seguridad y emergencias, que ponen de manifiesto la importancia de integrar la gestión de riesgos en la planificación territorial de este tipo de instalaciones.

La organización también solicita que se desarrollen metodologías específicas para evaluar los efectos acumulativos derivados de la concentración de baterías, subestaciones eléctricas, líneas de evacuación y otras infraestructuras energéticas sobre determinados territorios.

Para Ecoloxistes n’Aición, el conflicto social generado en torno a los proyectos de almacenamiento energético no deriva de la existencia de las baterías, sino de la ausencia de una planificación previa suficientemente desarrollada y de criterios homogéneos de localización.

Por ello considera que las Directrices representan una oportunidad para ordenar el despliegue de estas infraestructuras, reforzar la seguridad jurídica, mejorar la protección ambiental y aumentar la confianza de la ciudadanía en los procesos de transición energética.

“La transición energética necesita baterías, pero también necesita planificación, transparencia y garantías para las poblaciones afectadas. El objetivo debe ser decidir dónde resulta razonable implantarlas, no simplemente dónde resulta posible conectarlas”, concluye la organización.

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En Asturias queremos producir cosas útiles y de las que nos sintamos orgullosos como sociedad.

El rearme europeo no es una política neutra ni defensiva, forma parte de una dinámica de escalada geopolítica, de militarización del gasto público y de disputa internacional por recursos, mercados y esferas de influencia frente a otras potencias. Cuando el Estado asigna miles de millones de euros hacia la producción militar está tomando una decisión política sobre el destino del dinero de toda la ciudadanía. Cada euro comprometido con la industria militar deja de estar disponible para reforzar servicios públicos o desarrollar otro tipo de actividades económicas que también generan empleo, pero que además resultan útiles a la sociedad.

La seguridad real de nuestra tierra no vendrá de fabricar más armamento, sino de garantizar trabajo digno, estable y socialmente útil, de reforzar la autonomía productiva, de reducir dependencias, y de construir una base industrial capaz de responder a necesidades humanas y ecológicas del presente y del futuro.

Asturias tiene capacidad industrial, tecnológica y humana suficiente para ser referencia en una transición justa: energías renovables, electrificación de procesos, reparación, reciclaje y reutilización de materiales, industria civil avanzada, transporte colectivo, rehabilitación energética, producción de alimentos de cercanía, industria cultural y servicios públicos de calidad.

Tampoco podemos hablar de industria de defensa como si fuera un sector cualquiera, desligado de sus consecuencias. La industria militar alimenta guerras que generan un enorme coste humano, social y ambiental, y cuyas secuelas condicionan durante años la vida de las poblaciones afectadas. Declarar de utilidad pública una fábrica de armas resulta de una inquietante amoralidad y cinismo en un mundo en el que 63 millones de personas perdieron la vida en 2025 en guerras y conflictos armados.

Además, si hablamos de empleo, conviene hacerlo con rigor. La industria militar, altamente automatizada, no destaca precisamente por su capacidad de generar trabajo en relación con el volumen de inversión pública que absorbe. Sectores civiles como la educación, la sanidad, el medio ambiente, las infraestructuras, la ciencia y cultura o la energía limpia crean más empleo, son más difíciles de robotizar y aportan un retorno social mayor. Pero es que además reforzar estos sectores identifica a sus trabajadores con objetivos políticos deseables, como la igualdad, la calidad de vida y la lucha contra el cambio climático, mientras que apostar por las armas genera una inquietante identificación entre guerra, belicismo y puestos de empleo. La extrema derecha ya puede frotarse las manos en una Asturias en la que la guerra, el rearme y el intervencionismo sean vistos como una oportunidad laboral.

Invitamos a una reflexión a los dirigentes de los partidos y sindicatos que claman en sus discursos por la paz, pero que al mismo tiempo están apostando por la especialización de nuestra comunidad en un sector cuya bonanza depende de que vivamos en un mundo más inseguro. Nuestra comunidad no debería repetir el error que cometió con el carbón a principios del siglo XXI, aferrándose a una fuente de energía que iba a quedar obsoleta, sino anticiparse al mañana. Apostar por sectores económicos de futuro, de los que nos sintamos orgullosos, y no por industrias que necesariamente deberán decrecer en un planeta más seguro y con un orden internacional basado en reglas. Asturias merece una política industrial ambiciosa, pero también una política industrial para la paz, para la sostenibilidad y para la vida.

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