La inseguridad se ha convertido en el tema central del balotaje presidencial peruano, que enfrentará el próximo domingo a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. Con más de 2.000 homicidios registrados en 2025 y un aumento del 30% en las extorsiones, la criminalidad domina la agenda de ambos candidatos, según informes de la prensa internacional.

Perú arrastra desde 2019 un incremento sostenido de robos, extorsiones y homicidios, alimentado por la inestabilidad política que ha dejado un vacío ocupado por el crimen organizado. El Congreso peruano ha aprobado leyes que, según ciudadanos y analistas, favorecen a las bandas criminales.

Un país en vilo ante la violencia

La tasa de homicidios supera ya los 2.000 casos anuales, una cifra que sitúa a Perú entre los países más violentos de la región. Las extorsiones, especialmente dirigidas a pequeños comerciantes y transportistas, han crecido un 30% en el último año, según datos oficiales. La Policía Nacional del Perú ha reconocido que la capacidad de respuesta es insuficiente.

La inseguridad es la preocupación principal de los peruanos de cara al balotaje.

Fujimori propone mano dura, con aumento de penas y despliegue militar en las calles. Sánchez apuesta por una reforma integral de la policía y programas sociales para atacar las raíces del delito. Ambos coinciden en que la lucha contra el crimen organizado será prioritaria.

El próximo presidente recibirá un país con una crisis de seguridad sin precedentes, agravada por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La comunidad internacional, incluyendo España, sigue de cerca el proceso: en Perú residen más de 100.000 españoles y empresas como Telefónica, Repsol o BBVA tienen importantes inversiones.

La Fiscalía de Perú mantiene investigaciones judiciales abiertas contra los dos candidatos que se disputan la presidencia del país, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de una campaña electoral marcada por la polarización. Ambos se enfrentaron este martes en un debate televisado desde Lima, a menos de una semana de la segunda vuelta del 7 de junio de 2026.

Durante el cara a cara, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos intercambiaron acusaciones personales y se produjeron insultos mutuos, según constataron los medios locales. Sin embargo, el encuentro también sirvió para exponer las diferencias programáticas entre una candidata que representa a la derecha tradicional, Fujimori, y un líder de la izquierda, Sánchez, que promete un giro estatista.

Las sombras judiciales de la campaña

La Fiscalía peruana investiga a Fujimori por presunto lavado de activos y financiación ilegal de su partido, Fuerza Popular, en el marco del caso Odebrecht. Sánchez, por su parte, está siendo investigado por presunta corrupción en la gestión de obras públicas cuando fue gobernador regional de Junín. Estos procesos han alimentado la tensión durante la contienda.

Implicaciones para las inversiones españolas

El resultado electoral tiene especial relevancia para España, según fuentes diplomáticas consultadas. Perú alberga inversiones españolas por valor de más de 5.000 millones de euros en sectores como telecomunicaciones (Telefónica), banca (BBVA) y energía (Repsol, Iberdrola). Un triunfo de Fujimori, de perfil promercado, daría continuidad a las políticas de apertura económica. Una victoria de Sánchez, en cambio, podría suponer un viraje hacia un modelo más intervencionista y afectar a las condiciones de estas inversiones.

El debate del 2 de junio no logró despejar las dudas sobre el programa de gobierno de los candidatos, pero sí evidenció la profunda división del electorado peruano. La segunda vuelta del 7 de junio se perfila como una de las más reñidas de la historia reciente del país.

Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizaron un debate televisado el pasado 1 de junio organizado por la Junta Nacional Electoral (JNE), a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. El cara a cara, de tono bronco, se centró en migración, seguridad y corrupción, con ataques mutuos que evidenciaron la profunda división política del país.

El debate, clave para los intereses españoles en Perú —donde empresas de telecomunicaciones, minería y energía mantienen inversiones significativas—, no dejó espacio para la tregua. Cuando los moderadores pidieron a ambos candidatos que mencionaran algo positivo de su oponente, el silencio se prolongó varios segundos en el plató, según constató la organización del evento.

Choque de modelos para la política exterior

Fujimori, líder de la derecha, defendió una línea dura contra la inmigración irregular y prometió mano firme contra la delincuencia, mientras que Sánchez, abanderado de la izquierda, abogó por políticas sociales y un mayor control estatal. Ambos evitaron pronunciarse en detalle sobre la relación con España y la Unión Europea, aunque la comunidad peruana en España —cerca de 250.000 personas— sigue de cerca el resultado.

La segunda vuelta, prevista para junio de 2026, definirá no solo el rumbo interno de Perú, sino también el futuro de los acuerdos comerciales con la UE y la protección de las inversiones españolas. Según fuentes de la JNE, el debate alcanzó una audiencia estimada de ocho millones de espectadores, aunque los datos definitivos se conocerán en los próximos días.

Cuando los moderadores pidieron a los aspirantes a la Presidencia que mencionaran algo positivo de su contrincante, ambos permanecieron en silencio.

El ambiente de confrontación refleja la polarización que vive el país andino, sumido en una crisis de representación tras años de inestabilidad gubernamental. Los analistas locales subrayan que el silencio durante el gesto de cortesía fue interpretado como un símbolo de la falta de diálogo que caracteriza la campaña.

La candidata de derecha Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) protagonizaron este lunes el debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio, según informaron fuentes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. El cara a cara, que duró cerca de dos horas, abordó temas como la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y la política exterior, en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y China, dos de los principales socios comerciales del país andino.

En el bloque económico, Fujimori propuso un plan de choque para atraer inversiones privadas y flexibilizar el mercado laboral, mientras que Sánchez defendió un mayor rol del Estado en sectores estratégicos como la minería y la educación. Ambos candidatos coincidieron en la necesidad de combatir la inseguridad ciudadana, aunque difirieron en los métodos: la derechista apostó por el endurecimiento de penas, y el izquierdista por una reforma policial integral.

La política exterior como eje divergente

En política exterior, Fujimori se inclinó por estrechar lazos con Estados Unidos y mantener una postura crítica frente a regímenes autoritarios, mientras que Sánchez abogó por una diplomacia independiente que equilibre las relaciones con Washington y Pekín. Perú deberá definir su orientación diplomática en medio de la creciente competencia entre las dos potencias, en un escenario donde las inversiones chinas en minería e infraestructura son significativas.

El debate se produce en un clima de polarización, con sondeos que sitúan a ambos candidatos técnicamente empatados. La participación ciudadana, que en primera vuelta rondó el 75%, será clave para desempatar una contienda que definirá el rumbo del país en los próximos cinco años.

Perú definirá a su próximo presidente el próximo 7 de junio en un balotaje que enfrenta a la candidata de derecha Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. A una semana de los comicios, ambos aspirantes afrontan un único debate este domingo 31 de mayo, en el que el Tribunal de Honor del país les ha instado a evitar descalificaciones y faltas de respeto, según informaron fuentes oficiales peruanas.

Las encuestas sitúan a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, con una ventaja de hasta cuatro puntos porcentuales, aunque el número de indecisos sigue siendo amplio y podría decantar la balanza en los últimos días de campaña. El resultado definirá la orientación política del país andino, de unos 33 millones de habitantes, y puede tener implicaciones para el equilibrio regional latinoamericano, especialmente en el eje de la Alianza del Pacífico. Además, la decisión de las urnas podría afectar las relaciones bilaterales con España y la Unión Europea, aunque desde la Cancillería peruana se ha evitado especular sobre cambios drásticos en la política exterior.

El debate del domingo se perfila como el último cara a cara antes de la cita electoral, y ambos equipos de campaña han ajustado sus estrategias para captar al votante indeciso, que según los sondeos ronda el 15% del electorado. La jornada del 7 de junio se prevé clave no solo para el futuro de Perú, sino también para la estabilidad política en una región que ha visto un giro hacia posiciones más conservadoras en varios países.