El 2 de junio de 2026, economistas estadounidenses han rebatido la afirmación de un asesor del presidente Donald Trump de que el incremento del gasto de los consumidores refleja un optimismo creciente. Según los expertos, el verdadero motor del aumento del gasto es la inflación persistente y el estancamiento de los salarios reales, lo que obliga a los hogares a destinar más ingresos a bienes y servicios básicos.

La brecha entre la narrativa oficial y la realidad económica

El debate se produce en un contexto de tensión entre la Administración Trump y los analistas independientes. Mientras el asesor presidencial atribuía el repunte del consumo a la confianza en las políticas económicas del Gobierno, los economistas consultados por la prensa señalan que los datos de inflación subyacente y la evolución de los salarios desmienten esa lectura optimista. «El gasto nominal crece, pero el poder adquisitivo se reduce», resumió un analista del Economic Policy Institute.

Los datos oficiales disponibles hasta mayo de 2026 muestran que la inflación interanual se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal, mientras que los salarios ajustados por inflación apenas crecen. Esto genera una presión sobre las familias que, lejos de reflejar optimismo, evidencia un esfuerzo por mantener el nivel de vida en un entorno de precios al alza.

Implicaciones para la popularidad de Trump

El desmentido de los economistas tiene relevancia política, ya que la Administración Trump ha basado parte de su estrategia de reelección en la percepción de una economía boyante. Sin embargo, la persistencia de la inflación y el estancamiento salarial podrían erosionar la confianza de los votantes. La controversia también pone de relieve la dificultad de conciliar la retórica oficial con los indicadores económicos reales, en un año electoral clave para Estados Unidos.

Fuentes del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca no han emitido comentarios adicionales tras las críticas de los economistas. Por su parte, la prensa estadounidense ha recogido las declaraciones de varios analistas que advierten de que ignorar la realidad inflacionaria podría llevar a políticas equivocadas en los próximos meses.

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, advirtió el miércoles 27 de mayo de 2026 que los bancos centrales deben prevenir que la inflación impulsada por el petróleo se descontrole, en un contexto de incertidumbre geopolítica por la guerra entre Irán e Israel y la subida del crudo. Las declaraciones reflejan la creciente presión sobre la política monetaria japonesa, afectada por factores internos y externos.

Inflación importada y riesgos de segunda ronda

En sus declaraciones, Ueda señaló que “si las expectativas de inflación ya son altas y los salarios se están acelerando, el riesgo de efectos de segunda ronda es grande”. La subida del precio del petróleo, derivada del conflicto en Oriente Medio, amenaza con trasladarse a los precios internos de Japón, un país altamente dependiente de las importaciones energéticas.

El BoJ mantiene una política monetaria ultralaxa desde hace años, pero la persistencia de la inflación y la debilidad del yen están forzando un replanteamiento. La cotización del yen ha caído a mínimos históricos frente al dólar, lo que encarece aún más las importaciones y alimenta la inflación interna.

Presión política y externa

La candidatura de Sanae Takaichi, una política conservadora que aboga por mantener los estímulos monetarios, añade presión política interna sobre la independencia del BoJ. Al mismo tiempo, la política comercial del presidente estadounidense Donald Trump genera incertidumbre sobre el comercio internacional y las cadenas de suministro, lo que complica el panorama para Japón.

Ueda no ofreció nuevas medidas concretas, pero sus palabras subrayan el difícil equilibrio que debe lograr el banco central: contener la inflación sin frenar una economía que aún no se ha recuperado del todo de la pandemia y que enfrenta desafíos estructurales.

Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

La entrada Los salarios bajos son el problema, no la solución se publicó primero en lamarea.com.

Agencias
 
La inflación acumulada este año en Venezuela llegó al 155,3 %, luego de que el indicador marcara los 9,1 puntos en marzo pasado, informó este miércoles el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

“La menor tasa de crecimiento de la liquidez fue de 18 % respecto a febrero y una moderada devaluación del tipo de cambio de 6 %, debida al pago de impuestos, dieron como resultado que la tasa de inflación en marzo de 9,1 % sea la más baja desde que hacemos esta medición“, explicó la entidad.