Piden al Alcalde de León que dicte decreto de paralización de las obras que está ejecutando la UTE Red de Calor.

Ecologistas en Acción ha presentado, al SEPRONA de la Guardia Civil de León, denuncia contra los responsables de la UTE Red de Calor por ejecución de obras presuntamente ilícitas consistentes en movimiento de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga (Soto de Santa Olaja del barrio de Puente Castro) y desbroces en el cauce y zona de policía del río Torio.

La Asociación considera que la UTE no está legalmente autorizada para la ejecución de estas obras, porque el proyecto de la red de calor (fase I de la central térmica y fase inicial de la red de tuberías) aunque obtuvo licencia de obras el pasado 8 de mayo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de calor.
En este sentido, el 11 de mayo la prensa local recogía las declaraciones del Consejero de Medio Ambiente en funciones, Sr. Juan Carlos Suárez-Quiñones, -de cuya Consejería depende la entidad SOMACYL promotora de la red de calor-, afirmando que “la Junta licitará las obras en las próximas semanas”.

Las obras denunciadas afectan a terrenos protegidos de la urbanización por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León, que los clasifica como rústicos con protección natural y especial, y que conservan a dia de hoy los valores naturales por los que obtuvieron esa protección. Si bien es cierto que, al tramitar y autorizar como Proyecto Regional (BOCYL de 18 de julio 2025) el complejo industrial que incluye la central térmica de la red de calor, se modifica el PGOU de León pasando el terreno afectado de rústico protegido a urbano consolidado, lo que ha llevado a esta Asociación a impugnar en vía judicial dicho PR, presentando el correspondiente recurso contencioso-administrativo que se sigue en el TSJ de Castilla y León.

Por otra parte, los desbroces en la orilla del Torio y trabajos en zona de policía de los ríos Torio y Bernesga, deben ser autorizados por la CHD, sin que tengamos conocimiento de que la UTE haya solicitado y obtenido los permisos preceptivos. Tampoco tenemos constancia de que CHD haya autorizado la colocación del vallado que corta el vial que bordea el río, limitando el tránsito de vehículos y personas por un camino frecuentado para el paseo y la práctica deportiva, por los vecinos y vecinas de los barrios próximos de La Lastra y Puente Castro.

Dado que los hechos denunciados pueden incurrir en delitos presuntos contra el medio ambiente, concretamente sobre la ordenación del territorio o delitos urbanísticos (Artículo 319 del Código Penal) con el agravante de afectar a suelos que han estado protegidos por el planeamiento urbanístico (desprotegidos por una resolución administrativa sub iudice) como es el Soto de Santa Olaja, y a bienes de dominio público protegidos por la legislación de aguas, como son los cauces, vegetación de ribera y zona de policía de los ríos Bernesga y Torio, se ha pedido al SEPRONA que investigue los hechos y al Alcalde de León que dicte orden de paralización cautelar de las obras, al menos hasta que sean licitadas y adjudicadas siguiendo los procedimientos legalmente establecidos.
Aprovechamos esta nota de prensa para apoyar la concentración de protesta organizada por los vecinos y vecinas de los barrios de Puente Castro y La Lastra que tendrá lugar este sábado a las 12 horas en la glorieta de la Avda. La Lastra de acceso a la zona deportiva de Puente Castro.

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El estudio de viabilidad es obligatorio con carácter previo a la licitación de las obras.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Alcalde, mediante escrito registrado esta mañana, y a la Corporación Municipal en Pleno, por carta a todos los concejales del gobierno y también de la oposición, que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que ha justificado el otorgamiento, por la Junta de Gobierno local el pasado viernes 8 de mayo, de la licencia de obras para la central de biomasa en Puente Castro, y para los primeros kilómetros de tuberías de la red de calor. Obras que, en declaraciones públicas del Consejero de Medio Ambiente en funciones, Sr. Suarez-Quiñones “la Junta licitará en las próximas semanas”.

Dada la magnitud de la inversión prevista, del tamaño de la central térmica proyectada (una gran instalación de combustión) y de la complejidad de la intervención urbanística que requiere el despliegue de la red de calor por todo el municipio, el informe o estudio de viabilidad solicitado, es vinculante y obligatorio con carácter previo a la licitación de las obras. La exigencia del informe de viabilidad viene impuesta por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (art. 247) y por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 7.4).

El Ayuntamiento tiene la obligación de evaluar la repercusión que tendrá la implantación de la red de calor en el presupuesto municipal a lo largo del tiempo. Obligación que viene reforzada porque el servicio que se oferta (agua caliente sanitaria y para calefacción) no es competencia directa del Ayuntamiento, sino de SOMACYL. El estudio de viabilidad no es una mera formalidad, debe ser funcional, y preceptivamente debe incluir:

• Previsiones de demanda: Sin embargo, no se conoce padrón de potenciales clientes.
• Fuentes de financiación: No se ha informado de las tarifas y costes de enganche que tendrán que asumir los usuarios. Por otra parte, las subvenciones públicas y/o créditos que se barajan son meras especulaciones.
• Costes de explotación: Son también desconocidos. Ni siquiera sabemos la procedencia de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera (no confundir con residuos forestales leñosos) que puede quemar la central térmica funcionando a pleno rendimiento, afectando a los ecosistemas forestales de la provincia.
• Inversiones necesarias: Desconocemos el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de la red de tuberías, cuyo proyecto no se ha sometido a información pública.
• Análisis de riesgos: Imprescindible en la evaluación de un proyecto que puede afectar a la estabilidad económica del municipio.

Cuestiones que los y las vecinas de León tienen derecho a conocer y que es obligatorio estudiar antes de proceder a la licitación de las obras, anunciada por el Sr. Suarez-Quiñones.

Así las cosas, la prensa local informaba el pasado lunes de que tres empresas estaban realizando movimiento de tierras en el Soto de Santa Olaja de Puente Castro, emplazamiento de la central de biomasa. Nos preguntamos: ¿Como es posible que las autoridades locales permitan ejecutar obras sin previa licitación y adjudicación? ¿Hay gobierno municipal? o es directamente la Junta a través de SOMACYL quién decide en León?

A la vista de las irregularidades que acumula un proyecto contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa, hay que seguir rechazándolo no solo en los tribunales de justicia, donde vecinos y ecologistas han interpuesto varios recursos contencioso-administrativos, sino también en las calles. Por eso aprovechamos esta nota de prensa para apoyar la próxima concentración de protesta convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro. Será este sábado 16 de marzo a las 12 horas, en la glorieta donde confluyen la avenida de la Lastra y la calle La Flecha, entrada a la zona deportiva de Puente Castro.

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