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Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.

Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.

Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.

Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.

Nuevos sindicatos

De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».

Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.

Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.

Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.

Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.

Bola extra

Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».

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Tres mentiras, repetidas hasta la saciedad, sobre el papel de los salarios en la economía.

La primera de estas mentiras nos dice que los costes laborales constituyen una pieza esencial de la competitividad de las empresas, de su presencia tanto en el mercado doméstico como en el internacional, de modo que su reforzamiento y la propia supervivencia de las mismas obligaría a la implementación de políticas de contención salarial. El segundo de los supuestos es tan atrevido como el primero, pues supone la existencia de una relación inversa entre los salarios y el nivel de ocupación; por lo que el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo obligaría a moderar o en su caso reducir las retribuciones de las personas trabajadoras. En tercer lugar, esa contención sería condición imprescindible en el éxito de las políticas de reducción de la inflación y del mantenimiento de los precios en niveles bajos.

Si la evidencia empírica disponible apunta en una dirección muy distinta, si la complejidad de las relaciones económicas cuestionan abiertamente postulados tan simplistas, si, al contrario de lo que sostiene la economía convencional y dominante, el crecimiento de los salarios no sólo es compatible con la mejora de la competitividad de las empresas sino que es condición imprescindible de la misma, si el aumento de las retribuciones de los trabajadores supone una pieza clave de las políticas de creación de empleo, si el comportamiento de los precios trasciende con mucho la dinámica retributiva de los asalariados, si las denominadas políticas de austeridad salarial, además de ser injustas, además de ser un factor esencial en el aumento de la desigualdad, han tenido un efecto calamitoso sobre las dinámicas económicas, si las medidas de disciplina aplicadas sobre los salarios han penalizado sobre todo a los colectivos más débiles y, por esa razón, más vulnerables, dejando intactos los privilegios de los equipos directivos y las cúpulas empresariales… si todo esto es así, ¿por qué se insiste en la necesidad de implementar políticas de moderación salarial como condición sine qua non de una dinámica económica fuerte, saludable y sostenible? ¿Cuál es la razón de que este conjunto de falacias y lugares comunes continúe siendo una de las piedras angulares de la docencia en las facultades de Economía? ¿Qué explicación tiene que, tanto en coyunturas recesivas como de crecimiento, se repita una y otra vez el mantra de la contención salarial?

Yo lo tengo claro, más allá del razonamiento estrictamente económico –si es que tal cosa existe– detrás de esa retórica hay una estrategia política. Porque el triunfo de esa lógica, de esa deriva salarial, que, más allá de la coyuntura, se defiende con carácter estructural, representa, en primer lugar, el debilitamiento, el fracaso de las organizaciones sindicales, cuya razón de ser pasa necesariamente por exigir y conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y, no hay que olvidarlo, el salario constituye la piedra angular de esa mejora: para la gran mayoría es su principal fuente de ingreso. Si los sindicatos mayoritarios renuncian a librar esa batalla o si la dan por perdida o si la pierden por no apostar decididamente por la movilización –presuponiendo, erróneamente, que el aumento de los niveles de ocupación se traduce automática y necesariamente en una mejora de los niveles salariales– queda cuestionada para muchos su razón de ser como sindicatos de clase.

Pero no sólo está la dimensión sindical. Hay una clave política que resulta asimismo imprescindible poner sobre la mesa. La institucionalización de la austeridad salarial, la centralidad de la misma en las estrategias económicas, su aceptación de facto no sólo debilita sino que contribuye a la deslegitimación de las izquierdas, que para muchos trabajadores pasan a formar parte del statu quo.

¿Nos preocupa el hasta ahora imparable ascenso de la extrema derecha y de las derechas extremas (que en aspectos fundamentales son lo mismo)? ¿Nos inquieta la desmovilización social ante el evidente ascenso de los fascismos? ¿Y el discurso de «todos son iguales» o «nada se puede hacer»? No hay respuestas fáciles, ni caben simplificaciones, pues son muchos los factores que pueden ayudar a explicar esa deriva, pero, como he querido plantear en las líneas precedentes, me parece en todo caso necesaria una reflexión acerca de las estrategias y las prácticas sindicales y políticas de las (denominadas) izquierdas.

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