¿Para qué sirve la RSE (Responsabilidad Social Empresarial)? Dos científicos españoles, Fernández-Guadaño y Sarria-Pedroza, han publicado un estudio en el que pretenden responder a la pregunta de si la RSE de una empresa genera valor o ventajas para sus accionistas, sus empleados, sus acreedores y para el Estado.

Los autores dicen que recientemente las empresas y las instituciones han realizado esfuerzos importantes para desarrollar políticas de RSE con el objetivo de mejorar los resultados de la compañía y contentar a los inversores y a otros grupos de interés o stakeholders (clientes, empleados, suministradores…). La RSE debe ir más allá de contentar a unos pocos, debe servir de guía para establecer relaciones equilibradas con todos. Es razonable que las empresas se centren en sus stakeholders, pero han de saber que eso no es suficiente.

¿Qué es la RSE?

Según la Comisión Europea, la RSE es la responsabilidad de las empresas con sus impactos en la sociedad. Pero sin embargo, la mayoría de los estudios solo se centran en uno de esos stakeholders, el accionista o inversor, como si fuera el único que se ve afectado por la empresa. La RSE (o RSC, Corporativa) significa cumplir con unos principios que Wood dividió en tres áreas:

1. Legitimidad: las empresas deben satisfacer las demandas y expectativas tanto de sus stakeholders como de la sociedad.
2. Responsabilidad pública: las empresas son responsables de resolver problemas que hayan causado por sus operaciones e intereses comerciales.
3. Directivos éticos: los gerentes tienen la responsabilidad de ejercer su buen juicio y hacer ‘lo correcto’.

Durante muchos años ha prevalecido en las empresas la gestión orientada hacia los beneficios económicos, es decir, hacia el accionista (shareholder government), pero hoy va ganando interés la gestión orientada hacia todos los grupos de interés en la empresa (stakeholder governance).

Aunque hay muchos estudios que afirman que la RSE afecta positivamente a los resultados de la compañía, esta relación causa-efecto todavía no está clara, ya que el éxito económico depende, en realidad, de muchos factores.

Índices de sostenibilidad y GreenWashing

El estudio compara las empresas socialmente responsables según el índice español de sostenibilidad FTSE4Good, con las compañías listadas en los otros índices de la familia Ibex. Según dicen, los criterios para figurar entre las empresas de FTSE4Good son trasparentes y se desarrollan a través de un amplio proceso de consulta (incluyendo agencias gubernamentales, ONG, consultores, académicos, empresarios e inversores). El estudio incluye 40 empresas medianas y grandes, y resulta llamativo que la mayoría de las grandes compañías (88.46%) estén incluidas en el índice de sostenibilidad ya que, según otras visiones, las grandes empresas son difícilmente buenas en sostenibilidad. Por otra parte, el porcentaje de empresas medianas incluidas en el índice de sostenibilidad es bastante menor (42.85%). Según los autores, en España los informes de sostenibilidad están bien establecidos en las grandes empresas, pero deben introducirse de forma más amplia en las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el estudio no habla de temas importantes:

• Las grandes empresas tienen más medios para hacer informes de RSE y podrían fácilmente rellenar cuantas páginas desearan.
• Hacer un informe de RSE no significa que ese informe sea correcto, sea cierto o sea tomado en serio por la organización. Un ejemplo de ello es la empresa Naturgy (antigua Gas Natural) que a pesar de sus informes de RSE, es una de las empresas con menos ética social y ambiental del Ibex. Como detalle, esa empresa cuenta con Antonio Fuertes como “responsable de Reputación y Sostenibilidad“, lo cual demuestra que ellos ven la sostenibilidad como algo útil en la medida en que afecta a la reputación. Es decir, lo que les importa a muchas grandes empresas es su reputación, no la sostenibilidad.
• Las grandes empresas pueden permitirse todos los costos que suponga que te incluyan en un índice de responsabilidad. No decimos que sobornen a gestores o auditores, sino que podrían permitirse gastos inmensos para beneficiar su reputación, como costosas campañas publicitarias.
• Las empresas más contaminantes de España también están en el índice DJSI (Dow Jones Sustainability Index), el índice de sostenibilidad de la bolsa de Nueva York, un índice, a todas luces, sospechoso de ser una estafa en toda regla.
• No se debe hablar de RSE sin medir, de alguna forma, cuánto de greenwashing hay en dicha RSE. Hay siete cuestiones para identificar las empresas que se pintan de verde sin desearlo de verdad.

Algunos estudios señalan que la RSE de una empresa es para sus empleados uno de los factores más importantes de la reputación. Aquí se incluye prestar atención a las políticas de recursos humanos, tales como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, la posibilidad de participar en el capital, la flexibilidad laboral, la seguridad jurídica y las relaciones sindicales. Otros grupos de interés se fijan en otras cuestiones que también afectan a la reputación empresarial, como por ejemplo, pagar los préstamos puntualmente, garantizar la calidad del producto o servicio o no usar paraísos fiscales (pagar impuestos en el país donde la empresa hace negocios y contribuir así al desarrollo social del país).

Resultados del estudio

Independientemente del tamaño de las empresas estudiadas, la RSE no tiene, según este estudio concreto, impacto en la creación de valor para los accionistas, pero sí para el estado de forma positiva y para los empleados de forma negativa. Por tanto, aunque muchas empresas buscan países con escasa legislación ambiental o social, los datos muestran que la RSE tiene impacto positivo para los países, por lo que legislar para obligar a las empresas a ser “responsables” implica mejoras para la sociedad, lo cual es bastante intuitivo, pero es bueno que quede demostrado con este tipo de estudios.

Los propios autores indican que estos resultados no coinciden con otros estudios anteriores y que habría que considerar más indicadores. Por otra parte, un problema existente es que no está claro cómo medir adecuadamente las ventajas para los diferentes stakeholders, salvo para el accionista, para el que lo más importante suele ser la ganancia económica.

Para cualquier persona medianamente ética es evidente que la RSE aporta solo ventajas. Sin embargo, medir la influencia de la RSE no es fácil porque ni siquiera se sabe bien qué ventajas debemos considerar. No obstante, para el empresario la RSE debería ser una declaración sobre qué es lo importante o, en otras palabras, sobre si el dinero es más importante que la vida.

Más información:

• J. Fernández-Guadaño y J.H. Sarria-Pedroza. “Impact of Corporate Social Responsibility on Value Creation from a Stakeholder Perspective“. Sustainability 10(6), 2018.
• European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility; COM(2011) 681 Final; Brussels, 2011.
• Cuadro de Mando Integral y RSE:
  1. Parte 1: Resumen para mejorar cualquier organización.
  2. Parte 2: Una perspectiva medioambiental para mejorar tu empresa.

Agradecimientos: A Josefina Fernández-Guadaño por sus comentarios a este artículo y por sus aclaraciones.

Fotografía de David F. Sabadell

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por David F. Sabadell 

Tras lograr la eliminación del impuesto extraordinario que durante dos años logró redistribuir una mínima parte de los históricos beneficios derivados de la crisis energética bajo la amenaza de retirar inversiones, el oligopolio eléctrico ha vuelto a consumar un chantaje que pone en jaque a la transición energética. Endesa, Iberdrola y EDP han dejado caer que no desembolsarán todo el dinero previsto —casi 3.000 millones de euros— para ampliar y mejorar las redes de distribución eléctrica, al borde de la saturación por el aumento de la electrificación. ¿El motivo? La disconformidad con la tasa de retribución financiera aprobada en diciembre por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). “Que las redes no se desarrollen es el veneno para que la transición verde no avance”, advierte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.

Para entender la extorsión hay que retroceder semanas en el calendario. Cada cuatro años, en España se fija un modelo retributivo a las inversiones en las redes, las infraestructuras que permiten transportar y distribuir la electricidad desde los centros de generación (centrales eléctricas) hasta los usuarios finales (hogares, industrias, comercios).

La red eléctrica en España se divide en transporte y distribución, con propiedad mixta. La red de transporte (alta tensión) es gestionada por Red Eléctrica de España (Redeia), con participación mayoritaria del Estado (SEPI). La red de distribución (baja tensión) es 100% privada y está controlada por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

Estas empresas reciben una tasa de retorno por sus inversiones, dinero que sale de las facturas de todos los usuarios. El porcentaje de esta tasa lo fija la CNMC, ente que tiene como misión principal promover y defender el “buen funcionamiento del mercado” equilibrando los intereses de los consumidores y de las compañías. En diciembre, la CNMC dio a conocer la cifra para el periodo 2026-2031: 6,58%, 100 puntos básicos más que la tasa del anterior plan (5,58%). ¿El problema? Las eléctricas pedían un suelo de 7,5% “como garantía de rentabilidad para acometer las elevadas inversiones necesarias en la modernización y adaptación de la red eléctrica”.

Fernando Ferrando: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”

La respuesta empresarial no se hizo esperar: han adelantado que las inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio van a ir a “mercados más competitivos”, con mejores tasas. El recorte, según ha adelantado elEconomista, asciende a 2.800 millones de euros.

“Esto es muy grave. Si las redes no se amplían, el plan energético, el plan económico y las oportunidades de la transición energética de España desaparecen. La transición energética es electricidad. Y si no hay capacidad en redes, no podemos crecer en electricidad. Por tanto, las renovables no van a crecer, los centros de datos no se podrán ejecutar, la industria nueva no se podrá reconvertir a ser más eléctrica, no habrá vehículos eléctricos, etc. En otras palabras, seguiremos siendo un país que depende de los modelos de combustión”, describe Ferrando sobre el impacto de esa desinversión.

88% de saturación

Las redes de distribución eléctrica de buena parte de España están completamente saturadas o a punto de saturarse. Los mapas de capacidad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP reflejan prácticamente un tercio de las provincias con un 100% de los nudos de la red ocupados, es decir, ya no admiten nueva demanda para conectarse.

Los datos actualizados a enero de 2026 —desde el año pasado las compañías están obligadas a revelar esta información— muestran que las redes de distribución eléctrica de España están al 88,2% de su capacidad total en conjunto.

El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%.

Sergio Bonati, de WWF: “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”

La patronal de las grandes distribuidoras eléctricas, Aelec, advirtió a finales de diciembre que el estado de las solicitudes de acceso y conexión preliminar en 2025 confirman que sólo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen.

Sergio Bonati, responsable del programa de clima y energía de WWF, explica que la ampliación de las redes es “fundamental para la transición energética”. Se necesita para acoger más renovables y electrificar sectores clave, como el transporte, la industria, o la climatización, rubros que todavía están muy lejos de estar descarbonizados. “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”, resume.

Coincide Cecilia Foronda, directora de energía y personas de la organización Ecodes. Recuerda que para el 2050 se busca que la electrificación de la demanda sea casi del 90 %. “Con lo cual, eso quiere decir que nuestra red eléctrica tiene que ser muchísimo más potente para subir toda la distribución de la mayor demanda eléctrica”, explica.

Ferrando hace una analogía con las carreteras y los coches para dimensionar la importancia de las redes eléctricas. “Esto es como decir que vamos a crecer en dos millones de vehículos y no hay carreteras donde ir”, compara. Y repite: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”.

El melón que nadie quiere abrir

Ferrando, ingeniero Superior Industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 40 años en el sector de las energías renovables. En su opinión, este “chantaje” de las eléctricas es una parte del problema. El melón, dice, es estructural, de modelo. Y ninguna fuerza política se anima, ni siquiera, a revisarlo.

Explica que las redes eléctricas son un “monopolio natural”. No son elementos de mercado. ¿Cuál es el problema de España? Que el monopolio natural se ha desarrollado con un oligopolio empresarial: más del 80% de las redes eléctricas de distribución pertenecen a dos compañías, Endesa e Iberdrola. “¿Qué significa esto? Que aunque sea un monopolio natural y sea básico para el desarrollo de la política energética y económica del país, la decisión de invertir la tienen los propietarios de las redes existentes”.

“Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco”, cuestiona Ferrando

El asterisco, aclara este experto, es que las inversiones en redes, al ser un monopolio natural, son actividades reguladas. “Es decir, a ti te pagan por la inversión que has hecho, no por si esa inversión que tú has hecho está funcionando a tope o está funcionando al 50%. No es una retribución de mercado, nada tiene que ver la evolución del sector eléctrico, si se consume más, se consume menos”.

El dato no menor, agrega en su explicación, es que una actividad regulada “no tiene riesgo”. Es decir, está avalada por el mercado y por el Estado. “Lo primero que nos tendríamos que poner a discutir es que el 7,5% que pedían las compañías eléctricas es una sobreretribución en función de las características que tiene la inversión. Así lo entiende la CNMC”, subraya.

Lo que las empresas no cuentan es que las amortizaciones de las inversiones “dejan de estar retribuidas, pero la parte que los usuarios hemos pagado no es propiedad nuestra, sigue siendo propiedad del sector eléctrico”. “Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco. Porque las redes las hemos amortizado pagándolas los usuarios. Lo lógico es que esas redes acaben en algún momento siendo públicas. Pero no. Estamos hablando de activos que son propiedad de quien los ejecutó y no de quien los pagó”, cuestiona.

Pero hay más, detalla Ferrando. Si una compañía no presenta sus planes de inversión porque considera que no están bien retribuidos, “no existe ninguna capacidad por parte del Estado para buscar una alternativa a esas inversiones”. Debería existir —puntualiza— una regulación que por ley permita “habilitar procedimientos para que sea el Estado o un tercero quien asuma la ampliación de las redes en estos casos”.

“Si tú Endesa o Iberdrola no lo quieres invertir escudándote en la libertad de mercado, yo como Estado tendría que poder habilitar procedimientos para que las inversiones se cumplan. Este mecanismo no existe. Ni tampoco hay voluntad política de que exista”, afirma Ferrando.

La Fundación Renovables, a través de las redes sociales, llama a “no permitir que las eléctricas ejecuten este chantaje”. Su presidente prefiere sacar este término de la discusión, porque las eléctricas tienen una fuerza para negociar y el Gobierno no tiene en su poder ninguna capacidad para quitarle esa fuerza. ¿Cuál es el problema de esta encerrona? “Que estamos hablando de un bien de primera necesidad”.

La entrada El oligopolio eléctrico amenaza con dejar en el aire el futuro de la transición verde se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.