Las entidades Asamblea Canal Roya, Plataforma en defensa de las Montañas de Aragón, Ecologistas en Acción de Monzón y la Plataforma 13-M por la Racionalidad Energética, representada por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, eran conocedoras de las irregularidades cometidas tanto por la empresa Forestalia, como por administraciones públicas, y así lo han manifestado en los últimos años a la opinión pública. Han tenido que ser las actuaciones llevadas a cabo en la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha calificado los hechos como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, las que ha dado verosimilitud a todo ello.
Al respecto, quieren manifestar:
- La indignación infinita, insondable e inextinguible ante las prácticas irregulares desveladas para conseguir Declaraciones de Impacto Ambiental corruptas para los proyectos de energías renovables, dejando en evidencia la falta de respeto por los pueblos y vecindarios afectados, y el desprecio por el medio ambiente al que llegaron tanto presuntos corruptores(la empresa Forestalia) como los políticos y empleados públicos que avinieron a corromperse, presuntamente, a cambio de un lucro que solo se puede calificar como despreciable.
- Un profundo agradecimiento a la labor realizada por la UCOMA de la Guardia Civil, cuyo trabajo viene a refrendar las sospechas que habíamos expuesto, argumentado y acreditado en la medida de nuestras posibilidades a lo largo de los últimos años.
- La necesidad de que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en la Subdirección General de Evaluación Ambiental, en el MITERD, en el Gobierno de Aragón y en el INAGA,a pesar de la relevancia de los implicados que han podido actuar de manera ilícita en los múltiples proyectos tramitados.
- Manifestamos un profundo malestar al comprobar que sospechas que se han manifestado desde distintos colectivos y Plataformas, que han estado vinculados a los procedimientos relacionados con la implantación de las renovables en Aragón, se han hecho realidad. Comprobamos pues que estos hechos están calificados como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
- Recordamos que la Plataforma 13-M, representada por numerosas plataformas y grupos ecologistas, participó en el año 2024 en la comisión de las Cortes de Aragón creada para la investigación de posibles irregularidades en la implantación de las renovables. En dicha comisión enumeramos una por una la mayoría de las ilegalidades denunciadas estos días. A pesar de ello, las Cortes aragonesas cerraron esta comisión en falso, porque algunos grupos políticos bloquearon la misma y se negaron a incluir cualquier irregularidad a pesar de haberse detallado muy claramente.
- Ante el supuesto anuncio de la ministra Aagesen relativo a la suspensión de los proyectos de Forestalia, deseamos indicar que ninguna de las noticias difundidas permite llegar a dicha conclusión. Simplemente se expresa que los trámites se encuentran parados por su judicialización o que pudiera ser por las suspensiones cautelares derivadas de los recursos de alzada presentados, pero en ningún momento se habla de una suspensión ex profeso.
Con motivo de todo lo anterior pedimos:
- La suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa Forestalia que se están desarrollando en Aragón, independientemente de la fase en la que se encuentren.
- El desmantelamiento del INAGA como instituto independiente y que se cree una Dirección General de Evaluación ambiental gestionada por funcionarios, con protocolos y directrices claras para evitar, en la medida de lo posible, las actuaciones irregulares que presumiblemente se han producido en proyectos renovables y de otros sectores.
- La investigación dentro del MITERD para depurar responsabilidades, cesar a las personas involucradas en los posibles hechos delictivos o en su supervisión, si tuvieron algún conocimiento y no actuaron, y modificar los protocolos para que sucesos como estos no vuelvan a ocurrir.
- Que asuman responsabilidades políticas aquellos cargos públicos que hayan podido obtener contraprestaciones ilícitas y aquellos que no hayan ejercido sus funciones de vigilancia como responsables jerárquicos.
- Una revisión de todos los proyectos, y no solo de energías renovables, sobre los que se han manifestado posibles ilícitos o tratos de favor, así como una investigación rigurosa para destapar otras posibles prácticas fraudulentas en los organismos públicos encargados de la aprobación de proyectos.
Todo ellos con la finalidad de:
- Preservar la convivencia en los pueblos.
- Preservar y mantener los espacios naturales, los entornos rurales y los espacios agro-ganaderos como lugares de vida, biodiversidad y desarrollo.
- Un desarrollo de las energías renovables distribuido, planificado y democrático.
- Subordinar la economía y los intereses privados a la ética, a la moral, a las necesidades de las personas y a los límites físicos del medio ambiente.
Al objeto de conseguir lo enumerado remitiremos una carta con estas peticiones y la descripción de las denuncias presentadas a todos los grupos políticos de las Cortes aragonesas, de las Cortes españolas, al Gobierno de Aragón en funciones y al Gobierno de España, exigiendo la inmediata aplicación de estas medidas.
Rueda de prensa con declaraciones de los portavoces
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