El verano se despide y con él la estampa de playas abarrotadas, aeropuertos colapsados y ciudades transformadas en escenarios turísticos. España volvió a batir récords en 2024: 93,8 millones de turistas extranjeros, un 10,1% más que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo entre abril y junio, antes de entrar en los «meses fuertes», el turismo dio trabajo a más de 3 millones de personas, casi 60.000 más que en el mismo trimestre del año previo, de acuerdo con los datos de Turespaña.

El turismo es uno de los grandes motores económicos del país, pero su brillo tiene un reverso. Con septiembre baja el volumen de viajes, pero los efectos del ir y venir de millones de personas permanecen durante todo el año.

«El turismo es lo que más provecho da a las empresas, pero los territorios están perdiendo su identidad paisajística, territorial, económica, local, humana…», advierte María Dolores Sánchez, investigadora del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid y coautora del capítulo «La cooperativa como motor de sostenibilidad en el ámbito del turismo» en el libro Turismo y Sostenibilidad. Frente a ello, defiende que las cooperativas turísticas pueden ofrecer «un modelo que no desgaste tanto el territorio» y que, además, contribuya a fijar población en zonas rurales.

De norte a sur, varias experiencias cooperativas muestran que otra forma de viajar es posible. Proyectos que no solo ofrecen servicios turísticos, sino que generan comunidad, protegen el entorno y crean empleo digno en áreas amenazadas por la despoblación o el turismo extractivo.

L’Olivera: vino, aceite y cohesión social

Fundada en 1974 en Vallbona de les Monges (Lleida), L’Olivera nació como un proyecto social vinculado al cultivo de la tierra en una zona marcada por la despoblación. Medio siglo después, sigue en pie, con actividades que combinan agricultura ecológica, producción de vino y aceite, e iniciativas turísticas que acercan su filosofía al público. «Lo que cabe destacar es la testarudez: en un pueblo de apenas 80 habitantes, seguimos cosechando la uva a mano», afirma Martí Monfort, socio y responsable de proyectos.

La cooperativa gestiona hoy 40 hectáreas. Sus productos se elaboran en dos polos: Vallbona, en pleno interior rural, y la finca de Can Calopa, en la sierra de Collserola (Barcelona). Allí también desarrollan la parte turística del proyecto, con visitas, catas, recorridos por los viñedos e incluso propuestas para los más pequeños. «En Barcelona formamos parte de la resistencia agrícola periurbana, manteniendo esta actividad en una zona donde la presión antrópica es muy fuerte», resume Monfort.

Además, la cooperativa integra laboralmente a personas con discapacidades varias, abriendo puertas en un mercado que suele cerrárselas. «Nunca hemos querido rentabilizar el proyecto social que llevamos a cabo. Queremos que la gente compre nuestro vino porque es de calidad y muy positivo para el entorno», insiste Monfort. Según el INE, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es 40 puntos inferior a la de la población general, lo que hace más relevante la aportación de iniciativas como esta.

Para la cooperativa, sostenibilidad es un concepto integral, «no solo de forma ambiental, sino también social, generando oportunidades laborales, intentando retribuir nuestro trabajo de forma digna; y también sostenibilidad económica, que no es fácil en los tiempos que corren y en los sectores en los que hemos decidido llevar a cabo nuestro proyecto», explica Monfort. Y añade: «No vamos a competir a precio en las actividades turísticas, porque no se puede sostener y porque queremos promover actividades de calidad, experienciales, donde la gente pueda aprender cosas, vivir cosas y descubrir otras realidades de manera lenta, tranquila, organizada y en pequeños grupos. No nos sentimos cómodos con la vorágine clásica del turismo».

Vive Geoparque Granada o cómo divulgar el territorio desde dentro

El Geoparque de Granada, reconocido por la UNESCO en 2020, abarca 47 municipios y más de 4.700 km² de paisajes únicos: cárcavas, tierras baldías, yacimientos fósiles y pueblos rurales con siglos de historia. En este escenario nació Vive Geoparque Granada, cooperativa formada por guías locales que buscan divulgar el valor geológico, natural y cultural de la zona.

«Me apasiona tanto la naturaleza, mi territorio, mi pueblo, mi lugar en el mundo… Tengo mucha estima y pasión por mi zona», confiesa Guillermo Sánchez, presidente y socio fundador. Comenzó en solitario en 2018 y más tarde otros compañeros se sumaron al proyecto. Hoy, todos los socios son guías titulados que comparten la misma visión: hacer del turismo una herramienta para valorar y proteger el territorio.

La oferta es amplia: rutas de senderismo, experiencias en 4×4, talleres educativos, visitas a yacimientos y catas de vino y sabores de la zona. Todo con un mismo objetivo: «Intentamos mostrar la importancia y el valor que tiene nuestro patrimonio para que la gente lo comprenda, lo aprecie y lo respete», explica Sánchez.

Más allá del turismo, el proyecto busca fijar población en una zona castigada por la despoblación. «Si no hubiésemos abierto la cooperativa, no estaríamos en nuestro pueblo. Queremos que se conozca más este sitio y que mucha gente pueda venir a vivir aquí», señala. El propio Sánchez lo resume en una frase: «Yo no quiero tener que irme de mi pueblo. He vuelto a mis raíces y no quiero emigrar».

Con el apoyo de instituciones que empiezan a apostar por el territorio, Vive Geoparque demuestra que se puede generar empleo sin sacrificar el entorno. Pero Sánchez es claro: «Habría que fomentar más el emprendimiento en el territorio, que la juventud no tenga que irse. Los retos, si sabes cómo, se pueden convertir en oportunidades».

La Surera, un laboratorio rural de turismo y cultura

En Almedíjar (Castellón), en plena Sierra de Espadán, la cooperativa Canopia impulsa desde 2017 el proyecto La Surera, un albergue rural que combina turismo responsable, cultura y dinamización social. Sus impulsores, Grégory Damman y Raquel Guaita, regresaron a España tras años de trabajo en cooperación internacional con la idea de crear un espacio distinto. «Tanto tiempo fuera nos hizo reconectar con lo que sucedía en esta región, y decidimos intentar hacer las cosas de manera distinta», recuerda Damman.

El edificio acoge un albergue y talleres de cerámica, sonido o artes gráficas, además de actividades de bienestar como yoga. «La Surera es un híbrido entre una incubadora de iniciativas, un espacio de experimentación y un centro sociocultural», resume su fundador.

Más que un alojamiento, La Surera se concibe como un nodo de conexión entre visitantes y comunidad local. Se organizan talleres de sensibilización ambiental, experiencias de aprendizaje sobre la vida rural y actividades culturales que van desde conciertos hasta exposiciones. El espacio también acoge residencias de artistas, investigadores o colectivos sociales, lo que multiplica su impacto más allá del turismo convencional.

Damman está convencido de que el modelo encaja con las transformaciones del sector: «Creo que el turismo masivo globalizado tiene los días contados; habrá un retorno al turismo más local, a la ruralidad, por convicción o por necesidad. Espacios así, que permiten encontrar redes de apoyo, mutualizar recursos e ir experimentando, son indispensables».

Los frutos comienzan a notarse. «Hemos contribuido a ampliar la oferta cultural en el ámbito rural. Ya nos están empezando a considerar como un ejemplo», asegura. Con esta fórmula, La Surera se ha convertido en un laboratorio de innovación rural, capaz de atraer talento y visitantes, y de situar a Almedíjar en el mapa de experiencias turísticas alternativas.

Una herramienta para el futuro

De las bodegas de Lleida a los paisajes geológicos de Granada, pasando por la Sierra de Espadán, estas experiencias muestran que el turismo cooperativo no es marginal. Se trata de un modelo que genera empleo, preserva el entorno y ofrece sentido económico a comunidades que luchan por no desaparecer.

El reto ahora es que las políticas públicas acompañen. «Hay que empezar a hablar de las formas jurídicas que nos permiten integrar a los jóvenes casi de inmediato en el territorio, favoreciendo este tipo de empresas», apunta la investigadora María Dolores Sánchez.

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Este reportaje pertenece a ‘Altacoop, el altavoz de las cooperativas’, un proyecto que cuenta con el apoyo del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados del Gobierno de España.

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El sector cultural en España vive en una paradoja constante: es uno de los motores de creatividad y dinamismo social más potentes del país, pero al mismo tiempo está marcado por una fragilidad estructural difícil de superar. Detrás de los focos, los escenarios o los museos, late una realidad cada vez más visible: contratos temporales, inestabilidad laboral y una fuerte dependencia tanto de la financiación pública como de las lógicas del mercado.

El sector cultural en España emplea actualmente a unas 771.000 personas, lo que supone cerca del 3,6% del empleo total y un crecimiento del 6,6% en 2024 respecto al año anterior, según los últimos datos del Ministerio de Cultura.

Aunque los contratos indefinidos han aumentado un 19% desde 2022 y los temporales han descendido un 9,1%, todavía predominan la inestabilidad y los bajos salarios. Aun así, el sector muestra dinamismo: respecto a 2019, antes de la pandemia, el empleo cultural ha crecido un 8,6%, con una mayor presencia de mujeres y jóvenes, lo que apunta a una transformación lenta pero sostenida.

Ante esto, las cooperativas se alzan como una alternativa posible, como un modelo que apuesta por el trabajo colectivo y por situar a las personas en el centro del proceso creativo. «Cuando falta protección desde arriba, por parte de las grandes instituciones públicas y privadas, es imprescindible que existan este tipo de organizaciones que protejan y fortalezcan a los creadores, que son el eslabón más débil de toda la cadena de producción de la cultura», defiende Marta Pérez, doctora en Historia y Artes, expresidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) e investigadora especializada en mercado de arte contemporáneo.

Más allá de la protección, también está la dimensión social: «Las cooperativas, las asociaciones, los colectivos abren un diálogo entre las personas que participan y la sociedad que los acoge. No solamente para que la sociedad aprecie la cultura como lo que realmente tiene que ser –una herramienta de nuestro propio desarrollo social e histórico–, sino también para tonificar el músculo del diálogo social».

Tres proyectos muestran hoy cómo esta forma de organización se convierte en una herramienta para resistir la precariedad y hacer cultura de otra manera.

La Ciutat Invisible: memoria y transformación desde Sants

En el barrio obrero de Sants, en Barcelona, una fachada de hormigón da entrada a una librería que es mucho más que un negocio. La Ciutat Invisible, nacida en 2005, surgió de la inquietud de un grupo de jóvenes que buscaban «organizar el trabajo de otra manera» y huir de la lógica del mercado laboral tradicional «precario, con trabajos temporales y mal pagados», explica Irene Jaume, librera e integrante de la cooperativa.

«Queríamos recuperar la memoria obrera y cooperativa de la ciudad y montar un proyecto con valores enraizados en la economía solidaria, para poner en el centro la vida de las personas y no los beneficios económicos», continúa. La mayoría de sus socios venía de movimientos sociales y de experiencias de autogestión en el propio barrio, lo que marcó el ADN de la iniciativa.

Su arraigo territorial es parte de su identidad. «No podrías coger La Ciutat Invisible y llevártela a otro barrio; no tendría sentido», asegura Jaume. «La cooperativa tiene sentido aquí porque llevamos muchos años en el barrio, con la transformación social en el lugar donde hemos crecido y militado como objetivo».

En 2025 cumplen 20 años, consolidada como una referencia del cooperativismo cultural en Barcelona. Desde la librería hasta proyectos editoriales, formativos y comunitarios, su trabajo ha sido constante a la hora de demostrar que hay otra forma de crear economía y cultura.

Para Jaume, el modelo cooperativo es también una respuesta a un mercado cultural que empieza a mostrar síntomas de agotamiento: «Se está viendo que ciertos modelos, como los macrofestivales, son insostenibles. En cambio, el cooperativismo cultural ofrece propuestas pensadas para la población local, donde los beneficios recaen en el territorio y las personas pueden participar de forma más justa».

No obstante, advierte: «Para que este modelo siga funcionando y siga existiendo, las administraciones tienen que tener un compromiso. Si solo se fijan en los grandes eventos y destinan dinero a ellos, no hay manera de competir».

A Disonante: identidad y música gallega con voz propia

En Galicia, la cultura se entiende también como raíz. A Disonante, cooperativa creada en 2019, nació para preservar y difundir el patrimonio musical gallego al tiempo que acompañaba a artistas en un sector adverso. Su trabajo combina sello discográfico y promotora de conciertos, con un enfoque claro: dar espacio a propuestas que la industria convencional suele relegar.

«La música tradicional de raíz es compleja de exponer a otro público, es muy de nicho; pero ahora ya no lo parece tanto, y es una oportunidad que hay que aprovechar”, explica Paco Lamilla, responsable del proyecto. Ese auge, dice, se debe en parte a la democratización de la música y al impacto de fenómenos populares, como la visibilidad de las pandereteiras en Eurovisión.

El crecimiento de interés es también la medida del impacto de la cooperativa: «Nos hace pensar que estamos en el sitio correcto. En las carreras artísticas, se ve cuando alguien empieza, se consolida y siente la satisfacción de que su voz se escuche más allá de donde antes llegaba».

A Disonante se sitúa así como una plataforma de acompañamiento. Frente a la presión por vender rápido o viralizarse, su modelo da a los artistas margen para decidir sus propios tiempos. «Lo importante es que un artista vea que su obra puede llegar a más gente y que tenga un impacto en alguien», resume Lamilla. «Nos centramos en que tengan su carrera, que la lleven al ritmo que quieran y que vayan adonde decidan».

Teatro del Barrio: crítica y dignidad desde Madrid

En el corazón de Madrid, la cooperativa Teatro del Barrio abrió sus puertas en 2013 con la intención de repensar la cultura desde la colectividad. Su declaración de principios lo resume en pocas líneas: «Nos anclamos en la felicidad, la libertad, la horizontalidad, la igualdad y la búsqueda del bien común. Huimos del pensamiento único: cuestionamos, participamos, debatimos y nos formamos para replantearnos las viejas formas. Creemos que otros relatos son posibles».

La cooperativa combina su programación teatral con iniciativas vecinales, coloquios y espacios formativos como «La Uni del Barrio», pensada para generar pensamiento crítico. Esa vocación política, explica Ruth Sánchez, integrante del consejo rector, es inseparable de su estructura: «El hecho de que seamos una cooperativa y tan politizada nos permite ser una voz crítica y dar pinceladas diferentes en el mundo cultural».

Pero el cooperativismo no es solo una cuestión de discurso, también de práctica laboral. «Intentamos pagar sueldos dignos o más dignos a las trabajadoras del teatro. Esa es nuestra manera de mantener la dignidad en el día a día y en nuestras producciones propias», afirma Sánchez.

El camino no ha estado exento de dificultades. «Sin lugar a dudas, la sostenibilidad económica es el mayor reto. Y a nivel político también hemos vivido momentos duros, como amenazas», recuerda. Aun así, la experiencia de formar parte de la cooperativa tiene, para ella, un valor intrínseco: «El tiempo que empleas en hacer la cooperativa es en sí una satisfacción; el poder mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera».

En un sector dominado por la lógica de la rentabilidad inmediata, el Teatro del Barrio defiende otra visión: «Hacer las cosas bien es lo que nos motiva, no hacerlas de forma masiva por el éxito comercial», asegura Sánchez. De cara al futuro, la visión es clara: «Resistir. Como debería ser la de todo Madrid».

La Ciutat Invisible, A Disonante y Teatro del Barrio son solo tres ejemplos de un fenómeno más amplio. Todas son iniciativas que han nacido de contextos distintos –un barrio obrero en Barcelona, la identidad cultural gallega o el Madrid crítico y politizado–, pero que comparten un mismo horizonte: hacer arte desde lo colectivo, con dignidad y arraigo en el territorio.

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El mapa bancario español se ha encogido en las últimas dos décadas. Según el Banco de España, en 2025 quedaban poco más de 17.300 sucursales, frente a las más de 45.000 antes de la crisis de 2008. En muchos pueblos ya no hay ventanilla a la que acudir, lo que ha abierto una brecha entre banca y ciudadanía: resolver un trámite en persona sigue siendo una odisea para miles de vecinos del medio rural.

En ese vacío, el cooperativismo financiero aparece como una alternativa que, aunque minoritaria en España, tiene un recorrido consolidado en Europa. Según Eloi Serrano, doctor en Economía Aplicada y director de la Cátedra de Economía Social del Tecnocampus-UPF, «en Europa, la banca cooperativa tiene una cuota de mercado de alrededor del 22%. En España está en el 10%». Para él, esto demuestra que la fórmula cooperativa no es marginal, sino un instrumento financiero válido para el desarrollo económico, «porque hay países de la UE con economías potentes donde tiene una relevancia significativa».

El carácter diferencial de este modelo está en su filosofía. «En la banca tradicional, el objetivo es maximizar beneficios para los accionistas. En una cooperativa de crédito, el dinero es un instrumento para satisfacer las necesidades de sus integrantes», apunta Serrano. Una visión que, como recuerda el economista citando a Aristóteles, distingue entre el uso del dinero como herramienta para la vida comunitaria (oikonomiké) y su acumulación por sí misma, la «crematística», considerada nociva para la sociedad.

En España, la presencia de la banca cooperativa se materializa en iniciativas como Coop57, Caja de Ingenieros o Laboral Kutxa. Todas ellas comparten una lógica común: reinvertir los beneficios en el fortalecimiento colectivo, promover la inclusión financiera y garantizar una gobernanza democrática de las finanzas.

Coop57, de la lucha obrera a una red financiera alternativa

El origen de Coop57 se remonta a la crisis de la editorial Bruguera en los años ochenta. Un grupo de trabajadores resistió hasta el final de la batalla legal y, tras obtener una indemnización, decidió destinar una parte a crear un fondo común. De aquel capital inicial nació en 1995 esta asociación, que se consolidó como una cooperativa de servicios financieros destinada a apoyar proyectos autogestionados.

Esa raíz explica su modelo actual. Coop57 no tiene clientes, sino socios. “El vínculo que establecemos no es comercial, es de prestación de un servicio. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Cuando alguien viene a Coop57, le tratamos como socio o socia”, resume Raimon Gassiot, miembro de la coordinación colegiada.

Los criterios de admisión son estrictos: solo pueden asociarse entidades de economía social y solidaria, como cooperativas, asociaciones, fundaciones o empresas de inserción, salvo alguna excepción. «Excluimos por definición a sociedades mercantiles. El hecho de ser cooperativa es requisito imprescindible pero no suficiente; puede haber una cooperativa cuya actividad no cumpla con nuestros criterios porque perjudique al medioambiente o tenga a 20 personas sin dar de alta a las que no dejen participar como socias ni, por tanto, participar democráticamente en la gestión de la cooperativa”.

Actualmente, Coop57 agrupa a más de 5.600 ahorradores y 1.250 entidades socias, con siete secciones territoriales y tres grupos promotores. En los últimos cuatro años, ha concedido más de 1.300 préstamos por casi 100 millones de euros. «La mitad de la financiación histórica se ha dado en años recientes. No solo hay más proyectos de economía social y solidaria sino que cada vez son más ambiciosos y requieren necesidades de inversión más importantes, como las cooperativas de vivienda o las comunidades energéticas», apunta Gassiot.

El funcionamiento interno también es particular. «Los tipos de interés los decide la asamblea, no el mercado. Y son los mismos para todos: no penalizamos más a quien tiene más riesgo. Lo importante es garantizar que los proyectos puedan sostenerse y que los ahorros de nuestras socias estén seguros», explica.

Caja de Ingenieros y la innovación desde la mutualidad

«No vale obtener beneficios de cualquier manera: son la compensación razonable por realizar un servicio. Hay que buscar un equilibrio», afirmaba Joan Cavallé, director general de Caja de Ingenieros durante casi dos décadas, en una entrevista con Alternativas Económicas. Esa frase resume la filosofía de una cooperativa de crédito que nació en 1967 en Barcelona para dar servicio a profesionales técnicos y científicos, y que hoy cuenta con más de 216.000 socios.

La cooperativa ofrece todos los servicios de una banca tradicional, desde cuentas y seguros hasta inversiones e hipotecas, pero con una gobernanza cooperativa en la que cada socio es cliente y propietario. A través de su Fundación, impulsa proyectos de innovación social, educación financiera y apoyo a la investigación. Y en los últimos años ha hecho de la sostenibilidad el eje central de su estrategia, con fondos de inversión que aplican criterios ASG y herramientas para medir la huella de carbono de las carteras de los socios.

La entidad gestiona activos que superan los 8.000 millones de euros y ha reforzado sus herramientas digitales, aunque mantiene oficinas físicas en las principales ciudades. Su plan estratégico «Transforma 2026» está centrado en digitalización, eficiencia operativa y sostenibilidad. Un ejemplo es el servicio CEApropa, que acerca la atención bancaria a 313 municipios catalanes que no disponen de sucursales.

Laboral Kutxa, la gran cooperativa financiera vasca

Nacida en 1959 como Caja Laboral, Laboral Kutxa surgió de la iniciativa de un grupo de trabajadores de Mondragón que buscaban una herramienta financiera para apoyar la creación y consolidación de cooperativas industriales en la región. Desde sus inicios, la entidad se centró en cubrir las necesidades de quienes quedaban fuera del interés de la banca tradicional, consolidando un modelo basado en la solidaridad y la participación colectiva.

Hoy, Laboral Kutxa es la segunda cooperativa de crédito más grande de España, con más de un millón de socios y unas 300 oficinas, principalmente en el País Vasco y Navarra. Su actividad abarca todos los productos de banca minorista, pero siempre con un enfoque que prioriza la comunidad: cada socio tiene un voto, sin importar el capital aportado, garantizando una gobernanza democrática que refleja los principios cooperativos de origen.

Ese ecosistema sigue mostrando su peso en la economía. Según Cinco Días, la Corporación Mondragón alcanzó en 2024 más de 11.200 millones de euros en facturación y mantiene más de 70.000 empleos, consolidándose como el primer empleador de Euskadi y uno de los principales de España.

La entidad ha buscado además adaptarse a los retos de un sector bancario en transformación. Al igual que Caja Ingenieros, ha reforzado su apuesta por la digitalización sin abandonar la capilaridad territorial, consciente de que la proximidad sigue siendo un valor diferencial. Al mismo tiempo, promueve iniciativas de educación financiera y formación cooperativa, convencida de que la cultura de la cooperación es tan importante como los servicios financieros en sí mismos.

Como resume Txomin García, presidente de Laboral Kutxa, en una entrevista: «Nuestras cooperativas no son ONG. Desarrollan su actividad en una economía de mercado, predominantemente capitalista, sometidas a las fuerzas de la competencia y su futuro depende de su competitividad, del desempeño de sus organizaciones y del talento de sus personas, pero esta ha sido nuestra realidad histórica durante más de 70 años, demostrando que podemos hacerlo, adaptándonos a los retos y siendo muy conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Nuestro mayor reto es seguir siendo competitivos sin renunciar a nuestros principios y valores». Una declaración que refleja el equilibrio que Laboral Kutxa busca mantener: competir en un mercado global sin perder de vista su identidad cooperativa.

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Este reportaje pertenece a ‘Altacoop, el altavoz de las cooperativas’, un proyecto que cuenta con el apoyo del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados del Gobierno de España.

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