Hoy te traemos el último episodio de los reportajes que hicieron nuestras compañeras de Radio Malva sobre las vivencias de la Dana. Eran, en principio 5 episodios realizados tres meses después del suceso, pero hace poco, un año después han… Leer más

Radio Almaina - Baño de Oralidad: (t03 ep12) Un año después del fango (Radio Malva)

Artículo original publicado en jubileosur.org por Jubileo Sur Américas

El lunes 13 de octubre, se realizó de manera virtual la Audiencia sobre Agua, Clima y Energía del Tribunal de los Pueblos y de la Naturaleza contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Tribunal es una iniciativa de la campaña internacional ¡Alto al FMI-BM! ¡Reparación YA!, lanzada al cumplirse estas instituciones 80 años.

La Audiencia reunió a comunidades, movimientos sociales, organizaciones y especialistas desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y Perú, quienes evidenciaron cómo los créditos, condicionamientos y programas de ajuste neoliberal promovidos por estos organismos financieros han generado violaciones de derechos humanos, deterioro ambiental y profundización de las desigualdades sociales. Participaron además los integrantes del Jurado Popular del Tribunal, David Abdulah (Trinidad y Tobago) y Camille Chalmers (Haití), la fiscala Verónica Heredia (Argentina) y por la Secretaría del Tribunal, Beverly Keene (Arg.)

El Tribunal invita a conocer las demandas de justicia presentadas en esta Audiencia, por quienes además destacaron las luchas permanentes por lograr el fin de los daños, la anulación de las deudas generadas y la reparación integral de las comunidades afectadas:

– El papel de la Deuda, el FMI y el Banco Mundial en Ecuador. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador (2007-2008) y fiscal de la Audiencia Ecuador del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza (octubre 2024). Presentó un resumen del veredicto de aquella Audiencia, vinculándolo con el paro y levantamiento indígena en curso, ante la exigencia del FMI de aumentar el IVA y suprimir el subsidio al gasoil, y la represión que recrudecía en simultáneo. Entre otras demandas solicitó la intervención del Tribunal en defensa de la Constitución de Montecristi (2008), amenazada por los planes del gobierno de Noboa y la complicidad de estas instituciones financieras internacionales.

– Canje de deuda para apoyar la conservación terrestre y de agua dulce en la Amazonía. Aurora Donoso, cofundadora del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo e integrante de Acción Ecológica. Denunció esta operación que convierte deuda comercial en bonos de la naturaleza como “una falsa solución que no frena la crisis ecológica ni climática y perpetúa el endeudamiento ilegítimo,” convirtiendo la naturaleza en un activo económico transable en los mercados financieros internacionales y violando los derechos territoriales y culturales de los pueblos, así como su soberanía y autodeterminación.

– Megaproyectos eólicos y la Quilombola do Cumbe, Ceará, Brasil. Andrea Camurça, coordinadora de incidencia política del Instituto Terramar y representante de la Cumbre Nordestina de los Pueblos y de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. Presentó la demanda de reparación integral de las comunidades tradicionales, quilombolas y de pescadores artesanales, afectadas por la instalación inconsulta de megagranjas eólicas en sus territorios y denunció el proyecto del Banco Mundial para la expansión de usinas eólicas offshore. “La llamada transición energética funciona en la práctica según una lógica de capitalismo verde -resumió- como una transacción energética guiada por el lucro, la lógica del mercado y ahora también por el poder digital, y no por la justicia climática y la lucha que deberíamos emprender contra las emergencias climáticas.”

– Deuda, Extractivismo y Represión en el Macronorte Perú. Ruth Reyes Pérez, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú y fiscala de la Audiencia Cajamarca del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM (noviembre 2024). Resumió las denuncias y el veredicto de aquella Audiencia, reflejados en el tumulto político actual, la demanda de una Asamblea Constituyente y la importancia de fortalecer la administración de justicia comunal por parte de las Rondas Campesinas, haciendo una articulación sólida en el norte del país que pudiera rechazar, bajo sus facultades, las concesiones y operaciones extractivistas en sus territorios, sostenidos por estos organismos internacionales que financian sus deudas.

– Caos planificada, rescate de la independencia y complicidad con el genocidio silencioso en Haití. Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma haitiana para un desarrollo alternativo (PAPDA) y también integrante del Jurado Popular del Tribunal. En esta Audiencia presentó las demandas del pueblo haitiano contra Francia, EE.UU., el FMI y el Banco Mundial, en cuanto responsables y continuadores de las políticas neocolonialistas ejemplificadas en la “doble deuda” que Francia impuso en 1825 para “indemnizar” a los esclavistas contra quienes el pueblo haitiano había rebelado exitosamente, generando un mal ejemplo por lo que se buscaba, y se busca, su aislamiento y fracaso y por lo que precisa la solidaridad para lograr la restitución, la reparación y la posibilidad de un desarrollo soberano.

– Privatización del Agua y Saneamiento en el Área Metropolitano de Buenos Aires, Argentina. Silvia Ferreyra y Sergio González, en representación ambes de la campaña NO a la privatización de AySA, y de ¡Fuera Mekorot! y la Autoconvocatoria Deuda y del Foro Hídrico de Lanús/Espacio Intercuencas respectivamente. Denunciaron la violación del derecho humano al agua con los tarifazos, la rebaja de la calidad, cortes de servicio y la no expansión del servicio en los barrios populares que ya se han producidos en la previa de la privatización en curso y que fueron objeto de denodadas luchas en la privatización anterior, ambas veces exigencias del FMI y del BM para supuestamente resolver el problema de la deuda e incorporar capitales frescos que solo llegaron en la forma de más deuda.

–  El rol del Banco Mundial en la expansión de los mercados de carbono y las vulneraciones a derechos en Colombia. Johana Peña, de CENSAT-Agua Viva. Denunció el papel central que ha desempeñado este organismo financiero, actuando como arquitecto y financiador de la infraestructura normativa, técnica y financiera que sostiene tanto el mercado voluntario como el regulado, apoyando proyectos como los de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, REDD+, que “lejos de reducir las emisiones o transformar las causas estructurales de la crisis climática, mercantilizan la naturaleza y profundizan las desigualdades socioambientales en los territorios.”

– El Centro y Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF/TFIF), Ivonne Yanez, integrante de Acción Ecológica (Ecuador) y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Aunque no pudo ser presentada en vivo, se incorporó a la Audiencia su denuncia de este Fondo cuyo lanzamiento se espera en la COP30 y que será administrado por el Banco Mundial, presentándose como una iniciativa para la conservación de bosques tropicales pero que será otro mecanismo colonial para transferir riqueza del Sur al Norte, siendo diseñado de manera que distrae la atención de las causas subyacentes de la deforestación, profundizando la financierización de los bosques en desmedro de las comunidades indígenas y tradicionales que viven y los cuíden y aumentando tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur.

Los resultados de esta Audiencia, que formó parte de la Semana Mundial de Acción sobre el FMI y el Banco Mundial, serán compartidos en la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30 y otras actividades en Belém do Pará, Brasil, en noviembre, para fortalecer la lucha por la justicia socioecológica y climática, la anulación de las deudas ilegítimas, el fin de estas políticas criminales de las instituciones financieras internacionales y la reparación de los daños. Serán incorporados al proceso global del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM, que construirá su veredicto final sobre lo recabado en todas sus sesiones.

Acceda a la convocatoria de la audiencia, disponible en diferentes idiomas.

Acceda a la grabación de la audiencia:

La entrada Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza realizó Audiencia virtual para juzgar al FMI y Banco Mundial por impactos en Agua, Clima y Energía se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Este reportaje sobre Egipto se publicó originalmente en #LaMarea106. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Egipto camina de la represión social a la depresión económica. La plaza de Tahrir, núcleo de la revolución democrática de 2011, está atestada de policías, la mayoría de ellos antidisturbios apostados cerca de autobuses en las calles que empiezan o terminan en la explanada. Todos ellos parecen aburridos, sin protestas que apagar, y matan el tiempo en un lugar al que la represión le ha arrebatado la vida.

Silenciada cualquier voz opositora, Abdel Fattah al-Sisi es el hombre fuerte de Egipto y nada hace presagiar que próximamente dejará de serlo. Una década después de hacerse con el poder, el régimen castrense está consolidado, atento principalmente a la débil coyuntura económica que atraviesa el país.

En 2011, en el marco de las «primaveras árabes», la sociedad egipcia salió esperanzada a la calle y protagonizó la revolución de Tahrir. El Ejército aceptó entregar la cabeza caducada de Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder, y controló entre bambalinas la transición. Por eso, aunque el pueblo egipcio eligió en las elecciones democráticas al islamista Mohamed Morsi, entonces líder de los Hermanos Musulmanes, en el verano de 2013 los militares reaparecieron y devolvieron el poder a sus antiguos garantes. Tras el golpe de Estado, el elegido para comandar esta nueva era fue Al-Sisi, jefe de la Inteligencia militar durante las revueltas de Tahrir.

Cuando obtuvo la presidencia en 2014, Al-Sisi comenzó una purga de opositores sin precedentes en Egipto. En tres oleadas, atacó primero al islam político de los Hermanos Musulmanes; luego a los activistas de los derechos humanos y políticos opositores; y finalmente, a personas corrientes, personas descontentas con la delicada situación económica o la pérdida de derechos laborales. La magnitud represiva de esta década es tal que se estima que en Egipto hay actualmente 60.000 presos políticos: entre ellos destacan el activista Alaa Abd el-Fattah, quien, de forma intermitente, lleva casi una década en prisión, y el político Ahmad al-Tantawy, encarcelado por intentar postularse a las elecciones presidenciales de 2023.

«Con los levantamientos de 2011, los militares aprendieron la lección: si haces como Mubarak y aceptas ciertas libertades, las personas pedirán cambios radicales, por lo que no puedes permitir fisuras y hay que clausurar los espacios cívicos de resistencia. Al-Sisi vive con la paranoia de 2011», explica Mohamed Lotfy, cofundador y director ejecutivo de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades. «Ahora el miedo está en la inestabilidad económica, que genera enfado y crea un espacio en el que la gente puede organizarse contra el presidente, que entonces utilizaría sus tácticas del terror», añade.

Tribunales ‘ad hoc’

Para legalizar este modus operandi represivo, Al-Sisi ha creado tribunales y redactado leyes para combatir el «terrorismo». «Por ejemplo, Mubarak utilizó las cortes militares para detener a los activistas políticos, mientras que Al-Sisi ha creado leyes y pequeñas cortes para combatir el terrorismo, pero en realidad las está utilizando contra las organizaciones civiles y los usuarios de las redes sociales. Ahora, todos somos terroristas», explica Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia en la Judicatura y las Profesiones Jurídicas. «En 2019, Al-Sisi reformó la Constitución y obtuvo más poder frente a los jueces. Ahora puede elegir al Fiscal de la Nación y a los presidentes de las cortes superiores, la de Casación, la Administrativa y la Constitucional», añade.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian los ataques que sufren periodistas, sindicalistas o activistas, y subrayan la delicada situación del Estado de derecho en Egipto, reflejada en los largos períodos que pasan las personas detenidas a la espera de juicio –hasta dos años en los casos de «terrorismo»– y en prácticas de dudosa legalidad, como denegar a los abogados el acceso a los expedientes de los casos.

Nasser Amin y Mohamed Lotfy son dos ejemplos de una larga lista de defensores perseguidos por el Estado en la última década. Amin no puede abandonar Egipto desde 2015, razón por la que ha perdido su puesto en el grupo de abogados de la Corte Penal Internacional que defiende a las víctimas de los crímenes de guerra en Darfur, en Sudán; además, estar en la lista negra del Gobierno ha mermado la cartera de clientes de este letrado que defendió a presos políticos como Sami Anan, antiguo número dos del Ejército y encarcelado casi dos años por tratar de presentarse a las elecciones de 2018. Sobre Lotfy pesaba la misma prohibición, y tampoco podía abandonar Egipto, pero recientemente le levantaron ese veto. En su caso, algunos compañeros han sido detenidos o han tenido que exiliarse. Su pareja, además, fue arrestada durante ocho meses por sus comentarios en defensa de las mujeres acosadas en las redes sociales.

«Muchos compañeros han sido acusados de pertenecer a un grupo terrorista o de difundir información falsa. Nuestro director fue arrestado y un compañero tuvo que refugiarse en Francia en 2019. El Gobierno quiere destruirnos y nos ataca, pero hemos aguantado y ha entendido que las detenciones no destruirán a las ONG: en los dos últimos años no hemos sufrido arrestos», reconoce Lotfy.

Desde el golpe de Estado de 2013, Al-Sisi ha arrasado en las tres farsas electorales celebradas, y en 2019 consiguió aprobar vía referendo una reforma constitucional para, entre otras medidas, poder eternizarse en el poder. Sin embargo, carece del apoyo popular o el carisma de sus predecesores castrenses: el socialista Gamal Abdel Nasser, el islamoliberal Anuar al-Sadat y el continuista Hosni Mubarak. A diferencia de ellos, Al-Sisi llegó al poder tras aplastar una revolución popular. Diez años después, Lotfy apunta que entre 2022 y 2024 entraron en prisión tres personas por cada una liberada. Amin añade que se han construido más de 50 cárceles en el país. «Y había 48», apunta. Sin popularidad, Al-Sisi se impone a través de la represión y el miedo.

«Las autoridades excarcelaron a 834 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple durante 2023. Miles de personas que criticaban al gobierno –o que se consideraba que lo hacían– continuaron detenidas de manera arbitraria o fueron procesadas injustamente. Las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos», resume en su último informe anual Amnistía Internacional. «Después de 10 años, ningún alto cargo había rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de al menos 900 personas durante la violenta dispersión de las acampadas celebradas por simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Morsi el 14 de agosto de 2013», subraya esta entidad.

Pese a la delicada situación de los derechos humanos, el llamado bloque occidental respalda sin fisuras a Al-Sisi. Egipto es un aliado esencial en la región, y además, la puerta trasera de Israel, con quien mantiene buenas relaciones institucionales desde la era de Anuar al-Sadat. Amin lo resume así: «Hay causas más importantes que los derechos humanos, y la UE, Estados Unidos y la ONU miran por los intereses de sus gobiernos. En las organizaciones pequeñas trabajamos sin apoyos. Y no esperamos ayuda de la comunidad internacional».

A cambio de esta estabilidad geopolítica, la UE, el FMI, las potencias del Golfo y Estados Unidos ayudan a la subsistencia del régimen egipcio a través de créditos, programas de ayuda o inversiones directas que palíen los problemas económicos. La UE encabeza la inversión directa extranjera y las transacciones comerciales con Egipto. Recientemente selló un acuerdo de cooperación de 7.400 millones de euros en ayuda financiera que incluye una partida de 200 millones para el control de los y las migrantes. Por su parte, en la mayor inversión directa extranjera en el sector urbanístico de la historia egipcia, Emiratos Árabes Unidos adquirió el derecho a desarrollar y explotar comercialmente la región de Ras al-Hekma por 35.000 millones de dólares y el 35% de los beneficios anuales del proyecto.

Estas inyecciones de liquidez son parches y no solucionan los problemas estructurales de la economía egipcia. Segundo mayor deudor del FMI, Egipto presenta una balanza comercial negativa y una alta deuda pública con respecto al PIB, y son preocupantes la devaluación de la libra egipcia, la inflación y los conflictos regionales que merman los ingresos procedentes del turismo y el tráfico de barcos en el canal de Suez. Ante esta situación, el Gobierno egipcio vive en una espiral de deuda en la que pide nuevos créditos para acometer reformas o pagos pendientes y recorta en partidas presupuestarias destinadas a la sociedad. De esta forma, denuncia en su último informe Amnistía Internacional, «el gobierno asignó aproximadamente la mitad del presupuesto de 2023-2024 al pago de la deuda e incumplió el mandato constitucional de dedicar al menos el 3% del PIB a sanidad y, el 6%, a la educación básica y superior».

La entrada Egipto: de la represión política a la depresión económica se publicó primero en lamarea.com.

En el programa de hoy tenemos una entrevistada, Laura, activista del 8-M de Zaragoza para explicarnos algunas de las dudas que surgen en torno a la huelga y a la manifestación del 8 de Marzo. Luego contestamos algunas preguntas que nos han formulado los niños y niñas del colegio Burbank Middleschool nada más y nada […]

La entrada RADIO MARMOTA 17-02-2019 se publicó primero en Radio Topo.

En este programa hablamos con Roxana Popelka de Offmothers sobre los proyectos artísticos de este colectivo de Gijón que giran en torno a la maternidad y cómo la viven/vivimos desde el feminismo. En la segunda parte del programa Sandra pone voz a la rabia y la indignación que todas las mujeres hemos sentido en el […]

La entrada El Chamizo con el Colectivo Offmothers y la sentencia de la manada se publicó primero en Radio Topo.

Te vamos a enseñar a configurar Zeno FM con Butt, el cliente para streaming libre. Zeno FM es un servidor de streaming muy conocido y utilizado que se caracteriza por ser una gran empresa, pero además brinda un servicio gratuito de calidad para comunidades multi étnicas y otras organizaciones. Lo primero que debes hacer es solicitar una cuenta, luego de llenar el…

Origen