Fotografía: Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Artículo original publicado en ctxt.es por Gabriel Zucman

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.

Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.

Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.

Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.

Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.

Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.

***

A partir de los años ochenta, las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX,  pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.

En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.

La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.

Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.

El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.

Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.

***

Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.

Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.

Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.

Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.

Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).

Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.

Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.

***

¿Qué hacer?

En 2022, la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.

No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.

Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.

De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.

El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.

Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.

Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.

Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.

La entrada ¿A dónde van a parar los beneficios de la guerra? se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada ¿A dónde van a parar los beneficios de la guerra? se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: El 7 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra las instalaciones urbanas de almacenamiento de combustible de Teherán, concretamente contra los depósitos de Shahran, en el oeste de la capital. Hamid Vakili 

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Juan Laborda

Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada bajo la administración de Donald Trump con el apoyo de Benjamin Netanyahu, representa una violación flagrante del derecho internacional y un punto de inflexión en el orden mundial. Este conflicto ilegal (al no contar con defensa propia legítima ni autorización del Consejo de Seguridad) constituye un “crimen de agresión”, descrito en los juicios de Núremberg como “el crimen internacional supremo” que contiene todo el mal de la guerra. La propia justificación brindada por Trump, alegando una supuesta amenaza inminente del programa nuclear iraní (evoca los falsos pretextos de la invasión de Irak en 2003), mostrando un desprecio cínico por la legalidad internacional. Las consecuencias geopolíticas son profundas: autores como Emmanuel Todd señalan que esta guerra evidencia la disolución del liderazgo occidental y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el sistema global.

Todd advierte que estamos ante el inicio de una “Tercera Guerra Mundial”, con Occidente atacando a potencias emergentes, y compara la debacle estadounidense con la caída de la URSS. De hecho, Todd afirma que en este nuevo conflicto “los ataques provienen de EEUU”, atribuyendo a Washington el papel agresor que antaño tuvieron los regímenes fascistas. En su análisis, la derrota estratégica de Occidente conduce al colapso de la civilización occidental, con síntomas como la desconexión de las élites respecto de la realidad. Este giro histórico marca el fin de la pretensión moral de Occidente para liderar el mundo, ya que viola las normas que dice defender. No es casual que figuras como Sheldon S. Wolin hayan descrito la deriva interna de Estados Unidos como un “totalitarismo invertido”, en el cual las instituciones democráticas se vacían mientras el Estado, controlado por unas pocas élites y corporaciones, persigue un poder sin límites y guerras permanentes. Wolin observó ya durante la ocupación de Irak que EEUU proyectaba una imagen de imperio y superpotencia que, lejos de exportar democracia, estaba erosionando su propia democracia interna en pos de un Estado autoritario.

En este contexto, la guerra contra Irán simboliza la ruptura definitiva: un Occidente que abandona la legalidad internacional y cuyos líderes – Trump, Netanyahu y sus colaboradores – podrían incluso enfrentar la condena de la historia (y en teoría, de la justicia internacional) por crímenes de guerra y agresión. Aunque la Corte Penal Internacional enfrenta límites jurisdiccionales (EE.UU. e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma), la mera posibilidad de un juicio por crímenes de guerra subraya la gravedad de la transgresión. En suma, esta guerra ilegal no solo desestabiliza Oriente Medio; también consuma la pérdida de legitimidad de Occidente, abriendo paso a un orden internacional post-occidental más multipolar y desafiante.

Impacto económico y soluciones poskeynesianas: inflación, fiscalidad y control de precios

Las consecuencias económicas de la guerra –en particular el aumento brusco de los precios de la energía (petróleo, gas) y de productos agrícolas básicos– han sacudido a la economía mundial. Los choques de oferta bélicos disparan la inflación de costes y amenazan con recesiones. Frente a este escenario, los economistas postkeynesianos proponemos una serie de soluciones heterodoxas, enfocadas en la intervención activa del Estado para estabilizar precios y sostener la demanda, en contraposición a las recetas neoliberales pasivas.

Aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada

En primer lugar, se enfatiza el uso de la política fiscal activa y los estabilizadores automáticos. Siguiendo la tradición de Hyman Minsky, un “Gobierno Grande” debe permitir déficits masivos en crisis para poner un suelo bajo la caída económica. Minsky argumentaba que un elevado gasto público y transferencias (como seguros de desempleo) actúan como amortiguadores automáticos que evitan depresiones profundas. En la crisis actual, esto implica aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada. Los estabilizadores automáticos (seguro de paro, impuestos progresivos) ya están diseñados para aumentar el gasto público en recesiones sin requerir nuevas leyes, proporcionando un estímulo inmediato.

En segundo lugar, los postkeynesianos proponemos controles estratégicos de precios y políticas de ingresos para frenar la inflación por el lado de los costes. A diferencia de la ortodoxia que rehúye la intervención o solo propone bajadas de impuestos que benefician a unos pocos, aumentando la extracción de rentas, economistas como John Kenneth Galbraith y Minsky han defendido controles selectivos cuando grandes oligopolios ya fijan precios a su antojo. Un ejemplo actual serían topes a los precios de la energía y alimentos esenciales durante la emergencia: al estar estos sectores dominados por pocos actores, el Estado puede limitar incrementos abusivos sin arriesgar desabastecimiento. De hecho, “las empresas ya controlan precios, por lo que no es difícil para el gobierno controlar lo que ya está controlado” refiriéndonos a mercados concentrados. Durante 2022-2023, varios países aplicaron topes al precio de la electricidad o gasolina con resultados muy positivos, señalando el camino de la intervención. Minsky, por su parte, no descartaba congelaciones salariales y de precios temporales pactadas – las clásicas políticas de ingresos, para frenar espirales inflacionarias de salarios y márgenes empresariales. La clave es combinar estas medidas con otras políticas para evitar efectos adversos (por ejemplo, subsidios a productores si se controla el precio final, para que mantengan la producción).

Tercero, los postkeynesianos enfatizan la inversión pública y la planificación de la producción en sectores críticos. Ante el encarecimiento de hidrocarburos, un Estado emprendedor puede invertir aceleradamente en energías alternativas (renovables, nuclear) para reducir la dependencia y estabilizar los costos energéticos a mediano plazo. De igual forma, puede financiar directamente aumentos de producción agrícola (o liberar reservas estratégicas de alimentos y energía) para compensar la escasez provocada por la guerra. Nicholas Kaldor propuso en los años 60 del siglo pasado un enfoque visionario: crear reservas internacionales de materias primas y hasta una moneda de reserva basada en commodities, de modo que los precios de productos clave se mantuvieran estables. Esa idea –revitalizada por Kaldor en 1964 durante la primera UNCTAD– buscaba estabilizar ingresos de países exportadores y contener la inflación importada en países consumidores, controlando la subida de precios con reservas públicas de alimentos y energía a nivel mundial. En la coyuntura actual, una versión actualizada podría ser acuerdos internacionales para aumentar la producción de petróleo (vía países OPEP+) o granos (vía corredores seguros) combinados con compras y ventas coordinadas de reservas para suavizar los precios.

En cuarto lugar, los economistas poskeynesianos planteamos medidas distributivas para enfrentar la inflación de guerra. Dado que gran parte de la reciente inflación proviene de “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) en sectores oligopólicos favorecidos por la escasez, una solución es gravar esos beneficios extraordinarios y redistribuirlos. Un estudio poskeynesiano reciente (Wildauer et al., 2023) analizó distintas respuestas a un shock de precios energéticos y halló que la política más efectiva para contener la inflación sin destruir empleo fue redistribuir las ganancias extraordinarias a los trabajadores mediante impuestos a beneficios inesperados. En otras palabras, un “windfall tax” a petroleras, eléctricas o exportadores agropecuarios – cuyos precios se dispararon por la guerra – y destinar esa recaudación a aliviar a consumidores (vía subsidios, cheques energéticos o bajadas de otros impuestos) ayuda a frenar la espiral inflacionaria reduciendo márgenes empresariales excesivos, sin recurrir a la vía ortodoxa de provocar una recesión.

Esta estrategia poskeynesiana aborda la inflación como un “conflicto distributivo” –un tira y afloja entre beneficios y salarios– por lo que procura ajustar ese balance (vía impuestos y transferencias) en lugar de simplemente subir tipos de interés y enfriar la economía. Autores como Steve Keen apoyan enfoques no convencionales donde el control de la inflación no recaiga solo en el banco central, sino en políticas fiscales dirigidas y regulación, señalando que la inflación actual no proviene de una demanda sobrecalentada sino de choques de costos y de la arquitectura financiera que amplifica esos choques.

Todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado

Finalmente, es esencial mencionar que todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado (pactos de precios y salarios), que invierte directamente y que regula mercados clave. Lejos de “crowding out”, este enfoque sostiene que una presencia estatal fuerte es necesaria para stabilizar un capitalismo propenso a crisis, tal como Minsky teorizó en su hipótesis de inestabilidad financiera. Jan Kregel, seguidor de Minsky, destaca que, sin controles públicos, los mercados financieros tienden a exacerbar las fluctuaciones en lugar de amortiguarlas, y esto es evidente en la volatilidad de materias primas sin regulación. En resumen, la receta poskeynesiana ante el caos económico desatado por la guerra pasa por fiscalidad expansiva, control de precios estratégicos, inversión estatal y reparto equitativo de cargas, en lugar de confiar ciegamente en la contracción monetaria o la “mano invisible”, o meras bajadas de impuestos que solo beneficia a unos pocos. Se trata de rescatar el papel de la política económica democrática para proteger a las mayorías frente a la inflación y el desabastecimiento, evitando así que el coste de la guerra lo paguen los trabajadores y consumidores más vulnerables.

Desfinanciarización y reforma energética: frenar la especulación y rediseñar el mercado eléctrico

Un elemento crítico agravante de la actual crisis de precios es la financiarización de las materias primas y la desregulación de los mercados energéticos en décadas recientes. De ello ya hemos hablado largo y tendido en estas líneas, pero nadie hace nada. Petróleo, gas, trigo y otros commodities esenciales no solo se compran para consumo, sino que se negocian masivamente en mercados de futuros y derivados por inversores puramente financieros. Esta especulación intensiva ha amplificado los picos de precios durante la guerra: los fondos de inversión y banco añaden demanda artificial y volatilidad Los postkeynesianos llevamos tiempo advirtiendo de estos peligros. Jan Kregel, por ejemplo, sostiene que la entrada de actores financieros “no tradicionales” (fondos indexados, ETFs (exchange-traded funds), grandes bancos) en los mercados de alimentos y energía durante los 2000s fue un factor clave tras el alza de precios 2006-2008 y nuevamente en la guerra de Ucrania y en la crisis actual. Su análisis muestra cómo la especulación puede desvincular los precios de la oferta y demanda reales: los precios futuros suben por la “burbuja” financiera y arrastran los precios spot al alza, perjudicando tanto a consumidores como a países importadores pobres.

Para combatir esta financiarización desestabilizadora, los poskeynesianos proponemos reformas regulatorias profundas: volver a separar la banca comercial de las actividades especulativas (reinstituir elementos de la ley Glass-Steagall), imponer límites estrictos de posición a los fondos en mercados de futuros (evitando que un mismo actor acapare contratos de trigo o crudo), exigir mayores márgenes de garantía para frenar el apalancamiento en derivados, y prohibir instrumentos puramente especulativos como los fondos indexados de commodities que compran sin intención de uso físico. Adicionalmente, se aboga por mayor transparencia y regulación internacional: por ejemplo, una base de datos pública de inventarios globales y flujos de commodities, coordinada por la ONU, para disipar rumores y prevenir compras de pánico. Algunos economistas sugieren reactivar el espíritu de acuerdos previos (como el desaparecido Commodity Stabilization Corporation planteado por Keynes y Kaldor) adaptado al siglo XXI, creando consorcios internacionales que intervengan en mercados clave: comprando futuros cuando los precios se desploman por debajo de costos (sosteniendo a productores) y vendiendo reservas cuando hay picos especulativos (protegiendo a consumidores). Esto implicaría dotar de fondos a instituciones globales para operar como “market maker” de último recurso en materias primas esenciales, análogo a un banco central, pero para bienes físicos.

En el sector energético, la guerra ha evidenciado evidentes fallos del modelo liberalizado, en especial el sistema marginalista de precios eléctricos vigente en muchas regiones (por ejemplo, en la Unión Europea). En este mecanismo, el precio mayorista de la electricidad lo marca la última central necesaria para cubrir la demanda (habitualmente centrales de gas de costo alto), de modo que cuando sube el gas, toda la electricidad se paga al precio más caro. En 2022, con el gas por las nubes tras la escalada bélica, países europeos vieron el precio eléctrico multiplicarse varias veces, otorgando beneficios extraordinarios a generadores inframarginales (renovables, nuclear, hidráulica, con costes bajos) que cobraban precios inflados muy por encima de sus costes. Es la gran “estafa” del mercado marginalista, pues las eléctricas obtuvieron rentas inesperadas millonarias a costa de consumidores y pequeñas comercializadoras. Los poskeynesianos nos sumamos a las voces que denuncian este diseño de mercado, argumentando que un bien esencial como la energía no debería dejarse a una subasta volátil que premia la especulación y el poder de mercado.

Las propuestas de rediseño del mercado eléctrico incluyen varias medidas interrelacionadas. Primero, desacoplar el precio de la electricidad del gas. Por ejemplo, pagar a los generadores inframarginales (renovables, nuclear) un precio fijo o por costes promedio a largo plazo, en lugar de pagarles el precio marginal instantáneo. Así se evitaría que una punta en el gas encarezca todo el pool eléctrico. Durante la crisis de Ucrania, España y Portugal lograron una excepción temporal (tope al gas) para limitar el precio considerado del gas en el mercado eléctrico, reduciendo artificialmente el precio final. Una reforma permanente podría establecer mercados separados o mecanismos de compensación para desligar tecnologías baratas de la espiral especulativa del gas.

Una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados

En segundo lugar, tarifas reguladas y contratos a largo plazo: potenciar contratos bilaterales de largo plazo a precios estables entre productores y consumidores, incluso con participación pública. Si bien la UE propuso fomentar estos contratos, hacerlo sin más regulación simplemente traslada el problema al mercado a plazo, donde también hay especulación y barreras de entrada. En cambio, se sugiere que el Estado actúe como intermediario. Por ejemplo, una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados, garantizando estabilidad de precios y financiando nuevas inversiones verdes.

En tercer lugar, límites al comercio especulativo de energía: restringir la participación de agentes puramente financieros en los mercados mayoristas de electricidad y gas. Los poskeynesianos abogamos porque sólo productores, distribuidores y consumidores cualificados (grandes industrias) puedan operar en dichos mercados, para reducir la liquidez especulativa que amplifica la volatilidad. Asimismo, implementar cortes temporales cuando los precios diarios suban excesivamente sin causa fundamental, evitando picos aberrantes.

Finalmente, regulación de la propiedad y la competencia: luchar contra el oligopolio eléctrico. La propuesta poskeynesiana incluye fortalecer las empresas públicas de energía o crear nuevas donde no las haya, para introducir competidores sin afán de lucro que moderen los precios. También realizar auditorías de costos en las empresas dominantes, detectar prácticas de manipulación de precios (por ejemplo, retirar capacidad para forzar subidas) y sancionarlas con dureza. Incluso se plantea la renacionalización parcial de redes o activos estratégicos, dado que la energía es un bien público. Estas medidas estructurales enfrentan la oposición de las corporaciones, pero apuntan a recuperar el control democrático sobre un sector vital.

La filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales

En síntesis, la filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales. Frente a la doctrina neoliberal que desde los años 90 liberalizó estos mercados bajo la premisa de eficiencia (premisa desmentida por los hechos, pues los precios se han vuelto más inestables y propensos a burbujas) se propone una vuelta a mecanismos mixtos público-privados. Esto significa mercados más regulados, con intervención pública directa para estabilizar precios y asegurar suministro, y con menos intermediarios financieros buscando extracción de rentas. Al fin y al cabo, como señala Jan Kregel, la especulación desenfrenada no solo causa injusticia social inmediata (hambre, pobreza energética) sino que distorsiona la estructura productiva de países enteros, generando booms artificiales seguidos de colapsos que impiden un desarrollo sostenible. Poner freno a estas dinámicas requiere valor político para enfrentarse a los intereses creados de Wall Street y las grandes energéticas, pero los postkeynesianos argumentamos que es imprescindible para evitar que las leyes del mercado desregulado socaven el bienestar de las naciones. La guerra ilegal contra Irán, con sus repercusiones económicas, ha servido en última instancia para exponer las debilidades del sistema global actual –tanto en lo geopolítico como en lo económico– y ha dado renovada fuerza a estas ideas de reforma. Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados. Pero que no se preocupen los extractores de rentas, el occidente decadente no hará nada de esto.

La entrada Medidas poskeynesianas contra los efectos de la guerra en Irán y el fin del liderazgo occidental se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada Medidas poskeynesianas contra los efectos de la guerra en Irán y el fin del liderazgo occidental se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Trabajadoras de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en una imagen sin fechar. / Historia Bancaria

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

El Banco Central Europeo se suma a más de un centenar de bancos centrales que estudian o diseñan la emisión de nuevas monedas digitales. 

La idea suena ambiciosa, casi revolucionaria. Pero conviene aclarar las cosas porque –por lo que el propio BCE viene informando sobre su proyecto– parece que lo que va a crear se parece más a un “monedero digital” que a una auténtica nueva moneda de esa naturaleza.

El euro digital ya existe

El dinero es, en términos simples, cualquier cosa que sea aceptada generalmente como medio de pago. Hoy adopta formas distintas. Por un lado, está el dinero físico –monedas y billetes de euros– que es el dinero legal emitido por el banco central. Y por otro lado hay dinero digital (en nuestro caso, euro digital), que es el que utilizamos cada día a través de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, transferencias o aplicaciones móviles. Este último no lo crea directamente el banco central, sino los bancos comerciales cuando conceden crédito. Es dinero bancario, digital, y constituye la inmensa mayoría del dinero en circulación.

El euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas

Por lo tanto, el euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas, sino números en la cuenta de nuestro banco. Es decir, no es dinero que circule en forma de papel o metal, como los billetes y monedas, sino como apuntes electrónicos en los ordenadores de los bancos. Podemos convertirlo en billetes si queremos, pero mientras tanto son simplemente cifras anotadas en nuestra cuenta.

¿Qué es una moneda digital del banco central?

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público

A diferencia del dinero bancario actual, que es dinero digital creado por la banca privada, una moneda digital de banco central (MDBC) es dinero emitido directamente por el banco central en formato digital y accesible al público en general.

Por tanto, para que lo sea en sentido pleno, debería reunir al menos las siguientes características:

– Emisión directa por el banco central, como lo son hoy los billetes y monedas.

– Acceso universal, de modo que cualquier persona o empresa pueda abrir una cuenta o mantener saldo directamente en el banco central, sin necesidad de intermediación bancaria para disponer de la titularidad del dinero.

– Convertibilidad plena y paritaria. Es decir, ser intercambiable uno a uno con el dinero físico y con los depósitos bancarios.

– Ausencia de límites cuantitativos o de topes de tenencia, para que pueda utilizarse exactamente igual y con los mismos fines que cualquier otra forma actual de dinero.

– Posibilidad de ser remunerado con intereses para que así el banco central pudiera convertir su gestión en un instrumento directo más de política monetaria.

– Capacidad de funcionar como medio de pago general. Es decir, ser utilizable en todo tipo de transacciones, tanto minoristas como electrónicas, en igualdad de condiciones frente a otras formas de dinero.

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público plenamente equiparable al efectivo, pero en formato digital.

Lo que al parecer se propone crear el Banco Central Europeo

Según la información difundida por el Banco Central Europeo, el euro digital que se propone crear tendría características y funcionalidades bastante diferentes a las anteriores. No sería una nueva moneda digital en sentido estricto por diferentes razones:

a) Se establecen límites cuantitativos a la tenencia de euros digitales, parece ser que de 3.000 euros por sujeto. Una restricción que impide que pueda utilizarse libremente como cualquier otra forma de dinero y limita su capacidad de convertirse en alternativa real a los depósitos bancarios.

b) No tendría remuneración y, al excluir el pago de intereses, el BCE renuncia a utilizarlo como instrumento directo y flexible de política monetaria. Evita así que compita en condiciones similares con otros activos líquidos.

c) No estaría diseñado para funcionar en igualdad plena frente a los depósitos bancarios.
El propio BCE ha señalado que su objetivo es evitar que la banca privada deje de ser la principal vía de intermediación financiera. Es decir, el diseño incorpora explícitamente la intención de que no sustituya ni compita estructuralmente con los depósitos privados.

d) No supondría una ampliación sustancial del dinero público en circulación.
En la práctica, el euro digital se nutriría principalmente de transferencias desde depósitos bancarios ya existentes, más que de una expansión neta del dinero emitido por el banco central.

Las ventajas del euro digital

Una parte significativa de nuestras infraestructuras depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo

A la vista de esto último, es fácil deducir que el euro digital que se propone crear el BCE cumpliría algunas características de una moneda digital del banco central, pero no todas las que podría tener en sentido pleno. No sería una moneda digital del banco central en su versión completa, sino una versión limitada y bastante acotada de esa posibilidad. Como dije, una especie de monedero digital sofisticado.

A pesar de ello, es cierto que tendría virtudes importantes 

En primer lugar, proporcionaría un nivel de seguridad superior al de los depósitos bancarios privados, cuya garantía depende en última instancia de mecanismos de respaldo y supervisión. Tener dinero directamente emitido por el banco central elimina el riesgo de insolvencia de una entidad comercial sobre ese saldo concreto.

En segundo lugar, reforzaría la autonomía europea en el ámbito de los pagos digitales, pues una parte significativa de nuestras infraestructuras actuales depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo. Aunque esto sólo se produciría en cierta medida, como expliqué en un artículo anterior.

En tercer lugar, el euro digital actuaría como contrapeso frente a la expansión de soluciones privadas –desde grandes plataformas tecnológicas hasta iniciativas cripto– en el ámbito monetario. 

En cuarto lugar, podría mejorar la eficiencia en los pagos al reducir costes de transacción, aumentar su velocidad, ofrecer interoperabilidad en toda la eurozona y permitir pagos digitales sin conexión a la red (si se diseña para que pueda ser así).

Finalmente, si se diseña adecuadamente, puede aumentar la inclusión financiera facilitando el acceso a pagos digitales a personas con menor acceso a servicios bancarios tradicionales. 

Las renuncias del Banco Central Europeo

La creación de un euro digital que no será una auténtica nueva moneda sino algo de bastante menos alcance, como hemos visto, supone que el BCE renuncia a ventajas e instrumentos muy relevantes que tienen las monedas digitales de los bancos centrales en sentido estricto y pleno.

Renuncia, en primer lugar, a que el euro digital se convierta en una alternativa real a los depósitos bancarios.

Renuncia también a la remuneración de esos saldos, lo que excluye su utilización como instrumento directo y flexible de política monetaria.

Al establecer un límite de depósito y excluir su remuneración, el BCE garantiza que el euro digital no se convierta en una alternativa significativa a los depósitos bancarios. El resultado es que la estructura actual de creación y gestión del dinero permanece intacta, con los mismos incentivos y vulnerabilidades que han caracterizado al sistema en las últimas décadas y que han hecho necesarias en demasiadas ocasiones intervenciones públicas muy costosas para sostener la estabilidad financiera.

El argumento que invoca el Banco Central Europeo para no ir más allá es la estabilidad financiera. Por un lado, como dice el propio BCE, para evitar que se produzca una desintermediación significativa de la banca privada. Es decir, que deje de ser el eje o centro principal de la captación de depósitos y de la provisión de crédito y medios de pago en Europa. Y, por otro, que se produzcan tensiones por salidas masivas de dinero si no se pone límite a la transferencia de depósitos hacia el euro digital. Pero el resultado de ese conservadurismo es claro y negativo: el euro digital nace diseñado para no transformar la arquitectura monetaria existente. 

La transición tecnológica en la que nos encontramos, la auténtica revolución financiera que ya ha empezado a darse, ofrece una oportunidad histórica para redefinir el papel del dinero público en la economía digital y para reforzar la autonomía de la Unión Europea. 

El Banco Central Europeo podría haberla aprovechado, pero ha optado por la versión más conservadora, neutra y cuidadosamente acotada del euro digital. Y cuando la innovación tecnológica avanza y proporciona oportunidades de cambio, elige mantener el equilibrio institucional, a pesar de los graves y recurrentes problemas que ya ha dado. 

En un momento en el que Europa debate su autonomía estratégica, el dinero público digital podría haber sido una herramienta de transformación. Con lo que proyecta hacer el BCE será, sin embargo y como mucho, un instrumento complementario que no podrá desplegar todo el enorme beneficio potencial de las auténticas monedas digitales de los bancos centrales. Una gran oportunidad perdida.

La entrada Euro digital: el puedo y no quiero del Banco Central Europeo se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada Euro digital: el puedo y no quiero del Banco Central Europeo se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares

«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.

En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.

Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.

La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad

Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.

Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.

Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.

El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.

También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.

La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.

El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.

El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.

El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.

La entrada El decrecimiento económico no promete, propone se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.