Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado originalmente para Público.

Hay un movimiento silencioso pero revelador que está reconfigurando el mapa geopolítico del siglo XXI. Los grandes barones tecnológicos de Silicon Valley, arquitectos de los sistemas de vigilancia digital más sofisticados de la historia, están abandonando progresivamente Estados Unidos en busca de territorios donde construir sus propias reglas, dictar sus propias leyes y quedar al margen de cualquier rendición de cuentas democrática. Roatán en Honduras y la Argentina de Milei son sus destinos más emblemáticos. España, mientras tanto, empieza a sentir en su propia piel las consecuencias de esta nueva diplomacia del poder, donde las embajadas operan como cuarteles generales de una oposición que mira más a Washington que a sus propios electores.

Próspera: la ciudad-estado que quiso comprar la soberanía hondureña

Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Próspera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con estructura fiscal y regulatoria independiente, diseñada para atraer inversores tecnológicos y defensores del libre mercado. La ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permitía crear enclaves con autonomía casi total en materia fiscal, regulatoria e incluso de seguridad pública, y el proyecto reunió más de 120 millones de dólares en capital de Silicon Valley.

El experimento chocó con una realidad que los libertarios tienden a subestimar: la soberanía popular. Cuando la presidenta Xiomara Castro derogó la ley que amparaba las ZEDE, Honduras Próspera Inc. presentó una demanda de más de 10.000 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que tratados comerciales con Estados Unidos le garantizaban operar 50 años más. Una empresa privada amenazando con arruinar a un país por haber ejercido su soberanía constitucional: pocas imágenes ilustran mejor la lógica de este movimiento.

El vínculo entre Próspera y el expresidente Juan Orlando Hernández no es anecdótico: fue él quien aseguró las concesiones legales que hicieron posible la ZEDE durante su mandato. Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego. Lo que ocurrió después constituye una de las interferencias electorales más descaradas de los últimos tiempos. El 28 de noviembre de 2025, solo dos días antes de las elecciones generales hondureñas, Trump anunció su indulto en redes sociales y mostró su apoyo explícito al candidato del partido de Hernández, amenazando además con cortar el financiamiento a Honduras si no ganaba el conservador afín. La lógica del chantaje aplicada a la democracia de un país soberano, con un narcotraficante confeso como moneda de cambio.

Argentina: cuando el experimento ocupa un país entero

Si Honduras fue el laboratorio de la ciudad-estado, Argentina bajo Javier Milei representa la versión a escala nacional del mismo proyecto. El símbolo más elocuente es la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir Technologies, a Buenos Aires. Thiel dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami, trasladó a su familia e inscribió a sus hijos en una escuela local, consolidando una relación ideológica con el gobierno de Milei que ambos definen como el encuentro de dos anarcocapitalistas.

La paradoja es mayúscula. Thiel es cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor In-Q-Tel, concebida desde el primer día como herramienta de vigilancia estatal. En 2025, Palantir aseguró un contrato con el Ejército estadounidense de hasta 10.000 millones de dólares, consolidando su papel como pieza central del Estado de seguridad global. Que el creador de uno de los mayores instrumentos de vigilancia masiva del planeta busque refugio en una Argentina desregulada no carece de ironía. Varios analistas regionales especulan con posibles acuerdos de inteligencia entre Palantir y el gobierno de Milei, aunque ninguno ha sido confirmado públicamente.

El patrón que emerge merece una lectura más profunda. Los tecnólogos que construyeron los sistemas de rastreo de comunicaciones y perfilado ciudadano más poderosos de la historia parecen haber concluido que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para ellos ni para su patrimonio. Cabe preguntarse si esa sensación no guarda relación directa con su propia obra: con los mecanismos de control que ayudaron a diseñar y que ahora temen que puedan volverse contra quienes los crearon en un contexto de creciente desigualdad y tensión social. ¿Son conscientes de que los sistemas de vigilancia masiva que contribuyeron a desarrollar pueden generar precisamente las revueltas sociales de las que intentan huir?

España en el punto de mira

El escenario que se dibuja en Latinoamérica tiene su correlato europeo, y España es el objetivo más visible. Las reuniones del nuevo embajador de la administración Trump con los líderes del bloque conservador (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), sumadas a sus declaraciones públicas en un desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026 en Madrid contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Desde la izquierda parlamentaria se exigieron explicaciones sobre qué coordinaban los tres líderes de la oposición con la sede diplomática estadounidense en la misma semana, sugiriendo que los movimientos podrían responder a intereses ajenos a España.

Merece atención especial el papel de Isabel Díaz Ayuso. El 21 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la embajada como sus correligionarios: recibió al embajador en la Real Casa de Correos, su propia sede institucional, como si de un jefe de Estado se tratara. Esa inversión del protocolo es reveladora. Su participación en estos cónclaves evidencia una diplomacia paralela más interesada en sintonizar con el neoconservadurismo de Washington que en respetar los cauces de la política exterior española.

La pregunta que flota en el ambiente madrileño, entre irónica e inquietante, es inevitable: ¿Estarán negociando una “ZEDE” para Madrid? La broma tiene su lógica. Ayuso lleva años construyendo la Comunidad de Madrid como un enclave de baja fiscalidad y regulación diferenciada, cuya filosofía de fondo no dista tanto del modelo que los tecnólogos libertarios intentaron implantar en Roatán. Lo que en Honduras requirió una isla del Caribe, en Madrid se construye con bajadas de impuestos y una narrativa de excepcionalidad frente al gobierno central. La visita del embajador podría leerse, en clave sarcástica, como la visita del socio inversor.

Lo que antes se gestionaba a través de fundaciones y think tanks hoy se hace con el embajador marcando líneas rojas públicamente al gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. La historia de las injerencias estadounidenses en Europa no comienza con Trump, pero la actual administración ha eliminado la discreción que sus predecesoras mantenían como decoro mínimo. El patrón global es coherente: presión diplomática sobre gobiernos díscolos, instrumentalización de la justicia como palanca política, y financiación de experimentos de soberanía privada donde las reglas las escriben quienes tienen el capital. Lo que está en juego no es solo quién gobierna en Madrid, Buenos Aires o Tegucigalpa, sino si la soberanía democrática sigue teniendo algún significado en un mundo donde los más ricos pueden comprarse una jurisdicción a medida y contratar al embajador más conveniente.

La entrada La gran fuga de los tecnólogos libertarios: De Silicon Valley a los enclaves del Sur. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para elDiario.es.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

La entrada Imagina un mundo rico sin crecimiento se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

A la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea y a las Representaciones Permanentes de los Estados miembros:

Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, les escribimos en relación con los trabajos del Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativa a la simplificación del marco legislativo digital, conocido como «Omnibus digital», y, en particular, sobre sus aspectos relativos al RGPD y a la privacidad electrónica (el llamado «Omnibus de datos»).

Si bien este expediente se presenta como un ejercicio de simplificación, en los ámbitos de la protección de datos y la privacidad electrónica, varias partes de la propuesta de la Comisión van mucho más allá de la mera simplificación de las normas. Debilitarían las salvaguardias fundamentales, reducirían la seguridad jurídica y disminuirían la protección práctica de los derechos fundamentales.

El RGPD y la privacidad electrónica no son cargas administrativas. Son pilares centrales de un reglamento digital europeo basado en derechos. Protegen a las personas frente al seguimiento intrusivo, el uso ilícito de datos, la elaboración de perfiles opaca y la automatización abusiva. Asimismo, proporcionan a las organizaciones responsables la seguridad jurídica que necesitan.

El proceso para desarrollar el Omnibus digital es parte del problema. Un paquete que cambia la forma en que se protegen los derechos fundamentales en los entornos digitales debe estar respaldado por pruebas, cumplir con las normas de mejora de la legislación de la UE e incluir una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales adecuada en toda la propuesta. Sin ello, el Consejo no debería utilizar este expediente para introducir cambios sustanciales, y mucho menos para reducir las salvaguardias, reabrir conceptos jurídicos fundamentales o normalizar un mayor seguimiento.

Celebramos los esfuerzos anteriores realizados por el Consejo para eliminar o limitar algunos de los elementos más perjudiciales de la propuesta de la Comisión, aunque los últimos acontecimientos sugieren que estos podrían revertirse ahora. La dirección protectora debe preservarse o restablecerse allí donde se haya debilitado.

El Consejo debe mantener la eliminación de las propuestas relacionadas con el RGPD que han debilitado la definición de datos personales, han creado amplias aperturas para el tratamiento relacionado con la inteligencia artificial o han reducido las salvaguardias clave para las personas. En conjunto, estas propuestas alejarían al RGPD de los derechos exigibles y lo acercarían a una mayor discrecionalidad del responsable del tratamiento, a una reinterpretación de conceptos fundamentales dirigida por la Comisión y a una mayor responsabilidad depositada en las personas para protegerse frente a sistemas que no pueden ver ni impugnar de manera significativa. Reabrir la arquitectura fundamental del RGPD a través del Omnibus crearía más incertidumbre, más litigios y derechos más débiles.

Las propuestas eliminadas no deberían volver de ninguna manera por la puerta trasera. Los considerandos, los mandatos de orientación, las normas y el lenguaje vago de compromiso pueden tener efectos jurídicos reales en la práctica. No deberían utilizarse para revivir ideas arriesgadas sobre el tratamiento relacionado con la IA, la seudonimización, la identificabilidad, la investigación científica o el interés legítimo, una vez que se han eliminado las disposiciones operativas.

Celebramos el hecho de que el actual compromiso del Consejo aparentemente mantenga las normas sobre el acceso a los equipos terminales dentro del marco de la privacidad electrónica, en lugar de transferirlas al RGPD. Esta dirección debe preservarse. El RGPD regula el tratamiento de datos personales. La privacidad electrónica protege la confidencialidad de las comunicaciones y la integridad de los equipos terminales. Difuminar estas lógicas jurídicas debilitaría la protección en el punto donde comienza el seguimiento y crearía confusión sobre qué normas y autoridades se aplican.

Observamos que las señales de privacidad automatizadas ya no están sobre la mesa. El Consejo debe reintroducir y fortalecer esta disposición, evitando diluir el lenguaje o retrasar las protecciones. Las señales son el ejemplo más claro de simplificación genuina en este expediente. Permitirían a las personas expresar sus elecciones a través de navegadores, sistemas operativos, aplicaciones u otras herramientas del lado del usuario, en lugar de verse obligadas a navegar por interminables banners de cookies. Esto facilitaría el ejercicio de los derechos y nivelaría el terreno de juego para las empresas que respetan las elecciones de las personas, en lugar de recompensar a los actores que dependen de interfaces manipuladoras y un seguimiento que no cumple la normativa.

Por tanto, el Consejo debería evitar el atajo equivocado: sustituir las señales por nuevas y amplias exenciones al consentimiento. Lograr menos banners eliminando el requisito de consentimiento y permitiendo el seguimiento sería una solución falsa. Aumentaría los riesgos para la privacidad, la protección de datos, la ciberseguridad y la integridad de los dispositivos. Cualquier acceso a equipos terminales sin consentimiento debe seguir siendo limitado, necesario, técnicamente restringido y claramente salvaguardado.

Cuando el Consejo mantenga partes de la propuesta de la Comisión, debe añadir salvaguardias sólidas. La simplificación no puede significar una transparencia más débil, derechos de acceso más débiles, una protección más débil para los datos sensibles, mecanismos de reclamación más débiles o una rendición de cuentas más débil en la toma de decisiones automatizada.

El Consejo también debe evitar utilizar las discusiones no resueltas sobre el acervo de datos para reabrir los avances realizados en el RGPD y la privacidad electrónica. Si se alcanza un consenso sobre las partes del RGPD y la privacidad electrónica, ese compromiso debería respetarse mientras continúan las discusiones sobre el acervo de datos. El progreso en una parte del expediente no debería convertirse en una excusa para debilitar otra.

Las personas y las organizaciones responsables necesitan normas que sean claras, exigibles y viables. Pero la claridad no puede provenir de reducir las salvaguardias, ampliar el seguimiento o trasladar la carga a los individuos para que se protejan a sí mismos. La seguridad jurídica debe significar derechos que funcionen en la práctica, obligaciones que puedan hacerse cumplir y mercados que recompensen a los actores responsables.

Una carrera desregulatoria hacia el fondo no hará que Europa sea más competitiva. Fortalecerá a los actores que ya dominan a través de la escala, la opacidad y la extracción de datos, mientras que dejará a las empresas europeas que intentan cumplir la normativa en condiciones aún menos equitativas. La soberanía digital de Europa requiere normas que hagan efectivas las elecciones de las personas, hagan posible la aplicación de la ley y permitan a las empresas que respetan los derechos competir de manera justa.

Instamos a los Estados miembros a adoptar una posición en el Consejo que proteja los avances realizados hasta ahora: eliminar las propuestas más perjudiciales, mantener la privacidad electrónica y el RGPD como ámbitos distintos, preservar las señales de privacidad automatizadas, evitar que considerandos arriesgados revivan disposiciones eliminadas y rechazar cualquier otra adición desregulatoria. Un Omnibus de datos que debilite los derechos no aportará confianza, seguridad jurídica ni competitividad. Un mandato que preserve los derechos sí puede hacerlo.

Atentamente,

Attac Austria  

ATTAC Spain  

Bits of Freedom  

Check My Ads  

Corporate Europe Observatory (CEO)  

Danes je nov dan  

Defend Democracy  

Ecologistas en Acción (Spain)  

Electronic Frontier Foundation  

Electronic Privacy Information Center (EPIC)  

Elektronisk Forpost Norge | Electronic Frontier Norway  

European Anti-Poverty Network  

European Digital Rights (EDRi)  

Homo Digitalis  

IT-Pol  

Panoptykon Foundation  

People vs Big Tech  

Politiscope  

Privacy International  

Stichting Data Bescherming Nederland  

The Good Lobby 

La entrada Carta abierta al Consejo de la Unión Europea: no permitan que la simplificación digital se convierta en desregulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.

El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

La entrada Imagina un mundo rico sin crecimiento se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Rezgar Akrawi

El manifiesto publicado por Palantir Technologies no es un documento técnico ni una visión económica. Es un documento político explícito que anuncia una nueva etapa en la trayectoria del capitalismo digital, una etapa en la que ha abandonado la pretensión de neutralidad y ha decidido quitarse la máscara para mostrar su rostro ideológico completo. Palantir no es un caso aislado, es una de las grandes empresas tecnológicas condenadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por su participación en facilitar deportaciones forzadas, vigilancia masiva y persecución de disidentes. Informes documentados revelan una asociación directa entre ella y el ejército israelí, junto a empresas como Google, Amazon y Microsoft, en el suministro de sistemas de datos y focalización utilizados en operaciones militares contra Gaza, lo que la convierte en cómplice efectiva de crímenes de guerra documentados contra civiles palestinos.

Es una declaración de clase sobre un proyecto de alianza fascista digital que no se apoya únicamente en la violencia tradicional, sino en la vigilancia y la represión digital, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la supresión de la disidencia mediante métodos imperceptibles pero de enorme impacto. Una alianza que hoy se encarna en su forma más evidente en el trumpismo, sus coaliciones y sus guerras agresivas.

Peter Thiel, cofundador de Palantir y mayor impulsor de la carrera política de Trump, no es simplemente un hombre de negocios que apoya a un candidato político. Es el cerebro ideológico que otorga a este proyecto su lógica, ve en la democracia tradicional un obstáculo ante el proyecto de la élite tecnológica, y ha declarado públicamente que el capitalismo y la democracia liberal son incompatibles. Esta alianza no es casualidad ni una convergencia pasajera, es un encuentro objetivo entre dos proyectos que comparten un único objetivo: concentrar el poder en manos de una camarilla financiera y política que cree poseer un «derecho natural» a gestionar las sociedades.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia

Esta alianza encuentra hoy su traducción institucional en el movimiento de aceleración tecnológica que incluye a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y otros. Lo que los une es su posición de clase y el interés común: eliminar cualquier restricción regulatoria o democrática que limite su capacidad de acumulación, dominación y expansión del control.

El manifiesto de 22 puntos: una lectura del contenido de clase

Palantir publicó un resumen del libro de su director ejecutivo Alexander Karp, «La República Tecnológica», en medio de una amplia reacción mundial y una creciente indignación política que superó millones de visualizaciones en pocos días. Sin embargo, la indignación no debe limitarse a la reacción emocional, porque el manifiesto es en esencia una hoja de ruta de clase que merece una lectura izquierdista precisa que vaya más allá de la mera condena.

El manifiesto fue construido con una precisión arquitectónica consciente, no al azar. Hay puntos que parecen moderados o humanitarios en apariencia, como el llamado a la tolerancia con los políticos en su vida personal, o a no regocijarse con la derrota del adversario. Estos puntos no son inocentes ni accidentales, son la fachada calculada que seduce al lector vacilante y otorga al manifiesto una imagen «equilibrada» antes de revelar su verdadero rostro. Esto es lo que los estudios ideológicos denominan la estructura del consenso fabricado: te dan una dosis de palabras razonables para que tragues con ellas la dosis venenosa. Por ello, lo que parece lógico en el manifiesto no es evidencia de su equilibrio, es evidencia adicional de su astucia. Sin embargo, todos estos puntos son utilizados como cobertura para hacer pasar una agenda ideológica integral que vincula todas estas preocupaciones con el proyecto de armamento, dominación y jerarquía civilizacional.

El punto primero afirma que «la élite de ingenieros de Silicon Valley está moralmente obligada a participar en la defensa de la nación». Este encuadre moral no es inocente. Cuando el contrato militar y de seguridad se presenta como un «deber moral», la presión social se convierte en un mecanismo para obligar a ingenieros y programadores a servir al aparato de guerra y represión, y toda voz disidente dentro de las empresas tecnológicas es silenciada en nombre del «patriotismo». Esto es una conversión de la conciencia individual en una mercancía al servicio del Estado militar-securitario y sus instituciones de espionaje.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva

El punto segundo llama a «rebelarse contra la tiranía de las aplicaciones», es decir, rechazar la tecnología de consumo en favor de sistemas de seguridad y militares más profundos. Esto no es una crítica al capitalismo de consumo como podría parecer, es un llamado a redirigir la eficiencia tecnológica hacia la máquina de guerra y vigilancia en lugar del mercado del entretenimiento.

El punto quinto establece que «la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, la pregunta es quién las construirá». Esta lógica determinista cerrada tiene como objetivo eliminar cualquier debate sobre el rechazo al armamento tecnológico desde la raíz. Cuando la elección se formula como «nosotros o el enemigo», se cancela la posibilidad de decir «no a las armas en absoluto». Es la misma lógica que utilizaron los gobiernos de la Guerra Fría para silenciar los movimientos de paz y restringir las organizaciones izquierdistas, y ahora regresa con ropaje digital.

El punto sexto exige que «el servicio nacional sea un deber general», y llama a reconsiderar el sistema de ejército voluntario en favor del servicio militar obligatorio. Este llamado revela claramente el rostro fascista clásico del manifiesto: cuando el Estado es incapaz de generar una voluntad espontánea de participar en sus guerras, recurre a la coacción institucional y la llama «responsabilidad compartida». Y lo más significativo es que la empresa que exige a los jóvenes sacrificar sus vidas en defensa de «Occidente» recauda al mismo tiempo miles de millones de dólares en contratos de guerras en las que esos jóvenes mueren. El deber es para todos, las ganancias son para la minoría.

El punto decimoséptimo afirma que «Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta». Esta propuesta parece pragmática en apariencia, pero en su esencia es una ampliación de las atribuciones de las empresas de seguridad privadas para superar el papel del Estado y convertirse en una fuerza de control social independiente, que opera con la lógica del beneficio y no con la lógica del derecho, la justicia independiente y la rendición de cuentas democrática.

El punto vigésimo exige «resistir la intolerancia generalizada contra la fe religiosa». Este punto no nace de una defensa genuina de la libertad de creencia, es una utilización oportunista del discurso religioso para construir una alianza ideológica con las corrientes conservadoras más susceptibles de ser movilizadas detrás de proyectos bélicos. La historia nos enseña que todo proyecto fascista necesitó una alianza con la institución religiosa para conferir al violencia un carácter sagrado, y eso es lo que persigue este punto bajo la cobertura de «libertad de fe».

El punto vigésimo primero es el más revelador sobre la dimensión ideológica profunda, cuando establece que «algunas culturas han producido un avance vital mientras que otras siguen siendo disfuncionales y retrógradas». Esta frase no es una opinión cultural pasajera, es el fundamento teórico del racismo colonial civilizacional que justifica la dominación, la ocupación y el asesinato de pueblos bajo la cobertura de la «gestión racional de la civilización». Esta lógica no difiere en esencia de «la carga del hombre blanco» que justificó el colonialismo en siglos pasados, y hoy se reproduce con el lenguaje de los algoritmos y los macrodatos. Y lo que la hace más peligrosa que su predecesora es que no necesita fuerzas coloniales visibles, le basta con una base de datos y un algoritmo de focalización.

Algoritmos de la muerte y la sociedad de vigilancia

No es posible leer este manifiesto al margen de lo que ocurre en las guerras contemporáneas. Informes periodísticos e investigativos han revelado el uso de sistemas de inteligencia artificial construidos por Palantir en listas de objetivos que han resultado en masacres contra civiles en Gaza. Lo que la empresa denomina «sistema de focalización inteligente» es en la práctica una máquina para gestionar el asesinato con eficiencia industrial. El asesinato no necesita una decisión humana responsable, necesita un algoritmo, datos suficientes y luz verde de un aparato que no está sujeto a ninguna rendición de cuentas democrática. Lo más importante en este contexto es que el uso de estos sistemas no puede separarse del discurso que justifica clasificar comunidades enteras como atrasadas o como una amenaza. El crimen no comienza con la bomba, comienza con la clasificación. Cuando comunidades enteras son definidas como un peligro, las operaciones de asesinato y focalización de civiles se convierten en «gestión de seguridad» y no en un crimen cuyos autores deben rendir cuentas.

Y lo más peligroso que las aplicaciones militares directas es lo que puede describirse como la «sociedad de vigilancia»: cuando el individuo sabe que está siendo vigilado en todo momento, y que cada una de sus interacciones digitales es registrada y analizada, comienza a ejercer vigilancia sobre sí mismo. Modifica su discurso, evita los temas sensibles, se aleja de las ideas radicalmente disidentes. Esta autovigilancia voluntaria debilita los movimientos izquierdistas, progresistas y las organizaciones laborales desde adentro sin necesidad de arrestos directos. Por ello, el llamado del manifiesto a una «comprensión profunda del comportamiento humano» como condición de seguridad es en realidad un llamado a construir un sistema integral para desarticular la acción política colectiva antes de que surja, y para predecir el comportamiento de protesta y desmantelarlo de antemano antes de que se convierta en un movimiento organizado.

Revelando el silencio obrero: la alternativa necesaria frente al fascismo digital

Lo llamativo en el manifiesto de Palantir, y lo verdaderamente sospechoso, es que no menciona ni una sola palabra sobre los trabajadores, los sindicatos, el derecho a la organización, la huelga. En un documento que habla de «la élite de ingenieros», el «deber moral» y las «culturas atrasadas», no hay lugar para los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales que construyen estos algoritmos, los operan y viven bajo el peso de la misma vigilancia. Este silencio no es pasajero. Es un reconocimiento implícito de que el proyecto tecnológico fascista no puede enfrentarse a la pregunta de los trabajadores, porque los trabajadores solos, si se organizan, son capaces de detener por completo las líneas de producción de la muerte. La huelga general en Silicon Valley, o incluso en las propias oficinas de Palantir, es la pesadilla de este proyecto. Por ello, apoyar los sindicatos de trabajadores tecnológicos y vincular su lucha con una lucha global es un acto de resistencia de primer orden.

La cuestión fundamental no reside en cómo se utiliza la tecnología, es una cuestión de quién la posee y quién determina sus objetivos. La tecnología no se convertirá en una herramienta de liberación mientras permanezca en manos de los monopolios digitales aliados con los proyectos de la derecha, la guerra y la represión. Cualquier debate serio debe partir de la necesidad de la propiedad colectiva comunitaria de la infraestructura digital, y de someter los algoritmos y la inteligencia artificial a un control democrático genuino que represente los intereses de las masas trabajadoras y no de las élites monopolistas. Este camino tampoco se completa sin una campaña organizada para desarmar tecnológicamente a estos monopolios: boicotear sus servicios, revelar sus contratos secretos, llevar a sus responsables ante los tribunales internacionales por complicidad en crímenes de guerra, y presionar a las instituciones públicas para que corten sus relaciones con estas empresas. Cada contrato gubernamental con este sistema es una financiación directa de la máquina de asesinato y deportación, y detener este flujo financiero es la primera línea de confrontación.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia, la represión y la jerarquía civilizacional para proteger esta alianza de cualquier amenaza popular. La única diferencia es que las herramientas de este fascismo hoy son los algoritmos, los macrodatos y la inteligencia artificial, y eso es lo que lo hace más hermético y más difícil de resistir.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva. Es una cuestión eminentemente política, y parte de una lucha histórica sobre quién controla el futuro y la conciencia humana: la minoría monopolista aliada con los proyectos de asesinato y represión, o las masas trabajadoras que deben imponer su autoridad sobre las herramientas que moldean sus vidas y su destino.

La entrada El fascismo digital, cuando el capital monopolista se une a la extrema derecha se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada El fascismo digital, cuando el capital monopolista se une a la extrema derecha se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Reproducción de grafiti de Banksy. Estamos todos en el mismo bote.

Adhik Arrilucea. Publicado originalmente en Público

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible son el compás de las sociedades occidentales que buscan mantener sus tendencias al alza de acumulación de recursos y riqueza. Pero este no es el único paradigma que existe. De un tiempo a esta parte, se han popularizado nuevas formas de imaginar otros mundos posibles. Así, los movimientos sociales, la ciencia y la filosofía han desplegado la investigación sobre el decrecimiento. Al contrario de las políticas actuales, este enfoque atiende a los límites del planeta y defiende que, mediante una redistribución justa, es posible vivir de manera digna y con todas nuestras necesidades cubiertas sin incrementar la producción.

Estas teorías y enfoques no son nuevas. En noviembre de 2023, la propia Letizia Ortiz llegó a citar a ecólogos como el científico del CSIC Antonio Turiel. Así, reconoció el desarrollo de ideas, según las cuales «desarrollo y sostenible ya no pueden ser algo [que vayan juntos]». Lo hizo durante el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, al que le acompañaba, entre otras figuras, el entonces ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá. Este replicó, no obstante, que los postulados decrecentistas «parecen de una debilidad de fundamentos extrema». No obstante, los expertos han continuado el desarrollo de un andamiaje teórico en esta línea capaz de analizar la realidad de la crisis climática en todas sus vertientes.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) plantea cómo alcanzar «un alto bienestar» y un clima seguro sin crecimiento económico. El trabajo, publicado en Nature Climate Change, es una perspectiva. Es decir, no se trata de un caso de estudio al uso, donde se investiga una cuestión específica –a la que se aplica una metodología para obtener unos resultados de los que extraen unas conclusiones–. No obstante, pasa por el mismo mecanismo de revisión que los artículos habituales.

¿Qué es el decrecimiento?

Esta perspectiva establece los principios para modelizar escenarios de poscrecimiento. «El poscrecimiento es un término paraguas que engloba un conjunto de enfoques que priorizan la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar humano por encima de la búsqueda perpetua del crecimiento económico», define en declaraciones a Público Aljoša Slameršak, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB. Dentro de dicho paraguas, incluye el concepto del decrecimiento. Este «se refiere a la reducción planificada y equitativa de aquellas actividades económicas que son ecológicamente destructivas o que no contribuyen al bienestar humano».

La investigación argumenta que «el crecimiento incrementa la demanda de energía, tierra y uso de materiales. Esto resulta particularmente problemático en el caso de las economías de altos ingresos y las personas adineradas, que ya tienen niveles de uso de energía y materiales muy superiores a los necesarios para el bienestar«. Por el contrario, Slameršak apunta que el decrecimiento busca «disminuir la presión ecológica y liberar recursos actualmente destinados para el consumo excesivo, para garantizar condiciones de vida dignas para todos«.

La investigación identifica cinco principios fundamentales del poscrecimiento: bienestar, suficiencia, reducción de las desigualdades, reorientación de la economía y convergencia norte-sur. Según el autor principal, todos estos criterios vertebradores son indisociables entre ellos. «No se puede, por ejemplo, tener una economía que proporcione altos niveles de bienestar mientras se mantienen la sobreproducción y el despilfarro entre los ricos, ya que esto inevitablemente llevará a superar los límites planetarios». En la misma línea, sospecha de las «perspectivas de una vida buena para la mayoría mientras persistan las enormes desigualdades dentro de las sociedades y las relaciones económicas imperiales entre los países del norte y el sur global».

El artículo identifica varios mecanismos clave de la transición al poscrecimiento. «El poscrecimiento implica redistribuir y reestructurar la economía para proporcionar lo esencial, que garantice un nivel de vida digno para todas las personas, manteniendo el consumo adicional no esencial dentro de niveles compatibles con los límites planetarios. Esto exige reducir sustancialmente las desigualdades actuales», comenta en un comunicado el coautor Joel Millward-Hopkins, de la Universidad de Lausana.

¿Un escenario realmente posible?

Los científicos señalan que el incremento de la producción y el consumo hace más difícil la mitigación del cambio climático. No obstante, no es este un esquema mental extendido en la población, ni tampoco en el propio Gobierno, que defiende el desarrollo sostenible. Durante la primera sesión del G20 el pasado noviembre, Pedro Sánchez declaró que «el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz«. Unos meses antes, en junio, aseveró en la apertura del Business Forum que «no es posible el desarrollo sostenible sin una participación mucho más decidida de las empresas». No obstante, ¿es posible cambiar las políticas actuales hacia el decrecimiento? ¿De veras se puede vivir bien sin este crecimiento?

Slameršak cuestiona la premisa de este planteamiento. «No creo que todas las clases sociales hayan tenido la misma experiencia de crecimiento económico», valora. Menciona que el profesorado catalán, por ejemplo «ha perdido efectivamente un 25% de su poder adquisitivo en la última década«. Si bien reconoce que ha habido un desarrollo económico desde la crisis financiera de 2008, «este crecimiento no ha seguido el ‘efecto goteo’ hacia todas las clases sociales. De hecho, gran parte del crecimiento que vemos hoy en día se sostiene, podría argumentarse, mediante la presión sobre las clases pobres y medias por parte de las clases rentistas y los ricos», abunda.

El investigador del ICTA-UAB considera «crucial» poner en cuestionamiento «la idea de que la calidad de vida depende del crecimiento». Indica así que esta noción se aleja del «sentido común» de la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, que tenían otros modos de producción y de organizar la vida. «Lo que se necesita para una vida buena, desde el punto de vista económico, es la satisfacción de las necesidades materiales básicas», defiende. «No es necesario ampliar el tamaño del piso sin fin, comer más alimentos o trabajar más horas cada año para ser feliz».

Una redistribución basada en la justicia social

El cuestionamiento al efecto goteo del crecimiento económico no es baladí, ni tampoco solo una opinión. El periodista de Público Jorge Otero recordaba un informe de la ONG Oxfam Intermón publicado en enero. Este denunciaba la «concentración extrema de la riqueza en el mundo». En su informe anual sobre el reparto de la riqueza, la ONG señaló que 2025 fue «un año histórico para el capital». De acuerdo con sus datos, un reducido grupo de 3.000 personas en todo el mundo acapara casi 18,3 billones de euros mientras «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza con menos de 8,3 dólares al día».

El pasado mes de febrero The Wall Streel Journal publicaba un artículo titulado El gran dinero de la economía actual va al capital, no al trabajo. La pieza demuestra que la brecha de la desigualdad entre trabajadores y empresarios se ensancha año tras año. De acuerdo con los datos aportados por el diario económico, los salarios de la clase trabajadora en todo el mundo han pasado de representar el 58% de la riqueza global en 1980 a algo más del 51% ahora. En cambio, las empresas se quedan con una parte cada vez mayor de esa riqueza: ha pasado del 7 al 12%. 

El estudio publicado en Nature Climate Change señala que los escenarios actuales de poscrecimiento y decrecimiento no aplican de manera coherente los principios fundamentales de una transición al poscrecimiento, lo que deja sin explorar buena parte de su potencial. En muchos casos, estos escenarios actuales se limitan a proyectar un estancamiento o una caída del PIB, sin transformar la producción ni la distribución.

¿A qué debemos renunciar?

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los países de altos ingresos, y en este grupo incluyo el estado español, en términos agregados, ya poseen y producen lo suficiente para proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. El problema es que el acceso a estos recursos está mediado por una propiedad y un poder adquisitivo escandalosamente desiguales«, expresa el científico del ICTA-UAB. ¿Significa eso que no debemos renunciar a nada? Para el autor principal, lo principal de lo que nos debemos deshacer es «la posibilidad de acumulación ilimitada de poder y recursos por parte de una minoría».

Las clases medias y bajas no deberán renunciar «al acceso a bienes y servicios económicos esenciales». «A lo que debemos renunciar colectivamente es a un sistema económico construido sobre la extracción, la desigualdad y el desperdicio«, insiste. De este modo, el autor espera su estudio sirva para crear «imaginarios esperanzadores» en un contexto donde las ideas del crecimiento sostenible están tan arraigadas. «Al desarrollar escenarios rigurosos y demostrar que un futuro con alto bienestar y bajo crecimiento es materialmente posible, podemos ayudar a contrarrestar la narrativa de que «no hay alternativa» al modelo actual».

Adhik Arrilucea

Periodista de ciencia y medio ambiente en ‘Público’. Investigador predoctoral en la UC3M, está especializado en Teoría y Crítica de la Cultura. Con formación en Periodismo, Humanidades y Ciencias Políticas, cuenta con experiencia en comunicación científica en la Agencia SINC e institucional en el Ministerio de Industria. Es autor de una investigación académica sobre la cobertura mediática de los movimientos ecologistas y la crisis climática.

La entrada Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Trabajadoras de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en una imagen sin fechar. / Historia Bancaria

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

El Banco Central Europeo se suma a más de un centenar de bancos centrales que estudian o diseñan la emisión de nuevas monedas digitales. 

La idea suena ambiciosa, casi revolucionaria. Pero conviene aclarar las cosas porque –por lo que el propio BCE viene informando sobre su proyecto– parece que lo que va a crear se parece más a un “monedero digital” que a una auténtica nueva moneda de esa naturaleza.

El euro digital ya existe

El dinero es, en términos simples, cualquier cosa que sea aceptada generalmente como medio de pago. Hoy adopta formas distintas. Por un lado, está el dinero físico –monedas y billetes de euros– que es el dinero legal emitido por el banco central. Y por otro lado hay dinero digital (en nuestro caso, euro digital), que es el que utilizamos cada día a través de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, transferencias o aplicaciones móviles. Este último no lo crea directamente el banco central, sino los bancos comerciales cuando conceden crédito. Es dinero bancario, digital, y constituye la inmensa mayoría del dinero en circulación.

El euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas

Por lo tanto, el euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas, sino números en la cuenta de nuestro banco. Es decir, no es dinero que circule en forma de papel o metal, como los billetes y monedas, sino como apuntes electrónicos en los ordenadores de los bancos. Podemos convertirlo en billetes si queremos, pero mientras tanto son simplemente cifras anotadas en nuestra cuenta.

¿Qué es una moneda digital del banco central?

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público

A diferencia del dinero bancario actual, que es dinero digital creado por la banca privada, una moneda digital de banco central (MDBC) es dinero emitido directamente por el banco central en formato digital y accesible al público en general.

Por tanto, para que lo sea en sentido pleno, debería reunir al menos las siguientes características:

– Emisión directa por el banco central, como lo son hoy los billetes y monedas.

– Acceso universal, de modo que cualquier persona o empresa pueda abrir una cuenta o mantener saldo directamente en el banco central, sin necesidad de intermediación bancaria para disponer de la titularidad del dinero.

– Convertibilidad plena y paritaria. Es decir, ser intercambiable uno a uno con el dinero físico y con los depósitos bancarios.

– Ausencia de límites cuantitativos o de topes de tenencia, para que pueda utilizarse exactamente igual y con los mismos fines que cualquier otra forma actual de dinero.

– Posibilidad de ser remunerado con intereses para que así el banco central pudiera convertir su gestión en un instrumento directo más de política monetaria.

– Capacidad de funcionar como medio de pago general. Es decir, ser utilizable en todo tipo de transacciones, tanto minoristas como electrónicas, en igualdad de condiciones frente a otras formas de dinero.

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público plenamente equiparable al efectivo, pero en formato digital.

Lo que al parecer se propone crear el Banco Central Europeo

Según la información difundida por el Banco Central Europeo, el euro digital que se propone crear tendría características y funcionalidades bastante diferentes a las anteriores. No sería una nueva moneda digital en sentido estricto por diferentes razones:

a) Se establecen límites cuantitativos a la tenencia de euros digitales, parece ser que de 3.000 euros por sujeto. Una restricción que impide que pueda utilizarse libremente como cualquier otra forma de dinero y limita su capacidad de convertirse en alternativa real a los depósitos bancarios.

b) No tendría remuneración y, al excluir el pago de intereses, el BCE renuncia a utilizarlo como instrumento directo y flexible de política monetaria. Evita así que compita en condiciones similares con otros activos líquidos.

c) No estaría diseñado para funcionar en igualdad plena frente a los depósitos bancarios.
El propio BCE ha señalado que su objetivo es evitar que la banca privada deje de ser la principal vía de intermediación financiera. Es decir, el diseño incorpora explícitamente la intención de que no sustituya ni compita estructuralmente con los depósitos privados.

d) No supondría una ampliación sustancial del dinero público en circulación.
En la práctica, el euro digital se nutriría principalmente de transferencias desde depósitos bancarios ya existentes, más que de una expansión neta del dinero emitido por el banco central.

Las ventajas del euro digital

Una parte significativa de nuestras infraestructuras depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo

A la vista de esto último, es fácil deducir que el euro digital que se propone crear el BCE cumpliría algunas características de una moneda digital del banco central, pero no todas las que podría tener en sentido pleno. No sería una moneda digital del banco central en su versión completa, sino una versión limitada y bastante acotada de esa posibilidad. Como dije, una especie de monedero digital sofisticado.

A pesar de ello, es cierto que tendría virtudes importantes 

En primer lugar, proporcionaría un nivel de seguridad superior al de los depósitos bancarios privados, cuya garantía depende en última instancia de mecanismos de respaldo y supervisión. Tener dinero directamente emitido por el banco central elimina el riesgo de insolvencia de una entidad comercial sobre ese saldo concreto.

En segundo lugar, reforzaría la autonomía europea en el ámbito de los pagos digitales, pues una parte significativa de nuestras infraestructuras actuales depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo. Aunque esto sólo se produciría en cierta medida, como expliqué en un artículo anterior.

En tercer lugar, el euro digital actuaría como contrapeso frente a la expansión de soluciones privadas –desde grandes plataformas tecnológicas hasta iniciativas cripto– en el ámbito monetario. 

En cuarto lugar, podría mejorar la eficiencia en los pagos al reducir costes de transacción, aumentar su velocidad, ofrecer interoperabilidad en toda la eurozona y permitir pagos digitales sin conexión a la red (si se diseña para que pueda ser así).

Finalmente, si se diseña adecuadamente, puede aumentar la inclusión financiera facilitando el acceso a pagos digitales a personas con menor acceso a servicios bancarios tradicionales. 

Las renuncias del Banco Central Europeo

La creación de un euro digital que no será una auténtica nueva moneda sino algo de bastante menos alcance, como hemos visto, supone que el BCE renuncia a ventajas e instrumentos muy relevantes que tienen las monedas digitales de los bancos centrales en sentido estricto y pleno.

Renuncia, en primer lugar, a que el euro digital se convierta en una alternativa real a los depósitos bancarios.

Renuncia también a la remuneración de esos saldos, lo que excluye su utilización como instrumento directo y flexible de política monetaria.

Al establecer un límite de depósito y excluir su remuneración, el BCE garantiza que el euro digital no se convierta en una alternativa significativa a los depósitos bancarios. El resultado es que la estructura actual de creación y gestión del dinero permanece intacta, con los mismos incentivos y vulnerabilidades que han caracterizado al sistema en las últimas décadas y que han hecho necesarias en demasiadas ocasiones intervenciones públicas muy costosas para sostener la estabilidad financiera.

El argumento que invoca el Banco Central Europeo para no ir más allá es la estabilidad financiera. Por un lado, como dice el propio BCE, para evitar que se produzca una desintermediación significativa de la banca privada. Es decir, que deje de ser el eje o centro principal de la captación de depósitos y de la provisión de crédito y medios de pago en Europa. Y, por otro, que se produzcan tensiones por salidas masivas de dinero si no se pone límite a la transferencia de depósitos hacia el euro digital. Pero el resultado de ese conservadurismo es claro y negativo: el euro digital nace diseñado para no transformar la arquitectura monetaria existente. 

La transición tecnológica en la que nos encontramos, la auténtica revolución financiera que ya ha empezado a darse, ofrece una oportunidad histórica para redefinir el papel del dinero público en la economía digital y para reforzar la autonomía de la Unión Europea. 

El Banco Central Europeo podría haberla aprovechado, pero ha optado por la versión más conservadora, neutra y cuidadosamente acotada del euro digital. Y cuando la innovación tecnológica avanza y proporciona oportunidades de cambio, elige mantener el equilibrio institucional, a pesar de los graves y recurrentes problemas que ya ha dado. 

En un momento en el que Europa debate su autonomía estratégica, el dinero público digital podría haber sido una herramienta de transformación. Con lo que proyecta hacer el BCE será, sin embargo y como mucho, un instrumento complementario que no podrá desplegar todo el enorme beneficio potencial de las auténticas monedas digitales de los bancos centrales. Una gran oportunidad perdida.

La entrada Euro digital: el puedo y no quiero del Banco Central Europeo se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada Euro digital: el puedo y no quiero del Banco Central Europeo se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.