El 17 de junio de 2025, Abderrahim Akkouh, de 35 años, murió por asfixia en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser inmovilizado durante minutos por un policía municipal de Madrid que estaba fuera de servicio y al que supuestamente iba a robarle el móvil. En los vídeos grabados por vecinos, se puede observar al agente, junto a un compañero jubilado, que no lo suelta a pesar de estar quieto y de las súplicas de los transeúntes para que lo dejara. Mientras el primer agente está siendo investigado por homicidio desde el primer día, el otro policía que le sujetaba las piernas fue declarado testigo por el juzgado.
Ahora, un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha convertido al policía jubilado de testigo a investigado por homicidio. La decisión la ha tomado la jueza tras el informe médico forense de autopsia que considera entre las causas del fallecimiento «la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido», tal y como ha adelantado elDiario.es y explica el auto al que ha accedido a La Marea.
El policía, que responde a la iniciales P. Á. P. C., dijo, según las grabaciones del suceso: «¡Mereces que te mueras ahora mismo, cabrón». El próximo martes 9 de junio tendrá que testificar ante la jueza Marta Gala García.
Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, considera que no se trató de homicidio, cargos por los que se investiga a ambos policías, sino de asesinato. En una entrevista a La Marea en 2025, denunció «la falta de humanidad, la xenofobia y el racismo» de los grandes medios de comunicación y ciertos sectores políticos al intentar deshumanizar a Abderrahim y «reducir su vida a un perfil sospechoso, a una amenaza, a una cifra sin valor».
Para recordar a Abderrahim, una manifestación circulará por Torrejón de Ardoz el 20 de junio.
BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Agresiones oculares, persecución y exilio
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
Gustavo Petro y Francia Márquez celebran la victoria en Colombia. ROBERT BONET / REUTERS
“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Retrato de Miguel Fernando Leal, sobreviviente de violencia ocular durante el estallido. MARINA SARDIÑA
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Gareth Sella, ex viceministro de Juventudes y superviviente de violencia ocular. MARINA SARDIÑA
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Colectividad y resistencia
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
Siempre que tengo que referirme a Edurne ante un tercero que no la conoce. Mi reflejo espontáneo es decir «mi mujer», pero me genera incomodidad que no exista el equivalente masculino, «mi hombre», porque sospecho que hay ahí algún machismo agazapado, aunque no acabe de dilucidar en qué consiste. En alemán no existe esa asimetría: Mein Mann, meine Frau, mi hombre, mi mujer, dicen con toda naturalidad. Existe también Gatte/Gattin, cónyuge, pero prácticamente no se usa salvo en los formularios y en plural para referirse a dos personas casadas.
¿Qué decir entonces? «Mi esposa» me resulta rancio porque parece revelar más el estado civil que una relación; «mi compañera» también, pero en la otra dirección, porque da a entender que no hay vínculo administrativo; en ambos casos se añade una información irrelevante o que no tengo por qué dar a la gente con la que hablo. «Mi pareja» parece más neutro, y el término tiene la ventaja de poder ser utilizado independientemente del género al que pertenece cualquiera de los dos, también por personas no binarias.
Me fijaré en qué eligen otras personas y si la palabra que utilizan refleja la idea que me hago de ellas.
En la estación de autobuses de Avenida de América mientras espero al que debe llevarme a Bilbao. Dos policías uniformados y un tercero que supongo policía de paisano, pasean por la estación. Al llegar a la altura de un banco en el que están sentadas varias personas, se dirigen a un joven de aspecto latinoamericano y le piden la identificación. Dos asientos más allá está sentado otro hombre, este de aspecto magrebí –y sé lo subjetivas que son estas apreciaciones–, al que también piden la identificación momentos después.
Ninguno de los dos había hecho nada que pudiera alterar el orden ni dar lugar a sospechas de actividad delictiva. A los demás, ni nos miran.
Estos días hemos leído varias noticias tanto sobre los controles discriminatorios a personas racializadas como de la brutalidad policial que a veces los acompañan. Por un lado se exige a los inmigrantes que se integren en la sociedad española –signifique eso lo que signifique– y por otro se les recuerda una y otra vez que no pertenecen ni pueden pertenecer a ella, humillándolos en público, intimidándolos, tratándolos como criminales potenciales.
Estaría bien que fuesen los policías –y sobre todo sus mandos– quienes se integrasen en la sociedad española entendiendo y apreciando su diversidad.
8 de abril
Semana horrorosa en lo que se refiere a la política internacional; el grado de matonismo despiadado que se está alcanzando es tan ridículo como aterrador. Y resulta repulsivo el servilismo interesado de varios líderes europeos, en especial de Friedrich Merz. Ni conciencia ni vergüenza.
Firmo en la campaña de la Alianza de la Izquierda Europea para que se suspenda el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Se necesitan un millón de firmas y van por algo más de setecientas mil. Me llama la atención –y no sabría explicar el motivo– que, mientras algunos países como Austria, República Checa y Luxemburgo tienen una participación bajísima, Francia, Italia, Irlanda y España la tienen muy elevada. En general, los porcentajes más altos se dan en los países con partidos que son miembros de la Alianza, pero hay excepciones: Portugal, con un partido en ella, pero con participación muy baja; y Bélgica e Irlanda, que no lo tienen y sin embargo ha firmado un porcentaje de sus ciudadanos muy por encima de la media.
Seguro que hay una explicación, pero la ignoro.
12 de abril
Me escribe una de mis hijas. Me habla de su miedo a la guerra: como alemana, madre de tres jóvenes alemanes, está espantada por la ley que les obliga a pedir una aprobación previa si desean pasar más de tres meses en el extranjero. Además el canciller ha declarado que su intención es que el Ejército alemán sea el más poderoso de Europa. El rearme militar y mental entran en una nueva etapa en un país destrozado por dos guerras mundiales y con una conciencia –cada vez más débil– de haber sido el mayor responsable de crímenes de guerra de la historia.
Es desolador que estemos otra vez ahí, que el miedo –azuzado convenientemente– pueda llevar a nuestras sociedades a contemplar la autoinmolación y el crimen colectivos como salida. Putin es una amenaza real. Siempre ha habido amenazas reales. Pero la escalada del miedo y del patriotismo también es una amenaza en cualquier país. Y muy particularmente en Alemania. También para los alemanes.
13 de abril
Y aquí estamos, alegrándonos muchísimo porque las elecciones húngaras las ha ganado un conservador que hasta hace poco era miembro destacado de un partido de ultraderecha. Qué tiempos.
Si un día decidiera ser hincha de un equipo de fútbol –cosa no muy probable–, mi equipo sería el Unión Berlín, y no solo por ser el primero de las grandes ligas en nombrar una entrenadora. Hace tiempo que me resulta un equipo simpático por su historial antinazi y su cultura comunitaria. Y que su himno lo cante Nina Hagen es la guinda del pastel.
Detenidos esposados, derribos de puertas, detenciones con caras pixeladas, declaraciones sin preguntas de periodistas, agentes heridos en disturbios tras una manifestación. Todas esas imágenes que a diario vemos repetidas en periódicos y televisiones han sido producidas por los gabinetes de comunicación de los cuerpos de seguridad. Crean un imaginario colectivo en torno a lo policial sesgado por la propia institución. Es la visión coral de historiadores, juristas, sociólogos y antropólogos en Policía y cultura. Estudios en torno al poder simbólico de las fuerzas de seguridad(Bellaterra, 2026).
El libro, coordinado por Ignacio Mendiola y Sergio García, ahonda en cómo lo policial se inserta en lo invisible sin dejar de ser coercitivo. Primero desde una perspectiva interna, aquellas representaciones que emanan de los propios cuerpos de seguridad, y después desde la producción de otros agentes, como textos escolares y la música contestataria. En su conjunto, el ensayo supone una de las aproximaciones más completas al poder simbólico de la Policía.
Mendiola, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco (UPV), sintetiza el objetivo del libro: “Queremos trabajar sobre las diferentes formas de hacer, sentir y pensar que se movilizan en torno a la Policía, y hemos visto que la cultura en torno a ella tiene que ver en gran medida con los intentos de legitimación del cuerpo por parte de la institución”.
García, docente de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), firma junto a Mendiola el capítulo dedicado a la “copaganga”, es decir, esa propaganda que se origina en los propios cuerpos policiales del Estado. Esta investigación de dos años los ha llevado a entrevistar a integrantes de gabinetes de comunicación policiales y periodistas que cubren su información, ver series relacionadas como true crimes, programas empotrados y asistir a exposiciones y exhibiciones, sobre todo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Más marketing que información
“Vimos una lógica casi empresarial de marketing en estos gabinetes de prensa, que intentaban vender la institución como algo fiable y eficaz y, sobre todo, cargada de valores heroicos”, comenta García. Del mismo modo, pronto se percataron de cómo su comunicación, que debería ajustarse al servicio público, traslada una forma particular de ver el mundo que pasa inexorablemente por la mirada policial. “La Policía es el organismo de la Administración Pública que más comunica y que mayor empeño pone en ello con el mayor grado de autonomía”, afirma el investigador.
El ecosistema mediático conduce a esta realidad. Periódicos, radios y televisiones demandan este tipo de material encorsetado, editado y producido por los gabinetes de comunicación policiales que empaquetan sus trabajos y los publican. “Son productos que proporcionan espectacularidad e información a un coste muy barato para los medios”, sostiene García, quien recuerda el mayor sueño que tiene uno de los responsables de la comunicación policial entrevistado: que toda intervención esté grabada. Así podría ser la misma Policía quien fabricara el producto y se lo diera enlatado a los medios, sin que cupiese otra versión posible.
Contar lo que se es a través de lo que no se ve
Los coordinadores del ensayo sitúan 15 años atrás el inicio de esta comunicación policial que enfatiza tanto su buen hacer y profesionalidad. “Según los agentes de los gabinetes, que sean una institución tan bien valorada por la ciudadanía tiene que ver con la comunicación que realizan”, añade el antropólogo. En este sentido, ni siquiera los medios juegan ya un papel determinante. La aparición de las redes sociales y su explotación directa por los gabinetes de comunicación hacen que se pueda puentear a los periodistas para hacer llegar una información policial.
En resumidas cuentas, la institución responde, y así lo confiesan sus responsables, a la difusión de una buena imagen de los cuerpos de seguridad. “Tiene que ver más con una lógica empresarial que con el servicio público al que se le presupone neutralidad”, reitera.
La comunicación policial, de esta forma, también se puede analizar a partir de sus omisiones. ¿Dónde queda la violencia policial en las manifestaciones? ¿Las detenciones en las que se aplica una fuerza excesiva? ¿Y los montajes policiales? ¿Por qué no informan de las muertes bajo custodia policial? ¿Quién da declaraciones cuando se detiene a un agente por formar parte de redes de narcotráfico cuando es el encargado de luchar contra este delito?
Una ideología tras las imágenes
Para poner las cosas fáciles, Mendiola cita un ejemplo muy gráfico que aborda en otro capítulo dedicado a Frontex, el cuerpo policial europeo que actúa en sus fronteras. Esta institución europea se esmera en llevar a cabo una gran producción mediática. “En uno de sus vídeos, aparece un agente diciendo que Frontex es como una familia, lo que conlleva el uso de términos amables. En cambio, la persona migrante queda totalmente diluida en imágenes en las que aparecen sus rostros pixelados en imágenes o como cuerpos detectados por sensores y radares”, explica.
De esa forma, a través de diferentes mecanismos audiovisuales se quiere producir simbólica y discursivamente todo un sistema de legitimación policial, en palabras del mismo Mendiola. “Deberíamos pensar más sobre las imágenes que vemos de los policías, no solo recibirlas pasiva y acríticamente, sino desmenuzarlas para ver qué tipo de ideología intentan transmitir”, añade.
Este docente de la UPV también se refiere a las numerosas exposiciones y exhibiciones que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizan a lo largo del año para que la ciudadanía pueda ver sus materiales, coches, acorazados e, incluso, armas. “Quieren que no se les vea como algo extraño y lejano, por eso activan estos mecanismos de acercamiento. Su publicidad funciona como un sistema de marketing que simbólicamente te hace sentir la necesidad de tener a la Policía cerca”, reitera.
Policía como solución a conflictos sociales
García también firma el capítulo titulado de forma elocuente El uniforme trabaja solo. El poder mágico de la policía. El antropólogo sostiene que la presencia policial se ha ido entendiendo como solución a numerosos problemas relacionados con las desigualdades sociales, la pobreza y la injusticia, pero que se abordan desde una perspectiva securitaria típica del contexto neoliberal.
La idea de este capítulo parte de una situación concreta que vivió el investigador, asentado en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid. Un chico robó el móvil a una chica. Entre los vecinos consiguieron que devolviera el móvil y la chica se tranquilizara. Sin embargo, uno de los allí presentes sintió la necesidad de retener al chico hasta que llegara la Policía. ¿Por qué alguien tuvo esa necesidad cuando la situación de emergencia ya se había resuelto?, se pregunta García.
Se basa en el conceto de “eficacia simbólica”, desarrollado por el antropólogo Lévi-Strauss, para centrarse en cómo sólo alguien entendido como autoridad puede activar los resortes necesarios para hacer que una situación termine de una manera concreta. “En el caso de la Policía, esa construcción de autoridad se granjea en las visitas a los colegios o en la colaboración con asociaciones vecinales, además de la autoridad que se le otorga a nivel legal para hacer uso de la fuerza física”, explica.
Por eso, ante un mínimo incidente puede no ser extraño ver cinco coches de Policía alrededor. “Esa es la hiperintervención que realizan en el espacio público”, apunta García. Por otro lado, en ocasiones, ni siquiera los agentes son conscientes del poder que portan con ellos, invisible, sibilino. “Uno de ellos me dijo que podía enfrentar situaciones que le asustaban únicamente con el efecto simbólico que produce en el otro al ver el uniforma policial”, comenta el profesor de la UCM.
“Yo invito a reflexionar sobre cómo la Policía se ha ido colocando como una especie de fetiche a nivel social, como un poder mágico, para la solución de no pocos problemas cuando estos tienen que ver con soluciones mucho más complejas y sociales más allá del ámbito policial”, subraya García.
Conclusiones “sesgadas” en los delitos de odio
El aumento de los delitos de odio, aún en gran medida infradenunciados, es otro de los aspectos que aborda Policía y cultura. La doctora de Antropología y Sociología e investigadora postdoctoral de la UPV Laura Escudero ha estudiado el papel que ha jugado el Ministerio del Interior en la (re)producción de la narrativa y la gestión del odio en el Estado español. Bajo el título de Fabricar la lucha contra el odio, esta especialista en la materia determina que la combinación de los datos recogidos en los informes anuales del ministerio junto con la retórica utilizada en su construcción desemboca en unas conclusiones “un tanto sesgadas”.
Tras estudiar los informes de la década comprendida entre 2013 y 2023 a través de la teoría del análisis crítico del discurso, Escudero dilucida que estos informes no solo producen y reproducen una realidad estadística en relación con la discriminación y el odio, sino que también “crean un relato específico sobre lo que se considera como tal”.
Del mismo modo, construyen un perfil de víctima y autor de los delitos de odio que no siempre concuerdan con lo que en un primer momento se podría pensar. Por ejemplo, el perfil mayoritario de víctima que se desprende de los datos es un hombre de 16 a 40 años de nacionalidad española. Mientras tanto, la categoría más denunciada es racismo y xenofobia. “La construcción de estas estadísticas, aunque sea una herramienta supuestamente concebida para proteger a colectivos vulnerabilizados, tiene muchos sesgos que llegan a reproducir desigualdades estructurales como el racismo”.
El odio, tratado como un problema de orden público
Según refleja en su investigación, se identifican dos momentos a la hora de enfrentar esta realidad por parte del Ministerio del Interior. Al inicio de las estrategias contra los incidentes de odio, estos se reportaban en los informes con un discurso marcado de excepcionalidad. “Lo acompañaban con el relato de que España es un país multicultural y tolerante junto a los datos recogidos, que eran muy pocos, entre otras cuestiones porque para que un incidente discriminatorio llegue a consolidarse como delito de odio hay muchos filtros que se deben pasar”, desarrolla.
A partir de 2019 se aprecia un cambio cuando el discurso adopta una perspectiva más prudente. “Se dan datos más precisos y se deja de lado esta idea de la escasez al admitir que los datos son una pequeña muestra de una problemática más grande”, apunta Escudero. Sin embargo, critica que hasta el día de hoy esta realidad sigue tratándose como casos aislados y problemas de orden público. “El enfoque prioriza esa prevención securitaria y el castigo, lo que impide abordar estos casos de discriminación como una cuestión estructural”, finaliza la investigadora.
